Res. 32463-2025 Sala Constitucional — Non-compliance with comprehensive solution for wastewater pollution in Residencial Estancia AntiguaIncumplimiento de solución integral a contaminación de aguas residuales en Residencial Estancia Antigua

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Sala Constitucional

Resolución Nº 32463 - 2025

Fecha de la Resolución: 07 de Octubre del 2025 a las 09:30

Expediente: 21-015740-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 21-015740-0007-CO

Res. Nº 2025032463

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del siete de octubre de dos mil veinticinco .

Gestión de desobediencia promovida por Nombre75495, cédula de identidad CED40891 y Nombre75496, cédula de identidad CED29064, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN y el MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:

1.- Por escrito desglosado del expediente del 25-024212-0007-CO, mediante sentencia No. 2025-027804 de las 10:10 horas del 29 de agosto de 2025, se dispuso a tramitar el escrito presentado el 13 de agosto de 2025, por los aquí recurrentes, como una presunta desobediencia de lo resuelto en la sentencia No. 2021-022447 de las 09:15 horas del 08 de octubre de 2021, en el cual manifiestan lo siguiente: “Nos dirigimos a ustedes de nuevo, solicitando ayuda con respecto al problema de aguas negras en el Residencial Estancia Antigua, San Rafael, La Unión. En el año 2021 ustedes señores de la Sala Cuarta dan a lugar el Recurso de Amparo, más las instituciones a las que ustedes nombraron hasta el día de hoy no han hecho nada al respecto. En el año 2021, la señora Nombre75497 del Ministerio de Salud junto al señor Nombre75498 del AyA, presentan un informe a ustedes el cual no era cierto, donde decía que ya todo estaba arreglado acá en el Residencial. El día 16 de julio del 2023 nos presentamos en Pavas en oficinas centrales del AyA buscando información sobre quien era el encargado del manejo del GAM y nos presenta a la señora Nombre75499 con el puesto de Gestor Experto de Gerencia General del AyA en la sede de Pavas, con el fin de solicitar información de las desconexiones de pozos ilegales de aguas negras en el Residencial Estancia Antigua el cual ella reenvió esta inquietud al señor Nombre75500 con el puesto de Gestor General de Subgerencia de Gestión de Sistemas del GAM del AyA de la sede de Dirección1272, el cual lo reenvió al señor Nombre75501 con el puesto de Director Bueno de Dirección de Recolección y Tratamiento del GAM de la sede de Pavas, el cual solicitó al señor Nombre75498, Director General de la Dirección de Recolección y tratamiento del GAM, la información referente al proceso que se ha seguido en el Residencial. Seguidamente nosotros Nombre75514 y Nombre4549 conversando con las señoras Nombre75502, Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos y Nombre75503, le piden al señor Nombre75504 que de un informe de las labores realizadas en el Residencial en relación con los trabajos que las tres instituciones hicieron en el tema de aguas Negras, y el 26 de julio del 2023, Nombre75498 nos responde un correo indicando que no se ha hecho absolutamente ningún trabajo integral hasta el día de hoy, y solamente en el 2010 lo que se realizó fue informarle a las casas del residencial que deben contar con un tanque séptico y un drenaje, ya que no se contaba con una planta de tratamiento de aguas negras. Para corroborar lo anterior, ver ANEXO # 1 lo que expone el señor Nombre75505, y ANEXO #2, que corresponde a las fotos recientes de salidas de aguas negras de las casas y calles del Residencial Estancia Antigua. Nos despedimos cordialmente, esperando que interpongan sus buenos oficios y esperando una pronta respuesta. Nuestro principal objetivo es la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras, ya que existen los ductos que conducen las aguas negras, y así se puede aprovechar esta infraestructura eliminando el problema en el residencial".

2.- En resolución de las 16:18 horas del 09 de setiembre de 2025, se concede audiencia sobre lo alegado por los recurrentes a Nombre35218 y a Nombre75506, en su condición de gerente general y director del Sistema de Agua, Recolección y Tratamiento, ambos del ICAA, a Nombre75507, en su condición de alcalde de La Unión, y a Nombre75508, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de La Unión, o a quienes en su lugar ocupen el cargo, para que se refieran y aporten las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen

3.- Informa bajo juramento Nombre75508, en su condición de directora de Área Rectora de Salud de La Unión, lo siguiente:

“En este caso existieron múltiples acciones informadas a la Sala por parte de las instituciones involucradas como lo son inspecciones al sitio, conformación de comité interinstitucional para análisis y resolución del caso y el girar ordenes sanitarias a los responsables del vertido inadecuado de aguas residuales para que dispusieran sus aguas conforme a la legislación vigente.

Es importante aclarar que los mismos recurrentes vertían de forma inadecuada las aguas residuales de su vivienda y se negaban a acatar las indicaciones institucionales para la corrección correspondiente.

Con base en lo anterior los recurrentes interponen la siguiente gestión la cual fue declarada sin lugar por la Sala Constitucional:

Gestión de la parte recurrente (enero 2022)

•  Interposición: Presentada el 05 de enero de 2022 por Nombre75495 y Nombre57365.

• Alegatos: Los recurrentes señalaron que las medidas adoptadas (desconexión de viviendas de la red prevista y uso de tanques sépticos) no constituían una solución integral y definitiva al problema ambiental.

• Resolución N.º 2022-001410, de las 09:30 horas del 18 de enero de 2022:

•  La Sala indicó que no corresponde a su competencia definir la modalidad técnica de la solución.

“(...) no corresponde determinar en esta sede el modo en que se debe resolver dicha situación, y menos aún analizar si procede o no la desconexión o la construcción que alude el accionante (...)”

• Por tanto: Se resolvió “No ha lugar a la gestión formulada”, al considerar que los alegatos eran hechos nuevos y ajenos al recurso original.

Posteriormente y habiendo evidenciado un cumplimiento adecuado de lo ordenado por la Sala Constitucional por parte de las instituciones involucradas. Los recurrentes interponen una nueva gestión ante la Sala por supuesta desobediencia de parte de estas instituciones, sin embargo, al contar con evidencia de las acciones interinstitucionales la sala resuelve “No ha lugar a la gestión formulada”.

Lo anterior se evidencia en la siguiente gestión:

Gestión de desobediencia (junio 2022)

• Interposición: Presentada el 13 de junio de 2022 por los mismos recurrentes (Nombre75509 y Nombre75510).

• Alegatos: Acusaron a AyA, Municipalidad de La Unión y Ministerio de Salud de incurrir en desobediencia por no brindar una solución integral en el plazo establecido.

• Resolución N.º 2022-018363, de las 09:55 horas del 09 de agosto de 2022:

• La Sala valoró los informes bajo juramento rendidos por las instituciones, constatando:

• Coordinaciones interinstitucionales y conformación de una comisión conjunta.

• Emisión de órdenes sanitarias a viviendas con descargas ilegales.

• Traslado de casos a Fiscalía por desobediencia sanitaria (ej. viviendas K-67, K-68, P-13).

• Solicitud de allanamiento a la Fiscalía para ingresar a la vivienda 8-C (de los recurrentes), pendiente de resolución.

• La Sala concluyó:

“(...) los accionados de forma coordinada, comunicada y conjunta emitieron las órdenes y llevaron a cabo las actuaciones respectivas, cada uno en cumplimiento de sus funciones asignadas por ley (...) estima este Tribunal que las autoridades recurridas han ejecutado acciones para solucionar la problemática alegada y no hay inobservancia alguna para acoger la gestión de desobediencia planteada”

• Por tanto: Se resolvió “No ha lugar a la gestión formulada”, confirmando que las instituciones recurridas no incurrieron en desobediencia.

Gestión reciente (septiembre 2025)

Finalmente, y con la finalizada de atender la Gestión presente de la trazabilidad del expediente se concluye que:

1. El recurso fue estimado en 2021 con órdenes de coordinación interinstitucional.

2. En enero 2022, la Sala rechazó una gestión de desobediencia de los recurrentes, señalando que sus reclamos eran ajenos al recurso resuelto.

3. En agosto 2022, la Sala resolvió expresamente que no hubo desobediencia, confirmando que las instituciones accionadas cumplieron dentro de sus competencias.

En este caso la gestión actual no aporta hechos nuevos y se refiere a asuntos ya valorados y resueltos por la propia Sala, siendo que las evidencias de lo actuado ya han sido valoradas por la sala y estimadas como cumplimiento adecuado por las instituciones involucradas declarando si lugar de previo una gestión por supuesta desobediencia por lo que los alegatos de los recurrentes serían inválidos en este momento.

Por lo anterior, respetuosamente solicito que se tenga por rendido el presente informe, destacando que el Ministerio de Salud, a través del Área Rectora de Salud La Unión, ha actuado coordinadamente, ha emitido órdenes sanitarias, ha trasladado casos a Fiscalía cuando correspondió y ha cumplido lo ordenado por la Sala Constitucional, por lo que debe declararse nuevamente sin lugar la gestión de desobediencia planteada”.

4.- Informa bajo juramento Nombre33476 y Nombre75498, en sus respectivas condiciones de gerente general y Director General Sistemas de Agua Recolección y Tratamiento, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, lo siguiente:

“Primero: Con anterioridad este Instituto con ocasión de la audiencia de las doce horas uno minutos del catorce de junio de dos mil veintidós informó a la Sala Constitucional el 17/06/2022 a las 09:24 a.m., gestión que fuera resuelta mediante Resolución N.º 2022018363 a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del nueve de agosto de dos mil veintidós, con fundamento en el informe técnico DRyT-2022-00110, lo siguiente:

“(…)

1. Que mediante escrito del 6 de abril del año 2022 el AyA remite a la Sala Constitucional informe de avance de cumplimiento de la resolución N° 2021022447 correspondiente al Recurso de Amparo Exp: 21-015740-0007-CO, en el cual se detallan las acciones que a la fecha se han desarrollado de forma coordinada entre el Ministerio de Salud, la Municipalidad de la Unión y el AyA para resolver los aspectos ordenados por ese órgano constitucional según las funciones asignadas por ley para cada entidad señalada. Las disposiciones establecidas fueron las siguientes:

a) en forma inmediata se tomen las medidas que sean necesarias dirigidas a hacer cesar e impedir que los vecinos del Residencial Estancia Antigua dispongan las aguas servidas a la red prevista de alcantarillado

b) en el plazo de SEIS MESES, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde una solución integral y definitiva, al problema de contaminación que aqueja a los habitantes del Residencial Estancia Antigua.

2. Que las acciones emprendidas a la fecha e informadas así a la Sala Constitucional el pasado 6 de abril de los corrientes, previas reuniones realizadas entre las tres instituciones para analizar las mejores y más efectivas acciones según el plazo otorgado por la Sala y después realizar visitas de campo, fueron las siguientes:

“…2. Que, en apego al punto anterior, el AyA desde el mes de septiembre de 2021 ha llevado a cabo las siguientes acciones de forma coordinada con el Ministerio de Salud:

• Identificación de todas las viviendas de la urbanización que presentaban vertidos inadecuados de aguas residuales hacia la red sanitaria prevista, por medio de visitas conjuntas al sitio con funcionarios del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de La Unión.

• Apoyo logístico en sitio al Ministerio de Salud para la emisión de ordenes sanitarias por parte de éste a las viviendas que fueron identificadas previamente con vertidos inadecuados.

• Inspección con cámara de video en el interior de la red sanitaria del Bloque P y Q de la urbanización, para identificar las viviendas con conexiones irregulares hacia el pozo de registro ubicado frente al parque público del Bloque P y Q.

• Sellado de las previstas identificadas a partir de la inspección con cámara mencionada en el punto anterior, por medio de la cual se eliminó el derrame de aguas residuales que anteriormente se daba el pozo de registro antes citado.

• Reuniones de seguimiento mensuales documentadas entre las tres instituciones recurridas con el fin de establecer los diferentes avances que cada una de estas iba teniendo desde el mes de septiembre de 2021 y hasta la fecha.

3. Que de conformidad con lo solicitado por la Sala Constitucional respecto a que se tomaran las medidas necesarias para cesar e impedir que los vecinos del Residencial Estancia Antigua dispusieran las aguas servidas a la red prevista y a que en un plazo de seis meses se brindara una solución integral y definitiva al problema de contaminación en el sitio en cuestión, se informa a esta Sala que por parte de AyA se ejecutaron todas las acciones pertinentes dentro de su ámbito de competencia para cumplir con lo ordenado por la Sala Constitucional, siendo que, en inspección realizada el día 5 de abril de los corrientes por personal técnico del AyA, se constata que posterior a la intervención llevada a cabo por el AyA en los pozos de registro y acometidas identificadas en el Residencial Estancia Antigua, a la fecha de la inspección, no se verifica ningún tipo de derrame proveniente de los pozos de registro sanitarios, ni tampoco de las acometidas domiciliares.

