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Español (source)En el sub examine, quedó acreditado que la falta de dotación del servicio de agua potable no es una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento de los recurridos, sino que esté justificada en la imposibilidad material debido a la ubicación y a la falta de estructura o acueducto para tal fin, de modo tal que no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. Ergo, procede la desestimatoria del amparo.
English (translation)In the case at hand, it was proven that the lack of drinking water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded act by the respondents, but rather is justified by material impossibility due to the location and the lack of infrastructure or aqueduct for that purpose; therefore, we are not faced with a violation of fundamental rights. Consequently, the amparo must be dismissed.
Denied
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Sala Constitucional
Resolución Nº 34736 - 2025
Fecha de la Resolución: 24 de Octubre del 2025 a las 09:20
Expediente: 25-024164-0007-CO
Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado
Clase de asunto: Recurso de amparo
Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL
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Texto de la resolución
Exp: 25-024164-0007-CO
Res. Nº 2025034736
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-024164- 0007-CO, interpuesto por Nombre89636, cédula de identidad CED49917, a favor de la Asociación de Desarrollo de Santa María de Rincón de la Vieja, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
RESULTANDO:
1.- Por escrito presentado e incorporado al expediente a las 09:43 horas del 13 de agosto de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Ambiente y Energía. Manifiesta que, comparece en su calidad de presidenta de la Asociación de Desarrollo de Santa María de Rincón de la Vieja, en representación de los vecinos y propietarios afectados, quienes dependen del caudal de la quebrada Santa Inés para el abastecimiento de agua destinada a la subsistencia de animales de granja, ganado bovino, equino, aves de corral, ovinos, porcinos y abejas, así como para fines de producción y uso doméstico. Indica que desde hace más de ochenta años existe un canal histórico que desvía agua de diferentes afluentes que alimentan el río Liberia y la quebrada Santa Inés, abasteciendo a más de cien fincas de la comunidad de Santa María. Comenta que el 31 de julio de 2025, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), con base en el oficio DA-UHTPNOL-0446-2024 emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), ordenó el cierre total de la compuerta, impidiendo que el agua llegara a la quebrada Santa Inés. Sostiene que esta decisión fue ejecutada de forma abrupta, sin aviso previo a los vecinos, sin consulta ciudadana y sin ofrecer una alternativa técnica viable para suplir la necesidad de agua. Esgrime que, desde entonces, por más de quince días no ha ingresado agua a la quebrada, provocando escasez extrema para los animales y generando riesgos de muerte y pérdida productiva. Aduce que la decisión del MINAE y el ICAA es desproporcionada y arbitraria, privilegiando intereses distintos al abastecimiento básico de la comunidad y de sus animales. Manifiesta que Santa María es reconocida como zona de recarga acuífera según el Mapa Hidrogeológico del MINAE; sin embargo, carece de acueducto digno y la comunidad históricamente ha dependido del agua de la quebrada Santa Inés. Alega que negar el acceso al agua de forma total, sin sustento técnico claro y sin garantizar el derecho humano al agua, constituye una violación al artículo 50, de la Constitución Política, al derecho a la salud y al derecho a la vida digna.
2.- Por resolución de Presidencia de las nueve horas cuarenta y seis minutos del cinco de setiembre de dos mil veinticinco, se dio curso al presente proceso y se solicitó informes al gerente general y al jefe de la Oficina Cantonal de la Región Chorotega, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; así como al director general de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía.
3.- Informan bajo juramento María José Castillo León y Wander Cubero Hurtado, en sus condiciones de subgerente general y jefe cantonal de Liberia, respectivamente, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que:
“(…) PRIMERO. La comunidad conocida actualmente como Parcelas Santa María está localizada en el distrito de Mayorga, cantón de Liberia, provincia de Guanacaste, y está conformada por un asentamiento surgido como parte de un proceso de distribución de tierras, impulsado en su momento por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) hoy Instituto de Desarrollo Rural (INDER). Desde hace más de cuatro décadas, los vecinos señalan haber contado con un suministro de agua cruda proveniente de la quebrada Santa Inés, derivado a través de infraestructura rústica que el propio INDER habría habilitado para atender las necesidades productivas de las familias beneficiarias del programa de parcelamiento.
El Asentamiento Informal de Santa María de Liberia, se constituyó como una comunidad de 10 parcelas agropecuarias acreditadas por el IDA, actualmente INDER. En el año 2000; es decir, que desde su conformación dicho territorio tenía una intención de aprovechamiento agropecuario y no urbana, por lo que en el sector descrito no existe ningún ente operador autorizado que brinde el servicio de agua potable, de manera que pueda emitir las cartas de disponibilidad de agua, llámese ASADA, Municipalidad o el AyA (…)
Ante la baja de caudal del río Liberia y la pérdida de producción de agua (con el consecuente impacto en la calidad de vida de la población de la ciudad de Liberia), AyA ejecutó algunas mejoras en los canales e informó sobre la posible y aparente existencia de conexiones ilícitas al Río Liberia, que agravaban la sequía del río donde se capta el agua cruda para ser potabilizada en la Planta de Liberia. Es así como mediante oficio No. DA-UHTPNOL-04446- 2024, la Dirección Nacional de Aguas del MINAE solicitó al AyA la suspensión de la derivación no autorizada.
En acatamiento al oficio No. DA-UHTPNOL-04446-2024 y en resguardo del bloque de legalidad, personal del AyA procedió de conformidad a lo instruido, informando su cumplimiento a la Dirección Nacional de Aguas mediante memorando GSP-RCH-CL-2025- 00622 (…)
TERCERO. En relación con el cierre de compuertas, este fue ejecutado en cumplimiento del oficio de MINAE DA-UHTPNOL-0446-2024, sin embargo, el mismo no constituye por parte de la Institución un acto arbitrario o desproporcionado, ni mucho menos violatorio de principios considerando de modo contrario, que la conducta de la institución respondió a un requerimiento emanado del ente rector del recurso hídrico, dirigida a garantizar el derecho humano fundamental de acceso al agua potable.
