Res. 33104-2025 Sala Constitucional — Ministry of Health inaction on noise pollution complaintInercia del Ministerio de Salud en denuncia por contaminación sónica

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Sala Constitucional

Resolución Nº 33104 - 2025

Fecha de la Resolución: 10 de Octubre del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-028238-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-028238-0007-CO

Res. Nº 2025033104

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de octubre de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 25-028238-0007-CO interpuesto por Nombre74669, cédula de identidad CED40528, Nombre51946, cédula de identidad CED40529, Nombre74670, cédula de identidad CED40530, contra el MINISTERIO DE SALUD.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 11:17 hrs. del 17 de septiembre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, desde hace 18 años habitan en una humilde vivienda, ubicada en la finca número 351640, del partido de Alajuela. Indican que, en el inmueble vecino, finca número 112698, desde hace aproximadamente cinco años opera un predio o plantel, dedicado a estacionar gran cantidad de cabezales, furgones y tráileres entre otros, que día y noche provocan enormes ruidos muy fuertes, expelen gran cantidad de gases y humo, y entorpecen el buen dormir de quienes habitan en ese sector. Comentan que denunciaron dicha situación ante el Ministerio de Salud, pero, ante la inercia de ese ministerio, debieron recurrir a la Sala Constitucional (recurso de amparo nro. 23- 10355-0007-CO). Apuntan que dicho recurso fue declarado con lugar y, en consecuencia, el Ministerio accionado emitió la Orden Sanitaria nro. MS- DRRSCN-DARSA2-OS-0201-2023, en la que ordenó, entre otras cosas, "suspender el ingreso de contenedores con equipos de refrigeración en horario nocturno (22:00-6:00)". Relatan que, en ese momento, la empresa de transportes que alquilaba el predio cesó operaciones y se marchó; sin embargo, en enero de 2024, una nueva empresa de transportes inició actividades en dicho predio, por lo que, desde esa fecha, la problemática por el alto ruido, estruendos y contaminación se mantiene tanto en el día como en la noche, siendo las madrugadas las horas con mayor intensidad. En virtud de lo anterior, el 27 de mayo y el 01 de noviembre de 2024 presentaron nuevas denuncias ante el Ministerio de Salud. Apuntan que, tiempo después, y ante su insistencia, lograron que el Ministerio recurrido realizara una visita el 21 de abril de 2025, en horas de la madrugada, la cual dio como resultado la confirmación de niveles de ruido por arriba de lo permitido. Ante esa situación, el Ministerio de Salud emitió una nueva Ordenan Sanitaria (nro. MS- DRRSCN-DARSA2-OS-076-2025), en la que señaló, entre otras cosas: "PLAZO: INMEDIATO. Suspensión de toda actividad que genera contaminación sónica y que se tiene por comprobado que incumple os límites máximos permitidos indicados en el artículo N°5 del Decreto Ejecutivo N°44486-S, siendo esta las (sic) siguientes actividades; Aceleración en el calentamiento de los motores de los camiones de carga y activación de las bocinas entre otros". Denuncian que, al día de interposición del recurso han transcurrido cuatro meses desde que se emitió la referida Orden Sanitaria, pero el problema continúa. Indican que la situación es desesperante para sus familias, en las que viven dos personas adultas mayores de 77 y 86 años, toda vez que, sin importar la hora, hay fuerte aceleración de motores y bocinas, especialmente, en horas de la madrugada, lo cual interrumpe el sueño y el descanso. Además, señalan que están respirando el humo proveniente de esos camiones. Estiman lesionados sus derechos fundamentales. Solicitan la intervención de esta Sala.

2.- Mediante auto de las 15:28 hrs. del 23 de septiembre de 2025 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 26 de septiembre de 2025.

