Res. 33851-2025 Sala Constitucional — Amparo for failure to respond by municipality on solid waste managementAmparo por falta de respuesta municipal sobre gestión de residuos sólidos

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Sala Constitucional

Resolución Nº 33851 - 2025

Fecha de la Resolución: 17 de Octubre del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-026463-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-026463-0007-CO

Res. Nº 2025033851

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diecisiete de octubre de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-026463-0007-CO, interpuesto por Nombre89195, cédula de identidad CED49532, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA.

RESULTANDO:

 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 01:56 horas del 01 de setiembre de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia. Manifiesta que, el 30 de junio de 2025 se presentó a la Municipalidad de San Rafael y dejó un escrito dirigido al alcalde y al Concejo, en el cual solicita información relativa a las acciones de prevención que está tomando la recurrida para evitar posibles acciones legales -individuales o colectivas- originadas en la afectación a la salud pública y la posible afectación ambiental por una inadecuada disposición de los residuos sólidos del cantón. Acusa que, a la fecha de interposición de este recurso, no ha obtenido una respuesta. Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.

 2.- Por resolución de las 11:17 horas del 16 de setiembre de 2025, se dio curso al presente proceso y se concedió audiencia al alcalde y al presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de San Rafael.

 3.- Informa bajo juramento Jorge Eduardo Arias Santamaria, alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, lo siguiente en torno a los hechos alegados:

 “(…) PRIMERO. Es cierto. El señor Nombre89195 presentó escrito ante este municipio para que se les brindara información relativa a las acciones de prevención que esta tomando la Municipalidad de San Rafael de Heredia para evitar acciones legales originadas de la afectación a la salud pública y la posible afectación ambiental por una inadecuada disposición de los residuos solidos del cantón. SEGUNDO: Este Municipio brinda respuesta a la solicitud de información que realiza el recurrente, y la misma se notifico en fecha 19 de setiembre de 2025, tal y como se demuestra con la imagen que se adjunta a continuación (…)” (Sic).

 4.- Informa bajo juramento Minor Robles Vargas, presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, lo siguiente en torno a los hechos alegados:

 “(…) La lectura de los hechos expuestos en el presente Recurso de Amparo, claramente refieren a situaciones que si bien involucran la toma de acuerdos de este órgano deliberativo, la planificación, la reserva de recursos económicos y la ejecusión de los mismos son resorte directo de la administración municipal. PRIMERO: Es cierto que el recurrente presentó un documento en fecha 30 de junio de 2025, sin embargo dicho escrito es prácticamente una exposición sobre aspectos didácticos de gestión y disposición de residuos sólidos en relación a la publicación del “Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos ordinarios” y un planteamiento de la preocupación personal que embarga al recurrente en cuanto a dicho tema y la repercusión que puede tener el tema en la comunidad de San Rafael, Se adjunta el mencionado documento identificado como prueba #1. SEGUNDO : Asimismo, es necesario aclarar a su Autoridad que incluso el aquí recurrente fue recibido en audiencia pública en sesión del Concejo Municipal en fecha 14 de Julio de 2025, y su intervención consta en acta 103 de Sesión Ordinaria del Lunes 14 de Julio de 2025, ( ver folios 04 al 10 de dicha acta artículo Tercero Audiencia. Identificada como Prueba #2) , la cual fue transmitida además en las redes sociales del Municipio , dándole al recurrente la oportunidad de hacer uso de su derecho de expresión y consulta de forma pública y presencial . Nótese que esta intervención publica sobre el tema solicitado se dio 14 días después de haber presentado el documento mencionado de fecha 30 de junio de 2025, por lo que no podría haberse conculcado ningún derecho al administrado. TERCERO: Por otra parte, y no menos importante de mencionar, es el hecho de que todo lo que ha venido consultando el recurrente son temas de directa definición y ejecusión de la alcaldía y no de este Órgano deliberativo. Incluso , el “Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos ordinarios” al cual hace mención don Nombre89195, según su mismo dicho en el documento de fecha 30 de junio de 2025, indica que “la Ministra de salud Mary Munive Angermuller indico que el reglamento “ da un año a las regiones para tener un sitio para para disponer los desechos”. Por otra parte, no podemos omitir señalar que hay un proyecto de ley presentado en la Asamblea (…)” (Sic).