3. Que con el fin de atender las disposiciones ordenadas por la Sala Constitucional y señaladas en el punto 1 anterior, se conformó una Comisión entre las tres instituciones involucradas (MINSA, Municipalidad de la Unión y AyA), está comisión ha venido trabajando en el análisis de alternativas para solucionar la problemática que se presenta en el sitio con la disposición de las aguas residuales, la cual ha sido provocada por los mismos vecinos al no respetar el uso de tanques sépticos y drenajes como medio para disponer sus aguas residuales y por el contrario, han violentado un activo del estado (red de alcantarillado sanitaria prevista) o han lanzado las aguas grises al cordón de caño de manera ilegal.

4. Que esta Comisión ha analizado la situación y ha determinado que la solución más efectiva para eliminar las conexiones y descargas ilegales tanto a redes previstas de alcantarillado sanitario, como al cordón de caño es ordenar a los propietarios de las viviendas que están cometiendo estos ilícitos, que restituyan el uso de los sistemas individuales (tanques sépticos), tal como fue aprobada la construcción de sus viviendas cuando se otorgaron los permisos de construcción respectivos por parte de la Municipalidad de ese cantón.

5. Que, en ese orden de ideas, se han venido identificando de manera paulatina los principales focos de contaminación por descargas ilegales de aguas residuales y en ese sentido se han concentrado esfuerzos en algunos bloques donde se evidencia una mayor contaminación, en este caso en los bloques donde se ubican las casas de habitación 7C y 8C. Particularmente se está tratando de determinar cuáles de las viviendas son las que están vertiendo aguas residuales en las aceras y para esos efectos el Ministerio de Salud ordenó realizar inspecciones a lo interno de algunas casas de habitación y cuando corresponda por renuencia de los propietarios, se están emitiendo ordenes sanitarias o incluso denuncias al ministerio público para poder determinar con precisión la fuente de contaminación.

6. Que, de manera adicional, y de acuerdo con las competencias que le corresponden al AyA, se han venido haciendo recorridos por la urbanización Estancia Antigua para verificar si la red de alcantarillado sanitario prevista (NO EN USO) ubicada en otros bloques, muestra derrames por los pozos de registro y en la vía pública, en estos recorridos se ha revisado el sellamiento que se realizó años atrás y se realizaron trabajos adicionales de resellamiento en algunos puntos con problemas de derrame.

7. Que, se debe tener presente que la fuente de contaminación en ese sector se presenta por dos situaciones específicas, la primera es por descargas de aguas grises (pilas, baños, duchas, fregaderos) al cordón de caño y la segunda, por las conexiones a la red prevista de alcantarillado sanitario lo que genera derrames por algún pozo de registro, en ambos casos se trata de conexiones ilegales cometidas por los mismos vecinos. Al respecto el AyA tiene bajo su responsabilidad la red sanitaria prevista y por esa razón, como se indicó, ha venido haciendo recorridos de inspección, de resellamiento, de inspecciones con cámara y de esa forma mantener la red sin conexiones y sin derrames de aguas residuales.

En cuanto a las descargas de aguas grises que se dirigen al cordón de caño y que la recurrente denuncia, estas deben ser directamente atendidas por el Ministerio de Salud, ya que en este caso no hay ninguna infraestructura o red sanitaria involucrada, sino que los mismos vecinos lanzan sus aguas residuales por las tuberías pluviales internas y estás van hasta el caño. Este tipo de derrames a nivel nacional son atendidos por las áreas rectoras de salud y entendemos que, en este caso de la Urbanización Estancia Antigua, ya el Área Rectora de Salud de la Unión ha venido emitiendo algunas ordenes sanitarias a las viviendas identificadas con descargas al caño.

8. Que, también debe tenerse claro que estos casos se deben ir resolviendo poco a poco y que a pesar de los esfuerzos que realizan las instituciones para reducir este tipo de conexiones, los mismos vecinos violentan una y otra vez las tuberías o realizan descargas al caño, soslayando su responsabilidad de rehabilitar los tanques sépticos como medio autorizado para disponer sus aguas residuales, a pesar de las notificaciones que al respecto han emitido las tres instituciones en cuestión.

9. Que alega el recurrente en su escrito de desobediencia, que se debe construir una planta de tratamiento para tratar las aguas residuales que se producen en esa urbanización, cuando lo cierto del caso es, como ya se ha informado a la Sala Constitucional en otros escritos remitidos, que esta urbanización fue aprobada con sistemas individuales (tanques sépticos más drenajes) y que por el momento la red de alcantarillado sanitario existente (prevista) no está en operación, por lo que en ese sentido lo que procede es aplicar lo establecido en el artículo 287, 288, 292 de la Ley General de Salud, los cuales señalan lo siguiente:

ARTÍCULO 287.- Toda persona natural o jurídica propietaria de viviendas o de establecimientos o edificios en que las personas desarrollen sus actividades, responderá de que tales bienes dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas aprobado por el Ministerio y los usuarios de viviendas, establecimientos o edificios estarán obligados a mantener dicho sistema en buenas condiciones de funcionamiento.

ARTÍCULO 288.- Todo propietario queda obligado a conectar el sistema de eliminación de excretas de aguas negras y servidas de su propiedad al alcantarillado sanitario en los lugares en que éste estuviera en funcionamiento, salvo en los casos de excepción que los reglamentos pertinentes reconozcan como procedentes.

ARTÍCULO 292.- Queda prohibido en todo caso la descarga de las aguas negras, de las aguas servidas y de residuos industriales al alcantarillado pluvial. El Ministerio queda facultado para restringir, regular, o prohibir la eliminación de productos sintéticos no biodegradables a través de los sistemas de recolección de excretas, aguas negras y servidas.

10. Que con el fin de confirmar lo señalado en este informe, el día de hoy se realizó una nueva visita a la Urbanización Estancia Antigua para confirmar que el sistema de alcantarillado sanitario previsto no estuviera derramando y que los sellos colocados no estuvieran violentados, comprobando que el sistema sanitario administrado por el AyA no muestra derrames de aguas residuales en la vía pública. Al respecto ver fotografías de algunos pozos de registros inspeccionados el día de hoy por una de nuestras cuadrillas, los cuáles se encuentran secos:

(…)

Segundo: Puntualmente respecto al escrito presentado de desobediencia igualmente con fundamento en las conclusiones del informe DRyT-202200110, se indica lo siguiente:

“(…) 1. No es cierto como lo señala el recurrente en su escrito de desobediencia que no se estén ejecutando acciones para atender el problema de contaminación que se presenta en la Urbanización Estancia Antigua, tal como quedó señalado anteriormente, se han coordinado acciones entre las tres instituciones involucradas para definir la estrategia de atención y de intervención del problema.

2. Después de analizar cuáles eran las opciones más viables y efectivas en el plazo de 6 meses otorgado por la Sala Constitucional, para resolver el problema de conexiones ilegales y la situación de contaminación que aqueja a los vecinos de la Urbanización Estancia Antigua, se definió que la alternativa era la restitución de los tanques sépticos más drenajes como medio apropiado para la disposición de las aguas residuales.

3. No lleva razón el recurrente al señalar que no ha habido comunicación entre las partes, cuando lo cierto del caso es que frecuentemente las tres instituciones involucradas se han venido reuniendo para una valoración y seguimiento de acciones concretas.

4. Dentro de las acciones realizadas de manera conjunta y programada, están los recorridos en la Urbanización, las visitas a los sectores donde se presenta mayor contaminación y particularmente a las casas de habitación C7 y C8, para definir con precisión cual es la vivienda que está descargando sus aguas residuales en la acera.

5. Para tales efectos y ante la renuencia de algunos propietarios de permitir el ingreso a las viviendas para confirmar mediante pruebas de coloración, cual es la vivienda que está descargando de manera ilegal sus aguas residuales a la acera y cordón de caño, tendrá el Ministerio de Salud que recurrir a la interposición de ordenes sanitarias y de denuncias al Ministerio Público.

6. No es cierto como lo pretende hacer ver el recurrente, que las tres instituciones se hayan dedicado a señalar, denunciar ante la fiscalía e incluso a ofender, humillar, acosar a los habitantes de alguna vivienda, en ese sentido, lo único que se ha pretendido es identificar las viviendas que están generando aguas residuales hacia la acera, para cumplir con el mandato de la Sala Constitucional, por lo que al observar oposición de algunos propietarios a colaborar, se ha tenido que recurrir a las vías legales, según las potestades de cada institución.

7. Respecto a las competencias o funciones de cada institución, se debe indicar que en lo que al AyA corresponde, en su momento se realizó un sellamiento de toda la red sanitaria, se han realizado inspecciones con cámara para detectar conexiones ilegales, se han realizado acciones de resellamiento de algunos puntos identificados con derrames y se han corregido, y además se realizan recorridos para verificar derrames de aguas residuales por la red de alcantarillado sanitario previsto. El día de hoy y con el fin de remitir información cierta a la Sala Constitucional, nuestra cuadrilla realizó una inspección y no se observaron derrames por los pozos de registro de esta urbanización.

8. En relación con los derrames de aguas residuales al cordón de caño que señala el recurrente, este tipo de conexiones se presentan a lo interno de las viviendas y no directamente a una tubería sanitaria administrada por el AyA, sino más bien la descarga es al cordón de caño, suponemos que eso es lo que está denunciando el recurrente, sin embargo, el AyA por un tema de competencias, no puede intervenir en estos casos, ya que como se señaló, no se está violentando una tubería sanitaria. Para este tipo de ilícitos, es el Ministerio de Salud, quien tiene la potestad legal de emitir ordenes sanitarias a los involucrados a fin de obligarlos a eliminar esa práctica indebida y direccionar el agua residual hacia los tanques sépticos y no directamente al caño.

Conforme lo anterior, se continuarán realizando las coordinaciones y el acompañamiento que requiera el Ministerio de Salud y la Municipalidad de la Unión, con el fin de seguir avanzando con los procesos de identificación de los derrames que están provocando algunos vecinos al cordón de caño o a las aceras, este es un trabajo lento por la complejidad del proceso tanto para el usuario como para el mismo Ministerio de Salud. De igual manera, se prolongarán los procesos de inspección en la red de alcantarillado sanitario prevista administrada por el AyA y si se observara algún derrame en los pozos de registro, se revisará y se procederá con el sellamiento correspondiente, a fin de evitar derrames sobre la vía pública.…”

Segundo: Mediante informe DRyT-DSRT-2025-00160 se indica además:

“…se hace necesario presentar un recuento de los siguientes hechos pasados:

• Que en el año 2021 se presenta por parte del Sr. Nombre57365 el Recurso de Amparo N.º 21-015740-007-CO en el cual se recusa al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Ministerio de Salud por la aparente mala disposición de las aguas residuales domiciliares dentro de la Dirección4478, ubicada en San Rafael de la Unión de Tres Ríos.

• Que en respuesta a este recurso, la Sala Constitucional emite la resolución N° 2021-022447, con fecha del 8 de octubre de 2021, en la cual se solicita a las Instituciones recurridas a que informen acerca de los hechos a los que se hace referencia en el citado Recurso de Amparo N° 21-015740-0007-CO.

• Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en apego con lo ordenado por la Sala Constitucional en dicha resolución, procedió en el mes de junio del 2022 a responder sobre este particular a la Sala a través de la remisión de un informe rendido por la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM.

• Que conforme a lo informado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado en torno a la citada resolución N° 2021-022447, la Sala Constitucional en el mes de Agosto del año 2022, emite una nueva resolución con consecutivo N° 2022018363, en la cual se da por acreditado el informe rendido por el AyA y se determina que este último actuó de manera coordinada con el Ministerio de Salud y llevó a cabo las actuaciones respectivas conforme a las funciones asignadas por ley, no existiendo por tanto ninguna razón por la cual se pueda endilgar desobediencia a lo solicitado en la resolución inicial N° 2021-022447.

Ahora bien, posterior a lo señalado por la sala en la resolución N° 2022018363 del mes de Agosto de 2022, los ciudadanos Nombre57365 y Nombre75495 interponen un nuevo recurso de amparo en el mes de septiembre de 2025 con consecutivo N° 25-024212-0007-CO, en el cual vuelven a recurrir al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Municipalidad de la Unión y al Ministerio de Salud bajo el planteamiento de que tales instituciones incurrieron en desobediencia respecto a la resolución N° 2021-022447del 8 de octubre de 2021.

