Res. 32890-2025 Sala Constitucional — Amparo for Landslide Risk and Failure to Resolve ComplaintAmparo ambiental por inestabilidad de ladera y falta de respuesta a denuncia

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Sala Constitucional

Resolución Nº 32890 - 2025

Fecha de la Resolución: 10 de Octubre del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-022169-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-022169-0007-CO

Res. Nº 2025032890

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de octubre de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED07, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS y la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL.             

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 28 de julio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de San José, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Manifiesta que es propietaria del bien inmueble inscrito bajo folio real nro. CED01, ubicado en el distrito Mata Redonda, San José, el cual se encuentra en el sector sur de la Dirección01, en Sabana Sur, construido sobre taludes artificiales y rellenos de tierra, lo que incrementa su fragilidad estructural. Asegura que, en el inmueble colindante, inscrito bajo de folio real nro. CED02, propiedad de la sociedad Residencial TDV Sabana Sur S.R.L., se promovió el proyecto denominado "Condominio Torres de Valencia", el cual obtuvo viabilidad ambiental mediante resolución nro. 2309-2014-SETENA del 12 de noviembre de 2014, prorrogada por resolución nro. 592-2017-SETENA del 21 de marzo de 2017, pero posteriormente archivado por resolución nro. 636-2019-SETENA. Añade que, a pesar del archivo del expediente por SETENA, la Municipalidad de San José otorgó el permiso de movimiento de tierra nro. 253-15, lo que evidencia contradicción con lo resuelto por SETENA y omisión en la fiscalización del cumplimiento de las condiciones ambientales. Menciona que el área intervenida alberga una naciente de agua, una servidumbre conocida como "Dirección02" y forma parte del corredor biológico del río María Aguilar, siendo terrenos construidos sobre rellenos artificiales e inestables, lo que los hace vulnerables a deslizamientos y hundimientos. Asegura que el 29 de noviembre de 2019, la empresa desarrolladora ejecutó movimientos de tierra que alteraron la topografía y vegetación, afectando la estabilidad del terreno y provocando daños estructurales en propiedades vecinas, incluida su vivienda. Detalla que se dañaron muros de gaviones, se cubrió la naciente con tierra sin estudios técnicos, y se alteró el equilibrio geotécnico e hidrológico del terreno, eliminando el drenaje natural, removiendo la cobertura vegetal y acelerando la erosión, lo que ha generado cárcavas que avanzan hacia las viviendas. Asegura que desde el año 2018, los vecinos han interpuesto denuncias ante la Municipalidad de San José, sin que se haya adoptado medida preventiva alguna, a pesar de la eliminación de estructuras de contención como gaviones. Añade que, en el año 2019, la Comisión Nacional de Emergencias realizó una visita técnica y emitió el informe nro. CNE-UIAR-IN-0556-2019, verificando el riesgo, pero sin ejecutar medidas de mitigación, lo que ha agravado el deterioro del talud. Por lo expuesto, solicita se declare con lugar el recurso.

2.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 30 de julio de 2025, la recurrente aporta prueba al expediente.

3.- Mediante resolución de las 15:21 horas del 6 de agosto de 2025, se dio curso a este proceso y se les solicitó informe a las autoridades recurridas, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 12 de agosto de 2025, Alejandro José Picado Eduarte, en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, informa bajo juramento que “Primero: Que es propietaria del bien inmueble inscrito bajo folio real No.153913-A-000, ubicado en el distrito Mata Redonda, San José, el cual se encuentra en el sector su de la Dirección01, en Sabana Sur Es cierto y se acepta que, en la provincia de San José, la Finca:15913, Duplicado A, Horizontal: Derecho: 000, Naturaleza: Quebrado con una casa, situada en el Dirección03, es propiedad de la recurrente, conforme a información obtenida del Registro Nacional, consulta por número de finca, Matricula: 153913-A-000. Segundo: Que el inmueble colindante inscrito bajo folio real No.12219-000, propiedad de la Sociedad Residencial TDV Sabana Sur S.R.L., se promovió el proyecto denominado “Condominio Torres de Valencia”, el cual obtuvo viabilidad ambiental mediante resoluciónNo.2309-2014 SETENA del 12 de noviembre de 2014, prorrogada por resolución No.592-2017-SETENA del 21 de marzo de 2017, pero posteriormente archivado por resolución No.636-2019-SETENA. Añade que, a pesar del archivo del expediente por SETENA, la Municipalidad de San José otorgó el permiso de movimiento de tierra No.253-15, lo que evidencia contradicción con lo resuelto por SETENA y omisión en la fiscalización del cumplimiento de las condiciones ambientales. Es cierto y se acepta que, en la provincia de San José, la Finca:12219, Duplicado horizontal, Derecho: 000, Naturaleza: terreno para construir, situada en el Dirección03, es propiedad de Residencial TDV Sabana Sur Sociedad de Responsabilidad Limitada, conforme a información obtenida del Registro Nacional, consulta por número de finca, Matricula: 12219-000. En cuanto a las demás manifestaciones no le constan a esta representación y deberán las instituciones señaladas SETENA y la Corporación Municipal de San José, referirse en cuanto a lo dicho por la recurrente, no solo por señalarlas directamente a ellas sino por ser parte de sus competencias como instituciones y gobierno municipal. Tercero: Menciona que el área intervenida alberga una naciente de agua, una servidumbre conocida como “Dirección02” y forma parte del corredor biológico del río María Aguilar, siendo terrenos construidos sobre rellenos artificiales e inestables, lo que hace vulnerables a deslizamientos y hundimientos. Asegura que el 29 de noviembre de 2019, la empresa desarrolladora ejecutó movimientos de tierra que alteraron la topografía y vegetación, afectando la estabilidad del terreno y provocando daños estructurales en propiedades vecinas, incluidas su vivienda. Detalla que se dañaron muros de gaviones, se cubrió la naciente con tierra sin estudios técnicos y se alteró el equilibrio geotécnico e hidrológico del terreno, eliminando el drenaje natural, removiendo cobertura vegetal y acelerando la erosión, lo que ha generado cárcavas que avanzan hacia las viviendas. Asegura que desde el año 2018, los vecinos han interpuesto denuncias ante la Municipalidad de San José, sin que se haya adoptado medida preventiva alguna, a pesar de la eliminación de estructuras de contención. No nos consta las manifestaciones de la recurrente y que haya enviado solicitudes a las instituciones señaladas de lo indicado. Lo cierto es que en cuanto a la CNE no se registran envíos de dichas observaciones a ninguno de los medios oficiales que se encuentran dispuestos por nuestra institución en la página web, para realizar y recibir comunicaciones por parte de los administrados. Lo anterior, puede ser corroborado por lo honorables magistrados ya que no existe prueba que así lo acredite. Es decir, en ningún momento se le ha violentado a la recurrente su derecho de una pronta respuesta y mucho menos de una situación tan grave como la señalada (en grado de presunción), lo cual es de competencia absoluta de la SETENA y la Corporación Municipal de San José. Cuarto: Señala que en el año 2019 la CNE; realizó una visita técnica y emitió el informe No.CNEUIAR-IN-0556-2019, verificando el riesgo, pero sin ejecutar medidas de mitigación, lo que ha agravado el deterioro del talud. Es cierto y se acepta de la existencia del informe técnico CNE-UIAR-INF-0556-2019 denominado “Valoración de riesgo de terreno para construcción de torres de condominio en talud el río María Aguilar en Sabana Sur”, que arrojó la siguientes conclusiones y recomendaciones: “(….) VI. Conclusiones A. El terreno donde se pretende realizar las torres es el cañón del rio María Aguilar B. El sitio es de fuerte pendiente y anteriormente ha mostrado evidencias de inestabilidad que ha afectado las propiedades colindantes. C. Probablemente los movimientos de tierra han incrementado la instabilidad del sitio. D. Al ser un terreno quebrado se debe aplicar lo que indica el artículo 33 de la Ley Forestal en cuanto a las áreas de protección: “Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado” Por lo que el área de construcción es muy reducida. E. Por las condiciones geomorfológicas del terreno y las regulaciones de la ley forestal; aparentemente el terreno no es apto para un proyecto tan grande. VII. Recomendaciones A. Mediante la valoración visual del terreno, no se recomienda realizar un proyecto tan grande en un área con tanta vulnerabilidad. B. No obstante; los desarrolladores tienen la opción de demostrar ante las autoridades como SETENA, y Municipalidad de San José que acorde con las medidas de mitigación y técnicas modernas de diseño en ingeniería que es viable algún tipo de construcción, acorde con lo que estipula el Código Sísmico y Código de Cimentaciones de Costa Rica; garantizando la seguridad de las propiedades colindantes. C. Por lo que de realizar cualquier obra en este terreno queda bajo total responsabilidad de las instituciones que otorgan los permisos, del ingeniero del proyecto y de la Municipalidad respectiva, que debe, solicitar los informes; realizar las inspecciones y correcciones correspondientes.” (La letra, cursiva y subrayado no corresponden al original) Adicionalmente la CNE; dentro del marco de nuestras competencias ha realizado el informe identificado como CNE-UIAR-INF-0766-2025 de fecha 18 de junio de 2025, denominado “Valoración de riesgo de viviendas en Dirección04 por inestabilidad de ladera en margen derecha del río María Aguilar”, dirigido a la persona funcionaria de la Municipalidad de San José Lorena Romero Vargas, jefe del Departamento de Gestión del Riesgo y Desastres, al cual se llegaron a las siguientes conclusiones y recomendaciones: “(….) VI. Conclusiones A. Aparentemente estas viviendas fueron construidas en un relleno en la parte alta de la ladera del cañón del rio Maria Aguilar. B. El peso de las viviendas, sumado a la saturación del terreno por las lluvias y el mal manejo de las aguas pluviales; puede estar inestabilizando el relleno y provocando los daños en las estructuras. VII. Recomendaciones A. Los propietarios deberán contratar a un ingeniero acreditado por el CFIA; para que realice la evaluación de los cimientos de las viviendas y determine las acciones necesarias para lograr la estabilización de las estructuras. B. Además, los propietarios deberán también evitar desfogar las aguas pluviales sobre la ladera ya que esto satura el terreno y provoca las deformaciones. C. La Municipalidad de San José deberá identificar al propietario del terreno tras las viviendas afectadas, para que le notifique que se debe hacer cargo del adecuado manejo de las aguas pluviales para disminuir el riesgo de saturación. Por la alta vulnerabilidad la Municipalidad de San José deberá restringir el uso de suelo del terreno, impidiendo dar más permisos de construcción sobre esta ladera; a menos que se cumpla con todos los estudios que garanticen la seguridad de la obra así como de las estructuras vecinas”. (La letra, cursiva y subrayado no corresponden al original) De lo anterior, se colige con meridiana claridad de la labor proactiva de la CNE; y dentro del área de nuestras competencias conforme a nuestro principio de legalidad Ley No. 8488, donde no estamos autorizados para emitir permisos de impacto ambiental y la resolución de asuntos ambientales, ni mucho menos autorizar permisos de construcción, como lo es el caso de las instituciones señaladas. En este sentido, la CNE, no tiene las competencias y atribuciones de realizar intervenciones en propiedad privada, ni invadir competencias de naturaleza ordinaria de otras entidades de gobierno (Ver voto No.3410-92 reiterado en varias resoluciones más de la Sala Constitucional). Por último y de no menos importancia, es que la situación dada no se encuentra reportada en ningún Plan General de la Emergencia de decretos de emergencia que ya fueron cerrados y dentro de los que se encuentran vigentes. En otras palabras, no lleva la razón la recurrente al tratar de endosarle responsabilidades de otras entidades a la CNE, quienes se reitera hemos actuado conforme a derecho y alertado de las situaciones que se presentan in situ. ANTECEDENTES DE INTERÉS 1. De la Gestión del Riesgo en Costa Rica: Según la Ley № 8488, titulada “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”, artículo 4, se entiende a la gestión de riesgo como un “…proceso mediante el cual se revierten positivamente las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como la preparación, atención y recuperación ante las emergencias…” En el mismo sentido, la gestión del riesgo se define como un “proceso continuo de análisis, planificación de la toma de decisiones y ejecución de acciones para identificar, prevenir y reducir las posibilidades de que un evento potencialmente destructivo (amenaza) cause daño o perturbación grave en la vida de las personas, el tejido socioeconómico, los medios de subsistencia y los ecosistemas de los territorios, así como establecer las herramientas para responder de forma adecuada, en caso de que de todas formas se materialice un impacto, con el objetivo de permitir una recuperación eficiente, sin reconstruir la vulnerabilidad, después de un desastre”. La gestión de riesgo presenta ámbitos distintos de intervención: desde lo nacional, regional y sectorial hasta lo local, comunitario y familiar. Además, requiere la existencia y el funcionamiento de sistemas y estructuras organizacionales e institucionales que representan esos ámbitos y que reúnan, bajo modalidades de coordinación establecidas, sus papeles diferenciados acordados, sus instancias colectivas de representación social de los diferentes actores e intereses que participan en la construcción del riesgo y en su reducción, previsión y control, deben ser definidas adecuadamente. La gestión de este riesgo es la base principal del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo entendido este como la articulación integral, organizada, coordinada y armónica de los órganos, las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos y los recursos de todas las instituciones del Estado, procurando la participación de todo el sector privado y la sociedad civil organizada. Su propósito es la promoción y ejecución de los lineamientos de la política pública que permiten tanto al Estado Costarricense como a los distintos sectores de la actividad nacional, incorporar el concepto de gestión del riesgo como eje transversal de la planificación y de las prácticas del desarrollo. De la anterior definición se deduce: 1- Que el riesgo es transversal al quehacer de todas las actividades tanto públicas como privadas, 2- Que la gestión de éste debe ser una política pública del Estado Costarricense, 3- Que esta política queda plasmada en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo; documento elaborado por Comisión, acto que materializa esa política pública y debe ser consultado de forma obligatoria por los órganos y entes del Estado responsables de las tareas de planificación, quienes a la hora de elaborar los respectivos planes tomarán en cuenta las orientaciones señaladas en dicho Plan (…) 6. Sobre el caso concreto: Una vez revisado y analizado lo peticionado y de acuerdo con el cuadro fáctico expuesto, se logra colegir con meridiana claridad, que la situación que presenta la recurrente refiere a una denuncia por una supuesta afectación de zona de protección forestal y bienes comunes, además de otorgamiento de permisos de construcción en zona no autorizada, entre otros, sin tener que ver con situaciones propias dentro del marco de nuestras competencias dispuesta por ley No.8488, y donde no existe una situación donde a mediado un decreto por emergencia nacional ni donde la supuesta afectación se encuentre reportada en algún Plan General de la Emergencia, por alguna de las instituciones señaladas supra, a quienes por sus competencias y rectoría les corresponde su atención. En este sentido, de acuerdo con lo denunciado, debe ser de atención directa por parte de la Corporación Municipal San José como dueña y gendarme de su territorio, no solo con capacidad de administración tributaria, sino de resguardo de las tutelas y derechos fundamentales de sus administrados, procurando como el bien jurídico más importante a tutelar la vida humana y la integridad física de las y los ciudadanos, así como que estos se encuentren en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En ese sentido, al versar la situación sobre una supuesta actividad de protección ambiental deben de confluir competencias de otras instituciones como la Secretaría técnica Ambiental dentro del principio de coordinación arriba señalado. En este sentido, la atención de situaciones ordinarias de otros entes de gobierno no puede ni debe de ser dada por la CNE; ya que de ser así resultaría el sustituir la atención de su actividad propia de competencias, por un régimen por excepción, lo cual a todas luces es improcedente. A mayor abundamiento, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a través de su voto No.3410- 92 de las 14 horas cuarenta y cinco minutos, de 10 de noviembre de 1992, reiterado en el voto No.1369-2001 de las 14 horas 30 minutos de 14 de febrero del 2001, y donde dicha línea jurisprudencial se ha mantenido, ratificado y fortalecido hasta la fecha, en un sin número de dimensionamientos más, señala lo siguiente: (…) Bajo este orden de ideas, se recomienda una adecuada comunicación y actuación conjunta y debidamente coordinada entre las autoridades de Corporación Municipal de San José y la Secretaría Técnica Ambiental, pues como actores principales del caso bajo estudio, están en el deber de hacer confluir sus competencias hacia un mismo fin, de forma concertada y sistémica, para que la situación presentada por la recurrente se esclarezca y se logre determinar la verdad real de los hechos. Por tanto, la CNE; no ha violentado tutela constitucional alguna al recurrente y donde esta Comisión se encuentra inhibida de establecer medidas de carácter ordinario ni extraordinario ya que, por mandato constitucional, legal y jurisprudencial, no se acredita una situación de emergencia nacional (por un estado de necesidad y urgencia), sino por el contrario, la problemática debe de ser abordada por los cauces normales y ordinarios de los entes competentes en esa materia”.