 5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

 I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que, desde el 30 de junio de 2025, presentó ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia, un escrito mediante el cual solicitó al alcalde y al concejo información de su interés; no obstante, acusa que aún no ha recibido respuesta a la gestión incoada.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)    El 30 de junio de 2025, el recurrente presentó un escrito dirigido al alcalde y a los miembros del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, el cual fue recibido por la autoridad administrativa, mediante el cual solicitó lo siguiente: “(…)  Previendo posibles consecuencias a futuro, hago tanto al Consejo como la Alcaldía formal solicitud para que se me informe sobre las prevenciones que ambos organismos han tomado para evitar que esas posibles acciones legales lleguen a materializarse. En concreto: A- Al delegar a la Alcaldía la construcción de la propuesta, le puso algún límite de tiempo para efectuarla? Como es lo acostumbrado: Se instruye a XXX para que en el plazo no mayor a YYY días prepare ZZZ. B- Si no lo hizo, procederá el Consejo a subsanar esa omisión? C- De hacerlo, cuál es la fecha límite en cuestión? D- Se me provea de una copia del protocolo que ha diseñado la Comisión Ambiental para valorar si acepta o no la propuesta que eventualmente le presentará la Alcaldía. Solicito que se incluyan todas las fuentes bibliográficas y de otra índole que sustenten el carácter científico del mismo, para que garantice que la salud de todos los habitantes del cantón no llegue a sufrir menoscabo. E- Se ha instruido a la Alcaldía que presente 2 propuestas, para tener alterativas al puntos II y III"(…)”(véase al respecto prueba aportada).

b)    El 18 de setiembre de 2025, se notificó al alcalde y al presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, la resolución de las 11:17 horas del 16 de setiembre de 2025, que dio curso a este proceso (ver acta de notificación).

c)    El 19 de setiembre de 2025,  mediante el oficio NºAM-633-2025 del mismo 19 de setiembre de 2025, la alcaldesa de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, comunicó al recurrente a través de los correos electrónicos ...2 y ., que se le otorgaba respuesta a su gestión por medio de los oficios:  N°UCSM-270-2025 de la Unidad de Servicios Municipales, N°UGA-111-2025 de la Unidad de Gestión Ambiental, N° AM-506-2025 y AM-344-2025 de la Alcaldía Municipal (véase al respecto informe rendido y prueba adjunta).

III.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En el sub lite, la parte recurrente acude ante esta Sala, debido a que desde el 30 de junio de 2025, presentó ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia, un escrito mediante el cual solicitó al alcalde y al concejo información de su interés; no obstante, acusa que aún no ha recibido respuesta a la gestión incoada.

Al respecto, en su informe rendido bajo la solemnidad del juramento, la autoridad recurrida expone que, el 30 de junio de 2025, el recurrente presentó un escrito dirigido al alcalde y a los miembros del Concejo Municipal, ambos  de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, el cual fue recibido por la autoridad administrativa, mediante el cual solicitó lo siguiente: “(…)  Previendo posibles consecuencias a futuro, hago tanto al Consejo como la Alcaldía formal solicitud para que se me informe sobre las prevenciones que ambos organismos han tomado para evitar que esas posibles acciones legales lleguen a materializarse. En concreto: A- Al delegar a la Alcaldía la construcción de la propuesta, le puso algún límite de tiempo para efectuarla? Como es lo acostumbrado: Se instruye a XXX para que en el plazo no mayor a YYY días prepare ZZZ. B- Si no lo hizo, procederá el Consejo a subsanar esa omisión? C- De hacerlo, cuál es la fecha límite en cuestión? D- Se me provea de una copia del protocolo que ha diseñado la Comisión Ambiental para valorar si acepta o no la propuesta que eventualmente le presentará la Alcaldía. Solicito que se incluyan todas las fuentes bibliográficas y de otra índole que sustenten el carácter científico del mismo, para que garantice que la salud de todos los habitantes del cantón no llegue a sufrir menoscabo. E- Se ha instruido a la Alcaldía que presente 2 propuestas, para tener alterativas al puntos II y III"(…)”.