3.- Por escrito presentado el 02 de octubre de 2025, informa bajo juramento Nombre5233, en condición de Directora a.i. del Área Rectora de Alajuela 2 del Ministerio de Salud que: “(…) PRIMERO: Para una mejor comprensión de la Sala Constitucional, en virtud de lo señalado por los señores Nombre74669, Nombre51946, Nombre74670, los cuales indican que este Ministerio ha estado inerte sobre una denuncia por contaminación sónica, contaminación por gases y humo, resulta procedente manifestar que esta Cartera bajo el deber de probidad con el cual debe actuar la Administración Pública y el objetivo de satisfacer el interés público en conjunto con las necesidades colectivas prioritarias en resguardo de la salud, ha recibido y tramitado UNA DENUNCIA presentada el 01 de noviembre del 2024, vinculada al tema de ruido, vibraciones, humo y gases generado por tránsito y parqueo en un predio de camiones en el Coyol de Alajuela, situación que devenga en la correcta aplicación de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud y la Ley General de Salud, así como la normativa conexa y verificación en el sitio del cumplimiento de las normas arriba citadas. SEGUNDO: Que específicamente sobre las gestiones que manifiestan los amparistas que este Ministerio ha estado inerte, se procederá a detallar las diligencias efectuadas: 1) El 01 de noviembre 2024, ingresa al Área Rectora de Alajuela 2 denuncia pública en contra del establecimiento Predio Maba por contaminación sónica y gases generados por los camiones que operan en el predio, misma se registra con el consecutivo N°511-2024. 2) El 22 de noviembre de 2024, los funcionarios Nombre48620, Nombre47195 e Nombre73671 del Ministerio de Salud del Área Rectora de Salud Alajuela 2, realizan visita a la casa de habitación del señor Nombre74671 para realizar la medición sónica, la cual no se logró efectuar debido a que no se presentaron los ruidos que el señor Nombre74672 denuncia, así consta el acta de medición sónica MS-DRRSCN-DARSA2-3143-2024, por lo que se reprograma. (Folios 6 a 7) 3) El 05 de diciembre de 2024, el funcionario Nombre48620 del Ministerio de Salud de la Área Rectora de Salud Alajuela 2, contacta al señor Nombre74672 mediante llamada telefónica al número registrado en el expediente para reprogramar la medición sónica en atención a la denuncia N° 551-2024, en la conversación el señor Nombre74672 solicita que la medición se realice entrado en vigencia el nuevo decreto ejecutivo N° 44486-S y que se cambie el día de medición de miércoles a lunes, así consta el acta de llamada telefónica MS-DRRSCN-DARSA2-3276-2024. (Folio 11) 4) El 06 de diciembre de 2024, el señor Nombre74672 entrega al Área Rectora de Salud de Alajuela 2, nota con el consecutivo N° 5447-2025 en el cual ratifica lo acordado en el acta de llamada telefónica MS-DRRSCN-DARSA2-3276-2024. (Folio 12) 5) El 21 de abril de 2025, funcionarios Nombre48620, Nombre47195 e Nombre73671 del Ministerio de Salud de la Área Rectora de Salud Alajuela 2, realizan visita a la casa de habitación del señor Nombre74671 para realizar la medición sónica, la cual se logra efectuar debido a que se presentaron los ruidos que el señor Nombre74672 denuncia, así consta el acta de medición sónica MS-DRRSCN- DARSA2-1001-2025. (Folios 16 a 17) 6) El 13 de mayo de 2025, el funcionario Nombre48620 del Ministerio de Salud del Área Rectora de Salud Alajuela 2, realiza los documentos correspondientes al informe técnico MS-DRRSCN-DARSA2-IT-1222-2025 y Orden Sanitaria MS-DRRSCN- DARSA2-OS-076-2025, los cuales se notifican al representante legal el señor Nombre51947 y al señor Nombre51945 propietario de la empresa de Transportes Truck Stop Nombre74674&  que arrienda al señor Nombre51953, quedando constancia en las actas de notificación del 16 de mayo 2025. (Folios 23 a 42) 7) Que mediante oficio 05275-2025-DHR-[CV] de fecha 19 de mayo del 2025, emitido por Nombre74673, Directora de Calidad de Vida de la Defensoría de los Habitantes, se atiende la solicitud de intervención de esta institución, requerida por Nombre51946 (uno de los presentes amparistas), y para lo que interesa indica: (Folios 43 a 52) “Con base en lo anterior, esta Defensoría no encuentra elementos que indiquen actuaciones materiales, actos u omisiones atribuibles al Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud que violen o amenacen violar derechos e intereses de los habitantes, ya que se han realizado las inspecciones al lugar, han solicitado correcciones de anomalías encontradas y han venido dando seguimiento al funcionamiento del predio en cuestión y se gira orden sanitaria para que se suspenda, de inmediato, la actividad generado del problemas y, en caso de desear retomar la actividad, presente un plan de confinamiento de ruido con su respectivo cronograma de trabajo que no exceda los 4 meses para eliminar o mitigar las molestias por ruido. De acuerdo con lo anterior, se le solicita al Área Rectora de Salud de Alajuela 2, realizar visitas periódicas al lugar, por un tiempo establecido, con el fin de verificar el cumplimiento de la orden sanitaria número MS-DRRSCN-DARSA2-OS-076-2025 del 13 mayo del 2025, en caso de encontrar algún tipo de anomalía, proceder de acuerdo con lo dispuesto en la normativa nacional. (…)” (El subrayado y el resaltado no corresponden al original) 8) El 22 de mayo de 2025, el señor Nombre51945 propietario de la empresa de Transportes Truck Stop Nombre74674&  interpone al Ministerio de Salud un Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, el cual se declara sin lugar el 10 de junio 2025, así consta en la resolución MS-DRRSCN-AJ-J-069-2025. (Folios 53 a 66) 9) El 11 de setiembre de 2025, en atención a lo indicado por el señor Nombre74672 en el correo electrónico enviado Área Rectora de Alajuela 2, expresando su preocupación pues la problemática continúa a pesar de que el Ministerio de Salud interviniera, se le atiende en la oficina de la dirección por la Dra. Nombre48619, directora a.i, levantándose el acta MS-DRRSCN-DARSA2-2773-2025, en el cual se llegaron a los acuerdos: (Folios 74 a 78) • El Área Rectora de Salud Alajuela 2 realizará visitas de inspección, la primera el 29 de setiembre del 2025 a partir de las 20:01 horas y la segunda visita el 06 de octubre del 2025 antes de las 6:00 horas. • El Área Rectora de Salud Alajuela 2 el remitirá un oficio a la Municipalidad de Alajuela solicitando acompañamiento con funcionarios de Patentes y Policía Municipal. • Por último, el señor Nombre74672 intentará solicitar a la Fuerza Pública y Policía Municipal partes de las visitas realizadas ante los llamados al 9-1-1. 10) El 12 de setiembre de 2025, en atención a los acuerdos tomados con el señor Nombre74672 en el Área Rectora de Alajuela 2, se remite a la Municipalidad de Alajuela el oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-2711-2025, solicitando el apoyo, el cual no se tuvo respuesta por el municipio. (Folio 79 a 81) 11) El 29 de setiembre de 2025, el funcionario Nombre48620, del Ministerio de Salud de la Área Rectora de Salud Alajuela 2, realiza la visita a la casa de habitación del señor Nombre74671 como parte del acuerdo tomado para brindar seguimiento a la problemática, en el sitio se logra determinar la presencia de los ruidos que se encontraban suspendidos en el acto administrativo remitido, así consta en el acta ocular MS-DRRSCN-DARSA2-2955-2025, por lo tanto se procede con la clausura mediante el acta de clausura MS-DRRSCN-DARSA2-0022-2025 al establecimiento Predio Maba, la misma se notifica en sitio al representante legal el señor Nombre51947, así consta en el acta de notificación del 29 de setiembre 2025, se colocan los sellos y se retira el Permiso Sanitario de Funcionamiento. (Folios 83 a 87) (Folios 103 a 105) 12) El 30 de setiembre de 2025, el Área Rectora de Salud Alajuela 2 remite al representante legal, el señor Nombre51947 a la dirección electrónica registrada en el expediente para notificaciones, el Informe Sanitario cobro de multa CARTA-MS- DRRSCN-DARSA2-2965-2025. (Folios 93 a 96) 13) Se remite a la Municipalidad de Alajuela el oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2- 2966-2025, solicitando la colaboración para el retiro de la patente comercial del establecimiento. (Folios 90 a 92) 14) El establecimiento contaba con el permiso sanitario de funcionamiento #0094-2022, el cual queda sin validez a partir del 29 de setiembre 2025, para la actividad de Mantenimiento y Predio de Camiones. El establecimiento cuenta con uso de suelo para patente y visto bueno de ubicación, Resolución: MA-ACC-US-152-2022. PARA QUE DICHA SALA RESPETUOSAMENTE CONSIDERE Según lo arriba indicado, sobre la problemática denunciada, se ha evidenciado en los antecedentes citados, la atención efectiva y oportuna de la denuncia presentada ante esta Área Rectora de Salud y de las inspecciones realizadas. Bajo esta misma línea, la Defensoría de los Habitantes a través de su Dirección de Calidad de Vida, de forma previa a podido constar las actuaciones realizadas por este Ministerio a través de su Área Rectora de Salud, no encontrando actuaciones materiales, actos u omisiones que violen o amenacen violar derechos e intereses de los habitantes, que lo anterior queda constatado en el oficio 05275-2025-DHR-[CV] ya citado. (ver folio 52) TERCERO: Que este Ministerio y la Dirección de Área Rectora de Salud Alajuela 2 ha actuado de forma diligente en gestionar de forma oportuna y según el trámite interno administrativo correspondiente en esta Unidad Organizativa, estando en comunicación directa y constante con el denunciante, informándole sobre las actuaciones a realizar por la Dirección de Área Rectora de Salud, siendo este uno de los amparistas del presente recurso, así mismo por el deber de probidad presente en la Administración Pública y con el objetivo de satisfacer el interés público en conjunto con las necesidades colectivas prioritarias en resguardo de la salud, se han realizado TRES inspecciones vinculadas a la problemática indicada por los amparistas para corroborar el cumplimiento de Ley Orgánica del Ministerio de Salud, la Ley General de Salud y conexas, adicionalmente se ejecutaron actuaciones de control, por lo cual se evidencia que no nos hemos extralimitado en plazos irrazonables, que se han ejecutado las acciones correspondientes según la competencia de nuestro Ministerio, o en una duración excesiva e injustificada, así mismo, con el señor Nombre74672 (siendo este uno de los amparistas) mediante reunión del 11 de setiembre de 2025, se había acordado la línea de acción, y las fechas en las cuales se ejecutarían las actuaciones, por lo cual se desconoce las intenciones del mismo al plantear el recurso de amparo de marras. Por todo lo señalado, rechaza esta Dirección de Área Rectora de Salud, una supuesta violación de derechos constitucionales, por cuanto se ha actuado de forma diligente, según nuestras competencias para la atender la denunciada presentada sobre la problemática de fondo.”