5.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 12 de agosto de 2025, Luis Diego Miranda Méndez, en su condición de alcalde de la Municipalidad de San José, informa bajo juramento que “es importante destacar que efectivamente el lugar en cuestión corresponde al Distrito Mata Redonda, Dirección04, Dirección01, entre calles 66 y 60A. En el sitio se ha desarrollado una problemática en cuanto a que varias viviendas están sufriendo daños en sus estructuras, situación que ha sido conocida por el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y esta municipalidad, entes que se han apersonado a realizar estudios de campo por gestiones presentadas por los vecinos que se han visto afectados, para lo cual se han hecho diversas visitas y se han emitido documentos al respecto. Así también se informa que doña Nombre01 es propietaria de la finca del partido de San José, matrícula 153913, duplicado A, derechos 000; y que la finca del partido de San José 112219, derechos 000, pertenece a Residencial TDV SRL. No obstante, si bien ambas propiedades son cercanas, no son colindantes o juntas una a la otra, toda vez que entre ambas fincas hay una franja de terreno sin titularidad 1egistral o plano catastro que la represente, según así se indica en el oficio DICG471-2025, del 11 de agosto de 2025, del Departamento de Información Catastral y Geográfica. Así también, según oficio SPC-OINSP-787-2025, de la Sección de la Municipalidad de San José, se otorgaron los permisos N°. 253-15 y N°. 641-2018, por su orden, de 11 de mayo de 2015 y del 03 de diciembre de 2018, ambos con la respectiva viabilidad de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Es importante agregar lo mencionado por esa oficina, en cuanto a lo siguiente: “…el proceso de revisión y aprobación de ambos permisos se realizó conforme a la normativa vigente, dicho proceso incluyó la verificación de los requisitos documentales y la revisión técnica de los planos, por lo que el otorgamiento de las licencias se efectuó en estricto cumplimiento del marco legal aplicable al momento…”. Es importante reseñar que esos permisos otorgados autorizaban, el primero, el movimiento de tierras, que fue ejecutado por el desarrollador, y el segundo, propiamente para la construcción del edificio, no se ejecutó, por ende, se archivó la gestión. Efectivamente, tal como lo afirma doña Nombre01, mediante resoluciones N°. 2309-2014-SETENA, de 12 de noviembre de 2014, y 592-2017-SETENA, de 21 de marzo de 2017, emitidas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se otorgó la viabilidad ambiental al proyecto en mención. Así también, mediante resolución nro. 636-2019-SETENA, de 28 de febrero de 2019, ese órgano archivó el expediente. No obstante, es importante destacar la causa que originó el archivo del expediente, conforme a esa resolución, que en lo relevante señaló lo siguiente: “TERCERO: Acorde a lo reportado en el informe de regencia, la labor realizada en el AP se limitó a una chapea del sitio, no así al inicio de las obras descritas en la Viabilidad Ambiental otorgada mediante Resolución N° 2309- 2014-SETENA. Adicionalmente, en el registro fotográfico, adjunto a las notas ingresadas al expediente en los meses de abril y setiembre del 2018, se demuestra que únicamente se han realizado labores de mantenimiento del sitio e indican que el proyecto se mantiene sin avance en el desarrollo constructivo; sin Inicio de las obras descritas en la resolución arriba indicada. CUARTO: En razón que, el proyecto no inició las labores constructivas dentro del plazo otorgado por esta Secretaría (previo al 20 de abril del 2018), lo procedente es, la devolución del monto correspondiente a la garantía ambiental de cumplimiento y archivar el expediente administrativo D1- 13154-2014-SETENA.” En virtud de lo anterior, sustancialmente se puede colegir que el archivo obedeció a que la empresa desarrolladora no inició las obras civiles dentro del plazo otorgado. Así también, debe destacarse que esa resolución nro. 636-2019-SETENA se emite el 28 de febrero de 2019, es decir, posterior a los permisos autorizados por esta municipalidad, sean N°. 253-15 y N°. 641-2018, por su orden, de 11 de mayo de 2015 y del 03 de diciembre de 2018. De esta manera, no puede sostenerse que los permisos otorgados por esta municipalidad evidencien contradicción con lo resuelto por SETENA, tal como lo afirma la señora Nombre01, toda vez que, en primer lugar, se archivó el expediente porque el desarrollador no inició las obras dentro del plazo y los permisos fueron otorgados años antes de la resolución que archivó el expediente. A esto debe reiterarse y agregar que la municipalidad también observó que las obras civiles no fueron ejecutadas, razón por la cual se archivó el permiso correspondiente, según se indicó en oficio SPC-OInsp-787-2025, de 08 de agosto de 2025. Por otro lado, no consta para esta municipalidad que la empresa desarrolladora haya llevado a cabo movimientos de tierra el 29 de noviembre de 2019 que hayan afectado la topografía, vegetación y la estabilidad del terreno, así como que hayan provocado daños estructurales en propiedades vecinas, incluida su vivienda, según lo afirma doña Nombre01. Más bien, contrario a esa afirmación, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Unidad Investigación y Análisis de Riesgo, en informe CCNE-UIAR-INF-0766-2025, del 19 de junio de 2025, señaló lo siguiente: “A. Aparentemente estas viviendas fueron construidas en un relleno en la parte alta de la ladera del cañón del rio Maria Aguilar. B. El peso de las viviendas, sumado a la saturación del terreno por las lluvias y el mal manejo de las aguas pluviales; puede estar inestabilizando el relleno y provocando los daños en las estructuras.” Aunado a esto en oficio GPS-OMGRD-279 -2025, de 8 de agosto 2025, de la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo a Desastre, con relación a sitio señaló lo siguiente: “…Según el mapa “Determinación de la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en condiciones estáticas y dinámicas en cantón Central de San José” realizado en 2015 por catedra de geología de UCR, el área inspeccionada presenta la condición de alta a muy alta probabilidad a deslizamiento (ver tabla 1 e imagen 2) en condiciones del suelo saturado y una aceleración sísmica de 0,20 g. El mismo estudio indica que es un terreno de fuertes pendientes susceptibles a deslizamientos…”. De esta manera, conforme a los informes, no se desprende que el supuesto movimiento de tierra que desarrollo la empresa desarrolladora el 29 de noviembre de 2019 sea la causa de la problemática que se ha desarrollado en el sitio, en cuanto a la afectación de las viviendas. A esto hay que agregar lo citado en líneas atrás, en cuanto a que en un estudio llevado a cabo en el año 2015 por catedra de geología de UCR, se observó que el área inspeccionada presenta la condición de alta a muy alta probabilidad a deslizamiento en condiciones del suelo saturado y una aceleración sísmica de 0,20 g. El mismo estudio indica que es un terreno de fuertes pendientes susceptibles a deslizamientos. Así tampoco hay estudios o informes técnicos que evidencien los supuestos movimientos de tierra hayan afectado una naciente de agua o alterado el equilibrio geotécnico e hidrológico del terreno, eliminando el drenaje natural, removiendo la cobertura vegetal y acelerando la erosión, tal como lo apunta doña Nombre01. Más bien, contrario a eso, el oficio DSA-0424-2025, de 08 de agosto de 2025, señala que la capa de cuerpos de agua de la Dirección de Aguas obtenida en el SNIT, no muestra un cuerpo de agua o naciente en los alrededores. En todo caso, la Dirección de Aguas es la oficina que podría emitir un informe técnico al respecto. Así también, ese memorial señala que ambas propiedades, es decir, 1- 153913-A-000 y 1-112219-000, forman parte o están incluidas dentro del territorio del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar. La última finca (en cuestión), posee retiros de área de protección de río, en algunas de sus partes de 50 metros, y en otras de 10 metros, estos retiros deben estar ocupados solamente con cobertura arbórea, y estar exentos de cualquier movimiento de tierra, o ser utilizados para construcción. No se ha corroborado en sitio si hubo alguna afectación a las áreas de protección, siendo importante destacar que para acceder se debe coordinar con el dueño del bien, toda vez que es privado. De esta manera, se colige que la problemática se ha evidenciado desde años atrás por diversos entes de la Administración Pública y de acuerdo a los informes emitidos por no se puede afirmar que la causa de la problemática sea la apuntada por la señora Nombre01. Finalmente se indica que en efecto se han interpuesto denuncias ante la Municipalidad de San José, sin embargo, las mismas han sido atendidas. Incluso, consta para los vecinos del sitio que los funcionarios de este gobierno local se han apersonado al sitio, junto con otros entes, para valorar la situación, actuaciones que constan en diversos documentos que se han emitido y que se adjuntan a este informe. Si bien se han emitido diversas recomendaciones e instrucciones para mitigar, ninguna está dirigida para la esta administración. Incluso, véase que informe CNE-UIAR-INF0556-2019 de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que cita doña Nombre01, no dicta ninguna orden para la municipalidad y obedece a un estudio que se originó propiamente para la finca en donde se desarrollaría un proyecto, mas no para las demás viviendas. Conclusiones En virtud de lo anterior, no se observa que la municipalidad haya afectado los derechos fundamentales de doña Nombre01 o del ambiente, toda vez que no ha originado la problemática que se suscita en el sitio. Esto por cuanto, la causa del problema que menciona la señora Nombre01, no está respaldado en informes técnicos, emitidos por las entidades correspondientes, y más bien la documentación que se ha generado evidencia que desde hace muchos años el problema ha estado presente, pero se incrementó recientemente. Así tampoco consta para esta municipalidad que se haya afectado el ambiente en los términos que ella describe y más bien la información existente en los registros (Registro Nacional, Dirección Nacional de Aguas, etc.) no respaldan lo citado en el escrito de la señora Nombre01. En todo caso, los supuestos movimientos de tierra no fuero llevados a cabo por el ente local. Finalmente se indica que la municipalidad, junto con otras entidades, está trabajando en la atención de las diversas gestiones y de la problemática en el sitio, a pesar de que la afectación es de índole privada y ocasionada por caso fortuito, aunado a la inestabilidad propia del terreno”.

6.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 12 de agosto de 2025, Mariana de los Ángeles Zúñiga Pérez, en su condición de presidente de la Municipalidad de San José, informa bajo juramento en los mismos términos que el alcalde de la Municipalidad de San José.

