Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Así las cosas, este Tribunal tiene por demostrado, según se desprende de los autos, que la autoridad recurrida no ha efectuado alguna actuación tendente, a, efectivamente resolver la problemática relacionada con la práctica ilegal de botadero de basura sobre la vía pública en la localidad que habita la parte amparada. En ese sentido, nótese, que la alcaldesa de la municipalidad recurrida señaló que “se le dio respuesta sobre sus quejas, además se le indicó que la municipalidad en este momento no cuenta con presupuesto para rotulación”, lo que evidencia que la autoridad recurrida ni siquiera ha establecido una solución o plazo en el que pretenda atender la problemática bajo análisis.
English (translation)Thus, this Court finds it proven, as appears from the record, that the respondent authority has not taken any action aimed at effectively resolving the problem of the illegal dump on the public road in the locality where the protected party resides. In that regard, note that the mayor of the respondent municipality stated that "the complaints were answered, and it was indicated that the municipality currently has no budget for signage," which shows that the respondent authority has not even set out a solution or deadline by which it intends to address the issue under analysis.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 35753 - 2025 Fecha de la Resolución: 31 de Octubre del 2025 a las 09:30 Expediente: 25-029128-0007-CO Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Ambiental,Derecho a la salud,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas: DENUNCIA. Tema: AMBIENTE Subtemas: BASURA. CONTAMINACION. 035753-25. MUNICIPALIDAD. AMBIENTE. VECINO DE ALAJUELITA, ACUSA QUE, HA DENUNCIADO LA PRÁCTICA ILEGAL DE BOTADERO DE BASURA SOBRE VÍA PÚBLICA, SIN QUE LAS AUTORIDADES ACTÚEN. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA, COORDINAR LO NECESARIO, TOMAR LAS MEDIDAS ADECUADAS Y GIRAR LAS ÓRDENES QUE CORRESPONDAN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, A FIN DE QUE, DENTRO DEL PLAZO DE TRES MESES, SE SOLUCIONE LA PROBLEMÁTICA DENUNCIADA EN RELACIÓN CON LA PRÁCTICA ILEGAL DE BOTADERO DE BASURA SOBRE LA VÍA PÚBLICA QUE AFECTA LA COMUNIDAD. VCG11/2025 “(…) IV.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite, la parte recurrente alega que presentó varias denuncias ante el gobierno local recurrido debido a la práctica ilegal de botadero desproporcionado de basura sobre la vía pública. Asimismo, solicitó la instalación de un letrero; sin embargo, la problemática no ha sido resuelta. Solicita la intervención de esta Sala. Al respecto, las autoridades recurridas, en sus informes rendidos bajo la solemnidad del juramento -con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción- aseguran que, brindaron una respuesta a la parte recurrente en la que se indica que no cuentan con presupuesto para la colocación de un letrero. Así las cosas, este Tribunal tiene por demostrado, según se desprende de los autos, que la autoridad recurrida no ha efectuado alguna actuación tendente, a, efectivamente resolver la problemática relacionada con la práctica ilegal de botadero de basura sobre la vía pública en la localidad que habita la parte amparada. En ese sentido, nótese, que la alcaldesa de la municipalidad recurrida señaló que “se le dio respuesta sobre sus quejas, además se le indicó que la municipalidad en este momento no cuenta con presupuesto para rotulación”, lo que evidencia que la autoridad recurrida ni siquiera ha establecido una solución o plazo en el que pretenda atender la problemática bajo análisis. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)” ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas: NO APLICA. ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) I.- CUESTIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse, en primer término, que, a partir de la Sentencia nro. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte–, o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso se plantea un supuesto de excepción, pues el sub examine está relacionado a una denuncia debido a una práctica ilegal de botadero desproporcionado de basura sobre la vía pública que supuestamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” VCG11/2025 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas: CONTAMINACION. BASURA. V.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que se presentó una denuncia de materia ambiental; sin embargo, a la fecha de interposición del recurso, no ha recibido respuesta alguna, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. VCG11/2025 ... Ver más Texto de la resolución Exp: 25-029128-0007-CO Res. Nº 2025035753 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 25-029128-0007-CO, interpuesto por Nombre49121, cédula de identidad CED24748, a favor de Nombre91376, cédula de identidad CED51620, contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA. RESULTANDO: 1.