La ejecución inmediata de esta instrucción, sin consulta pública, obedece al principio de legalidad y jerarquía normativa, y no constituye una actuación arbitraria. Adicionalmente, las comunidades han sido abastecidas por mecanismos alternativos, vigentes desde 2020, por lo que no se configura ninguna violación al derecho humano de acceso al agua potable.
CUARTO. La interpretación jurídica y técnica que hace la recurrente no considera el carácter vinculante de la solicitud emanada del ente rector ambiental (MINAE), ni las restricciones derivadas del marco normativo sobre áreas protegidas. El oficio del MINAE no condiciona la aplicación de la medida a una época específica, ni vincula el cierre con el caudal medido en la planta potabilizadora, sino que solicita al AyA, no realizar la derivación que produce un aporte artificial de caudal a una quebrada secundaria independientemente de la estación del año, el hecho de que el cierre ocurriera en época lluviosa no deslegitima la medida. Como se indicó, la orden del MINAE no establece como condición que la derivación se suspenda únicamente durante la estación seca, sino que es una orden que trasciende la temporalidad (…)
La continuidad del abastecimiento mediante tanques móviles y almacenamiento permite atender necesidades básicas en tanto se define una solución estructural. La medida adoptada fue en cumplimiento de una instrucción técnica del MINAE, autoridad con competencia directa sobre cuerpos de agua.
QUINTO. El AyA no brinda servicio formal a la zona por no estar dentro de su área de cobertura, ni contar con autorización o infraestructura legalmente habilitada para ese fin. Sin embargo, la medida ordenada por el MINAE y ejecutada por la Institución, no ha implicado la supresión del acceso de la comunidad a agua para consumo humano. Desde el año 2020, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Sala Constitucional en el recurso de amparo No. 20-001803-0007-CO, AyA ha mantenido un esquema de abastecimiento alterno mediante el envío periódico de camiones cisterna, los cuales llenan tres tanques de almacenamiento ubicados en la zona (dos instalados por AyA y uno por la propia comunidad). Este mecanismo ha permitido garantizar el suministro de agua potable segura, aunque no sustituye la necesidad de una infraestructura formal de acueducto (…)
Aunado a lo expuesto, el caso ha sido incorporado en las propuestas de necesidades de inversión para la Región Chorotega, mediante el oficio GSP-RCHO-2024-01840 y en seguimiento al SG-GSP-2024-00487, se remitió a la Dirección de Planificación Estratégica la solicitud de evaluar alternativas técnicas y de inversión que permitan establecer un sistema de abastecimiento permanente, ajustado a las condiciones legales, ambientales y técnicas vigentes. Es importante acotar, que en el año 2021 y en razón del acercamiento de algunas personas interesadas en generar un sistema de abastecimiento de agua potable en el sector de Santamaría, bajo el resorte del Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional se desarrollaron una serie de sesiones de trabajo en conjunto con INDER y Municipalidad de Liberia, con el fin de orientar a la comunidad para que de forma organizada iniciara las gestiones pertinentes. Se aporta correo electrónico “Sesión de Trabajo Caso Asentamiento Santa Maria” como evidencia de esta atención. Lamentablemente posterior a dos sesiones de trabajo, la comunidad mostró desinterés en el proceso, dejando de asistir a las reuniones; por lo que INDER y AyA decidieron dar por concluidas las mesas de trabajo (…) ”
4.- Informa bajo juramento José Miguel Zeledón Calderón, en su calidad de Director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, alegando que:
“(…) Al respecto hay que informar a ese Tribunal que históricamente que lo que la recurrente llama “Canal Hídrico” es una obra partidora. Hace muchos años dentro del Parque Nacional Rincón de la Vieja se abrió un canal en tierra a través del cual desviaron las aguas provenientes de las faldas del volcán, que iban para la zona norte del país hacia Liberia. A este canal lo llamaron canal hídrico lo cual es una obra antrópica. Las aguas de esta desviación llegan a la obra partidora. A la fecha no se tiene conocimiento de quien hizo la desviación ni construyó la obra partidora, ya que ésta aparentemente tiene más de 50 años. La obra partidora está ubicada en el pueblo o sector que denominado los Chorros. En principio la obra partidora la administra el AyA, está en calle pública.
Esta obra partidora consta de 2 compuertas: la compuerta 1 dirige las aguas al cauce del río Liberia, el que era un cauce de flujo intermitente, pero desde que la obra partidora se abrió, mantiene agua todo el año, convirtiéndose en un cauce de caudal permanente. En el rio Liberia, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, tiene inscrita una fuente de agua por 250 litros por segundo, del rio Liberia, la cual es llevada por el AyA hacia su planta potabilizadora, y una vez potabilizada el agua, la entrega a todo el casco central de Liberia. La compuerta 2 de la obra partidora, aparentemente, según información del AyA, es manipulada por los vecinos. El agua de la compuerta 2 llega a una quebrada sin nombre, la cual es afluente de la quebrada Y Griega y la quebrada Y Griega a su vez, es afluente del rio Santa Inés. A las márgenes de la quebrada sin nombre, de la quebrada Y Griega y Santa Inés, se encuentra el Sector Santa María, una escuela y una Iglesia. En el 2018, se recibió una denuncia anónima en la Dirección de Agua, por medio del sistema SITADA, a la que se le asigno el numero 11531-2018, alegándose la existencia de una tubería ilegal en la quebrada I Griega.
Realizada la inspección de campo se logra comprobar efectivamente, que existen unas tuberías para 4 casas, no obstante, en ese momento no se pudieron notificar por no localizarse a nadie en el sitio, además se ubicó una Iglesia. Inspección que generó el informe técnico DA-UHTPNOL-0757-2018.
