Res. 33417-2025 Sala Constitucional — Denial of clarification on Cahuita detention fails to apply Convention 169Negativa de aclaración sobre detención en Cahuita no analiza Convenio 169

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Sala Constitucional

Resolución Nº 33417 - 2025

Fecha de la Resolución: 14 de Octubre del 2025 a las 09:35

Expediente: 25-027477-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de hábeas corpus

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-027477-0007-CO

Res. Nº 2025033417

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del catorce de octubre de dos mil veinticinco .

Gestión de adición y aclaración en el recurso de hábeas corpus presentado por Nombre76210, cédula de identidad CED41212, contra el PODER JUDICIAL, y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 10:52 horas del 06 de octubre de 2025 el recurrente presenta solicitud de adición y aclaración de la sentencia número 2025031663  de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del treinta de setiembre de dos mil veinticinco. Manifiesta lo siguiente: “I. OBJETO DEL RECURSO Solicito a esta Honorable Sala que aclare y se pronuncie expresamente sobre los puntos omitidos y no resueltos en el voto impugnado, en tanto dichas omisiones afectan directamente la tutela judicial efectiva, el control de convencionalidad y la protección diferenciada que ampara al pueblo tribal afrodescendiente de Cahuita, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De forma particular, se advierte que la sentencia recurrida invisibiliza mi identidad y condición de ciudadano afrodescendiente, al omitir reconocer el contexto étnico, cultural y ancestral que me vincula con la comunidad de Cahuita y con la administración histórica del Parque Nacional homónimo. Tal omisión constituye una manifestación de racismo estructural y una negación del derecho a la identidad afrotribal, consagrado en el bloque de convencionalidad y en la jurisprudencia internacional sobre pueblos afrodescendientes. II. FUNDAMENTO LEGAL Asimismo, la Sala Constitucional omitió valorar un aspecto esencial del caso: que el Parque Nacional Cahuita constituye un territorio ancestral afrodescendiente, históricamente habitado, conservado y administrado por la comunidad tribal de Cahuita, reconocida por diversos instrumentos nacionales e internacionales como sujeto de derechos colectivos. El área geográfica del Parque Nacional Cahuita se encuentra en la costa litoral del Caribe costarricense, donde la comunidad afrodescendiente ha desarrollado, desde el siglo XIX, una ocupación continua y un vínculo espiritual, social y económico con el territorio. Dicho asentamiento y forma de vida reflejan una relación de ancestralidad y uso tradicional, que cumple con los elementos que el Convenio 169 de la OIT reconoce como constitutivos del derecho de propiedad y posesión colectiva de los pueblos tribales. Asimismo, el voto N.° 2025-031663 de la Sala Constitucional reconoció expresamente que la costa litoral del Caribe Sur constituye un territorio ancestral afrodescendiente, en el cual el Estado tiene el deber de garantizar la consulta previa, libre e informada antes de adoptar cualquier medida administrativa o normativa que pueda afectar los derechos colectivos, el uso tradicional del territorio o la gestión comunitaria de sus recursos. Este reconocimiento reafirma la obligación estatal de respetar la autonomía, la participación y la administración local del territorio, en especial respecto del Parque Nacional Cahuita, cuya creación y funcionamiento no pueden desligarse de la presencia histórica, cultural y espiritual de la población afrodescendiente que lo habita. La administración comunitaria del Parque —ejercida a través de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC)— representa una manifestación legítima del derecho al uso, disfrute, manejo y conservación del territorio ancestral, en concordancia con los artículos 6, 7, 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT y con los artículos 89 y 50 de la Constitución Política. El derecho al disfrute y a la administración del Parque por parte de la comunidad afrodescendiente no deriva de una concesión estatal, sino del reconocimiento histórico y jurídico de su condición de pueblo tribal, depositario de prácticas culturales, ambientales y espirituales vinculadas al territorio. En consecuencia, toda medida administrativa o política pública relacionada con el Parque Nacional Cahuita debe fundarse en la participación efectiva, el consentimiento informado y la cogestión comunitaria, como expresión del principio de autodeterminación y gestión territorial compartida, que rige la relación entre el Estado y los pueblos tribales afrodescendientes. De acuerdo con los artículos 13 y 14 del Convenio 169, los Estados deben reconocer los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos interesados y garantizar la protección efectiva de esos territorios. La Sala, sin embargo, omitió aplicar estas disposiciones pese a que el caso versa precisamente sobre un territorio donde el pueblo afrodescendiente de Cahuita mantiene una presencia histórica y cultural ininterrumpida, ejercitando funciones comunitarias de protección ambiental y administración del parque reconocidas en distintos periodos por el propio Estado costarricense. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz vs. Honduras (2015) y Comunidad Afrodescendiente de San Basilio de Palenque vs. Colombia (opiniones consultivas), ha sostenido que los pueblos afrodescendientes con vínculo territorial ancestral gozan de la misma protección jurídica que los pueblos indígenas en materia de propiedad colectiva, participación y consulta previa. En este sentido, el territorio que comprende el Parque Nacional Cahuita no puede ser interpretado como un simple bien de dominio público ambiental, sino como un territorio ancestral protegido por el Convenio 169, donde la comunidad de Cahuita conserva derechos inalienables de autodeterminación, administración y usufructo sostenible. La falta de valoración de este elemento estructural constituye una omisión sustancial que afecta la integridad del voto impugnado. Al desconocer el carácter ancestral afrodescendiente del Parque Nacional Cahuita, la Sala privó de efecto práctico al derecho de consulta previa y a la autogestión ambiental comunitaria, invisibilizando la relación histórica, espiritual y cultural del pueblo de Cahuita con el territorio. Este error vulnera los artículos 6, 7, 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT, así como los artículos 33, 48 y 89 de la Constitución Política, que imponen al Estado el deber de reconocer, respetar y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación costarricense. En consecuencia, el análisis efectuado por la Sala resulta incompleto e incongruente, al resolver el hábeas corpus como si se tratara de una cuestión meramente administrativa o ambiental, sin advertir que se encuentra frente a un caso de trascendencia constitucional y convencional, que involucra los derechos colectivos del pueblo tribal afrodescendiente de Cahuita sobre su territorio ancestral. Por ello se solicita a la Sala: Adicionar el voto, incorporando un pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones contenidos en la ampliación, en especial sobre: El carácter ancestral y tribal afrodescendiente de la comunidad de Cahuita y su vínculo histórico con el Parque Nacional Cahuita. El deber de consulta previa, libre e informada antes de emitir actos o políticas públicas que afecten ese territorio. La legitimidad de la administración y gestión comunitaria del Parque por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC). La aplicación directa del Convenio 169 de la OIT y del bloque de constitucionalidad en materia de derechos colectivos afrodescendientes. Aclarar si la omisión de pronunciamiento sobre los hechos y fundamentos de la ampliación obedece a un criterio procesal o material, y si dicha omisión puede considerarse una denegación de justicia a la luz de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adicionar en la parte dispositiva del voto una declaración expresa del deber estatal de garantizar la participación y administración local de la comunidad afrodescendiente en el manejo y disfrute del Parque Nacional Cahuita, conforme a lo resuelto en el propio voto 2025-031663 y a los artículos 6, 7, 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT. II.I Inaplicación del Convenio 169 y aplicación de leyes no consultadas a la población afrodescendiente. El voto N.