7.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 14 de agosto de 2025, Andrés Cortez Orozco, en su condición de secretario general a. i. de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, informa bajo juramento que “PRIMERO: El 12 de noviembre del 2014, mediante resolución No. 2309-2014 SETENA se otorgó la Viabilidad (Licencia) Ambiental al proyecto con las siguientes características: “El proyecto consistirá en la construcción de un condominio de dos torres de veinticinco plantas y una torre de dieciocho plantas para un total de área constructiva de 101.634,59 m2 (juntas albergarán 615 apartamentos de una, dos o tres habitaciones y 24 pent-houses). Se construirán cuatro niveles de sótano comunicados entre las tres torres con un área por planta de 6.060,51 m2, el área constructiva total de las 4 plantas de sótano será de 24.242,04 m2. Los sótanos serán destinados al parqueo de los apartamentos, y en la última planta de sótano se situarán los tanques de captación de aguas, planta de tratamiento de aguas residuales e instalaciones contra incendio. Cada torre de 25 plantas tendrá un área aproximada de 33.155,695 m2, y la torre de 18 plantas contará con un área aproximadamente 11.081,16 m2”. SEGUNDO: El 15 de noviembre de 2016, se recibió solicitud de prórroga para la vigencia de la Viabilidad (Licencia) Ambiental. TERCERO: El 21 de marzo de 2017, mediante resolución No. 592-2017-SETENA se otorgó prórroga por un plazo de un año adicional a la vigencia de la Viabilidad (Licencia) Ambiental. CUARTO: El día 28 de febrero del 2019, mediante resolución No. 0636-2019-SETENA se ordenó: PRIMERO: Proceder con el archivo del expediente administrativo D1-13154-2014-SETENA, según lo indicado en los Considerandos anteriores. SEGUNDO: Autorizar al Departamento de Administración de Valores del Banco Nacional de Costa Rica a entregar el CDP con valor número 1933, entrada número 186741, por la suma de US$5 000,00 (Cinco mil US dólares con 00/100), perteneciente a la sociedad Residencial TDV Sabana Sur S.R.L., con cédula de persona jurídica CED03, representada legalmente por el señor Juan Carlos Blanco Lloret, portador de la cédula de residencia CED08, quien actúa dentro del expediente administrativo D1-13154- 2014-SETENA. TERCERO: Exonerar al señor Juan Carlos Blanco Lloret, portador de la cédula de residencia CED08, representante legal de la sociedad Residencial TDV Sabana Sur S.R.L., con cédula de persona jurídica CED03, de: 1. Responsabilidad ambiental (entiéndase como regencia ambiental). 2. Informes ambientales (entiéndanse como informes regenciales). 3. Garantía de cumplimiento. 4. Bitácora Ambiental. 5. Rotulación de Proyecto con VLA. CUARTO: Advertir al desarrollador que una vez en firme la resolución de archivo del expediente, no podrá ejecutar la actividad, obra o proyecto planteado inicialmente, salvo que se someta a un nuevo proceso de EIA y obtenga la VLA. QUINTO: El día 20 de marzo del 2019, ingresó a esta Secretaría un Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio contra resolución 636-2019-SETENA, presentado por parte del Señor Juan Carlos Blanco Lloret, portador de la cédula de residencia CED08, en su calidad de representante legal de la sociedad Residencial TDV Sabana Sur S.R.L. SEXTO: El 3 de junio del 2019, ingresó a la SETENA solicitud de caducidad y cancelación de la Viabilidad Ambiental solicitud de nulidad y proceso ordinario, solicitud de reparación y/o compensación de daño ambiental y solicitud cautelar en contra de la resolución No. 2309-2014- SETENA y del expediente administrativo No. D1-13154-2014-SETENA. SÉPTIMO: El 21 de junio del 2019, mediante resolución No. 1966-2019-SETENA se ordenó: PRIMERO: Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se DECLARA SIN LUGAR el presente Recurso de Revocatoria con apelación en subsidió en contra de la resolución 636-2019-SETENA, de las 13 horas y 05 minutos del 28 de febrero del 2019, expediente D1-13154-2014-SETENA, presentado por el señor Juan Carlos Blanco Lloret, portador de la cédula de residencia CED08, en su calidad de representante legal de la sociedad Residencial TDV Sabana Sur S.R.L, lo anterior según lo dispuesto en los CONSIDERANDOS SEGUNDO Y TERCERO. OCTAVO: El 9 de septiembre del 2019, mediante resolución R-229-2019-MINAE del Ministro de Ambiente en conocimiento de recurso de Apelación, se acordó: PRIMERO: Con fundamento en las anteriores consideraciones de hecho y derecho y ante las situaciones mencionadas en los considerandos anteriores, se ha colocado al recurrente en una posición de desventaja ante la Administración, por lo que, a la luz de lo expuesto y en observancia del derecho de defensa que le asiste al recurrente en una posición de desventaja ante la Administración, por lo que, a la luz de lo expuesto y en observancia del derecho de defensa que le asiste al recurrente, el cual en buena apariencia ha actuado dentro de las reglas de la buena fe, y abrigado por la presunción de buen derecho- fummus bonis iuris- es que se acoge el recurso de apelación contra la resolución N°636-2019-SETENA. SEGUNDO: Se revoca la resolución N° 636-2019-SETENA, se retrotraen los efectos al momento procesal oportuno, de modo tal que se realice una valoración de los hechos efectuados por el desarrollador en observancia de lo dispuesto en el numeral 48 del Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y el acuerdo de Comisión Plenaria ACP-129-2018-SETENA en lo que le sea aplicable, toda vez que se tendrán como iniciadas las actividades de acuerdo con lo informado por el recurrente y el regente ambiental dentro de la vigencia de la viabilidad ambiental. TERCERO: Se agota la vía administrativa en cuanto a lo que aquí se conoce. NOVENO: El día 9 de octubre del 2019, mediante resolución No. 3127-2019-SETENA se indicó: PRIMERO: No entrar a conocer la solicitud de adecuación de la vigencia de la Viabilidad Ambiental por perder interés actual toda vez que en alzada se determinó que en el proyecto de marras ya se iniciaron obras dentro del plazo de vigencia de la Viabilidad Ambiental. SEGUNDO: Comunicar la presente resolución al Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, para que por este medio se dé por enterado de la resolución No. R-229-2019-MINAE del 9 de setiembre del 2019 y para que se cumpla con lo ordenado en el POR TANTO SEGUNDO de dicha resolución. DÉCIMO: En fecha 22 de octubre de 2019, ingresó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución No. 3127-2019, presentada por Nombre02, portador de la cédula de identidad número CED04, Nombre01, portadora de la cédula de identidad número CED05, y Ana Victoria Wo Ching Wong, portadora de la cédula de identidad número CED06. DÉCIMO PRIMERO: El día 5 de marzo del 2020, mediante resolución No. 0387-2020-SETENA se resolvió: PRIMERO: Con fundamento en las razones de hecho y derecho mencionadas, declarar SIN LUGAR el presente Recurso de revocatoria contra la Resolución Nº 3127-2019-SETENA, de las 11 horas y 00 minutos del 09 de octubre del 2019, expediente No. D1-13154-2014-SETENA, la cual se mantiene en todos sus extremos. SEGUNDO: Ordenar al Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental conocer los argumentos de los recurrentes, sobre posibles incumplimientos de los compromisos ambientales como una denuncia, realizar una inspección al sitio de proyecto con el fin de verificar que se están cumpliendo todos y cada uno de los compromisos ambientales establecidos para el proyecto, así como los temas del derecho de vía de la mencionada Dirección05 y si el proyecto está afectando de alguna manera la estabilidad de los terrenos colindantes según lo denunciado por los recurrentes. DÉCIMO SEGUNDO: Mediante resolución No. 112-2020 el Ministerio de Ambiente y Energía ordenó: “(…) al Departamento de Auditaría y Seguimiento Ambiental conocer los argumentos de los recurrentes, sobre posibles incumplimientos de los compromisos ambientales como una denuncia, realizar una inspección al sitio del proyecto con el fin de verificar que se están cumpliendo todos y cada uno de los compromisos ambientales establecidos para el proyecto, así como los temas del derecho de vía de la mencionada Dirección06 y si el proyecto está afectando de alguna manera la estabilidad de los terrenos colindantes según lo denunciado por los recurrentes (…)”. DÉCIMO TERCERO: El día 9 de diciembre del 2020, mediante resolución No. 2115-2020- SETENA se indicó: PRIMERO: Rechazar los argumentos de los señores Nombre02, Nombre01 y Ana Victoria Wo Ching Wong, sobre los posibles incumplimientos a los compromisos ambientales asumidos por el proyecto Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia. Lo anterior en vista que el proyecto presenta un avance donde aún no se han ocasionado los impactos ambientales analizados por esta Secretaría, y que requieren la fiscalización por parte de esta Secretaría. SEGUNDO: Avalar la solicitud planteada por la Regencia Ambiental del proyecto Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia, respecto a la frecuencia en la presentación de IRAs. Por lo tanto, con facultades otorgadas el Acuerdo de Comisión Plenaria CP-036-2011-SETENA, se procede a cambiar la periodicidad de presentación de los IRAs a cada seis meses. Es de suma importancia dejar en claro que, el expediente administrativo sí fue archivado mediante la resolución No. 0636-2019-SETENA; no obstante, al elevarse el recurso de apelación ante el MINAE el cual se resolvió mediante R-229-2019-MINAE, se procedió a dejar sin efectos dicha resolución y se tuvo que el inicio de obras se dio en el plazo otorgado por parte de esta Secretaría. Así las cosas, al día de hoy la viabilidad ambiental se encuentra vigente y el proyecto se encuentra en etapa de seguimiento ambiental y no ha presentado incumplimientos en los compromisos ambientales”.

8.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 26 de agosto de 2025, la recurrente replica los informes rendidos por parte de las autoridades recurridas.

9.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

Considerando:

I.- Sobre la excepción al artículo 41 de la Constitución Política. Antes de analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. En el sub lite, se plantea un supuesto de excepción: la alegada demora de la Administración en atender una denuncia por un problema por un relleno artificial e inestable lo que ha ocasionado deslizamientos y hundimientos, que pone en peligro la vida, integridad y la propiedad de la recurrente. Aclaro este punto, se resuelve el recurso de amparo. 

II.- Objeto del recurso. La recurrente manifiesta que es propietaria del bien inmueble inscrito bajo folio real nro. 153913-A-000, ubicado en el distrito Mata Redonda, San José, el cual se encuentra en el sector sur de la Dirección01, en Sabana Sur, construido sobre taludes artificiales y rellenos de tierra, lo que incrementa su fragilidad estructural. Por lo anterior, indica que se promovió un proyecto denominado “Condomio Torres de Valencia”, por el cual la Municipalidad accionada otorgó el permiso de movimiento de tierra nro. 253-25 que provocó intervenir un área que alberga una naciente de agua, una servidumbre conocida como "Dirección02", que forma parte del corredor biológico del río María Aguilar, siendo terrenos construidos sobre rellenos artificiales e inestable lo que ha ocasionado deslizamientos y hundimientos. Reprocha que se dañaron muros de gaviones, se cubrió la naciente con tierra sin estudios técnicos, y se alteró el equilibrio geotécnico e hidrológico del terreno, eliminando el drenaje natural, removiendo la cobertura vegetal y acelerando la erosión, lo que ha generado cárcavas que avanzan hacia las viviendas, por ello, señala que se interpuso una denuncia ante el municipio accionado; sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso no se han adoptado medidas preventivas ni se ha resuelto de forma definitiva dicha denuncia. Solicita la intervención de la Sala.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a.    La recurrente es propiedad del inmueble inscrito bajo folio real nro. 153913-A-000, ubicado en el distrito Mata Redonda, San José (ver escrito de interposición y prueba aportada);

b.    El inmueble del partido de San José 112219, derechos 000, pertenece al Residencial TDV SRL (ver informe rendido bajo juramento por la Municipalidad de San José);

c.     En el Distrito Mata Redonda, Dirección04, Dirección01, entre Dirección07 se ha desarrollado una problemática en cuanto a que varias viviendas están sufriendo daños en sus estructuras (ver informe rendido bajo juramento por la Municipalidad de San José);

d.    Mediante resolución nro. 2309-2014 SETENA del 12 de noviembre de 2014, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorgó la viabilidad ambiental al proyecto con las siguientes características: “El proyecto consistirá en la construcción de un condominio de dos torres de veinticinco plantas y una torre de dieciocho plantas para un total de área constructiva de 101.634,59 m2 (juntas albergarán 615 apartamentos de una, dos o tres habitaciones y 24 pent-houses). Se construirán cuatro niveles de sótano comunicados entre las tres torres con un área por planta de 6.060,51 m2, el área constructiva total de las 4 plantas de sótano será de 24.242,04 m2. Los sótanos serán destinados al parqueo de los apartamentos, y en la última planta de sótano se situarán los tanques de captación de aguas, planta de tratamiento de aguas residuales e instalaciones contra incendio. Cada torre de 25 plantas tendrá un área aproximada de 33.155,695 m2, y la torre de 18 plantas contará con un área aproximadamente 11.081,16 m2” (ver informe rendido bajo juramento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental);

e.     El 15 de noviembre de 2016, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorgó una prórroga de la vigencia de la viabilidad ambiental dada el 12 de noviembre de 2014 (ver informe rendido bajo juramento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental);

f.      Mediante resolución nro. 592-2017-SETENA del 21 de marzo de 2017, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorgó una prórroga por un año adicional de la vigencia de la viabilidad ambiental dada el 12 de noviembre de 2014 (ver informe rendido bajo juramento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental);

g.    El 28 de marzo de 2019, la recurrente junto con otros vecinos presentaron una gestión ante la Municipalidad de San José, por medio de la cual formularon la siguiente denuncia: “sirva la presente para interponer para todos los efectos, denuncia formal contra la construcción del desarrollo habitacional llamado “TORRES DE VALENCIA” representado por la Sociedad Residencial TDV sabana Sur SRL, la cual anteriormente era Viviendas Solidarias de Costa Rica SRL, ambas bajo el número de cédula jurídica CED03 (…) solicitamos la suspensión inmediata de las obras, por cuanto el permiso de movimiento de tierra 253-15 no tiene los sustentos de permisos y procedimiento necesarios para realizar esta actividad, como tampoco lo tiene el permiso de construcción solicitado y los movimientos de tierra, trámite otorgado el 30 de octubre de 2018, pro cuanto al estar vencido el permiso de viabilidad emitido por SETENA que es donde se da origen a este proyecto, todo lo actuado en consiguiente se encuentra fuera de la actuación a derecho. Siendo para el caso que no ocupa, todos los permisos relacionados con su representada (Municipalidad de San José) están fuera de la legalidad. Reiteramos lo anterior, se proceda con la suspensión de los trabajos de movimientos de tierra y demás trabajos y cancelación de cualquier permiso otorgado con el proyecto de desarrollo. En lo referente a la calle pública, le solicitamos que de manera inmediata se proceso a realizar el levantamiento de los portones instalados por el desarrollador, permitiendo el libre paso, poniendo a derecho la calle pública, la cual de manera abusiva y arbitraria ha sido tomada por el desarrollador a vista y paciente de los inspectores”. Dicha denuncia cuenta con el sello de recibido correspondiente (ver escrito de interposición y prueba aportada);