Posteriormente, en fecha 13 de marzo del 2020 se realiza una visita al sector conocido como los Chorros, propiamente en el asentamiento Santa María en Liberia, a fin de dictaminar y verificar si el agua proveniente de la compuerta 2 de la obra partidora, discurre hacia algún cauce del dominio público. Se corrobora que el agua discurre hacia una quebrada Sin Nombre que afluente de la quebrada Y Griega. Se comprueba, además, que el agua es captada para consumo humano poblacional para varias viviendas y una escuela, en el sector conocido como Parcelas Santa María y se emite el dictamen oficio DA-UH-TPNOL-0279-2020.
Con fecha 26 de mayo del 2020 se vuelve a visitar el sector del Asentamiento Santa María, identificándose 39 casas y la escuela y la misma iglesia, quienes aprovechaban el agua de la quebrada Y Griega para consumo humano. Por ello mediante el oficio DA-UHTPNOL-0406-2020 se pone en conocimiento de la situación al AyA como ente encargado a nivel nacional del agua potable. Asimismo, por no tenerse conocimiento de los propietarios o usuarios del agua, se presentó la denuncia respectiva ante el OIJ mediante oficio DA-UHTPNOL- 0477-2022 (…)
Por otra parte, esta Dirección, está a la espera de que los vecinos de los asentamientos que necesiten aprovechar el agua, para uso agropecuario, agrícola entre otros (no consumo humano poblacional) tramiten su solicitud de concesión, sea de manera individual o a través de la constitución de una Sociedad de Usuarios y así dejen de aprovechar de manera ilegal el agua. No está demás señalar que a la fecha no han presentado trámite alguno. Reiterar tal y como se indica en el oficio DA-UHTPNOL- 1179-2025 del 22 de agosto del 2025, que, a la fecha, por la época lluviosa en la que nos encontramos, las quebradas Y Griega y Santa Inés tienen caudal natural suficiente sin necesidad de la derivación del agua de la obra partidora”.
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente señala que es presidenta de la Asociación de Desarrollo de Santa María de Rincón de la Vieja, y que actúa en representación de los vecinos y propietarios afectados, quienes dependen del caudal de la quebrada Santa Inés para el abastecimiento de agua destinada a la subsistencia de animales de granja, ganado bovino, equino, aves de corral, ovinos, porcinos y abejas, así como para fines de producción y uso doméstico. Manifiesta que, el 31 de julio de 2025, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), con base en el oficio DA-UHTPNOL-0446-2024 emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), ordenó el cierre total de la compuerta, impidiendo que el agua llegara a la quebrada Santa Inés. Sostiene que, esta decisión fue ejecutada de forma abrupta, sin aviso previo a los vecinos, sin consulta ciudadana y sin ofrecer una alternativa técnica viable para suplir la necesidad de agua. Esgrime que, desde entonces, por más de quince días no ha ingresado agua a la quebrada, provocando escasez extrema para los animales y generando riesgos de muerte y pérdida productiva. Pide la intervención de la Sala.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
En cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
a) El Asentamiento Informal de Santa María de Liberia, se constituyó como una comunidad de diez parcelas agropecuarias acreditadas por el IDA, actualmente INDER. En el año 2000; es decir, que desde su conformación, dicho territorio tenía una intención de aprovechamiento agropecuario y no urbano, por lo que en el sector descrito no existe ningún ente operador autorizado que brinde el servicio de agua potable, de manera que pueda emitir las cartas de disponibilidad de agua, llámese ASADA, Municipalidad o el AyA (ver informe rendido).
b) Ante la baja de caudal del río Liberia y la pérdida de producción de agua (con el consecuente impacto en la calidad de vida de la población de la ciudad de Liberia), el AyA ejecutó algunas mejoras en los canales e informó sobre la posible y aparente existencia de conexiones ilícitas al Río Liberia, que agravaban la sequía del río donde se capta el agua cruda para ser potabilizada en la Planta de Liberia. Es así como mediante oficio No. DA-UHTPNOL-04446- 2024, la Dirección Nacional de Aguas del MINAE solicitó al AyA la suspensión de la derivación no autorizada (ver informe rendido).
c) El abastecimiento de la zona, mediante tanques móviles y almacenamiento permite atender necesidades básicas en tanto se define una solución estructural (ver informe rendido).
d) Desde el año 2020, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Sala Constitucional en el recurso de amparo N° 20-001803-0007-CO, AyA ha mantenido un esquema de abastecimiento alterno mediante el envío periódico de camiones cisterna, los cuales llenan tres tanques de almacenamiento ubicados en la zona (dos instalados por AyA y uno por la propia comunidad). Este mecanismo ha permitido garantizar el suministro de agua potable segura, aunque no sustituye la necesidad de una infraestructura formal de acueducto
En cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía.
e) Lo que la recurrente llama “Canal Hídrico” es una obra partidora, que hace muchos años dentro del Parque Nacional Rincón de la Vieja, se abrió un canal en tierra a través del cual desviaron las aguas provenientes de las faldas del volcán, que iban para la zona norte del país hacia Liberia (ver informe rendido).
f) La obra partidora consta de dos compuertas: la compuerta uno dirige las aguas al cauce del río Liberia, el que era un cauce de flujo intermitente, pero desde que la obra partidora se abrió, mantiene agua todo el año, convirtiéndose en un cauce de caudal permanente. En el rio Liberia, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, tiene inscrita una fuente de agua por doscientos cincuenta litros por segundo, del rio Liberia, la cual es llevada por el AyA hacia su planta potabilizadora, y una vez potabilizada el agua, la entrega a todo el casco central de Liberia. La compuerta dos de la obra partidora, aparentemente, según información del AyA, es manipulada por los vecinos (ver informe rendido).
g) Con fecha 26 de mayo del 2020 se visita el sector del Asentamiento Santa María, identificándose 39 casas y una escuela y una iglesia, quienes aprovechaban el agua de la quebrada Y Griega para consumo humano. Por ello mediante el oficio DA-UHTPNOL-0406-2020 se pone en conocimiento de la situación al AyA como ente encargado a nivel nacional del agua potable. Asimismo, por no tenerse conocimiento de los propietarios o usuarios del agua, se presentó la denuncia respectiva ante el OIJ mediante oficio DA-UHTPNOL- 0477-2022 (ver informe rendido).
h) Por otra parte, la Dirección Nacional de Aguas del MINAE, está a la espera de que los vecinos de los asentamientos que necesiten aprovechar el agua, para uso agropecuario, agrícola entre otros (no consumo humano poblacional) tramiten su solicitud de concesión, sea de manera individual o a través de la constitución de una Sociedad de Usuarios y así dejen de aprovechar de manera ilegal el agua. No está demás señalar que a la fecha no han presentado trámite alguno (ver informe rendido).