 4.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

 I.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia interpuesta ante el Área Rectora de Alajuela 2 del Ministerio de Salud por un problema de contaminación ambiental que afecta a los recurrentes y que, en apariencia no ha sido resuelta. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, habitan desde hace dieciocho años en una vivienda humilde situada en la finca número 351640, del partido de Alajuela. Señalan que, en la finca vecina número 112698, desde hace aproximadamente cinco años funciona un plantel donde se estacionan cabezales, furgones y tráileres, lo cual genera fuertes ruidos, gases y humo durante todo el día y la noche, afectando su descanso y salud. Indican que denunciaron esa situación ante el Ministerio de Salud, pero, ante su inacción, acudieron a la Sala Constitucional mediante el recurso de amparo número 23-10355-0007-CO, el cual fue declarado con lugar. En cumplimiento de la sentencia, el Ministerio emitió la Orden Sanitaria N.° MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0201-2023, ordenando, entre otras medidas, suspender el ingreso nocturno de contenedores con equipos de refrigeración. Tras ello, la empresa que operaba el plantel cesó actividades. No obstante, en enero de 2024 una nueva empresa de transporte inició labores en el mismo lugar, reproduciendo la contaminación sónica y ambiental. Por ello, los amparados presentaron nuevas denuncias los días 27 de mayo y 1.º de noviembre de 2024 ante el Ministerio de Salud. Gracias a su insistencia, esa institución realizó una inspección el 21 de abril de 2025, en horas de la madrugada, que confirmó niveles de ruido superiores a los límites legales. En consecuencia, el Ministerio emitió la Orden Sanitaria N.° MS-DRRSCN-DARSA2-OS-076-2025, disponiendo de forma inmediata la suspensión de toda actividad generadora de contaminación sónica, específicamente la aceleración y calentamiento de motores y el uso de bocinas de los camiones. Sin embargo, al momento de interponer el recurso, habían transcurrido cuatro meses desde la emisión de dicha orden y el problema persistía. Los recurrentes señalan que la situación se ha tornado insoportable para sus familias —que incluyen adultos mayores de 77 y 86 años— debido a los ruidos y gases que afectan su sueño, descanso y salud. Consideran vulnerados sus derechos fundamentales y solicitan la intervención de la Sala Constitucional para que se restablezca el goce efectivo de sus derechos.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

1.    El 01 de noviembre de 2024, ingresó al Área Rectora de Salud Alajuela 2 una denuncia pública en contra del establecimiento denominado Predio Maba, por contaminación sónica y gases generados por los camiones que operan en dicho lugar, la cual se registró bajo el consecutivo N.° 511-2024 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

2.    El 22 de noviembre de 2024, los funcionarios Nombre48620, Nombre47195 e Nombre73671, del Ministerio de Salud, realizaron una visita a la casa de habitación del señor Nombre74671 para efectuar una medición sónica, la cual no pudo realizarse debido a que no se presentaron los ruidos denunciados, quedando constancia en el acta de medición sónica MS-DRRSCN-DARSA2-3143-2024 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

3.    El 05 de diciembre de 2024, el funcionario Nombre48620 contactó al señor Nombre74671 para reprogramar la medición sónica; en la llamada, el denunciante solicitó que esta se realizara una vez entrara en vigencia el nuevo Decreto Ejecutivo N.° 44486-S y que el día de medición se cambiara de miércoles a lunes, según consta en el acta telefónica MS-DRRSCN-DARSA2-3276-2024 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

4.    El 06 de diciembre de 2024, el señor Nombre74671 presentó ante el Área Rectora de Salud Alajuela 2 una nota con el consecutivo N.° 5447-2025, en la que ratificó lo acordado en la llamada telefónica anterior (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

5.    El 21 de abril de 2025, funcionarios del Ministerio de Salud realizaron una nueva visita a la vivienda del señor Nombre74671, logrando efectuar la medición sónica al presentarse los ruidos denunciados, según consta en el acta MS-DRRSCN-DARSA2-1001-2025 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

6.    El 13 de mayo de 2025, el funcionario Nombre48620 elaboró el informe técnico MS-DRRSCN-DARSA2-IT-1222-2025 y la Orden Sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-076-2025, que fueron notificadas el 16 de mayo de 2025 al representante legal Nombre51947 y al propietario Nombre51945, de la empresa Transportes Truck Stop Nombre74674&  (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

7.    El 19 de mayo de 2025, la Defensoría de los Habitantes, mediante oficio N.° 05275-2025-DHR-[CV], concluyó que no existían actuaciones u omisiones del Área Rectora de Salud de Alajuela 2 que violentaran derechos de los habitantes, recomendando continuar con las inspecciones y verificar el cumplimiento de la orden sanitaria (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

8.    El 22 de mayo de 2025, el señor Nombre51945 interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la orden sanitaria, el cual fue declarado sin lugar mediante resolución MS-DRRSCN-AJ-J-069-2025 del 10 de junio de 2025 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

9.    El 11 de septiembre de 2025, el señor Nombre74671 fue atendido en la oficina de la Dirección del Área Rectora de Salud Alajuela 2 por la Dra. Nombre48619, en atención a su denuncia de que el problema persistía; en esa reunión se acordó realizar nuevas inspecciones los días 29 de septiembre de 2025 y 06 de octubre de 2025, además de solicitar acompañamiento a la Municipalidad de Alajuela y a la Fuerza Pública (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

10.  El 12 de septiembre de 2025, se remitió a la Municipalidad de Alajuela el oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-2711-2025 solicitando apoyo para las inspecciones, sin que se obtuviera respuesta (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

11.  Mediante auto de las 15:28 hrs. del 23 de septiembre de 2025 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 26 de septiembre de 2025 (los autos).