En apego a lo anterior y con el fin de atender lo dispuesto por la sala en su resolución más reciente con consecutivo N° 2025027804, se procede a mencionar que el escrito de interposición de los recurrentes se fundamenta en una desobediencia a la resolución N° 2021-22447, emitida por la sala durante el mes de octubre de 2021, siendo que, conforme a lo señalado en este documento, resulta claro que la misma sala, en su resolución No N° 2022018363 emitida en el mes de Agosto de 2022, declara como no ha lugar los planteamientos hechos por los recurrentes Nombre57365 y Nombre75495, indicándose por parte de la sala, como ya se señaló anteriormente que, el AyA ha actuado de manera coordinada con el Ministerio de Salud y que ha llevado a cabo las respectivas actuaciones conforme a las funciones asignadas por ley, sin existir por lo tanto ninguna razón por la cual se pueda endilgar desobediencia a la resolución inicial N° 2021-022447…

Tercero: Con ocasión de esta gestión de desobediencia se procede a dar respuesta con fundamento en el informe DRyT-DSRT-2025-00160 a cada uno de los hechos alegados de la siguiente forma:

A) “…En el año 2021 ustedes señores de la Sala Cuarta dan a lugar el Recurso de Amparo, más las instituciones a las que ustedes nombraron hasta el día de hoy no han hecho nada al respecto. En el año 2021 , la señora Nombre75497 del Ministerio de Salud junto al señor Nombre75498 del AYA, presentan un informe a ustedes el cual no era cierto, donde decía que ya todo estaba arreglado acá en el Residencial.”

Respuesta: Sobre este primer punto, la apreciación que hace la parte recurrente es equívoca toda vez que nunca fue presentado un informe conjunto entre el Ing. Nombre75498 de AyA y la Sra. Nombre75497 del Ministerio de Salud.

Efectivamente, por parte de AyA hubo un informe suscrito por el Ing. Nombre75498, remitido a la Dirección Jurídica de AYA en el cual es cierto y se detalla y documenta la condición de red sanitaria prevista sin autorización de uso, existente en la Dirección4478, mismo en el que se indica con evidencia y registros históricos, la No disponibilidad del servicio de alcantarillado sanitario. (Ref : Anexo 1: Informe de respuesta RA agosto 21-015740-0007 - con fecha del 18/8/21)

A partir de la lectura del citado Informe resulta claro que en el mismo no se hace referencia a lo que señalado la parte recurrente, respecto a que ya todo estaba arreglado en la urbanización.

B) “El día 16 de julio del 2023 nos presentamos en Pavas en oficinas centrales del AYA buscando información sobre quien era el encargado del manejo del GAM y nos presenta a la señora Nombre75499 con el puesto de Gestor Experto de Gerencia General del AYA en la sede de Pavas, con el fin de solicitar información de las desconexiones de pozos ilegales de aguas negras en el Residencial Estancia Antigua el cual ella reenvió esta inquietud al señor Nombre75500 con el puesto de Gestor General de Subgerencia de Gestión de Sistemas del GAM del AYA de la sede de Dirección1272, el cual lo reenvió al señor Nombre75501 con el puesto de Director Experto de Dirección de Recolección y Tratamiento del GAM de la sede de Pavas, el cual solicitó al señor Nombre75498, Director General de la Dirección de Recolección y Tratamiento del GAM, la información referente al proceso que se ha seguido en el Residencial…”

Respuesta: Con respecto al segundo punto mencionado por la parte recurrente, el Ing. Nombre75498, brindó respuesta a la Sra. Nombre75511 en correo electrónico del 26 de julio de los corrientes en el que se indicó lo siguiente:

(…)

C) “Seguidamente nosotros Nombre75514 y Nombre4549 conversando con las señoras Nombre75502, Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos y Nombre75503, le piden al señor Nombre75504 que de un informe de las labores realizadas en el Residencial en relación con los trabajos que las tres instituciones hicieron en el tema de aguas Negras, y el 26 de julio del 2023, Nombre75498 nos responde un correo indicando que no se ha hecho absolutamente ningún trabajo integral hasta el día de hoy, y solamente en el 2010 lo que se realizó fue informarle a las casas del residencial que deben contar con un tanque séptico y un drenaje, ya que no se contaba con una planta de tratamiento de aguas negras. Para corroborar lo anterior, ver ANEXO # 1 lo que expone el señor Nombre75505, y ANEXO #2, que corresponde a las fotos recientes de salidas de aguas negras de las casas y calles del Residencial Estancia Antigua…”

Respuesta: Respecto a este tercer punto y a partir de la lectura del correo arriba mostrado, en el que el Ing. Nombre75498 responde a la Sra. Nombre75511, es claro que No lleva razón la parte recurrente al señalar “que no se ha hecho absolutamente ningún trabajo integral hasta el día de hoy, y solamente en el 2010 lo que se realizó fue informarle a las casas del residencial que deben contar con un tanque séptico y un drenaje, ya que no se contaba con una planta de tratamiento de aguas negras”, puesto que en el mismo correo se menciona que posterior a la comunicación escrita remitida a las viviendas de la urbanización en el año 2010, se dio un tiempo perentorio por parte del Ministerio de Salud para que aquellos vecinos que estuvieran conectados a la red sanitaria PREVISTA, procedieran a desconectarse y a dirigir sus aguas residuales hasta sus propios sistemas de tratamiento aprobados por las autoridades competentes, y posteriormente al vencimiento de ese plazo se procedió con el sellado de la red sanitaria por orden del Ministerio de Salud.

Como complemento a este último punto, y haciendo alusión al Informe de respuesta a recurso de amparo agosto 21-015740-0007 que se anexa, se tiene que, en dicho informe se menciona lo siguiente:

Es importante mencionar que en situaciones relacionadas con derrames de aguas residuales en redes previstas (NO en USO), el AyA actúa por orden específica del Ministerio de Salud, luego de que se haya cumplido con el debido proceso de notificación a los vecinos de la urbanización y después de vencido el tiempo perentorio establecido por el Ministerio de Salud para que los vecinos de la urbanización revisen, rehabiliten y/o construyan el sistema de tanque séptico y drenajes.

Para el caso en particular de la Urbanización Estancia Antigua, este procedimiento fue articulado entre el AyA y el Ministerio de Salud desde el año 2010, siendo que, gracias a éste, se eliminaron los derrames de aguas residuales que se daban sobre las calles de la urbanización en diferentes puntos de esta.

No obstante, lo anterior, muchas de las viviendas de la urbanización tienen la práctica de verter aguas residuales del tipo “gris” (salidas de lavadoras, pilas, baños etc) hacia los cordones de los caños, lo que evidentemente riñe con la normativa ambiental, ya que todas estas aguas deben ser direccionadas y tratadas directamente en los tanques sépticos.

De acuerdo con el Plan Regulador del Cantón de la Unión, el lote típico de la Urbanización Estancia Antigua corresponde a un área de 200m2, con una cobertura máxima de lote del 60% y un área máxima de construcción de 180m2, lo cual tiene sentido desde la perspectiva de que todos los lotes deben de contar con un espacio en verde para la colocación de los respectivos drenajes para los tanques sépticos.

Conforme lo señalado, se concluye que el AyA ha actuado responsablemente y ha coordinado con el Área Rectora de Salud en varias oportunidades para de manera conjunta eliminar los derrames que se presentan en esta urbanización, debido a que algunos vecinos de forma ilegal continúan violentado un activo del estado (red sanitaria prevista) para conectar de forma fraudulenta las aguas residuales de sus viviendas y no canalizarlas a los tanques sépticos como corresponde.

Aspectos de fondo

Debe quedar claro, que este Proyecto Habitacional, fue aprobado con uso de tanque séptico y luego del análisis de ciencia y técnica conjunta con las instituciones competentes, se definió que la alternativa era la restitución de los tanques sépticos más drenajes, como medio apropiado para la disposición de las aguas residuales, y no como solicitan los recurrentes de que se debe construir una Planta de Tratamiento. No puede utilizarse la Red Prevista hasta que exista posibilidad técnica y conveniencia operativa de interconexión con un sistema de recolección y tratamiento. Cuando se factibilice es el AyA el que realizará la conexión.

El AyA no puede invertir fondos públicos en los tanques sépticos del Residencial Estancia Antigua, ya que los tanques sépticos se encuentran en propiedad privada.

Al Instituto por ley le corresponde las redes de distribución de agua potable, colectores y subcolectores de alcantarillado sanitario públicas, pero en el caso particular de este Residencial Estancia Antigua, la red prevista técnicamente no tiene la factibilidad de ser utilizada, por esta razón, desde el origen de conceptualización de aprobación del proyecto habitacional, se hizo expresa indicación de la utilización de tanque séptico, y al encontrarse este en propiedad privada, se encuentra fuera de la competencia del AyA, de conformidad con el Reglamento de Prestación de Servicios, Acuerdo de Junta Directiva del AyA, 2020442, publicado en el ALCANCE No 29 A LA GACETA No 27( Capítulo IV De la prestación de los servicios, SECCION PRIMERA De las condiciones, SECCIÓN SEGUNDA, De la ubicación física para la conexión y medición de los servicios y Capítulo VII De las Conexiones Permanentes de Servicios de Agua Potable y/o Alcantarillados Sanitario y Servicios Conexos).

El AyA sólo puede administrar e invertir en propiedad que esté a su nombre, o que esté catalogada como propiedad pública a nombre del Estado, tales como calles públicas, así está dispuesto, no puede destinar fondos para rehabilitar tanques sépticos localizados en propiedad privada. Nuestra institución se encuentra enmarcada dentro de la LEY DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS, No. 8131 de 18 de setiembre del 2001, Publicado en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre del 2001. Asimismo, lo anterior se deriva del Principio de Legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política, y desarrollado también en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, que, como es sabido, el principio de legalidad en el estado de derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica según la cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso –para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado les está vedado–; así como sus dos corolarios más importantes, todavía dentro de un orden general; el principio de regulación mínima, que tiene especiales exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es casi absoluto." (Sala Constitucional. Resolución N.º 440-98, y en sentido similar la N.º 5541-97 y 1739-92). Oficio 12956 el 24 de noviembre de 2003 (DAGJ-1719-2003).

En cuanto a la responsabilidad de los propietarios debe considerarse lo ya resuelto por el Tribunal Contencioso administrativo, respecto al uso indebido de una red prevista:

“…todas las personas, están sujetas a la Ley General de Salud, que es una norma de orden público. (Arts. 2, 4, 7).- Es así, como ninguna persona puede realizar actos que signifiquen peligro, o menoscabo para la salud de terceros o de la población, teniendo la obligación de evitar toda omisión y tomar las medidas correspondientes en favor de la salud de terceros. (art. 37).- En cuanto a las aguas negras o excretas, la Ley General de Salud, desarrolla puntualmente, lo siguiente:

"ARTICULO 285.- Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.".- Para el cumplimiento de ello, todas las personas están obligadas a realizar los drenajes correspondientes, y deberán responder de que sus propiedades dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas debidamente aprobado por el Ministerio, debiendo los usuarios de las viviendas obligarse a mantener dichos sistemas en buenas condiciones de funcionamiento; siendo prohibido descargar residuos sin autorización previa de la autoridad de salud y sin cumplir con los requisitos correspondientes, evitando la contaminación de las fuentes o cursos de agua, del suelo y del aire, o cualquier otro riesgo para la salud humana que se derive de la evacuación inadecuada de los desagües. (arts. 286292, 308,310,311). Es decir, considera esta Cámara que en el presente caso es más que evidente que los vecinos y demandantes han ocasionado una contaminación del ambiente, al verter sus excretas y aguas negras a un sistema de alcantarillado carente de interconexión que además está siendo descargado en el río de la localidad, contaminado aguas abajo a todas las demás poblaciones… le corresponde al AyA, efectivamente el desarrollo de la interconexión cuando sea conveniente y cuente con los recursos correspondientes, y efectivamente, conforme a la Ley General de Salud, este Ministerio debe velar porque la disposición de excretas y aguas negras se realice de la manera más inocua posible y apegada a los requerimientos técnicos que eviten la contaminación del ambiente…” (EXPEDIENTE: 16-005531-1027-CA, No.112-2018, TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN OCTAVA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho.) el resaltado es nuestro.