- Por escrito agregado al expediente digital de la Sala a las 17:34 horas del 23 de septiembre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Alajuelita, y manifiesta que en la esquina de la calle donde se ubica la casa de la amparada, existe una práctica ilegal de botadero desproporcionado de basura sobre la vía pública, incluso en días en que no corresponde recolección de basura, situación que se ha prolongado a lo largo de muchos meses. Aduce que, en mayo de 2025, se presentó ante la Municipalidad recurrida para denunciar la situación descrita y solicitar colaboración municipal para atenderla, por lo menos con la instalación de un letrero; pero la Municipalidad no tomó acción contra la situación denunciada, por lo que el 23 de junio de 2025, interpuso la segunda denuncia informal ante la Municipalidad por medio de correo electrónico; pero la Municipalidad no tomó acción alguna contra la situación denunciada. Afirma que, el 11 de julio de 2025, interpuso la tercera denuncia por medio de escrito formal, a lo que la Municipalidad tampoco tomó acción alguna contra la situación denunciada. Acusa que, a la fecha de interposición de este recurso, continúa la realidad ininterrumpida de la situación higiénica deplorable y reiterada en la esquina de Dirección1819, Dirección5899. Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley. 2.- Mediante la resolución de Presidencia de las 13:58 horas del 10 de octubre de 2025, se dio curso al presente proceso y se concedió audiencia al alcalde de y al presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Alajuelita, sobre los hechos alegados por la parte recurrente. 3.- Informa bajo juramento María del Rosario Siles Fernández cc. María del Rocío Siles Fernández, en su condición de alcaldesa de la Municipalidad de Alajuelita, que según consta en la documentación adjunta, a la amparada se le dio respuesta sobre sus quejas, además se le indicó que la municipalidad en este momento no cuenta con presupuesto para rotulación. Asegura que todas las gestiones fueron debidamente atendidas y respondidas en plazos razonables conforme el artículo 27 constitucional. En consecuencia, no puede sostenerse la existencia de omisión o silencio administrativo alguno atribuible a la administración, ya que las respuestas fueron enviadas al correo de la señora Nombre91376 a ...2. Indica que la Administración sí atendió las denuncias y dio respuesta motivada, no se configura violación alguna a los derechos constitucionales invocados, en especial al derecho de petición y pronta respuesta. El simple desacuerdo de la persona con el contenido de la respuesta no constituye violación de derechos fundamentales, conforme reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional, que ha sostenido que el derecho de petición se satisface con la emisión de una respuesta razonada, no necesariamente favorable a los intereses del gestionante. Solicita se declare sin lugar el recurso. 4.- Informa bajo juramento Henry David Salazar Quesada, en su condición de presidente del concejo de la Municipalidad de Alajuelita, que el recurso de amparo presentado se dirige específicamente contra la Administración Municipal, en tanto es la encargada de la prestación de los servicios públicos objeto de la gestión. En consecuencia, debe aclararse que el Concejo Municipal no tiene competencia en la materia, dado que no presta servicios ni interviene en la ejecución administrativa de los mismos. Agrega que tanto la presidencia del Concejo Municipal como el Concejo en pleno, carecen de legitimación para referirse al fondo del asunto, toda vez que se trata de un tema exclusivamente administrativo, cuya atención y respuesta corresponde a la administración activa. 5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y, CONSIDERANDO: I.- CUESTIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse, en primer término, que, a partir de la Sentencia nro. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte–, o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso se plantea un supuesto de excepción, pues el sub examine está relacionado a una denuncia debido a una práctica ilegal de botadero desproporcionado de basura sobre la vía pública que supuestamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que presentó varias denuncias ante el gobierno local recurrido debido a la práctica ilegal de botadero desproporcionado de basura sobre la vía pública. Asimismo, solicitó la instalación de un letrero; sin embargo, la problemática no ha sido resuelta. Solicita la intervención de esta Sala. III.