III.- Sobre el derecho fundamental al suministro de agua potable. Este Tribunal ha dispuesto, en otros asuntos similares, que como parte del Derecho de la Constitución existe un derecho fundamental al suministro de agua potable, siendo que específicamente en Sentencia N° 2003-4654 de las quince horas con cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de mayo de dos mil tres, se dispuso, en lo conducente:
“V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos. VI.- Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo (…)”.
IV.- SOBRE LAS IMPOSIBILIDADES TÉCNICAS QUE OBSTACULIZAN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Esta Sala, en Sentencia N° 2010-001516 de las 18:36 horas del 26 de enero de 2010, se refirió a lo relativo a las imposibilidades técnicas o legales para brindar el servicio de agua potable. En esa oportunidad estableció lo siguiente:
“IV.- Sobre como la imposibilidad jurídica o formal para dotar del servicio de agua potable no es violatorio de derechos fundamentales.- Reiterada jurisprudencia de esta Sala ha indicado que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos –sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). En este sentido, resulta claro concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargado de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, a pesar de todo lo que se acaba de establecer, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. Por supuesto, el AyA como un ente estatal encargado mayormente de la prestación del servicio de agua potable, tiene la obligación de ir expandiendo su infraestructura para que tengan acceso a este preciado líquido cada vez más y más personas, pero mientras queden vacíos resulta indispensable la colaboración de los interesados (véase las resoluciones Nº 2006-014218 de las quince horas y cuatro minutos del veintiséis de septiembre del dos mil seis y Nº 2007-11190 de las catorce horas y treinta y seis minutos del siete de agosto del dos mil siete). En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales”.
V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub-lite, la parte recurrente señala que es presidenta de la Asociación de Desarrollo de Santa María de Rincón de la Vieja, y que actúa en representación de los vecinos y propietarios afectados, quienes dependen del caudal de la quebrada Santa Inés para el abastecimiento de agua destinada a la subsistencia de animales de granja, ganado bovino, equino, aves de corral, ovinos, porcinos y abejas, así como para fines de producción y uso doméstico. Indica que, desde hace más de 80 años existe un canal histórico que desvía agua de diferentes afluentes que alimentan el río Liberia y la quebrada Santa Inés, abasteciendo a más de cien fincas de la comunidad de Santa María. Alega también que, el 31 de julio de 2025, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), con base en el oficio DA-UHTPNOL-0446-2024 emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), ordenó el cierre total de la compuerta, impidiendo que el agua llegara a la quebrada Santa Inés. Sostiene que, esta decisión fue ejecutada de forma abrupta, sin aviso previo a los vecinos, sin consulta ciudadana y sin ofrecer una alternativa técnica viable para suplir la necesidad de agua. Esgrime que, desde entonces, por más de quince días no ha ingresado agua a la quebrada, provocando escasez extrema para los animales y generando riesgos de muerte y pérdida productiva.
Al respecto, la Sala tiene por demostrado que lo que la recurrente señala como “Canal Hídrico” es una obra partidora, que fue habilitada hace muchos años dentro del Parque Nacional Rincón de la Vieja, donde se abrió un canal en tierra a través del cual desviaron las aguas provenientes de las faldas del volcán, que iban para la zona norte del país hacia Liberia. A este canal lo llamaron canal hídrico lo cual es una obra antrópica y que lograron corroborar que el agua discurre hacia una quebrada sin nombre que afluente de la quebrada Y Griega y que además, el agua es captada para consumo humano poblacional para varias viviendas y una escuela, en el sector conocido como Parcelas Santa María.
En ese sentido el Ministerio de Ambiente y Energía emitió el dictamen DA-UH-TPNOL-0279-2020 y mediante el oficio DA-UHTPNOL-0406-2020 pone en conocimiento de la situación al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como ente encargado a nivel nacional del agua potable.
Las autoridades recurridas reiteraron que, el hecho de la condición geohidrológica (área de recarga), no otorga per se a la comunidad, derechos sobre los caudales que discurren por el parque nacional, ni exime del cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Y además que, no se brinda el servicio formal a la zona por no estar dentro de su área de cobertura, ni contar con autorización o infraestructura legalmente habilitada para ese fin.
Argumentaron los recurridos, que en cumplimiento de lo dispuesto por la Sala Constitucional en el recurso de amparo N° 20- 001803-0007-CO, se ha mantenido un esquema de abastecimiento alterno mediante el envío periódico de camiones cisterna, los cuales llenan tres tanques de almacenamiento ubicados en la zona y que con ese mecanismo han permitido garantizar el suministro de agua potable, aunque no sustituye la necesidad de una infraestructura formal de acueducto.
Evidencia este Tribunal Constitucional que, la imposibilidad de abastecer de agua potable a la comunidad obedece a una imposibilidad técnica, ya que la zona afectada no se encuentra dentro del área de cobertura, ni cuenta con autorización o infraestructura legalmente habilitada para ese fin. Por lo anterior, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo por una imposibilidad técnica.
En el sub examine, quedó acreditado que la falta de dotación del servicio de agua potable no es una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento de los recurridos, sino que esté justificada en la imposibilidad material debido a la ubicación y a la falta de estructura o acueducto para tal fin, de modo tal que no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. Ergo, procede la desestimatoria del amparo.