h.    Mediante informe técnico nro. CNE-UIAR-INF-0556-2019, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias realizó un estudio denominado “Valoración de riesgo de terreno para construcción de torres de condominio en talud el río María Aguilar en Sabana Sur” que arrogó las siguientes conclusiones y recomendaciones: “VI. Conclusiones A. El terreno donde se pretende realizar las torres es el cañón del rio María Aguilar B. El sitio es de fuerte pendiente y anteriormente ha mostrado evidencias de inestabilidad que ha afectado las propiedades colindantes. C. Probablemente los movimientos de tierra han incrementado la instabilidad del sitio. D. Al ser un terreno quebrado se debe aplicar lo que indica el artículo 33 de la Ley Forestal en cuanto a las áreas de protección: “Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado” Por lo que el área de construcción es muy reducida. E. Por las condiciones geomorfológicas del terreno y las regulaciones de la ley forestal; aparentemente el terreno no es apto para un proyecto tan grande. VII. Recomendaciones A. Mediante la valoración visual del terreno, no se recomienda realizar un proyecto tan grande en un área con tanta vulnerabilidad. B. No obstante; los desarrolladores tienen la opción de demostrar ante las autoridades como SETENA, y Municipalidad de San José que acorde con las medidas de mitigación y técnicas modernas de diseño en ingeniería que es viable algún tipo de construcción, acorde con lo que estipula el Código Sísmico y Código de Cimentaciones de Costa Rica; garantizando la seguridad de las propiedades colindantes. C. Por lo que de realizar cualquier obra en este terreno queda bajo total responsabilidad de las instituciones que otorgan los permisos, del ingeniero del proyecto y de la Municipalidad respectiva, que debe, solicitar los informes; realizar las inspecciones y correcciones correspondientes” (ver informe rendido bajo juramento de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias);

i.      Mediante resolución nro. R.229-2019-MINAE del 9 de setiembre de 2019, el Ministro de Ambiente resolvió lo siguiente: “PRIMERO: Con fundamento en las anteriores consideraciones de hecho y derecho y ante las situaciones mencionadas en los considerandos anteriores, se ha colocado al recurrente en una posición de desventaja ante la Administración, por lo que, a la luz de lo expuesto y en observancia del derecho de defensa que le asiste al recurrente en una posición de desventaja ante la Administración, por lo que, a la luz de lo expuesto y en observancia del derecho de defensa que le asiste al recurrente, el cual en buena apariencia ha actuado dentro de las reglas de la buena fe, y abrigado por la presunción de buen derecho- fummus bonis iuris- es que se acoge el recurso de apelación contra la resolución N°636-2019-SETENA. SEGUNDO: Se revoca la resolución N° 636-2019-SETENA, se retrotraen los efectos al momento procesal oportuno, de modo tal que se realice una valoración de los hechos efectuados por el desarrollador en observancia de lo dispuesto en el numeral 48 del Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y el acuerdo de Comisión Plenaria ACP-129-2018-SETENA en lo que le sea aplicable, toda vez que se tendrán como iniciadas las actividades de acuerdo con lo informado por el recurrente y el regente ambiental dentro de la vigencia de la viabilidad ambiental. TERCERO: Se agota la vía administrativa en cuanto a lo que aquí se conoce” (ver informe rendido bajo juramento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental);

j.      Mediante resolución nro. 3127-2019-SETENA del 9 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental resolvió: “PRIMERO: No entrar a conocer la solicitud de adecuación de la vigencia de la Viabilidad Ambiental por perder interés actual toda vez que en alzada se determinó que en el proyecto de marras ya se iniciaron obras dentro del plazo de vigencia de la Viabilidad Ambiental. SEGUNDO: Comunicar la presente resolución al Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, para que por este medio se dé por enterado de la resolución No. R-229-2019-MINAE del 9 de setiembre del 2019 y para que se cumpla con lo ordenado en el POR TANTO SEGUNDO de dicha resolución” (ver informe rendido bajo juramento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental);

k.    El 22 de octubre de 2019, la recurrente junto con otros vecinos presentaron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución nro. 3127-2019-SETENA del 9 de octubre de 2019 (ver informe rendido bajo juramento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental);

l.      Mediante resolución nro. 0387-2020-SETENA del 5 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental resolvió: “PRIMERO: Con fundamento en las razones de hecho y derecho mencionadas, declarar SIN LUGAR el presente Recurso de revocatoria contra la Resolución Nº 3127-2019-SETENA, de las 11 horas y 00 minutos del 09 de octubre del 2019, expediente No. D1-13154-2014-SETENA, la cual se mantiene en todos sus extremos. SEGUNDO: Ordenar al Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental conocer los argumentos de los recurrentes, sobre posibles incumplimientos de los compromisos ambientales como una denuncia, realizar una inspección al sitio de proyecto con el fin de verificar que se están cumpliendo todos y cada uno de los compromisos ambientales establecidos para el proyecto, así como los temas del derecho de vía de la mencionada Dirección05 y si el proyecto está afectando de alguna manera la estabilidad de los terrenos colindantes según lo denunciado por los recurrentes” (ver informe rendido bajo juramento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental);

m.  Mediante resolución nro. 2115-2020- SETENA del 9 de diciembre de 2020, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental resolvió: “PRIMERO: Rechazar los argumentos de los señores Nombre02, Nombre01 y Ana Victoria Wo Ching Wong, sobre los posibles incumplimientos a los compromisos ambientales asumidos por el proyecto Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia. Lo anterior en vista que el proyecto presenta un avance donde aún no se han ocasionado los impactos ambientales analizados por esta Secretaría, y que requieren la fiscalización por parte de esta Secretaría. SEGUNDO: Avalar la solicitud planteada por la Regencia Ambiental del proyecto Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia, respecto a la frecuencia en la presentación de IRAs. Por lo tanto, con facultades otorgadas el Acuerdo de Comisión Plenaria CP-036-2011-SETENA, se procede a cambiar la periodicidad de presentación de los IRAs a cada seis meses” (ver informe rendido bajo juramento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental);

n.    El 22 de mayo de 2025, la recurrente junto con otros vecinos presentaron una gestión ante la Municipalidad de San José, por medio de la cual solicitaron: “Solicitud urgente de intervención ante riesgo de deslizamiento y daño estructural en viviendas construidas sobre taludes con relleno”. Dicha denuncia cuenta con el sello de recibido correspondiente (ver informe rendido bajo juramento por la Municipalidad de San José y prueba aportada);

o.    Mediante oficio DICG-EST-0044-2025 del 27 de mayo de 2025, las autoridades del Departamento de Información Catastral y Geográfica de la Municipalidad de San José realizaron una inspección en el sitio denunciado de la cual se tomaron los siguientes datos: “-La zona donde se encuentra la señalada una calle de 3 metros de ancho según los planos catastrados y el mapa/parcela, está abandonada llena de charral. -Dicha calle posee dos accesos, uno de ellos se encuentra cerrado con portones y el otro se encuentra abierto. -En el acceso abierto se observa una construcción de obra gris donde actualmente se está trabajando en su ejecución” (ver informe rendido bajo juramento por la Municipalidad de San José y prueba aportada);

p.    Mediante informe técnico nro. CNE-UIAR-INF-0766-2025 del 18 de junio de 2025, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias realizó un estudio denominado “Valoración de riesgo de viviendas en Dirección04 por inestabilidad de ladera en margen derecha del río María Aguilar” que arrogó las siguientes conclusiones y recomendaciones: “VI. Conclusiones A. Aparentemente estas viviendas fueron construidas en un relleno en la parte alta de la ladera del cañón del rio Maria Aguilar. B. El peso de las viviendas, sumado a la saturación del terreno por las lluvias y el mal manejo de las aguas pluviales; puede estar inestabilizando el relleno y provocando los daños en las estructuras. VII. Recomendaciones A. Los propietarios deberán contratar a un ingeniero acreditado por el CFIA; para que realice la evaluación de los cimientos de las viviendas y determine las acciones necesarias para lograr la estabilización de las estructuras. B. Además, los propietarios deberán también evitar desfogar las aguas pluviales sobre la ladera ya que esto satura el terreno y provoca las deformaciones. C. La Municipalidad de San José deberá identificar al propietario del terreno tras las viviendas afectadas, para que le notifique que se debe hacer cargo del adecuado manejo de las aguas pluviales para disminuir el riesgo de saturación. Por la alta vulnerabilidad la Municipalidad de San José deberá restringir el uso de suelo del terreno, impidiendo dar más permisos de construcción sobre esta ladera; a menos que se cumpla con todos los estudios que garanticen la seguridad de la obra así como de las estructuras vecinas” (ver informe rendido bajo juramento de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias);

q.    Mediante el oficio GPS-OMGRD-279 -2025 del 8 de agosto de 2025, la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo a Desastre señaló: “Según el mapa “Determinación de la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en condiciones estáticas y dinámicas en cantón Central de San José” realizado en 2015 por catedra de geología de UCR, el área inspeccionada presenta la condición de alta a muy alta probabilidad a deslizamiento (ver tabla 1 e imagen 2) en condiciones del suelo saturado y una aceleración sísmica de 0,20 g. El mismo estudio indica que es un terreno de fuertes pendientes susceptibles a deslizamientos”. A lo anterior, se le debe sumar el informe técnico nro. CNE-UIAR-INF-0766-2025 del 18 de junio de 2025 denominado “Valoración de riesgo de viviendas en Dirección04 por inestabilidad de ladera en margen derecha del río María Aguilar” (ver informe rendido bajo juramento por la Municipalidad de San José y prueba aportada);

r.     Mediante oficio nro. DICG-471-2025 del 11 de agosto de 2025, el Departamento de Información Catastral y Geográfica de la Municipalidad de San José consignó: “entre ambas fincas hay una franja de terreno sin titularidad 1egistral o plano catastro que la represente” (ver informe rendido bajo juramento de la Municipalidad de San José);

s.     La Sección de la Municipalidad de San José otorgó los permisos nro. 253-15 del 11 de mayo de 2015 por medio del cual se autorizó el movimiento de tierras y nro. 641-2018 del 3 de diciembre de 2018 a través del cual se autorizó la construcción del edificio, pero este último no se ejecutó, ambos contaban con la respectiva viabilidad de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (ver informe rendido bajo juramento de la Municipalidad de San José).

IV.- Hechos no probados. No se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a.    Que las autoridades de la Municipalidad de San José hayan resuelto de forma definitiva la denuncia planteada por la recurrente y los demás vecinos (los autos).

b.  Que el supuesto movimiento de tierra que realizó la empresa desarrolladora del proyecto Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia el 29 de noviembre de 2019 sea la causa de la problemática expuesta por la recurrente en el memorial inicial (los autos).

V.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente manifiesta que es propietaria del bien inmueble inscrito bajo folio real nro. 153913-A-000, ubicado en el distrito Mata Redonda, San José, el cual se encuentra en el sector sur de la Dirección01, en Sabana Sur, construido sobre taludes artificiales y rellenos de tierra, lo que incrementa su fragilidad estructural. Por lo anterior, indica que se promovió un proyecto denominado “Condomio Torres de Valencia”, por el cual la Municipalidad accionada otorgó el permiso de movimiento de tierra nro. 253-25 que provocó intervenir un área que alberga una naciente de agua, una servidumbre conocida como "Dirección02", que forma parte del corredor biológico del río María Aguilar, siendo terrenos construidos sobre rellenos artificiales e inestable lo que ha ocasionado deslizamientos y hundimientos. Reprocha que se dañaron muros de gaviones, se cubrió la naciente con tierra sin estudios técnicos, y se alteró el equilibrio geotécnico e hidrológico del terreno, eliminando el drenaje natural, removiendo la cobertura vegetal y acelerando la erosión, lo que ha generado cárcavas que avanzan hacia las viviendas, por ello, señala que se interpuso una denuncia ante el municipio accionado; sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso no se han adoptado medidas preventivas ni se ha resuelto de forma definitiva dicha denuncia. Solicita la intervención de la Sala.

Al respecto, del estudio de los autos, se desprende que efectivamente el 28 de marzo de 2019, la recurrente junto con otros vecinos presentaron una gestión ante la Municipalidad de San José, por medio de la cual formularon la siguiente denuncia: “sirva la presente para interponer para todos los efectos, denuncia formal contra la construcción del desarrollo habitacional llamado “TORRES DE VALENCIA” representado por la Sociedad Residencial TDV sabana Sur SRL, la cual anteriormente era Viviendas Solidarias de Costa Rica SRL, ambas bajo el número de cédula jurídica CED03 (…) solicitamos la suspensión inmediata de las obras, por cuanto el permiso de movimiento de tierra 253-15 no tiene los sustentos de permisos y procedimiento necesarios para realizar esta actividad, como tampoco lo tiene el permiso de construcción solicitado y los movimientos de tierra, trámite otorgado el 30 de octubre de 2018, pro cuanto al estar vencido el permiso de viabilidad emitido por SETENA que es donde se da origen a este proyecto, todo lo actuado en consiguiente se encuentra fuera de la actuación a derecho. Siendo para el caso que no ocupa, todos los permisos relacionados con su representada (Municipalidad de San José) están fuera de la legalidad. Reiteramos lo anterior, se proceda con la suspensión de los trabajos de movimientos de tierra y demás trabajos y cancelación de cualquier permiso otorgado con el proyecto de desarrollo. En lo referente a la calle pública, le solicitamos que de manera inmediata se proceso a realizar el levantamiento de los portones instalados por el desarrollador, permitiendo el libre paso, poniendo a derecho la calle pública, la cual de manera abusiva y arbitraria ha sido tomada por el desarrollador a vista y paciente de los inspectores”. Dicha denuncia cuenta con el sello de recibido correspondiente.

Ahora bien, del análisis de los informes rendidos por parte de la Municipalidad de San José y de la Comisión Nacional de Emergencias se desprenden las distintas acciones realizadas en atención a la denuncia presentada por la recurrente junto con los demás vecinos que viven en el sector del distrito Mata Redonda, Dirección04, Dirección01, entre Dirección07. En esa línea, se evidencia que distintos funcionarios del municipio accionado efectuaron estudios de campo, los cuales determinaron lo siguiente respecto a los permisos otorgados: “el proceso de revisión y aprobación de ambos permisos se realizó conforme a la normativa vigente, dicho proceso incluyó la verificación de los requisitos documentales y la revisión técnica de los planos, por lo que el otorgamiento de las licencias se efectuó en estricto cumplimiento del marco legal aplicable al momento”. Explican que tales permisos otorgados autorizaban, en primer lugar, el movimiento de tierras que fue ejecutado por el desarrollador el 29 de noviembre de 2019 y, en segundo lugar, la construcción del edificio; sin embargo, nunca se ejecutó, motivo por el cual se encuentra archivado debido a que el proyecto se mantiene sin ningún avance en el desarrollo constructivo. Aunado a ello, es importante, señalar que del elenco de hechos probados se evidencia que la empresa desarrolladora también contó con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Desde este plano, resulta importante advertir que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones y resoluciones de la Administración, de modo que no le corresponde revisar si los permisos municipales otorgados para el desarrollo del proyecto en discusión se ajustaron o no a lo dispuesto en la normativa legal vigente y menos aún disponer la revocatoria de esas autorizaciones o si la resolución dictada por SETENA en la que se otorgó la viabilidad ambiental está ajustada a derecho, esos reclamos constituyen extremos de legalidad ordinaria que deben ser resueltos por la Administración o, en su caso, por la jurisdicción ordinaria.