° 2025-031663 refleja una omisión y un acto de racismo estructural por parte de la Sala Constitucional, al aplicar normas legales posteriores al Convenio 169 de la OIT sin realizar el correspondiente control de convencionalidad, ni verificar si dichas disposiciones fueron consultadas a la población afrodescendiente, pese a incidir directamente en mis derechos territoriales, culturales y procesales. Esta omisión supone una infracción al artículo 7 del Convenio 169, al artículo 33 de la Constitución Política, y a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto ignora el deber reforzado del Estado de asegurar un proceso de decisión inclusivo, participativo y culturalmente adecuado. Dicha actuación resulta contradictoria con la propia jurisprudencia reciente de esta Sala Constitucional, en particular con la resolución N.º 2025029985, dictada a las 09:30 horas del 19 de septiembre de 2025, dentro del expediente N.º 23-027898- 0007-CO, en la cual la Sala reconoció expresamente que la costa litoral del Caribe Sur constituye un territorio ancestral afrodescendiente y declaró el deber estatal de garantizar la consulta previa, libre e informada antes de emitir actos administrativos o normativos que afecten ese territorio. En esa sentencia, la Sala estableció que la consulta previa es una condición obligatoria de validez para cualquier decisión que incida en el uso, goce, disfrute o administración de los territorios afrodescendientes, enfatizando que la omisión de ese procedimiento constituye una violación directa del Convenio 169 de la OIT y del bloque de constitucionalidad costarricense. Por tanto, el voto N.° 2025- 031663 incurre en incongruencia y contradicción material, al desatender el precedente obligatorio emanado de la resolución N.º 2025029985, que fijó el carácter vinculante del deber de consulta y el reconocimiento del territorio ancestral afrodescendiente de la costa litoral del Caribe Sur. Esta omisión resulta incompatible con los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, que imponen al Estado la obligación de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y de buena fe, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Dicha obligación, conforme a la jurisprudencia interamericana (casos Nombre44692 vs. Surinam, 2007; Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz vs. Honduras, 2015), no se limita a proyectos materiales, sino que abarca toda disposición o ley que incida en derechos colectivos o territoriales de los pueblos tribales. En el caso que nos ocupa, la Sala aplica y asume la vigencia de diversas leyes posteriores a la publicación del Convenio 169 en 1992, sin comprobar su compatibilidad ni su consulta previa, entre ellas: - La Ley de Biodiversidad N.° 7788 de 1998, que reorganizó el régimen nacional de conservación y aprovechamiento de recursos biológicos y creó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Dicha ley fue aprobada sin proceso de consulta a los pueblos afrodescendientes y omite reconocer expresamente sus derechos colectivos de administración, uso y beneficio sobre los territorios y recursos naturales que han protegido históricamente. - La Ley Forestal N.° 7575 de 1996, base de la Ley de Parques Nacionales, que reconfiguró la administración de las áreas silvestres protegidas —incluido el Parque Nacional Cahuita—, sin tomar en cuenta su carácter ancestral afrodescendiente ni garantizar la participación comunitaria establecida en el Convenio 169. - El Código Procesal Penal N.° 7594 de 1996, igualmente posterior al Convenio 169, aplicado en el proceso que dio origen al hábeas corpus, sin valorar que su ejecución práctica reproduce sesgos estructurales contra personas afrodescendientes al carecer de previsiones de defensa culturalmente adecuada, uso de intérprete en idioma creole y protocolos de detención con enfoque étnico y de derechos humanos. Ninguna de estas leyes fue objeto de consulta previa, libre e informada conforme a los estándares internacionales; por tanto, su aplicación automática en contextos afrodescendientes es inconvencional y contraria al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que prohíbe invocar disposiciones de derecho interno para justificar el incumplimiento de tratados internacionales. La Sala Constitucional, al resolver el hábeas corpus sin ponderar estas normas frente al Convenio 169 ni examinar su falta de consulta, incurrió en omisión de control de convencionalidad, violando el principio de supremacía del bloque de convencionalidad. En consecuencia, se solicita también que este Tribunal aclare y adicione el voto N.° 2025-031663, reconociendo expresamente: 1. Que el fallo incurre en inaplicación del Convenio 169 al utilizar leyes no consultadas con la población afrodescendiente. 2. Que, en virtud del bloque de convencionalidad, deben inaplicarse las disposiciones contenidas en las Leyes N.° 7788, 7575 y 7594 en cuanto sean contrarias a los derechos de consulta, participación, propiedad colectiva, administración y disfrute de territorios ancestrales y tutela judicial diferenciada del pueblo afrodescendiente de Cahuita. 3. Que la Sala, como órgano de cierre constitucional, debe ejercer control de convencionalidad pleno, asegurando la armonización entre la normativa interna y los compromisos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado costarricense. II.II. Necesidad de aclarar la remisión indebida a otra vía judicial. Resulta imperativo que esta Sala aclare por qué razón se remite al suscrito a acudir a otra vía judicial para reclamar la protección de sus derechos como persona afrodescendiente, cuando el control de convencionalidad —que corresponde ejercer a la propia Sala Constitucional— le obliga a aplicar directamente el Convenio 169 de la OIT en la resolución del presente recurso. La jurisprudencia interamericana ha establecido que ningún órgano del Estado puede eludir la aplicación directa del derecho internacional de los derechos humanos, ni condicionar su eficacia a la apertura de otros procesos judiciales o administrativos (Corte IDH, caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, 2006; caso Nombre49628 vs. Uruguay, 2011). En consecuencia, la Sala, al remitir al suscrito a una vía ordinaria, omite ejercer el control de convencionalidad que le corresponde conforme al artículo 2 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y a los artículos 6, 7, 13 y 14 del Convenio 169, los cuales son de aplicación directa e inmediata. Se solicita, por tanto, que esta Honorable Sala aclare expresamente las razones por las cuales no ejerció el control de convencionalidad que le correspondía y explique jurídicamente por qué considera procedente desplazar al recurrente a otra vía, pese a que la materia denunciada —la invisibilización de derechos afrodescendientes, el desconocimiento del carácter ancestral del territorio de Cahuita y la omisión de consulta previa— es de naturaleza constitucional y convencional, y por tanto debe ser resuelta en sede constitucional. III. En el voto N.° 2025-031663, dictado el 30 de septiembre de 2025 dentro del expediente N.° 25-027477-0007-CO, la Sala Constitucional resolvió el hábeas corpus que interpuse con motivo de mi detención, que tuvo su origen directo en el ejercicio de funciones comunales vinculadas a la administración ancestral del territorio afrodescendiente de Cahuita. En dicha resolución, la Sala expresó literalmente lo siguiente: “La Sala toma nota de dicho contexto y de los antecedentes históricos, sociales y culturales alegados, que reflejan la presencia prolongada y el vínculo espiritual de la población afrodescendiente con el litoral caribeño costarricense.” (Voto N.