Res. 34786-2025 Sala Constitucional — Amparo for Unresolved Environmental Complaints in Maritime Zone ConcessionsAmparo por denuncias ambientales sin resolver en concesiones de Zona Marítimo Terrestre

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Sala Constitucional

Resolución Nº 34786 - 2025

Fecha de la Resolución: 24 de Octubre del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-027605-0007-CO

Redactado por: Ileana Sánchez Navarro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-027605-0007-CO

Res. Nº 2025034786

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo promovido por Nombre89997, cédula de identidad CED14629, a favor de la ASOCIACIÓN CÍVICA DE HERMOSA, contra el CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO.

RESULTANDO:

 1.- Mediante memorial presentado a las 16:14 horas de 10 de septiembre de 2025, la recurrente promovió recurso de amparo, contra el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, pues, según afirma, es la representante de la asociación amparada. Señala que, dentro del área de la Zona Marítimo Terrestre, en el sector de Cóbano, Puntarenas, fueron otorgadas hace muchos años, con vicios de inconstitucionalidad, varias concesiones por parte del recurrido, avaladas por la Oficina de Coordinación del Departamento de la Zona Marítimo Terrestre de ese mismo Concejo de Distrito. Denuncia que se han invisibilizado las denuncias ambientales que se ha presentado la asociación que representa, pese a que, en las áreas concesionadas, existió y existe bosque, de decir, hay situaciones anómalas en lotes concesionados que son terrenos demaniales, con Patrimonio Natural del Estado, de acuerdo con datos contenido en informe 1 del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Apunta que, en la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, los terrenos con bosques están bajo administración absoluta del SINAC y jamás de las municipalidades. Reitera que, cualquier sitio que contenga bosque, o humedales en la Zona Marítimo Terrestre estarían excluidos de la competencia municipal y, por ende, existiría una prohibición de dar concesiones, o de prorrogar las existentes a particulares, puesto que todos esos terrenos deben ser administrados exclusiva y directamente por el SINAC. Señala que, por lo anterior, desde el 26 de agosto de 2024 se procedió a denunciar ante las oficinas del Concejo de Distrito de Cóbano, varios casos puntuales de concesiones con vicios de inconstitucionalidad. El 1 de abril de 2025, la autoridad recurrida le remitió un informe sobre los casos denunciados. Aduce que, debido a que se evidenciaron ciertas irregularidades en el oficio notificado, el 08 de abril de 2025 remitió a la autoridad recurrida tres escritos diferentes, donde se señaló que no podían prorrogar las concesiones por el Patrimonio Natural del Estado existente. Señala que los casos denunciados son los siguientes: Corporación Estimex Centroamericano SRL, Hukajo S.A. y Santa Teresa Investments STI de Puntaguana. Detalla que para el caso de Corporación Estimex Centroamericano SRL, se expuso lo siguiente: "(…) a- Que reclamábamos que nos consideran como parte procesal dentro del expediente administrativo, fundamentadas en el concepto de "denunciantes calificados" que ya les habíamos expuesto desde la denuncia original, pero ellos nos rechazaron tácitamente ello. b- Les aporté el oficio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) No. ACT-OSRC-345-2024, de fecha 19 de diciembre de 2024, que es estudio con información desde 1997 tendiente a verificar y catalogar lo existente en el área de concesión, como bosque y humedal de la empresa. c- Les expuse que con el informe del SINAC era claro que hubo el dictado de actos contrarios a la Constitución por parte del ente municipal. (…)". Asimismo, para el caso de la concesión a Hukajo S.A., se señaló: "(…) a- Que nos tuvieran como parte del expediente administrativo de concesión bajo el concepto de denunciantes calificados, pero igualmente nos invisibilizaron y nada nos notifican ni somos parte del expediente. b- Les aporté igualmente el oficio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) No. ACT-OSRC345-2024, de fecha 19 de diciembre de 2024, que como dije es un estudio con información tendiente a verificar lo existente, como bosque en el área concesionada y resalté, que como se podía leer al folio 4 de dicho oficio, se decía que el terreno entregado a la empresa, estaba CUBIERTO con bosque en 1997 y que por tanto, hubo una actuación transgresora de derechos constitucionales y convencionales de parte del entre municipal desde el inicio, por haberse entregado un bien demanial con bosque en concesión a un tercero. c- Igualmente, los recurridos nos dicen que existen trámites desde el 2024 en una solicitud de prórroga etc., pero el asunto es que, nos rechazaron tácitamente nuestra gestión, aunque reconocen que existía un 75 por ciento de bosque en el área concesionada. d- Les argumentamos a los recurridos varios puntos en defensa del PNE, pero a la fecha, los meses pasan y seguimos sin que nos tomen en cuenta, ni se resuelva nada. Hemos tratado de ver el expediente, pero nuestra gestión del 8 de abril sigue sin resolverse ni figura dentro del expediente sin justa causa, constituyendo ello una violación al derecho de participación en materia ambiental. (…)". Además, para el caso de Santa Teresa Investments STI de Puntaguana, se indicó: "(…) a- Que debían tenerme como parte procesal, hasta por un criterio de transparencia y que como denunciante calificada que había solicitado que me tuvieran. Pero prefirieron olvidarse de mis argumentos y mis peticiones. b- Les aporté igualmente, en escrito presentado el 8 de abril de este año, el oficio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) No. ACT-OSRC-345-2024, de fecha 19 de diciembre de 2024. c- Les expuse que tal y como se podía leer al folio 10 de dicho oficio del SINAC, se decía que el terreno entregado a la empresa en concesión estaba cubierto en su totalidad de bosque y que además existía en 1997 un humedal. d- Pero no obstante los puntos anteriores y la prueba que les aportamos, los recurridos señalan que el procedimiento para prorrogar la concesión podía seguir adelante. e- Lo expuesto a nosotros, constituyen transgresiones serias a bienes que son PNE y como nada nos notifican, ni nos consideraron como parte del expediente y ni siquiera podemos saber qué ha pasado pues el expediente es privado y eso nos tiene en desesperanza ahora. (…)". Reclama que al día de interposición del recurso no se le ha notificado nada respecto a dichos oficios. Menciona que, pese a que se le expuso a la autoridad recurrida que se han otorgado concesiones donde existe el Patrimonio Natural del Estado desde hace 20 años, por lo que sus actos habilitadores estaban transgrediendo al principio de irreductibilidad de los ecosistemas, pareciera que no les importara esa situación, toda vez que, pasan los meses y no disponen absolutamente para proteger bienes demaniales de alta fragilidad ambiental; además, no los toman como parte en los tres expedientes donde existen actos que podrían ser violatorios de normas constitucionales. Refiere que en los escritos remitidos el 8 de abril de 2025, en las pretensiones de casa caso solicitó lo siguiente: "(…) Se solicita integrarme dentro del expediente administrativo de prórroga de concesión de la empresa en condición de denunciante calificada. En caso de no aceptarlo pido que se justifique el por qué. Se pide que NO se otorgue prórroga de concesión a la empresa, puesto que el terreno es un bien demanial, que, conforme a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, numeral 73 y el artículo 13 de la Ley Forestal, nunca debió ser dada en concesión al existir PNE y humedal en toda el área desde 1997… Ordénese el archivo del expediente de prórroga de concesión por ser absolutamente ilegal lo pretendido por existir PNE y humedal dentro del área del nuevo plano catastrado. Pido que se disponga que por la cobertura del ecosistema boscoso es ilegal otorgar ni un metro en prórroga de la concesión pues lo procedente es que los procesos de regeneración del bosque continúen. Que se diga que si ha existido un proceso de regeneración del bosque en el sitio de la concesión que tenía la empresa, sería absolutamente contrario a la protección de los bosques que son PNE el autorizar la gestión empresarial hoy en día y la empresa debe aceptar que la municipalidad no tiene competencia para en este 2025 otorgar un acto habilitador de concesión o prórroga de concesión. (…)". Alega que la falta de resolución de las apuntadas denuncias trasgrede el derecho de incidir en asuntos donde existe un interés público ambiental, así como el derecho de información y el derecho de participación en materia ambiental. Solicita la intervención de esta Sala.