12.  El 29 de septiembre de 2025, el funcionario Nombre48620 realizó una nueva visita a la vivienda del señor Nombre74671, constatando la persistencia de los ruidos previamente sancionados, motivo por el cual se procedió a la clausura del establecimiento Predio Maba, ordenándose el acta de clausura MS-DRRSCN-DARSA2-0022-2025, notificándose en sitio al representante legal y retirándose el Permiso Sanitario de Funcionamiento. (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas)

13.  El 30 de septiembre de 2025, el Área Rectora de Salud Alajuela 2 remitió al señor Nombre51947 el informe sanitario CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-2965-2025 sobre el cobro de multa correspondiente (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

14.  En esa misma fecha, el Ministerio de Salud envió a la Municipalidad de Alajuela el oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-2966-2025, solicitando la colaboración para el retiro de la patente comercial del establecimiento clausurado (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

15.  El permiso sanitario de funcionamiento N.° 0094-2022, correspondiente a la actividad de mantenimiento y predio de camiones del establecimiento Predio Maba, quedó sin validez a partir del 29 de septiembre de 2025 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

 

IV.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.

V.- RESPECTO A LA COMPETENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA AMBIENTAL. Tal y como ha sido reiterado en la jurisprudencia de esta Sala, la competencia constitucional en materia ambiental no puede extenderse al punto en que se convierta en un verificador de los criterios técnicos vertidos en las normas o por las autoridades administrativas en materia ambiental, sino que se limita a constatar si las dependencias estatales competentes han cumplido la obligación que les impone el artículo 50 de la Constitución Política, de asumir una actuación responsable y oportuna respecto a la protección del ambiente. Se ha sostenido también, que la procedencia del recurso de amparo está condicionada a que se acredite la existencia de una perturbación o amenaza a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país. Esta última circunstancia pone de relieve el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, cuya tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si existen en realidad o no derechos de rango infra constitucional que las partes citen como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, toda vez que es evidente que esa es una competencia de la que esta Sala carece. Ante esta situación, no resulta procedente que la Sala vierta pronunciamiento alguno (positivo o negativo) en estos casos, porque para dilucidar si ha habido infracción o no de derechos fundamentales primero se debe resolver dicho conflicto en el plano de la legalidad.

VI.- SOBRE LA OBLIGACIÓN OBJETIVA DEL ESTADO DE TUTELAR LA VIDA HUMANA. Este Tribunal Constitucional ha reconocido la obligación objetiva del Estado de tutelar la vida humana y se ha pronunciado sobre las omisiones administrativas que atentan contra la seguridad vial y la integridad física de las personas. Sobre el particular, cabe referir lo dispuesto en sentencia Nº2008-18443 de las 18:01 horas del 11 de diciembre de 2008, donde se indicó: 

“Previo análisis del caso concreto, conviene indicar lo dicho por esta Sala en cuanto a la obligación objetiva del Estado de tutelar la vida humana, en el sentido que ha sido usual que el derecho a la vida, frecuentemente analizado junto con el derecho a la integridad física, haya sido entendido como un derecho de contenido negativo, es decir, que su objeto se limitaba a la pretensión contra el Estado de que se abstuviera de realizar acciones dirigidas a eliminar la existencia física de las personas, por ejemplo, la tortura o la pena de muerte, o bien, que castigara a las personas, públicas y privadas, que atentaran contra la vida e integridad de los otros, a través del sistema penal. No obstante, la tendencia actual es imponer al Estado diversas conductas positivas, en el sentido de que no debe perturbar la existencia física de las personas y, además, debe actuar en tutela de su protección, ante los múltiples peligros que la acechan, bien sea que ellos provengan de acciones del Estado mismo o de otras personas, e inclusive, de la misma naturaleza. De ahí que, por ejemplo, los temas ambientales han pasado a ser, al menos en nuestro país, un asunto de índole constitucional, puesto que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado fue elevado a rango de derecho fundamental. Ahora bien, es menester aclarar que la existencia objetiva de una obligación del Estado en lo referente a la protección del derecho a la vida no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se tomen las medidas idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas. En consecuencia, se trata de que el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, ya sea través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente. Así, la posibilidad de exigir judicialmente, a través de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida e integridad física de sus habitantes, es restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas, de forma tal que si, por ejemplo, una determinada comunidad estimara necesario contar con un hospital para la atención de sus pobladores (o de cualquier otra obra pública) no es por la vía del amparo que se debe exigir, sino a través de los mecanismos previamente establecidos y ante los órganos y entes competentes, quienes deberán atender la petición y resolver su  procedencia técnica, que no implica necesariamente una respuesta positiva. De lo anterior, se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país (ver en este sentido la sentencia número 2003-11519 de las diez horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil tres)”.

 

VII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, el Ministerio de Salud recibió y tramitó la denuncia interpuesta por los recurrentes, para lo cual programó y reprogramó la medición sónica atendiendo también solicitudes de los denunciantes respecto de la vigencia normativa y del día de inspección. Además, se acreditó que la autoridad accionada efectuó la medición en horas de madrugada cuando se presentaron las emisiones ruidosas, por lo anterior dictó el informe técnico y la Orden Sanitaria inmediata MS-DRRSCN-DARSA2-OS-076-2025 con notificación a los responsables. De igual manera, esa decisión fue confirmada mediante la resolución MS-DRRSCN-AJ-J-069-2025, y se mantuvo seguimiento activo mediante reunión de coordinación, programación de nuevas inspecciones y oficios de coordinación interinstitucional junto a la Municipalidad de Alajuela. De igual forma, se practicó visita de verificación el 29 de septiembre de 2025 que constató la persistencia de ruidos prohibidos, lo que motivó la clausura del establecimiento Predio Maba, el retiro del Permiso Sanitario de Funcionamiento y la notificación correspondiente. Adicionalmente, se cursó el cobro de multa y se solicitó a la Municipalidad el retiro de la patente comercial, quedando sin validez el permiso sanitario desde el 30 de septiembre.

De conformidad con lo expuesto, esta Cámara, no advierte inercia ni desatención por parte de la autoridad sanitaria, por el contrario, se constata una gestión progresiva, técnica y proporcionada, encaminada a corregir la fuente de contaminación denunciada, incluso con la adopción de la clausura y la activación de mecanismos sancionatorios junto con la Municipalidad de Alajuela. Si bien dicha actuación, se llevó a cabo durante la tramitación del presente proceso de amparo, se verificó que desde el 13 de mayo de 2025 se había dictado la Orden Sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-076-202 y mediante resolución MS-DRRSCN-AJ-J-069-2025 del 10 de junio de 2025, se dictó sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la persona que desarrollaba la actividad denunciada. Así las cosas, se aprecia que no existió algún tipo de inercia desproporcionada atribuible a la autoridad accionada.