° 2025-031663, Sala Constitucional, 30 de septiembre de 2025, Exp. 25-027477- 0007-CO, pág. 9). Esa manifestación constituye un reconocimiento expreso de la existencia de un territorio ancestral afrodescendiente en el litoral caribeño costarricense, y en particular en el entorno territorial del Parque Nacional Cahuita, donde mi comunidad ha mantenido —por generaciones— una presencia prolongada y un vínculo espiritual con la tierra. Estos elementos cumplen con los criterios establecidos en los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT, que definen como territorios ancestrales aquellos en los que los pueblos tribales mantienen ocupación tradicional y una relación espiritual, cultural y social continua con la tierra. Al reconocerlo, la Sala admite que los hechos analizados se desarrollan dentro de un contexto territorial y cultural especial protegido por el derecho internacional y el bloque de constitucionalidad (Convenio 169). Sin embargo, pese a esa admisión, el Tribunal omitió valorar las consecuencias jurídicas de ese reconocimiento respecto de la detención y los allanamientos, absteniéndose de aplicar el control de convencionalidad que le correspondía ejercer. Esta situación debe analizarse conjuntamente con la resolución N.° 2025029985, dictada por la misma Sala Constitucional a las 09:30 horas del 19 de septiembre de 2025, dentro del expediente N.° 23-027898-0007-CO, mediante la cual se declaró que la costa litoral del Caribe Sur constituye un territorio ancestral afrodescendiente (el Parque Nacional Cahuita se encuentra en el litoral descrito por la Sala) y se estableció el deber del Estado costarricense de garantizar la consulta previa, libre e informada antes de adoptar cualquier decisión administrativa o normativa que afecte los derechos colectivos, culturales o territoriales de nuestra población. En esa sentencia de consulta previa, la Sala fundamentó que el territorio afrodescendiente de Cahuita forma parte de la identidad cultural y espiritual del pueblo afrocaribeño, y que las instituciones del Estado deben respetar el derecho de consulta previa libre e informada. Al establecer la Sala en ambos votos el reconocimiento ancestral y cultural con ello también reconoció expresamente que la participación y administración comunal del Parque constituye una manifestación de nuestro derecho a la autodeterminación como pueblo afrodescendiente, conforme a los artículos 6, 7, 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT y el artículo 89 de la Constitución Política. Al analizar ambas resoluciones en conjunto, se evidencia una unidad de hecho y de derecho: la propia Sala Constitucional reconoce que la costa caribeña —y particularmente el Parque Nacional Cahuita— constituye un territorio ancestral afrodescendiente, donde el Estado tiene la obligación de respetar la autodeterminación y la consulta previa. Sin embargo, en el voto N.° 2025-031663, el Tribunal no aplicó esas consecuencias jurídicas al caso concreto, pese a que mi detención se originó precisamente por el ejercicio de esas funciones comunales ancestrales. Por tanto, la contradicción es evidente: por un lado, la Sala reconoce la ancestralidad del territorio y el deber de consulta; pero, por otro, valida una detención que criminaliza el mismo ejercicio de gestión y administración comunal que ella misma ha declarado como expresión legítima del derecho de autodeterminación afrodescendiente. Desde mi perspectiva como persona afrodescendiente perteneciente a la comunidad de Cahuita, esa omisión constituye una violación directa al principio de legalidad penal, al derecho a la igualdad y no discriminación, y al derecho a la tutela judicial efectiva, porque se me privó de libertad en el contexto de una labor comunal reconocida como parte de la identidad cultural y ancestral del territorio. La ancestralidad reconocida por la Sala excluye la tipicidad penal de los hechos que dieron origen a la detención, pues mis actuaciones no fueron delictivas, sino expresiones legítimas de defensa y administración del territorio ancestral de Cahuita, amparadas por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política. Por ello, toda actuación represiva o judicial derivada de esas funciones es ilegal, arbitraria y contraria al bloque de convencionalidad. En consecuencia, el reconocimiento efectuado por la Sala en ambos fallos —la existencia del territorio ancestral y el deber de consulta— obliga a concluir que la detención y los allanamientos son nulos de pleno derecho, al haberse realizado sin respeto al régimen especial de protección, sin consulta previa y con desconocimiento de la jurisdicción y autoridad comunal afrodescendiente. Esta vulneración se agrava aún más por la aplicación, por parte de la propia Sala, de normas legales y reglamentarias que nunca fueron consultadas a la población afrodescendiente, en abierta contradicción con el Convenio 169 de la OIT y la resolución N.° 2025029985, que estableció expresamente el deber estatal de garantizar la consulta previa, libre e informada antes de dictar cualquier disposición normativa que afecte derechos territoriales o culturales. De esta manera, la aplicación de leyes no consultadas constituye una violación estructural del principio de legalidad, del control de convencionalidad y del derecho de los pueblos tribales a determinar sus propias prioridades de desarrollo y administración territorial. Ello refuerza la obligación de la Sala de aclarar y adicionar el voto N.° 2025-031663, a fin de emitir un pronunciamiento expreso sobre la ilegalidad e inconvencionalidad de la detención, en respeto al bloque de constitucionalidad y convencionalidad vigente en Costa Rica. La omisión de pronunciarse sobre estos extremos hace que el voto N.° 2025- 031663 resulte incompleto y contradictorio, y por ello solicito que sea aclarado y adicionado, conforme al artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, para que la Sala emita un pronunciamiento expreso sobre la ilegalidad e inconvencionalidad de la detención, a la luz de los artículos 6, 7, 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT, los artículos 33, 37 y 48 de la Constitución Política, y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. PUNTOS CONCRETOS QUE LA SALA DEBE ACLARAR Y ADICIONAR SOBRE ESTE TEMA 1. Que la Sala aclare si, al reconocer la existencia del contexto ancestral afrodescendiente en el voto N.° 2025-031663, asumió la existencia de un territorio ancestral protegido conforme al Convenio 169 de la OIT. 2. Que se pronuncie expresamente sobre las consecuencias jurídicas de dicho reconocimiento en relación con la detención y los allanamientos, indicando si la ancestralidad excluye la tipicidad penal de los hechos. 3. Que determine si la omisión de control de convencionalidad respecto de la detención en territorio ancestral constituye una violación al artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 4. Que indique si, conforme al precedente N.° 2025029985 (consulta previa), las actuaciones estatales deben considerarse nulas por falta de consulta previa, libre e informada, no solo de los actos administrativos de la Contraloría sino también por aplicar leyes no consultadas en el fundamento del voto. 5. Que precise si la detención resulta ilegal e inconvencional, al haberse originado en el ejercicio de funciones comunales reconocidas como expresión del derecho a la autodeterminación del pueblo afrodescendiente. PETITORIA Por todo lo expuesto, solicito respetuosamente que esta Sala: 1) Aclare y adicione el voto N.° 2025-031663, reconociendo que la resolución incurre en trato desigual y discriminación estructural; 2) Harmonice su jurisprudencia con el precedente contenido en el voto N.° 2025-025644; 3) Ratifique la plena vigencia del Convenio 169 desde su publicación en 1992; y 4) Ordene la aplicación efectiva del bloque de convencionalidad, garantizando el respeto pleno a los derechos colectivos del pueblo afrodescendiente de Cahuita. 5) se aclaren y adicionen todos los aspectos solicitados” (ver registro electrónico).