- HECHOS PROBADOS. Se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de importancia para la resolución del presente asunto: 1. Durante el mes de mayo de 2024, la amparada se presentó ante la municipalidad recurrida una denuncia debido a una práctica ilegal de botadero desproporcionado de basura sobre la vía pública, incluso en días en que no corresponde recolección de basura, situación que se ha prolongado a lo largo de muchos meses. Asegura que solicitó al menos la instalación de un letrero (véase al respecto escrito de interposición de la parte recurrente). 2. El 23 de junio de 2025, la recurrente remitió una segunda denuncia dirigido a la dirección electrónica: ...2, en la que indicó, lo siguiente: “La presente es para comentarte que hace más de 1 mes me presenté en la Municipalidad de Alajuelita para solicitar un cartel en la esquina de mi casa, debido a que todos llegan a depositar su basura, sillones, puertas y demás en este sitio, incluso en días que no son de recolección de basura. Me preocupa y desagrada mucho esta situación, es muy tedioso estar limpiando o pagando para limpiar la esquina de mi casa más si es basura que no me corresponde y además la Municipalidad ofrece este servicio por el monto que la población paga durante el año, todos los años. Agradecería mucho me pudieras brindar ayuda u orientación con este tema. A continuación, Te comparto evidencias que he podido recolectar” (véase al respecto prueba aportada por la parte recurrente). 3. El 04 de julio de 2025, la autoridad recurrida le comunicó a la parte recurrente, lo siguiente: “… en este momento no tenemos rotulo, ni presupuesto” (véase al respecto prueba aportada por la autoridad recurrida). 4. El 11 de julio de 2025, la parte amparada presentó una tercera denuncia por medio de escrito formal, en la que señala, lo siguiente: “Me dirijo a ustedes de manera respetuosa y formal para manifestar mi profunda preocupación y disconformidad ante una situación que afecta directamente mi propiedad y mi calidad de vida desde que adquirí mi casa en noviembre del 2022, ubicada en la urbanización Corina Rodríguez Dirección5900. Desde esa fecha, he tenido que enfrentar el problema constante de que múltiples vecinos llegan a dejar basura en la esquina de mi casa. Esta situación ha provocado no solo molestias, malos olores y riesgo sanitario, sino también una evidente depreciación del entorno inmediato de mi vivienda. El pasado 16 de junio me presenté personalmente en las oficinas municipales para solicitar la colocación de rótulos que prohíban dejar basura en ese punto. Sin embargo, no obtuve ninguna respuesta ni seguimiento por parte del personal. Posteriormente, el 4 de julio envié un correo electrónico reiterando mi solicitud, y la única respuesta que recibí fue que no existe presupuesto ni rótulos disponibles, sin ofrecer ninguna otra solución alternativa. Considero inaceptable que, a pesar de que se me cobra puntualmente el servicio de recolección de residuos, la Municipalidad no cumpla con garantizar un entorno limpio y ordenado ni tome medidas para prevenir actos que atentan contra la salubridad pública. Dado que no se me ha brindado ninguna solución efectiva hasta la fecha, dejo constancia mediante esta carta de mi intención de presentar una demanda administrativa si no se me atiende este asunto con la urgencia que amerita. Lo que solicito no es extraordinario; simplemente que se tomen acciones para evitar que se siga utilizando la esquina de mi caso como botadero, ya sea por medio de rótulos, vigilancia, sanciones o cualquier medida que esté dentro de las competencias municipales” (véase al respecto prueba aportada por la parte recurrente). 5. El 17 de julio de 2025, el vicealcalde de la municipalidad recurrida le remitió un correo a la parte recurrente, en el que le expuso, lo siguiente: “textualmente le respondo lo contestado por la encargada de Gestión Ambiental. Favor aportar en su momento cuando lo tenga a bien la recomendación” (véase al respecto prueba aportada por la autoridad recurrida): IV.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite, la parte recurrente alega que presentó varias denuncias ante el gobierno local recurrido debido a la práctica ilegal de botadero desproporcionado de basura sobre la vía pública. Asimismo, solicitó la instalación de un letrero; sin embargo, la problemática no ha sido resuelta. Solicita la intervención de esta Sala. Al respecto, las autoridades recurridas, en sus informes rendidos bajo la solemnidad del juramento -con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción- aseguran que, brindaron una respuesta a la parte recurrente en la que se indica que no cuentan con presupuesto para la colocación de un letrero. Así las cosas, este Tribunal tiene por demostrado, según se desprende de los autos, que la autoridad recurrida no ha efectuado alguna actuación tendente, a, efectivamente resolver la problemática relacionada con la práctica ilegal de botadero de basura sobre la vía pública en la localidad que habita la parte amparada. En ese sentido, nótese, que la alcaldesa de la municipalidad recurrida señaló que “se le dio respuesta sobre sus quejas, además se le indicó que la municipalidad en este momento no cuenta con presupuesto para rotulación”, lo que evidencia que la autoridad recurrida ni siquiera ha establecido una solución o plazo en el que pretenda atender la problemática bajo análisis. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia. V.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que se presentó una denuncia de materia ambiental; sin embargo, a la fecha de interposición del recurso, no ha recibido respuesta alguna, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de 30 días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N°27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial N°19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se declara con lugar el recurso. Se les ordena a María del Rosario Siles Fernández cc. María del Rocío Siles Fernández y a Henry David Salazar Quesada, por su orden alcaldesa y el presidente del concejo municipal, ambos de la Municipalidad de Alajuelita, o a quienes ocupen esos cargos, coordinar lo necesario, tomar las medidas adecuadas y girar las órdenes que correspondan dentro del ámbito de sus respectivas competencias, a fin de que, dentro del plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione la problemática denunciada en relación con la práctica ilegal de botadero de basura sobre la vía pública que afecta a la parte amparada. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Alajuelita al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota.- Fernando Cruz C. Presidente a.i Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- CVSARUHEFZK61 EXPEDIENTE N° 25-029128-0007-CO Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:03:35. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small Constitutional Chamber Resolution No. 35753 - 2025 Date of Resolution: October 31, 2025, at 09:30 Case File: 25-029128-0007-CO Drafted by: Luis Fdo. Salazar Alvarado Type of Matter: Amparo Action Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Judgment with Separate Opinion Relevance Indicators Relevant Judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest: Strategic Topics: Environmental,Right to health,Economic, social, cultural and environmental rights Type of Content: Majority Vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics: COMPLAINT. Topic: ENVIRONMENT Subtopics: GARBAGE. POLLUTION. 035753-25. MUNICIPALITY. ENVIRONMENT. RESIDENT OF ALAJUELITA ACCUSES THAT HE/SHE HAS REPORTED THE ILLEGAL PRACTICE OF AN ILLEGAL GARBAGE DUMP ON A PUBLIC ROAD, WITHOUT THE AUTHORITIES TAKING ACTION. THE ACTION IS DECLARED WITH MERIT. THE MUNICIPALITY OF ALAJUELITA IS ORDERED TO COORDINATE WHAT IS NECESSARY, TAKE APPROPRIATE MEASURES, AND ISSUE THE CORRESPONDING ORDERS WITHIN THE SCOPE OF THEIR RESPECTIVE COMPETENCIES, SO THAT, WITHIN A PERIOD OF THREE MONTHS, THE REPORTED PROBLEM REGARDING THE ILLEGAL PRACTICE OF AN ILLEGAL GARBAGE DUMP ON THE PUBLIC ROAD AFFECTING THE COMMUNITY IS RESOLVED. VCG11/2025 “(…) IV.- ON THE MERITS. In the case at bar, the petitioner alleges that he/she filed several complaints before the respondent local government due to the illegal practice of a disproportionate garbage dump on the public road. Likewise, he/she requested the installation of a sign; however, the problem has not been resolved. He/she requests the intervention of this Chamber. In this regard, the respondent authorities, in their reports rendered under the solemnity of the oath -with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44, of the Law governing this Jurisdiction- assert that they provided a response to the petitioner indicating that they do not have a budget for the placement of a sign. Thus, this Tribunal deems it proven, as evident from the case record, that the respondent authority has not taken any action aimed at effectively resolving the problem related to the illegal practice of a garbage dump on the public road in the locality where the protected party resides. In that sense, note that the mayor of the respondent municipality stated that “a response was given regarding his/her complaints, and he/she was also informed that the municipality currently does not have a budget for signage,” which demonstrates that the respondent authority has not even established a solution or a deadline by which it intends to address the problem under analysis. Based on the foregoing, the action is declared with merit, with the considerations that will be set out in the operative part of this judgment. (…)” ... See more Content of Interest: Type of Content: Majority Vote Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice Subtopics: DOES NOT APPLY. ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION “(…) I.