VI.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Advierto que, desde la sentencia nro. 2019002355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo interpuestos a favor de una persona jurídica:
“… en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre238 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.
En la especie, de los autos se colige que existe una manifiesta relación esencial entre la persona jurídica y personas físicas, dado que el recurso de amparo es interpuesto a favor de la Asociación de Desarrollo de Santa María de Rincón de la Vieja y en representación de los vecinos y propietarios afectados. Por consiguiente, estimo procedente analizar por el fondo el asunto a fin de determinar la vulneración o no del derecho fundamental presuntamente agraviado.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Rueda Legal consigna nota.-
Paul Rueda L.
Presidente a.i
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo
Ileana Sánchez N.
Ana Cristina Fernandez A.
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IGDMI0PW0GY61
EXPEDIENTE N° 25-024164-0007-CO
Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).
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SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la RepúblicaResolution No. 34736 - 2025
Date of Resolution: October 24, 2025, at 09:20
Expediente: 25-024164-0007-CO
Drafted by: Luis Fdo. Salazar Alvarado
Type of matter: Amparo remedy
Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL
Text of the resolution
Exp: 25-024164-0007-CO
Res. No. 2025034736
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-fourth of October of two thousand twenty-five.
Amparo remedy processed in expediente number 25-024164-0007-CO, filed by Nombre89636, identity card CED49917, on behalf of the Development Association of Santa María de Rincón de la Vieja, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS and the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
WHEREAS:
1.- By a written submission presented and incorporated into the expediente at 09:43 hours on August 13, 2025, the petitioner files an amparo remedy against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Ministerio de Ambiente y Energía. She states that she appears in her capacity as president of the Development Association of Santa María de Rincón de la Vieja, representing the affected neighbors and owners, who depend on the flow of the Santa Inés stream (quebrada Santa Inés) for the water supply intended for the subsistence of farm animals, cattle, equine, poultry, ovine, porcine, and bees, as well as for production and domestic use purposes. She indicates that for more than eighty years there has been a historic channel that diverts water from different tributaries that feed the Liberia River and the Santa Inés stream (quebrada Santa Inés), supplying more than one hundred farms in the community of Santa María. She comments that on July 31, 2025, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), based on official letter DA-UHTPNOL-0446-2024 issued by the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), ordered the total closure of the gate, preventing water from reaching the Santa Inés stream (quebrada Santa Inés). She maintains that this decision was executed abruptly, without prior notice to the neighbors, without citizen consultation, and without offering a viable technical alternative to meet the water need. She argues that, since then, for more than fifteen days no water has entered the stream (quebrada), causing extreme scarcity for the animals and generating risks of death and productive loss. She alleges that the decision by MINAE and ICAA is disproportionate and arbitrary, favoring interests other than the basic supply of the community and its animals. She states that Santa María is recognized as an aquifer recharge zone according to the Hydrogeological Map of MINAE; however, it lacks a proper aqueduct and the community has historically depended on the water from the Santa Inés stream (quebrada Santa Inés). She claims that denying access to water entirely, without clear technical support and without guaranteeing the human right to water, constitutes a violation of Article 50 of the Political Constitution, the right to health, and the right to a dignified life.
2.- By Presidential resolution of nine hours forty-six minutes on September 5, two thousand twenty-five, this process was admitted and reports were requested from the general manager and the head of the Cantonal Office of the Región Chorotega, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; as well as from the director general of the Dirección de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía.
3.- Under oath, María José Castillo León and Wander Cubero Hurtado, in their capacities as deputy general manager and cantonal head of Liberia, respectively, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, report that:
“(…) FIRST. The community currently known as Parcelas Santa María is located in the district of Mayorga, canton of Liberia, province of Guanacaste, and is formed by a settlement arising as part of a land distribution process, promoted at the time by the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), today the Instituto de Desarrollo Rural (INDER). For more than four decades, the neighbors have stated that they had a supply of raw water from the Santa Inés stream (quebrada Santa Inés), diverted through rustic infrastructure that INDER itself would have enabled to meet the productive needs of the families benefiting from the parcel program.
The Informal Settlement of Santa María de Liberia was constituted as a community of 10 agricultural parcels accredited by IDA, currently INDER, in the year 2000; that is, since its formation, said territory was intended for agricultural use and not urban use, such that in the described sector there is no authorized operating entity that provides potable water service, in a manner that can issue water availability letters, be it an ASADA, the Municipality, or AyA (…)
Given the decreased flow of the Liberia River and the loss of water production (with the consequent impact on the quality of life of the population of the city of Liberia), AyA executed some improvements to the channels and reported on the possible and apparent existence of illegal connections to the Liberia River, which aggravated the drying of the river where raw water is captured for purification at the Liberia Plant. It is thus that, through official letter No. DA-UHTPNOL-04446-2024, the Dirección Nacional de Aguas of MINAE requested AyA to suspend the unauthorized diversion (desviación).
In compliance with official letter No. DA-UHTPNOL-04446-2024 and in safeguarding the rule of law, AyA personnel proceeded in accordance with the instructions, reporting compliance to the Dirección Nacional de Aguas via memorandum GSP-RCH-CL-2025-00622 (…)
THIRD. Regarding the closing of gates, this was executed in compliance with the MINAE official letter DA-UHTPNOL-0446-2024; however, it does not constitute an arbitrary or disproportionate act by the Institution, nor is it in any way violative of principles, considering on the contrary, that the institution's conduct responded to a requirement issued by the governing body of water resources, directed at guaranteeing the fundamental human right of access to potable water.
The immediate execution of this instruction, without public consultation, is due to the principle of legality and normative hierarchy, and does not constitute an arbitrary action. Additionally, the communities have been supplied by alternative mechanisms, in effect since 2020, so no violation of the human right of access to potable water is configured.