Por otra parte, de lo informado bajo la solemnidad del juramento por parte de las autoridades recurridas -con las consecuencias, incluso penales, que prevé el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- no se logra tener por demostrado que el supuesto movimiento de tierra que realizó la empresa desarrolladora del proyecto Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia el 29 de noviembre de 2019 sea la causa de la problemática expuesta por la recurrente en el memorial inicial. En esa línea, véase que mediante el oficio GPS-OMGRD-279 -2025 del 8 de agosto de 2025, la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo a Desastre señaló: “Según el mapa “Determinación de la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en condiciones estáticas y dinámicas en cantón Central de San José” realizado en 2015 por catedra de geología de UCR, el área inspeccionada presenta la condición de alta a muy alta probabilidad a deslizamiento (ver tabla 1 e imagen 2) en condiciones del suelo saturado y una aceleración sísmica de 0,20 g. El mismo estudio indica que es un terreno de fuertes pendientes susceptibles a deslizamientos”. A lo anterior, se le debe sumar el informe técnico nro. CNE-UIAR-INF-0766-2025 del 18 de junio de 2025 denominado “Valoración de riesgo de viviendas en Dirección04 por inestabilidad de ladera en margen derecha del río María Aguilar” elaborado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en el cual se emitieron las siguientes conclusiones y recomendaciones: “VI. Conclusiones A. Aparentemente estas viviendas fueron construidas en un relleno en la parte alta de la ladera del cañón del rio Maria Aguilar. B. El peso de las viviendas, sumado a la saturación del terreno por las lluvias y el mal manejo de las aguas pluviales; puede estar inestabilizando el relleno y provocando los daños en las estructuras. VII. Recomendaciones A. Los propietarios deberán contratar a un ingeniero acreditado por el CFIA; para que realice la evaluación de los cimientos de las viviendas y determine las acciones necesarias para lograr la estabilización de las estructuras. B. Además los propietarios deberán también evitar desfogar las aguas pluviales sobre la ladera ya que esto satura el terreno y provoca las deformaciones. C. La Municipalidad de San José deberá identificar al propietario del terreno tras las viviendas afectadas, para que le notifique que se debe hacer cargo del adecuado manejo de las aguas pluviales para disminuir el riesgo de saturación. D. Por la alta vulnerabilidad la Municipalidad de San José deberá restringir el uso de suelo del terreno, impidiendo dar más permisos de construcción sobre esta ladera; a menos que se cumpla con todos los estudios que garanticen la seguridad de la obra así como de las estructuras vecinas”. Incluso el alcalde del municipio accionado fue enfático en afirmar que no consta que la empresa desarrolladora haya afectado la topografía, vegetación y la estabilidad del terreno, así como tampoco que haya provocado daños estructurales en propiedades vecinas, incluida la vivienda de la recurrente.

Bajo este panorama, contrario a lo alegado por la recurrente, en los términos en que fue planteado el recurso, no se advierte acción u omisión alguna que pueda ser reprochada contra las autoridades recurridas en atención a los problemas de inestabilidad del relleno, pues debe advertirse que de la lectura de la recomendaciones emitidas por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias se determina que van dirigidas a actuaciones que deberán efectuar los propios propietarios en beneficio de sus viviendas. No obstante, deberán tomar nota las autoridades de la Municipalidad de San José que deberán coordinar lo necesario para restringir el uso de suelo del terreno, impidiendo dar más permisos de construcción sobre esta ladera; a menos que se cumpla con todos los estudios que garanticen la seguridad de la obra, así como de las estructuras vecinas, lo anterior en seguimiento a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

Finalmente, si bien ha quedado debidamente acreditado que la Municipalidad accionada ha ejecutado las acciones pertinentes para atender la denuncia formulada por la recurrente, lo cierto del caso es que no se logra tener por demostrado que se le haya brindado una respuesta por escrito mediante la cual se haya resuelto de forma definitiva la denuncia planteada por la recurrente y los demás vecinos, toda vez que desde el punto de vista del derecho a la justicia pronta y cumplida, consagrada en el artículo 41 de la Constitución Política, la Administración se encuentra en la obligación de dictar una resolución final que resuelve de forma definitiva la denuncia incoada a efecto de que puedan tener conocimiento acerca de lo resuelto, tal y como corresponde, motivo por el cual este extremo del recurso debe ser estimado solamente contra las autoridades de la Municipalidad con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva.

VI.- Conclusión. En consecuencia, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el presente recurso de amparo.

VII.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VIII.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por actos que atentan contra el ambiente, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente presentó una denuncia por permisos ilegales de construcción sobre un terreno que alberga una naciente de agua y un tramo del corredor biológico del río María Aguilar, lo cual, además, ha provocado deslizamientos y hundimientos, lo que involucra el derecho a la salud, a la integridad física y a un ambiente sano, y que se alega que no ha sido resuelta en forma definitiva.

IX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra la Municipalidad de San José por la lesión al artículo 41 de la Constitución Política. Se ordena a Luis Diego Miranda Méndez, en su condición de alcalde de la Municipalidad de San José, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que coordine lo pertinente para que, en el plazo máximo de UN MES, contando a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva la denuncia planteada por la recurrente y se le comunique lo que en Derecho corresponda. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San José al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. En lo demás, se desestima el recurso. Notifíquese.-

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 25-022169-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección08, Dirección09, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:29:33.

SCIJ de Hacienda
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Constitutional Chamber

Resolution No. 32890 - 2025

Date of Resolution: October 10, 2025 at 09:20

Case File: 25-022169-0007-CO

Drafted by: Anamari Garro Vargas

Type of matter: Amparo action

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Text of the resolution

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Exp: 25-022169-0007-CO

Res. No. 2025032890

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on October tenth, two thousand twenty-five.

Amparo action filed by Nombre01, identity card CED07, against the MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ, the NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE, and the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT.

Whereas:

1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber on July 28, 2025, the petitioner files an amparo action against the Municipality of San José, the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, and the National Environmental Technical Secretariat. She states that she is the owner of the real property registered under folio real number CED01, located in the Mata Redonda district, San José, which is situated in the southern sector of Dirección01, in Sabana Sur, built on artificial slopes and earth fills (rellenos de tierra), which increases its structural fragility. She asserts that, on the adjoining property, registered under folio real number CED02, owned by the company Residencial TDV Sabana Sur S.R.L., the project called "Condominio Torres de Valencia" was promoted, which obtained environmental feasibility (viabilidad ambiental) through resolution no. 2309-2014-SETENA of November 12, 2014, extended by resolution no. 592-2017-SETENA of March 21, 2017, but later archived by resolution no. 636-2019-SETENA. She adds that, despite the archiving of the file by SETENA, the Municipality of San José granted earthworks (movimiento de tierra) permit no. 253-15, which evidences a contradiction with what was resolved by SETENA and an omission in the oversight of compliance with the environmental conditions. She mentions that the intervened area harbors a spring (naciente) of water, an easement (servidumbre) known as "Dirección02", and is part of the biological corridor of the María Aguilar River, the lands being built on artificial and unstable fills, which makes them vulnerable to landslides and subsidence. She asserts that on November 29, 2019, the developer company carried out earthworks (movimientos de tierra) that altered the topography and vegetation, affecting the stability of the land and causing structural damage to neighboring properties, including her dwelling. She details that gabion walls were damaged, the spring (naciente) was covered with earth without technical studies, and the geotechnical and hydrological balance of the land was altered, eliminating natural drainage, removing the vegetation cover (cobertura vegetal) and accelerating erosion, which has generated gullies (cárcavas) that are advancing toward the dwellings. She asserts that since 2018, the neighbors have filed complaints before the Municipality of San José, without any preventive measure having been adopted, despite the elimination of containment structures such as gabions. She adds that, in 2019, the National Emergency Commission conducted a technical visit and issued report no. CNE-UIAR-IN-0556-2019, verifying the risk, but without executing mitigation measures, which has aggravated the deterioration of the slope (talud). Based on the foregoing, she requests that the action be granted.

2.- By brief received at the Secretariat of the Chamber on July 30, 2025, the petitioner submits evidence to the file.

3.- By resolution at 3:21 p.m. on August 6, 2025, this proceeding was admitted and the respondent authorities were requested to report on the facts alleged by the petitioner.

4.- By brief received at the Secretariat of the Chamber on August 12, 2025, Alejandro José Picado Eduarte, in his capacity as president of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, reports under oath that: "First: That she is the owner of the real property registered under folio real No.153913-A-000, located in the Mata Redonda district, San José, which is situated in the southern sector of Dirección01, in Sabana Sur. It is true and it is accepted that, in the province of San José, Finca:15913, Duplicate A, Horizontal: Right: 000, Nature: Irregular with a house, situated on Dirección03, is the property of the petitioner, according to information obtained from the National Registry, query by property number, Registration: 153913-A-000. Second: That on the adjoining property registered under folio real No.12219-000, owned by the Company Residencial TDV Sabana Sur S.R.L., the project called "Condominio Torres de Valencia" was promoted, which obtained environmental feasibility (viabilidad ambiental) through resolution No.2309-2014 SETENA of November 12, 2014, extended by resolution No.592-2017-SETENA of March 21, 2017, but later archived by resolution No.636-2019-SETENA. She adds that, despite the archiving of the file by SETENA, the Municipality of San José granted earthworks (movimiento de tierra) permit No.253-15, which evidences a contradiction with what was resolved by SETENA and an omission in the oversight of compliance with the environmental conditions. It is true and it is accepted that, in the province of San José, Finca:12219, Horizontal duplicate, Right: 000, Nature: land to build, situated on Dirección03, is the property of Residencial TDV Sabana Sur Limited Liability Company, according to information obtained from the National Registry, query by property number, Registration: 12219-000. Regarding the other statements, they are not known to this representation and the indicated institutions, SETENA and the Municipal Corporation of San José, must refer to what is stated by the petitioner, not only because she directly points to them but because it falls within their competencies as institutions and municipal government. Third: She mentions that the intervened area harbors a spring (naciente) of water, an easement (servidumbre) known as 'Dirección02', and is part of the biological corridor of the María Aguilar River, the lands being built on artificial and unstable fills, which makes them vulnerable to landslides and subsidence. She asserts that on November 29, 2019, the developer company carried out earthworks (movimientos de tierra) that altered the topography and vegetation, affecting the stability of the land and causing structural damage to neighboring properties, including her dwelling. She details that gabion walls were damaged, the spring (naciente) was covered with earth without technical studies, and the geotechnical and hydrological balance of the land was altered, eliminating natural drainage, removing vegetation cover (cobertura vegetal) and accelerating erosion, which has generated gullies (cárcavas) that are advancing toward the dwellings. She asserts that since 2018, the neighbors have filed complaints before the Municipality of San José, without any preventive measure having been adopted, despite the elimination of containment structures. We do not know about the petitioner's statements, nor that she sent requests regarding the matter to the indicated institutions. The truth is that, regarding the CNE, there is no record of such observations being sent to any of the official channels available on our institution's website for conducting and receiving communications from citizens. The foregoing can be corroborated by the honorable magistrates, as there is no evidence to support it. That is to say, at no time has the petitioner's right to a prompt response been violated, much less regarding a situation as serious as the one indicated (as a presumption), which falls entirely under the competence of SETENA and the Municipal Corporation of San José. Fourth: She indicates that in 2019, the CNE conducted a technical visit and issued report No.CNEUIAR-IN-0556-2019, verifying the risk, but without executing mitigation measures, which has aggravated the deterioration of the slope (talud). It is true and it is accepted that the technical report CNE-UIAR-INF-0556-2019 exists, called 'Risk assessment of land for construction of condominium towers on the slope (talud) of the María Aguilar River in Sabana Sur', which yielded the following conclusions and recommendations: '(....) VI. Conclusions A. The land where the towers are intended to be built is the canyon of the María Aguilar River. B. The site has a steep slope and has previously shown evidence of instability that has affected adjacent properties. C. The earthworks (movimientos de tierra) have probably increased the instability of the site. D. As it is uneven terrain, what is indicated in article 33 of the Ley Forestal regarding protection areas must be applied: 'A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams, or brooks, if the terrain is flat, and fifty horizontal meters, if the terrain is uneven.' Therefore, the construction area is very reduced. E. Due to the geomorphological conditions of the terrain and the regulations of the Ley Forestal, the terrain is apparently not suitable for such a large project. VII. Recommendations A. Based on the visual assessment of the terrain, it is not recommended to undertake such a large project in an area with such high vulnerability. B. However, the developers have the option of demonstrating before authorities such as SETENA and the Municipality of San José that, in accordance with mitigation measures and modern engineering design techniques, some type of construction is feasible, in accordance with what is stipulated in the Costa Rican Seismic Code and Foundation Code, guaranteeing the safety of the adjacent properties. C. Therefore, carrying out any work on this terrain is the full responsibility of the institutions that grant the permits, the project engineer, and the respective Municipality, which must request reports, and carry out the corresponding inspections and corrections.' (The italics, and underlining do not correspond to the original). Additionally, the CNE, within the framework of our competencies, has prepared the report identified as CNE-UIAR-INF-0766-2025 dated June 18, 2025, called 'Risk assessment of dwellings on Dirección04 due to slope instability on the right bank of the María Aguilar River,' addressed to the official of the Municipality of San José, Lorena Romero Vargas, head of the Risk and Disaster Management Department, which reached the following conclusions and recommendations: '(....) VI. Conclusions A. These dwellings were apparently built on a fill at the upper part of the slope of the María Aguilar River canyon. B. The weight of the dwellings, added to the saturation of the land from rains and poor stormwater management, could be destabilizing the fill and causing damage to the structures. VII. Recommendations A. The owners must hire an engineer accredited by the CFIA to evaluate the foundations of the dwellings and determine the necessary actions to achieve stabilization of the structures. B. In addition, the owners must also avoid discharging stormwater onto the slope, as this saturates the ground and causes deformations. C. The Municipality of San José must identify the owner of the land behind the affected dwellings, in order to notify them that they must take charge of proper stormwater management to reduce the risk of saturation. Due to the high vulnerability, the Municipality of San José must restrict the land use (uso de suelo) of the terrain, preventing the granting of further construction permits on this slope, unless all studies guaranteeing the safety of the work and the neighboring structures are completed.' (The italics and underlining do not correspond to the original). From the foregoing, it is deduced with utmost clarity the proactive work of the CNE, within the area of our competencies, in accordance with our principle of legality under Law No. 8488, where we are not authorized to issue environmental impact permits and resolve environmental matters, much less authorize construction permits, as is the case of the institutions indicated. In this sense, the CNE does not have the competencies and powers to carry out interventions on private property, nor to invade competencies of an ordinary nature of other government entities (See ruling No.3410-92, reiterated in several other resolutions of the Constitutional Chamber). Finally, and no less important, is that the given situation is not reported in any General Emergency Plan or emergency decrees that have already been closed or that are currently in force. In other words, the petitioner is not correct in trying to assign responsibilities of other entities to the CNE, which, we reiterate, has acted in accordance with the law and alerted about the situations that arise in situ. BACKGROUND OF INTEREST 1. On Risk Management in Costa Rica: According to Law No. 8488, titled 'National Emergency and Risk Prevention Law', article 4, risk management is understood as a '...process by which the conditions of vulnerability of the population, human settlements, infrastructure, as well as vital lines, productive activities of goods and services, and the environment are positively reversed. It is a sustainable and preventive model, which incorporates effective criteria for disaster prevention and mitigation within territorial, sectoral, and socioeconomic planning, as well as preparation, response, and recovery from emergencies...' In the same sense, risk management is defined as a 'continuous process of analysis, decision-making planning, and execution of actions to identify, prevent, and reduce the chances that a potentially destructive event (hazard) will cause serious harm or disruption to people's lives, the socioeconomic fabric, livelihoods, and ecosystems of the territories, as well as to establish the tools to respond appropriately, in the event that an impact materializes anyway, with the aim of allowing efficient recovery, without rebuilding vulnerability, after a disaster.' Risk management has different areas of intervention: from national, regional, and sectoral to local, community, and family levels. Moreover, it requires the existence and functioning of organizational and institutional systems and structures that represent these areas and that bring together, under established coordination modalities, their distinct agreed roles, their collective instances of social representation of the different actors and interests that participate in the construction of risk and in its reduction, forecasting, and control, which must be adequately defined. This risk management is the main basis of the National Risk Management System, understood as the integral, organized, coordinated, and harmonious articulation of the organs, structures, functional relationships, methods, procedures, and resources of all State institutions, seeking the participation of the entire private sector and organized civil society. Its purpose is the promotion and execution of public policy guidelines that allow both the Costa Rican State and the different sectors of national activity to incorporate the concept of risk management as a cross-cutting axis of planning and development practices. From the above definition, it is deduced: 1- That risk is cross-cutting to the work of all activities, both public and private, 2- That its management must be a public policy of the Costa Rican State, 3- That this policy is embodied in the National Risk Management Plan; a document prepared by the Commission, an act that materializes that public policy and must be consulted mandatorily by the organs and entities of the State responsible for planning tasks, who, when drafting their respective plans, will take into account the guidelines indicated in said Plan (...) 6. On the specific case: Once what was requested has been reviewed and analyzed, and in accordance with the factual framework presented, it can be deduced with utmost clarity that the situation presented by the petitioner refers to a complaint regarding an alleged impact on a forest protection zone and common assets, in addition to the granting of construction permits in an unauthorized zone, among others, without having to do with matters typical within the framework of our competencies as provided by Law No.8488, and where there is no situation in which a national emergency decree was issued, nor where the alleged impact is reported in any General Emergency Plan by any of the institutions mentioned above, to whom, due to their competencies and leadership, its attention corresponds. In this sense, according to what is reported, it must be directly addressed by the Municipal Corporation of San José as the owner and guardian of its territory, not only with capacity for tax administration but also for safeguarding the protections and fundamental rights of its citizens, ensuring that the most important legal interest to protect is human life and the physical integrity of citizens, as well as that they are in a healthy and ecologically balanced environment. In that sense, as the situation concerns an alleged environmental protection activity, competencies of other institutions such as the National Environmental Technical Secretariat must converge within the principle of coordination indicated above. In this sense, the attention to ordinary situations of other government entities cannot and must not be given by the CNE, since if this were the case, it would result in substituting the attention to its own competency activity for an exceptional regime, which is clearly inappropriate. For greater abundance, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, through its ruling No.3410-92 of fourteen hours forty-five minutes of November 10, 1992, reiterated in ruling No.1369-2001 of fourteen hours thirty minutes of February 14, 2001, and where said jurisprudential line has been maintained, ratified, and strengthened to date, in countless other determinations, states the following: (...) Under this line of thought, adequate communication and joint and duly coordinated action is recommended between the authorities of the Municipal Corporation of San José and the National Environmental Technical Secretariat, since as the main actors in the case under study, they have the duty to converge their competencies towards the same end, in a concerted and systemic manner, so that the situation presented by the petitioner is clarified and the actual truth of the facts can be determined. Therefore, the CNE has not violated any constitutional protection of the petitioner, and this Commission is inhibited from establishing ordinary or extraordinary measures since, by constitutional, legal, and jurisprudential mandate, a national emergency situation is not accredited (due to a state of necessity and urgency), but on the contrary, the problem must be addressed through the normal and ordinary channels of the competent entities in that matter."

