Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Ahora bien, conforme a lo expuesto, se evidencia que ante la situación crítica que enfrenta la comunidad del Barrio “La Isla”, la municipalidad recurrida ha realizado diversas gestiones para atender el riesgo. No obstante, también es cierto que del análisis del expediente no se desprende que dichos esfuerzos hayan culminado en la ejecución de alguna obra de contención efectiva, pues el acceso al sector continúa siendo altamente vulnerable y el riesgo de deslizamientos persiste, comprometiendo directamente la seguridad, la movilidad y la integridad física de las personas residentes, lo que demuestra que las acciones emprendidas han sido insuficientes.
Adviértase que, pese al conocimiento de la situación completa por parte de la Municipalidad de Desamparados, y a los hallazgos encontrados por sus profesionales, a la fecha de presentación de este recurso y pese a que desde hace varios años tienen pleno entendimiento de la problemática, no se ha emitido acto administrativo contundente, para resolver como en derecho corresponde la problemática aludida, por lo que en consecuencia, estima esta Sala que el plazo que ha transcurrido para resolver la situación de deslizamientos reclamada es desproporcionado, por cuanto, han transcurrido más de tres años desde los primeros eventos, sin que a la fecha la situación haya sido resuelta, con el agravante que la afectación continúa vigente. Bajo esta inteligencia, considera esta Sala que el recurso debe ser declarado parcialmente con lugar, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia y únicamente, en contra de las autoridades de la Municipalidad de Desamparados.
English (translation)Now, based on the foregoing, it is evident that in the face of the critical situation facing the Barrio 'La Isla' community, the respondent municipality has taken various actions to address the risk. However, it is also true that from the record it does not appear that those efforts have culminated in the execution of any effective retaining work, as access to the sector remains highly vulnerable and the risk of landslides persists, directly compromising the safety, mobility, and physical integrity of the residents, which shows that the actions taken have been insufficient.
Note that, despite the Municipality of Desamparados having full knowledge of the entire situation, and the findings of its professionals, as of the date of filing of this appeal and even though they have had full understanding of the problem for several years, no conclusive administrative act has been issued to resolve the alleged problem as required by law. Therefore, this Chamber finds that the time elapsed to resolve the landslide situation is disproportionate, since more than three years have passed since the first events without the situation having been resolved, aggravated by the fact that the impact continues. Under this reasoning, this Chamber considers the appeal must be partially granted, with the considerations that will be stated in the operative part of this judgment, solely against the authorities of the Municipality of Desamparados.
Partially granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 33787 - 2025 Fecha de la Resolución: 17 de Octubre del 2025 a las 09:20 Expediente: 25-013303-0007-CO Redactado por: Jorge Araya Garcia Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-013303-0007-CO Res. Nº 2025033787 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diecisiete de octubre de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por Nombre76989, cédula de identidad CED41645, contra la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS Y LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. Resultando: 1.- Por escrito ingresado en el expediente digital a las 10:11 horas de 13 de mayo de 2025, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Desamparados. Manifiesta que es propietaria de una casa ubicada en el Barrio “La Isla”, Dirección4600 en la localidad del Llano de San Miguel de Desamparados, lugar en el cual habitan aproximadamente 60 familias, algunas conformadas de personas menor de edad, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Señala que en el único acceso a la localidad se han presentado varios derrumbes que han afectado gravemente la transitabilidad de la vía, siendo en junio de 2022 cuando ocurrió un primer derrumbe de aproximadamente 60 metros de profundidad, respecto del cual el gobierno local no ejecutó medida alguna. Luego, en el 2024, se produjo un nuevo derrumbe en la misma zona, lo que motivó a la municipalidad recurrida y a la CNE a inhabilitar el paso vehicular y permitir sólo el peatonal por un sendero de aproximadamente un metro de ancho, cubierto con plástico. Reclama que debido a esta situación, el acceso de vehículos de emergencia quedó imposibilitado, lo que representa un riesgo para la población, dada la distancia de al menos 200 metros entre el ingreso principal y las viviendas. Acusa que, a la fecha en la que acude en amparo, no se ha emitido comunicación formal por parte de las autoridades municipales respecto a una eventual solución a la situación denunciada que ha llevó a su familia -propietaria de un inmueble en la zona- a abandonar dicha área el año pasado. Añade que el 8 de mayo de 2025, se registró un nuevo derrumbe en el mismo sitio, lo cual redujo aún más el espacio peatonal disponible y dejó la vía prácticamente sin paso, evidenciando además signos de socavamiento en el terreno remanente. Sostiene que la situación representa un riesgo inminente para los habitantes de la zona, en especial para aquellas en estado de vulnerabilidad. Estima que lo anterior viola sus derechos fundamentales y los de la comunidad amparada, por lo que solicita se declare con lugar el presente recurso y se ordene lo que en derecho corresponda. 2.- En resolución de las 23:47 horas de 16 de mayo de 2025, se da curso al proceso y se solicita informe al Presidente Ejecutivo y al Jefe de la Unidad de Investigación, ambos de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), así como al Alcalde y al Coordinador del Comité Municipal de Emergencias, ambos de la Municipalidad de Desamparados, sobre los hechos alegados por la recurrente. 3.- Mediante escrito agregado al expediente digital a las 14:58 horas de 28 de mayo de 2025, informan bajo juramento Alejandra José Picado Eduarte y Lidier Esquivel Valverde, por su orden Presidente y Jefe de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo, ambos de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), que “(…) VII.SOBRE EL CASO EN CONCRETO. De las competencias ordinarias de la CNE, según la Ley N°8488 se encuentra la obligación de; “… Artículo 14.-Competencias ordinarias de prevención de la comisión. La Comisión será la entidad rectora en lo que se refiera a la prevención de riesgos y a los preparativos para atender situaciones de emergencia. Deberá cumplir las siguientes competencias: a) Articular y coordinar la política nacional referente a la prevención de los riesgos y a los preparativos para atender las situaciones de emergencia. Asimismo, deberá promover, organizar, dirigir y coordinar, según corresponda, las asignaciones requeridas para la articular el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y de sus componentes e instrumentos. Esta gestión la realizará en consulta permanente con los órganos y entes integrados al proceso. b) Realizar la promoción temática, por medio de programas permanentes de educación y divulgación. c) Dictar resoluciones vinculantes sobre situaciones de riesgo, desastre y peligro inminente, basadas en criterios técnicos y científicos, tendientes a orientar las acciones de regulación y control para su eficaz prevención y manejo, que regulen o dispongan su efectivo cumplimiento por parte de las instituciones del Estado, el sector privado y la población en general. Los funcionarios de los órganos y entes competentes para ejecutar o implementar tales resoluciones vinculantes, en ningún caso, podrán desaplicarlas. A las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que edifiquen o usen indebidamente zonas restringidas mediante estas resoluciones vinculantes, se les aplicará la obligación de derribar o eliminar la obra, conforme al artículo 36 de esta Ley. d) Ejercer control sobre la función reguladora realizada por las instituciones del Estado para controlar los procesos generadores de riesgo, según sus áreas de competencia, a partir de la facultad de la Comisión de emitir resoluciones vinculantes sobre condiciones de riesgo y atención de emergencias. e) Ejercer una función permanente de control, para que los órganos y entes del Estado incluyan criterios de gestión del riesgo, en la planificación y ejecución de los planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo del país. f) Promover y apoyar estudios e investigaciones en materias relacionadas con sus fines, así como la elaboración de proyectos que impulsen sistemas físicos, técnicos y educativos orientados a la prevención y mitigación de desastres, y a los preparativos para enfrentarlos. g) Promover y fomentar la vigilancia y el manejo de situaciones de riesgo, mediante el estudio o la implantación de medidas de observación, vigilancia y alerta, que permitan prever, reducir y evitar el impacto y daños de los posibles sucesos de desastre. Además, en caso necesario, coordinar la vigilancia y el manejo de tales situaciones. h) Asesorar a las municipalidades en cuanto al manejo de la información sobre las condiciones de riesgo que los afecta, como es el caso de la orientación para una política efectiva de uso de la tierra y del ordenamiento territorial. La asesoría deberá contribuir a la elaboración de los planes reguladores, la adopción de medidas de control y el fomento de la organización, tendientes a reducir la vulnerabilidad de las personas, considerando que, en el ámbito municipal, recae en primera instancia la responsabilidad de enfrentar esta problemática. i) Establecer y coordinar una instancia multi-institucional permanente de planificación, coordinación y dirección de las operaciones de emergencia. j) Establecer y mantener relaciones con entidades, nacionales e internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, cuyo cometido sea afín a la institución; suscribir, con dichas entidades, acuerdos, convenios o contratos de intercambio y cooperación que se estimen convenientes. k) Fomentar la creación y el fortalecimiento de capacidades regionales, municipales y locales para el manejo de situaciones de emergencia. En caso necesario, incluye la participación en acciones de alerta, alarma, movilización y atención de la población. l) Realizar la gestión de la ayuda internacional, de agencias y países, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para los programas de prevención y la atención de emergencias. m) Coordinar la ayuda internacional que Costa Rica pueda ofrecer a otras naciones que hayan declarado emergencia en sus territorios, cuando lo acuerden el presidente de la Republica y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Dicha cooperación estará constituida por recursos humanos, asesoramiento técnico o donaciones de bienes y servicios, según lo permitan las posibilidades del país…” (Lo resaltado no es del original) Del mismo modo, tiene definidas sus competencias extraordinarias, en el artículo 15 que textualmente indica; “Artículo 15.-Competencias extraordinarias de la comisión. Declarado el estado de emergencia establecido en el artículo 29 de esta Ley corresponderá a la Comisión planear, coordinar, dirigir y controlar las acciones orientadas a resolver necesidades urgentes, ejecutar programas y actividades de protección, salvamento y rehabilitación. Para ello, deberá ejecutar, como mínimo, las siguientes acciones: a) La coordinación, la dirección y el control de la atención de las emergencias declaradas así por el Poder Ejecutivo, se realizarán según las fases definidas en el artículo 30 de esta Ley; para ello la Comisión, por medio de la Dirección Ejecutiva, deberá elaborar el Plan General de la Emergencia, según los términos referidos en el Capítulo VI de esta Ley. b) Debe coordinar la evaluación de los daños, para lo cual las instituciones de la Administración Central, la Administración Pública Descentralizada del Estado, los Gobiernos Locales y las empresas estatales serán responsables de evaluar los daños y coordinar su realización con la Comisión. c) Planificar, coordinar, organizar y supervisar la ejecución de acciones de salvamento de los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. d) Coordinar las investigaciones científicas y técnicas necesarias para el Plan, así como los programas de recuperación física y económica, y darles el seguimiento necesario. e) Nombrar como unidades ejecutoras, a las instituciones públicas que tengan bajo su ámbito de competencia, la ejecución de las obras definidas en el Plan General de la Emergencia y supervisar su realización. f) Contratar al personal especial que requiera por periodos determinados y conforme a la declaración de emergencia. Salvo lo dispuesto en los incisos anteriores, la Comisión atenderá, sin que medie una declaratoria de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, la entrega de cobijas, alimentación, colchonetas y la adquisición de materiales para rehabilitar los servicios básicos y habilitar albergues, así como la contratación de un máximo de trescientas horas máquina para la limpieza y atención prioritaria. Lo dispuesto en el presente párrafo aplica para cada uno de los casos de emergencias locales y menores que, por la alta frecuencia con que ocurren o la seria afectación que provocan en las comunidades, demandan la prestación de una atención extraordinaria…” El artículo 25 de la ley 8488, indica que es responsabilidad del Estado costarricense prevenir los desastres; por ello, todas las instituciones estarán obligadas a considerar en sus programas los conceptos de riesgo y desastre e incluir las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas para evitar su manifestación, promoviendo una cultura que atienda a reducirlos. Asimismo, debe tenerse presente el Acuerdo N°0443 del 30 de noviembre del 2011, de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias tomado en la Sesión Extraordinaria No.10-11, celebrada el día miércoles 09 de noviembre de 2011 y publicado en la Gaceta N°230 del 30 de noviembre del 2011, se “Recomienda a los alcaldes y alcaldesas, que procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente y demoler las edificaciones ubicadas en ellas”. En este punto, es necesario recordar que en virtud de que por mandato constitucional la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local, y para el caso concreto, la Municipalidad (…), como una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad (artículo 2 del Código Municipal N° 7794), tiene plena capacidad jurídica para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. En otro orden de ideas, dentro del presupuesto y como parte de las potestades de los gobiernos locales en la prevención del riesgo, tenemos que de conformidad con la ley N° 9907, del veintisiete de octubre del año dos mil veinte, se adicionó a la Ley 8488 el artículo 46 bis, dedicado a la aplicación del tres por ciento que antes debía girarse a la Comisión por parte del régimen municipal. Es deber del gobierno municipal garantizar mediante el planeamiento y el ejercicio de la potestad de policía, que el desarrollo urbanístico atienda a criterios de seguridad, salubridad y sostenibilidad ambiental. Lo anterior, en resguardo de los derechos de los ciudadanos. Desprendiéndose directamente del artículo 169 de la Constitución Política, del Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones y de la normativa conexa, es responsabilidad absoluta y exclusiva de las municipalidades ordenar el territorio bajo su jurisdicción. Ahora bien, mediante Oficio N° CNE-UIAR-INF-0669-2025, de mayo del 2025, la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo, de la CNE, procedió a brindar informe técnico, respecto a lo alegado por el recurrente. En lo que interesa se expresa lo siguiente (se respeta redacción y ortografía del original); “… Análisis de la amenaza y grado de vulnerabilidad del entorno Para el 08 de mayo del 2025, se generó un desprendimiento más, en el camino de acceso al Barrio La Isla, que una parte es de jurisdicción de Desamparados y otra parte es de Aserri, donde se ha incrementado la inestabilidad del talud. Para el 2021 la CNE, le informo a la Municipalidad de Desamparados de la problemática existente en el acceso a Dirección4601, tomando en cuenta que ya en el sector presenta indicios de inestabilidad y erosión de la margen derecha desde el 2007 hasta la fecha, acorde con los informes existentes en la CNE y enviados al ente municipal. Debido a las condiciones del talud se establece: Tipo de amenaza: Deslizamiento activo por desprendimiento de talud Vulnerabilidad: Alta asociado a postes de tendido eléctrico, camino y viviendas al borde del talud Afectación: Camino de acceso a viviendas Dirección4601, hasta la fecha De continuar los procesos de inestabilidad del talud, en el camino de acceso a varias viviendas del barrio la Isla, es muy factible que a corto plazo se inhabilite por desprendimiento y mayores agrietamientos dejando sin paso a las familias ubicadas más al fondo del camino colindante con el relleno sanitario, sector de Aserri. Tomando en cuenta que ante los últimos acontecimientos de inestabilidad generados en el camino en el Dirección4602 y de los posibles escenarios a desarrollarse en la parte superior del talud ante el incremento de las lluvias y de las posibles afectaciones se recomienda: Las familias cuyas propiedades están entre lo que queda de camino y el borde del talud deben ser evacuados preventiva ante la posibilidad de que se incrementen los desprendimientos y que se dé un retroceso de agrietamientos