FOURTH. The legal and technical interpretation made by the petitioner does not consider the binding nature of the request issued by the environmental governing body (MINAE), nor the restrictions derived from the regulatory framework on protected areas. The MINAE official letter does not condition the application of the measure to a specific season, nor does it link the closure with the flow measured at the purification plant; rather, it requests AyA not to carry out the diversion (derivación) that produces an artificial flow contribution to a secondary stream (quebrada secundaria) regardless of the time of year; the fact that the closure occurred during the rainy season does not delegitimize the measure. As indicated, the MINAE order does not establish as a condition that the diversion (derivación) be suspended only during the dry season, but rather it is an order that transcends temporality (…)
The continuity of supply through mobile tanks and storage allows basic needs to be met while a structural solution is defined. The measure adopted was in compliance with a technical instruction from MINAE, an authority with direct competence over bodies of water.
FIFTH. AyA does not provide formal service to the area because it is not within its coverage area nor does it have authorization or legally enabled infrastructure for that purpose. However, the measure ordered by MINAE and executed by the Institution has not entailed the suppression of the community's access to water for human consumption. Since 2020, and in compliance with what was ordered by the Constitutional Chamber in amparo remedy No. 20-001803-0007-CO, AyA has maintained an alternate supply scheme through the periodic dispatch of tanker trucks, which fill three storage tanks located in the area (two installed by AyA and one by the community itself). This mechanism has allowed guaranteeing the supply of safe potable water, although it does not substitute the need for formal aqueduct infrastructure (…)
In addition to the foregoing, the case has been incorporated into the investment needs proposals for the Región Chorotega, through official letter GSP-RCHO-2024-01840, and following up on SG-GSP-2024-00487, the request to evaluate technical and investment alternatives that allow establishing a permanent supply system, adjusted to current legal, environmental, and technical conditions, was submitted to the Dirección de Planificación Estratégica. It is important to note that in 2021, and due to the approach of some persons interested in generating a potable water supply system in the Santa María sector, under the purview of the Cantonal Council for Interinstitutional Coordination, a series of work sessions were developed jointly with INDER and the Municipality of Liberia, aimed at guiding the community so that, in an organized manner, it could begin the relevant formalities. An email, "Sesión de Trabajo Caso Asentamiento Santa Maria," is provided as evidence of this attention. Unfortunately, after two work sessions, the community showed disinterest in the process, ceasing to attend the meetings; therefore, INDER and AyA decided to conclude the work tables (…)”
4.- Under oath, José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of Water of the Ministerio de Ambiente y Energía, reports, alleging that:
“(…) In this regard, this Chamber must be informed that historically, what the petitioner calls the "Canal Hídrico" is a diversion structure (obra partidora). Many years ago, within the Parque Nacional Rincón de la Vieja, an earthen channel was opened through which the waters coming from the slopes of the volcano, which went to the northern zone of the country, were diverted toward Liberia. They called this channel canal hídrico, which is an anthropic work. The waters from this diversion (desviación) reach the diversion structure (obra partidora). To date, it is not known who made the diversion (desviación) or built the diversion structure (obra partidora), since it apparently dates back more than 50 years. The diversion structure (obra partidora) is located in the town or sector called Los Chorros. In principle, the diversion structure (obra partidora) is administered by AyA; it is on a public road.
This diversion structure (obra partidora) consists of 2 gates: gate 1 directs the waters to the bed of the Liberia River, which was an intermittent flow bed, but since the diversion structure (obra partidora) was opened, it maintains water year-round, becoming a permanent flow bed. In the Liberia River, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has a registered water source of 250 liters per second from the Liberia River, which AyA carries to its purification plant, and once the water is purified, it is delivered to the entire central core of Liberia. Gate 2 of the diversion structure (obra partidora), apparently, according to information from AyA, is manipulated by the neighbors. The water from gate 2 reaches an unnamed stream (quebrada sin nombre), which is a tributary of the Y Griega stream (quebrada Y Griega), and the Y Griega stream (quebrada Y Griega) in turn is a tributary of the Santa Inés River. Along the margins of the unnamed stream (quebrada sin nombre), the Y Griega stream (quebrada Y Griega), and Santa Inés, is the Santa María Sector, a school, and a church. In 2018, an anonymous complaint was received at the Dirección de Agua, through the SITADA system, to which number 11531-2018 was assigned, alleging the existence of an illegal pipeline in the I Griega stream (quebrada I Griega).
Upon performing a field inspection, it is indeed verified that there are some pipelines for 4 houses; however, at that moment, they could not be notified as nobody was located at the site; additionally, a church was located. This inspection generated technical report DA-UHTPNOL-0757-2018.
Subsequently, on March 13, 2020, a visit was made to the sector known as Los Chorros, specifically in the Santa María settlement in Liberia, in order to assess and verify whether the water coming from gate 2 of the diversion structure (obra partidora) flows into some public domain channel. It is corroborated that the water flows into an Unnamed Stream (quebrada Sin Nombre) that is a tributary of the Y Griega stream (quebrada Y Griega). It is also verified that the water is captured for human consumption by the population for several dwellings and a school, in the sector known as Parcelas Santa María, and the official finding report, DA-UH-TPNOL-0279-2020, is issued.
On May 26, 2020, the Santa María Settlement sector was visited again, identifying 39 houses, the school, and the same church, which used the water from the Y Griega stream (quebrada Y Griega) for human consumption. Therefore, through official letter DA-UHTPNOL-0406-2020, AyA, as the entity responsible for potable water at the national level, was informed of the situation. Likewise, since the owners or users of the water were unknown, the respective complaint was filed before the OIJ through official letter DA-UHTPNOL-0477-2022 (…)
Moreover, this Dirección is waiting for the neighbors of the settlements who need to use the water for agricultural, farming, among other uses (not for human population consumption) to process their concession application, either individually or through the constitution of a Users' Society, and thus cease to use the water illegally. It is worth noting that to date they have not submitted any formal application. To reiterate as indicated in official letter DA-UHTPNOL-1179-2025 of August 22, 2025, that, to date, due to the rainy season we are in, the Y Griega (quebrada Y Griega) and Santa Inés streams (quebradas) have sufficient natural flow without the need for diversion (derivación) of water from the diversion structure (obra partidora).”