 2.- Por resolución de las 11:45 horas de 23 de setiembre de 2025 se dio curso al recurso y se requirió un informe al presidente y al coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, ambos del Concejo de Distrito de Cóbano, sobre los hechos acusados.

 3.- Informan bajo juramento Minor Centeno Sandí y Lidieth Porras Córdoba, en su condición de presidente del Concejo y de coordinadora del Departamento de Zona Marítimo- Terrestre, ambos del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, que el tema en discusión había sido previamente analizado por este Tribunal en el expediente No. 24-032422. Agrega que, aunque ya se le había dado respuesta a la amparada respecto de su petición, nuevamente el 4 y el 8 de octubre formuló las solicitudes. Además, sostiene que, pese a que el Concejo Municipal de Distrito ha procurado coordinar una reunión con el SINAC, la amparada ha desatendido el ofrecimiento que se ha hecho a efectos de valorar el abordaje de aquellas zonas que no están afectadas por el PNE.

4.- Mediante memorial presentado a las 17:34 horas de 9 de octubre de 202f5, la recurrente manifestó que los recurridos al contestar el amparo han incurrido en manifestarles hechos no ciertos, para tratar de confundir a la Sala y evadir responsabilidades. Nótese que nunca han resuelto nuestro punto de declararnos denunciantes calificadas, violando así derechos constitucionales y hasta la propia jurisprudencia constitucional. Ni tampoco se dado un criterio sobre nuestras peticiones de integrar los escritos de gestiones a los expedientes administrativos municipales de cada concesión. De hecho, no aportan los expedientes de cada concesión al Despacho, a pesar de la orden que se les había dado en el auto inicial para así ocultar las falsedades. Por ejemplo y también de suma gravedad, dicen que ya nos habían contestado, pero en cada escrito, de cada caso que les presentamos a ellos en abril (ver sellos de recibido) les expusimos con prueba técnica del SINAC (informe No. ACT-OSRC-345-2024, de fecha 19 de diciembre de 2024 aportado a esta Sala), que desde 1997 sí existían ecosistemas boscosos en los predios dados en concesión. Es decir, que efectivamente existía patrimonio natural del Estado dentro de las concesiones otorgadas y a la fecha todo sigue igual, pero conforme a lo que les exponen no han definido ninguno de los tres casos. Lo único claro al día de hoy, es que los recurridos, ni han anulado las concesiones, ni han informado a la Procuraduría General de la República, ni nos han contestado, tal y como se les pidió en cada escrito de denuncia. Como ustedes pueden leer en el hecho SEGUNDO de cada una de las denuncias nuestras, les expusimos expresamente a los recurridos: “SEGUNDO: Dicho lo anterior, debo iniciar exponiendo que aporto como prueba nueva, el oficio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) No. ACTOSRC-345-2024, de fecha 19 de diciembre de 2024, que es estudio con información tendiente a verificar lo existente, como bosque…” Incluso, se les señaló, que conforme a las ortofotos en cada caso particular existía prueba técnica con la que demostrábamos que en los sitios existía bosque desde 1997, lo que hacía como totalmente ilegal que se otorgaran concesiones. Pero sobre el informe aportado nunca han respondido, ni manifestado, o se ha ponderado nada. Es decir, que contrario a respondernos a nosotros, los recurridos llegan a manifestar ante esta Sala, en documento que es una declaración jurada, que: “… no obstante la señora Nombre89997 continúa interponiendo nuevos recursos de amparo sobre hechos y pretensiones idénticas, sin aportar hechos nuevos ni elementos que modifiquen la situación jurídica ya analizada y contestada previamente por esta Administración y por la misma Sala Constitucional Suprema de Justicia…”. Respecto al caso específico de la concesión de la empresa SANTA TERESA INVESTMENTS STI DE PUNTAGUANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, se manifestó a los recurridos: “En la imagen Ortofoto Terra 1997, se observa que la totalidad del plano P-9919339-2004, se encuentra cubierto por cobertura forestal. En la imagen Ortofoto 2005- 2007, se observa que la totalidad del plano P-9919339-2004, se encuentra cubierto por cobertura.” En el folio 11 de ese informe del SINAC se continúa señalando: “En la imagen Ortofoto 2014-2017, se observa que la totalidad del plano P-9919339-2004, se encuentra cubierto por cobertura forestal. En la imagen Google Earth noviembre 2023, se observa que la totalidad del plano P-9919339-2004, se encuentra cubierto por cobertura forestal.” Por su parte, en el escrito de denuncia y gestión de nulidad de la empresa CORPORACIÓN ESTIMEX CENTROAMERICANO SRL, les dijimos sobre las ortofotos y el informe del SINAC: “En la imagen Ortofoto Terra 1997, se identifica que un 35,96% (3.127,00 m2) del plano P-913302-2004, se encuentra cubierto por cobertura forestal… En la imagen Ortofoto 2005-2007, se identifica que un 44,24% (3.846,64 m2) del plano P-913302- 2004, se encuentra cubierto por cobertura forestal”. En el folio 3 de ese informe del SINAC se continúa señalando: “En la imagen Ortofoto 2014-2017, se identifica que un 81,92% (7.123,68 m2) del plano P-913302-2004, se encuentra cubierto por cobertura forestal… En la imagen Google Earth de noviembre 2023, se identifica que un 96,17% (96,17 m2) del plano P-913302-2004, se encuentra cubierto por cobertura forestal.” Finalmente, en la gestión que hicieron sobre la concesión de la empresa HUKAJO SA se les señaló a la municipalidad: “En la imagen Ortofoto Terra 1997, se observa que la totalidad del plano P-940345- 2004, se encuentra cubierto por cobertura forestal. En la imagen Ortofoto 2005- 2007, se observa que un 81,69% (5.514,19 m2) del plano P-940345-2004, se encuentra cubierto por cobertura forestal.” En el folio 5 de ese informe del SINAC se continúa señalando: “En la imagen Ortofoto 2014-2017, se observa que un nuevamente el área total del plano P-940345-2004, se encuentra cubierto por cobertura forestal. En la imagen Google Earth noviembre 2023, se observa que un 99,33% (6.705,29 m2) del plano P-940345-2004, se encuentra cubierto por cobertura forestal.” Por ello, resulta clara la maniobra de tratar de brindar un informe falso a la Sala con hechos que no son ciertos, para lograr su nefasto propósito de descuidar sitios que gran fragilidad ambiental en terrenos estatales en nuestra costa. La verdad es que los recurridos buscan evadir sus responsabilidades presentando un informe con datos no ciertos y hasta llegan al extremo de decir que el ICT avala sus estudios, o que ellos hicieron informes de campo antes de otorgar cada concesión, cuando por los datos técnicos del SINAC vemos que desde el siglo pasado existía PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO en los lotes dados en concesión. Vital es destacar que a la fecha los recurridos les dicen a ustedes que no existen actos finales en ningún expediente, pero ello no solo no lo demuestran, sino que les ocultan a ustedes y a nosotros, los expedientes administrativos completos y foliados. Incluso, si fuera cierto que no existen actos finales, es fundamental que esta Sala obligue a los recurridos a resolver definitivamente los expedientes donde existía y existe bosque en la zona marítimo terrestre, pues los meses y años pasan y nada se hace. Por lo anterior, también pido que se disponga que los recurridos deben resolver nuestras denuncias y gestiones de nulidad presentadas, pues las mismas nunca han sido contestadas y se refieren a violaciones de rango constitucional y convencional que perjudican el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho a un clima sano, amén del derecho de hacer gobernanza comunitaria sobre bienes de dominio público dados irregularmente en concesión a terceros. No puedo terminar sin creer que es asombroso, el hecho que los recurridos señalen al final de su escrito, propiamente en las pretensiones, lo siguiente: “…solicitamos declarar el uso abusivo y temerario del recurso y se prevenga formalmente al administrado para que se abstenga de interponer nuevos recursos sobre los mismos hechos, aplicar las medidas correctivas pertinentes conforme al artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional …”. La verdad es que hasta asusta, que los recurridos pretendan prohibirnos derechos constitucionales de presentar denuncias, o el de acudir a la Sala, en casos como el que ahora discutimos