5.- By brief received at the Secretariat of the Chamber on August 12, 2025, Luis Diego Miranda Méndez, in his capacity as mayor of the Municipality of San José, reports under oath that "it is important to highlight that the place in question corresponds to the Mata Redonda District, Dirección04, Dirección01, between Calles 66 and 60A. A problem has developed at the site in that several dwellings are suffering damage to their structures, a situation that has been known by the Ministry of Health, the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, and this municipality, entities that have appeared to carry out field studies due to requests presented by the affected neighbors, for which several visits have been made and documents have been issued in this regard. It is also reported that Ms. Nombre01 is the owner of the property of the San José district, registration 153913, duplicate A, rights 000; and that the property of the San José district 112219, rights 000, belongs to Residencial TDV SRL. However, although both properties are close, they are not adjacent or joined to each other, given that between both properties there is a strip of land without registered title or cadastral plan representing it, as indicated in official letter DICG471-2025, of August 11, 2025, from the Department of Cadastral and Geographic Information. Likewise, according to official letter SPC-OINSP-787-2025, from the Section of the Municipality of San José, permits No. 253-15 and No. 641-2018 were granted, respectively, on May 11, 2015, and December 3, 2018, both with the respective feasibility (viabilidad) from the National Environmental Technical Secretariat. It is important to add what was mentioned by that office, regarding the following: '...the review and approval process for both permits was carried out in accordance with current regulations; this process included the verification of documentary requirements and the technical review of the plans, so the granting of the licenses was carried out in strict compliance with the applicable legal framework at the time...'. It is important to note that these granted permits authorized, the first, earthworks (movimiento de tierras), which were executed by the developer, and the second, for the actual construction of the building, which was not executed; therefore, the proceeding was archived. Indeed, as Ms. Nombre01 states, through resolutions No. 2309-2014-SETENA, of November 12, 2014, and 592-2017-SETENA, of March 21, 2017, issued by the National Environmental Technical Secretariat, environmental feasibility (viabilidad ambiental) was granted to the project in question. Likewise, through resolution no. 636-2019-SETENA, of February 28, 2019, that body archived the file. However, it is important to highlight the cause that led to the archiving of the file, according to that resolution, which in relevant part stated the following: 'THIRD: According to what was reported in the regency report, the work carried out on the AP was limited to a clearing (chapea) of the site, and not to the start of the works described in the Environmental Feasibility granted through Resolution No. 2309-2014-SETENA. Additionally, in the photographic record, attached to the notes submitted to the file in the months of April and September 2018, it is shown that only site maintenance work has been carried out and it indicates that the project remains without progress in construction development; without the start of the works described in the aforementioned resolution. FOURTH: Given that the project did not begin construction work within the period granted by this Secretariat (prior to April 20, 2018), the appropriate action is the return of the amount corresponding to the environmental compliance guarantee and to archive the administrative file D1-13154-2014-SETENA.' By virtue of the foregoing, it can substantially be deduced that the archiving was due to the developer company not starting the civil works within the granted period. It should also be noted that this resolution no. 636-2019-SETENA was issued on February 28, 2019, that is, after the permits authorized by this municipality, namely No. 253-15 and No. 641-2018, respectively, of May 11, 2015, and December 3, 2018. Thus, it cannot be maintained that the permits granted by this municipality evidence a contradiction with what was resolved by SETENA, as Ms. Nombre01 asserts, given that, first, the file was archived because the developer did not start the works within the period, and the permits were granted years before the resolution that archived the file. To this, it must be reiterated and added that the municipality also observed that the civil works were not executed, which is why the corresponding permit was archived, as indicated in official letter SPC-OInsp-787-2025, of August 8, 2025. On the other hand, it is not known to this municipality that the developer company carried out earthworks (movimientos de tierra) on November 29, 2019, that affected the topography, vegetation, and the stability of the land, nor that they caused structural damage to neighboring properties, including her dwelling, as Ms. Nombre01 states. Rather, contrary to that assertion, the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, Risk Investigation and Analysis Unit, in report CCNE-UIAR-INF-0766-2025, of June 19, 2025, stated the following: 'A. These dwellings were apparently built on a fill at the upper part of the slope of the María Aguilar River canyon. B. The weight of the dwellings, added to the saturation of the land from rains and poor stormwater management, could be destabilizing the fill and causing damage to the structures.' In addition to this, in official letter GPS-OMGRD-279-2025, of August 8, 2025, from the Municipal Office of Disaster Risk Management, regarding the site, it stated the following: '...According to the map 'Determination of the probability of occurrence of landslides under static and dynamic conditions in the Central canton of San José' carried out in 2015 by the UCR geology chair, the inspected area presents a condition of high to very high probability of landslide (see table 1 and image 2) under saturated soil conditions and a seismic acceleration of 0.20 g. The same study indicates that it is terrain with steep slopes susceptible to landslides...'. In this way, according to the reports, it does not follow that the alleged earthworks (movimiento de tierra) that the developer company carried out on November 29, 2019, is the cause of the problem that has developed at the site, regarding the impact on the dwellings. To this must be added what was cited earlier, regarding a study carried out in 2015 by the UCR geology chair, it was observed that the inspected area presents a condition of high to very high probability of landslide under saturated soil conditions and a seismic acceleration of 0.20 g. The same study indicates that it is terrain with steep slopes susceptible to landslides. Likewise, there are no studies or technical reports that demonstrate that the alleged earthworks (movimientos de tierra) affected a water spring (naciente de agua) or altered the geotechnical and hydrological balance of the land, eliminating natural drainage, removing vegetation cover (cobertura vegetal) and accelerating erosion, as Ms. Nombre01 points out. Rather, contrary to that, official letter DSA-0424-2025, of August 8, 2025, states that the water bodies layer from the Water Directorate obtained from the SNIT does not show a water body or spring (naciente) in the surroundings. In any case, the Water Directorate is the office that could issue a technical report on the matter. Likewise, that memo states that both properties, that is, 1-153913-A-000 and 1-112219-000, are part of or are included within the territory of the María Aguilar Interurban Biological Corridor. The last property (in question), has river protection area setbacks, in some of its parts of 50 meters, and in others of 10 meters; these setbacks must be occupied only with tree cover, and be free of any earthworks (movimiento de tierra), or be used for construction. It has not been verified on site if there was any impact to the protection areas, it being important to highlight that access must be coordinated with the owner of the property, as it is private. In this way, it is deduced that the problem has been evident for years by various Public Administration entities, and according to the reports issued, it cannot be affirmed that the cause of the problem is the one pointed out by Ms. Nombre01. Finally, it is indicated that complaints have indeed been filed before the Municipality of San José; however, they have been addressed. In fact, it is known to the neighbors of the site that officials of this local government have appeared at the site, along with other entities, to assess the situation, actions that are recorded in various documents that have been issued and that are attached to this report. Although various recommendations and instructions for mitigation have been issued, none are directed at this administration. Indeed, see that report CNE-UIAR-INF0556-2019 from the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, cited by Ms. Nombre01, does not issue any order for the municipality and stems from a study that originated specifically for the property where a project would be developed, but not for the other dwellings. Conclusions By virtue of the foregoing, it is not observed that the municipality has affected the fundamental rights of Ms. Nombre01 or the environment, since it has not caused the problem that arises at the site."

For this reason, the cause of the problem mentioned by Ms. Nombre01 is not supported by technical reports issued by the corresponding entities, and rather the documentation that has been generated shows that the problem has been present for many years, but has increased recently. Likewise, it is not evident to this municipality that the environment has been affected in the terms she describes, and rather the existing information in the registries (Registro Nacional, Dirección Nacional de Aguas, etc.) does not support what is cited in Ms. Nombre01's filing. In any case, the alleged earthworks (movimientos de tierra) were not carried out by the local entity. Finally, it is indicated that the municipality, together with other entities, is working on addressing the various steps and the problem at the site, even though the impact is of a private nature and caused by a fortuitous event, coupled with the inherent instability of the terrain."

6.- By filing received at the Secretariat of the Chamber on August 12, 2025, Mariana de los Ángeles Zúñiga Pérez, in her capacity as president of the Municipality of San José, reports under oath in the same terms as the mayor of the Municipality of San José.