Así las cosas, este Tribunal tiene por demostrado, según se desprende de los autos, que fue hasta la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso de amparo, que la autoridad recurrida dio respuesta a la solicitud de la parte recurrente. Dicha contestación fue remitida el 19 de setiembre de 2025, mientras que la resolución que da curso a este proceso, fue notificada el 18 de setiembre anterior.

Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta Sentencia, pero sin condenatoria en costas, daños o perjuicios, de conformidad con lo establecido a continuación.

IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)", debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes". Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización. Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.

 V.- RAZONES DIFERENTES Y VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Si bien coincido con el voto de mayoría, que declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, considero que debe ser estimado; pero imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por las siguientes razones.

El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas.  

El artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente:  

“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”. 

Por su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente:

“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”.

En el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N°  9097 del 26 de octubre de 2012,  se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa: 

“Presentación de escritos y plazo de respuesta. 

El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”. 

De este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho. 

Asimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone:  

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.  

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.  

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.

Por lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida.

Así, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales. Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo del amparado, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar al recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal y como lo habilita el precepto 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

En consecuencia, salvo parcialmente el voto, e impongo a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.

VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de 30 días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N°27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial N°19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes y salva parcialmente el voto, únicamente para efectos indemnizatorios, e impone a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.-

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 SCDWJNLFHPG61

EXPEDIENTE N° 25-026463-0007-CO

 

Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:33:28.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 33851 - 2025

Date of Resolution: October 17, 2025, at 09:20

Expediente: 25-026463-0007-CO

Drafted by: Jorge Araya Garcia

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Text of the resolution

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Exp: 25-026463-0007-CO

Res. No. 2025033851

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on October seventeenth, two thousand twenty-five.

 Amparo appeal processed under expediente number 25-026463-0007-CO, filed by Nombre89195, identity card CED49532, against the MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA.

RESULTANDO:

 1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 01:56 hours on September 1, 2025, the petitioner files an amparo appeal against the Municipality of San Rafael de Heredia. He states that, on June 30, 2025, he appeared before the Municipality of San Rafael and left a brief addressed to the mayor and the Council, in which he requests information regarding the prevention actions being taken by the respondent to avoid possible legal actions—individual or collective—arising from the impact on public health and the potential environmental impact due to inadequate disposal of solid waste in the canton. He alleges that, as of the date of filing this appeal, he has not received a response. Based on the arguments set forth, he considers that the challenged actions are violating fundamental rights. He requests that the appeal be declared with merit with the legal consequences.

 2.- By resolution at 11:17 hours on September 16, 2025, this proceeding was admitted and a hearing was granted to the mayor and the president of the Council, both of the Municipality of San Rafael.

 3.- Jorge Eduardo Arias Santamaria, mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia, reports under oath the following regarding the alleged facts:

 “(…) FIRST. It is true. Mr. Nombre89195 submitted a brief to this municipality requesting information regarding the prevention actions being taken by the Municipality of San Rafael de Heredia to avoid legal actions arising from the impact on public health and the potential environmental impact due to inadequate disposal of solid waste in the canton. SECOND: This Municipality provides a response to the information request made by the petitioner, and it was notified on September 19, 2025, as demonstrated by the image attached below (…)” (Sic).