internos hacia las viviendas con una afectación mayor a los inmuebles y sus ocupantes. Para el 16 de mayo del 2025, se recibe vía correo el oficio S-DRRSCS-ARSD-IT-2702025 del Area Rectora de Salud Desamparados y Acta de inspección MS-DRRSCSARS-AI-327-2025. V. Conclusiones y recomendaciones • Por lo tanto, es de vital importante que por parte de las autoridades municipales de Desamparados analicen integralmente este sector y establezcan una propuesta para el acceso a estas familias, dado que desde el 2021 hasta la fecha, no se ha efectuado ningún tipo de obra de contención, tomando en cuenta que existen antecedentes desde el 2007. • El tramo afectado es el camino de acceso a varias viviendas en el barrio conocido como La Isla es de alta vulnerabilidad y se requiere de la intervención inmediata por parte del ente municipal y de otras instituciones del Estado. • El CME de Desamparados deberá mantener un constante monitoreo del sector. • A la empresa encargada del sistema de eléctrico evaluar el poste de tendido eléctrico, que está a pocos metros del borde del talud con la finalidad de buscar una alternativa de reubicación ante la posibilidad de que sea afectado por el desprendimiento y deje sin servicio a las demás familias. • El propietario del inmueble que esta más expuesto y con una alta probabilidad de que quede sin acceso, además de la posibilidad de agrietamientos que se incrementen ante un desprendimiento mayor en el borde del talud corresponde al propietario Nombre76990, Dirección4603, Dirección4604, por lo tanto, se recomienda que se establezca una evacuación preventiva a todas las familias que se ubican dentro de la propiedad. • Se le recomienda al Ministerio de Salud de Desamparados evaluar y acorde con lo que establece la Ley de Salud proceder con lo que corresponde acorde a este informe. • Por parte de las instituciones del Estado brindarle todo el apoyo a estas familias que requieren ser evacuadas preventivamente, hasta tanto no se ejecute la obra de mitigación necesaria para estabilizar el talud y dar mayor seguridad al entorno del camino y viviendas. • Se establecerá un seguimiento y monitoreo por parte del CME permanente en este sector con la finalidad de evaluar las condiciones del talud y de existir cambios en la parte superior se establecerán otras regulaciones de ser necesarios a otras inmuebles cercanas al talud. • A la Municipalidad de Desamparados de carácter prioritario el seguimiento a los estudios y obras a realizar en el talud con la finalidad que se establezcan los accesos a todas las familias en virtud de que actualmente es de alta vulnerabilidad la accesibilidad. • Buscar rutas de salida a las familias por parte de la Municipalidad de Desamparados y Aserri en un corto plazo debido a que requieren salir a sus trabajos, alguna emergencia y otros aspectos en general…” Mediante Oficio UGO-OFD-0095-2025, del 14 de mayo del año 2025, el señor Julio Vargas Sáenz, Oficial de enlace de la CNE, suscribe informe denominado “Informe visita a la comunidad Barrio La Isla, San Miguel de Desamparados”. En lo que interesa se expresa lo siguiente (se respeta redacción y ortografía del original); “… El pasado jueves 8 de mayo ingresaron una serie de incidentes, producto de la reactivación de un deslizamiento ubicado en la comunidad de Barrio La Isla en San Miguel de Desamparados. Desde ese momento, el CME de Desamparados se activó y realizó la visita del sitio, donde se verificó que el deslizamiento se había reactivado y se procedió a alertar a los vecinos del lugar sobre la situación de riesgo que se presentaba, brindándoles recomendaciones de seguridad, como consta en el Informe de Situación INF-SIT-CMED005-2025. (…) En este informe, el CME solicitó 3 rollos de plástico negro a la CNE, los cuales fueron enviados e instalados de inmediato para cubrir y proteger el deslizamiento de las lluvias y el agua de escorrentía. Adicionalmente, la Municipalidad de Desamparados colocó una maya de protección y realizó algunas obras menores para tratar de que las losas de concreto del paso peatonal no se terminen de deslizar. También, el CME realizó un censo de la población para determinar el número de familias (40 familias aproximadamente) y personas (200 personas aproximadamente) afectadas directa e indirectamente por el deslizamiento. De igual forma, comenzó a valorar posibles rutas de evacuación, de las cuales ninguna de las propuestas fue posible establecer, esto con base en el oficio IF-GR-080-2025. Los funcionarios de la oficina de Gestión de Riesgos de la Municipalidad crearon un Chat de WhatsApp con varios vecinos del lugar, para mantenerlos informados y que de igual forma ellos informen de inmediato sobre algún nuevo cambio de las condiciones del lugar. Es importante mencionar que en el lugar se realizará el proyecto: PROERI, Diseño y Construcción Obras de Protección Fluvial Sobre Margen Derecha del Río Guatuso, Sector de la Isla, Distrito San Miguel, Cantón de Desamparados, el cual pretende restablecer el paso en el sitio y construir un muro para estabilizar el deslizamiento. (…) El martes 13 de mayo al ser las 9:00 am, se realizó una visita de campo a la comunidad de Dirección4605 en San Miguel de Desamparados en compañía de: • Geólogo Julio Madrigal, CNE. • Ingeniera Viviana Solís, CNE • Ingeniero Mario Cordero, Municipalidad de Desamparados • Gestor de Riesgos Ronald Mendoza, Municipalidad de Desamparados • Ingeniero Oscar Arroyo, Ministerio de Salud En dicha visita se definieron los siguientes acuerdos y acciones: 1. Se realizó una valoración del área afectada por el deslizamiento, donde se determino que por el tipo de material geológico y la saturación de agua en el suelo este se reactivó nuevamente, poniendo en peligro dos casas que se ubican en la corona del deslizamiento y afectando el único acceso que tienen las persona que viven al fondo de esta calle. 2. Se negociará nuevamente con la propietaria de una de las propiedades (opción más viable) que eventualmente podría utilizarse como ruta de evacuación para que acceda a brindar un paso temporal, ya que en una primera negociación la propietaria se negó. 3. Se notificará a todas las familias de la zona sobre el alto riesgo en el que se encuentran. 4. Se elaborará un informe técnico por parte de la Unidad de Investigación y Análisis (IAR) del Riesgo de la CNE. 5. Se elaborará un informe de la visita por parte del Ministerio de Salud y de igual forma, ellos están a la espera del informe técnico de IAR, para definir la necesidad o no de generar actos administrativos orientados a salvaguardar la vida de los pobladores del lugar. 6. El CME elaborará un nuevo Informe de Situación referente a la visita y se estará activando a la Mesa Social y Protección Humanitaria de ser necesario. 7. Se realizarán visitas diarias al lugar por parte de funcionarios de la Oficina de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Desamparados, para valorar posibles cambios en las condiciones del lugar. 8. Se mantendrá informada a la población por medio del chat previamente creado. 9. Se mantendrá informado al CME y a la CNE referente a este tema…” En conclusión, la CNE, ha realizado una labor proactiva dentro de nuestro marco de legalidad y de acuerdo con los dimensionamientos de la Honorable Sala Constitucional, en cuanto a brindar respuesta pronta y cumplida a los recurrentes y de realizar las recomendaciones dentro del área de nuestras competencias a otras instituciones del Gobierno y de forma directa a la Corporación Municipal. Es decir, no se acredita de ninguna forma violación alguna a las tutelas fundamentales alegadas por el recurrente. (…)”. Solicitan se declare sin lugar el recurso. 4.- Por escrito agregado al expediente digital a las 14:23 horas de 2 de junio de 2025, informa bajo juramento Antonieta Naranjo Brenes, en su condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Desamparados, que “(…) de conformidad con el Informe AM-IF-121-2025, del 29 de mayo del 2025, del área de Infraestructura, de la Municipalidad de Desamparados, donde funge como coordinador del área, Jesús Chinchilla, se indica lo siguiente: “… De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, y en atención al recurso de amparo interpuesto podemos indicar que la Municipalidad de Desamparados ha generado la debida atención y respuesta oportuna al caso mencionado. Como parte de los procesos realizados por este Municipio, está el envío de informes de situación y primeros impactos con los acontecimientos suscitados en el 2022. Estas acciones lograron que este sector conocido como la Isla, fuera tomado en cuenta en el decreto 43752-MP declaratoria de emergencia nacional por la influencia directa de la zona de convergencia intertropical del año 2022. Seguido a esta declaratoria de emergencia, el Área de Infraestructura trabajó en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) durante el año 2023, en la confección de planes de inversión necesarios para obtener los estudios básicos y diseños preliminares para este proyecto. Esto se realizó mediante la contratación No. 2023PX-000259-0006500001, “CE-Estudios básicos y diseños preliminares de obras de protección fluvial de la margen derecha del río Guatuso, sector de La Isla, Distrito San Miguel”. La misma resultó adjudicada al contratista INGEOTEC Consultoría y construcción geotécnica, entregando ellos el producto en el mes de abril de 2024. Con estos insumos, en el mes de agosto de 2024 se presenta ante la CNE el plan de inversión para la ejecución de las obras denominado “Diseño y construcción obras de protección fluvial sobre margen derecha del río Guatuso, sector de La Isla, Distrito San Miguel, Cantón Desamparados.” Para el mes de noviembre de 2024 se realizó la solicitud de contratación en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), quedando publicado el 6 de diciembre de 2024 bajo la contratación 2024PX-000490- 0006500001, “(CE) PROERI: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN FLUVIAL SOBRE MARGEN DERECHA DEL RÍO GUATUSO, SECTOR DE LA ISLA, DISTRITO SAN MIGUEL, CANTÓN DESAMPARADOS.” Para el mes de enero se finalizó el proceso de evaluación de ofertas y quedó en firme la adjudicación el 10 de febrero de 2025, sin embargo, el contrato fue notificado el 25 de febrero a la empresa CS CONSTRUCCION SOSTENIBLE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA. Para el 19 de enero se realizó la visita a campo, previo a girar la orden de inicio, misma que fue realizada en compañía del contratista, la Unidad Ejecutora y CNE. • Se giró la orden de inicio del proyecto para el 17 de marzo del año en curso. • La empresa entregó la propuesta de diseño el pasado 16 de mayo. Actualmente los diseños están siendo revisados por el equipo técnico de la Municipalidad de Desamparados, la firma supervisora (CACISA) y la CNE. Se planifica que para mediados de la siguiente semana se tendrá una reunión con el contratista para aclaración de dudas y atención de observaciones. A partir de las nuevas emergencias en la zona, se le indicó al contratista la necesidad de generar una valoración para poder ejecutar medidas preventivas para poder habilitar el paso peatonal en el sector de una forma más segura. Estas medidas planteadas y aprobadas por las partes, serán incluidas dentro de los documentos presentados por el contratista, considerando la nueva afectación presente en el sitio. (la negrita y el subrayado no son parte de su original).- Así mismo, indica el área de Gestión de Riesgo, mediante el Informe IF-GR-101-2025, por parte del coordinador del área, lo siguiente: “… Informe de acciones realizadas ante el deslizamiento en Dirección4606, en atención al Recurso de Amparo Nº 25-013303-0007-CO (…) el Área de Gestión del Riesgo de la Municipalidad de Desamparados se permite remitir el informe de acciones realizadas en respuesta al deslizamiento que afecta al sector de Dirección4607– , distrito de San Miguel, situación que motivó la presentación del Recurso de Amparo Nº 25-013303-0007-CO, actualmente en conocimiento de la Sala Constitucional. Este documento tiene como finalidad exponer de forma estructurada las actuaciones desarrolladas por esta área, Infraestructura Municipal y el Comité Municipal de Emergencias, en articulación con instituciones como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Ministerio de Salud, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Municipalidad de Aserrí y la empresa adjudicataria CONSOST. Introducción y antecedentes Desde el 13 de agosto de 2024, tras el registro de nuevos incidentes por caída de materiales en la zona de Dirección4608– , se procedió a informar formalmente a la CNE mediante el oficio CMED-159-2024, solicitando la elaboración de un informe geológico para valorar técnicamente la situación. En octubre de 2024, mediante el oficio SM-GR-104-2024, se comunicó que, en coordinación con el Comité Municipal de Emergencias y el Ing. Jesús Chinchilla González, se realizaron visitas técnicas a la zona para evaluar el deslizamiento y buscar soluciones viables. Se destacó en dicho documento el alto nivel de riesgo, la afectación a viviendas cercanas y el estrechamiento de la vía de acceso a 1.5 metros, lo que compromete tanto la seguridad peatonal como la movilidad de los equipos de emergencia. En diciembre de 2024, se remitió el oficio SM-GR-144-2024 a la CNE solicitando una actualización del estado del deslizamiento, ante la necesidad de información técnica actualizada para orientar las medidas de atención y mitigación. Asimismo, el 23 de diciembre de 2024, se comunicó oficialmente a la Municipalidad de Aserrí mediante el oficio SM-GR-142-2024, solicitando coordinación interinstitucional debido a que el deslizamiento en la margen derecha del río Guatuso afecta tanto a Dirección4609 (Desamparados) como a Dirección4605 (Aserrí). En esa nota se destacó: • Que el paso en el sitio se redujo a apenas 1.20 metros de ancho, lo cual pone en riesgo la integridad de los transeúntes. • Que se encontraba en marcha la búsqueda de una ruta de evacuación alternativa en caso de emergencias. • Que el proceso de construcción del muro de protección requerirá el cierre temporal total del paso, por lo que se solicitó a Aserrí colaboración para planificar rutas alternas, definir acciones conjuntas y coordinar adecuadamente las medidas de contingencia. 1. Evaluación técnica e intervenciones inmediatas El 12 de mayo de 2025, se llevó a cabo una inspección técnica en el sitio, con participación del Área de Infraestructura, representantes de la CNE, del Ministerio de Salud y de la empresa adjudicataria CONSOST. Entre las principales acciones ejecutadas destacan: • Colocación de plásticos para prevenir infiltración y escurrimiento sobre el talud afectado. • Instalación de valla de seguridad para restringir el paso hacia la zona inestable. • Evaluación de la losa de concreto socavada, con planificación de corte controlado. • Coordinación de obras preliminares de mitigación conforme al cronograma de la empresa CONSOST. Nota: Esto de acuerdo a la minuta: MINUTA DE REUNIÓN IF-GR-19-2025. 2. Búsqueda de rutas alternas de evacuación Uno de los ejes prioritarios ha sido la búsqueda constante e insistente de rutas alternas de evacuación, dada la condición de aislamiento del sector ante un posible agravamiento del deslizamiento. Se llevaron a cabo diversas gestiones formales con los siguientes propietarios y entidades: • Dirección4610: El propietario manifestó su negativa a permitir el paso en al menos cuatro ocasiones. Si bien se formalizó la solicitud mediante el oficio IF-GR-084- 2025 (entregado en físico), esta gestión quedó sin efecto debido a que no se obtuvo acuse de recibo ni respuesta oficial. • Finca N.° 903034: Esta alternativa fue descartada, ya que la única posibilidad de paso implicaba cruzar directamente a través del interior de una vivienda habitada, situación inviable por razones de seguridad y privacidad. • Finca N.° 207997, ubicada en el sector de La Isla, cantón de Aserrí: Se realizaron coordinaciones con el propietario, la Municipalidad de Aserrí y la empresa EBI. Mediante el oficio IF-GR-083-2025, el propietario brindó su consentimiento para utilizar el terreno como parte de una ruta alterna de evacuación. El trayecto propuesto considera el ingreso inicial por esta finca, seguido del paso a través de terrenos propiedad de la empresa EBI, lo cual permitiría conectar finalmente con la comunidad de Villas del Llano de Aserrí. No obstante, esta ruta se encuentra actualmente inutilizable, ya que miembros de la comunidad han colocado una tapia de baldosas que impide completamente el tránsito por el sector. Ante esta situación, la empresa EBI ha solicitado a la Municipalidad de Aserrí que gestione un convenio formal con la comunidad de Villas del Llano, como condición necesaria para reconsiderar el uso de esta vía como opción válida de evacuación. Nota: En las siguientes minutas y oficios se documentan los seguimientos realizados con la empresa EBI para la habilitación del paso por la zona como ruta de evacuación: 1. Oficio CMED-211-2024: Solicitud formal para la apertura de la ruta de evacuación con EBI. Fecha: 15 de noviembre de 2024. 2. Minuta SM-GR-143-2024: Reunión sostenida con EBI para tratar temas relacionados con la apertura del paso. Fecha: 20 de diciembre de 2024. 3. Oficio IF-GR-085-2025: Informe sobre el estado actual del proceso de habilitación de la ruta de evacuación con EBI. Fecha: 14 de abril de 2025. 4. Minuta de reunión IF-GR-20-2025: Coordinación conjunta entre EBI, la Municipalidad de Aserrí, la CNE y el Ministerio de Salud para la apertura de la ruta de evacuación. Fecha: 16 de mayo de 2025. 5. Oficio IF-GR-100-2025: Seguimiento a la coordinación entre la CNE, Municipalidad de Aserrí y EBI para la habilitación de la ruta. Fecha: 28 de mayo de 2025. 