Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Vista la gestión planteada, se aprecia que lo reclamado está relacionado con una denuncia de índole ambiental. Ahora bien, se le debe indicar a la parte interesada que este tipo de reclamos están relacionados con el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida (artículo 41 constitucional) y para la atención y resolución se debe dar un plazo razonable a la autoridad recurrida. Para este tipo de supuestos se ha establecido como "razonable" el de dos meses. Si bien la parte accionante invoca que supuestamente la autoridad no está atendiendo la denuncia presentada, lo cierto es que no se acredita que el plazo de dos meses haya sido superado. Una vez vencido el plazo, si a bien lo tiene la parte interesada, puede acudir en amparo. En consecuencia, el recurso de amparo resulta prematuro y procede su rechazo de plano.
English (translation)II.- ON THE SPECIFIC CASE. Having examined the claim, it is apparent that the matter complained of relates to an environmental complaint. Now, the interested party must be informed that such claims are related to the right to prompt and complete administrative justice (Article 41 of the Constitution) and that a reasonable time must be granted to the respondent authority for attention and resolution. For such scenarios, a period of two months has been established as "reasonable." Although the petitioner alleges that the authority is supposedly not attending to the filed complaint, the truth is that there is no proof that the two-month period has been exceeded. Once that period has expired, if the interested party deems it appropriate, they may file an amparo. Consequently, the amparo action is premature and must be rejected outright.
Rejected outright
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 32722 - 2025 Fecha de la Resolución: 07 de Octubre del 2025 a las 09:30 Expediente: 25-030260-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución EXPEDIENTE N° 25-030260-0007-CO PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2025032722 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del siete de octubre de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por Nombre75559, cédula de identidad CED40910, contra la MUNICIPALIDAD DE TUCURRIQUE, Nombre75560. Resultando: 1.- Por escrito recibido por la secretaria de esta Sala el 02 de octubre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE TUCURRIQUE, Nombre75560, y manifiesta que es propietaria y habitante de la vivienda ubicada a un costado de la plaza de deportes de Tucurrique. Agrega que, en la propiedad inscrita bajo matrícula número 148823-004, y la propiedad inscrita bajo matrícula número 123334-000, se realizaron construcciones que intervinieron directamente el cauce de un río en Tucurrique de Jiménez, desviándolo de su curso natural. Expone que, entre las obras ejecutadas por ambos propietarios, se colocaron alcantarillas que no soportan el caudal del río mencionado; además, se rellenó con material de lastre y se levantó una tapia sobre el mismo caudal, provocando represamientos, desbordamientos e inundaciones. Producto de lo anterior, su vivienda y la de vecinos colindantes resultaron seriamente afectados por inundación del 22 de setiembre de 2025, lo que generó un riesgo inminente para su familia, su integridad física y la conservación de su hogar, acotando que en el hogar vive un menor de tres años. Arguye que, interpuso la denuncia ante el Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique y ante la Contraloría Ambiental del Ministerio Nacional de Ambiente y Energía, bajo el número de gestión 31620, ambas presentadas el 23 de setiembre de 2025, recibiendo respuesta por parte del encargado de la Dirección de Aguas del Caribe, vía electrónica, donde se le indicó, que su denuncia se ubica en la posición 48 y 49 de la fila de denuncias, por lo que la espera de atención podía aplazarse hasta la tercera semana del mes de octubre. No obstante, a la fecha de presentación del recurso, el Consejo Municipal no le ha dado respuesta a su gestión. Por lo expuesto, considera lesionados sus derechos fundamentales y solicita se declare con lugar el recurso con sus consecuencias. 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente manifiesta falta de respuesta a una gestión planteada el 23 de setiembre de 2025, ante la municipalidad recurrida, en la cual se pidió revisar la construcción de dos propiedades que afectaron el caudal de un rio en su comunidad y que afectan directamente su vivienda, lugar donde habita un menor de tres años. Solicita la intervención de este Tribunal en el presente asunto. II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Vista la gestión planteada, se aprecia que lo reclamado está relacionado con una denuncia de índole ambiental. Ahora bien, se le debe indicar a la parte interesada que este tipo de reclamos están relacionados con el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida (artículo 41 constitucional) y para la atención y resolución se debe dar un plazo razonable a la autoridad recurrida. Para este tipo de supuestos se ha establecido como "razonable" el de dos meses. Si bien la parte accionante invoca que supuestamente la autoridad no está atendiendo la denuncia presentada, lo cierto es que no se acredita que el plazo de dos meses haya sido superado. Una vez vencido el plazo, si a bien lo tiene la parte interesada, puede acudir en amparo. En consecuencia, el recurso de amparo resulta prematuro y procede su rechazo de plano. III.- Voto salvado del magistrado Rueda Leal. En el sub lite, la recurrente alega que se realizaron intervenciones en el cauce de un río en Tucurrique de Jiménez, por lo que fue desviado de su curso natural y ocasionó desbordamientos. Menciona que su vivienda y las de sus vecinos han resultado seriamente afectadas por las inundaciones, situación que genera un riesgo inminente para su familia, en la que hay una persona menor de edad de 3 años. Menciona que el 23 de setiembre de 2025 interpuso las denuncias ante el Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique y la Contraloría Ambiental del Ministerio Nacional de Ambiente y Energía, pero no ha obtenido una solución a la problemática. Solicita la intervención de la Sala. Al respecto, la mayoría de la Sala rechaza el amparo con el argumento de que es prematuro; sin embargo, respetuosamente me separo de ese criterio, pues el plazo de dos meses establecido como razonable no aplica inexorablemente, sino que admite excepciones, como cuando se trata de un problema de particular envergadura, de conocimiento público o que su afectación signifique una amenaza inminente la salud o vida de seres humanos. Precisamente, la situación reclamada se enmarca dentro este último supuesto, motivo por el cual salvo el voto y curso el amparo a fin de contar con más elementos de conocimiento para acreditar o descartar que en el sub lite se haya dado una afectación de raigambre constitucional que amerite la intervención de la Sala. IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Rueda Leal salva el voto y dispone cursar el amparo. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- SD2T9ZOBZ43061 EXPEDIENTE N° 25-030260-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:29:34. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE N° 25-030260-0007-CO PROCEEDING: AMPARO APPEAL RESOLUTION Nº 2025032722 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the seventh of October of two thousand twenty-five. Amparo appeal filed by Nombre75559, identity card CED40910, against the MUNICIPALITY OF TUCURRIQUE, Nombre75560. Whereas: 1.- By document received by the secretariat of this Chamber on October 2, 2025, the appellant files an amparo appeal against the MUNICIPALITY OF TUCURRIQUE, Nombre75560, and states that she is the owner and resident of the dwelling located next to the Tucurrique sports field. She adds that, on the property registered under folio number 148823-004, and the property registered under folio number 123334-000, constructions were carried out that directly intervened in the bed of a river in Tucurrique de Jiménez, diverting it from its natural course. She explains that, among the works executed by both owners, culverts were placed that cannot withstand the flow of the aforementioned river; furthermore, it was backfilled with ballast material and a wall was erected over the same flow, causing damming, overflows, and floods. As a result of the above, her dwelling and those of adjacent neighbors were seriously affected by the flood of September 22, 2025, which created an imminent risk for her family, her physical integrity, and the preservation of her home, noting that a three-year-old minor lives in the home. She argues that she filed a complaint before the Tucurrique District Municipal Council and before the Environmental Comptroller’s Office of the Ministry of Environment and Energy, under management number 31620, both filed on September 23, 2025, receiving a response from the head of the Caribbean Water Directorate, via email, where she was informed that her complaint is in position 48 and 49 of the complaint queue, so the waiting time for attention could be postponed until the third week of October. However, as of the date of filing this appeal, the Municipal Council has not responded to her petition. Based on the foregoing, she considers her fundamental rights violated and requests that the appeal be granted with its consequences. 2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers this Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any petition brought to its attention that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the mere reiteration or reproduction of a previous identical or similar rejected petition. Authoring Magistrate is Castillo Víquez; and, Whereas: I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant claims a lack of response to a petition filed on September 23, 2025, before the respondent municipality, in which it was requested to review the construction on two properties that affected the flow of a river in her community and that directly affect her dwelling, a place where a three-year-old minor resides. She requests the intervention of this Court in this matter. II.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In view of the petition filed, it is observed that the claim is related to an environmental complaint. Now, the interested party must be informed that this type of claim is related to the right to prompt and fulfilled administrative justice (Article 41 of the Constitution) and a reasonable period must be granted to the respondent authority for attention and resolution. For these types of situations, two months has been established as “reasonable.” Although the appellant claims that the authority is supposedly not addressing the complaint filed, the truth is that it is not proven that the two-month period has been exceeded. Once the period has expired, if the interested party deems it appropriate, she may resort to amparo. Consequently, the amparo appeal is premature and its outright rejection is warranted. III.- Dissenting vote of Magistrate Rueda Leal. In the sub lite case, the appellant alleges that interventions were made in the bed of a river in Tucurrique de Jiménez, for which it was diverted from its natural course and caused overflows. She mentions that her dwelling and those of her neighbors have been seriously affected by the flooding, a situation that creates an imminent risk for her family, which includes a minor aged 3 years. She mentions that on September 23, 2025, she filed complaints before the Tucurrique District Municipal Council and the Environmental Comptroller’s Office of the Ministry of Environment and Energy, but has not obtained a solution to the problem. She requests the intervention of the Chamber. In this regard, the majority of the Chamber rejects the amparo on the grounds that it is premature; however, I respectfully separate myself from that criterion, since the two-month period established as reasonable does not apply inexorably, but rather admits exceptions, such as when it involves a problem of particular magnitude, of public knowledge, or whose impact signifies an imminent threat to the health or life of human beings. Precisely, the claimed situation falls within this latter scenario, which is why I dissent and would process the amparo in order to have more elements of knowledge to confirm or rule out that in the sub lite case there has been a violation of constitutional significance that warrants the Chamber’s intervention. IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the “Regulation on the Electronic File before the Judicial Branch”, approved by the Full Court in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore: The appeal is rejected outright. Magistrate Rueda Leal dissents and orders that the amparo be processed. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification code -- SD2T9ZOBZ43061 EXPEDIENTE N° 25-030260-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:29:34.