En concordancia con los criterios de esta Sala sobre el alcance del artículo 50 constitucional y los límites del amparo en materia ambiental, así como con la doctrina de la obligación objetiva de protección que exige medidas idóneas frente a peligros comprobados, el estándar exigible al ente rector es de actuación diligente y oportuna, no la obtención inmediata de un resultado material absoluto frente a terceros. En consecuencia, al no acreditarse una omisión actual y reprochable del Ministerio de Salud, en cuanto a la ejecución de las competencias legales de control y fiscalización ambiental, corresponde desestimar el presente proceso de amparo. Se recuerda el deber de la autoridad recurrida de continuar con las visitas de verificación y las acciones sancionatorias que correspondan, así como de mantener la debida coordinación interinstitucional para asegurar la efectividad de las medidas adoptadas.

 VIII.-  NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, que se reclama que se han permitido construcciones sin permisos en una zona de amortiguamiento de un río, lo que genera riesgos ambientales y de deslizamientos, y pese a la denuncia presentada, la Municipalidad de Paraíso no ha resuelto el problema. La situación descrita constituye una excepción a mi posición general en esta materia, por lo que estimo necesario que este Tribunal Constitucional analice por el fondo el asunto, con el fin de verificar o descartar los alegatos de la parte recurrente.

IX.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Considero que, en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente asegura haber denunciado, ante el Ministerio de, la problemática de contaminación sónica proveniente de la propiedad contigua a su vivienda, generada por una empresa de transporte que opera a altas horas de la noche, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida a los amparados y sus familias, pero que no ha sido resuelta.

X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara SIN LUGAR el recurso. Tome nota la autoridad accionada de lo indicado en el considerando VII de esta sentencia. El Magistrado Nombre301 pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 4Q0IJMC02UC61

EXPEDIENTE N° 25-028238-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:31:32.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Expediente: 25-028238-0007-CO

Res. No. 2025033104

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the tenth of October of two thousand twenty-five.

A recurso de amparo processed under expediente number 25-028238-0007-CO, filed by Nombre74669, identity card CED40528, Nombre51946, identity card CED40529, Nombre74670, identity card CED40530, against the MINISTRY OF HEALTH.

WHEREAS:

1.- By written submission received by this Chamber at 11:17 hrs. on September 17, 2025, the petitioners file a recurso de amparo and state that, for 18 years they have lived in a humble dwelling, located on finca number 351640, of the Alajuela registry. They indicate that, on the neighboring property, finca number 112698, a site or depot dedicated to parking a large number of cab-over trucks, semi-trailers, and trailers, among others, has been operating for approximately five years, which day and night generate enormous, very loud noises, expel large amounts of gases and smoke, and disturb the restful sleep of those who live in that sector. They comment that they reported this situation to the Ministry of Health, but, given the inertia of that ministry, they had to resort to the Constitutional Chamber (recurso de amparo no. 23-10355-0007-CO). They note that said recurso was granted and, consequently, the respondent Ministry issued Orden Sanitaria no. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0201-2023, in which it ordered, among other things, "to suspend the entry of containers with refrigeration equipment during nighttime hours (22:00-6:00)". They relate that, at that time, the transport company that rented the site ceased operations and left; however, in January 2024, a new transport company began activities on said site, so that, since that date, the problem of high noise, loud crashes, and pollution persists both during the day and at night, with the early morning hours being those of greatest intensity. By virtue of the foregoing, on May 27 and November 1, 2024, they filed new complaints with the Ministry of Health. They note that, some time later, and given their insistence, they managed to get the respondent Ministry to conduct a visit on April 21, 2025, in the early morning hours, which resulted in the confirmation of noise levels above those permitted. Faced with that situation, the Ministry of Health issued a new Orden Sanitaria (no. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-076-2025), in which it stated, among other things: "DEADLINE: IMMEDIATE. Suspension of all activity that generates sonic contamination and that is proven to violate the maximum permitted limits indicated in Article No. 5 of Decreto Ejecutivo No. 44486-S, these being the following activities; Acceleration in the warming up of cargo truck engines and activation of horns, among others". They denounce that, as of the date of filing the recurso, four months have passed since the referred Orden Sanitaria was issued, but the problem continues. They indicate that the situation is desperate for their families, which include two elderly persons aged 77 and 86, given that, regardless of the time, there is strong acceleration of engines and horns, especially in the early morning hours, which interrupts sleep and rest. In addition, they point out that they are breathing the smoke coming from those trucks. They consider their fundamental rights to be harmed. They request the intervention of this Chamber.

2.- By order issued at 15:28 hrs. on September 23, 2025, this recurso was processed and notified to the respondent authorities on September 26, 2025.