Ahora bien, existen mecanismos inmediatos previstos en la Ley General de Salud y en la misma Ley General de la Administración Púbica de los que puede asistirse el Ministerio de Salud para obligar a los vecinos a contar debidamente con un tanque séptico para tratar sus aguas residuales, a modo de ejemplo, se hace referencia al Exp. 16-2436-0007-CO, donde se dictó la sentencia N° 2016006368, de las nueve horas treinta minutos del trece de mayo del dos mil dieciséis, la cual dispuso en lo conducente:

“ …V. DEL AMPARO CONTRA EL MINISTERIO DE SALUD. SOBRE EL FONDO: De los hechos anteriores se desprende que el Ministerio de Salud, si bien actúo oportunamente, emitió las órdenes sanitarias e incluso presentó denuncias penales, lo cierto es que el problema sanitario subsiste, como lo indica su representante en el informe rendido bajo juramento. No observa la Sala que el Ministerio haya adoptado medidas extraordinarias, como la clausura del lugar, la colaboración de la Fuerza Pública para seguridad del lugar, e incluso, el eventual desalojo del residencial o cualesquiera otras medidas efectivas. La prestación de un servicio público como el que está en manos del Ministerio de Salud exige una eficiencia y diligencias acaso más allá de la necesaria en por parte de otros órganos públicos, por causa de los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano, en lo que atañe a sus competencias. La Sala considera que lo actuado por el Ministerio de Salud ha sido insuficiente y viola el derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano de la amparada, por lo que procede estimar el recurso en su contra y ordenar que se dispongan las medidas necesarias, incluso radicales, y adopte las decisiones pertinentes a fin de eliminar el problema sanitario existente…”

(…)

PETITORIA:

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho señaladas, dejo rendido el informe de cumplimiento solicitado y las acciones que este Instituto y las Instituciones involucradas han coordinado. Expresamente indicamos que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en cumplimiento de sus fines, no ha desobedecido, violentado normas, garantías, ni principios constitucionales, sino que ha tenido una conducta responsable en resguardo y protección al derecho al ambiente, a la salud y a la vida, apegándose al ordenamiento jurídico, por lo que debe declararse sin lugar la presente gestión de desobediencia.

Se reitera que por parte del Instituto, se ejecutaron todas las acciones pertinentes dentro de su ámbito de competencia para cumplir con lo ordenado. Se reitera igualmente que posterior a la comunicación escrita remitida a las viviendas de la urbanización en el año 2010, se dio un tiempo perentorio por parte del Ministerio de Salud para que aquellos vecinos que estuvieran conectados a la red sanitaria PREVISTA, procedieran a desconectarse y a dirigir sus aguas residuales hasta sus propios sistemas de tratamiento aprobados por las autoridades competentes, y posteriormente al vencimiento de ese plazo se procedió con el sellado de la red sanitaria por orden del Ministerio de Salud.

Son algunos de los mismos vecinos quienes continúan con la práctica irregular de realizar conexiones ilícitas y no utilizar debidamente el tanque séptico, por lo que corresponde igualmente continuar por parte del Ministerio de Salud la identificación y ordenes sanitarias correspondientes. Tal y como se manifestó en su oportunidad, los recurrentes no pueden pretender que las Instituciones Públicas asuman los costos de reparación y utilización del tanque séptico en propiedad privada.

Se reitera que la solución permanente es la rehabilitación de tanques sépticos por parte de los propietarios, y la desconexión a la red prevista, mientras que se logre plasmar a futuro dentro de la posibilidad de ciencia y técnica, una interconexión con el sistema sanitario.”.

5.- Mediante constancia suscrita por el técnico judicial a cargo de tramitar el expediente y la secretaria de la Sala Constitucional, señalan que “revisado, a las quince horas veintidós minutos del veintitrés de setiembre de dos mil veinticinco, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del DIEZ AL VEINTIDOS DE SETIEMBRE DE 2025, el ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNION haya(n) presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las dieciséis horas dieciocho minutos del nueve de setiembre de dos mil veinticinco”.  

6.- Por escrito incorporado al expediente digital el 29 de setiembre de 2025, la parte recurrente manifiesta lo siguiente:

“Sr. Magistrado Luis Fernando Salazar A.

Por medio de la presente le saludo esperando que se encuentre bien y a la vez le solicito muy respetuosamente y estando dentro de sus posibilidades me brinde una corta reunión donde estaríamos presente mi esposa Nombre75512 y su servidor Nombre75513. Para exponer en forma reducida la solución al problema de las aguas negras en el Residencial Estancia Antigua y su vinculación con las tres Instituciones del estado involucradas”.

 7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

 Considerando:

 I.- Sobre lo dispuesto en el presente proceso. Por medio de la sentencia No. 2021-022447 de las 09:15 horas del 08 de octubre de 2021, este Tribunal resolvió lo siguiente:

“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Nombre35218 y Nombre75506, en su condición de gerente general y director del Sistema de Agua, Recolección y Tratamiento, ambos del ICAA, Nombre75507, en su condición de alcalde de La Unión, y Nombre75508, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de La Unión, o a quienes en su lugar ocupen el cargo, que en forma coordinada, comunicada y conjunta, emitan las órdenes y lleven a cabo las actuaciones respectivas, cada uno en cumplimiento de sus funciones asignadas por ley, para que a) en forma inmediata se tomen las medidas que sean necesarias dirigidas a hacer cesar e impedir que los vecinos del Residencial Estancia Antigua dispongan las aguas servidas a la red prevista de alcantarillado; b) en el plazo de SEIS MESES, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde una solución integral y definitiva, al problema de contaminación que aqueja a los habitantes del Residencial Estancia Antigua. Se les advierte que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Municipalidad de La Unión al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo”.

Posteriormente, ante el reclamo de la parte recurrente el 19 y 23 de noviembre de 2021, referente a que las autoridades recurridas le han dado una persecución en su contra tras lo resuelto en la sentencia No. 2021-022447 e incluso clausuraron su vivienda; esta Sala por resolución No. 2021-026533 de las 09:15 horas del 26 de noviembre de 2021, dispuso: “No ha lugar a la gestión formulada”, toda vez que lo aducido no tiene relación alguna con lo discutido y resuelto el proceso, aunado que no le corresponde determinar cuál es la forma en que los recurridos como deben cumplir con lo ordenado.

En una nueva gestión la parte recurrente el 05 de enero 2022 reclamo que las medidas adoptadas por las autoridades recurridas no brindan una solución integral y definitiva a la problemática ambiental; este Tribunal por voto No. 2022-001410 de las 09:30 horas del 18 de enero de 2022, resolvió: “No ha lugar a la gestión formulada”, por cuanto, no le corresponde determinar cuál es la forma en que los recurridos como deben cumplir con lo ordenado.

Luego, ante la inejecución planteada por la recurrente a lo ordenado en la sentencia supra citada; esta Sala por resolución No. 2022-018363 de las 09:55 horas del 09 de agosto de 2022, resolvió lo siguiente:

“II.- Sobre la gestión planteada. En el presente asunto los recurrentes acusan la desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la sentencia No. 2021022447 de las 09:15 horas del 08 de octubre de 2021. Consideran que a la fecha no hay una solución integral para la problemática de la contaminación acusada.

Al respecto, se tiene por acreditado, con ocasión de los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas, a fin de cumplir lo ordenado por esta Sala, lo siguiente: a) se realizaron coordinaciones interinstitucionales a efectos de definir el ámbito de acción de los accionados y se conformó una comisión, la cual determinó que “la solución más efectiva para eliminar las conexiones y descargas ilegales tanto a redes previstas de alcantarillado sanitario, como al cordón de caño es ordenar a los propietarios de las viviendas que están cometiendo estos ilícitos, que restituyan el uso de los sistemas individuales (tanques sépticos), tal como fue aprobada la construcción de sus viviendas cuando se otorgaron los permisos de construcción respectivos por parte de la Municipalidad”; b) se ejecutaron inspecciones coordinadas entre las instituciones recurridas en el Residencial Estancia Antigua; c) ante la detección de conexiones ilegales, se giraron las respectivas ordenes sanitarias a los propietarios de los inmuebles; d) se dio seguimiento a las ordenes sanitarias emitidas y en vista de que algunos propietarios las incumplieron, los casos fueron trasladados a la Fiscalía de La Unión por el delito de desobediencia a la autoridad sanitaria; y d) los recurrentes del presente proceso les fue emitida previamente una orden sanitaria (MS-DRRSCE-DARSLU-OS-8588-2020), para la corrección del problema en su vivienda por vertido de aguas negras y ante la denegatoria para el ingreso a esta para el seguimiento de la orden sanitaria, el Área Rectora de Salud realizó una solicitud de allanamiento a la Fiscalía de La Unión, la cual no se ha resuelto.

De lo anterior se infiere que, los accionados de forma coordinada, comunicada y conjunta, emitieron las órdenes y llevaron a cabo las actuaciones respectivas, cada uno en cumplimiento de sus funciones asignadas por ley. Asimismo, si bien no se han podido concluir los actos que se estiman corresponden a dar cumplimiento a lo dispuesto por esta Sala, no es posible endilgar responsabilidad por ello a las autoridades accionadas, dado que no hay duda de que se encuentran en la obligación legal de esperar la conclusión de los casos fueron trasladados a la Fiscalía de La Unión por el delito de desobediencia a la autoridad sanitaria y en caso de los recurrentes que la fiscalía de cita resuelva la solicitud de allanamiento, a fin de dar seguimiento a la orden sanitaria girada en su contra.

Por esos motivos, estima este Tribunal que las autoridades recurridas han ejecutado acciones para solucionar la problemática alegada y no hay inobservancia alguna para acoger la gestión de desobediencia planteada. (…)

Por tanto:

No ha lugar a la gestión formulada”.

II.- Sobre las gestiones realizadas por el Área Rectora de Salud de La Unión y la Municipalidad de La Unión. Conforme a lo resuelto por este Tribunal en la sentencia No. 2021-022447 de las 09:15 horas del 08 de octubre de 2021, se ordenó a las autoridades recurridas —incluida la Directora del Área Rectora de Salud de La Unión— que, en forma coordinada, comunicada y conjunta, tomaran medidas inmediatas y, además, que en el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de dicha sentencia, brindaran una solución integral y definitiva al problema de contaminación de las aguas servidas a la red prevista de alcantarillado que afecta a los habitantes del Residencial Estancia Antigua.

 Ahora, aunque mediante la sentencia interlocutoria No. 2022-018363 de las 09:55 horas del 09 de agosto de 2022, este Tribunal concluyó, en aquel momento, que las autoridades accionadas habían desplegado acciones tendientes al cumplimiento de lo ordenado –tales como inspecciones, conformación de una comisión interinstitucional y giro de órdenes sanitarias a vecinos identificados con vertidos irregulares, así como el traslado de algunos de estos casos al Ministerio Público por presunta desobediencia a la autoridad sanitaria–, lo cierto es que dicha valoración no excluía la obligación de continuar con el cumplimiento integral de lo ordenado ni eximía a dichas autoridades de rendir cuenta efectiva y actualizada del cumplimiento total de los extremos dispuestos en la sentencia principal.

En atención a lo anterior, por resolución de las 16:18 horas del 09 de setiembre de 2025, se otorgó audiencia a las autoridades involucradas para que se refirieran específicamente a los hechos y omisiones denunciados por la parte recurrente. No obstante, en el informe rendido bajo juramento por la Directora del Área Rectora de Salud de La Unión, se advierte que no se ofreció respuesta expresa y concreta sobre dos aspectos fundamentales.

En primer término, no se indicó si se ha dado cumplimiento al segundo punto del ordinal resolutivo de la sentencia No. 2021-022447, esto es, la obligación de brindar una solución integral y definitiva al problema de contaminación, en el plazo establecido de seis meses. Lejos de evidenciar dicho cumplimiento, la autoridad de salud se limita a referir acciones genéricas y pretéritas –algunas incluso valoradas previamente por este Tribunal– sin aportar datos verificables ni resultados actuales que acrediten la ejecución o implementación de una solución definitiva y coordinada conforme a lo dispuesto.

En segundo lugar, se observa una omisión significativa al no referir de manera específica qué nuevas acciones concretas ha desplegado el Área Rectora de Salud después de emitida la sentencia interlocutoria No. 2022-018363, esto en aras de dar continuidad efectiva a lo ordenado. Esta omisión no puede ser ignorada, toda vez que el deber de las autoridades accionadas es permanente y exigible hasta el pleno cumplimiento de la sentencia, máxime tratándose de la protección de derechos fundamentales como el derecho a la salud y a un ambiente sano.

Así las cosas, ante la ausencia de informar si en efecto ya fue cumplido lo ordenado, sumada a la ausencia de acreditación de avances concretos posteriores a la sentencia interlocutoria de agosto de 2022, denota una conducta omisiva que compromete directamente el deber de acatamiento de la orden emitida en la sentencia No. . 2021-022447 de las 09:15 horas del 08 de octubre de 2021, en concreto respecto al segundo punto de esta.

Por lo tanto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se estima que en este momento procesal sí concurre un incumplimiento por parte del Área Rectora de Salud de La Unión respecto al segundo extremo de la sentencia No. 2021-022447, al no constar que se haya brindado una solución integral y definitiva al problema de contaminación denunciado ni que se hayan ejecutado las acciones necesarias para lograrlo con posterioridad a la sentencia interlocutoria ya citada.