2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- La Ley de Jurisdicción Constitucional faculta a esta Sala para adicionar y aclarar sus sentencias en aquellos casos en que resulte procedente, al disponer: “Artículo 12.- Las sentencias que dicte la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro de tercero día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo.” Así, la adición de un pronunciamiento procede cuando un punto del planteamiento original del recurso no fue resuelto en el fallo y la aclaración cuando dicho fallo fue resuelto en términos oscuros o ambiguos, implicando de esta forma una difícil comprensión de este. La adición y la aclaración es un instrumento procesal para complementar una sentencia o explicar los alcances que tiene el fallo.

II.- Las adiciones y aclaraciones de una sentencia proceden, únicamente, para completarla en caso de que alguno de los puntos debatidos, no hubiere sido fallado, o para explicar los alcances del fallo, en alguna cuestión que pudiera haber quedado confusa. Asimismo, el párrafo segundo del artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional es claro al indicar que “No habrá recurso contra las sentencias, autos o providencias de la jurisdicción constitucional.”

III.- SOBRE LO ORDENADO POR LA SALA: En la sentencia número 2025031663  de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del treinta de setiembre de dos mil veinticinco, la Sala dispuso lo siguiente: “Se declara sin lugar el recurso. Notifíquese”.

IV.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA: Tal y como se indicó de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, las sentencias de la Sala pueden ser aclaradas o adicionadas de oficio en cualquier tiempo. Justamente, en la especie, la observación apuntada por la gestionante, en efecto, podría ocasionar confusiones en la aplicación práctica del voto. En el sub lite, el recurrente plantea solicitud de aclaración y adición en relación con la Sentencia número 2025031663  de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del treinta de setiembre de dos mil veinticinco, y solicita: 1. Que la Sala aclare si, al reconocer la existencia del contexto ancestral afrodescendiente en el voto N.° 2025-031663, asumió la existencia de un territorio ancestral protegido conforme al Convenio 169 de la OIT. 2. Que se pronuncie expresamente sobre las consecuencias jurídicas de dicho reconocimiento en relación con la detención y los allanamientos, indicando si la ancestralidad excluye la tipicidad penal de los hechos. 3. Que determine si la omisión de control de convencionalidad respecto de la detención en territorio ancestral constituye una violación al artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 4. Que indique si, conforme al precedente N.° 2025029985 (consulta previa), las actuaciones estatales deben considerarse nulas por falta de consulta previa, libre e informada, no solo de los actos administrativos de la Contraloría sino también por aplicar leyes no consultadas en el fundamento del voto. 5. Que precise si la detención resulta ilegal e inconvencional, al haberse originado en el ejercicio de funciones comunales reconocidas como expresión del derecho a la autodeterminación del pueblo afrodescendiente. En el presente caso, la Sala tuvo por acreditado que: 1.) Que el recurrente figura como presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC); 2.) Que la Contraloría General de la República ha girado una serie de directrices relacionadas con el modelo de gobernanza compartida del Parque Nacional Cahuita, alertando que la actuación de la Asociación violenta el principio de legalidad dispuesto en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública; 3.) Que no existe un convenio vigente que habilite la participación de la Asociación dentro del modelo y que regule la falta del depósito en el Fondo de Parques Nacionales de los ingresos por concepto de donaciones recibidas en el sector de Playa Blanca; 4.) Que atendiendo al informe emitido por la Contraloría General de la República de fecha 28 de setiembre de 2023 la Fiscalía ordenó la apertura de la causa penal número 23-000397-1218-PE por el presunto delito de Malversación y otros -proceso que se encuentra en investigación-. Por lo expuesto, se observa que la gestión planteada no constituye una solicitud de adición y aclaración, pues no procura que se subsane una omisión o se aclare la sentencia número 2025031663  de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del treinta de setiembre de dos mil veinticinco, sino más bien, una disconformidad con su contenido, pretensión que resulta improcedente, ya que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2º, del artículo 11, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no cabrá recurso contra las sentencias, autos o providencias de la jurisdicción constitucional. Pese a lo anterior es importante recalcar que el recurso de hábeas corpus tiene una naturaleza sumarísima (ver en ese sentido las sentencias número 2005-2551 de las 15:31 horas de 8 de marzo de 2005 y 2021-18230 de las 9:45 horas de 17 de agosto de 2021, entre otras). Es justamente, en virtud de esa naturaleza sumarísima, que no se permite en esta jurisdicción constitucional un contradictorio pleno, ni siquiera un contradictorio amplísimo, dada la celeridad de la que debe gozar este remedio constitucional. De esta forma, debe entenderse que al ser el proceso de hábeas corpus de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo—, su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad. De manera que no resulta procedente pronunciamiento alguno adicional al que ya se emitió. Así las cosas y al existir contra el recurrente el proceso penal número 23- 000397-1218-PE por el presunto delito de Malversación y que, no podría esta Sala dejar sin efecto actuaciones judiciales por estar relacionadas con un territorio ancestral afrodescendiente. Por lo expuesto, no ha lugar a la gestión formulada.