5.- Por memorial presentado a las 13:58 horas de 10 de octubre de 2025, la coordinadora del Departamento de Zona Marítimo Terrestre del Concejo Municipal de Distrito Cóbano, manifestó que, desde el 1 de abril de 2025 se le envió vía correo electrónico los expedientes solicitados al correo .., consta en el proceso 24-032422-007-CO. La recurrente nuevamente ha presentado nuevos escritos con fecha 8 de octubre del 2025, con la misma petitoria que esa representación dio respuesta en reiteradas ocasiones. En efecto, el 08 de octubre del año en curso, la actora nuevamente presenta los mismos escritos a este departamento, de los cuales ya se les dio repuesta e incluso la misma Sala se pronunció al respecto en el proceso número 24-032422-007-CO.

6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,

CONSIDERANDO:

 I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente acota que denunció ante el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano el otorgamiento de concesiones en la zona marítimo- terrestre, donde existió y existe Patrimonio Natural del Estado, los que, a su juicio, están excluidos de la competencia municipal. Agrega que, en vista de que la autoridad recurrida le remitió un informe sobre los casos denunciados, en el cual se evidenciaron algunas irregularidades, el pasado 8 de abril de 2025, remitió a la autoridad recurrida unos escritos, entre otras cosas, para que se les tuviera como denunciantes calificados; que se verificara y catalogara lo existente en el área de concesión, como bosque y humedal de la empresa y que se declara que se dictaron actos contrarios a la Constitución, pero a la fecha, continúan sin que se les tome en cuenta, ni se resuelva nada.

II.- CUESTIÓN PRELIMINAR. De previo a analizar el fondo del asunto por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse, que a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo - instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está antes gestiones que se relacionan con unas denuncias ambiental que se plantearon ante el concejo municipal de distrito recurrido, que presuntamente no ha sido resuelta en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