- PRELIMINARY ISSUE. Before analyzing the merits of the matter, it must first be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative proceeding –initiated ex officio or at the request of a party–, or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, this action raises an exception scenario, since the sub examine is related to a complaint due to an illegal practice of a disproportionate garbage dump on a public road that supposedly has not been resolved within a reasonable time. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. (…)” VCG11/2025 ... See more Content of Interest: Type of Content: Separate Opinion Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics: POLLUTION. GARBAGE. V.- NOTE FROM JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free of pollution (Article 50, of the Political Constitution), as is the case here, where it is alleged that an environmental complaint was filed; however, as of the date of filing the action, no response has been received, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent standard of quality of life. VCG11/2025 ... See more Text of the Resolution Exp: 25-029128-0007-CO Res. No. 2025035753 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and thirty minutes on the thirty-first of October, two thousand and twenty-five. Amparo action processed in case file No. 25-029128-0007-CO, filed by Nombre49121, identity card CED24748, on behalf of Nombre91376, identity card CED51620, against the MUNICIPALITY OF ALAJUELITA. WHEREAS: 1.- By written submission added to the Chamber's digital file at 5:34 p.m. on September 23, 2025, the petitioner files an amparo action against the Municipality of Alajuelita, and states that at the corner of the street where the protected party's house is located, there exists an illegal practice of a disproportionate garbage dump on the public road, even on days when there is no garbage collection, a situation that has persisted over many months. He/she claims that, in May 2025, he/she appeared before the respondent Municipality to report the described situation and request municipal collaboration to address it, at least with the installation of a sign; but the Municipality took no action against the reported situation, so on June 23, 2025, he/she filed a second informal complaint before the Municipality via email; but the Municipality took no action against the reported situation. He/she asserts that, on July 11, 2025, he/she filed a third complaint via a formal written submission, to which the Municipality also took no action against the reported situation. He/she accuses that, as of the date of filing this action, the uninterrupted reality of the deplorable and repeated sanitary situation continues at the corner of Dirección1819, Dirección5899. Based on the arguments presented, he/she considers that, with the actions complained of, fundamental rights are being violated. He/she requests that the action be declared with merit with the legal consequences. 2.- By order of the Presidency at 1:58 p.m. on October 10, 2025, this proceeding was admitted and a hearing was granted to the mayor and to the president of the Council, both of the Municipality of Alajuelita, regarding the facts alleged by the petitioner. 3.- María del Rosario Siles Fernández, also known as María del Rocío Siles Fernández, reports under oath, in her capacity as mayor of the Municipality of Alajuelita, that as evidenced in the attached documentation, the protected party was given a response regarding her complaints, and she was also informed that the municipality currently does not have a budget for signage. She assures that all actions were duly attended to and responded to within reasonable timeframes according to Article 27 of the Constitution. Consequently, the existence of any administrative omission or silence attributable to the administration cannot be sustained, since the responses were sent to the email of Mrs. Nombre91376 at ...2. She indicates that the Administration did attend to the complaints and gave a reasoned response; no violation of the invoked constitutional rights is configured, especially the right to petition and prompt response. The simple disagreement of the person with the content of the response does not constitute a violation of fundamental rights, according to reiterated jurisprudence of the Constitutional Chamber, which has held that the right to petition is satisfied with the issuance of a reasoned response, not necessarily favorable to the interests of the petitioner. She requests the action be declared without merit. 4.- Henry David Salazar Quesada reports under oath, in his capacity as president of the council of the Municipality of Alajuelita, that the filed amparo action is directed specifically against the Municipal Administration, as it is the entity responsible for providing the public services subject to the action. Consequently, it must be clarified that the Municipal Council has no competence in this matter, given that it does not provide services nor does it intervene in their administrative execution. He adds that both the presidency of the Municipal Council and the Council as a whole lack standing to address the merits of the matter, since it is an exclusively administrative issue, whose attention and response corresponds to the active administration. 