3.- By written submission filed on October 2, 2025, Nombre5233 reports under oath, in her capacity as Acting Director of the Área Rectora de Alajuela 2 of the Ministry of Health, that: "(…) FIRST: For a better understanding of the Constitutional Chamber, by virtue of what was indicated by Mr. Nombre74669, Mr. Nombre51946, Mr. Nombre74670, who indicate that this Ministry has been inactive regarding a complaint for sonic contamination, contamination by gases and smoke, it is appropriate to state that this Ministry, under the duty of probity with which the Public Administration must act and the objective of satisfying the public interest together with the priority collective needs in safeguarding health, has received and processed A COMPLAINT filed on November 1, 2024, linked to the issue of noise, vibrations, smoke and gases generated by the transit and parking of trucks on a site in Coyol de Alajuela, a situation which results in the correct application of the Ley Orgánica del Ministerio de Salud and the Ley General de Salud, as well as the related regulations and on-site verification of compliance with the aforementioned regulations. SECOND: That specifically regarding the actions that the amparo petitioners claim this Ministry has been inactive on, we shall detail the steps taken: 1) On November 1, 2024, a public complaint arrives at the Área Rectora de Alajuela 2 against the establishment Predio Maba for sonic contamination and gases generated by the trucks operating on the premises, which is registered under consecutive number 511-2024. 2) On November 22, 2024, officials Nombre48620, Nombre47195, and Nombre73671 of the Ministry of Health from the Área Rectora de Salud Alajuela 2, conduct a visit to the dwelling of Mr. Nombre74671 to perform sonic measurement, which could not be carried out because the noises that Mr. Nombre74672 denounces did not occur, as recorded in sonic measurement act MS-DRRSCN-DARSA2-3143-2024, and it is therefore rescheduled. (Folios 6 to 7) 3) On December 5, 2024, official Nombre48620 of the Ministry of Health of the Área Rectora de Salud Alajuela 2, contacts Mr. Nombre74672 by telephone call to the number registered in the expediente to reschedule the sonic measurement in response to complaint No. 551-2024. In the conversation, Mr. Nombre74672 requests that the measurement be carried out once the new Decreto Ejecutivo No. 44486-S comes into effect and that the measurement day be changed from Wednesday to Monday, as recorded in telephone call act MS-DRRSCN-DARSA2-3276-2024. (Folio 11) 4) On December 6, 2024, Mr. Nombre74672 delivers to the Área Rectora de Salud de Alajuela 2, a note with consecutive number 5447-2025 in which he ratifies what was agreed in telephone call act MS-DRRSCN-DARSA2-3276-2024. (Folio 12) 5) On April 21, 2025, officials Nombre48620, Nombre47195, and Nombre73671 of the Ministry of Health of the Área Rectora de Salud Alajuela 2, conduct a visit to the dwelling of Mr. Nombre74671 to perform sonic measurement, which is successfully carried out because the noises that Mr. Nombre74672 denounces occurred, as recorded in sonic measurement act MS-DRRSCN-DARSA2-1001-2025. (Folios 16 to 17) 6) On May 13, 2025, official Nombre48620 of the Ministry of Health of the Área Rectora de Salud Alajuela 2, prepares the documents corresponding to technical report MS-DRRSCN-DARSA2-IT-1222-2025 and Orden Sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-076-2025, which are notified to the legal representative Mr. Nombre51947 and to Mr. Nombre51945, owner of the company Transportes Truck Stop Nombre74674&  that leases the property to Mr. Nombre51953, with record remaining in the notification acts of May 16, 2025. (Folios 23 to 42) 7) That through official communication 05275-2025-DHR-[CV] dated May 19, 2025, issued by Nombre74673, Director of Quality of Life of the Defensoría de los Habitantes, the request for intervention from this institution is addressed, as required by Nombre51946 (one of the present amparo petitioners), and for purposes of this matter, it indicates: (Folios 43 to 52) 'Based on the foregoing, this Defensoría does not find elements indicating material actions, acts, or omissions attributable to the Área Rectora de Salud Alajuela 2 of the Ministry of Health that violate or threaten to violate the rights and interests of the inhabitants, given that inspections of the place have been carried out, corrections of anomalies found have been requested, follow-up on the operation of the site in question has been provided, and a orden sanitaria is issued to immediately suspend the activity generating the problems and, should they wish to resume the activity, to present a noise confinement plan with its respective work schedule not exceeding 4 months to eliminate or mitigate the noise nuisances. In accordance with the foregoing, the Área Rectora de Salud de Alajuela 2 is requested to conduct periodic visits to the place, for a set period, in order to verify compliance with orden sanitaria number MS-DRRSCN-DARSA2-OS-076-2025 of May 13, 2025; should any type of anomaly be found, proceed in accordance with the provisions of national regulations. (…)' (The underlining and highlighting do not correspond to the original) 8) On May 22, 2025, Mr. Nombre51945, owner of the company Transportes Truck Stop Nombre74674& , files with the Ministry of Health a Recurso de Revocatoria with Apelación en Subsidio, which is declared without merit on June 10, 2025, as recorded in resolution MS-DRRSCN-AJ-J-069-2025. (Folios 53 to 66) 9) On September 11, 2025, in response to what was indicated by Mr. Nombre74672 in the email sent to the Área Rectora de Alajuela 2, expressing his concern as the problem continues even though the Ministry of Health intervened, he is attended at the director's office by Dr. Nombre48619, acting director, with act MS-DRRSCN-DARSA2-2773-2025 being drawn up, in which the following agreements were reached: (Folios 74 to 78) • The Área Rectora de Salud Alajuela 2 will conduct inspection visits, the first on September 29, 2025, starting at 20:01 hours, and the second visit on October 6, 2025, before 6:00 hours. • The Área Rectora de Salud Alajuela 2 will send an official communication to the Municipalidad de Alajuela requesting accompaniment from Patent and Municipal Police officials. • Finally, Mr. Nombre74672 will try to request from the Fuerza Pública and Municipal Police reports of the visits made following calls to 9-1-1. 10) On September 12, 2025, in response to the agreements reached with Mr. Nombre74672 at the Área Rectora de Alajuela 2, official communication CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-2711-2025 is sent to the Municipalidad de Alajuela requesting support, for which no response was received from the municipality. (Folio 79 to 81) 11) On September 29, 2025, official Nombre48620 of the Ministry of Health of the Área Rectora de Salud Alajuela 2, conducts the visit to the dwelling of Mr. Nombre74671 as part of the agreement made to follow up on the problem; on site, the presence of the noises that had been suspended in the administrative act sent is determined, as recorded in ocular act MS-DRRSCN-DARSA2-2955-2025. Therefore, closure is proceeded with by means of closure act MS-DRRSCN-DARSA2-0022-2025 for the establishment Predio Maba. This is notified on site to the legal representative Mr. Nombre51947, as recorded in the notification act of September 29, 2025. Seals are placed and the Permiso Sanitario de Funcionamiento is removed. (Folios 83 to 87) (Folios 103 to 105) 12) On September 30, 2025, the Área Rectora de Salud Alajuela 2 sends to the legal representative, Mr. Nombre51947, at the electronic address registered in the expediente for notifications, the Sanitary Report fine collection CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-2965-2025. (Folios 93 to 96) 13) Official communication CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-2966-2025 is sent to the Municipalidad de Alajuela, requesting collaboration for the revocation of the commercial license of the establishment. (Folios 90 to 92) 14) The establishment held permiso sanitario de funcionamiento #0094-2022, which becomes invalid as of September 29, 2025, for the activity of Truck Maintenance and Depot. The establishment has land use for licensing and favorable location approval, Resolution: MA-ACC-US-152-2022. FOR SAID CHAMBER TO RESPECTFULLY CONSIDER According to what is indicated above, regarding the denounced problem, effective and timely attention to the complaint filed with this Área Rectora de Salud and the inspections carried out has been evidenced in the cited background. Along these same lines, the Defensoría de los Habitantes, through its Directorate of Quality of Life, has previously been able to verify the actions carried out by this Ministry through its Área Rectora de Salud, not finding material actions, acts, or omissions that violate or threaten to violate the rights and interests of the inhabitants, which is confirmed in the aforementioned official communication 05275-2025-DHR-[CV]. (see folio 52) THIRD: That this Ministry and the Dirección de Área Rectora de Salud Alajuela 2 have acted diligently in processing in a timely manner and according to the corresponding internal administrative procedure in this Organizational Unit, being in direct and constant communication with the complainant, informing him of the actions to be carried out by the Dirección de Área Rectora de Salud, this being one of the amparo petitioners of the present recurso. Likewise, due to the duty of probity present in the Public Administration and with the objective of satisfying the public interest together with the priority collective needs in safeguarding health, THREE inspections linked to the problem indicated by the amparo petitioners have been carried out to verify compliance with the Ley Orgánica del Ministerio de Salud, the Ley General de Salud, and related laws. Additionally, control actions were executed, which shows that we have not exceeded unreasonable deadlines, that the corresponding actions according to our Ministry's competence have been executed, or that there has been an excessive and unjustified delay. Likewise, with Mr. Nombre74672 (this being one of the amparo petitioners), through a meeting on September 11, 2025, a course of action and the dates on which the actions would be executed had been agreed upon, for which reason his intentions in filing the recurso de amparo in question are unknown. For all the foregoing, this Dirección de Área Rectora de Salud rejects a supposed violation of constitutional rights, as it has acted diligently, according to our competencies, to address the complaint filed regarding the underlying problem."