III.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) El 1 de abril de 2025 se notificó a la asociación amparada lo resuelto respecto de sus denuncias que planteó respecto de las concesiones otorgadas a Corporación Estimex Centroamericano SRL, a Hukajo S.A. y a Santa Teresa Investments STI de Puntaguana e informó que podían acceder a los expedientes administrativos relacionados con estas, a través de wetransfer.com y del link que se les adjuntó a esos mismos efectos (informe rendido en el expediente 24-032422-0007-CO tenido a effectum videndi). 2) El 8 de abril de 2025, la asociación amparada remitió al Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, requiriendo que en el caso de Corporación Estimex Centroamericano SRL, no se prorrogara la concesión por el Patrimonio Natural del Estado existente. Además, requirió que: “a- Que reclamábamos que nos consideran como parte procesal dentro del expediente administrativo, fundamentadas en el concepto de "denunciantes calificados" que ya les habíamos expuesto desde la denuncia original, pero ellos nos rechazaron tácitamente ello. b- Les aporté el oficio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) No. ACT-OSRC-345-2024, de fecha 19 de diciembre de 2024, que es estudio con información desde 1997 tendiente a verificar y catalogar lo existente en el área de concesión, como bosque y humedal de la empresa. c- Les expuse que con el informe del SINAC era claro que hubo el dictado de actos contrarios a la Constitución por parte del ente municipal (…)". (copias adjuntas al libelo de interposición). 3) Ese mismo día, la amparada formuló una solicitud para que en el caso de la concesión otorgada a Hukajo S.A.: "(…) a- … nos tuvieran como parte del expediente administrativo de concesión bajo el concepto de denunciantes calificados, pero igualmente nos invisibilizaron y nada nos notifican ni somos parte del expediente. b- Les aporté igualmente el oficio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) No. ACT-OSRC345-2024, de fecha 19 de diciembre de 2024, que como dije es un estudio con información tendiente a verificar lo existente, como bosque en el área concesionada y resalté, que como se podía leer al folio 4 de dicho oficio, se decía que el terreno entregado a la empresa, estaba CUBIERTO con bosque en 1997 y que por tanto, hubo una actuación transgresora de derechos constitucionales y convencionales de parte del entre municipal desde el inicio, por haberse entregado un bien demanial con bosque en concesión a un tercero. c- Igualmente, los recurridos nos dicen que existen trámites desde el 2024 en una solicitud de prórroga etc., pero el asunto es que, nos rechazaron tácitamente nuestra gestión, aunque reconocen que existía un 75 por ciento de bosque en el área concesionada. d- Les argumentamos a los recurridos varios puntos en defensa del PNE, pero a la fecha, los meses pasan y seguimos sin que nos tomen en cuenta, ni se resuelva nada. Hemos tratado de ver el expediente, pero nuestra gestión del 8 de abril sigue sin resolverse ni figura dentro del expediente sin justa causa, constituyendo ello una violación al derecho de participación en materia ambiental (…)" (copias adjuntas al libelo de interposición). 4) El mismo día, la asociación requirió que en el caso de la concesión de Santa Teresa Investments STI de Puntaguana: "(…) a- … debían tenerme como parte procesal, hasta por un criterio de transparencia y que como denunciante calificada que había solicitado que me tuvieran. Pero prefirieron olvidarse de mis argumentos y mis peticiones. b- Les aporté igualmente, en escrito presentado el 8 de abril de este año, el oficio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) No. ACT-OSRC-345-2024, de fecha 19 de diciembre de 2024. c- Les expuse que tal y como se podía leer al folio 10 de dicho oficio del SINAC, se decía que el terreno entregado a la empresa en concesión estaba cubierto en su totalidad de bosque y que además existía en 1997 un humedal. d- Pero no obstante los puntos anteriores y la prueba que les aportamos, los recurridos señalan que el procedimiento para prorrogar la concesión podía seguir adelante. e- Lo expuesto a nosotros, constituyen transgresiones serias a bienes que son PNE y como nada nos notifican, ni nos consideraron como parte del expediente y ni siquiera podemos saber qué ha pasado pues el expediente es privado y eso nos tiene en desesperanza ahora (…)". (copias adjuntas al libelo de interposición). 5) El 6 de octubre de 2025 se notificó el auto de traslado a las autoridades locales recurridas (actas de notificación visibles en el Historial de Acontecimientos del Expediente Electrónico). 6) Mediante el oficio del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano ZMT-406-2024 de 7 de octubre de 2025 se brindó la siguiente respuesta a la amparada: “… Por medio de la presente me permito saludarla y a la vez dar respuesta formalmente a los escritos presentados en este departamento con fecha 04 y 08 de abril del 2025 sobre las concesiones a nombre de las sociedades Santa Teresa Investment STI de Puntaguana Sociedad Anónima, Hukajo Sociedad Anónima y corporación Estimex Centroamericano Sociedad de Responsabilidad Civil, por lo cual le indico lo siguiente; PRIMERO: Tal y como se ha manifestado por parte de este departamento, sobre este asunto ya se había dado respuesta previamente mediante oficio ZMT-134-2025, el cual por un error involuntario gramatical se indicó ZMT-134-2024, sin embargo, conta fecha correctamente en el oficio 01 de abril del 2025. SEGUNDO: Se desprende de los escritos presentados con fecha 04 y 08 de abril del 2025, que versan sobre los mismos temas que ya previamente se había dado respuesta en oficio ZMT-134-2025 referentes a las concesionarias Santa Teresa Investment STI de Puntaguana Sociedad Anónima, Hukajo Sociedad Anónima y corporación Estimex Centroamericano Sociedad de Responsabilidad Civil, y de lo cual se ha conversado mediante reunión virtual se indicó trabajar en conjunto con SINAC sobre áreas afectadas por PNE sobre las áreas con afectación forestal, sin embargo, después de dar varios días como opción de reunión para aclararles y definir la forma en la cual se iba a trabajar con SINAC, no se tuvo respuesta por parte de ustedes. TERCERO: Es importante indicar Ustedes elevaron este asunto a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante recurso de amparo tramitado bajo expediente número 24-032422- 007-CO, indica mediante resolución 2025010689 de las 10.05 horas del 08 de abril del 2025: “En descargo, la autoridad recurrida sostiene que, si bien en un primer momento, por un error del Departamento de Zona Marítimo Terrestre no se logró cumplir lo ordenado por la Sala, dentro del plazo conferido, se dio respuesta a la Asociación Cívica de Hermosa y se atendió lo dispuesto por este Tribunal. En este particular, aprecia la Sala que el 1 de abril de 2025, se notificó a la asociación amparada lo resuelto respecto de sus denuncias, e informó que podían acceder a los expedientes administrativos relacionados con estas, a través de wetransfer.com y del link (sic) que se les adjuntó a esos mismos efectos. Así las cosas, descarta la Sala que se haya producido la inejecución acusada. Bajo esta inteligencia, no ha lugar a la gestión formulada. Asimismo, es importante indicarles que al día de hoy consta Recurso de Amparo que se tramita mediante expediente 25-027605-007-CO presentado por Ustedes nuevamente, sobre al mismo asunto que este departamento ya ha dado respuesta. CUARTO: Es importante indicar les de conformidad al principio de legalidad contemplado en el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública y el artículo 132 del mismo cuerpo normativo, que los actos emanados de la administración pública deben ser lícitos, posibles, claros y precisos y abarca todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, nosotros como Departamento de Zona Marítimo Terrestre del Concejo Municipal de Distrito Cóbano NO PODEMOS actuar de la manera arbitraria que ustedes están solicitando, siendo que, como funcionarios públicos debemos acatar disposiciones PARA TODOS LOS ADMINISTRADOS de manera objetiva e imparcial, así señalado en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Como ya se les indicó REITERADAS VECES sobre estos casos y otros más estamos trabajando de conformidad al Principio del Debido proceso, no podemos cancelar las concesiones de manera arbitraria debemos darles a los administrados la oportunidad de dar respuesta, presentar un nuevo plano o croquis excluyendo el Patrimonio Natural del Estado y posterior analizar si procede o no la cancelación de la concesión, al respecto es importante señalar lo estipulado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, respecto al debido proceso según indica las sentencias 15-90, 1734-92, 1739-92: El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que El debido proceso debe respetarse en todos los procesos administrativos y garantizarse para todos los administrados de manera general, no podemos actuar según sus pretensiones de manera arbitraria ya que no se ajusta a derecho, incluso, la misma Procuraduría General de la República está dando seguimiento a la misma denuncia que ustedes interpusieron, POR FAVOR DÉJENOS TRABAJAR, los expedientes son públicos pueden revisarlos o solicitar copia en cualquier momento …”  (copia adjunta al informe).

 IV.- CASO CONCRETO.  Lo que en el fondo pretende la asociación amparada con sus gestiones es que el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano revise las concesiones otorgadas a Corporación Estimex Centroamericano SRL, a Hukajo S.A. y a Santa Teresa Investments STI de Puntaguana, pues, a su juicio, en esas denuncias se dictaron actos contrarios a la Constitución y a la ley. Consta que, con ocasión de la notificación del auto de traslado a los recurridos, ese órgano colegiado confirmó lo resuelto respecto de esas denuncias. Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso, conforme se dirá. 

V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.  Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el  sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional  ("Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"),  la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes". Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

 VI.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Debo advertir que, desde la sentencia n.⸰ 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:

“…en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre32579 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado)(OC. 22/16)”.

 

Sobre el particular, el recurso de amparo fue formulado por la representante de la Asociación Cívica de Hermosa y se cursó a favor de esta persona jurídica. Al respecto, la parte accionante solicitó a la autoridad recurrida información de carácter ambiental, por lo que estimo que sí existe una relación esencial entre la persona jurídica y la persona física, lo cual amerita entrar a conocer por el fondo la transgresión acusada.

VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios; no obstante, la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios. 

VIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

 IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

 Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Rueda Leal pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.

 

 

	

Paul Rueda L.

Presidente a.i

	

 




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ronald Salazar Murillo




Ileana Sánchez N.

	

 

	

Ana Cristina Fernandez A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 43AJXCO8QOHA61

EXPEDIENTE N° 25-027605-0007-CO

 

Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:34:54.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**File Number: 25-027605-0007-CO**

**Res. No. 2025034786**

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-fourth of October of two thousand twenty-five.

An amparo action brought by Nombre89997, identity card CED14629, on behalf of the HERMOSA CIVIC ASSOCIATION, against the COBANO DISTRICT MUNICIPAL COUNCIL.