 4.- Minor Robles Vargas, president of the Municipal Council of the Municipality of San Rafael de Heredia, reports under oath the following regarding the alleged facts:

 “(…) The reading of the facts set forth in this Amparo Appeal clearly refer to situations that, although they involve the adoption of agreements by this deliberative body, the planning, the reserve of economic resources, and their execution fall directly within the purview of the municipal administration. FIRST: It is true that the petitioner submitted a document on June 30, 2025; however, said brief is practically an exposition on didactic aspects of solid waste management and disposal in relation to the publication of the “Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos ordinarios” and a formulation of the personal concern that afflicts the petitioner regarding said issue and the repercussion the issue may have on the community of San Rafael. The aforementioned document is attached, identified as exhibit #1. SECOND: Likewise, it is necessary to clarify to Your Authority that the petitioner here was even received in public hearing at a session of the Municipal Council on July 14, 2025, and his intervention is recorded in minute 103 of the Ordinary Session of Monday, July 14, 2025, (see folios 04 to 10 of said minute, article Third Hearing. Identified as Exhibit #2), which was also broadcast on the Municipality's social media, giving the petitioner the opportunity to exercise his right of expression and consultation publicly and in person. Note that this public intervention on the requested topic occurred 14 days after having submitted the aforementioned document dated June 30, 2025; therefore, no right of the citizen could have been violated. THIRD: Furthermore, and no less important to mention, is the fact that everything the petitioner has been consulting are matters of direct definition and execution by the mayor's office and not by this Deliberative body. Even the “Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos ordinarios” to which Mr. Nombre89195 refers, according to his own statement in the document dated June 30, 2025, indicates that “the Minister of Health Mary Munive Angermuller indicated that the regulation ‘gives the regions one year to have a site to dispose of waste.’” Moreover, we cannot omit pointing out that there is a bill presented in the Assembly (…)” (Sic).

 5.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.

 Drafted by Magistrate Araya García; and,

CONSIDERANDO:

 I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The petitioner states that, since June 30, 2025, he submitted a brief to the Municipality of San Rafael de Heredia, through which he requested information of interest from the mayor and the council; however, he alleges that he has not yet received a response to the filed request.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent has failed to refer to them as provided in the initial order:

a) On June 30, 2025, the petitioner submitted a brief addressed to the mayor and the members of the Municipal Council, both of the Municipality of San Rafael de Heredia, which was received by the administrative authority, through which he requested the following: “(…) Foreseeing possible future consequences, I make a formal request to both the Council and the Mayor’s Office to inform me of the precautions that both bodies have taken to prevent those possible legal actions from materializing. Specifically: A- In delegating the construction of the proposal to the Mayor's Office, did it set any time limit to carry it out? As is customary: XXX is instructed to prepare ZZZ within a period not exceeding YYY days. B- If it did not, will the Council proceed to correct that omission? C- If so, what is the deadline in question? D- Provide me with a copy of the protocol that the Environmental Commission has designed to assess whether or not to accept the proposal that the Mayor’s Office will eventually present. I request that all bibliographic and other sources supporting its scientific nature be included, to guarantee that the health of all the inhabitants of the canton will not suffer impairment. E- Has the Mayor’s Office been instructed to present 2 proposals, to have alternatives to points II and III” (…)”(see the evidence provided in this regard).

b) On September 18, 2025, the mayor and the president of the Council, both of the Municipality of San Rafael de Heredia, were notified of the resolution at 11:17 hours on September 16, 2025, which admitted this proceeding (see notification record).

c) On September 19, 2025, through official letter No. AM-633-2025 of the same September 19, 2025, the mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia notified the petitioner, via the electronic mail addresses ...2 and ., that a response was being provided to his request through the official letters: No. UCSM-270-2025 from the Unidad de Servicios Municipales, No. UGA-111-2025 from the Unidad de Gestión Ambiental, No. AM-506-2025 and AM-344-2025 from the Municipal Mayor’s Office (see the report rendered and attached evidence in this regard).

III.- REGARDING THE REQUEST FILED. In the case sub lite, the petitioner appeals to this Chamber because, since June 30, 2025, he submitted a brief to the Municipality of San Rafael de Heredia, through which he requested information of interest from the mayor and the council; however, he alleges that he has not yet received a response to the filed request.