Por tanto:

No ha lugar a la gestión formulada. Notifíquese.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ileana Sánchez N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 25-027477-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:31:26.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 33417 - 2025**

**Date of Resolution:** 09:35 on October 14, 2025

**Case File:** 25-027477-0007-CO

**Drafted by:** Fernando Cruz Castro

**Type of Matter:** Habeas corpus petition

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Text of the resolution**

Exp: 25-027477-0007-CO

Res. No. 2025033417

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty-five on October fourteenth, two thousand twenty-five.

Petition for addition and clarification in the habeas corpus petition filed by Nombre76210, identity card CED41212, against the JUDICIARY, and the COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC.

**Whereas:**

1.- By brief filed with the Secretariat of this Chamber at 10:52 on October 6, 2025, the petitioner submits a request for addition and clarification of judgment number 2025031663 of nine forty-five on September thirtieth, two thousand twenty-five. He states the following: “I. PURPOSE OF THE PETITION I request this Honorable Chamber to clarify and expressly rule on the points omitted and not resolved in the challenged vote, insofar as said omissions directly affect effective judicial protection, conventionality control, and the differentiated protection that safeguards the Afro-descendant tribal people of Cahuita, in accordance with Convention 169 of the International Labour Organization (ILO). In particular, it is noted that the appealed judgment renders my identity and condition as an Afro-descendant citizen invisible, by omitting to recognize the ethnic, cultural, and ancestral context that links me to the community of Cahuita and to the historical administration of the homonymous National Park. Such omission constitutes a manifestation of structural racism and a denial of the right to Afro-tribal identity, enshrined in the conventionality block and in international jurisprudence on Afro-descendant peoples. II. LEGAL BASIS Likewise, the Constitutional Chamber omitted to assess an essential aspect of the case: that the Cahuita National Park constitutes an ancestral Afro-descendant territory, historically inhabited, conserved, and administered by the tribal community of Cahuita, recognized by various national and international instruments as a subject of collective rights. The geographical area of the Cahuita National Park is located on the Caribbean coast of Costa Rica, where the Afro-descendant community has developed, since the 19th century, continuous occupation and a spiritual, social, and economic bond with the territory. Said settlement and way of life reflect a relationship of ancestrality and traditional use, which meets the elements that ILO Convention 169 recognizes as constitutive of the right to property and collective possession of tribal peoples. Likewise, vote No. 2025-031663 of the Constitutional Chamber expressly recognized that the southern Caribbean coastline constitutes an ancestral Afro-descendant territory, in which the State has the duty to guarantee prior, free, and informed consultation before adopting any administrative or normative measure that may affect collective rights, the traditional use of the territory, or the community management of its resources. This recognition reaffirms the State obligation to respect the autonomy, participation, and local administration of the territory, especially regarding the Cahuita National Park, whose creation and operation cannot be separated from the historical, cultural, and spiritual presence of the Afro-descendant population that inhabits it. The community administration of the Park—exercised through the Cahuita Integral Development Association (Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita, ADIC)—represents a legitimate manifestation of the right to the use, enjoyment, management, and conservation of the ancestral territory, in accordance with Articles 6, 7, 13, and 14 of ILO Convention 169 and with Articles 89 and 50 of the Political Constitution. The right to the enjoyment and administration of the Park by the Afro-descendant community does not derive from a state concession, but from the historical and legal recognition of its condition as a tribal people, depositary of cultural, environmental, and spiritual practices linked to the territory. Consequently, any administrative measure or public policy related to the Cahuita National Park must be founded on effective participation, informed consent, and community co-management, as an expression of the principle of self-determination and shared territorial management, which governs the relationship between the State and Afro-descendant tribal peoples. In accordance with Articles 13 and 14 of Convention 169, States must recognize the rights of ownership and possession over the lands that interested peoples traditionally occupy and guarantee the effective protection of those territories. The Chamber, however, omitted to apply these provisions despite the fact that the case deals precisely with a territory where the Afro-descendant people of Cahuita maintain an uninterrupted historical and cultural presence, exercising community functions of environmental protection and park administration recognized in different periods by the Costa Rican State itself. The Inter-American Court of Human Rights, in cases such as the Garífuna Community of Triunfo de la Cruz vs. Honduras (2015) and the Afro-descendant Community of San Basilio de Palenque vs. Colombia (advisory opinions), has held that Afro-descendant peoples with an ancestral territorial bond enjoy the same legal protection as indigenous peoples regarding collective property, participation, and prior consultation. In this sense, the territory comprising the Cahuita National Park cannot be interpreted as a mere public environmental domain asset, but rather as an ancestral territory protected by Convention 169, where the community of Cahuita retains inalienable rights of self-determination, administration, and sustainable usufruct. The lack of assessment of this structural element constitutes a substantial omission that affects the integrity of the challenged vote. By disregarding the Afro-descendant ancestral character of the Cahuita National Park, the Chamber deprived the right to prior consultation and community environmental self-management of practical effect, rendering invisible the historical, spiritual, and cultural relationship of the people of Cahuita with the territory. This error violates Articles 6, 7, 13, and 14 of ILO Convention 169, as well as Articles 33, 48, and 89 of the Political Constitution, which impose on the State the duty to recognize, respect, and protect the ethnic and cultural diversity of the Costa Rican Nation. Consequently, the analysis carried out by the Chamber is incomplete and incongruous, by resolving the habeas corpus as if it were a merely administrative or environmental matter, without noting that it is faced with a case of constitutional and conventional significance, involving the collective rights of the Afro-descendant tribal people of Cahuita over their ancestral territory. For this reason, the Chamber is requested to: Add to the vote, incorporating an express pronouncement on the facts and claims contained in the expansion, especially regarding: The ancestral and tribal Afro-descendant character of the community of Cahuita and its historical link with the Cahuita National Park. The duty of prior, free, and informed consultation before issuing acts or public policies that affect that territory. The legitimacy of the community administration and management of the Park by the Cahuita Integral Development Association (ADIC). The direct application of ILO Convention 169 and the constitutional block regarding Afro-descendant collective rights. Clarify whether the omission of a pronouncement on the facts and grounds of the expansion is due to a procedural