Asimismo, cabe señalar que, dentro del marco de cumplimiento conjunto ordenado por el voto supra citado, el alcalde de La Unión también ha incurrido en incumplimiento, toda vez que, pese a la audiencia conferida mediante resolución de las 16:18 horas del 09 de setiembre de 2025, no presentó informe alguno dentro del plazo otorgado. Esta omisión, unida a la falta absoluta de acreditación de acciones concretas posteriores a la sentencia interlocutoria No. 2022-018363, impide tener por cumplido su deber de colaboración institucional y de ejecución efectiva de lo ordenado, razón por la cual también procede acoger la gestión de desobediencia en cuanto a dicha autoridad local.

En consecuencia, se acoge la gestión por desobediencia en cuanto a dichas autoridades recurridas.

III.- Sobre las actuaciones del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados. En lo que respecta al cumplimiento del contenido en la sentencia No. 2021-022447 por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se debe señalar que no se acredita incumplimiento alguno, en tanto dicha institución ha demostrado la continuidad y efectividad de las acciones desarrolladas dentro del marco de sus competencias legales, en cumplimiento de lo ordenado por esta Sala.

En particular, posterior a la sentencia interlocutoria No. 2022-018363 de las 09:55 horas del 09 de agosto de 2022, el instituto recurrido ha documentado con informes técnicos y evidencias de campo como inspecciones periódicas y recientes en la red de alcantarillado sanitario prevista del Residencial Estancia Antigua, con el objetivo de verificar el estado físico de los pozos de registro y detectar posibles derrames de aguas residuales, la más reciente el 29 de setiembre de 2025. Asimismo, como la confirmación técnica de que no existen derrames activos en la red prevista, de acuerdo con la inspección más reciente efectuada al momento de rendir el informe. También, en la misma fecha referida se llevó a cabo mantenimiento y el resellado de los puntos críticos de la red prevista que presentaban riesgo de derrame, esto como medida preventiva. 

Así las cosas, resulta evidente que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha ejecutado las acciones dentro del ámbito de sus competencias y lo procedente es no acoger la gestión de desobediencia formulada contra tal institución.

IV.- Sobre la pretensión de construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. En su escrito presentado el 13 de agosto de 2025, los recurrentes además de la inejecución de la sentencia No. 2021-022447, plantean como objetivo principal con su escrito es la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras para el Residencial Estancia Antigua, con el argumento que dicha infraestructura solucionaría de manera definitiva los problemas de contaminación que persisten en la zona.

Al respecto, esta Sala ha señalado, tanto en la sentencia No. 2022-001410 de las 09:30 horas del 18 de enero de 2022 como en la sentencia interlocutoria No. 2022-018363, que no le corresponde a esta jurisdicción definir la modalidad técnica de cumplimiento de lo ordenado, ni mucho menos imponer una solución específica como la construcción de una planta de tratamiento.

En consecuencia, se desestima la gestión sobre este particular.

V.- Sobre la solicitud de audiencia personal con un magistrado de esta Sala. La parte recurrente solicitó la celebración de una reunión personal con el magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, con el fin de exponer directamente sus planteamientos. No obstante, en atención al alto circulante de expedientes que tramita esta jurisdicción, así como a la necesaria transparencia y publicidad que debe regir toda actuación vinculada a un proceso constitucional, resulta improcedente acceder a la audiencia pretendida.

Lo procedente en estos supuestos es que cualquier manifestación, alegato o aporte de prueba se realice dentro del expediente, de manera que se garantice el derecho de defensa de todas las partes interesadas y quede debidamente incorporado al trámite jurisdiccional. En ese marco procesal, este Tribunal valorará las gestiones y resolverá lo que en derecho corresponda.

VI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 Se acoge parcialmente la gestión de desobediencia formulada, únicamente, contra el Área Rectora de Salud de La Unión y la Municipalidad de La Unión. Se reitera a Nombre75508 y a Nombre75507, en sus respectivas condiciones de directora del Área Rectora de Salud de La Unión y alcalde de La Unión, o a quienes en su lugar ocupen el cargo, el cumplimiento inmediato a lo dispuesto por esta Sala en la sentencia No. 2021-022447 de las 09:15 horas de 08 de octubre de 2021. Lo anterior, bajo la advertencia de ordenar la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario, con base en lo dispuesto el artículo 53 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (respecto los servidores que no son de elección popular), en caso de no hacerlo y, además, testimoniar piezas al Ministerio Público conforme lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (en el caso de todos los recurridos). En lo demás, se declara no ha lugar a la gestión formulada. Notifíquese en forma personal a Nombre75508 y a Nombre75507, en sus respectivas condiciones de directora del Área Rectora de Salud de La Unión y alcalde de La Unión, o a quienes en su lugar ocupen el cargo.

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 PEMB1SDHIWQ61

EXPEDIENTE N° 21-015740-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:28:13.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 32463 - 2025

Date of Resolution: October 7, 2025 at 09:30

Docket: 21-015740-0007-CO

Drafted by: Anamari Garro Vargas

Type of matter: Amparo action

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Text of the resolution



Exp: 21-015740-0007-CO

Res. No. 2025032463

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes of October seventh, two thousand twenty-five.

Disobedience proceeding brought by Nombre75495, identity card CED40891 and Nombre75496, identity card CED29064, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, the MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN and the MINISTERIO DE SALUD.

Whereas:

1.- By written submission detached from docket 25-024212-0007-CO, through judgment No. 2025-027804 of 10:10 hours of August 29, 2025, it was ordered to process the submission presented on August 13, 2025, by the petitioners herein, as a presumed disobedience of what was resolved in judgment No. 2021-022447 of 09:15 hours of October 8, 2021, in which they state the following: “We address you again, requesting help regarding the problem of black water in Residencial Estancia Antigua, San Rafael, La Unión. In the year 2021, you, sirs of the Sala Cuarta, granted the Amparo Action, but the institutions you appointed have done nothing about it to this day. In the year 2021, Mrs. Nombre75497 of the Ministerio de Salud together with Mr. Nombre75498 of AyA, submitted a report to you which was not true, where it said that everything was already resolved here in the Residencial. On July 16, 2023, we appeared at the central offices of AyA in Pavas seeking information about who was in charge of the GAM management and we were introduced to Mrs. Nombre75499, with the position of Expert Manager of the General Management of AyA at the Pavas office, in order to request information on the disconnections of illegal black water wells in Residencial Estancia Antigua, which she forwarded this concern to Mr. Nombre75500, with the position of General Manager of the Deputy Management of GAM System Management of AyA at the Dirección1272 office, who forwarded it to Mr. Nombre75501, with the position of Director Bueno of the GAM Collection and Treatment Directorate at the Pavas office, who requested from Mr. Nombre75498, General Director of the GAM Collection and Treatment Directorate, information regarding the process that has been followed in the Residencial. Subsequently, we, Nombre75514 and Nombre4549, speaking with Mrs. Nombre75502, Deputy Management of Peripheral Systems Management, and Nombre75503, asked Mr. Nombre75504 to provide a report on the work carried out in the Residencial in relation to the work that the three institutions did on the black water issue, and on July 26, 2023, Nombre75498 replied to us in an email indicating that absolutely no comprehensive work has been done to this day, and that only in 2010 what was done was to inform the houses in the residential complex that they must have a septic tank and a drainage system, since there was no black water treatment plant. To corroborate the above, see ATTACHMENT # 1 regarding what Mr. Nombre75505 states, and ATTACHMENT #2, which corresponds to recent photos of black water overflows from the houses and streets of Residencial Estancia Antigua. We cordially bid farewell, hoping that you will interpose your good offices and looking forward to a prompt response. Our main objective is the construction of a black water treatment plant, since the ducts that carry the black water exist, and thus this infrastructure can be utilized, eliminating the problem in the residential complex."

2.- In resolution of 16:18 hours of September 9, 2025, a hearing is granted on the allegations made by the petitioners to Nombre35218 and to Nombre75506, in their capacity as general manager and director of the Water, Collection and Treatment System, both of ICAA, to Nombre75507, in his capacity as mayor of La Unión, and to Nombre75508, in her capacity as director of the Health Governing Area of La Unión, or to whoever occupies the position in their stead, so that they may address and provide the corresponding evidence regarding the facts and omissions attributed to them.

3.- Nombre75508, in her capacity as director of the Health Governing Area of La Unión, reports under oath, the following:

“In this case, there were multiple actions informed to the Sala by the institutions involved, such as site inspections, formation of an inter-institutional committee for analysis and resolution of the case, and the issuance of sanitary orders to those responsible for the inadequate discharge of wastewater (aguas residuales) so that they would dispose of their water in accordance with current legislation.

It is important to clarify that the petitioners themselves were inadequately discharging the wastewater from their dwelling and refused to comply with the institutional instructions for the corresponding correction.

Based on the above, the petitioners filed the following proceeding, which was declared without merit by the Sala Constitucional:

Proceeding by the petitioner party (January 2022)

• Filing: Submitted on January 5, 2022, by Nombre75495 and Nombre57365.

• Allegations: The petitioners indicated that the measures adopted (disconnection of dwellings from the planned network and use of septic tanks) did not constitute a comprehensive and definitive solution to the environmental problem.

• Resolution No. 2022-001410, of 09:30 hours of January 18, 2022:

• The Sala indicated that it does not fall within its competence to define the technical modality of the solution.

“(...) it is not for this venue to determine the manner in which said situation should be resolved, and even less to analyze whether or not the disconnection or the construction alluded to by the petitioner is appropriate (...)”

• Therefore: It was resolved “The proceeding filed is dismissed,” considering that the allegations were new facts and extraneous to the original amparo action.

Subsequently, and having evidenced adequate compliance with what was ordered by the Sala Constitucional on the part of the institutions involved, the petitioners file a new proceeding before the Sala for alleged disobedience on the part of these institutions; however, having evidence of the inter-institutional actions, the Sala resolves “The proceeding filed is dismissed.”

The foregoing is evidenced in the following proceeding:

Disobedience proceeding (June 2022)

• Filing: Submitted on June 13, 2022, by the same petitioners (Nombre75509 and Nombre75510).

• Allegations: They accused AyA, Municipalidad de La Unión, and Ministerio de Salud of incurring in disobedience for failing to provide a comprehensive solution within the established timeframe.

• Resolution No. 2022-018363, of 09:55 hours of August 9, 2022:

• The Sala assessed the sworn reports rendered by the institutions, verifying:

• Inter-institutional coordination and formation of a joint commission.

• Issuance of sanitary orders to dwellings with illegal discharges.

• Referral of cases to the Prosecutor's Office for sanitary disobedience (e.g., dwellings K-67, K-68, P-13).

• Request for a warrant to the Prosecutor's Office to enter dwelling 8-C (of the petitioners), pending resolution.

• The Sala concluded:

“(...) the respondents, in a coordinated, communicated, and joint manner, issued the orders and carried out the respective actions, each in compliance with their legally assigned functions (...) this Tribunal considers that the appealed authorities have executed actions to solve the alleged problem and there is no inobservance whatsoever to grant the disobedience proceeding filed”

• Therefore: It was resolved “The proceeding filed is dismissed,” confirming that the appealed institutions did not incur in disobedience.

Recent proceeding (September 2025)

Finally, and for the purpose of attending to the present proceeding regarding the traceability of the docket, it is concluded that:

1. The amparo action was granted in 2021 with orders for inter-institutional coordination.

2. In January 2022, the Sala rejected a disobedience proceeding from the petitioners, noting that their claims were extraneous to the resolved amparo action.

3. In August 2022, the Sala expressly resolved that there was no disobedience, confirming that the respondent institutions complied within their competencies.

In this case, the current proceeding does not provide new facts and refers to matters already assessed and resolved by the Sala itself, given that the evidence of what was acted upon has already been assessed by the Sala and deemed adequate compliance by the institutions involved, previously declaring a proceeding for alleged disobedience without merit, so the petitioners' allegations would be invalid at this time.

Therefore, I respectfully request that this report be deemed rendered, highlighting that the Ministerio de Salud, through the Health Governing Area La Unión, has acted in a coordinated manner, has issued sanitary orders, has referred cases to the Prosecutor's Office when applicable, and has complied with what was ordered by the Sala Constitucional, for which reason the disobedience proceeding filed must once again be declared without merit.”