In this regard, in its report rendered under the solemnity of oath, the respondent authority states that, on June 30, 2025, the petitioner submitted a brief addressed to the mayor and the members of the Municipal Council, both of the Municipality of San Rafael de Heredia, which was received by the administrative authority, through which he requested the following: “(…) Foreseeing possible future consequences, I make a formal request to both the Council and the Mayor’s Office to inform me of the precautions that both bodies have taken to prevent those possible legal actions from materializing. Specifically: A- In delegating the construction of the proposal to the Mayor's Office, did it set any time limit to carry it out? As is customary: XXX is instructed to prepare ZZZ within a period not exceeding YYY days. B- If it did not, will the Council proceed to correct that omission? C- If so, what is the deadline in question? D- Provide me with a copy of the protocol that the Environmental Commission has designed to assess whether or not to accept the proposal that the Mayor’s Office will eventually present. I request that all bibliographic and other sources supporting its scientific nature be included, to guarantee that the health of all the inhabitants of the canton will not suffer impairment. E- Has the Mayor’s Office been instructed to present 2 proposals, to have alternatives to points II and III” (…)”.

Thus, this Court holds as proven, as is evident from the records, that it was not until the notification of the resolution admitting this amparo appeal that the respondent authority responded to the petitioner's request. Said response was sent on September 19, 2025, while the resolution admitting this proceeding was notified on the previous September 18.

Therefore, it is appropriate to declare the appeal with merit, under the terms set forth in the operative part of this Judgment, but without order as to costs, damages, or losses, in accordance with what is established below.

IV.- REGARDING THE ORDER AS TO COSTS, DAMAGES, AND LOSSES PURSUANT TO ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of the Chamber is of the opinion that the granting that operates ex lege, pursuant to the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), which provides: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit (…)", must be without a special order as to costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the appeal is declared with merit, it is also true that the same first paragraph of Article 52 of the cited law states that the grant is ordered "only for purposes of indemnification and costs, if they are applicable." It is emphasized that the Law states "if they are applicable," which means that the applicability or inapplicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases like this, where an abnormal termination of the proceeding occurs, akin to a withdrawal due to out-of-court satisfaction, it is the majority's opinion that it is not appropriate to order costs, nor damages and losses, because the economic consequences of the judgment are similar to those of an archiving of the case file. Furthermore, the content of the petition of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that such impairments, injuries, or patrimonial alterations have not occurred; at least in this amparo, there are no elements of judgment suggesting otherwise. Nothing prevents the Chamber, in exceptional cases, from considering the applicability of indemnification. When laws present omissions or shortcomings, it is the judges' duty to rectify those deficiencies; if laws lack sense in certain aspects, there is no other remedy than to interpret and apply them according to the demands of procedural logic. To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: "any resolution upholding the appeal shall order, in abstract, the indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment," referring to a natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of facts that have violated the fundamental rights of the plaintiff in the proceeding. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in that order, the General Law on Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other Procedural Codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—cf. Article 14. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. To the foregoing are added factual reasons, which the Chamber cannot disregard, as demonstrated by nearly three decades of the Constitutional Jurisdiction created in 1989, during which an abusive exercise of the vicarious action in the amparo appeal has been generated, with aims of enrichment through indemnification, to the extent that the alleged victims do not directly participate. Based on the foregoing, it is the majority's opinion to resolve this appeal without an order as to costs, damages, or losses.

 V.- DIFFERENT REASONS AND PARTIAL DISSENT OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. While I concur with the majority vote, which declares the appeal with merit for violation of the right of petition and prompt response, I consider that it should be granted; but imposing on the respondent party the payment of costs, as well as indemnification for the damages and losses caused, for the following reasons.

The right of petition and prompt response, contained in Articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliges public officials to resolve citizens' requests within a period of ten business days from the date of filing such petitions, unless a different period for responding has been set. However, cited Article 32 also provides that, in deciding the petition, the Chamber will assess the reasons given for considering said period insufficient, considering the circumstances and the nature of the matter. In any case, the Administration is obliged to inform the petitioner of the causes for the delay in issuing a pronouncement. For the purposes of this analysis, it is relevant to keep in mind the provisions indicated by the aforementioned norms.  

Article 27 of the Political Constitution establishes the following:  

“The freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution, are guaranteed.” 