or material criterion, and whether said omission can be considered a denial of justice in light of Articles 8 and 25 of the American Convention on Human Rights. Add to the operative part of the vote an express declaration of the State duty to guarantee the participation and local administration of the Afro-descendant community in the management and enjoyment of the Cahuita National Park, in accordance with what was resolved in vote 2025-031663 itself and Articles 6, 7, 13, and 14 of ILO Convention 169. II.I Non-application of Convention 169 and application of laws not consulted with the Afro-descendant population. Vote No. 2025-031663 reflects an omission and an act of structural racism by the Constitutional Chamber, by applying legal norms subsequent to ILO Convention 169 without carrying out the corresponding conventionality control, nor verifying whether said provisions were consulted with the Afro-descendant population, despite directly affecting my territorial, cultural, and procedural rights. This omission constitutes an infringement of Article 7 of Convention 169, Article 33 of the Political Constitution, and Articles 8 and 25 of the American Convention on Human Rights, since it ignores the reinforced duty of the State to ensure an inclusive, participatory, and culturally appropriate decision-making process. Said action is contradictory to the recent jurisprudence of this Constitutional Chamber itself, in particular to resolution No. 2025029985, issued at 09:30 on September 19, 2025, within case file No. 23-027898-0007-CO, in which the Chamber expressly recognized that the southern Caribbean coastline constitutes an ancestral Afro-descendant territory and declared the State duty to guarantee prior, free, and informed consultation before issuing administrative or normative acts that affect that territory. In that judgment, the Chamber established that prior consultation is a mandatory condition of validity for any decision that affects the use, benefit, enjoyment, or administration of Afro-descendant territories, emphasizing that the omission of that procedure constitutes a direct violation of ILO Convention 169 and the Costa Rican constitutional block. Therefore, vote No. 2025-031663 incurs in incongruity and material contradiction, by disregarding the binding precedent emanating from resolution No. 2025029985, which established the binding nature of the duty of consultation and the recognition of the ancestral Afro-descendant territory of the southern Caribbean coastline. This omission is incompatible with Articles 6 and 7 of ILO Convention 169, which impose on the State the obligation to consult interested peoples, through appropriate procedures and in good faith, whenever legislative or administrative measures that may directly affect them are foreseen. Said obligation, in accordance with Inter-American jurisprudence (cases Nombre44692 vs. Suriname, 2007; Garífuna Community of Triunfo de la Cruz vs. Honduras, 2015), is not limited to material projects, but encompasses any provision or law that affects collective or territorial rights of tribal peoples. In the case at hand, the Chamber applies and assumes the validity of various laws subsequent to the publication of Convention 169 in 1992, without verifying their compatibility or their prior consultation, including: - The Biodiversity Law No. 7788 of 1998, which reorganized the national regime for the conservation and use of biological resources and created the National System of Conservation Areas (SINAC). Said law was approved without a consultation process with Afro-descendant peoples and omits to expressly recognize their collective rights of administration, use, and benefit over the territories and natural resources they have historically protected. - Forest Law (Ley Forestal) No. 7575 of 1996, basis of the National Parks Law, which reconfigured the administration of protected wilderness areas—including the Cahuita National Park—without taking into account its Afro-descendant ancestral character or guaranteeing the community participation established in Convention 169. - The Criminal Procedure Code No. 7594 of 1996, likewise subsequent to Convention 169, applied in the process that gave rise to the habeas corpus, without assessing that its practical execution reproduces structural biases against Afro-descendant persons by lacking provisions for culturally appropriate defense, use of an interpreter in the Creole language, and detention protocols with an ethnic and human rights focus. None of these laws were subject to prior, free, and informed consultation in accordance with international standards; therefore, their automatic application in Afro-descendant contexts is unconventional and contrary to Article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, which prohibits invoking provisions of domestic law to justify the non-compliance with international treaties. The Constitutional Chamber, by resolving the habeas corpus without weighing these norms against Convention 169 or examining their lack of consultation, incurred in an omission of conventionality control, violating the principle of the supremacy of the conventionality block. Consequently, it is also requested that this Court clarify and add to vote No. 2025-031663, expressly recognizing: 1. That the ruling incurs in non-application of Convention 169 by using laws not consulted with the Afro-descendant population. 2. That, by virtue of the conventionality block, the provisions contained in Laws No. 7788, 7575, and 7594 must be disapplied insofar as they are contrary to the rights of consultation, participation, collective property, administration, and enjoyment of ancestral territories and differentiated judicial protection of the Afro-descendant people of Cahuita. 3. That the Chamber, as the constitutional closing body, must exercise full conventionality control, ensuring the harmonization between domestic regulations and the international human rights commitments ratified by the Costa Rican State. II.II. Need to clarify the improper referral to another judicial avenue. It is imperative that this Chamber clarify why the undersigned is referred to resort to another judicial avenue to claim the protection of his rights as an Afro-descendant person, when conventionality control—which the Constitutional Chamber itself is responsible for exercising—obliges it to directly apply ILO Convention 169 in resolving this petition. Inter-American jurisprudence has established that no State body can evade the direct application of international human rights law, nor condition its effectiveness on the opening of other judicial or administrative processes (I/A Court H.R., Case of Dismissed Congressional Employees vs. Peru, 2006; Case of Nombre49628 vs. Uruguay, 2011). Consequently, the Chamber, by referring the undersigned to an ordinary avenue, omits to exercise the conventionality control that corresponds to it in accordance with Article 2 of the Law of Constitutional Jurisdiction and Articles 6, 7, 13, and 14 of Convention 169, which are of direct and immediate application. It is requested, therefore, that this Honorable Chamber expressly clarify the reasons why it did not exercise the conventionality control that corresponded to it and legally explain why it considers it appropriate to shift the petitioner to another avenue, despite the fact that the matter denounced—the invisibilization of Afro-descendant rights, the disregard for the ancestral character of the territory of Cahuita, and the omission of prior consultation—is of a constitutional and conventional nature, and therefore must be resolved in the constitutional venue. III. In vote No. 2025-031663, issued on September 30, 2025, within case file No. 25-027477-0007-CO, the Constitutional Chamber resolved the habeas corpus that I filed on the occasion of my arrest, which had its direct origin in the exercise of communal functions linked to the ancestral administration of the Afro-descendant territory of Cahuita. In said resolution, the Chamber literally stated the following: "The Chamber takes note of said context