7.- By filing received at the Secretariat of the Chamber on August 14, 2025, Andrés Cortez Orozco, in his capacity as acting secretary general of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, reports under oath that "FIRST: On November 12, 2014, through resolution No. 2309-2014 SETENA, the Environmental Viability (License) was granted to the project with the following characteristics: "The project will consist of the construction of a condominium with two twenty-five-story towers and one eighteen-story tower for a total construction area of 101,634.59 m2 (together they will house 615 apartments of one, two, or three bedrooms and 24 penthouses). Four basement levels will be built, connected among the three towers, with an area per floor of 6,060.51 m2; the total construction area of the 4 basement floors will be 24,242.04 m2. The basements will be used for apartment parking, and on the last basement floor, the water collection tanks, wastewater treatment plant, and fire suppression installations will be located. Each 25-story tower will have an approximate area of 33,155.695 m2, and the 18-story tower will have an approximate area of 11,081.16 m2." SECOND: On November 15, 2016, a request for an extension of the validity of the Environmental Viability (License) was received. THIRD: On March 21, 2017, through resolution No. 592-2017-SETENA, an extension was granted for an additional one-year period to the validity of the Environmental Viability (License). FOURTH: On February 28, 2019, through resolution No. 0636-2019-SETENA, it was ordered: FIRST: To proceed with the archiving of the administrative file D1-13154-2014-SETENA, as indicated in the preceding Considerandos. SECOND: To authorize the Department of Securities Administration of the Banco Nacional de Costa Rica to deliver the CDP with value number 1933, entry number 186741, for the sum of US$5,000.00 (Five thousand US dollars with 00/100), belonging to the company Residencial TDV Sabana Sur S.R.L., with legal entity identification number CED03, legally represented by Mr. Juan Carlos Blanco Lloret, holder of residence identification number CED08, who is acting within the administrative file D1-13154-2014-SETENA. THIRD: To exonerate Mr. Juan Carlos Blanco Lloret, holder of residence identification number CED08, legal representative of the company Residencial TDV Sabana Sur S.R.L., with legal entity identification number CED03, from: 1. Environmental responsibility (understood as environmental oversight (regencia ambiental)). 2. Environmental reports (understood as oversight reports (informes regenciales)). 3. Performance bond. 4. Environmental Logbook. 5. Project Signage with VLA. FOURTH: To warn the developer that once the resolution archiving the file is final, the activity, work, or project initially proposed may not be executed, unless it undergoes a new EIA process and obtains the VLA. FIFTH: On March 20, 2019, a Revocation Appeal with a subsidiary appeal was filed with this Secretariat against resolution 636-2019-SETENA, submitted by Mr. Juan Carlos Blanco Lloret, holder of residence identification number CED08, in his capacity as legal representative of the company Residencial TDV Sabana Sur S.R.L. SIXTH: On June 3, 2019, a request for the expiration and cancellation of the Environmental Viability, a request for annulment and ordinary proceeding, a request for remediation and/or compensation for environmental damage, and a precautionary request were filed with SETENA against resolution No. 2309-2014-SETENA and administrative file No. D1-13154-2014-SETENA. SEVENTH: On June 21, 2019, through resolution No. 1966-2019-SETENA, it was ordered: FIRST: Based on the foregoing, the present Revocation Appeal with a subsidiary appeal against resolution 636-2019-SETENA, of 1:05 p.m. on February 28, 2019, file D1-13154-2014-SETENA, submitted by Mr. Juan Carlos Blanco Lloret, holder of residence identification number CED08, in his capacity as legal representative of the company Residencial TDV Sabana Sur S.R.L., is DECLARED WITHOUT MERIT, based on the provisions in the SECOND and THIRD CONSIDERANDOS. EIGHTH: On September 9, 2019, through resolution R-229-2019-MINAE of the Minister of Environment, in knowledge of the Appeal, it was agreed: FIRST: Based on the previous considerations of fact and law and given the situations mentioned in the preceding considerandos, the appellant has been placed in a position of disadvantage before the Administration; therefore, in light of the foregoing and in observance of the right of defense that assists the appellant, who in good appearance has acted within the rules of good faith, and sheltered by the presumption of a valid claim—fummus bonis iuris—the appeal against resolution No. 636-2019-SETENA is hereby granted. SECOND: Resolution No. 636-2019-SETENA is revoked, and the effects are rolled back to the appropriate procedural moment, so that an assessment of the facts carried out by the developer is performed in observance of the provisions of numeral 48 of the Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC and the Plenary Commission agreement ACP-129-2018-SETENA as applicable, since the activities will be considered as having commenced according to what was reported by the appellant and the environmental overseer (regente ambiental) within the validity of the environmental viability. THIRD: The administrative route is exhausted with respect to what is known here. NINTH: On October 9, 2019, through resolution No. 3127-2019-SETENA, it was indicated: FIRST: Not to hear the request for the adequacy of the validity of the Environmental Viability as it loses current interest since it was determined on appeal that in the aforementioned project, works had already commenced within the validity period of the Environmental Viability. SECOND: To communicate this resolution to the Department of Environmental Audit and Monitoring, so that through this means it is made aware of resolution No. R-229-2019-MINAE of September 9, 2019, and so that it complies with what was ordered in the SECOND POR TANTO of said resolution. TENTH: On October 22, 2019, a revocation appeal with a subsidiary appeal was filed against resolution No. 3127-2019, submitted by Nombre02, holder of identity card number CED04, Nombre01, holder of identity card number CED05, and Ana Victoria Wo Ching Wong, holder of identity card number CED06. ELEVENTH: On March 5, 2020, through resolution No. 0387-2020-SETENA, it was resolved: FIRST: Based on the stated reasons of fact and law, to declare WITHOUT MERIT the present Revocation Appeal against Resolution No. 3127-2019-SETENA, of 11:00 a.m. on October 9, 2019, file No. D1-13154-2014-SETENA, which is upheld in all its terms. SECOND: To order the Department of Environmental Audit and Monitoring to hear the arguments of the appellants regarding possible non-compliance with environmental commitments as a complaint, and to conduct an inspection at the project site in order to verify that each and every one of the environmental commitments established for the project are being fulfilled, as well as the issues of the right-of-way of the aforementioned Dirección05 and whether the project is in any way affecting the stability of the adjacent lands as reported by the appellants. TWELFTH: Through resolution No. 112-2020, the Ministry of Environment and Energy ordered: "(…) the Department of Environmental Audit and Monitoring to hear the arguments of the appellants regarding possible non-compliance with environmental commitments as a complaint, and to conduct an inspection at the project site in order to verify that each and every one of the environmental commitments established for the project are being fulfilled, as well as the issues of the right-of-way of the aforementioned Dirección06 and whether the project is in any way affecting the stability of the adjacent lands as reported by the appellants (…)". THIRTEENTH: On December 9, 2020, through resolution No. 2115-2020-SETENA, it was indicated: FIRST: To reject the arguments of Mr. Nombre02, Ms. Nombre01, and Ms. Ana Victoria Wo Ching Wong regarding possible non-compliance with the environmental commitments assumed by the Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia project. The foregoing considering that the project exhibits progress where the environmental impacts analyzed by this Secretariat have not yet occurred and which require oversight by this Secretariat. SECOND: To endorse the request made by the Environmental Oversight (Regencia Ambiental) of the Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia project, regarding the frequency of IRA submission. Therefore, with the powers granted by the Plenary Commission Agreement CP-036-2011-SETENA, the periodicity of IRA submission is changed to every six months. It is of utmost importance to make clear that the administrative file was indeed archived through resolution No. 0636-2019-SETENA; however, upon filing the appeal before MINAE, which was resolved through R-229-2019-MINAE, said resolution was rendered null and void, and it was held that the commencement of works occurred within the deadline granted by this Secretariat. That being the case, as of today, the environmental viability is in force and the project is in the environmental monitoring stage and has not presented any non-compliance with the environmental commitments."

8.- By filing received at the Secretariat of the Chamber on August 26, 2025, the appellant replies to the reports rendered by the respondent authorities.

9.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Justice Garro Vargas writes; and,

Considering:

I.- On the exception to Article 41 of the Constitución Política. Before analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and diligent procedure—it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 08:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the pertinent administrative appeals. In the case at hand, an exception is claimed: the alleged delay of the Administration in addressing a complaint regarding a problem of an artificial and unstable fill (relleno), which has caused landslides and subsidence, endangering the life, integrity, and property of the appellant. I clarify this point; the amparo appeal is decided.

II.- Object of the appeal. The appellant states that she is the owner of the real property registered under folio real number 153913-A-000, located in the Mata Redonda district, San José, which is located in the southern sector of Dirección01, in Sabana Sur, built on artificial slopes and earth fills, which increases its structural fragility. For this reason, she indicates that a project called "Condominio Torres de Valencia" was promoted, for which the respondent Municipality granted the earth movement permit (permiso de movimiento de tierra) number 253-25, which led to intervening an area that houses a spring (naciente) of water, an easement (servidumbre) known as "Dirección02", which forms part of the biological corridor of the Río María Aguilar, these lands being built on artificial and unstable fills (rellenos), which has caused landslides and subsidence. She reproaches that gabion walls were damaged, the spring (naciente) was covered with earth without technical studies, and the geotechnical and hydrological balance of the terrain was altered, eliminating the natural drainage, removing the vegetative cover and accelerating erosion, which has generated ravines that advance toward the homes. Therefore, she points out that a complaint was filed before the respondent municipality; however, as of the date of filing this appeal, no preventive measures have been adopted nor has said complaint been definitively resolved. She requests the intervention of the Chamber.

III.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:

a. The appellant is the owner of the property registered under folio real number 153913-A-000, located in the Mata Redonda district, San José (see the filing brief and evidence provided);

b. The property of San José district 112219, rights 000, belongs to Residencial TDV SRL (see report rendered under oath by the Municipality of San José);

c. In the Mata Redonda District, Dirección04, Dirección01, between Dirección07, a problem has developed in that several homes are suffering damage to their structures (see report rendered under oath by the Municipality of San José);

d. Through resolution number 2309-2014 SETENA of November 12, 2014, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the project with the following characteristics: "The project will consist of the construction of a condominium with two twenty-five-story towers and one eighteen-story tower for a total construction area of 101,634.59 m2 (together they will house 615 apartments of one, two, or three bedrooms and 24 penthouses). Four basement levels will be built, connected among the three towers, with an area per floor of 6,060.51 m2; the total construction area of the 4 basement floors will be 24,242.04 m2. The basements will be used for apartment parking, and on the last basement floor, the water collection tanks, wastewater treatment plant, and fire suppression installations will be located. Each 25-story tower will have an approximate area of 33,155.695 m2, and the 18-story tower will have an approximate area of 11,081.16 m2" (see report rendered under oath by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental);

e. On November 15, 2016, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental granted an extension of the validity of the environmental viability (viabilidad ambiental) given on November 12, 2014 (see report rendered under oath by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental);

f. Through resolution number 592-2017-SETENA of March 21, 2017, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental granted an extension for an additional year of the validity of the environmental viability (viabilidad ambiental) given on November 12, 2014 (see report rendered under oath by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental);

g. On March 28, 2019, the appellant together with other neighbors filed a proceeding before the Municipality of San José, by means of which they formulated the following complaint: "this letter serves to file, for all purposes, a formal complaint against the construction of the housing development called 'TORRES DE VALENCIA' represented by the company Residencial TDV Sabana Sur SRL, which was previously Viviendas Solidarias de Costa Rica SRL, both under the legal identification number CED03 (…) we request the immediate suspension of the works, since the earth movement permit (permiso de movimiento de tierra) 253-15 does not have the backing of the necessary permits and procedures to carry out this activity, just as the requested construction permit and the earth movements (movimientos de tierra) do not have it, a proceeding granted on October 30, 2018, given that the viability permit issued by SETENA, which is the origin of this project, having expired, all subsequent actions are outside the lawful action. In this case, which is not applicable, all permits related to your represented entity (Municipality of San José) are outside of legality. We reiterate the above, that the suspension of earth movement works (trabajos de movimientos de tierra) and other works be carried out, and the cancellation of any permit granted for the development project. Regarding the public road, we request that the removal of the gates installed by the developer be immediately carried out, allowing free passage, putting the public road in order, which has been abusively and arbitrarily taken by the developer with the sight and patience of the inspectors." Said complaint bears the corresponding receipt stamp (see the filing brief and evidence provided);

h. Through technical report number CNE-UIAR-INF-0556-2019, the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias carried out a study called "Land Risk Assessment for the construction of condominium towers on the slope of the Río María Aguilar in Sabana Sur" which yielded the following conclusions and recommendations: "VI. Conclusions A. The land where the towers are intended to be built is the canyon of the Río María Aguilar. B. The site has a steep slope and has previously shown evidence of instability that has affected the adjacent properties. C. The earthworks (movimientos de tierra) have probably increased the instability of the site. D. Being steep terrain, what is indicated in Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) regarding protection areas must be applied: 'A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams, or creeks, if the terrain is flat, and fifty horizontal meters, if the terrain is steep.' Therefore, the construction area is very reduced. E. Due to the geomorphological conditions of the terrain and the regulations of the Forest Law (Ley Forestal), the land is apparently not suitable for such a large project. VII. Recommendations A. Through the visual assessment of the land, it is not recommended to carry out such a large project in an area with so much vulnerability. B. However, the developers have the option to demonstrate before authorities such as SETENA and the Municipality of San José that, in accordance with mitigation measures and modern engineering design techniques, some type of construction is viable, in accordance with what is stipulated by the Código Sísmico and the Código de Cimentaciones de Costa Rica, guaranteeing the safety of the adjacent properties. C. Therefore, carrying out any work on this land is the complete responsibility of the institutions that grant the permits, the project engineer, and the respective Municipality, which must request the reports and carry out the corresponding inspections and corrections" (see report rendered under oath by the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias);

i. Through resolution number R.229-2019-MINAE of September 9, 2019, the Minister of Environment resolved the following: "FIRST: Based on the previous considerations of fact and law and given the situations mentioned in the preceding considerandos, the appellant has been placed in a position of disadvantage before the Administration; therefore, in light of the foregoing and in observance of the right of defense that assists the appellant, who in good appearance has acted within the rules of good faith, and sheltered by the presumption of a valid claim—fummus bonis iuris—the appeal against resolution No. 636-2019-SETENA is hereby granted. SECOND: Resolution No. 636-2019-SETENA is revoked, and the effects are rolled back to the appropriate procedural moment, so that an assessment of the facts carried out by the developer is performed in observance of the provisions of numeral 48 of the Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC and the Plenary Commission agreement ACP-129-2018-SETENA as applicable, since the activities will be considered as having commenced according to what was reported by the appellant and the environmental overseer (regente ambiental) within the validity of the environmental viability (viabilidad ambiental). THIRD: The administrative route is exhausted with respect to what is known here" (see report rendered under oath by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental);