For its part, numeral 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes the following:

“When the amparo refers to the right of petition and to obtain a prompt resolution, established in Article 27 of the Political Constitution, and there is no established period for responding, it shall be understood that the violation occurs once ten business days have elapsed from the date on which the request was filed in the administrative office, without prejudice to the fact that, in deciding the appeal, the reasons given for considering that period insufficient may be assessed, considering the circumstances and the nature of the matter.”

In the same vein, in the Ley de Regulación del Derecho de Petición No. 9097 of October 26, 2012, it is established that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution, for those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. It is relevant to keep in mind the provisions of numeral 6 of said regulation: 

“Presentation of briefs and response period. 

The brief in which the petition is submitted, and any other documents and communications that are provided to the corresponding public administration, as indicated in Article 2 of this law, shall oblige the administration to acknowledge receipt thereof, and must respond within the non-extendable period of ten business days counted from the day after receipt, provided that the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with the organizational norm of each entity…”. 

Thus, in amparo appeals referring to the alleged violation of this right, there is an express legal norm—constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction—that orders the requested information to be provided within the ten business days following its request, as provided by Articles 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional and 27 of the Political Constitution, as indicated above. Additionally, said period is reiterated in Article 6 of Law No. 9097, which reinforces the legislator's intention regarding the protection of this right. 

Likewise, the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 51, provides:  

“...any resolution upholding the appeal shall order, in abstract, the indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”  

This latter norm establishes the general system that regulates the matter of indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated the fundamental rights…”.  

Consequently, in the case at hand, a violation of the constitutionally endorsed ten-day period is verified—which, incidentally, is not required for other amparo appeals, except for rectification and response (numeral 68 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional).

Therefore, what is appropriate in this regard, and with due respect for the majority's thesis, is to deem the injury to the right of petition and prompt response proven, as well as to the right of access to public information (Article 30, Constitutional), which guarantees free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest, ordering an award of costs, damages, and losses against the respondent authority.

Thus, being a constitutionally endorsed period—both by the legislator and by this Constitutional Court—its non-compliance entails an injury to the fundamental right indicated that prompted the petitioner to file this amparo appeal as a mechanism for obtaining a response to their request or access to the information they have required, regardless of whether the response or delivery of information occurred before or on the occasion of the amparo; because, it is true, the citizen ultimately saw their constitutional right satisfied on the occasion of the filing of the amparo appeal they were forced to submit, with the inconveniences and costs this entails. It is insisted, the response or access provided by the respondent Administration that occurs after the period in question has expired, even if it occurs before the notification of the admission of the amparo, or, as in this case, on the occasion of the notification of such admission, does not constitute a timely fulfillment of the obligation imposed by the Constitutional ordinals 27 and 30. It is clear that in that hypothesis, this extemporaneous response satisfies the claim of the amparo-protected person, but this is not an obstacle to the recognition of the damages and losses that this indolence may have caused to the petitioner, as well as the costs associated with the exercise of this procedural action, necessary for the safeguarding of their fundamental rights, as enabled by precept 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Consequently, I partially dissent, and impose on the respondent party the payment of costs, damages, and losses.

VI.- DISSENT OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit only for purposes of indemnification and costs, if they are applicable.”

My interpretation of this norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.

Certainly, according to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restitutory; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution upholding the appeal shall order, in abstract, the indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, an abstract award of these is appropriate. If this were not done, if such an award were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite an abstract award being made, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary proceeding will so declare, as only they are responsible for finding the actual existence and magnitude of the same as proved.

With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only in the face of an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if deemed just, the Chamber may order costs, even when the right has been restored.

For the foregoing reasons, I partially dissent regarding the operative part and order the award of damages and losses, but not costs.

VII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the parties that, if any paper documents have been submitted, as well as objects or evidence supported through any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or those produced by new technologies, these must be withdrawn from the court office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

POR TANTO:

The appeal is declared with merit, without special order as to costs, damages, and losses. Magistrate Salazar Alvarado sets forth different reasons and partially dissents, solely for purposes of indemnification, and imposes on the respondent party the payment of costs, damages, and losses. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not costs.-

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

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