**WHEREAS:**

**1.-** By brief filed at 4:14 p.m. on September 10, 2025, the petitioner brought an amparo action against the Cóbano District Municipal Council, since, as she states, she is the representative of the protected association. She indicates that, within the area of the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), in the Cóbano sector, Puntarenas, several concessions were granted many years ago, with defects of unconstitutionality, by the respondent, endorsed by the Coordination Office of the Maritime Terrestrial Zone Department of that same District Council. She denounces that the environmental complaints filed by the association she represents have been rendered invisible, despite the fact that, in the concession areas, forest cover (bosque) existed and exists, that is, there are anomalous situations in concession lots that are public domain lands (terrenos demaniales), with Natural State Heritage (Patrimonio Natural del Estado), according to data contained in report 1 of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). She points out that, in the Law of the Maritime Terrestrial Zone (Ley de la Zona Marítimo Terrestre), lands with forest cover (bosques) are under the absolute administration of SINAC and never of the municipalities. She reiterates that any site containing forest cover (bosque) or wetlands in the Maritime Terrestrial Zone would be excluded from municipal jurisdiction and, therefore, a prohibition would exist on granting concessions, or extending existing ones to private parties, since all those lands must be administered exclusively and directly by SINAC. She indicates that, due to the foregoing, since August 26, 2024, she proceeded to report to the offices of the Cóbano District Council several specific cases of concessions with defects of unconstitutionality. On April 1, 2025, the respondent authority sent her a report on the reported cases. She argues that, because certain irregularities were evidenced in the notified official communication, on April 8, 2025, she sent the respondent authority three different briefs, in which it was stated that the concessions could not be extended due to the existing Natural State Heritage (Patrimonio Natural del Estado). She indicates that the reported cases are the following: Corporación Estimex Centroamericano SRL, Hukajo S.A., and Santa Teresa Investments STI of Puntaguana. She details that for the case of Corporación Estimex Centroamericano SRL, the following was set forth: "(...) a- That we claimed that they consider us as a procedural party within the administrative file, based on the concept of 'qualified complainants' (denunciantes calificados) that we had already set forth to them since the original complaint, but they tacitly rejected this to us. b- I provided them with the official communication from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) No. ACT-OSRC-345-2024, dated December 19, 2024, which is a study with information dating back to 1997 aimed at verifying and cataloging what exists in the concession area, such as forest cover (bosque) and wetland of the company. c- I set forth to them that based on the SINAC report it was clear that acts contrary to the Constitution had been issued by the municipal entity. (...)". Likewise, for the case of the concession to Hukajo S.A., it was stated: "(...) a- That they take us as a party to the administrative concession file under the concept of qualified complainants (denunciantes calificados), but they likewise rendered us invisible and do not notify us of anything nor are we a party to the file. b- I equally provided them with the official communication from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) No. ACT-OSRC345-2024, dated December 19, 2024, which, as I said, is a study with information aimed at verifying what exists, such as forest cover (bosque) in the concessioned area, and I highlighted that, as could be read on page 4 of said official communication, it was stated that the land granted to the company was COVERED with forest cover (bosque) in 1997 and that therefore, there was an act transgressing constitutional and conventional rights by the municipal entity from the beginning, because a public domain asset (bien demanial) with forest cover (bosque) had been granted in concession to a third party. c- Likewise, the respondents tell us that there are proceedings that have existed since 2024 regarding an extension request, etc., but the issue is that they tacitly rejected our action, although they acknowledge that there was 75 percent forest cover (bosque) in the concessioned area. d- We argued several points to the respondents in defense of the NHE, but to date, months go by and we continue without being taken into account, nor is anything resolved. We have tried to see the file, but our action of April 8 remains unresolved and does not appear within the file without just cause, this constituting a violation of the right to participation in environmental matters. (...)". Furthermore, for the case of Santa Teresa Investments STI of Puntaguana, it was indicated: "(...) a- That they should consider me as a procedural party, even for the sake of transparency and as a qualified complainant (denunciante calificada) who had requested that they consider me as such. But they preferred to forget my arguments and my requests. b- I provided them equally, in a brief filed on April 8 of this year, with the official communication from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) No. ACT-OSRC-345-2024, dated December 19, 2024. c- I set forth to them that as could be read on page 10 of said official communication from SINAC, it stated that the land granted to the company in concession was completely covered with forest cover (bosque) and that a wetland also existed in 1997. d- But despite the foregoing points and the evidence we provided to them, the respondents indicate that the procedure to extend the concession could proceed. e- What has been set forth to us constitutes serious transgressions against assets that are NHE and as they notify us of nothing, nor did they consider us as a party to the file, and we cannot even know what has happened because the file is private and this now leaves us in hopelessness. (...)". She complains that as of the date of filing the action, she has not been notified of anything regarding said official communications. She mentions that, despite the fact that it was set forth to the respondent authority that concessions have been granted where Natural State Heritage (Patrimonio Natural del Estado) has existed for 20 years, and therefore its enabling acts were violating the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of ecosystems, it seems that they do not care about that situation, since months go by and they do absolutely nothing to protect public domain assets (bienes demaniales) of high environmental fragility; besides, they do not consider them as a party in the three files where there are acts that could be violations of constitutional norms. She states that in the briefs sent on April 8, 2025, in the claims of each case, she requested the following: "(...) It is requested to include me within the administrative file for the company's concession extension (prórroga de concesión) in the condition of a qualified complainant (denunciante calificada). If this is not accepted, I ask that the reason be justified. It is requested that a concession extension (prórroga de concesión) NOT be granted to the company, since the land is a public domain asset (bien demanial), which, in accordance with the Law of the Maritime Terrestrial Zone (Ley de la Zona Marítimo Terrestre), number 73 and Article 13 of the Forestry Law (Ley Forestal), should never have been granted in concession as NHE and wetland existed in the entire area since 1997… Order the closure of the concession extension (prórroga de concesión) file as what is sought is absolutely illegal because NHE and wetland exist within the area of the new cadastral map. I ask that it be ruled that due to the coverage of the forest ecosystem, it is illegal to grant even one meter in the concession extension (prórroga de la concesión) since what is appropriate is that the forest regeneration processes continue. That it be stated that if a forest regeneration process has existed on the concession site that the company had, it would be absolutely contrary to the protection of forests that are NHE to authorize the business action today and the company must accept that the municipality does not have jurisdiction to grant an enabling act of concession or a concession extension (prórroga de concesión) in this year 2025. (...)". She alleges that the lack of resolution of the noted complaints violates the right to influence matters where there is a public environmental interest, as well as the right to information and the right to participation in environmental matters. She requests the intervention of this Chamber.

**2.-** By a resolution at 11:45 a.m. on September 23, 2025, the action was admitted and a report was requested from the president and the coordinator of the Maritime Terrestrial Zone Department, both of the Cóbano District Council, regarding the alleged facts.

**3.-** Under oath, Minor Centeno Sandí and Lidieth Porras Córdoba, in their capacity as president of the Council and coordinator of the Maritime-Terrestrial Zone Department, both of the Cóbano District Municipal Council, report that the subject under discussion had been previously analyzed by this Court in file No. 24-032422. They add that, although a response had already been given to the protected party regarding her request, she again formulated the requests on October 4 and 8. Moreover, they maintain that, although the District Municipal Council has sought to coordinate a meeting with SINAC, the protected party has disregarded the offer that was made for the purpose of evaluating the approach to those zones that are not affected by the NHE.