3. Comunicación comunitaria y monitoreo vecinal. Con el fin de fortalecer la gestión de riesgo comunitaria: • Se elaboró un censo detallado de las familias en riesgo, en conjunto con líderes comunales, lo cual ha sido esencial para focalizar las acciones preventivas. • El 15 de mayo de 2025, se publicó un comunicado oficial en la página web municipal, y se procedió a la entrega física del mismo a 40 familias residentes en Dirección4608– . • Se creó un grupo de WhatsApp exclusivo con vecinos del sector, para que puedan reportar de forma directa y en tiempo real cualquier cambio o afectación, estableciendo así un canal eficaz de comunicación y respuesta. • Se han hecho visitas periódicas al sitio en las que se informa a la comunidad sobre los avances que se tienen en cuanto a la apertura de la ruta de evacuación y el proyecto. 4. Acciones sociales y sanitarias • El 16 de mayo de 2025, mediante el Informe de Situación INF-SIT-CMED-006- 2025, se gestionaron las siguientes acciones: o Solicitud al IMAS para valorar el otorgamiento de apoyo a las familias identificadas como de mayor riesgo, según el informe geológico emitido por la CNE (CNE-UIAR-INF-0669-2025). o Solicitud al Ministerio de Salud para realizar una visita técnica a las viviendas afectadas. • Además, mediante este mismo informe de situación, se informó al Oficial de Enlace de la CNE, señor Julio Vargas, sobre las gestiones realizadas hasta el momento en el marco de la atención de la emergencia. • Según comunicación oficial de la Dra. Carolina Umaña Cisneros, directora del Área Rectora de Salud, el 21 de mayo de 2025 se emitieron y entregaron las órdenes sanitarias correspondientes a las propiedades identificadas en condición crítica. 5. Seguimiento técnico geológico Se ha dado cumplimiento a las recomendaciones del informe geológico CNE-UIARINF-0669-2025, elaborado por el geólogo Julio Madrigal, manteniendo visitas técnicas constantes por parte del personal del Área de Gestión del Riesgo, a fin de monitorear la evolución del deslizamiento y respaldar con evidencia técnica las acciones institucionales. 6. Acciones proyectadas Una vez que la empresa CONSOST realice el ingreso formal al sitio, se tiene prevista la ejecución de: • Instalación de pasarela metálica provisional, anclada en ambos extremos del talud. • Obras de estabilización del talud, control de aguas, y reforzamiento estructural. • Supervisión técnica por parte del equipo municipal y la CNE. Nota: Esto de acuerdo a la minuta: MINUTA DE REUNIÓN IF-GR-018-2025. Conclusión El Comité Municipal de Emergencias y el Área de Gestión del Riesgo han ejecutado con responsabilidad una serie de acciones técnicas, sociales y de comunicación comunitaria, en articulación con las instituciones competentes, para reducir el riesgo inminente en Dirección4605 y garantizar condiciones mínimas de seguridad. Todas estas actuaciones se reportan en atención al Recurso de Amparo Nº 25- 013303-0007-CO, reafirmando el compromiso institucional con la protección de la vida, la integridad física y los derechos fundamentales de las personas residentes en la zona afectada…” Dado lo anterior y siendo que se le ha brindado información a la amparada, en representación de la Comunidad del Llano de San Miguel de Desamparados, y que mediante los Informes aquí plasmados, sobre los cuales tiene conocimiento la recurrente, más la prueba documental que se adjunta, se demuestran las acciones concretas llevadas a cabo por la Municipalidad de Desamparados, en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de salud, la Municipalidad de Aserrí, e incluso negociaciones con algunos vecinos para buscar rutas alternas, de manera que no queden del todo incomunicados cuando se inicien las obras, y siendo que esta representación demuestra las acciones concretas realizadas al día de hoy, debidamente plasmadas mediante los Informes IF-GR-101-2025, del 29 de mayo del 2025, del área de Gestión de Riesgo, suscito por el coordinador del área Ronald Andrés Mendoza Fernández, y el Informe AM-IF-122-2025, del 2 de junio del 2025, del Area de Infraestructura, firmado por el coordinador del área Jesús Chinchilla González, que se adjuntan como prueba documental.- Con base en todo lo anterior, por parte de este gobierno local, se le solicita a su autoridad con todo respeto, se declare sin lugar en todos sus extremos, el presente Recurso de Amparo, incoado contra mi representada, ya que este gobierno local mediante la prueba documental adjunta, demuestra que incluso mediante una Licitación Pública, ya se encuentra adjudica la empresa para que empiece con las obras, no obstante también se debe considerar aunque no lo indican los Informes, que en época de lluvia no se puede trabajar, por lo que urge la medida alterna de una salida con ayuda de los vecinos, y de una comunidad colindante que se opone, ya que las casas que tienen el problema de salida, son como fundos enclavados, que se quedarían sin paso, cuando inician los trabajos, ya que no cuentan con vías alternas de salida, de ahí las negociaciones que están realizando compañeros de Infraestructura Vial de la Municipalidad de Desamparados, con los vecinos, para poder ayudar a esa comunidad de la Isla, Dirección4609 de la localidad del Llano de San Miguel de Desamparados, que sufre por los daños que ha ocasionado la naturaleza a la calle que da acceso a la salida del lugar.- (…)” Solicita se declare sin lugar el recurso. 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Araya García; y, Considerando: I.- Cuestión Preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una presunta denuncia por un tema ambiental y que afecta la integridad física de los vecinos del lugar, la cual, aparentemente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte de las autoridades recurridas. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II.- Objeto del recurso. La recurrente, acusa que es propietaria de una casa ubicada en el Barrio “La Isla” en el Llano de San Miguel de Desamparados y solicita la intervención de esta Sala ante la falta de solución efectiva de las autoridades recurridas frente a los constantes deslizamientos que desde el 2022 afectan el único acceso a la comunidad. Recalca que dichos derrumbes han comprometido seriamente la transitabilidad, impidiendo el paso de vehículos de emergencia y exponiendo a los vecinos —especialmente a los más vulnerables— a riesgos significativos, lo que obligó a su familia a abandonar la zona en 2024. III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) La amparada es propietaria de una casa ubicada en el Barrio “La Isla” en el Llano de San Miguel, de Desamparados (hecho incontrovertido). 2) Desde el año 2007, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) identificó indicios de inestabilidad y erosión en el talud ubicado en el acceso al Barrio “La Isla”, en el distrito de San Miguel, cantón de Desamparados, y emitió recomendaciones técnicas a la Municipalidad de Desamparados (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 3) El 9 de noviembre del 2011, la Junta Directiva de la CNE celebró la Sesión Extraordinaria N.°10-11, en la cual se tomó el Acuerdo N.º 0443, recomendando el desalojo de ocupantes en zonas de reconocido riesgo y peligro inminente, así como la demolición de edificaciones ubicadas en dichas áreas. Este acuerdo fue publicado oficialmente en La Gaceta N.º 230 el 30 de noviembre del 2011 (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 4) En el año 2021, la CNE reiteró a la Municipalidad de Desamparados la problemática existente en el acceso a Dirección4601“ (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 5) Durante el año 2022, se registraron deslizamientos en el sector de “La Isla”, por lo que se incluyó a dicho sector en el Decreto Ejecutivo N.º 43752-MP que declaró emergencia nacional por la influencia de la zona de convergencia intertropical (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 6) En el año 2023, la Municipalidad de Desamparados en coordinación con la CNE, elaboró planes de inversión para realizar estudios básicos y diseños preliminares de obras de protección fluvial en la margen derecha del río Guatuso, mediante la contratación N.º 2023PX-000259-0006500001, adjudicada a la empresa INGEOTEC (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 7) El 13 de agosto de 2024, se registraron nuevos incidentes por caída de materiales en Dirección4608– “, lo cual fue informado por la Municipalidad de Desamparados a la CNE mediante el oficio CMED-159-2024, solicitando un informe geológico (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 8) En octubre de 2024, se realizaron visitas técnicas al sitio por parte del Comité Municipal de Emergencias y un Ingeniero, evidenciando alto riesgo, afectación a viviendas y reducción del acceso a 1.5 metros de ancho, comprometiendo la seguridad peatonal y el paso de vehículos de emergencia (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 9) La CNE catalogó que el tipo de amenaza de los deslizamientos en la zona es: “(…) Deslizamiento activo por desprendimiento de talud Vulnerabilidad: Alta asociado a postes de tendido eléctrico, camino y viviendas al borde del talud Afectación: Camino de acceso a viviendas Dirección4601, hasta la fecha De continuar los procesos de inestabilidad del talud, en el camino de acceso a varias viviendas del Dirección4605, es muy factible que a corto plazo se inhabilite por desprendimiento y mayores agrietamientos dejando sin paso a las familias ubicadas más al fondo del camino colindante con el relleno sanitario, sector de Aserri (…)”(ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 10) El 6 de diciembre de 2024, se publicó en SICOP la contratación N.º 2024PX-000490-0006500001 para el diseño y construcción de obras de protección fluvial en el sector de “La Isla” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 11) El 23 de diciembre de 2024, la Municipalidad de Desamparados solicitó coordinación interinstitucional a la Municipalidad de Aserrí mediante el oficio SM-GR-142-2024, debido a que el deslizamiento afecta ambos cantones y el paso se redujo a 1.20 metros de ancho, requiriendo rutas alternas de evacuación (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 12) El 10 de febrero de 2025, se adjudicó formalmente el contrato a la empresa CS Construcción Sostenible de Centroamérica S.A., siendo notificado el 25 de febrero del mismo año (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 13) El 19 de enero de 2025, se realizó una visita a campo con el contratista, la Unidad Ejecutora y la CNE, como parte del proceso previo a la orden de inicio (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 14) El 17 de marzo de 2025, se giró la orden de inicio del proyecto de obras de protección fluvial (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 15) El 8 de mayo de 2025, se registró un nuevo deslizamiento en el acceso al Barrio “La Isla”, reduciendo aún más el espacio peatonal y evidenciando socavamiento del terreno. Se activó el Comité Municipal de Emergencias (CME) y se alertó a la comunidad (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 16) El 12 de mayo de 2025, se realizó una inspección técnica con participación de la CNE, Ministerio de Salud y la empresa adjudicataria, ejecutando medidas preventivas como colocación de plásticos, vallas de seguridad y evaluación de losa socavada (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 17) El 13 de mayo del 2025, se realizó una visita técnica al sector afectado en Barrio “La Isla”, con la participación de representantes de la CNE, la Municipalidad recurrida y el Ministerio de Salud, durante la cual se acordó notificar a las familias sobre el alto riesgo existente, valorar posibles rutas de evacuación y elaborar los informes técnicos correspondientes. Asimismo, se intentó negociar con la propietaria de una de las dos viviendas ubicadas en la corona del deslizamiento —zona que afecta el único acceso disponible para las personas que residen al fondo de la calle— con el fin de habilitar un paso temporal como ruta de evacuación; sin embargo, la propietaria rechazó la propuesta en al menos 4 ocasiones posteriores (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 18) La CNE recomendó: “(…) Las familias cuyas propiedades están entre lo que queda de camino y el borde del talud deben ser evacuados preventiva ante la posibilidad de que se incrementen los desprendimientos y que se dé un retroceso de agrietamientos internos hacia las viviendas con una afectación mayor a los inmuebles y sus ocupantes (…)” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 19) Para el 16 de mayo de 2025, el Área Rectora de Salud de Desamparados emitió el oficio S-DRRSCS-ARSD-IT-2702025, junto con el acta de inspección MS-DRRSCSARS-AI-327-2025, mediante los cuales determinaron: “(…)V. Conclusiones y recomendaciones • Por lo tanto, es de vital importante que por parte de las autoridades municipales de Desamparados analicen integralmente este sector y establezcan una propuesta para el acceso a estas familias, dado que desde el 2021 hasta la fecha, no se ha efectuado ningún tipo de obra de contención, tomando en cuenta que existen antecedentes desde el 2007. • El tramo afectado es el camino de acceso a varias viviendas en el barrio conocido como La Isla es de alta vulnerabilidad y se requiere de la intervención inmediata por parte del ente municipal y de otras instituciones del Estado. • El CME de Desamparados deberá mantener un constante monitoreo del sector. • A la empresa encargada del sistema de eléctrico evaluar el poste de tendido eléctrico, que está a pocos metros del borde del talud con la finalidad de buscar una alternativa de reubicación ante la posibilidad de que sea afectado por el desprendimiento y deje sin servicio a las demás familias. • El propietario del inmueble que esta más expuesto y con una alta probabilidad de que quede sin acceso, además de la posibilidad de agrietamientos que se incrementen ante un desprendimiento mayor en el borde del talud corresponde al propietario Nombre76990, Dirección4603, Dirección4604, por lo tanto, se recomienda que se establezca una evacuación preventiva a todas las familias que se ubican dentro de la propiedad. • Se le recomienda al Ministerio de Salud de Desamparados evaluar y acorde con lo que establece la Ley de Salud proceder con lo que corresponde acorde a este informe. • Por parte de las instituciones del Estado brindarle todo el apoyo a estas familias que requieren ser evacuadas preventivamente, hasta tanto no se ejecute la obra de mitigación necesaria para estabilizar el talud y dar mayor seguridad al entorno del camino y viviendas. • Se establecerá un seguimiento y monitoreo por parte del CME permanente en este sector con la finalidad de evaluar las condiciones del talud y de existir cambios en la parte superior se establecerán otras regulaciones de ser necesarios a otras inmuebles cercanas al talud. • A la Municipalidad de Desamparados de carácter prioritario el seguimiento a los estudios y obras a realizar en el talud con la finalidad que se establezcan los accesos a todas las familias en virtud de que actualmente es de alta vulnerabilidad la accesibilidad. • Buscar rutas de salida a las familias por parte de la Municipalidad de Desamparados y Aserri en un corto plazo debido a que requieren salir a sus trabajos, alguna emergencia y otros aspectos en general (…)” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 20) La Municipalidad de Desamparados creó un grupo de WhatsApp exclusivo con vecinos del sector, para reportar de forma directa y en tiempo real cualquier cambio o afectación por los deslizamientos (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 21) El 21 de mayo de 2025, el Ministerio de Salud emitió órdenes sanitarias para propiedades en condición crítica (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). 22) El 28 de mayo de 2025, la resolución de curso de este proceso de amparo fue notificada a las autoridades recurridas (ver actas de notificación). IV.- Hecho no probado. De importancia para la decisión de este asunto, no se estima como debidamente demostrado el siguiente hecho: Único. Que, con anterioridad a la interposición de este amparo, la recurrente haya planteado gestión alguna ante las autoridades accionadas a los efectos de denunciar la problemática objeto de este recurso. V.- PRECEDENTE SOBRE LA NECESIDAD DE INTERPONER UNA DENUNCIA EN TEMAS AMBIENTALES. En sentencia N.° 2023029457 de las 12:50 horas del 10 de noviembre de 2023, se aclaró: “V.- SOBRE LA NECESIDAD DE INTERPONER UNA DENUNCIA EN TEMAS AMBIENTALES. En primera instancia, estima la Sala que resulta imperativo hacer algunas apreciaciones respecto a la necesidad de interponer una denuncia en temas ambientales. Del estudio de los autos se advierte que el Secretario General de la SETENA en el informe adjunto subrayó, en lo medular, lo siguiente: “Luego de la verificación de las bases de datos de esta Secretaría, no se localizó ningún expediente de Evaluación Ambiental con las características indicadas (…) Tampoco se localizó alguna solicitud del accionante dirigida a esta representación, denunciando algún hecho específico, caso en el cual se la hubiera redirigido al Tribunal Ambiental Administrativo, al determinase que no existe expediente abierto de Evaluación Ambiental”. Sobre este aspecto, esta Sala ha dicho que, para que se pueda ventilar una lesión o amenaza a los derechos ambientales, en la generalidad o en lo particular, tendríamos que estar ante el escenario de que la persona afectada haya presentado una denuncia y que, durante su trámite, se haya determinado una amenaza o que efectivamente se esté dañando al medio ambiente, y aun así, las autoridades administrativas recurridas no hayan tomado ningún tipo de medida al respecto, lesionando así el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna. Así, en la sentencia No. 2016-007678 de las 10:50 horas del 03 de junio de 2016, se resolvió lo siguiente: “III.