5.- In the proceedings followed, legal prescriptions have been observed.
Drafted by Judge Salazar Alvarado; and,
WHEREAS:
I.- PURPOSE OF THE REMEDY. The petitioner states that she is the president of the Development Association of Santa María de Rincón de la Vieja, and that she acts representing the affected neighbors and owners, who depend on the flow of the Santa Inés stream (quebrada Santa Inés) for the water supply intended for the subsistence of farm animals, cattle, equine, poultry, ovine, porcine, and bees, as well as for production and domestic use purposes. She states that, on July 31, 2025, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), based on official letter DA-UHTPNOL-0446-2024 issued by the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), ordered the total closure of the gate, preventing water from reaching the Santa Inés stream (quebrada Santa Inés). She maintains that this decision was executed abruptly, without prior notice to the neighbors, without citizen consultation, and without offering a viable technical alternative to meet the water need. She argues that since then, for more than fifteen days, no water has entered the stream (quebrada), causing extreme scarcity for the animals and generating risks of death and productive loss. She requests the intervention of the Chamber.
II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited, or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:
Regarding the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
a) The Informal Settlement of Santa María de Liberia was constituted as a community of ten agricultural parcels accredited by IDA, currently INDER, in the year 2000; that is, since its formation, said territory was intended for agricultural use and not urban use, such that in the described sector there is no authorized operating entity that provides potable water service, in a manner that can issue water availability letters, be it an ASADA, the Municipality, or AyA (see report rendered).
b) Given the decreased flow of the Liberia River and the loss of water production (with the consequent impact on the quality of life of the population of the city of Liberia), AyA executed some improvements to the channels and reported on the possible and apparent existence of illegal connections to the Liberia River, which aggravated the drying of the river where raw water is captured for purification at the Liberia Plant. It is thus that, through official letter No. DA-UHTPNOL-04446-2024, the Dirección Nacional de Aguas of MINAE requested AyA to suspend the unauthorized diversion (derivación no autorizada) (see report rendered).
c) The supply to the area through mobile tanks and storage allows basic needs to be met while a structural solution is defined (see report rendered).
d) Since 2020, and in compliance with what was ordered by the Constitutional Chamber in amparo remedy No. 20-001803-0007-CO, AyA has maintained an alternate supply scheme through the periodic dispatch of tanker trucks, which fill three storage tanks located in the area (two installed by AyA and one by the community itself). This mechanism has allowed guaranteeing the supply of safe potable water, although it does not substitute the need for formal aqueduct infrastructure.
Regarding the Ministerio de Ambiente y Energía.
e) What the petitioner calls the "Canal Hídrico" is a diversion structure (obra partidora); many years ago, within the Parque Nacional Rincón de la Vieja, an earthen channel was opened through which the waters coming from the slopes of the volcano, which went to the northern zone of the country, were diverted toward Liberia (see report rendered).
f) The diversion structure (obra partidora) consists of two gates: gate one directs the waters to the bed of the Liberia River, which was an intermittent flow bed, but since the diversion structure (obra partidora) was opened, it maintains water year-round, becoming a permanent flow bed. In the Liberia River, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has a registered water source of two hundred fifty liters per second from the Liberia River, which AyA carries to its purification plant, and once the water is purified, it is delivered to the entire central core of Liberia. Gate two of the diversion structure (obra partidora), apparently, according to information from AyA, is manipulated by the neighbors (see report rendered).
g) On May 26, 2020, the Santa María Settlement sector was visited, identifying 39 houses, a school, and a church, which used the water from the Y Griega stream (quebrada Y Griega) for human consumption. Therefore, through official letter DA-UHTPNOL-0406-2020, AyA, as the entity responsible for potable water at the national level, was informed of the situation. Likewise, since the owners or users of the water were unknown, the respective complaint was filed before the OIJ through official letter DA-UHTPNOL-0477-2022 (see report rendered).
h) Moreover, the Dirección Nacional de Aguas of MINAE is waiting for the neighbors of the settlements who need to use the water for agricultural, farming, among other uses (not for human population consumption) to process their concession application, either individually or through the constitution of a Users' Society, and thus cease to use the water illegally. It is worth noting that to date they have not submitted any formal application (see report rendered).
III.- On the fundamental right to the supply of potable water. This Chamber has provided, in other similar matters, that as part of the Law of the Constitution, there exists a fundamental right to the supply of potable water. Specifically, in Judgment No. 2003-4654 of fifteen hours and forty-four minutes on May twenty-seventh, two thousand three, it was provided, as relevant:
“V.- The Chamber recognizes, as part of the Law of the Constitution, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and adequate housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); furthermore, it is enunciated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American System of Human Rights, the country is particularly obligated in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ("Protocol of San Salvador" of 1988), which provides that: “Article 11. Right to a healthy environment 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.” In addition, recently, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights reiterated that having water is a human right that, besides being essential for leading a healthy life, is a prerequisite for the realization of all other human rights. VI.- From the preceding normative framework derives a series of fundamental rights linked to the obligation of the State to provide basic public services, which imply, on the one hand, that persons cannot be illegitimately deprived of them, but that, as in the case of potable water, the ownership of a right enforceable by any individual for the State to supply the public service of potable water immediately and wherever they may be cannot be sustained, but rather, in the manner provided in the Protocol of San Salvador itself, this class of rights obligates States to adopt measures, as set forth in the first article of the same Protocol (…)”
IV.- ON THE TECHNICAL IMPOSSIBILITIES THAT OBSTRUCT THE SUPPLY OF POTABLE WATER. This Chamber, in Judgment No. 2010-001516 of 18:36 hours on January 26, 2010, referred to matters relating to technical or legal impossibilities to provide the service of potable water. On that occasion, it established the following:
“IV.- On how juridical or formal impossibility to provide potable water service is not a violation of fundamental rights.- Repeated jurisprudence of this Chamber has indicated that the supply of potable water is considered within the Costa Rican legal order as a public service, and that as such, every provider of public services –whether a public or private subject– is obliged to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality, and must adapt to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 of eleven hours twenty-five minutes on September twenty-six, two thousand one, and judgment 2004-08161 of ten hours fifty-three minutes on July twenty-three, two thousand four). In this sense, it is clear to conclude that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, being one of the state entities responsible for the provision of the public service of potable water, is also obliged to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. Now then, despite everything just established, the jurisprudence of this Constitutional Court has also indicated that, faced with juridical impossibility (which is the failure to comply with requirements established in the respective regulations) or faced with formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to attend to service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no potable water distribution network and the construction of infrastructure is needed. Thus, in these cases, it has been clear that it is not a refusal of access to the potable water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. Of course, AyA, as a state entity primarily responsible for the provision of potable water service, has the obligation to continually expand its infrastructure so that more and more people have access to this precious liquid, but while gaps remain, the collaboration of the interested parties is indispensable (see resolutions No. 2006-014218 of fifteen hours and four minutes on September twenty-six, two thousand six, and No. 2007-11190 of fourteen hours and thirty-six minutes on August seventh, two thousand seven). In other words, provided that the failure to provide potable water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded action, but is justified by juridical or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights.”