**4.-** By brief filed at 5:34 p.m. on October 9, 2025, the petitioner stated that the respondents, when answering the amparo, have incurred in stating untrue facts to them, in order to try to confuse the Chamber and evade responsibilities. Note that they have never resolved our point of declaring us qualified complainants (denunciantes calificadas), thus violating constitutional rights and even constitutional jurisprudence itself. Nor has a criterion been given on our requests to integrate the briefs of actions into the municipal administrative files for each concession. In fact, they do not provide the files for each concession to the Office, despite the order that had been given to them in the initial decree, so as to hide the falsehoods. For example, and also of utmost gravity, they say that they had already answered us, but in each brief, for each case that we presented to them in April (see receipt stamps), we set forth to them with technical evidence from SINAC (report No. ACT-OSRC-345-2024, dated December 19, 2024, provided to this Chamber) that since 1997 forest ecosystems (ecosistemas boscosos) did exist on the properties given in concession. That is, that natural state heritage (patrimonio natural del Estado) did effectively exist within the concessions granted and to date everything remains the same, but according to what is set forth, they have not resolved any of the three cases. The only thing clear today is that the respondents have neither annulled the concessions, nor informed the Procuraduría General de la República, nor answered us, as was requested in each complaint brief. As you can read in the SECOND point of each of our complaints, we expressly set forth to the respondents: “SECOND: That said, I must begin by stating that I provide as new evidence the official communication from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) No. ACTOSRC-345-2024, dated December 19, 2024, which is a study with information aimed at verifying what exists, such as forest cover (bosque)…” Even, it was pointed out to them that, according to the orthophotos in each particular case, there was technical evidence with which we demonstrated that forest cover (bosque) existed on the sites since 1997, which made it completely illegal for concessions to be granted. But regarding the report provided, they have never responded, or stated anything, or anything has been weighed. That is, contrary to answering us, the respondents come to state before this Chamber, in a document that is a sworn statement, that: “… nevertheless, Mrs. Nombre89997 continues to file new amparo actions on identical facts and claims, without providing new facts or elements that modify the legal situation already analyzed and answered previously by this Administration and by the same Supreme Constitutional Chamber of Justice…”. Regarding the specific case of the concession of the company SANTA TERESA INVESTMENTS STI DE PUNTAGUANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, it was stated to the respondents: “In the Orthophoto Terra 1997 image, it is observed that the entirety of map P-9919339-2004 is covered by forest cover (cobertura forestal). In the Orthophoto 2005-2007 image, it is observed that the entirety of map P-9919339-2004 is covered by coverage.” On page 11 of that SINAC report, it continues stating: “In the Orthophoto 2014-2017 image, it is observed that the entirety of map P-9919339-2004 is covered by forest cover (cobertura forestal). In the Google Earth November 2023 image, it is observed that the entirety of map P-9919339-2004 is covered by forest cover (cobertura forestal).” For its part, in the complaint and nullity action brief regarding the company CORPORACIÓN ESTIMEX CENTROAMERICANO SRL, we told them about the orthophotos and the SINAC report: “In the Orthophoto Terra 1997 image, it is identified that 35.96% (3,127.00 m2) of map P-913302-2004 is covered by forest cover (cobertura forestal)… In the Orthophoto 2005-2007 image, it is identified that 44.24% (3,846.64 m2) of map P-913302-2004 is covered by forest cover (cobertura forestal)”. On page 3 of that SINAC report, it continues stating: “In the Orthophoto 2014-2017 image, it is identified that 81.92% (7,123.68 m2) of map P-913302-2004 is covered by forest cover (cobertura forestal)… In the Google Earth image from November 2023, it is identified that 96.17% (96.17 m2) of map P-913302-2004 is covered by forest cover (cobertura forestal).” Finally, in the action they took regarding the concession of the company HUKAJO SA, the municipality was told: “In the Orthophoto Terra 1997 image, it is observed that the entirety of map P-940345-2004 is covered by forest cover (cobertura forestal). In the Orthophoto 2005-2007 image, it is observed that 81.69% (5,514.19 m2) of map P-940345-2004 is covered by forest cover (cobertura forestal).” On page 5 of that SINAC report, it continues stating: “In the Orthophoto 2014-2017 image, it is observed that once again the total area of map P-940345-2004 is covered by forest cover (cobertura forestal). In the Google Earth November 2023 image, it is observed that 99.33% (6,705.29 m2) of map P-940345-2004 is covered by forest cover (cobertura forestal).” Therefore, the maneuver of trying to provide a false report to the Chamber with facts that are not true is clear, in order to achieve their nefarious purpose of neglecting sites of great environmental fragility on state lands on our coast. The truth is that the respondents seek to evade their responsibilities by presenting a report with untrue data and even go to the extreme of saying that the ICT endorses their studies, or that they conducted field reports before granting each concession, when from the technical data of SINAC we see that since the last century NATURAL STATE HERITAGE (PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO) existed in the lots given in concession. It is vital to highlight that to date, the respondents tell you that there are no final acts in any file, but not only do they not demonstrate this, but they hide from you and from us the complete and paginated administrative files. Even if it were true that there are no final acts, it is fundamental that this Chamber compel the respondents to definitively resolve the files where forest cover (bosque) existed and exists in the maritime terrestrial zone, because months and years go by and nothing is done. Therefore, I also ask that it be ordered that the respondents must resolve our complaints and nullity actions filed, since they have never been answered and they refer to violations of constitutional and conventional rank that harm the right to a healthy and ecologically balanced environment and the right to a healthy climate, besides the right to exercise community governance over assets of the public domain irregularly given in concession to third parties. I cannot conclude without believing it is astonishing, the fact that the respondents state at the end of their brief, specifically in the claims, the following: “…we request to declare the abusive and reckless use of the action and to formally warn the administered party to refrain from filing new actions on the same facts, to apply the pertinent corrective measures in accordance with article 49 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional)…”. The truth is that it is even frightening that the respondents intend to prohibit us constitutional rights to file complaints, or the right to appeal to the Chamber, in cases such as the one we are now discussing.

**5.-** By a brief filed at 1:58 p.m. on October 10, 2025, the coordinator of the Maritime Terrestrial Zone Department of the Cóbano District Municipal Council stated that, as of April 1, 2025, the requested files were sent via email to the address .., this is recorded in process 24-032422-007-CO. The petitioner has once again filed new briefs dated October 8, 2025, with the same petition to which that representation responded on repeated occasions. Indeed, on October 8 of this year, the plaintiff again files the same briefs with this department, to which a response has already been given and the Chamber itself even ruled on the matter in process number 24-032422-007-CO.

**6.-** In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Sánchez Navarro; and,

**WHEREAS:**

**I.- SUBJECT MATTER OF THE ACTION.** The petitioner notes that she reported to the Cóbano District Municipal Council the granting of concessions in the maritime-terrestrial zone, where Natural State Heritage (Patrimonio Natural del Estado) existed and exists, which, in her opinion, are excluded from municipal jurisdiction. She adds that, given that the respondent authority sent her a report on the reported cases, in which some irregularities were evidenced, on April 8, 2025, she sent the respondent authority some briefs, among other things, so that they be considered as qualified complainants (denunciantes calificados); that what exists in the concession area, such as forest cover (bosque) and wetland of the company, be verified and cataloged; and that it be declared that acts contrary to the Constitution were issued, but to date, they continue without being taken into account, nor is anything resolved.