- SOBRE EL FONDO. En reiterada jurisprudencia, esta Sala Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el principio precautorio en materia ambiental, así como en relación con la obligación del Estado de asegurar que todos aquellos proyectos, de índole público o privado, se desarrollen bajo estrictos estándares que eviten cualquier daño al medio ambiente. De esta forma, el Estado, por medio de las instituciones creadas para tales efectos, deberá ejercer un control previo y posterior, en torno a la forma en la que se ejecutan los trabajos, las construcciones, los proyectos o las actividades de las empresas y comercios, para asegurar a todos los administrados, que no se ocasiona ningún tipo de daño ambiental con dichas actividades. Ahora bien, por las razones expuestas, ciertas actividades, como las mineras, requieren, de previo a llevarse a cabo, estudios y análisis de impacto ambiental, para lo cual se realizan investigaciones técnicas por parte de profesionales en cada área, para determinar si la actividad pretendida podría o no ocasionar algún perjuicio de ese tipo, todo con base en las diferentes legislaciones que regulan la materia ambiental, como de aguas, forestal, minera, entre otras. Posteriormente, una vez que se obtienen esos permisos de viabilidad o factibilidad, las autoridades administrativas deben prestar atención y atender oportunamente, las denuncias que se presenten por parte de aquellas personas que se consideran afectadas por alguna de las actividades mencionadas, ya sea una concesión, o trabajos privados y comerciales, con el fin de iniciar investigaciones que permitan establecer la veracidad de las quejas planteadas, para lo cual, nuevamente, deberá contarse con criterios técnicos al respecto. Es decir, para que esta Sala pueda corroborar una lesión a los derechos ambientales, en la generalidad o en lo particular, tendríamos que estar ante el escenario de que, la persona afectada haya presentado una denuncia, y que durante su trámite se haya determinado que, efectivamente se está ocasionando una daño al medio ambiente y aun así, las autoridades administrativas recurridas no hayan tomado ningún tipo de medida al respecto, lesionando así, el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna”. (El destacado no es del original). Igualmente, en reiteradas ocasiones este Tribunal ha dicho que no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias, ni es una instancia tramitadora de denuncias. En ese sentido, en la sentencia No. 2023019540 de las 09:30 horas del 11 de agosto de 2023 se resolvió lo siguiente: “III.- Objeto del recurso. Los recurrentes acusan que hace 25 años, aproximadamente, la Municipalidad de Carrillo realizó una zanja utilizando maquinaria pesada dentro de propiedades privadas, para el desagüe de aguas que va desde Dirección4611 , pasando por Dirección4612 y culmina en zona protectora propiedad del INDER. Afirman que se han visto afectados por la contaminación ambiental que provoca el desfogue de aguas negras, estancamiento de agua que genera vectores de proliferación de zancudos transmisores de enfermedades, lo que afecta la salud y el medio ambiente. (…) VI.- Caso concreto. (…) Al respecto, del estudio de los autos, se tiene por demostrado que los recurrentes no han presentado una gestión formal y escrita ante las autoridades recurridas, con el fin de plantear la problemática expuesta en el escrito de interposición. Desde este plano, se le debe advertir que esta Sala no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncias. Tomen en cuenta los petentes que lo anterior no es lo mismo que agotar la vía administrativa, sino la simple admisión de que este Tribunal no debe sustituir directamente la voluntad de la Administración y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia. Por consiguiente, podrá la parte accionante, si a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas de manera formal, por escrito, o bien, en la vía jurisdiccional ordinaria, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones, en virtud de lo expuesto, el presente amparo se declara inadmisible. Sobre este particular, la Sala ha manifestado que denuncias como las que plantean los recurrentes en este amparo, deben ser interpuestas previamente ante las autoridades correspondiente, por medio de la sentencia n.° 2017-020375 de las 11:00 horas del 19 de diciembre de 2017, se indicó lo siguiente: “II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte recurrente acude directamente a este Tribunal a denunciar un problema con respecto a la contaminación generada por una canalización de aguas negras a través de sus propiedades, las cuales desembocan en un río. Sin embargo, del propio dicho de las recurrentes se colige que no han planteado denuncia alguna ante las autoridades competentes, en este caso la Municipalidad de Flores de Heredia. Ahora bien, como se ha dicho reiteradamente, este Tribunal no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncia, así lo señala la sentencia 2016-001150 de las 14:30 horas del 26 de enero de 2016. Consideraciones que son aplicables al caso en estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Por ende, aun cuando las promoventes lo consideren innecesario, en situaciones como esta es preciso que acudan ante las autoridades recurridas a plantear formalmente el reclamo aludido, de previo a interponer el recurso de amparo, para que sean dichas instancias las que tomen las medidas pertinentes para solucionar el problema denunciado o, en su defecto, establecer su reclamo en la vía de la legalidad ordinaria. Lo anterior sin demérito de que las recurrentes acudan a la vía constitucional, luego de que transcurriere un plazo irrazonable sin un actuar efectivo de la Administración y siempre que hubiere amenaza o lesión a un derecho fundamental”. (El destacado no es del original). (Véase en similar sentido las sentencias No. 2023004954 de las 09:30 horas del 03 de marzo de 2023, 2023004299 de las 09:15 horas del 24 de febrero de 2023, y 2022026246 de las 09:45 horas del 04 de noviembre de 2022, entre otras). No obstante, pese a lo dicho hasta ahora, el Tribunal Constitucional sí ha entrado a conocer recursos donde se demostró una violación a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado sin la necesidad de la interposición de una denuncia previa; ello, bajo dos supuestos de excepción, a saber: 1) cuando se trate de una caso de gran envergadura y; 2) cuando de los autos se pueda derivar que las autoridades competentes han tenido conocimiento de la situación acusada, que está amenazando u ocasionando una daño al medio ambiente, no han tomado ningún tipo de medida al respecto. En ese sentido, en la sentencia No. 2008-04786 de las 12:35 horas del 27 de marzo de 2008, se resolvió lo siguiente: “II.- OBJETO DEL RECURSO.- El recurrente alega que ha acudido al Ministerio de Salud, Defensoría de los Habitantes y otras instancias administrativas a denunciar una porqueriza que se ubica contiguo a su vivienda y que produce malos olores; sin embargo no han atendido sus gestiones (…) IV.- EN CUANTO A LA ACTUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.- Para el caso que nos ocupa, el Código Municipal obliga a las Municipalidades de cada cantón velar porque al administrado se le garantice el disfrute real y efectivo del derecho a la salud y a un ambiente sano. De los documentos aportados al expediente así como el informe dado bajo juramento por la Alcaldesa recurrida, indica que una vez que los funcionarios municipales se apersonaron al sitio objeto del presente recurso de amparo y constataron que la actividad carecía de permiso municipal procedieron a otorgarle al propietario de la porqueriza un plazo de ocho días para que obtuviera la patente respectiva. Sin embargo, considera la Sala que el papel de la Municipalidad no debe de limitar su actuación únicamente cuando recibe denuncia de supuestas situaciones anómalas sino que su obligación se encuentra en garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado mediante el control continuo de todas las actividades que se realizan en la comunidad. A juicio de esta Sala, en la especie la Municipalidad de Alajuela ha mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas. Es así como la Municipalidad recurrida teniendo pleno conocimiento de que dentro de su jurisdicción territorial un ciudadano realiza una actividad carente de los permisos de ley y que en sí resulta sensible debido al manejo de animales y desechos, se ha limitado a otorgarle al administrado denunciado un plazo de ocho días para poner a derecho su situación, evadiendo su responsabilidad de estar siempre vigilantes a las acciones que realicen los habitantes de la comunidad. Es así como se observa que la Municipalidad recurrida no ha ni siquiera intentado verificar si la actividad genera algún tipo de contaminación y si lanzan aguas contaminadas. Lo anterior, con el fin de imponer las sanciones que en Derecho corresponda una vez otorgado el debido proceso y derecho de defensa que les asiste. En consecuencia, la Municipalidad de Alajuela no ha tomado acción alguna para determinar existencia del problema y su eventual incidencia en el supuesto inconveniente sanitario que con insistencia revela el recurrente. En tal virtud, se impone la estimatoria de este recurso contra la Municipalidad de Alajuela por las violación constitucional a los artículos 50 y 21 de la Constitución Política. V.- EN CUANTO A LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD.- Si bien es cierto, el Estado debe respetar el derecho de los individuos, también lo es que debe velar por el bienestar de la comunidad. La Salud Pública y la protección del medio ambiente son principios tutelados tanto a nivel constitucional (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna), como a través de la normativa internacional. En este caso, la Ley General de Salud, autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones, con lo cual el Ministerio de Salud no solo tiene el deber de hacer cumplir la Ley General de Salud sino el de proteger la salud pública calificada como bien de interés público, pues los derechos a la salud y a un ambiente sano y libre de contaminación -al menos por debajo de los límites tolerables para el ser humano- son derechos fundamentales irrenunciables y en cuya violación no se puede legítimamente consentir. Ahora bien, del informe presentado a esta Sala, la Ministra recurrida afirma que no consta ninguna denuncia presentada con relación a estos hechos, no obstante, debe tener presente la jerarca del Ministerio de Salud que ese órgano no debe actuar únicamente a gestión de parte, como parece entenderlo, obviando así la función preventiva que es indispensable en la protección de la salud humana y que amerita su intervención, aún de oficio, en la labor de fiscalización y vigilancia del cumplimiento de los preceptos de la Ley General de Salud. Según lo acreditado en autos, la actuación de las autoridades sanitarias en el caso bajo estudio se limitó a realizar una inspección a la porqueriza aquí denunciada debido a la interposición del presente recurso de amparo y constataron entre otros que la granja porcina cuenta con una población porcina de 150 cerdos y que la zona se encuentra rodeada de viviendas. Si bien, la autoridad sanitaria manifestó que verificó que no existen malos olores a comidas en descomposición ni que las aguas de lavado de la granja fueran lanzadas a la vía pública, de ahí no ha pasado, declinando en el ejercicio de sus competencias y atribuciones al no constreñir, a quienes corresponda, ajustare a los demás requisitos que exige el ordenamiento jurídico para la operación de este tipo de actividad como lo son los debidos permisos de los diferentes órganos administrativos competentes en esta materia, por lo que queda demostrado que más allá de la inspección realizada en virtud del presente recurso de amparo no se desprende del expediente ninguna otra actuación de parte de esta autoridad con la finalidad que la porqueriza cumpla con los requisitos de ley y así ser vigilantes de que dicha actividad no genere ningún tipo de contaminación sanitaria o ambiental y por ende, han omitido cumplir con su obligación de velar por el derecho a la salud de la población y por ende, tal omisión ha ocasionado lesiones a los derechos fundamentales de los todos los habitantes del lugar”. (El destacado no es del original). En el sub examine, se estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso, por cuanto no se cumplen con los presupuestos indicados supra para entender que estamos ante un caso de excepción, esto es, ante uno de los dos supuestos que podrían justificar que la Sala Constitucional entre a conocer de este asunto, pese a que no hubo denuncia. Y, como se ha visto, no consta que previo a la interposición del recurso, el accionante haya interpuesto alguna denuncia formal ante las autoridades recurridas y que dicha denuncia no haya sido atendida”. Precisamente, en consonancia con el criterio transcrito, este Tribunal considera que el presente caso se enmarca dentro de los supuestos en los que resulta procedente conocer la situación planteada por el recurrente, aun sin la existencia de una denuncia previa, dada la naturaleza y gravedad de los hechos expuestos. VI.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la parte recurrente acusa que es propietaria de una casa ubicada en el Barrio “La Isla” en el Llano de San Miguel de Desamparados y solicita la intervención de esta Sala ante la falta de solución efectiva de las autoridades recurridas frente a los constantes deslizamientos que desde el 2022 afectan el único acceso a la comunidad. Recalca que dichos derrumbes han comprometido seriamente la transitabilidad, impidiendo el paso de vehículos de emergencia y exponiendo a los vecinos —especialmente a los más vulnerables— a riesgos significativos, lo que obligó a su familia a abandonar la zona en 2024. Al respecto, esta Sala verifica que, en el caso concreto, efectivamente, desde el 2007, la Comisión Nacional de Emergencias ha advertido sobre la inestabilidad del talud en el acceso al Barrio “La Isla” de Desamparados, emitiendo desde entonces recomendaciones técnicas dirigidas a la municipalidad de dicho cantón, así como también consta que a lo largo de los años se han realizado diversas gestiones institucionales para atender el riesgo, tales como la declaratoria de emergencia nacional en 2022, la elaboración de estudios técnicos en 2023, la contratación de obras de protección fluvial en 2024, y en el año en curso, el inicio formal del proyecto, la ejecución de medidas preventivas como inspecciones técnicas, colocación de plásticos, instalación de vallas de seguridad, monitoreo constante, emisión de órdenes sanitarias, intentos de negociación para habilitar rutas de evacuación y establecimiento de canales de comunicación directa con los vecinos. Ahora bien, conforme a lo expuesto, se evidencia que ante la situación crítica que enfrenta la comunidad del Barrio “La Isla”, la municipalidad recurrida ha realizado diversas gestiones para atender el riesgo. No obstante, también es cierto que del análisis del expediente no se desprende que dichos esfuerzos hayan culminado en la ejecución de alguna obra de contención efectiva, pues el acceso al sector continúa siendo altamente vulnerable y el riesgo de deslizamientos persiste, comprometiendo directamente la seguridad, la movilidad y la integridad física de las personas residentes, lo que demuestra que las acciones emprendidas han sido insuficientes. Adviértase que, pese al conocimiento de la situación completa por parte de la Municipalidad de Desamparados, y a los hallazgos encontrados por sus profesionales, a la fecha de presentación de este recurso y pese a que desde hace varios años tienen pleno entendimiento de la problemática, no se ha emitido acto administrativo contundente, para resolver como en derecho corresponde la problemática aludida, por lo que en consecuencia, estima esta Sala que el plazo que ha transcurrido para resolver la situación de deslizamientos reclamada es desproporcionado, por cuanto, han transcurrido más de tres años desde los primeros eventos, sin que a la fecha la situación haya sido resuelta, con el agravante que la afectación continúa vigente. Bajo esta inteligencia, considera esta Sala que el recurso debe ser declarado parcialmente con lugar, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia y únicamente, en contra de las autoridades de la Municipalidad de Desamparados. VII.- Finalmente, en relación con las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias, esta Sala declara sin lugar el recurso, toda vez que ha quedado acreditado que dicha institución ha emitido recomendaciones técnicas dirigidas a la Municipalidad de Desamparados desde el 2007 y ha mantenido una participación constante en la atención, apoyo y seguimiento de la situación de deslizamientos alegada. Además, conforme a lo indicado en su informe rendido bajo juramento, las acciones necesarias para erradicar el riesgo corresponden a la Municipalidad de dicho cantón, en atención a las recomendaciones ya emitidas, por lo que, en consecuencia, se concluye que la CNE ha cumplido con sus competencias legales y no tiene injerencia directa en el objeto del presente recurso. VIII.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. IX.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en el cual, se reclama que el deslizamiento de un talud de tierra contiguo a la vivienda de los tutelados, situación que ha sido denunciada en varias ocasiones, sin que a la fecha de interposición del recurso se haya resuelto el problema. La situación descrita constituye una excepción a mi posición general en esta materia, por lo que estimo necesario que este Tribunal Constitucional analice por el fondo el asunto, con el fin de verificar o descartar los alegatos de la recurrente. X.- Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se adopten las medidas y resoluciones administrativas pertinentes, para realizar cualquier obra que se considere necesaria, en las zonas de riesgo para proteger de deslizamientos y cualquier irregularidad a los vecinos del Barrio “La Isla”, ubicado en San Miguel de Desamparados. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código. XI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en contra de las autoridades de la Municipalidad de Desamparados. Se ordena a Antonieta Naranjo Brenes y a Jesús Chinchilla González, por su orden Alcaldesa y Coordinador del Área de Infraestructura, ambos de la Municipalidad de Desamparados, o a quienes ocupen dichos cargos, que realicen las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y establezcan las acciones y coordinaciones necesarias dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, para que en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, se adopten las medidas y resoluciones administrativas pertinentes, para realizar cualquier obra que se considere necesaria, en las zonas de riesgo para proteger de deslizamientos y cualquier irregularidad a los vecinos del Barrio “La Isla”, ubicado en San Miguel de Desamparados. Se les advierte a los recurridos que, de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Desamparados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.- Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- WA0CXYT4H9A61 EXPEDIENTE N° 25-013303-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:33:17. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Normal Normal Small Constitutional Chamber Resolution No. 33787 - 2025 Resolution Date: October 17, 2025, at 09:20 Expediente: 25-013303-0007-CO Drafted by: Jorge Araya Garcia Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Text of the resolution \*25133030007CO\* Exp: 25-013303-0007-CO Res. No. 2025033787 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the seventeenth of October, two thousand twenty-five. An amparo appeal filed by Nombre76989, identity card CED41645, against the MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS AND THE NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE. Whereas: 1.- By a brief entered into the digital file at 10:11 on May 13, 2025, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of Desamparados. She states that she owns a house located in "La Isla" neighborhood, Dirección4600 in the locality of Llano de San Miguel de Desamparados, a place where approximately 60 families live, some consisting of minors, older adults, and persons with disabilities. She indicates that several landslides have occurred on the only access to the locality, severely affecting the road's passability, with a first landslide of approximately 60 meters in depth occurring in June 2022, regarding which the local government took no action. Then, in 2024, a new landslide occurred in the same area, which prompted the respondent municipality and the CNE to close vehicular passage and allow only pedestrian traffic through a path approximately one meter wide, covered with plastic. She claims that due to this situation, access for emergency vehicles became impossible, which represents a risk for the population, given the distance of at least 200 meters between the main entrance and the homes. She accuses that, as of the date she seeks amparo, no formal communication has been issued by the municipal authorities regarding a possible solution to the reported situation that led her family—owners of a property in the area—to abandon said area last year. She adds that on May 8, 2025, a new landslide occurred at the same site, further reducing the available pedestrian space and leaving the road practically impassable, also showing signs of scouring (socavamiento) in the remaining terrain. She argues that the situation represents an imminent risk for the area's inhabitants, especially those in a state of vulnerability. She believes the foregoing violates her fundamental rights and those of the protected community, therefore requesting that this appeal be granted and that the corresponding legal orders be issued. 2.- In a resolution at 23:47 on May 16, 2025, the process was commenced, and a report was requested from the Executive President and the Head of the Investigation Unit, both of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, CNE), as well as from the Mayor and the Coordinator of the Municipal Emergency Committee, both of the Municipality of Desamparados, regarding the facts alleged by the appellant. 3.- Through a brief added to the digital file at 14:58 on May 28, 2025, Alejandra José Picado Eduarte and Lidier Esquivel Valverde report under oath, in their order as President and Head of the Risk Investigation and Analysis Unit, both of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (CNE), that "(…) VII. REGARDING THE SPECIFIC CASE. Among the ordinary competencies of the CNE, according to Law No. 8488, is the obligation to: '… Article 14.-Ordinary prevention competencies of the commission. The Commission shall be the governing body regarding risk prevention and preparations for attending emergency situations. It must fulfill the following competencies: a) Articulate and coordinate the national policy regarding risk prevention and preparations for attending emergency situations. Likewise, it must promote, organize, direct, and coordinate, as appropriate, the assignments required to articulate the National Risk Management System and its components and instruments. This management shall be carried out in permanent consultation with the organs and entities integrated into the process. b) Carry out thematic promotion through permanent education and dissemination programs. c) Issue binding resolutions on situations of risk, disaster, and imminent danger, based on technical and scientific criteria, aimed at guiding regulatory and control actions for their effective prevention and management, which regulate or provide for their effective compliance by State institutions, the private sector, and the general population. Officials of the organs and entities competent to execute or implement such binding resolutions may in no case disregard them. Natural or legal persons, public or private, who build on or improperly use areas restricted by these binding resolutions shall be subject to the obligation to demolish or eliminate the work, in accordance with Article 36 of this Law. d) Exercise control over the regulatory function carried out by State institutions to control risk-generating processes, according to their areas of competence, based on the Commission's power to issue binding resolutions on risk conditions and emergency response. e) Exercise a permanent control function, so that State organs and entities include risk management criteria in the planning and execution of plans, programs, and projects that promote the country's development. f) Promote and support studies and research in matters related to its purposes, as well as the development of projects that promote physical, technical, and educational systems oriented toward disaster prevention and mitigation, and preparations to face them. g) Promote and foster the monitoring and management of risk situations, through the study or implementation of observation, monitoring, and warning measures, that allow foreseeing, reducing, and avoiding the impact and damage of possible disaster events. In addition, if necessary, coordinate the monitoring and management of such situations. h) Advise municipalities regarding the management of information on risk conditions affecting them, as is the case of guidance for an effective land-use and territorial planning (ordenamiento territorial) policy. The advisory must contribute to the preparation of regulatory plans, the adoption of control measures, and the promotion of organization, aimed at reducing people's vulnerability, considering that, at the municipal level, the responsibility for facing this problem lies in the first instance. i) Establish and coordinate a permanent multi-institutional body for planning, coordinating, and directing emergency operations. j) Establish and maintain relationships with national and international entities, governmental or non-governmental, whose purpose is related to the institution; enter into agreements, conventions, or exchange and cooperation contracts with such entities as deemed appropriate. k) Promote the creation and strengthening of regional, municipal, and local capacities for managing emergency situations. If necessary, this includes participation in warning, alarm, mobilization, and population response actions. l) Manage international aid, from agencies and countries, in coordination with the Ministry of Foreign Affairs and Worship, for prevention programs and emergency response. m) Coordinate the international aid that Costa Rica may offer to other nations that have declared an emergency in their territories, when agreed upon by the President of the Republic and the Minister of Foreign Affairs and Worship. Such cooperation shall consist of human resources, technical advice, or donations of goods and services, as the country's possibilities allow…' (The highlighting is not from the original) Likewise, it has its extraordinary competencies defined in Article 15, which literally states: 'Article 15.-Extraordinary competencies of the commission. Once the state of emergency established in Article 29 of this Law is declared, the Commission shall be responsible for planning, coordinating, directing, and controlling the actions aimed at resolving urgent needs, and executing protection, rescue, and rehabilitation programs and activities. To this end, it must carry out, at a minimum, the following actions: a) The coordination, direction, and control of emergency response for emergencies declared as such by the Executive Branch shall be carried out according to the phases defined in Article 30 of this Law; to this end, the Commission, through the Executive Directorate, must prepare the General Emergency Plan, according to the terms referred to in Chapter VI of this Law. b) It must coordinate the damage assessment, for which the institutions of the Central Administration, the Decentralized Public Administration of the State, Local Governments, and state companies shall be responsible for assessing the damages and coordinating their execution with the Commission. c) Plan, coordinate, organize, and supervise the execution of rescue actions by public and private, national and international organizations. d) Coordinate the scientific and technical research necessary for the Plan, as well as the physical and economic recovery programs, and provide the necessary follow-up. e) Appoint as executing units the public institutions that have within their scope of competence the execution of the works defined in the General Emergency Plan and supervise their execution. f) Hire the specialized personnel it requires for specific periods and in accordance with the emergency declaration. Except as provided in the preceding subsections, the Commission shall attend to, without an emergency declaration by the Executive Branch, the delivery of blankets, food, mattresses, and the acquisition of materials to rehabilitate basic services and enable shelters, as well as the contracting of a maximum of three hundred machine hours for cleaning and priority attention. The provisions of this paragraph apply to each of the cases of local and minor emergencies that, due to the high frequency with which they occur or the serious impact they cause in communities, demand the provision of extraordinary attention…' Article 25 of Law 8488 indicates that it is the responsibility of the Costa Rican State to prevent disasters; therefore, all institutions shall be obliged to consider risk and disaster concepts in their programs and include the ordinary management measures that are proper and timely to prevent their manifestation, promoting a culture that aims to reduce them. Likewise, Agreement No. 0443 of November 30, 2011, of the Board of Directors of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, taken in Extraordinary Session No. 10-11, held on Wednesday, November 9, 2011, and published in La Gaceta No. 230 of November 30, 2011, must be considered, which “Recommends mayors to proceed immediately with the eviction (desalojo) of the occupants of areas of recognized risk and imminent danger and to demolish the buildings located therein.” At this point, it is necessary to remember that by constitutional mandate, the administration of the local interests and services of the canton is the competence of the Local Government, and for the specific case, the Municipality (…), as a state legal entity, with its own patrimony and personality (Article 2 of the Municipal Code No. 7794), has full legal capacity to execute all types of acts and contracts necessary to fulfill its purposes. In another order of ideas, within the budget and as part of the powers of local governments in risk prevention, we have that in accordance with Law No. 9907, of October twenty-seventh, two thousand twenty, Article 46 bis was added to Law 8488, dedicated to the application of the three percent that had to be previously transferred to the Commission from the municipal regime. It is the duty of the municipal government to guarantee, through planning and the exercise of police power, that urban development meets safety, health, and environmental sustainability criteria. The foregoing, in protection of citizens' rights. Deriving directly from Article 169 of the Political Constitution, the Municipal Code, the Urban Planning Law, the Construction Law, and related regulations, it is the absolute and exclusive responsibility of the municipalities to order the territory under their jurisdiction. Now then, through Official Letter No. CNE-UIAR-INF-0669-2025, of May 2025, the Risk Investigation and Analysis Unit of the CNE proceeded to provide a technical report regarding what was alleged by the appellant. Regarding what is of interest, the following is expressed (the original wording and spelling are preserved); '… Analysis of the hazard and degree of vulnerability of the environment As of May 8, 2025, another landslide occurred on the access road to Barrio La Isla, part of which is under the jurisdiction of Desamparados and another part under Aserrí, where the instability of the slope has increased. By 2021, the CNE informed the Municipality of Desamparados of the existing problems on the access to Dirección4601, considering that the sector has already shown signs of instability and erosion of the right bank from 2007 to date, according to the reports existing in the CNE and sent to the municipal entity. Due to the slope conditions, it is established: Hazard type: Active landslide due to slope failure (desprendimiento de talud) Vulnerability: High associated with utility poles, the road, and homes at the edge of the slope Impact: Access road to homes on Dirección4601, to date If the slope instability processes continue on the access road to several homes in Barrio La Isla, it is highly likely that it will be rendered impassable in the short term due to further landslides and cracking, leaving the families located further down the road adjacent to the landfill, in the Aserrí sector, without passage. Taking into account the latest instability events generated on the road at Dirección4602 and the possible scenarios to develop in the upper part of the slope given the increase in rains and possible impacts, it is recommended: Families whose properties are between what remains of the road and the edge of the slope must be preventively evacuated given the possibility that landslides could increase and that internal cracking could recede toward the homes with a greater impact on the properties and their occupants. As of May 16, 2025, official letter S-DRRSCS-ARSD-IT-2702025 from the Desamparados Health Governing Area and Inspection Report MS-DRRSCSARS-AI-327-2025 were received via email. V. Conclusions and Recommendations • Therefore, it is vitally important that the municipal authorities of Desamparados comprehensively analyze this sector and establish a proposal for access for these families, given that from 2021 to date, no type of containment work has been carried out, considering that there is a history dating back to 2007. • The affected section is the access road to several homes in the neighborhood known as La Isla; it is highly vulnerable and requires immediate intervention by the municipal entity and other State institutions. • The CME of Desamparados must maintain constant monitoring of the sector. • The company responsible for the electrical system should evaluate the utility pole, which is a few meters from the edge of the slope, to find a relocation alternative given the possibility that it could be affected by the landslide and leave other families without service. • The owner of the property that is most exposed and has a high probability of being left without access, in addition to the possibility of cracking that could increase during a major landslide at the edge of the slope, corresponds to the owner Nombre76990, Dirección4603, Dirección4604; therefore, it is recommended that a preventive evacuation be established for all families located within the property. • The Ministry of Health of Desamparados is recommended to evaluate and, in accordance with the provisions of the Health Law, proceed accordingly based on this report. • State institutions should provide full support to these families that require preventive evacuation, until the necessary mitigation work is executed to stabilize the slope and provide greater safety to the road and residential environment. • Follow-up and permanent monitoring by the CME will be established in this sector to evaluate the slope conditions, and if there are changes in the upper part, other regulations will be established, if necessary, for other properties near the slope. • The Municipality of Desamparados is given priority follow-up on the