4.- Nombre33476 and Nombre75498, in their respective capacities as general manager and General Director of Water Collection and Treatment Systems, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, report under oath, the following:

“First: Previously, this Institute, on the occasion of the hearing at twelve hours one minute of June fourteenth, two thousand twenty-two, informed the Sala Constitucional on 06/17/2022 at 09:24 a.m., a proceeding that was resolved by Resolution No. 2022018363 at nine hours fifty-five minutes of August ninth, two thousand twenty-two, based on technical report DRyT-2022-00110, the following:

“(…)

1. That by submission of April 6, 2022, AyA sent the Sala Constitucional a progress report on compliance with resolution No. 2021022447 corresponding to Amparo Action Exp: 21-015740-0007-CO, in which the actions that to date have been carried out in a coordinated manner between the Ministerio de Salud, the Municipalidad de la Unión, and AyA are detailed to resolve the aspects ordered by this constitutional body according to the functions assigned by law to each indicated entity. The established provisions were the following:

a) immediately take the necessary measures aimed at ceasing and preventing the residents of Residencial Estancia Antigua from disposing of wastewater (aguas servidas) into the planned sewerage network.

b) within a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, provide a comprehensive and definitive solution to the pollution problem afflicting the inhabitants of Residencial Estancia Antigua.

2. That the actions undertaken to date and thus informed to the Sala Constitucional this past April 6, following previous meetings held between the three institutions to analyze the best and most effective actions according to the period granted by the Sala and after conducting field visits, were the following:

“…2. That, in adherence to the previous point, AyA, since September 2021, has carried out the following actions in a coordinated manner with the Ministerio de Salud:

• Identification of all dwellings in the urbanization that presented inadequate discharges of wastewater into the planned sanitary network, through joint visits to the site with officials from the Ministerio de Salud and the Municipalidad de La Unión.

• Logistical support on-site to the Ministerio de Salud for the issuance of sanitary orders by the latter to the dwellings that were previously identified with inadequate discharges.

• Inspection with video camera inside the sanitary network of Block P and Q of the urbanization, to identify the dwellings with irregular connections to the manhole (pozo de registro) located in front of the public park of Block P and Q.

• Sealing of the planned connections identified from the camera inspection mentioned in the previous point, by means of which the discharge of wastewater that previously occurred at the aforementioned manhole was eliminated.

• Documented monthly follow-up meetings between the three respondent institutions in order to establish the different progress that each of these was making from September 2021 to date.

3. That in accordance with what was requested by the Sala Constitucional regarding taking the necessary measures to cease and prevent the residents of Residencial Estancia Antigua from disposing of wastewater into the planned network, and to provide a comprehensive and definitive solution to the pollution problem at the site in question within a period of six months, this Sala is informed that AyA carried out all pertinent actions within its scope of competence to comply with what was ordered by the Sala Constitucional, given that, in an inspection carried out on April 5 of this year by technical personnel of AyA, it is verified that after the intervention carried out by AyA in the manholes and service connections identified in Residencial Estancia Antigua, as of the inspection date, no type of discharge is observed from the sanitary manholes, nor from the residential service connections.

3. That in order to attend to the provisions ordered by the Sala Constitucional and indicated in point 1 above, a Commission was formed between the three institutions involved (MINSA, Municipalidad de la Unión and AyA). This commission has been working on the analysis of alternatives to solve the problem occurring at the site with the disposal of wastewater, which has been caused by the residents themselves by not respecting the use of septic tanks and drainage systems as a means to dispose of their wastewater and, on the contrary, have violated a state asset (planned sanitary sewerage network) or have illegally discharged greywater into the curb channel.

4. That this Commission has analyzed the situation and has determined that the most effective solution to eliminate illegal connections and discharges both to planned sanitary sewerage networks and to the curb channel is to order the owners of the dwellings that are committing these illegal acts to restore the use of individual systems (septic tanks), just as the construction of their dwellings was approved when the respective construction permits were granted by the Municipality of that canton.

5. That, in that regard, the main sources of contamination from illegal wastewater discharges have been gradually identified, and in this sense, efforts have been concentrated in some blocks where greater contamination is evident, in this case, the blocks where dwelling houses 7C and 8C are located. In particular, efforts are being made to determine which of the dwellings are the ones discharging wastewater onto the sidewalks, and for these purposes, the Ministerio de Salud ordered inspections to be carried out inside some dwelling houses, and when applicable due to the reluctance of the owners, sanitary orders or even complaints to the Public Ministry are being issued to be able to precisely determine the source of contamination.

6. That, additionally, and in accordance with the competencies that correspond to AyA, tours have been made in the urbanization Estancia Antigua to verify if the planned sanitary sewerage network (NOT IN USE) located in other blocks shows overflows from manholes and on the public road. During these tours, the sealing carried out years ago has been reviewed, and additional resealing works were performed at some points with overflow problems.

7. That, it must be borne in mind that the source of contamination in that sector arises from two specific situations: the first is from greywater discharges (sinks, bathrooms, showers, sculleries) into the curb channel, and the second, from connections to the planned sanitary sewerage network which generates overflows from some manhole. In both cases, it concerns illegal connections made by the residents themselves. In this regard, AyA has responsibility for the planned sanitary network, and for that reason, as indicated, it has been conducting inspection tours, resealing, camera inspections, and thereby keeping the network free of connections and free of wastewater overflows.

Regarding the greywater discharges that are directed to the curb channel and that the petitioner denounces, these must be directly addressed by the Ministerio de Salud, since in this case there is no infrastructure or sanitary network involved, but rather the residents themselves discharge their wastewater through internal stormwater pipes and these go to the channel. This type of discharge at the national level is handled by the health governing areas, and we understand that, in this case of Urbanización Estancia Antigua, the Health Governing Area of La Unión has already been issuing some sanitary orders to the dwellings identified with discharges into the channel.

8. That, it must also be clear that these cases must be resolved little by little and that despite the efforts made by the institutions to reduce this type of connections, the residents themselves repeatedly violate the pipes or discharge into the channel, circumventing their responsibility to rehabilitate the septic tanks as the authorized means to dispose of their wastewater, despite the notifications that the three institutions in question have issued in this regard.

9. That the petitioner alleges in his disobedience submission that a treatment plant must be built to treat the wastewater produced in that urbanization, when the truth of the matter is, as has already been reported to the Sala Constitucional in other submissions sent, that this urbanization was approved with individual systems (septic tanks plus drainage systems) and that for the time being, the existing sanitary sewerage network (planned) is not in operation. Therefore, in that sense, what is appropriate is to apply the provisions of articles 287, 288, and 292 of the Ley General de Salud, which state the following:

ARTÍCULO 287.- Every natural or legal person who is the owner of dwellings or establishments or buildings in which persons carry out their activities shall be responsible for ensuring that such properties have a system for the disposal of excreta and black and grey water approved by the Ministry, and the users of dwellings, establishments or buildings shall be obligated to maintain said system in good working condition.

ARTÍCULO 288.- Every owner is obligated to connect the system for the elimination of excreta, black and grey water of their property to the sanitary sewer where it is in operation, except in the cases of exception that the pertinent regulations recognize as appropriate.

ARTÍCULO 292.- The discharge of black water, grey water, and industrial waste into the storm sewer is prohibited in all cases. The Ministry is empowered to restrict, regulate, or prohibit the elimination of non-biodegradable synthetic products through collection systems for excreta, black water, and grey water.

10. That in order to confirm what is stated in this report, a new visit was made today to Urbanización Estancia Antigua to confirm that the planned sanitary sewerage system was not overflowing and that the placed seals had not been violated, verifying that the sanitary system managed by AyA does not show wastewater overflows on the public road. In this regard, see photographs of some manholes inspected today by one of our crews, which are found to be dry:

(…)

Second: Specifically regarding the disobedience submission filed, equally based on the conclusions of report DRyT-202200110, the following is indicated:

“(…) 1. It is not true, as the petitioner states in his disobedience submission, that actions are not being executed to address the pollution problem occurring in Urbanización Estancia Antigua. As stated above, actions have been coordinated between the three institutions involved to define the strategy for addressing and intervening regarding the problem.

2. After analyzing which were the most viable and effective options within the 6-month period granted by the Sala Constitucional to resolve the problem of illegal connections and the pollution situation afflicting the residents of Urbanización Estancia Antigua, it was defined that the alternative was the restoration of septic tanks plus drainage systems as the appropriate means for wastewater disposal.

3. The petitioner is not correct in stating that there has been no communication between the parties, when the truth is that the three institutions involved have been frequently meeting for assessment and follow-up of concrete actions.

4. Among the actions carried out jointly and programmatically are the tours in the Urbanization, the visits to the sectors where there is greater contamination, and particularly to dwelling houses C7 and C8, to define precisely which dwelling is discharging its wastewater onto the sidewalk.

5. For these purposes, and given the reluctance of some owners to allow entry to the dwellings to confirm by means of dye tests which dwelling is illegally discharging its wastewater onto the sidewalk and curb channel, the Ministerio de Salud will have to resort to the filing of sanitary orders and complaints to the Public Ministry.

6. It is not true, as the petitioner attempts to suggest, that the three institutions have dedicated themselves to pointing out, reporting to the prosecutor's office, and even offending, humiliating, harassing the inhabitants of any dwelling. In that sense, the only thing that has been attempted is to identify the dwellings that are generating wastewater towards the sidewalk, to comply with the mandate of the Sala Constitucional; therefore, upon observing opposition from some owners to cooperate, it has been necessary to resort to legal channels, according to the powers of each institution.

7. Regarding the competencies or functions of each institution, it must be indicated that, with respect to what corresponds to AyA, in due course a sealing of the entire sanitary network was carried out, inspections with a camera have been carried out to detect illegal connections, resealing actions have been performed at some points identified with overflows and these have been corrected, and in addition, tours are carried out to verify wastewater overflows from the planned sanitary sewerage network. Today, and in order to send accurate information to the Sala Constitucional, our crew carried out an inspection and no overflows were observed from the manholes of this urbanization.

8. Regarding the wastewater overflows into the curb channel that the petitioner points out, this type of connections occur inside the dwellings and not directly to a sanitary pipe managed by AyA, but rather the discharge is into the curb channel. We assume that this is what the petitioner is denouncing; however, AyA, due to a matter of competencies, cannot intervene in these cases, since, as indicated, a sanitary pipe is not being violated. For this type of illegal act, it is the Ministerio de Salud that has the legal authority to issue sanitary orders to those involved in order to force them to eliminate this improper practice and direct the wastewater towards the septic tanks and not directly into the channel.

Pursuant to the above, the coordination and accompaniment required by the Ministerio de Salud and the Municipalidad de la Unión will continue, in order to continue advancing with the processes of identifying the overflows that some residents are causing into the curb channel or onto the sidewalks. This is slow work due to the complexity of the process for both the user and the Ministerio de Salud itself. Likewise, the inspection processes in the planned sanitary sewerage network managed by AyA will be prolonged, and if any overflow is observed in the manholes, it will be reviewed and the corresponding sealing will be carried out, in order to avoid overflows onto the public road.…”

Second: Through report DRyT-DSRT-2025-00160, it is further indicated:

“…it is necessary to present a recount of the following past facts:

• That in 2021, Mr. Nombre57365 filed Amparo Action No. 21-015740-007-CO, in which the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Ministerio de Salud were challenged for the apparent poor disposal of residential wastewater within Dirección4478, located in San Rafael de la Unión de Tres Ríos.

• That in response to this action, the Sala Constitucional issued resolution No. 2021-022447, dated October 8, 2021, in which the respondent Institutions are requested to report on the facts referred to in the cited Amparo Action No. 21-015740-0007-CO.

• That the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in adherence to what was ordered by the Sala Constitucional in said resolution, proceeded in June 2022 to respond to this matter to the Sala through the submission of a report rendered by the GAM Collection and Treatment Directorate.

• That in accordance with what was reported by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado regarding the cited resolution No. 2021-022447, the Sala Constitucional, in August 2022, issued a new resolution with consecutive number No. 2022018363, in which the report rendered by AyA is deemed accredited and it is determined that the latter acted in a coordinated manner with the Ministerio de Salud and carried out the respective actions in accordance with the legally assigned functions, there therefore being no reason for which disobedience to what was requested in initial resolution No. 2021-022447 can be attributed.

Now, subsequent to what was indicated by the Sala in resolution No. 2022018363 of August 2022, citizens Nombre57365 and Nombre75495 filed a new amparo action in September 2025 with consecutive number No. 25-024212-0007-CO, in which they again appeal against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Municipalidad de la Unión, and the Ministerio de Salud under the proposition that these institutions incurred in disobedience regarding resolution No. 2021-022447 of October 8, 2021.