and of the alleged historical, social, and cultural background, which reflect the prolonged presence and the spiritual bond of the Afro-descendant population with the Costa Rican Caribbean coastline." (Vote No. 2025-031663, Constitutional Chamber, September 30, 2025, Exp. 25-027477-0007-CO, p. 9). This manifestation constitutes an express recognition of the existence of an ancestral Afro-descendant territory on the Costa Rican Caribbean coastline, and in particular in the territorial environment of the Cahuita National Park, where my community has maintained—for generations—a prolonged presence and a spiritual bond with the land. These elements meet the criteria established in Articles 13 and 14 of ILO Convention 169, which define as ancestral territories those in which tribal peoples maintain traditional occupation and a continuous spiritual, cultural, and social relationship with the land. By recognizing this, the Chamber admits that the analyzed facts take place within a special territorial and cultural context protected by international law and the constitutional block (Convention 169). However, despite that admission, the Court omitted to assess the legal consequences of that recognition regarding the arrest and the raids, refraining from applying the conventionality control that it was responsible for exercising. This situation must be analyzed jointly with resolution No. 2025029985, issued by the same Constitutional Chamber at 09:30 on September 19, 2025, within case file No. 23-027898-0007-CO, through which it was declared that the southern Caribbean coastline constitutes an ancestral Afro-descendant territory (the Cahuita National Park is located on the coastline described by the Chamber) and the duty of the Costa Rican State was established to guarantee prior, free, and informed consultation before adopting any administrative or normative decision that affects the collective, cultural, or territorial rights of our population. In that prior consultation judgment, the Chamber reasoned that the Afro-descendant territory of Cahuita forms part of the cultural and spiritual identity of the Afro-Caribbean people, and that State institutions must respect the right to prior, free, and informed consultation. By establishing in both votes the ancestral and cultural recognition, it also expressly recognized that the participation and communal administration of the Park constitutes a manifestation of our right to self-determination as an Afro-descendant people, in accordance with Articles 6, 7, 13, and 14 of ILO Convention 169 and Article 89 of the Political Constitution. When analyzing both resolutions together, a unity of fact and law is evident: the Constitutional Chamber itself recognizes that the Caribbean coast—and particularly the Cahuita National Park—constitutes an ancestral Afro-descendant territory, where the State has the obligation to respect self-determination and prior consultation. However, in vote No. 2025-031663, the Court did not apply those legal consequences to the specific case, despite the fact that my arrest originated precisely from the exercise of those ancestral communal functions. Therefore, the contradiction is evident: on one hand, the Chamber recognizes the ancestrality of the territory and the duty of consultation; but, on the other, it validates an arrest that criminalizes the same exercise of communal management and administration that it itself has declared as a legitimate expression of the right to Afro-descendant self-determination. From my perspective as an Afro-descendant person belonging to the community of Cahuita, that omission constitutes a direct violation of the principle of criminal legality, the right to equality and non-discrimination, and the right to effective judicial protection, because I was deprived of liberty in the context of a communal labor recognized as part of the cultural and ancestral identity of the territory. The ancestrality recognized by the Chamber excludes the criminal typicality of the facts that gave rise to the arrest, since my actions were not criminal, but legitimate expressions of defense and administration of the ancestral territory of Cahuita, protected by ILO Convention 169 and the Political Constitution. For this reason, any repressive or judicial action derived from those functions is illegal, arbitrary, and contrary to the conventionality block. Consequently, the recognition made by the Chamber in both rulings—the existence of the ancestral territory and the duty of consultation—obliges one to conclude that the arrest and the raids are null and void ab initio, having been carried out without respect for the special protection regime, without prior consultation, and with disregard for the jurisdiction and Afro-descendant communal authority. This violation is further aggravated by the application, by the Chamber itself, of legal and regulatory norms that were never consulted with the Afro-descendant population, in open contradiction with ILO Convention 169 and resolution No. 2025029985, which expressly established the State duty to guarantee prior, free, and informed consultation before issuing any normative provision that affects territorial or cultural rights. In this way, the application of non-consulted laws constitutes a structural violation of the principle of legality, conventionality control, and the right of tribal peoples to determine their own priorities for development and territorial administration. This reinforces the obligation of the Chamber to clarify and add to vote No. 2025-031663, in order to issue an express pronouncement on the illegality and unconventionality of the arrest, in respect for the constitutional and conventionality block in force in Costa Rica. The omission to rule on these extremes makes vote No. 2025-031663 incomplete and contradictory, and for this reason I request that it be clarified and added to, in accordance with Article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction, so that the Chamber issues an express pronouncement on the illegality and unconventionality of the arrest, in light of Articles 6, 7, 13, and 14 of ILO Convention 169, Articles 33, 37, and 48 of the Political Constitution, and Articles 8 and 25 of the American Convention on Human Rights. SPECIFIC POINTS THAT THE CHAMBER MUST CLARIFY AND ADD TO ON THIS MATTER 1. That the Chamber clarify if, upon recognizing the existence of the Afro-descendant ancestral context in vote No. 2025-031663, it assumed the existence of an ancestral territory protected in accordance with ILO Convention 169. 2. That it expressly rule on the legal consequences of said recognition in relation to the arrest and the raids, indicating whether ancestrality excludes the criminal typicality of the facts. 3. That it determine whether the omission of conventionality control regarding the arrest in ancestral territory constitutes a violation of Articles 8 and 25 of the American Convention on Human Rights. 4. That it indicate if, in accordance with Precedent No. 2025029985 (prior consultation), the State actions must be considered null due to lack of prior, free, and informed consultation, not only of the administrative acts of the Comptroller's Office but also for applying non-consulted laws in the basis of the vote. 5. That it specify whether the arrest is illegal and unconventional, having originated in the exercise of communal functions recognized as an expression of the right to self-determination of the Afro-descendant people. PRAYER For all the foregoing, I respectfully request that this Chamber: 1) Clarify and add to vote No. 2025-031663, recognizing that the resolution incurs in unequal treatment and structural discrimination; 2) Harmonize its jurisprudence with the precedent contained in vote No. 2025-025644; 3) Ratify the full validity of Convention 169 since its publication in 1992; and 4) Order the effective application of the conventionality block, guaranteeing full respect for the collective rights of the Afro-descendant people of Cahuita. 5) that all the requested aspects be clarified and added” (see electronic record).