studies and works to be performed on the slope so that access is established for all families, given that accessibility is currently highly vulnerable. • The Municipality of Desamparados and Aserrí should seek exit routes for the families in the short term, as they need to go to their jobs, handle some emergency, and other general matters…' Through Official Letter UGO-OFD-0095-2025, of May 14, 2025, Mr. Julio Vargas Sáenz, Liaison Officer of the CNE, signs a report titled 'Visit Report to the Barrio La Isla Community, San Miguel de Desamparados.' Regarding what is of interest, the following is expressed (the original wording and spelling are preserved); '… On Thursday, May 8, a series of incidents were reported due to the reactivation of a landslide located in the Barrio La Isla community in San Miguel de Desamparados. From that moment, the CME of Desamparados was activated and conducted a site visit, where it was verified that the landslide had reactivated, and the local residents were alerted about the risk situation present, providing them with safety recommendations, as recorded in Situation Report INF-SIT-CMED005-2025. (…) In this report, the CME requested 3 rolls of black plastic from the CNE, which were sent and installed immediately to cover and protect the landslide from rain and runoff water. Additionally, the Municipality of Desamparados placed protective mesh and performed some minor works to try to prevent the concrete slabs of the pedestrian passage from completely sliding away. Also, the CME conducted a population census to determine the number of families (approximately 40 families) and people (approximately 200 people) directly and indirectly affected by the landslide. Likewise, it began assessing possible evacuation routes, none of which proposals could be established, based on official letter IF-GR-080-2025. Officials from the Municipality's Risk Management office created a WhatsApp Chat with several local residents to keep them informed and so that they can likewise report immediately about any new changes in the site conditions. It is important to mention that the project: PROERI, Design and Construction of Fluvial Protection Works on the Right Bank of the Guatuso River, La Isla Sector, San Miguel District, Desamparados Canton, will be carried out at the site, which aims to restore passage at the site and build a wall to stabilize the landslide. (…) On Tuesday, May 13, at 9:00 a.m., a field visit was made to the community of Dirección4605 in San Miguel de Desamparados accompanied by: • Geologist Julio Madrigal, CNE. • Engineer Viviana Solís, CNE • Engineer Mario Cordero, Municipality of Desamparados • Risk Manager Ronald Mendoza, Municipality of Desamparados • Engineer Oscar Arroyo, Ministry of Health During said visit, the following agreements and actions were defined: 1. An assessment of the area affected by the landslide was made, determining that due to the type of geological material and water saturation in the soil, it had reactivated again, endangering two houses located at the landslide crown and affecting the only access that people living at the end of this street have. 2. There will be a new negotiation with the owner of one of the properties (the most viable option) that could eventually be used as an evacuation route, so that she agrees to provide a temporary passage, as the owner refused during the first negotiation. 3. All families in the area will be notified about the high risk they are in. 4. A technical report will be prepared by the CNE's Risk Investigation and Analysis (IAR) Unit. 5. An inspection report will be prepared by the Ministry of Health, and likewise, they are awaiting the technical report from IAR to define the need or not to generate administrative acts aimed at safeguarding the lives of the area's residents. 6. The CME will prepare a new Situation Report regarding the visit and will activate the Social and Humanitarian Protection Roundtable if necessary. 7. Daily visits will be made to the site by officials from the Risk Management Office of the Municipality of Desamparados to assess possible changes in the site conditions. 8. The population will be kept informed through the previously created chat. 9. The CME and the CNE will be kept informed regarding this matter…' In conclusion, the CNE has performed proactive work within our legal framework and in accordance with the guidelines of the Honorable Constitutional Chamber, regarding providing prompt and complete response to the appellants and making recommendations within the area of our competencies to other Government institutions and directly to the Municipal Corporation. That is, no violation whatsoever of the fundamental protections alleged by the appellant is accredited. (…)”. They request that the appeal be dismissed. 4.- By a brief added to the digital file at 14:23 on June 2, 2025, Antonieta Naranjo Brenes reports under oath, in her capacity as Mayor of the Municipality of Desamparados, that "(…) in accordance with Report AM-IF-121-2025, of May 29, 2025, from the Infrastructure area of the Municipality of Desamparados, where Jesús Chinchilla serves as the area coordinator, the following is indicated: '… In accordance with the provisions of current regulations, and in response to the amparo appeal filed, we can indicate that the Municipality of Desamparados has provided the due attention and timely response to the mentioned case. As part of the processes carried out by this Municipality, there is the submission of situation and initial impact reports regarding the events that arose in 2022. These actions resulted in this sector known as La Isla being considered in Decree 43752-MP, a declaration of national emergency due to the direct influence of the intertropical convergence zone of the year 2022. Following this emergency declaration, the Infrastructure Area worked jointly with the National Emergency Commission (CNE) during the year 2023 on drafting the necessary investment plans to obtain the basic studies and preliminary designs for this project. This was done through Contract No. 2023PX-000259-0006500001, “CE-Estudios básicos y diseños preliminares de obras de protección fluvial de la margen derecha del río Guatuso, sector de La Isla, Distrito San Miguel”. It was awarded to the contractor INGEOTEC Consultoría y construcción geotécnica, with them delivering the product in April 2024. With these inputs, in August 2024, the investment plan for the execution of the works was submitted to the CNE, called “Diseño y construcción obras de protección fluvial sobre margen derecha del río Guatuso, sector de La Isla, Distrito San Miguel, Cantón Desamparados.” By November 2024, the procurement request was made on the Integrated Public Procurement System (SICOP) platform, being published on December 6, 2024, under Contract 2024PX-000490-0006500001, “(CE) PROERI: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN FLUVIAL SOBRE MARGEN DERECHA DEL RÍO GUATUSO, SECTOR DE LA ISLA, DISTRITO SAN MIGUEL, CANTÓN DESAMPARADOS.” By January, the bid evaluation process was completed, and the award was finalized on February 10, 2025; however, the contract was notified on February 25 to the company CS CONSTRUCCION SOSTENIBLE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA. By January 19, the field visit was conducted prior to issuing the start order, which was carried out in the company of the contractor, the Executing Unit, and the CNE. • The project start order was issued for March 17 of the current year. • The company delivered the design proposal on May 16. The designs are currently being reviewed by the technical team of the Municipality of Desamparados, the supervisory firm (CACISA), and the CNE. It is planned that by mid-next week, there will be a meeting with the contractor to clarify doubts and address observations. Given the new emergencies in the area, the contractor was informed of the need to generate an assessment to execute preventive measures to enable pedestrian passage in the sector in a safer manner. These measures, proposed and approved by the parties, will be included within the documents submitted by the contractor, considering the new impact present at the site. (the bold and underline are not part of the original).- Likewise, the Risk Management area indicates, through Report IF-GR-101-2025, from the area coordinator, the following: '… Report on actions taken regarding the landslide on Dirección4606, in response to Amparo Appeal No. 25-013303-0007-CO (…) the Risk Management Area of the Municipality of Desamparados hereby submits the report on actions taken in response to the landslide affecting the sector of Dirección4607–, district of San Miguel, a situation that prompted the filing of Amparo Appeal No. 25-013303-0007-CO, currently under the cognizance of the Constitutional Chamber. This document aims to present in a structured manner the actions carried out by this area, Municipal Infrastructure, and the Municipal Emergency Committee, in coordination with institutions such as the National Emergency Commission (CNE), the Ministry of Health, the Joint Institute of Social Aid, the Municipality of Aserrí, and the awarded company CONSOST. Introduction and Background Since August 13, 2024, following the recording of new incidents involving falling materials in the Dirección4608– zone, the CNE was formally informed through official letter CMED-159-2024, requesting the drafting of a geological report to technically assess the situation. In October 2024, through official letter SM-GR-104-2024, it was communicated that, in coordination with the Municipal Emergency Committee and Engineer Jesús Chinchilla González, technical visits were made to the area to evaluate the landslide and find viable solutions. That document highlighted the high level of risk, the impact on nearby homes, and the narrowing of the access road to 1.5 meters, which compromises both pedestrian safety and the mobility of emergency equipment. In December 2024, official letter SM-GR-144-2024 was sent to the CNE requesting an update on the state of the landslide, given the need for updated technical information to guide response and mitigation measures. Also, on December 23, 2024, the Municipality of Aserrí was officially notified via official letter SM-GR-142-2024, requesting inter-institutional coordination because the landslide on the right bank of the Guatuso River affects both Dirección4609 (Desamparados) and Dirección4605 (Aserrí). That note highlighted: • That the passage at the site had been reduced to barely 1.20 meters in width, which puts the safety of passers-by at risk. • That the search for an alternative evacuation route in case of emergencies was underway. • That the construction process of the retaining wall would require the total temporary closure of the passage, so Aserrí was asked for cooperation in planning alternate routes, defining joint actions, and properly coordinating contingency measures. 1. Technical assessment and immediate interventions On May 12, 2025, a technical inspection was carried out on site, with participation from the Infrastructure Department, representatives of the CNE, the Ministry of Health, and the awarded company CONSOST. Among the main actions executed, the following stand out: • Placement of plastic sheeting to prevent infiltration and runoff on the affected slope. • Installation of a safety barrier to restrict access to the unstable zone. • Assessment of the undermined concrete slab, with planning for controlled cutting. • Coordination of preliminary mitigation works according to the schedule of the company CONSOST. Note: This is according to the minute: MINUTA DE REUNIÓN IF-GR-19-2025. 2. Search for alternate evacuation routes One of the priority focuses has been the constant and insistent search for alternate evacuation routes, given the sector's isolated condition in the face of a possible worsening of the landslide. Various formal efforts were carried out with the following property owners and entities: • Dirección4610: The owner expressed their refusal to allow passage on at least four occasions. Although the request was formalized through official letter IF-GR-084-2025 (delivered physically), this effort was rendered void because no acknowledgment of receipt or official response was obtained. • Farm No. 903034: This alternative was discarded, since the only possibility for passage involved crossing directly through the interior of an inhabited dwelling, a situation that is unfeasible for safety and privacy reasons. • Farm No. 207997, located in the La Isla sector, canton of Aserrí: Coordination was carried out with the owner, the Municipality of Aserrí, and the company EBI. Through official letter IF-GR-083-2025, the owner granted their consent to use the land as part of an alternate evacuation route. The proposed path considers initial entry through this farm, followed by passage through lands owned by the company EBI, which would finally allow connection with the community of Villas del Llano de Aserrí. However, this route is currently unusable, since community members have placed a tile wall that completely prevents transit through the sector. Given this situation, the company EBI has requested that the Municipality of Aserrí negotiate a formal agreement with the community of Villas del Llano, as a necessary condition for reconsidering the use of this path as a valid evacuation option. Note: The follow-ups carried out with the company EBI for enabling passage through the area as an evacuation route are documented in the following minutes and official letters: 1. Official letter CMED-211-2024: Formal request for the opening of the evacuation route with EBI. Date: November 15, 2024. 2. Minute SM-GR-143-2024: Meeting held with EBI to address issues related to the opening of the passage. Date: December 20, 2024. 3. Official letter IF-GR-085-2025: Report on the current status of the process for enabling the evacuation route with EBI. Date: April 14, 2025. 4. Meeting minute IF-GR-20-2025: Joint coordination between EBI, the Municipality of Aserrí, the CNE, and the Ministry of Health for the opening of the evacuation route. Date: May 16, 2025. 5. Official letter IF-GR-100-2025: Follow-up on the coordination between the CNE, Municipality of Aserrí, and EBI for enabling the route. Date: May 28, 2025. 3. Community communication and neighborhood monitoring In order to strengthen community risk management: • A detailed census of families at risk was prepared, jointly with community leaders, which has been essential for focusing preventive actions. • On May 15, 2025, an official statement was published on the municipal website, and it was physically delivered to 40 families residing at Dirección4608– . • An exclusive WhatsApp group was created with residents of the sector, so they can report any change or impact directly and in real time, thus establishing an effective communication and response channel. • Periodic visits have been made to the site, during which the community is informed about progress regarding the opening of the evacuation route and the project. 4. Social and health actions • On May 16, 2025, through Situation Report INF-SIT-CMED-006-2025, the following actions were managed: o Request to IMAS to assess the granting of support to families identified as being at greatest risk, according to the geological report issued by the CNE (CNE-UIAR-INF-0669-2025). o Request to the Ministry of Health to conduct a technical visit to the affected dwellings. • Furthermore, through this same situation report, the CNE Liaison Officer, Mr. Julio Vargas, was informed of the efforts carried out to date within the framework of the emergency response. • According to official communication from Dr. Carolina Umaña Cisneros, director of the Health Governing Area, on May 21, 2025, the corresponding health orders were issued and delivered to the properties identified as being in critical condition. 5. Geological technical follow-up The recommendations of geological report CNE-UIARINF-0669-2025, prepared by geologist Julio Madrigal, have been complied with, maintaining constant technical visits by personnel from the Risk Management Department, in order to monitor the evolution of the landslide and support institutional actions with technical evidence. 6. Projected actions Once the company CONSOST formally enters the site, the execution of the following is planned: • Installation of a provisional metallic walkway, anchored at both ends of the slope. • Slope stabilization works, water control, and structural reinforcement. • Technical supervision by the municipal team and the CNE. Note: This is according to the minute: MINUTA DE REUNIÓN IF-GR-018-2025. Conclusion The Municipal Emergency Committee and the Risk Management Department have responsibly executed a series of technical, social, and community communication actions, in coordination with the competent institutions, to reduce the imminent risk in Dirección4605 and guarantee minimum safety conditions. All these actions are reported in response to Recurso de Amparo No. 25-013303-0007-CO, reaffirming the institutional commitment to the protection of life, physical integrity, and the fundamental rights of the residents in the affected zone…” Given the foregoing and considering that information has been provided to the petitioner, representing the Comunidad del Llano de San Miguel de Desamparados, and that through the Reports set forth herein, of which the petitioner is aware, plus the documentary evidence attached, the concrete actions carried out by the Municipality of Desamparados are demonstrated, jointly with the National Emergency Commission, the Ministry of Health, the Municipality of Aserrí, and even negotiations with some neighbors to find alternate routes, so that they are not completely isolated when the works begin, and considering that this representation demonstrates the concrete actions carried out to date, duly set forth through Reports IF-GR-101-2025, dated May 29, 2025, from the Risk Management Department, submitted by the department coordinator Ronald Andrés Mendoza Fernández, and Report AM-IF-122-2025, dated June 2, 2025, from the Infrastructure Department, signed by the department coordinator Jesús Chinchilla González, which are attached as documentary evidence.