4.- In the substantiation of this process, the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the matter —regarding the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure— it must be clarified that, based on judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the deadlines established by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or by the sectoral laws relating to special administrative procedures, both to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— and to hear the pertinent administrative recursos. Precisely, in this case a scenario of exception is raised, as we are faced with a complaint filed with the Área Rectora de Alajuela 2 of the Ministry of Health regarding a problem of environmental contamination that affects the petitioners and that, apparently, has not been resolved. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- PURPOSE OF THE RECURSO. The petitioners file a recurso de amparo and state that they have lived for eighteen years in a humble dwelling located on finca number 351640, of the Alajuela registry. They indicate that, on neighboring finca number 112698, a depot has operated for approximately five years where cab-over trucks, semi-trailers, and trailers are parked, which generates strong noise, gases, and smoke throughout the day and night, affecting their rest and health. They indicate that they reported this situation to the Ministry of Health, but, given its inaction, they turned to the Constitutional Chamber through recurso de amparo number 23-10355-0007-CO, which was granted. In compliance with the judgment, the Ministry issued Orden Sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0201-2023, ordering, among other measures, to suspend the nighttime entry of containers with refrigeration equipment. After that, the company operating the depot ceased activities. However, in January 2024 a new transport company began work at the same location, reproducing the sonic and environmental contamination. Therefore, the amparo petitioners filed new complaints on May 27 and November 1, 2024 with the Ministry of Health. Thanks to their insistence, that institution conducted an inspection on April 21, 2025, in the early morning hours, which confirmed noise levels above legal limits. Consequently, the Ministry issued Orden Sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-076-2025, immediately ordering the suspension of all activity generating sonic contamination, specifically the acceleration and warming up of engines and the use of truck horns. However, at the time of filing the recurso, four months had passed since the issuance of said order and the problem persisted. The petitioners indicate that the situation has become unbearable for their families —which include older adults aged 77 and 86— due to the noises and gases that affect their sleep, rest, and health. They consider their fundamental rights violated and request the intervention of the Constitutional Chamber so that the effective enjoyment of their rights may be restored.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:

1. On November 1, 2024, a public complaint was filed with the Área Rectora de Salud Alajuela 2 against the establishment called Predio Maba, for sonic contamination and gases generated by the trucks operating in said place, which was registered under consecutive No. 511-2024 (see report issued by the respondent authorities).

2. On November 22, 2024, officials Nombre48620, Nombre47195, and Nombre73671, of the Ministry of Health, conducted a visit to the dwelling of Mr. Nombre74671 to perform a sonic measurement, which could not be carried out because the denounced noises did not occur, with record remaining in sonic measurement act MS-DRRSCN-DARSA2-3143-2024 (see report issued by the respondent authorities).

3. On December 5, 2024, official Nombre48620 contacted Mr. Nombre74671 to reschedule the sonic measurement; during the call, the complainant requested that it be carried out once the new Decreto Ejecutivo No. 44486-S came into effect and that the measurement day be changed from Wednesday to Monday, as recorded in telephone act MS-DRRSCN-DARSA2-3276-2024 (see report issued by the respondent authorities).

4. On December 6, 2024, Mr. Nombre74671 submitted to the Área Rectora de Salud Alajuela 2 a note with consecutive No. 5447-2025, in which he ratified what was agreed in the previous telephone call (see report issued by the respondent authorities).

5. On April 21, 2025, officials of the Ministry of Health conducted a new visit to the dwelling of Mr. Nombre74671, successfully performing the sonic measurement as the denounced noises occurred, as recorded in act MS-DRRSCN-DARSA2-1001-2025 (see report issued by the respondent authorities).

6. On May 13, 2025, official Nombre48620 prepared technical report MS-DRRSCN-DARSA2-IT-1222-2025 and Orden Sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-076-2025, which were notified on May 16, 2025, to the legal representative Nombre51947 and to the owner Nombre51945, of the company Transportes Truck Stop Nombre74674&  (see report issued by the respondent authorities).

7. On May 19, 2025, the Defensoría de los Habitantes, by official communication No. 05275-2025-DHR-[CV], concluded that there were no actions or omissions by the Área Rectora de Salud de Alajuela 2 that violated the rights of the inhabitants, recommending continuing with inspections and verifying compliance with the orden sanitaria (see report issued by the respondent authorities).

8. On May 22, 2025, Mr. Nombre51945 filed a recurso de revocatoria with apelación en subsidio against the orden sanitaria, which was declared without merit by resolution MS-DRRSCN-AJ-J-069-2025 of June 10, 2025 (see report issued by the respondent authorities).

9. On September 11, 2025, Mr. Nombre74671 was attended at the office of the Directorate of the Área Rectora de Salud Alajuela 2 by Dr. Nombre48619, in response to his complaint that the problem persisted; at that meeting, it was agreed to conduct new inspections on September 29, 2025, and October 6, 2025, in addition to requesting accompaniment from the Municipalidad de Alajuela and the Fuerza Pública (see report issued by the respondent authorities).

10. On September 12, 2025, official communication CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-2711-2025 was sent to the Municipalidad de Alajuela requesting support for the inspections, without receiving a response (see report issued by the respondent authorities).

11. By order issued at 15:28 hrs. on September 23, 2025, this recurso was processed and notified to the respondent authorities on September 26, 2025 (the orders).

12. On September 29, 2025, official Nombre48620 conducted a new visit to the dwelling of Mr. Nombre74671, confirming the persistence of the previously sanctioned noises, for which reason the closure of the establishment Predio Maba was proceeded with, ordering closure act MS-DRRSCN-DARSA2-0022-2025, notifying the legal representative on site, and removing the Permiso Sanitario de Funcionamiento. (see report issued by the respondent authorities)

13. On September 30, 2025, the Área Rectora de Salud Alajuela 2 sent to Mr. Nombre51947 the sanitary report CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-2965-2025 regarding the collection of the corresponding fine (see report issued by the respondent authorities).

14. On that same date, the Ministry of Health sent the Municipalidad de Alajuela official communication CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-2966-2025, requesting collaboration for the revocation of the commercial license of the closed establishment (see report issued by the respondent authorities).

15. Permiso sanitario de funcionamiento No. 0094-2022, corresponding to the truck maintenance and depot activity of the establishment Predio Maba, became invalid as of September 29, 2025 (see report issued by the respondent authorities).

IV.- REGARDING THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, this Tribunal has developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Constitución Política. Environmental protection is a suitable mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of Public Powers over factors that can alter its balance and hinder a person's development and life in a healthy environment. The State is constituted as the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities constitute an essential function of the State, whereby, in the case of environmental protection, the functions of stewardship, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, in charge of the various administrative agencies.