In adherence to the above and in order to attend to what was ordered by the Sala in its most recent resolution with consecutive number No. 2025027804, we proceed to mention that the petitioners' filing submission is based on a disobedience to resolution No. 2021-22447, issued by the Sala during October 2021, given that, in accordance with what is indicated in this document, it is clear that the same Sala, in its resolution No. 2022018363 issued in August 2022, declares the propositions made by petitioners Nombre57365 and Nombre75495 as without merit, indicating on the part of the Sala, as already stated above, that AyA has acted in a coordinated manner with the Ministerio de Salud and that it has carried out the respective actions in accordance with the legally assigned functions, there therefore being no reason for which disobedience to initial resolution No. 2021-022447 can be attributed…

Third: On the occasion of this disobedience proceeding, we proceed to respond based on report DRyT-DSRT-2025-00160 to each of the alleged facts as follows:

A) “…In the year 2021, you, sirs of the Sala Cuarta, granted the Amparo Action, but the institutions you appointed have done nothing about it to this day. In the year 2021, Mrs. Nombre75497 of the Ministerio de Salud together with Mr. Nombre75498 of AYA, submitted a report to you which was not true, where it said that everything was already resolved here in the Residencial.”

Answer: On this first point, the assessment made by the petitioner party is erroneous, given that no joint report was ever submitted between Eng. Nombre75498 of AyA and Mrs. Nombre75497 of the Ministerio de Salud.

Indeed, on the part of AyA, there was a report signed by Eng.

Name75498, referred to the Legal Directorate of AYA, in which the condition of the sanitary sewer network (red sanitaria) built but not authorized for use (prevista sin autorización de uso) at Dirección4478 is confirmed, detailed, and documented, indicating with evidence and historical records the non-availability of the sanitary sewer service. (Ref: Annex 1: Response Report RA August 21-015740-0007 - dated 8/18/21)

After reading the aforementioned Report, it is clear that it makes no reference to what the appellant stated, regarding that everything was already fixed in the urbanization.

B) “On July 16, 2023, we went to the AYA central offices in Pavas seeking information about who was in charge of managing the GAM, and we were introduced to Ms. Name75499, who holds the position of Expert Manager of the General Management of AYA at the Pavas headquarters, in order to request information about the disconnections of illegal blackwater wells in Residencial Estancia Antigua. She forwarded this inquiry to Mr. Name75500, who holds the position of General Manager of the GAM Systems Management Sub-Management of AYA at the Dirección1272 headquarters, who forwarded it to Mr. Name75501, who holds the position of Expert Director of the GAM Collection and Treatment Directorate at the Pavas headquarters, who requested from Mr. Name75498, General Director of the GAM Collection and Treatment Directorate, the information regarding the process that has been followed in the Residencial…”

Response: Regarding the second point mentioned by the appellant, Eng. Name75498 provided a response to Mrs. Name75511 in an email dated July 26 of this year, in which the following was stated:

(…)

C) “Next, Name75514 and Name4549, speaking with Mrs. Name75502, Sub-Management of Peripheral Systems Management, and Name75503, asked Mr. Name75504 to provide a report on the work carried out in the Residencial regarding the work that the three institutions did on the Blackwater issue, and on July 26, 2023, Name75498 responded to us by email indicating that absolutely no comprehensive work has been done to date, and that the only thing done in 2010 was to inform the houses in the residential complex that they must have a septic tank (tanque séptico) and a drainage field (drenaje), since there was no blackwater treatment plant. To corroborate the above, see ANNEX # 1 regarding what Mr. Name75505 states, and ANNEX #2, which corresponds to recent photos of blackwater discharges from the houses and streets of Residencial Estancia Antigua…”

Response: Regarding this third point and based on the reading of the email shown above, in which Eng. Name75498 responds to Mrs. Name75511, it is clear that the appellant is incorrect in stating “that absolutely no comprehensive work has been done to date, and that the only thing done in 2010 was to inform the houses in the residential complex that they must have a septic tank and a drainage field, since there was no blackwater treatment plant,” given that the same email mentions that after the written communication sent to the homes of the urbanization in 2010, a peremptory period was given by the Ministry of Health so that those residents who were connected to the BUILT (PREVISTA) sanitary network would proceed to disconnect and direct their wastewater to their own treatment systems approved by the competent authorities, and after the expiration of that period, the sanitary network was sealed by order of the Ministry of Health.

As a complement to this last point, and referring to the Response Report to the Amparo Appeal August 21-015740-0007 that is attached, it is noted that the following is mentioned in said report:

It is important to mention that in situations related to wastewater spills into built but unused (previstas, NO en USO) networks, AyA acts by specific order of the Ministry of Health, after the due process of notifying the residents of the urbanization has been completed and after the peremptory period established by the Ministry of Health has expired for the residents of the urbanization to review, rehabilitate, and/or build their septic tank and drainage field system.

For the specific case of the Estancia Antigua Urbanization, this procedure was coordinated between AyA and the Ministry of Health starting in 2010, and thanks to this, the wastewater spills that occurred on the streets of the urbanization at different points were eliminated.

Notwithstanding the foregoing, many of the homes in the urbanization have the practice of discharging “grey” wastewater (outlets from washing machines, sinks, bathrooms, etc.) towards the gutters, which evidently violates environmental regulations, since all these waters must be directed and treated directly in the septic tanks.

According to the Cantón de la Unión Regulatory Plan, the typical lot in the Estancia Antigua Urbanization corresponds to an area of 200m2, with a maximum lot coverage of 60% and a maximum construction area of 180m2, which makes sense from the perspective that all lots must have a green space for the placement of the respective drainage fields for the septic tanks.

As stated, it is concluded that AyA has acted responsibly and has coordinated with the Health Governing Body (Área Rectora de Salud) on several occasions to jointly eliminate the spills that occur in this urbanization, because some residents illegally continue to damage a state asset (built sanitary network) to fraudulently connect their homes' wastewater, rather than channeling it to the septic tanks as required.

Background Aspects

It must be clear that this Housing Project was approved with the use of a septic tank, and after a joint scientific and technical analysis with the competent institutions, it was defined that the alternative was the restitution of septic tanks plus drainage fields, as the appropriate means for wastewater disposal, and not as the appellants request, which is that a Treatment Plant must be built. The Built Network (Red Prevista) cannot be used until there is a technical possibility and operational convenience for interconnection with a collection and treatment system. When it becomes feasible, it is AyA that will make the connection.

AyA cannot invest public funds in the septic tanks of Residencial Estancia Antigua, since the septic tanks are located on private property.

By law, the Institute is responsible for public potable water distribution networks, collectors, and sub-collectors of the sanitary sewer system, but in the particular case of this Residencial Estancia Antigua, the built network is technically not feasible to be used. For this reason, from the origin of the conceptualization of the housing project approval, express indication was made of the use of a septic tank, and as the latter is located on private property, it falls outside the competence of AyA, in accordance with the Service Provision Regulations, AyA Board of Directors Agreement, 2020442, published in ALCANCE No. 29 TO LA GACETA No. 27 (Chapter IV On the Provision of Services, FIRST SECTION On the Conditions, SECOND SECTION On the Physical Location for Connection and Metering of Services, and Chapter VII On Permanent Connections for Potable Water and/or Sanitary Sewer Services and Related Services).

AyA can only manage and invest in property that is in its name, or that is classified as public property in the name of the State, such as public streets, so it is stipulated. It cannot allocate funds to rehabilitate septic tanks located on private property. Our institution is governed by the LAW OF FINANCIAL ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC AND PUBLIC BUDGETS, No. 8131 of September 18, 2001, Published in La Gaceta No. 198 of October 16, 2001. Likewise, the foregoing derives from the Principle of Legality enshrined in Article 11 of the Political Constitution, and also developed in Article 11 of the General Law of Public Administration, which, as is known, the principle of legality in the rule of law postulates a special form of binding of public authorities and institutions to the legal system, based on its basic definition according to which every public authority or institution is so and can only act to the extent that it is empowered to do so by that same legal system, and normally by express text – for public authorities and institutions, only what is constitutionally and legally authorized expressly is permitted, and everything that is not authorized is prohibited; as well as its two most important corollaries, still within a general order; the principle of minimum regulation, which has special requirements in procedural matters, and the reservation of law, which in this field is almost absolute." (Constitutional Court. Resolution No. 440-98, and in a similar sense No. 5541-97 and 1739-92). Official Letter 12956 on November 24, 2003 (DAGJ-1719-2003).

Regarding the responsibility of the owners, what has already been resolved by the Administrative Contentious Court regarding the improper use of a built network must be considered:

“…all persons are subject to the General Health Law, which is a public order norm. (Arts. 2, 4, 7).- Thus, no person may perform acts that signify danger, or impairment to the health of third parties or the population, having the obligation to avoid any omission and take the corresponding measures in favor of the health of third parties. (art. 37).- Regarding blackwater or excreta, the General Health Law develops precisely the following:

"ARTICLE 285.- Excreta, blackwater, greywater, and stormwater must be disposed of adequately and sanitarily in order to avoid contamination of the soil, natural water sources for human use and consumption, the formation of vector breeding grounds and diseases, and air contamination through conditions that threaten its purity or quality.".- To comply with this, all persons are obliged to perform the corresponding drainage, and shall be responsible for ensuring their properties have a system for the disposal of excreta, blackwater, and greywater duly approved by the Ministry, with the users of the homes being obligated to maintain said systems in good working condition; it being prohibited to discharge waste without prior authorization from the health authority and without complying with the corresponding requirements, avoiding contamination of water sources or courses, soil, and air, or any other risk to human health derived from the inadequate evacuation of drains. (arts. 286292, 308,310,311). That is, this Chamber considers that in the present case it is more than evident that the neighbors and plaintiffs have caused environmental contamination, by discharging their excreta and blackwater into a sewer system lacking interconnection that is also being discharged into the local river, contaminating all other downstream populations… AyA is indeed responsible for the development of the interconnection when it is convenient and has the corresponding resources, and indeed, in accordance with the General Health Law, this Ministry must ensure that the disposal of excreta and blackwater is carried out in the most harmless way possible and in compliance with the technical requirements that prevent environmental contamination…” (FILE: 16-005531-1027-CA, No.112-2018, ADMINISTRATIVE CONTENTIOUS AND CIVIL TREASURY COURT, EIGHTH SECTION, SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. ANNEX A, at nine thirty hours on December nineteenth, two thousand eighteen.) the emphasis is ours.

Now then, there are immediate mechanisms provided for in the General Health Law and in the General Law of Public Administration itself that the Ministry of Health can avail itself of to compel residents to properly have a septic tank to treat their wastewater. By way of example, reference is made to File 16-2436-0007-CO, where judgment No. 2016006368 was issued, at nine thirty hours on May thirteenth, two thousand sixteen, which ordered as relevant:

" …V. REGARDING THE AMPARO AGAINST THE MINISTRY OF HEALTH. ON THE MERITS: From the foregoing facts, it is clear that the Ministry of Health, although it acted in a timely manner, issued sanitary orders and even filed criminal complaints, the truth is that the sanitary problem persists, as indicated by its representative in the report rendered under oath. This Chamber does not observe that the Ministry has adopted extraordinary measures, such as the closure of the place, the collaboration of the Public Force for the security of the place, and even the eventual eviction of the residential complex or any other effective measures. The provision of a public service like the one in the hands of the Ministry of Health requires an efficiency and diligence perhaps beyond that necessary on the part of other public bodies, because of the fundamental rights to health and a healthy environment, regarding its competences. The Chamber considers that what has been done by the Ministry of Health has been insufficient and violates the fundamental right to health and a healthy environment of the protected party, therefore it is appropriate to grant the appeal against it and order that the necessary measures, even radical ones, be arranged, and make the pertinent decisions in order to eliminate the existing sanitary problem…”

(…)

PRAYER FOR RELIEF:

Based on the stated factual and legal grounds, I hereby render the requested compliance report and the actions that this Institute and the involved Institutions have coordinated. We expressly state that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, in fulfillment of its objectives, has not disobeyed, violated standards, guarantees, or constitutional principles, but has had responsible conduct in safeguarding and protecting the right to the environment, health, and life, adhering to the legal system, therefore this disobedience proceeding must be dismissed without merit.

It is reiterated that on the part of the Institute, all pertinent actions were executed within its scope of competence to comply with what was ordered. It is equally reiterated that after the written communication sent to the homes of the urbanization in 2010, a peremptory period was given by the Ministry of Health so that those residents who were connected to the BUILT (PREVISTA) sanitary network would proceed to disconnect and direct their wastewater to their own treatment systems approved by the competent authorities, and after the expiration of that period, the sanitary network was sealed by order of the Ministry of Health.

It is some of the same residents who continue the irregular practice of making illicit connections and not properly using their septic tank, so it is also incumbent upon the Ministry of Health to continue identifying them and issuing the corresponding sanitary orders. As stated at the time, the appellants cannot expect Public Institutions to assume the costs of repairing and using a septic tank on private property.