- Based on all the foregoing, this local government respectfully requests your authority to declare this Recurso de Amparo, filed against my represented party, without merit in all its aspects, since this local government, through the attached documentary evidence, demonstrates that even through a Public Tender, the company has already been awarded to begin the works; however, it must also be considered, although the Reports do not indicate it, that work cannot be done during the rainy season, which is why the alternate measure of an exit with the help of neighbors, and from an adjacent community that is opposed, is urgent, since the houses that have the exit problem are like landlocked properties (fundos enclavados), which would be left without passage when the works begin, as they do not have alternate exit routes, hence the negotiations being carried out by colleagues from the Road Infrastructure Department of the Municipality of Desamparados with neighbors, in order to assist that community of La Isla, Dirección4609 in the locality of Llano de San Miguel de Desamparados, which suffers from the damages that nature has caused to the road that provides access to the exit from the place.- (...)" It requests that the recurso be declared without merit. 5.- In the proceedings followed, legal requirements have been observed. Drafted by Judge Araya García; and, Considering: I.- Preliminary Issue. Before analyzing the merits of the matter —for the alleged violation of the right to a prompt and timely procedure— it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the applicable administrative remedies. Precisely, in this case, an exception scenario is raised, as this involves an alleged complaint regarding an environmental matter that affects the physical integrity of local residents, which apparently has not been resolved within a reasonable timeframe by the respondent authorities. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. II.- Object of the recurso. The petitioner alleges that she is the owner of a house located in Barrio “La Isla” in Llano de San Miguel de Desamparados and requests the intervention of this Chamber due to the lack of an effective solution from the respondent authorities regarding the constant landslides that have been affecting the only access to the community since 2022. She emphasizes that these landslides have seriously compromised passability, preventing the passage of emergency vehicles and exposing the residents —especially the most vulnerable— to significant risks, which forced her family to leave the area in 2024. III.- Proven facts. The following facts are deemed duly proven as important for the decision in this matter: 1) The petitioner is the owner of a house located in Barrio “La Isla” in Llano de San Miguel, Desamparados (uncontested fact). 2) Since 2007, the National Emergency Commission (CNE) identified signs of instability and erosion on the slope located at the access to Barrio “La Isla”, in the district of San Miguel, canton of Desamparados, and issued technical recommendations to the Municipality of Desamparados (see report rendered under oath and evidence provided). 3) On November 9, 2011, the Board of Directors of the CNE held Extraordinary Session No. 10-11, in which Agreement No. 0443 was adopted, recommending the evacuation of occupants in zones of recognized risk and imminent danger, as well as the demolition of buildings located in said areas. This agreement was officially published in La Gaceta No. 230 on November 30, 2011 (see report rendered under oath and evidence provided). 4) In 2021, the CNE reiterated to the Municipality of Desamparados the existing problem regarding the access to Dirección4601“ (see report rendered under oath and evidence provided). 5) During 2022, landslides were recorded in the “La Isla” sector, which is why said sector was included in Executive Decree No. 43752-MP declaring a national emergency due to the influence of the intertropical convergence zone (see report rendered under oath and evidence provided). 6) In 2023, the Municipality of Desamparados, in coordination with the CNE, prepared investment plans to carry out basic studies and preliminary designs for fluvial protection works on the right bank of the Guatuso River, through contract No. 2023PX-000259-0006500001, awarded to the company INGEOTEC (see report rendered under oath and evidence provided). 7) On August 13, 2024, new incidents of material fall were recorded at Dirección4608– “, which was reported by the Municipality of Desamparados to the CNE through official letter CMED-159-2024, requesting a geological report (see report rendered under oath and evidence provided). 8) In October 2024, technical visits were made to the site by the Municipal Emergency Committee and an Engineer, evidencing high risk, damage to dwellings, and reduction of access to 1.5 meters in width, compromising pedestrian safety and the passage of emergency vehicles (see report rendered under oath and evidence provided). 9) The CNE categorized the type of threat from the landslides in the zone as: “(…) Active landslide due to slope detachment. Vulnerability: High, associated with electric utility poles, road, and dwellings at the edge of the slope. Impact: Access road to dwellings Dirección4601, to date. If the instability processes on the slope continue, on the access road to several dwellings in Dirección4605, it is very likely that in the short term it will become unusable due to detachment and increased cracking, leaving the families located further along the road adjacent to the landfill, Aserrí sector, without passage (…)” (see report rendered under oath and evidence provided). 10) On December 6, 2024, contract No. 2024PX-000490-0006500001 for the design and construction of fluvial protection works in the “La Isla” sector was published on SICOP (see report rendered under oath and evidence provided). 11) On December 23, 2024, the Municipality of Desamparados requested inter-institutional coordination from the Municipality of Aserrí through official letter SM-GR-142-2024, because the landslide affects both cantons and the passage was reduced to 1.20 meters in width, requiring alternate evacuation routes (see report rendered under oath and evidence provided). 12) On February 10, 2025, the contract was formally awarded to the company CS Construcción Sostenible de Centroamérica S.A., with notification occurring on February 25 of the same year (see report rendered under oath and evidence provided). 13) On January 19, 2025, a field visit was carried out with the contractor, the Executing Unit, and the CNE, as part of the process prior to the start order (see report rendered under oath and evidence provided). 14) On March 17, 2025, the start order for the fluvial protection works project was issued (see report rendered under oath and evidence provided). 15) On May 8, 2025, a new landslide was recorded at the access to Barrio “La Isla”, further reducing the pedestrian space and evidencing undercutting of the terrain. The Municipal Emergency Committee (CME) was activated and the community was alerted (see report rendered under oath and evidence provided). 16) On May 12, 2025, a technical inspection was carried out with participation from the CNE, Ministry of Health, and the awarded company, executing preventive measures such as the placement of plastic sheeting, safety fences, and assessment of the undermined slab (see report rendered under oath and evidence provided). 17) On May 13, 2025, a technical visit was carried out to the affected sector in Barrio “La Isla”, with the participation of representatives from the CNE, the respondent Municipality, and the Ministry of Health, during which it was agreed to notify the families about the existing high risk, assess possible evacuation routes, and prepare the corresponding technical reports. Likewise, an attempt was made to negotiate with the owner of one of the two dwellings located on the crown of the landslide —an area that affects the only access available for people residing further down the road— in order to enable a temporary passage as an evacuation route; however, the owner rejected the proposal on at least 4 subsequent occasions (see report rendered under oath and evidence provided). 18) The CNE recommended: “(…) Families whose properties are between what remains of the road and the edge of the slope must be preventively evacuated given the possibility that detachments increase and that there is a retreat of internal cracking towards the dwellings with a greater impact on the properties and their occupants (…)” (see report rendered under oath and evidence provided). 19) As of May 16, 2025, the Health Governing Area of Desamparados issued official letter S-DRRSCS-ARSD-IT-2702025, together with inspection report MS-DRRSCSARS-AI-327-2025, through which they determined: “(…)V. Conclusions and recommendations • Therefore, it is of vital importance that the municipal authorities of Desamparados comprehensively analyze this sector and establish a proposal for access for these families, given that from 2021 to date, no type of containment work has been carried out, taking into account that there are records dating back to 2007. • The affected section is the access road to several dwellings in the neighborhood known as La Isla; it is highly vulnerable and requires immediate intervention by the municipal entity and other State institutions. • The CME of Desamparados must maintain constant monitoring of the sector. • To the company responsible for the electrical system, evaluate the electric utility pole, which is a few meters from the edge of the slope, in order to find a relocation alternative given the possibility that it may be affected by the detachment and leave the other families without service. • The owner of the property that is most exposed and has a high probability of being left without access, in addition to the possibility of increased cracking from a major detachment at the edge of the slope, corresponds to owner Nombre76990, Dirección4603, Dirección4604; therefore, it is recommended that a preventive evacuation be established for all families located within the property. • The Ministry of Health of Desamparados is recommended to evaluate and, in accordance with what is established by the Health Law, proceed accordingly based on this report. • State institutions should provide all support to these families who require preventive evacuation, until the necessary mitigation work to stabilize the slope and provide greater safety to the road and dwelling environment is executed. • Follow-up and permanent monitoring will be established by the CME in this sector in order to evaluate the slope conditions, and if changes occur in the upper part, other regulations will be established if necessary for other properties near the slope. • To the Municipality of Desamparados, as a priority, follow up on the studies and works to be carried out on the slope so that access for all families is established, given that accessibility is currently highly vulnerable. • Seek exit routes for the families by the Municipality of Desamparados and Aserrí in the short term because they need to leave for work, any emergency, and other general aspects (…)” (see report rendered under oath and evidence provided). 20) The Municipality of Desamparados created an exclusive WhatsApp group with residents of the sector, to report any change or impact from the landslides directly and in real time (see report rendered under oath and evidence provided). 21) On May 21, 2025, the Ministry of Health issued health orders for properties in critical condition (see report rendered under oath and evidence provided). 22) On May 28, 2025, the preliminary resolution of this amparo proceeding was notified to the respondent authorities (see notification records). IV.- Unproven fact. The following fact is not deemed duly proven as important for the decision in this matter: Sole. That, prior to the filing of this amparo, the petitioner had filed any request before the respondent authorities for the purpose of reporting the problem that is the subject of this recurso. V.- PRECEDENT ON THE NEED TO FILE A COMPLAINT IN ENVIRONMENTAL MATTERS. In Judgment No. 2023029457 of 12:50 p.m. on November 10, 2023, it was clarified: “V.- ON THE NEED TO FILE A COMPLAINT IN ENVIRONMENTAL MATTERS. In the first instance, the Chamber considers that it is imperative to make some observations regarding the need to file a complaint in environmental matters. From a review of the case file, it is noted that the Secretary General of SETENA, in the attached report, essentially emphasized the following: “After checking the databases of this Secretariat, no Environmental Assessment file with the indicated characteristics was located (…) Nor was any request from the petitioner addressed to this representation located, reporting any specific fact, a case in which it would have been redirected to the Administrative Environmental Tribunal, upon determining that no open Environmental Assessment file exists.” On this matter, this Chamber has stated that, in order for a violation or threat to environmental rights to be ventilated, generally or specifically, we would have to be facing a scenario where the affected person has filed a complaint and, during its processing, a threat has been determined or it has been established that the environment is indeed being damaged, and even so, the respondent administrative authorities have not taken any type of measure in this regard, thereby violating the constitutional right enshrined in article 50 of the Carta Magna. Thus, in Judgment No. 2016-007678 of 10:50 a.m. on June 3, 2016, the following was resolved: “III.- ON THE MERITS. In reiterated jurisprudence, this Constitutional Chamber has had the opportunity to rule on the precautionary principle in environmental matters, as well as regarding the State's obligation to ensure that all projects, of a public or private nature, are developed under strict standards that prevent any damage to the environment. In this way, the State, through the institutions created for such purposes, must exercise prior and subsequent control over the manner in which works, constructions, projects, or activities of companies and businesses are executed, to assure all administered parties that no type of environmental damage is caused by such activities. However, for the reasons stated, certain activities, such as mining, require, prior to being carried out, environmental impact studies and analyses, for which technical investigations are conducted by professionals in each area to determine whether the intended activity could or could not cause some harm of this type, all based on the different laws regulating environmental, water, forestry, mining matters, among others. Subsequently, once these viability or feasibility permits are obtained, the administrative authorities must pay attention to and promptly address the complaints filed by those persons who consider themselves affected by any of the mentioned activities, whether a concession, or private and commercial works, in order to initiate investigations to establish the veracity of the complaints raised, for which, again, technical criteria must be relied upon. That is, for this Chamber to be able to corroborate a violation of environmental rights, generally or specifically, we would have to be facing a scenario where the affected person has filed a complaint, and during its processing, it has been determined that damage to the environment is indeed being caused, and even so, the respondent administrative authorities have not taken any type of measure in this regard, thereby violating the constitutional right enshrined in article 50 of the Carta Magna.” (Emphasis not from the original). Likewise, on repeated occasions, this Court has stated that it should not substitute the active Administration in its competencies, nor is it an instance for processing complaints. In that sense, in Judgment No. 2023019540 of 9:30 a.m. on August 11, 2023, the following was resolved: “III.- Object of the recurso. The petitioners allege that approximately 25 years ago, the Municipality of Carrillo dug a trench using heavy machinery within private properties for water drainage that runs from Dirección4611, passing through Dirección4612, and ends in a protective zone owned by INDER. They claim they have been affected by the environmental pollution caused by the discharge of untreated sewage and water stagnation that generates vectors for the proliferation of disease-transmitting mosquitoes, affecting health and the environment. (…) VI.- Specific case. (…) In this regard, from the study of the case file, it is proven that the petitioners have not filed a formal, written request before the respondent authorities in order to raise the problematic situation described in the filing brief. From this perspective, it must be warned that this Chamber should not substitute the active Administration in its competencies nor is it an instance for processing complaints. The petitioners must take into account that the foregoing is not tantamount to exhausting the administrative remedy, but rather the simple acknowledgment that this Court should not directly substitute the will of the Administration and supplant public offices in the management of matters within their competence. Consequently, the petitioners may, if they see fit, raise their objections or claims before the respondent authorities formally and in writing, or else, in the ordinary jurisdictional venue, arenas in which they may extensively discuss the merits of the matter and assert their claims. By virtue of the foregoing, this amparo is declared inadmissible. On this particular point, the Chamber has stated that complaints such as those raised by the petitioners in this amparo must be previously filed before the corresponding authorities. Through judgment No. 2017-020375 of 11:00 a.m. on December 19, 2017, the following was indicated: “II.