**II.- PRELIMINARY QUESTION.** Before analyzing the merits of the matter regarding the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure—it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the deadlines established by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative remedies. Precisely, in the case at hand (sub lite), an exception is posited, since it involves actions related to environmental complaints filed before the respondent district municipal council, which allegedly have not been resolved within a reasonable time. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

**III.- PROVEN FACTS.** Of relevance for the decision of this amparo, the following are deemed proven: 1) On April 1, 2025, the protected association was notified of the resolution regarding its complaints filed with respect to the concessions granted to Corporación Estimex Centroamericano SRL, to Hukajo S.A., and to Santa Teresa Investments STI of Puntaguana, and it was informed that they could access the administrative files related to these through wetransfer.com and the link provided to them for those same purposes (report rendered in file 24-032422-0007-CO held ad effectum videndi). 2) On April 8, 2025, the protected association sent a brief to the Cóbano District Municipal Council, requesting that in the case of Corporación Estimex Centroamericano SRL, the concession not be extended due to the existing Natural State Heritage (Patrimonio Natural del Estado). Besides, it requested that: “a- That we claimed that they consider us as a procedural party within the administrative file, based on the concept of 'qualified complainants' (denunciantes calificados) that we had already set forth to them since the original complaint, but they tacitly rejected this to us. b- I provided them with the official communication from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) No. ACT-OSRC-345-2024, dated December 19, 2024, which is a study with information dating back to 1997 aimed at verifying and cataloging what exists in the concession area, such as forest cover (bosque) and wetland of the company. c- I set forth to them that based on the SINAC report it was clear that acts contrary to the Constitution had been issued by the municipal entity (…)". (copies attached to the filing brief). 3) That same day, the protected party formulated a request so that in the case of the concession granted to Hukajo S.A.: "(…) a- … they take us as a party to the administrative concession file under the concept of qualified complainants (denunciantes calificados), but they likewise rendered us invisible and do not notify us of anything nor are we a party to the file. b- I equally provided them with the official communication from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) No. ACT-OSRC345-2024, dated December 19, 2024, which, as I said, is a study with information aimed at verifying what exists, such as forest cover (bosque) in the concessioned area, and I highlighted that, as could be read on page 4 of said official communication, it was stated that the land granted to the company was COVERED with forest cover (bosque) in 1997 and that therefore, there was an act transgressing constitutional and conventional rights by the municipal entity from the beginning, because a public domain asset (bien demanial) with forest cover (bosque) had been granted in concession to a third party. c- Likewise, the respondents tell us that there are proceedings that have existed since 2024 regarding an extension request, etc., but the issue is that they tacitly rejected our action, although they acknowledge that there was 75 percent forest cover (bosque) in the concessioned area. d- We argued several points to the respondents in defense of the NHE, but to date, months go by and we continue without being taken into account, nor is anything resolved. We have tried to see the file, but our action of April 8 remains unresolved and does not appear within the file without just cause, this constituting a violation of the right to participation in environmental matters (…)" (copies attached to the filing brief). 4) The same day, the association requested that in the case of the concession of Santa Teresa Investments STI of Puntaguana: "(…) a- … they should consider me as a procedural party, even for the sake of transparency and as a qualified complainant (denunciante calificada) who had requested that they consider me as such. But they preferred to forget my arguments and my requests. b- I provided them equally, in a brief filed on April 8 of this year, with the official communication from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) No. ACT-OSRC-345-2024, dated December 19, 2024. c- I set forth to them that as could be read on page 10 of said official communication from SINAC, it stated that the land granted to the company in concession was completely covered with forest cover (bosque) and that a wetland also existed in 1997. d- But despite the foregoing points and the evidence we provided to them, the respondents indicate that the procedure to extend the concession could proceed. e- What has been set forth to us constitutes serious transgressions against assets that are NHE and as they notify us of nothing, nor did they consider us as a party to the file, and we cannot even know what has happened because the file is private and this now leaves us in hopelessness (…)". (copies attached to the filing brief). 5) On October 6, 2025, the decree of transfer was notified to the respondent local authorities (notification records visible in the Events History of the Electronic File). 6) Through official communication from the Cóbano District Municipal Council ZMT-406-2024 of October 7, 2025, the following response was provided to the protected party: “… I am writing to greet you and at the same time to formally respond to the briefs filed in this department on April 4 and 8, 2025, regarding the concessions in the name of the companies Santa Teresa Investment STI de Puntaguana Sociedad Anónima, Hukajo Sociedad Anónima, and Corporación Estimex Centroamericano Sociedad de Responsabilidad Civil, for which I indicate the following; FIRST: As has been stated by this department, a response had already been given previously on this matter through official communication ZMT-134-2025, which due to an involuntary grammatical error indicated ZMT-134-2024, however, the correct date on the official communication is April 1, 2025. SECOND: It is apparent from the briefs filed on April 4 and 8, 2025, that they deal with the same subjects to which a response had already been given previously in official communication ZMT-134-2025 regarding the concessionaires Santa Teresa Investment STI de Puntaguana Sociedad Anónima, Hukajo Sociedad Anónima, and Corporación Estimex Centroamericano Sociedad de Responsabilidad Civil, and about which it was discussed in a virtual meeting to indicate working jointly with SINAC on areas affected by NHE on areas with forest affectation, however, after giving several days as an option for a meeting to clarify and define the way in which the work with SINAC would be done, there was no response from you. THIRD: It is important to indicate that You elevated this matter to the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, through an amparo action processed under file number 24-032422-007-CO, and it indicates through resolution 2025010689 of 10:05 a.m. on April 8, 2025: 'In discharge, the respondent authority maintains that, although at first, due to an error by the Maritime Terrestrial Zone Department, it was not possible to comply with what was ordered by the Chamber within the granted period, a response was given to the Hermosa Civic Association and what was ordered by this Court was complied with. On this point, the Chamber notes that on April 1, 2025, the protected association was notified of the resolution regarding its complaints, and it was informed that they could access the administrative files related to these, through wetransfer.com and the link (sic) provided to them for those same purposes. Thus, the Chamber rules out that the alleged non-execution occurred. Under this understanding, the filed action is dismissed. Likewise, it is important to indicate to you that to date there is an Amparo Action being processed under file 25-027605-007-CO filed by You again, on the same matter to which this department has already responded. FOURTH: It is important to indicate to you, in accordance with the principle of legality contemplated in article 11 of the General Law of Public Administration (Ley General de Administración Pública) and article 132 of the same regulatory body, that the acts issued by the public administration must be lawful, possible, clear, and precise and cover all questions of fact and law arising from the motive, proportionate to the legal purpose, and corresponding to the motive; we, as the Maritime Terrestrial Zone Department of the Cóbano District Municipal Council, CANNOT act in the arbitrary manner you are requesting, given that, as public officials, we must comply with provisions FOR ALL PERSONS SUBJECT TO ADMINISTRATION objectively and impartially, as stated in article 3 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Service (Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública). As you have been told REPEATEDLY on these cases and others, we are working in accordance with the Principle of Due Process, we cannot cancel the concessions arbitrarily, we must give the administered parties the opportunity to respond, to present a new map or sketch excluding the Natural State Heritage (Patrimonio Natural del Estado) and later analyze whether or not the cancellation of the concession proceeds; in this regard, it is important to point out what is stipulated by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice regarding due process as indicated in judgments 15-90, 1734-92, 1739-92: The concept of due process comprehensively involves the progressive development of practically all fundamental rights of a procedural or instrumental nature, as sets of guarantees of enjoyment rights—whose enjoyment immediately satisfies the needs or interests of the human being—that is, of the means aimed at ensuring their validity and efficacy.

The principle of due process, contained in Article 41 of our Fundamental Charter, or as it is often called in doctrine, the principle of “bilaterality of the hearing” of “due legal process” or “adversarial principle,” and which for greater understanding has been summarized as follows: a) Notification to the interested party of the nature and purposes of the proceeding; b) right to be heard, and opportunity for the interested party to present arguments and produce evidence. Due process must be respected in all administrative proceedings and guaranteed for all individuals subject to administrative authority in a general manner; we cannot act according to your claims in an arbitrary manner since that does not conform to law; indeed, the Procuraduría General de la República itself is following up on the same complaint that you filed. PLEASE LET US WORK, the case files are public; you may review them or request copies at any time…” (copy attached to the report).