It is reiterated that the permanent solution is the rehabilitation of septic tanks by the owners, and the disconnection from the built network, while in the future, within the possibility of science and technique, an interconnection with the sanitary system can be achieved.”

5.- By means of a certificate signed by the judicial technician in charge of processing the file and the secretary of the Constitutional Chamber, they state that “reviewed, at fifteen hours twenty-two minutes on September twenty-third, two thousand twenty-five, in the COSTA RICAN JUDICIAL MANAGEMENT SYSTEM the RECEIVED DOCUMENTS CONTROL AND THIS FILE, it did not appear that from SEPTEMBER TEN TO TWENTY-TWO, 2025, the MAYOR OF THE MUNICIPALITY OF LA UNION had filed any brief or document whatsoever, in order to render the report requested from him in the resolution issued at sixteen hours eighteen minutes on September nine, two thousand twenty-five.”

6.- By brief incorporated into the digital file on September 29, 2025, the appellant states the following:

“Justice Luis Fernando Salazar A.

Through this letter, I greet you, hoping you are well, and at the same time, I very respectfully request, and being within your possibilities, that you grant me a short meeting where my wife Name75512 and your servant Name75513 would be present. To succinctly present the solution to the blackwater problem in Residencial Estancia Antigua and its connection with the three State Institutions involved.”

7.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Justice Garro Vargas; and,

Considering:

I.- On what was ordered in the present proceeding. Through judgment No. 2021-022447 of 09:15 hours on October 8, 2021, this Court resolved the following:

“The appeal is granted. Name35218 and Name75506, in their capacity as general manager and director of the Water, Collection, and Treatment System, both of the ICAA, Name75507, in his capacity as mayor of La Unión, and Name75508, in her capacity as director of the Health Governing Body of La Unión, or whoever holds their positions in their stead, are ordered to, in a coordinated, communicated, and joint manner, issue the orders and carry out the respective actions, each in fulfillment of their legally assigned functions, so that a) immediate measures are taken as necessary to cause to cease and prevent the residents of Residencial Estancia Antigua from disposing of wastewater into the built (prevista) sewer network; b) within a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, a comprehensive and definitive solution be provided to the contamination problem afflicting the inhabitants of Residencial Estancia Antigua. They are warned that, if they fail to comply with said order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not cause it to be complied with, provided the crime is not more severely punished. The State, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the Municipality of La Unión are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of sentence of the administrative contentious court. Justice Salazar Alvarado makes a note. Justice Garro Vargas dissents regarding the execution of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Execution Area of the Administrative Contentious and Civil Treasury Court, under the enforcement rules established in Articles 155 and following of the Administrative Contentious Procedure Code.”

Subsequently, before the complaint of the appellant on November 19 and 23, 2021, regarding that the appealed authorities have persecuted them following what was resolved in judgment No. 2021-022447 and even closed their home; this Chamber, by resolution No. 2021-026533 of 09:15 hours on November 26, 2021, ordered: “The formulated request is dismissed,” since what was alleged has no relation whatsoever to what was discussed and resolved in the proceeding, added to the fact that it is not for it to determine how the appealed parties must comply with what was ordered.

In a new request, the appellant on January 5, 2022, complained that the measures adopted by the appealed authorities do not provide a comprehensive and definitive solution to the environmental problem; this Court, by vote No. 2022-001410 of 09:30 hours on January 18, 2022, resolved: “The formulated request is dismissed,” since it is not for it to determine how the appealed parties must comply with what was ordered.

Later, given the non-execution raised by the appellant regarding what was ordered in the aforementioned judgment; this Chamber, by resolution No. 2022-018363 of 09:55 hours on August 9, 2022, resolved the following:

“II.- On the formulated request. In the present matter, the appellants accuse disobedience of what was ordered by this Chamber in judgment No. 2021022447 of 09:15 hours on October 8, 2021. They consider that to date there is no comprehensive solution to the alleged contamination problem.

In this regard, it is considered accredited, by reason of the reports rendered under oath by the appealed authorities, in order to comply with what was ordered by this Chamber, the following: a) inter-institutional coordination was carried out to define the scope of action of the respondents and a commission was formed, which determined that “the most effective solution to eliminate illegal connections and discharges both to built sanitary sewer networks and to the gutter is to order the owners of the homes that are committing these illegal acts to restore the use of individual systems (septic tanks), just as the construction of their homes was approved when the respective construction permits were granted by the Municipality”; b) coordinated inspections were executed between the appealed institutions in Residencial Estancia Antigua; c) upon detection of illegal connections, the respective sanitary orders were issued to the property owners; d) follow-up was given to the issued sanitary orders, and in view of the fact that some owners did not comply with them, the cases were transferred to the Prosecutor's Office of La Unión for the crime of disobedience to the sanitary authority; and d) the appellants in the present proceeding were previously issued a sanitary order (MS-DRRSCE-DARSLU-OS-8588-2020) to correct the problem in their home due to blackwater discharge, and given the refusal to allow entry for follow-up on the sanitary order, the Health Governing Body made a request for a search warrant to the Prosecutor's Office of La Unión, which has not been resolved.

From the foregoing, it is inferred that the respondents, in a coordinated, communicated, and joint manner, issued the orders and carried out the respective actions, each in fulfillment of their legally assigned functions. Likewise, although the acts considered necessary to comply with what was ordered by this Chamber have not been concluded, it is not possible to assign responsibility for this to the respondent authorities, given that there is no doubt that they are under a legal obligation to await the conclusion of the cases that were transferred to the Prosecutor's Office of La Unión for the crime of disobedience to the sanitary authority, and in the case of the appellants, for the cited prosecutor's office to resolve the search warrant request, in order to follow up on the sanitary order issued against them.

For these reasons, this Court considers that the respondent authorities have executed actions to solve the alleged problem and there is no non-observance whatsoever to grant the formulated disobedience request. (…)

Therefore:

The formulated request is dismissed.”

II.- On the actions taken by the Health Governing Body of La Unión and the Municipality of La Unión. In accordance with what was resolved by this Court in judgment No. 2021-022447 of 09:15 hours on October 8, 2021, the respondent authorities —including the Director of the Health Governing Body of La Unión— were ordered to, in a coordinated, communicated, and joint manner, take immediate measures and, also, within a period of six months counted from the notification of said judgment, provide a comprehensive and definitive solution to the problem of contamination from wastewater discharged into the built sewer network affecting the inhabitants of Residencial Estancia Antigua.

Now, although through interlocutory judgment No. 2022-018363 of 09:55 hours on August 9, 2022, this Court concluded, at that time, that the respondent authorities had deployed actions aimed at complying with what was ordered –such as inspections, formation of an inter-institutional commission, and issuance of sanitary orders to neighbors identified with irregular discharges, as well as the referral of some of these cases to the Public Prosecutor's Office for alleged disobedience to the sanitary authority–, the truth is that said assessment did not exclude the obligation to continue with the comprehensive fulfillment of what was ordered, nor did it exempt said authorities from rendering an effective and updated account of the total fulfillment of the points ordered in the main judgment.

In response to the foregoing, by resolution of 16:18 hours on September 9, 2025, a hearing was granted to the involved authorities so that they could specifically address the facts and omissions alleged by the appellant. However, in the report rendered under oath by the Director of the Health Governing Body of La Unión, it is observed that no express and concrete response was offered on two fundamental aspects.

First, it was not indicated whether compliance has been given to the second point of the operative part of judgment No. 2021-022447, that is, the obligation to provide a comprehensive and definitive solution to the contamination problem, within the established six-month period. Far from evidencing such compliance, the health authority limits itself to referring to generic and past actions –some even previously assessed by this Court– without providing verifiable data or current results that prove the execution or implementation of a definitive and coordinated solution in accordance with what was ordered.

Second, a significant omission is observed in not specifically stating what new concrete actions the Health Governing Body has deployed after the issuance of interlocutory judgment No. 2022-018363, in order to give effective continuity to what was ordered. This omission cannot be ignored, since the duty of the respondent authorities is permanent and enforceable until the full execution of the judgment, especially when dealing with the protection of fundamental rights such as the right to health and a healthy environment.

Thus, given the absence of reporting whether what was ordered has actually been fulfilled, coupled with the lack of proof of concrete progress subsequent to the interlocutory judgment of August 2022, denotes an omissive conduct that directly compromises the duty of compliance with the order issued in judgment No. 2021-022447 of 09:15 hours on October 8, 2021, specifically regarding the second point thereof.

Therefore, and in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, it is considered that at this procedural moment there is indeed a breach by the Health Governing Body of La Unión regarding the second point of judgment No. 2021-022447, as it is not evident that a comprehensive and definitive solution has been provided to the denounced contamination problem, nor that the necessary actions to achieve it have been executed subsequent to the aforementioned interlocutory judgment.

Likewise, it should be noted that, within the framework of joint compliance ordered by the aforementioned vote, the mayor of La Unión has also incurred in non-compliance, since, despite the hearing granted by resolution of 16:18 hours on September 9, 2025, he did not present any report within the granted period. This omission, combined with the absolute lack of proof of concrete actions subsequent to interlocutory judgment No. 2022-018363, prevents his duty of institutional collaboration and effective execution of what was ordered from being considered fulfilled, which is why the disobedience request is also granted with respect to said local authority.

Consequently, the disobedience request is granted with respect to said respondent authorities.

III.- On the actions of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. With respect to compliance with the content of judgment No. 2021-022447 by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, it must be pointed out that no breach whatsoever is accredited, as said institution has demonstrated the continuity and effectiveness of the actions developed within the framework of its legal competences, in compliance with what was ordered by this Chamber.

In particular, after interlocutory judgment No.

In case file 2022-018363 at 09:55 hours on August 9, 2022, the appealed institute has documented with technical reports and field evidence such as periodic and recent inspections of the planned sanitary sewer network of Residencial Estancia Antigua, with the objective of verifying the physical state of the manholes (pozos de registro) and detecting possible wastewater spills, the most recent on September 29, 2025. Likewise, as the technical confirmation that there are no active spills in the planned network, according to the most recent inspection carried out at the time of rendering the report. Also, on the same referenced date, maintenance and resealing of the critical points of the planned network that presented a risk of spillage were carried out, as a preventive measure.

Thus, it is evident that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has executed the actions within the scope of its powers and the appropriate course is not to accept the disobedience claim (gestión de desobediencia) filed against such institution.

IV.- Regarding the claim for the construction of a wastewater treatment plant. In their brief filed on August 13, 2025, the appellants, in addition to the non-execution of judgment No. 2021-022447, raise as the main objective of their brief the construction of a sewage treatment plant (planta de tratamiento de aguas negras) for Residencial Estancia Antigua, with the argument that said infrastructure would definitively resolve the pollution problems that persist in the area.

In this regard, this Chamber has indicated, both in judgment No. 2022-001410 at 09:30 hours on January 18, 2022, and in interlocutory judgment No. 2022-018363, that it is not the responsibility of this jurisdiction to define the technical modality of compliance with what was ordered, much less to impose a specific solution such as the construction of a treatment plant.

Consequently, the claim on this particular matter is dismissed.

V.- Regarding the request for a personal hearing with a judge of this Chamber. The appellant party requested the holding of a personal meeting with Judge Luis Fernando Salazar Alvarado, in order to directly present their arguments. However, in consideration of the high volume of case files processed by this jurisdiction, as well as the necessary transparency and publicity that must govern all actions linked to a constitutional process, granting the requested hearing is inappropriate.

The proper course in these cases is that any statement, allegation, or contribution of evidence be made within the case file, so that the right of defense of all interested parties is guaranteed and it is duly incorporated into the jurisdictional proceeding. Within that procedural framework, this Court will assess the claims and resolve as legally appropriate.

VI.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counting from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The disobedience claim (gestión de desobediencia) filed is partially accepted, solely, against the Área Rectora de Salud de La Unión and the Municipalidad de La Unión. Nombre75508 and Nombre75507, in their respective capacities as director of the Área Rectora de Salud de La Unión and mayor of La Unión, or whoever holds the position in their place, are reiterated the immediate compliance with what was ordered by this Chamber in judgment No. 2021-022447 at 09:15 hours on October 8, 2021. The foregoing, under the warning of ordering the opening of a disciplinary administrative procedure, based on the provisions of article 53 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (regarding public servants who are not popularly elected), in case of non-compliance and, additionally, certifying documents to the Ministerio Público as provided in article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (in the case of all respondents). In all other respects, the claim filed is declared without merit. Notify personally Nombre75508 and Nombre75507, in their respective capacities as director of the Área Rectora de Salud de La Unión and mayor of La Unión, or whoever holds the position in their place.

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

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