j. Through resolution number 3127-2019-SETENA of October 9, 2019, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental resolved: "FIRST: Not to hear the request for the adequacy of the validity of the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) as it loses current interest since it was determined on appeal that in the aforementioned project, works had already commenced within the validity period of the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental). SECOND: To communicate this resolution to the Department of Environmental Audit and Monitoring, so that through this means it is made aware of resolution No. R-229-2019-MINAE of September 9, 2019, and so that it complies with what was ordered in the SECOND POR TANTO of said resolution" (see report rendered under oath by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental);

k. On October 22, 2019, the appellant together with other neighbors filed a revocation appeal with a subsidiary appeal against resolution number 3127-2019-SETENA of October 9, 2019 (see report rendered under oath by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental);

l. Through resolution number 0387-2020-SETENA of March 5, 2020, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental resolved: "FIRST: Based on the stated reasons of fact and law, to declare WITHOUT MERIT the present Revocation Appeal against Resolution No. 3127-2019-SETENA, of 11:00 a.m. on October 9, 2019, file No. D1-13154-2014-SETENA, which is upheld in all its terms. SECOND: To order the Department of Environmental Audit and Monitoring to hear the arguments of the appellants regarding possible non-compliance with environmental commitments as a complaint, and to conduct an inspection at the project site in order to verify that each and every one of the environmental commitments established for the project are being fulfilled, as well as the issues of the right-of-way of the aforementioned Dirección05 and whether the project is in any way affecting the stability of the adjacent lands as reported by the appellants" (see report rendered under oath by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental);

m. Through resolution number 2115-2020-SETENA of December 9, 2020, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental resolved: "FIRST: To reject the arguments of Mr. Nombre02, Ms. Nombre01, and Ms. Ana Victoria Wo Ching Wong regarding possible non-compliance with the environmental commitments assumed by the Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia project. The foregoing considering that the project exhibits progress where the environmental impacts analyzed by this Secretariat have not yet occurred and which require oversight by this Secretariat. SECOND: To endorse the request made by the Environmental Oversight (Regencia Ambiental) of the Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia project, regarding the frequency of IRA submission. Therefore, with the powers granted by the Plenary Commission Agreement CP-036-2011-SETENA, the periodicity of IRA submission is changed to every six months" (see report rendered under oath by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental);

n. On May 22, 2025, the appellant together with other neighbors filed a proceeding before the Municipality of San José, by means of which they requested: "Urgent request for intervention due to risk of landslide and structural damage to homes built on slopes with fill (relleno)". Said complaint bears the corresponding receipt stamp (see report rendered under oath by the Municipality of San José and evidence provided);

o. Through official letter DICG-EST-0044-2025 of May 27, 2025, the authorities of the Department of Cadastral and Geographic Information of the Municipality of San José conducted an inspection at the reported site, from which the following data were taken: "-The area where the indicated road is located, a 3-meter-wide street according to the cadastral plans and map/parcel, is abandoned and full of brush. -Said street has two access points, one of them is closed with gates and the other is open. -At the open access point, a gray-work construction is observed where execution work is currently being carried out" (see report rendered under oath by the Municipality of San José and evidence provided);

p. Through technical report number CNE-UIAR-INF-0766-2025 of June 18, 2025, the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias carried out a study called "Risk assessment of homes in Dirección04 due to slope instability on the right bank of the Río María Aguilar" which yielded the following conclusions and recommendations: "VI. Conclusions A. Apparently these homes were built on a fill (relleno) at the top of the slope of the canyon of the Río María Aguilar. B. The weight of the homes, added to the saturation of the ground from rains and poor management of stormwater, may be destabilizing the fill (relleno) and causing the damage to the structures. VII. Recommendations A. The owners must hire an engineer accredited by the CFIA to evaluate the foundations of the homes and determine the actions necessary to achieve stabilization of the structures. B. Additionally, the owners must also avoid discharging stormwater onto the slope, as this saturates the ground and causes deformations. C. The Municipality of San José must identify the owner of the land behind the affected homes, in order to notify them that they must take charge of the proper management of stormwater to reduce the risk of saturation. Due to the high vulnerability, the Municipality of San José must restrict the land use (uso de suelo) of the terrain, preventing the granting of more construction permits on this slope, unless all studies guaranteeing the safety of the work as well as the neighboring structures are completed" (see report rendered under oath by the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias);

q. Through official letter GPS-OMGRD-279-2025 of August 8, 2025, the Oficina Municipal de Gestión de Riesgo a Desastre pointed out: "According to the map 'Determinación de la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en condiciones estáticas y dinámicas en cantón Central de San José' carried out in 2015 by the geology department of UCR, the inspected area exhibits a condition of high to very high probability of landslides (see table 1 and image 2) under saturated ground conditions and a seismic acceleration of 0.20 g. The same study indicates that it is a terrain of steep slopes susceptible to landslides." To the foregoing must be added technical report number CNE-UIAR-INF-0766-2025 of June 18, 2025, called "Risk assessment of homes in Dirección04 due to slope instability on the right bank of the Río María Aguilar" (see report rendered under oath by the Municipality of San José and evidence provided);

r. Through official letter number DICG-471-2025 of August 11, 2025, the Department of Cadastral and Geographic Information of the Municipality of San José stated: "between both properties there is a strip of land without registered title or cadastral map that represents it" (see report rendered under oath by the Municipality of San José);

s. The Section of the Municipality of San José granted permits number 253-15 of May 11, 2015, through which earth movement (movimiento de tierras) was authorized, and number 641-2018 of December 3, 2018, through which the construction of the building was authorized, but the latter was not executed; both had the respective viability from the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (see report rendered under oath by the Municipality of San José).

IV.- Unproven facts. The following facts are not deemed duly demonstrated:

a.

That the authorities of the Municipality of San José have definitively resolved the complaint filed by the appellant and the other residents (the case record).

b. That the alleged earthworks (movimiento de tierra) carried out by the developer of the Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia project on November 29, 2019, is the cause of the problems described by the appellant in the initial brief (the case record).

V.- Regarding the specific case. In the case at hand, the appellant states that she is the owner of the real property registered under folio real number 153913-A-000, located in the Mata Redonda district, San José, which is in the southern sector of Dirección01, in Sabana Sur, built on artificial slopes and earth fills, which increases its structural fragility. Due to the foregoing, she indicates that a project called “Condomio Torres de Valencia” was promoted, for which the respondent Municipality granted earthworks permit number 253-25, which led to intervention in an area that contains a spring (naciente), an easement (servidumbre) known as "Dirección02", which is part of the biological corridor of the María Aguilar River, these being lands built on artificial and unstable fills, which has caused landslides and subsidence. She criticizes that gabion walls were damaged, the spring was covered with earth without technical studies, and the geotechnical and hydrological balance of the land was altered, eliminating natural drainage, removing vegetation cover and accelerating erosion, which has generated gullies (cárcavas) that advance toward the homes; therefore, she points out that a complaint was filed with the respondent municipality; however, as of the date of filing of this appeal, no preventive measures have been adopted nor has said complaint been definitively resolved. She requests the intervention of this Chamber.

In this regard, from the study of the case record, it is clear that indeed on March 28, 2019, the appellant together with other residents filed a submission before the Municipality of San José, through which they formulated the following complaint: “may this document serve to file, for all purposes, a formal complaint against the construction of the housing development called “TORRES DE VALENCIA” represented by Sociedad Residencial TDV sabana Sur SRL, which was formerly Viviendas Solidarias de Costa Rica SRL, both under legal identification number CED03 (…) we request the immediate suspension of the works, since the earthworks permit 253-15 does not have the supporting permits and procedures necessary to carry out this activity, nor does the requested construction permit and the earthworks, a procedure granted on October 30, 2018, inasmuch as the environmental viability permit issued by SETENA, which is where this project originates, having expired, everything subsequently acted upon is outside the bounds of lawful action. Being the case that it is not applicable, all permits related to your represented entity (Municipality of San José) are outside legality. We reiterate the foregoing, proceed with the suspension of the earthworks and other works and cancellation of any permit granted for the development project. Regarding the public street, we request that you immediately proceed to carry out the removal of the gates installed by the developer, allowing free passage, restoring the public street to legality, which has been abusively and arbitrarily taken by the developer with the sight and patience of the inspectors.” Said complaint bears the corresponding received stamp.

Now then, from the analysis of the reports rendered by the Municipality of San José and the Comisión Nacional de Emergencias (CNE), the various actions taken in response to the complaint filed by the appellant together with the other residents living in the sector of the Mata Redonda district, Dirección04, Dirección01, among Dirección07, are evident. Along these lines, it is shown that various officials of the respondent municipality carried out field studies, which determined the following regarding the permits granted: “the review and approval process for both permits was carried out in accordance with current regulations, said process included verification of documentary requirements and technical review of the plans, therefore the granting of the licenses was carried out in strict compliance with the applicable legal framework at the time.” They explain that said granted permits authorized, first, the earthworks that were executed by the developer on November 29, 2019, and, second, the construction of the building; however, it was never executed, which is why it is archived due to the fact that the project remains without any progress in constructive development. Added to this, it is important to note that from the set of proven facts it is evident that the developer company also had the environmental viability granted by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). From this standpoint, it is important to warn that this Chamber is not a controller of the legality of the Administration's actions and resolutions, so it is not its responsibility to review whether the municipal permits granted for the development of the project under discussion complied or not with the provisions of the current legal regulations, much less to order the revocation of those authorizations or whether the resolution issued by SETENA granting environmental viability is in accordance with the law; those claims constitute matters of ordinary legality that must be resolved by the Administration or, where appropriate, by the ordinary jurisdiction.

On the other hand, from what was reported under the solemnity of oath by the respondent authorities —with the consequences, including criminal ones, provided for in numeral 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional— it cannot be considered proven that the alleged earthworks carried out by the developer of the Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia project on November 29, 2019, is the cause of the problems described by the appellant in the initial brief. Along these lines, it is observed that through official letter GPS-OMGRD-279-2025 of August 8, 2025, the Oficina Municipal de Gestión de Riesgo a Desastre indicated: “According to the map 'Determinación de la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en condiciones estáticas y dinámicas en cantón Central de San José' prepared in 2015 by the geology chair of UCR, the inspected area presents a condition of high to very high probability of landslide (see table 1 and image 2) under saturated soil conditions and a seismic acceleration of 0.20 g. The same study indicates that it is a terrain of steep slopes susceptible to landslides.” To the above must be added technical report number CNE-UIAR-INF-0766-2025 of June 18, 2025, called “Valoración de riesgo de viviendas en Dirección04 por inestabilidad de ladera en margen derecha del río María Aguilar” prepared by the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, in which the following conclusions and recommendations were issued: “VI. Conclusions A. Apparently these homes were built on a fill at the top of the slope of the María Aguilar river canyon. B. The weight of the homes, added to the saturation of the ground due to rains and poor stormwater management, may be destabilizing the fill and causing the damage to the structures. VII. Recommendations A. The owners must contract an engineer accredited by the CFIA to carry out the evaluation of the foundations of the homes and determine the necessary actions to achieve stabilization of the structures. B. In addition, the owners must also avoid discharging stormwater onto the slope since this saturates the ground and causes deformations. C. The Municipality of San José must identify the owner of the land behind the affected homes, in order to notify him that he must take charge of adequate stormwater management to reduce the risk of saturation. D. Due to the high vulnerability, the Municipality of San José must restrict the land use (uso de suelo) of the terrain, preventing the issuance of more construction permits on this slope; unless all studies guaranteeing the safety of the work as well as neighboring structures are completed.” Even the mayor of the respondent municipality emphatically stated that there is no record that the developer company has affected the topography, vegetation, and stability of the land, nor that it has caused structural damage to neighboring properties, including the appellant's home.

Under this panorama, contrary to what was alleged by the appellant, in the terms in which the appeal was filed, no action or omission is observed that can be held against the respondent authorities in response to the problems of fill instability, since it must be noted that from a reading of the recommendations issued by the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, it is determined that they are directed at actions that the owners themselves must carry out for the benefit of their homes. However, the authorities of the Municipality of San José must take note that they must coordinate what is necessary to restrict the land use of the terrain, preventing the issuance of more construction permits on this slope; unless all studies guaranteeing the safety of the work, as well as neighboring structures, are completed, the foregoing in follow-up to what was ordered by the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

Finally, although it has been duly accredited that the respondent Municipality has executed the pertinent actions to address the complaint formulated by the appellant, the truth of the matter is that it cannot be considered proven that a written response has been provided through which the complaint filed by the appellant and the other residents was definitively resolved, since from the perspective of the right to prompt and complete justice, enshrined in Article 41 of the Constitución Política, the Administration is obligated to issue a final resolution that definitively resolves the initiated complaint so that they may have knowledge of what was decided, as is appropriate, which is why this aspect of the appeal must be upheld only against the authorities of the Municipality, with the consequences indicated in the operative part.

VI.- Conclusion. Consequently, the appropriate course is to partially grant this amparo appeal.

VII.- Note of magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Tribunal that when the petitioner alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, those who must hear the legal dispute are the Tribunals of the Contencioso-Administrativo and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting his or her fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, exclusively has the responsibility to define its own jurisdiction. Therefore, except for those juridical-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases that may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional process of garantía del amparo, in other cases, and for the reasons given by this Tribunal (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Law of the Constitution (values, principles and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VIII.- Note of magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that, if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do enter to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by acts that threaten the environment are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Constitución Política), just as happens in this case, in which the appellant filed a complaint regarding illegal construction permits on land that contains a spring and a section of the biological corridor of the María Aguilar River, which, additionally, has caused landslides and subsidence, involving the right to health, physical integrity, and a healthy environment, and it is alleged that it has not been definitively resolved.

IX.- Documentation provided to the case file. The appellant is forewarned that if any paper document was provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is partially granted, only against the Municipality of San José for the violation of Article 41 of the Constitución Política. Luis Diego Miranda Méndez, in his capacity as mayor of the Municipality of San José, or whoever holds that position in his stead, is ordered to coordinate what is pertinent so that, within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, the complaint filed by the appellant is resolved and she is notified of what is appropriate under the Law. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on whoever receives an order that must be carried out or enforced, issued within an amparo appeal, and does not carry it out or enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of San José is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative court. Magistrate Castillo Víquez adds a note. Magistrate Salazar Alvarado records a note. In all other respects, the appeal is dismissed. Let it be notified.-

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 





Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

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EXPEDIENTE N° 25-022169-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección08, Dirección09, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

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