2.- In the procedures followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge Cruz Castro; and,

**Whereas:**

I.- The Law of Constitutional Jurisdiction empowers this Chamber to add to and clarify its judgments in those cases where it is appropriate, by providing: “Article 12.- The judgments issued by the Chamber may be clarified or added to, upon request of a party, if requested within three days, and ex officio at any time, even in execution proceedings, to the extent necessary to give full compliance to the content of the ruling.” Thus, the addition of a pronouncement is appropriate when a point of the original complaint of the petition was not resolved in the ruling, and clarification is appropriate when said ruling was resolved in obscure or ambiguous terms, thereby making its comprehension difficult. Addition and clarification is a procedural instrument to complement a judgment or explain the scope that the ruling has.

II.- The additions and clarifications of a judgment are appropriate, only, to complete it in the event that some of the debated points had not been adjudicated, or to explain the scope of the ruling, on some question that may have remained confusing. Likewise, the second paragraph of Article 11 of the Law of Constitutional Jurisdiction is clear in indicating that “There shall be no recourse against the judgments, orders, or decrees of the constitutional jurisdiction.”

III.- REGARDING WHAT THE CHAMBER ORDERED: In judgment number 2025031663 of nine forty-five on September thirtieth, two thousand twenty-five, the Chamber ordered the following: “The petition is dismissed without merit. Notify.”

IV.- REGARDING THE PETITION FILED: As indicated, in accordance with Article 12 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the Chamber's judgments may be clarified or added to ex officio at any time. Precisely, in this case, the observation pointed out by the petitioner could, in effect, cause confusion in the practical application of the vote. In the sub lite, the petitioner files a request for clarification and addition in relation to Judgment number 2025031663 of nine forty-five on September thirtieth, two thousand twenty-five, and requests: 1. That the Chamber clarify if, upon recognizing the existence of the Afro-descendant ancestral context in vote No. 2025-031663, it assumed the existence of an ancestral territory protected in accordance with ILO Convention 169. 2. That it expressly rule on the legal consequences of said recognition in relation to the arrest and the raids, indicating whether ancestrality excludes the criminal typicality of the facts. 3. That it determine whether the omission of conventionality control regarding the arrest in an ancestral territory constitutes a violation of Articles 8 and 25 of the American Convention on Human Rights. 4. That it indicate if, in accordance with Precedent No. 2025029985 (prior consultation), the State actions must be considered null due to lack of prior, free, and informed consultation, not only of the administrative acts of the Comptroller's Office but also for applying non-consulted laws in the basis of the vote. 5. That it specify whether the arrest is illegal and unconventional, having originated in the exercise of communal functions recognized as an expression of the right to self-determination of the Afro-descendant people. In the present case, the Chamber held as accredited that: 1.) The petitioner appears as president of the Cahuita Integral Development Association (ADIC); 2.) That the Comptroller General of the Republic has issued a series of directives related to the shared governance model of the Cahuita National Park, warning that the Association's actions violate the principle of legality set forth in Articles 11 of the Political Constitution and 11 of the General Public Administration Law; 3.) That there is no valid agreement that enables the Association's participation within the model and that regulates the lack of deposit into the National Parks Fund of the income from donations received in the Playa Blanca sector; 4.) That in response to the report issued by the Comptroller General of the Republic dated September 28, 2023, the Prosecutor's Office ordered the opening of criminal case number 23-000397-1218-PE for the alleged crime of Embezzlement and others—a process that is under investigation. Given the foregoing, it is observed that the petition filed does not constitute a request for addition and clarification, as it does not seek to remedy an omission or clarify judgment number 2025031663 of nine forty-five on September thirtieth, two thousand twenty-five, but rather, a disagreement with its content, a claim that is improper, since in accordance with the provisions of paragraph 2, of Article 11, of the Law of Constitutional Jurisdiction, no recourse shall lie against the judgments, orders, or decrees of the constitutional jurisdiction.

Despite the foregoing, it is important to emphasize that the remedy of hábeas corpus has a summary nature (naturaleza sumarísima) (see in this regard judgments number 2005-2551 of 3:31 p.m. on March 8, 2005 and 2021-18230 of 9:45 a.m. on August 17, 2021, among others). It is precisely by virtue of that summary nature that a full contradictory proceeding, or even a very broad contradictory proceeding, is not permitted in this constitutional jurisdiction, given the speed that this constitutional remedy must enjoy. Thus, it must be understood that since the hábeas corpus process is eminently summary in character —that is, brief and simple—, its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings or with the need to first examine —with declaratory effect— whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual array of the appeal or of the legally required report, as the case may be, actually exist. Therefore, no pronouncement additional to the one already issued is appropriate. As matters stand, and given that criminal process number 23-000397-1218-PE exists against the appellant for the alleged crime of Embezzlement (Malversación), this Chamber could not nullify judicial actions on the grounds that they are related to an ancestral Afro-descendant territory. For the reasons stated, the petition filed has no place (no ha lugar a la gestión formulada).

Por tanto:

No ha lugar a la gestión formulada. Notifíquese.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 



Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.



Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.



Ingrid Hess H.

	

 

	

Ileana Sánchez N.

 

 

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:31:26.

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