V.- REGARDING CONSTITUTIONAL COMPETENCE IN ENVIRONMENTAL MATTERS. As has been reiterated in the jurisprudence of this Chamber, constitutional competence in environmental matters cannot extend to the point of becoming a verifier of the technical criteria set forth in regulations or by administrative authorities in environmental matters, but is limited to verifying whether the competent state agencies have fulfilled the obligation imposed on them by Article 50 of the Constitución Política, to assume responsible and timely action regarding environmental protection. It has also been held that the admissibility of the recurso de amparo is conditioned on the proof of the existence of a disturbance or threat to one or more of the rights or guarantees contemplated in the Carta Política or in the international human rights instruments signed by the country. This last circumstance highlights the eminently summary nature of the amparo process, the processing of which does not lend itself well to the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or to the need to first examine —with declaratory effect— whether or not there are infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual basis of the recurso de amparo or the legal report, as the case may be, since it is evident that this is a competence that this Chamber lacks. In such a situation, it is not appropriate for the Chamber to issue any pronouncement (positive or negative) in these cases, because in order to elucidate whether or not there has been an infringement of fundamental rights, such conflict must first be resolved at the legality level.

VI.- REGARDING THE OBJECTIVE OBLIGATION OF THE STATE TO PROTECT HUMAN LIFE. This Constitutional Tribunal has recognized the objective obligation of the State to protect human life and has pronounced on administrative omissions that threaten road safety and the physical integrity of persons. In this regard, it is pertinent to refer to what is provided in judgment No. 2008-18443 of 18:01 hours on December 11, 2008, where it was indicated:

"Prior to analyzing the specific case, it is pertinent to indicate what has been said by this Chamber regarding the objective obligation of the State to protect human life, in the sense that it has been usual for the right to life, frequently analyzed together with the right to physical integrity, to have been understood as a right of negative content, that is, that its object was limited to the claim against the State to refrain from carrying out actions aimed at eliminating the physical existence of persons, for example, torture or the death penalty, or else, to punish persons, public and private, who threaten the life and integrity of others, through the criminal system. However, the current trend is to impose various positive duties on the State, in the sense that it must not disturb the physical existence of persons and, in addition, must act to protect them, in the face of the multiple dangers that await them, whether they come from actions of the State itself or from other persons, and even from nature itself. Hence, for example, environmental issues have become, at least in our country, a matter of constitutional nature, since the right to a healthy and ecologically balanced environment was elevated to the status of a fundamental right. Now, it is necessary to clarify that the objective existence of a State obligation regarding the protection of the right to life does not inevitably entail a subjective right of persons to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does mean that suitable measures must be taken in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes by public authorities. Consequently, it means that the State acquires the obligation to regulate areas of social life from which dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory may arise, whether through law, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures, and the subjective right of persons for this to be done diligently."

Thus, the possibility of judicially demanding, through amparo, a specific type of benefit activity from the State in fulfillment of its duty to protect the life and physical integrity of its inhabitants is restricted to the clear verification of an imminent danger against those rights of individuals, such that if, for example, a certain community deemed it necessary to have a hospital for the care of its residents (or any other public work), it is not through amparo that it should be demanded, but rather through the previously established mechanisms and before the competent organs and entities, who must address the petition and resolve its technical feasibility, which does not necessarily imply a positive response. From the foregoing, it follows that the intervention of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven inertia on the part of the State, through its competent organs, in addressing the demands made by the country's inhabitants in exercise of their rights (see in this regard judgment number 2003-11519 of ten hours and thirty minutes of October tenth, two thousand three).\n\n \n\nVII.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court dismisses the violation of the fundamental rights of the protected party. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law that governs this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that the Ministry of Health received and processed the complaint filed by the petitioners, for which it scheduled and rescheduled the sonic measurement, also attending to requests from the complainants regarding regulatory validity and the day of inspection. Furthermore, it was accredited that the respondent authority carried out the measurement in the early morning hours when the noise emissions occurred, for which it issued the technical report and the immediate Sanitary Order (Orden Sanitaria) MS-DRRSCN-DARSA2-OS-076-2025 with notification to the responsible parties. Likewise, that decision was confirmed through resolution MS-DRRSCN-AJ-J-069-2025, and active follow-up was maintained through a coordination meeting, scheduling of new inspections, and inter-institutional coordination communications together with the Municipality of Alajuela. Similarly, a verification visit was carried out on September 29, 2025, which confirmed the persistence of prohibited noises, which led to the closure of the establishment Predio Maba, the withdrawal of the Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento), and the corresponding notification. Additionally, the collection of a fine was processed and the Municipality was requested to withdraw the commercial license (patente comercial), leaving the sanitary permit invalid as of September 30.\n\nIn accordance with the foregoing, this Chamber does not perceive inertia or neglect on the part of the health authority; on the contrary, a progressive, technical, and proportionate management is verified, aimed at correcting the reported source of contamination, even with the adoption of closure and the activation of sanctioning mechanisms together with the Municipality of Alajuela. Although said action was carried out during the processing of this amparo proceeding, it was verified that as of May 13, 2025, the Sanitary Order MS-DRRSCN-DARSA2-OS-076-202 had been issued, and through resolution MS-DRRSCN-AJ-J-069-2025 of June 10, 2025, the appeal filed by the person carrying out the reported activity was dismissed. Thus, it is evident that there was no type of disproportionate inertia attributable to the respondent authority.\n\nIn accordance with the criteria of this Chamber regarding the scope of Article 50 of the Constitution and the limits of amparo in environmental matters, as well as with the doctrine of the objective obligation of protection that requires suitable measures in the face of proven dangers, the standard required of the governing body is one of diligent and timely action, not the immediate obtaining of an absolute material result against third parties. Consequently, since a current and reprehensible omission by the Ministry of Health regarding the execution of its legal powers of environmental control and oversight is not accredited, this amparo proceeding must be dismissed. The duty of the respondent authority is noted to continue with verification visits and the corresponding sanctioning actions, as well as to maintain proper inter-institutional coordination to ensure the effectiveness of the adopted measures.\n\n VIII.-  NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. In principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, because that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate their disagreements with greater breadth. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omitted administrative conduct, or groups considered vulnerable are affected, I do address the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, as happens in this case, where it is claimed that constructions without permits have been allowed in a buffer zone (zona de amortiguamiento) of a river, which generates environmental and landslide risks, and despite the complaint filed, the Municipality of Paraíso has not resolved the problem. The described situation constitutes an exception to my general position on this matter, therefore I deem it necessary for this Constitutional Court to analyze the merits of the matter in order to verify or dismiss the allegations of the appellant.\n\nIX.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. I consider that, in environmental matters, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50 of the Political Constitution), as happens in this case, in which the appellant claims to have reported, before the Ministry of, the problem of sonic contamination coming from the property adjacent to their home, generated by a transport company that operates late at night, which affects the right to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life for the protected parties and their families, but which has not been resolved.\n\nX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe appeal is declared WITHOUT MERIT. The respondent authority shall take note of what is indicated in consideration VII of this judgment. Judge Nombre301 files a note. Judge Salazar Alvarado records a note.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n 4Q0IJMC02UC61\n\nEXPEDIENTE N° 25-028238-0007-CO\n\n \n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).\n\n \n\n \n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:31:32.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República