V.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub-lite, the petitioner states that she is the president of the Development Association of Santa María de Rincón de la Vieja, and that she acts representing the affected neighbors and owners, who depend on the flow of the Santa Inés stream (quebrada Santa Inés) for the water supply intended for the subsistence of farm animals, cattle, equine, poultry, ovine, porcine, and bees, as well as for production and domestic use purposes. She indicates that for more than 80 years there has been a historic channel that diverts water from different tributaries that feed the Liberia River and the Santa Inés stream (quebrada Santa Inés), supplying more than one hundred farms in the community of Santa María. She also alleges that, on July 31, 2025, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), based on official letter DA-UHTPNOL-0446-2024 issued by the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), ordered the total closure of the gate, preventing water from reaching the Santa Inés stream (quebrada Santa Inés). She maintains that this decision was executed abruptly, without prior notice to the neighbors, without citizen consultation, and without offering a viable technical alternative to meet the water need. She argues that since then, for more than fifteen days, no water has entered the stream (quebrada), causing extreme scarcity for the animals and generating risks of death and productive loss.
In this regard, the Chamber has as proven that what the petitioner describes as the "Canal Hídrico" is a diversion structure (obra partidora), which was enabled many years ago within the Parque Nacional Rincón de la Vieja, where an earthen channel was opened through which the waters coming from the slopes of the volcano, which went to the northern zone of the country, were diverted toward Liberia. They called this channel canal hídrico, which is an anthropic work, and they were able to corroborate that the water flows into an unnamed stream that is a tributary of the Y Griega stream (quebrada Y Griega), and that furthermore, the water is captured for human consumption by the population for several dwellings and a school, in the sector known as Parcelas Santa María.
In that sense, the Ministerio de Ambiente y Energía issued official finding report DA-UH-TPNOL-0279-2020, and through official letter DA-UHTPNOL-0406-2020, informed the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados of the situation, as the entity responsible for potable water at the national level.
The respondent authorities reiterated that the fact of the geohydrological condition (recharge area) does not, per se, grant the community rights over the flows that run through the national park, nor does it exempt them from compliance with current environmental regulations. And also that formal service is not provided to the area because it is not within its coverage area, nor does it have authorization or legally enabled infrastructure for that purpose.
The respondents argued that, in compliance with what was ordered by the Constitutional Chamber in amparo remedy No. 20-001803-0007-CO, an alternate supply scheme has been maintained through the periodic dispatch of tanker trucks, which fill three storage tanks located in the area, and that with this mechanism, they have been able to guarantee the supply of potable water, although it does not substitute the need for formal aqueduct infrastructure.
This Constitutional Court finds evidence that the impossibility of supplying potable water to the community is due to a technical impossibility, since the affected area is not within the coverage area, nor does it have authorization or legally enabled infrastructure for that purpose.
Therefore, in these cases it has been clear that it is not a matter of a refusal to provide access to potable water service, but rather of the impossibility of providing it due to a technical impossibility.
In the sub examine, it was proven that the failure to provide potable water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded action by the respondents, but rather is justified by the material impossibility due to the location and the lack of infrastructure or aqueduct for that purpose, such that we are not faced with a violation of fundamental rights. Ergo, the dismissal of the amparo is appropriate.
VI.- NOTE BY JUDGE RUEDA LEAL. I note that, since judgment no. 2019002355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, my position has been the following in relation to amparo actions filed on behalf of a legal entity:
“… in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right to petition for legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the fact is that ‘Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.’ Furthermore, in the same advisory opinion, the Inter-American Court held that, in certain specific contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for instance, through a media outlet, as occurred in the Nombre238 et al. v. Venezuela case); however, in order for this to be protectable before the inter-American system, ‘the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons, and not those of legal entities, are actually being protected. Indeed, one must prove beyond the mere participation of the natural person in the activities of the legal entity, such that said participation substantially relates to the rights alleged to have been violated.’ (emphasis added) (OC. 22/16)”.
In the present case, it is inferred from the case file that there is a manifest essential relationship between the legal entity and natural persons, given that the amparo action is filed on behalf of the Asociación de Desarrollo de Santa María de Rincón de la Vieja and representing the affected neighbors and property owners. Consequently, I deem it appropriate to analyze the matter on the merits in order to determine whether or not the allegedly aggrieved fundamental right was violated.
VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The petitioner is warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
POR TANTO:
The action is declared without merit. Judge Rueda Legal records a note.-
Paul Rueda L.
Presidente a.i
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo
Ileana Sánchez N.
Ana Cristina Fernandez A.
Documento Firmado Digitalmente
-- Código verificador --
IGDMI0PW0GY61
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Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).
Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:34:35.
SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República