IV.- SPECIFIC CASE. What the petitioner association essentially seeks with its actions is for the Concejo Municipal de Distrito de Cóbano to review the concessions granted to Corporación Estimex Centroamericano SRL, to Hukajo S.A., and to Santa Teresa Investments STI de Puntaguana, since, in its opinion, acts contrary to the Constitution and the law were issued in those complaints. It is on record that, upon notification of the order transferring the case to the respondents, that collegiate body confirmed what was resolved regarding those complaints. However, since this occurred once this matter was already in progress, this Chamber considers that the appeal must be upheld, as will be stated.

V.- REGARDING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Under better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional ("If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable"), the granting of the appeal must be without a specific award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges the operative part of the judgment to state that the appeal is declared with merit when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is ordered "solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable." It is emphasized that the Law states "if they are applicable," which means that the applicability or inapplicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the petitioner’s claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which states: "every resolution that upholds the appeal shall abstractly award indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment," where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where applicable, those of International or Community Law and, additionally, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if it sees fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that it has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this appeal without an award of costs, damages, and losses.

VI.- NOTE BY MAGISTRATE RUEDA LEAL. I must advise that, since judgment No. 2019-2355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, my position has been as follows regarding amparo appeals when they have been filed on behalf of a legal entity:

“…in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that ‘Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.’ On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court stated that, in certain specific contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case Nombre32579 and others v. Venezuela); however, in order for this to be protectable before the inter-American system, ‘the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons, and not those of the legal entities, are effectively being protected. Indeed, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities of the legal entity, such that said participation is substantially related to the rights alleged as violated.’ (emphasis added) (OC. 22/16)”.

In this regard, the amparo appeal was filed by the representative of the Asociación Cívica de Hermosa and was pursued on behalf of this legal entity. Regarding this, the petitioner requested environmental information from the respondent authority, so I consider that there is indeed an essential relationship between the legal entity and the natural person, which merits examining the merits of the alleged transgression.

VII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.

While I concur with the rest of the Chamber in declaring the appeal with merit, I depart from the majority's criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:

“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.”

On the other hand, Article 51 ibidem establishes that:

“...every resolution that upholds the appeal shall abstractly award indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”

This latter norm establishes the general system that regulates matters relating to indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of terminating the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.

In the majority's criterion, the cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has verified the grievance; and, as a consequence, the need arises for an award of costs, damages, and losses. However, in the opinion of the undersigned, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, declares the appeal with merit, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo —a scenario contemplated in the cited Article 52—, by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the award against the offender for the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has verified the grievance and examined the merits of the matter, or whether the violation ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the amparo proceedings, with restoration to the enjoyment of the fundamental rights in favor of the aggrieved person (Article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the offender, whose basis is found in the principles of protection of individual rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional actions.

Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and declared with merit, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in those respects contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

On the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not examined or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of the fundamental rights suffered by the petitioner, by virtue of the restoration to the enjoyment of those rights that the Administration has granted in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the process.”

The legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber can decree this form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, meaning that the Administration has been duly notified of the resolution that admitted the amparo; and 2) that there is an administrative or judicial resolution that unequivocally orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses; however, the granting of the appeal, in providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be declared with merit “solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only by the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered through the injury to their constitutional rights.

In my criterion, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such condemnation is always applicable, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is unequivocally and clearly proven that in the specific case no compensable injury was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from paying those amounts. Since in this case, there is no element whatsoever that refutes the presumption that economic damages and losses arose for the petitioner from the challenged actions —the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction—, the granting of this appeal must necessarily entail the award of costs, damages, and losses, and I so declare.

As an additional reason, it should be noted that the very dynamic and essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or non-existence of damages and losses, but rather the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of individuals. From this perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on such verification; however, it does not enter into weighing whether those issues have or have not generated injuries in the eminently patrimonial sphere of the petitioners. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said condemnation (in damages, losses, and costs) operates, if applicable, the undersigned does not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of process, to the extent that it is within another ordinary process that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when appropriate) have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, numerals 179 through 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, define a special process whose object is the definition of the economic effects derived from condemnations issued in these processes. In light of canon 179 ejusdem, that process has the following object:

“ARTICLE 179.- It corresponds to the Juzgado de lo Contencioso-Administrativo to execute the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public law, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.”

It is clear that this process is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation in those respects, since that type of claim would not proceed within those types of cases when the judgment issued within the amparo process expressly established the inapplicability of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this matter. That is, the special process in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, a condemnation or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in my judgment, pursuant to the aforementioned ordinal 52 of the LJC, the waiver of such patrimonial condemnation requires, in each case, the accreditation of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action does not rule out, per se, that prior to that cessation by the respondent entity's own cause or otherwise, the accused negligence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive question, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in accordance with what is regulated by the cited mandate 52, are proper to an abstract condemnation that then constitutes a basis for analysis in the Jurisdicción Contencioso Administrativa. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is insisted, that is not their object or primary ratio. Thus, it does not correspond to the petitioner to claim or demonstrate damages, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Later, whether those administrative conducts have caused them injuries is a point that, by thesis of principle and save for exceptional cases, does not form part of the analytical basis of this type of case. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, no evaluation is made as to whether or not there is an infringement, and therefore, much less can it be defined whether, from what is reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. Thus, the waiver of condemnation referred to in that norm is of an exceptional, not a principled, nature. Therefore, in those scenarios, the norm imposes an abstract condemnation, so that its applicability may be analyzed within another plenary process. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person would be at risk, who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere, to the detriment of what is established by precept 45 of the Constitución Política, and disregarding the potential responsibility of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that conduct was adopted that causes the cessation of the conduct that, in theory, threatens or violates the fundamental rights of the individual. That is, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the individual opted for judicial protection, and it was by virtue of that, that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is insisted, if the permanence of the threat or deterioration of their situation until it ceased due to the causes alluded to in the norm under examination generated damages and losses, it is a matter that, unless proven otherwise, must be analyzed within an ordinary process, but that, it is reiterated, should in no way be denied, as a premise, by the mere materialization of the factual scenario regulated in the aforementioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the utmost respect for the majority's position, I state my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily entail the abstract award of costs, damages, and losses.

VIII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.”

My interpretation of this norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to costs. Furthermore, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, on the basis of Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.

Certainly, pursuant to Article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restitutory; however, Article 51 of the LJC states: “Every resolution that upholds the appeal shall abstractly award indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, an abstract condemnation for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not issued, in the event that they had indeed occurred, there would be no title —derived from this process— to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If despite the abstract condemnation, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary venue shall so declare, since only to them corresponds to take as proven the real existence and magnitude of the same.

With the thesis defended by the majority, I estimate that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when faced with the existence of an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I issue a partial dissenting vote regarding the operative part and order the award of damages and losses, but not costs.

IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any document in paper form has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computing, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

POR TANTO:

The appeal is declared with merit, without a specific award of costs, damages, and losses. Magistrate Rueda Leal makes a note. Magistrate Salazar Alvarado issues a partial dissenting vote and orders the award of damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas issues a partial dissenting vote and orders the award of damages and losses, but not the award of costs. Let it be notified.

Paul Rueda L.
Presidente a.i

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo

Ileana Sánchez N.

Ana Cristina Fernandez A.

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