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the petitioners come directly to this Court to report a problem regarding pollution generated by a channeling of untreated sewage through their properties, which flows into a river. However, from the petitioners' own statements, it is inferred that they have not filed any complaint before the competent authorities, in this case, the Municipality of Flores de Heredia. Now then, as has been repeatedly stated, this Court should not substitute the active Administration in its competencies nor is it an instance for processing complaints, as stated in Judgment 2016-001150 of 2:30 p.m. on January 26, 2016. Considerations that are applicable to the case under study, as this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in said judgment, nor motives to assess the situation raised differently. Therefore, even if the proponents consider it unnecessary, in situations like this, it is necessary that they go before the respondent authorities to formally raise the aforementioned claim, prior to filing the recurso de amparo, so that it is those instances that take the pertinent measures to resolve the problem reported or, failing that, to establish their claim in the venue of ordinary legality. The foregoing without prejudice to the petitioners' recourse to the constitutional venue, after an unreasonable period of time had elapsed without effective action by the Administration and provided there were a threat or violation of a fundamental right.” (Emphasis not from the original). (See in a similar sense Judgments No. 2023004954 of 9:30 a.m. on March 3, 2023, No. 2023004299 of 9:15 a.m. on February 24, 2023, and No. 2022026246 of 9:45 a.m. on November 4, 2022, among others). Nevertheless, despite what has been stated so far, the Constitutional Court has indeed heard recursos where a violation of a healthy and ecologically balanced environment was demonstrated without the need for filing a prior complaint; this, under two exceptional scenarios, namely: 1) when it involves a case of great magnitude and; 2) when it can be derived from the case file that the competent authorities had knowledge of the reported situation that is threatening or causing damage to the environment, and have not taken any type of measure in this regard. In that sense, in Judgment No. 2008-04786 of 12:35 hours on March 27, 2008, resolved the following: “II.— PURPOSE OF THE APPEAL.— The appellant alleges that he has gone to the Ministry of Health, the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), and other administrative bodies to report a pigsty (porqueriza) located adjacent to his home that produces foul odors; however, they have not addressed his requests (...) IV.— REGARDING THE ACTIONS OF THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA.— In the case before us, the Municipal Code obliges the Municipalities of each canton to ensure that the administered party is guaranteed the real and effective enjoyment of the right to health and a healthy environment. From the documents provided to the file, as well as the report given under oath by the respondent Mayor, it is indicated that once municipal officials appeared at the site subject to this amparo appeal and verified that the activity lacked a municipal permit, they proceeded to grant the owner of the pigsty an eight-day period to obtain the respective license (patente). However, the Chamber considers that the role of the Municipality should not limit its action only when it receives a complaint of alleged anomalous situations, but rather its obligation lies in guaranteeing, defending, and preserving the right of everyone to enjoy a healthy and ecologically balanced environment through the continuous control of all activities carried out in the community. In the judgment of this Chamber, in this specific case, the Municipality of Alajuela has shown an inability to enforce the laws on the matter and its obligation to guarantee the enjoyment by the area's inhabitants of a healthy and ecologically balanced environment, with the consequences for the health of those people. Thus, the respondent Municipality, having full knowledge that within its territorial jurisdiction a citizen is carrying out an activity lacking the legal permits and which in itself is sensitive due to the handling of animals and waste, has limited itself to granting the denounced administered party an eight-day period to bring his situation into legal compliance, evading its responsibility to always be vigilant of the actions carried out by the community's inhabitants. It is thus observed that the respondent Municipality has not even attempted to verify whether the activity generates any type of contamination and whether contaminated waters are discharged. The foregoing, for the purpose of imposing the sanctions that legally correspond once the due process and right of defense to which they are entitled have been granted. Consequently, the Municipality of Alajuela has not taken any action to determine the existence of the problem and its eventual impact on the alleged sanitary inconvenience that the appellant insistently reveals. By virtue of this, the granting of this appeal against the Municipality of Alajuela is imposed for the constitutional violation of Articles 50 and 21 of the Political Constitution. V.— REGARDING THE ACTIONS OF THE MINISTRY OF HEALTH.— While it is true that the State must respect the rights of individuals, it is also true that it must ensure the well-being of the community. Public Health and environmental protection are principles protected both at the constitutional level (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Magna Carta) and through international regulations. In this case, the General Health Law authorizes the Ministry of Health to take the corresponding sanitary measures and impose sanctions, whereby the Ministry of Health not only has the duty to enforce the General Health Law but also to protect public health, classified as a public interest good, since the rights to health and to a healthy and pollution-free environment —at least below the tolerable limits for human beings— are fundamental, inalienable rights, and their violation cannot be legitimately consented to. Now, from the report submitted to this Chamber, the respondent Minister states that there is no record of any complaint filed regarding these events; however, the head of the Ministry of Health must bear in mind that this body should not act only upon a party's request, as it seems to understand, thus obviating the preventive function that is indispensable in the protection of human health and that merits its intervention, even ex officio, in the task of inspection and surveillance of compliance with the precepts of the General Health Law. According to what has been accredited in the record, the action of the health authorities in the case under study was limited to conducting an inspection of the pigsty reported here due to the filing of this amparo appeal, and they verified, among other things, that the swine farm has a swine population of 150 pigs and that the area is surrounded by houses. While the health authority stated that it verified that there are no foul odors from decomposing food and that the wash water from the farm was not discharged onto the public road, it has not gone beyond that, declining in the exercise of its competencies and powers by not compelling those responsible to comply with the other requirements that the legal system demands for the operation of this type of activity, such as the proper permits from the different administrative bodies competent in this matter. Thus, it is demonstrated that beyond the inspection carried out by virtue of this amparo appeal, no other action is evident from the file on the part of this authority aimed at ensuring the pigsty complies with the legal requirements and thus being vigilant that said activity does not generate any type of sanitary or environmental contamination, and therefore, they have failed to fulfill their obligation to ensure the population's right to health, and hence, such omission has caused harm to the fundamental rights of all the inhabitants of the place.” (The highlighting is not from the original). In the sub examine, it is deemed that the appropriate course is to dismiss the appeal, since the conditions indicated supra for understanding that we are facing an exceptional case are not met, that is, one of the two scenarios that could justify the Constitutional Chamber entering to hear this matter, despite there having been no complaint. And, as has been seen, it is not on record that prior to the filing of the appeal, the claimant had filed any formal complaint before the respondent authorities and that said complaint was not addressed.” Precisely, in line with the transcribed criterion, this Court considers that the present case falls within the scenarios in which it is appropriate to hear the situation raised by the appellant, even without the existence of a prior complaint, given the nature and gravity of the facts presented. VI.— Regarding the specific case. In the sub lite, the appellant party claims she is the owner of a house located in the “La Isla” neighborhood in Llano de San Miguel de Desamparados and requests the intervention of this Chamber given the lack of an effective solution by the respondent authorities to the constant landslides (deslizamientos) that, since 2022, have affected the only access to the community. She emphasizes that these landslides (derrumbes) have seriously compromised passability, preventing the passage of emergency vehicles and exposing the residents —especially the most vulnerable— to significant risks, which forced her family to leave the area in 2024. In this regard, this Chamber verifies that, in the specific case, indeed, since 2007, the Comisión Nacional de Emergencias has warned about the instability of the slope (talud) on the access to the “La Isla” neighborhood of Desamparados, issuing technical recommendations directed to the municipality of said canton since then, and it is also on record that over the years various institutional efforts have been made to address the risk, such as the declaration of national emergency in 2022, the preparation of technical studies in 2023, the contracting of fluvial protection works in 2024, and in the current year, the formal start of the project, the execution of preventive measures such as technical inspections, placement of plastic sheeting, installation of safety barriers, constant monitoring, issuance of health orders, negotiation attempts to enable evacuation routes, and establishment of direct communication channels with the residents. Now, according to the foregoing, it is evident that given the critical situation facing the community of the “La Isla” neighborhood, the respondent municipality has carried out various efforts to address the risk. However, it is also true that the analysis of the file does not reveal that said efforts have culminated in the execution of any effective containment work, as the access to the sector remains highly vulnerable and the risk of landslides persists, directly compromising the safety, mobility, and physical integrity of the resident persons, which demonstrates that the actions undertaken have been insufficient. It should be noted that, despite the full knowledge of the situation by the Municipality of Desamparados, and the findings made by its professionals, as of the date of filing this appeal and despite having had a full understanding of the problem for several years, no forceful administrative act has been issued to resolve the alluded problem as legally appropriate. Consequently, this Chamber considers that the time that has elapsed to resolve the claimed landslide situation is disproportionate, given that more than three years have passed since the first events, without the situation having been resolved to date, with the aggravating factor that the impact remains in effect. Under this understanding, this Chamber considers that the appeal must be partially granted, with the considerations that will be stated in the operative part of this judgment and solely against the authorities of the Municipality of Desamparados. VII.— Finally, in relation to the authorities of the Comisión Nacional de Emergencias, this Chamber dismisses the appeal, since it has been proven that said institution has issued technical recommendations directed to the Municipality of Desamparados since 2007 and has maintained constant participation in the attention, support, and follow-up of the alleged landslide situation. Furthermore, according to what is indicated in its report rendered under oath, the actions necessary to eradicate the risk correspond to the Municipality of said canton, in compliance with the recommendations already issued. Therefore, it is concluded that the CNE has fulfilled its legal competencies and has no direct involvement in the object of this appeal. VIII.— Note by Judge Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court that when the claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting his fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line; this Court, based on Article 7 of its Law, is responsible for exclusively defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional scenarios, which are appropriately heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. IX.— Note by Judge Salazar Alvarado. As a matter of principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, whose discussion corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate, with greater breadth, their disagreements. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction is derived from that omissive administrative conduct, or when groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as happens in this case, in which it is claimed that the landslide of an earthen slope adjacent to the protected parties' home, a situation that has been reported on several occasions, has not been resolved as of the date of filing the appeal. The described situation constitutes an exception to my general position on this matter, and therefore I deem it necessary for this Constitutional Court to analyze the substance of the matter in order to verify or rule out the appellant's allegations. X.— Partial dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. While I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I differ on where to place the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here, so that, within six months, counted from the notification of this judgment, the pertinent measures and administrative resolutions are adopted to carry out any work deemed necessary in the risk zones to protect the residents of the “La Isla” neighborhood, located in San Miguel de Desamparados, from landslides and any irregularity. Instead, what is provided by the Contentious-Administrative Procedural Code regarding execution (Article 155 et seq.) has clear advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I consider that the execution phase must be carried out before the Execution Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the judgment execution rules of said Code. XI.— Documentation provided to the file. The party is warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the “Regulation on Electronic Files before the Judicial Branch,” approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore: The appeal is partially granted, solely against the authorities of the Municipality of Desamparados. It is ordered to Antonieta Naranjo Brenes and Jesús Chinchilla González, in their capacity as Mayor and Coordinator of the Infrastructure Area, respectively, both of the Municipality of Desamparados, or to whoever holds those positions, to carry out the actions that are within the scope of their competencies and to establish the necessary actions and coordination within their respective areas of competence, so that within a maximum period of six months counted from the notification of this judgment, the pertinent measures and administrative resolutions are adopted to carry out any work deemed necessary in the risk zones to protect the residents of the “La Isla” neighborhood, located in San Miguel de Desamparados, from landslides and any irregularity. The respondents are warned that, should they fail to comply with said order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not cause it to be complied with, provided that the offense is not more severely penalized. The Municipality of Desamparados is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment in the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is dismissed. Judge Castillo Víquez adds a note. Judge Salazar Alvarado adds a note. Judge Garro Vargas dissents regarding the execution of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Execution Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the execution rules established in Articles 155 et seq. of the Contentious-Administrative Procedural Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to her so that the execution procedures for this ruling can be initiated. Notify.- Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification code -- WA0CXYT4H9A61 EXPEDIENTE N° 25-013303-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). 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