5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Drafted by Judge Salazar Alvarado; and, WHEREAS: I.- PRELIMINARY ISSUE. Before analyzing the merits of the matter, it must first be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative proceeding –initiated ex officio or at the request of a party–, or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, this action raises an exception scenario, since the sub examine is related to a complaint due to an illegal practice of a disproportionate garbage dump on a public road that supposedly has not been resolved within a reasonable time. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. II.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner alleges that he/she filed several complaints before the respondent local government due to the illegal practice of a disproportionate garbage dump on a public road. Likewise, he/she requested the installation of a sign; however, the problem has not been resolved. He/she requests the intervention of this Chamber. III.- PROVEN FACTS. The following facts of importance for the resolution of this matter are deemed duly proven: 1. During the month of May 2024, the protected party appeared before the respondent municipality to file a complaint due to an illegal practice of a disproportionate garbage dump on the public road, even on days when there is no garbage collection, a situation that has persisted over many months. She assures that she requested at least the installation of a sign (see in this regard the filing brief of the petitioner). 2. On June 23, 2025, the petitioner sent a second complaint directed to the email address: ...2, in which she indicated the following: “This is to tell you that more than 1 month ago I appeared at the Municipality of Alajuelita to request a sign at the corner of my house, because everyone comes to deposit their garbage, sofas, doors, and other things at this site, even on days that are not for garbage collection. This situation worries and displeases me greatly; it is very tedious to be cleaning or paying to clean the corner of my house, even more so if it is garbage that does not belong to me and furthermore the Municipality offers this service for the amount that the population pays during the year, every year. I would greatly appreciate it if you could provide me with help or guidance on this matter. Below, I share evidence that I have been able to collect” (see in this regard evidence provided by the petitioner). 3. On July 4, 2025, the respondent authority informed the petitioner of the following: “… at this moment we have no sign, nor budget” (see in this regard evidence provided by the respondent authority). 4. On July 11, 2025, the protected party filed a third complaint by means of a formal written submission, in which she points out the following: “I am addressing you respectfully and formally to express my deep concern and disagreement regarding a situation that directly affects my property and my quality of life since I acquired my house in November 2022, located in the Corina Rodríguez urbanization, Dirección5900. Since that date, I have had to face the constant problem of multiple neighbors coming to leave garbage at the corner of my house. This situation has caused not only nuisances, bad odors, and sanitary risk, but also a clear depreciation of the immediate surroundings of my home. Last June 16, I appeared personally at the municipal offices to request the placement of signs prohibiting leaving garbage at that point. However, I did not obtain any response or follow-up from the staff. Subsequently, on July 4, I sent an email reiterating my request, and the only response I received was that there is no budget nor available signs, without offering any other alternative solution. I consider it unacceptable that, despite the fact that I am punctually charged for the waste collection service, the Municipality does not comply with guaranteeing a clean and orderly environment nor takes measures to prevent acts that threaten public health. Given that no effective solution has been provided to me to date, I place this on record through this letter of my intention to file an administrative lawsuit if this matter is not addressed with the urgency it warrants. What I am requesting is not extraordinary; simply that actions be taken to prevent the corner of my house from continuing to be used as a dump, whether by means of signs, surveillance, sanctions, or any measure that is within the municipal competencies” (see in this regard evidence provided by the petitioner). 5. On July 17, 2025, the vice-mayor of the respondent municipality sent an email to the petitioner, in which he stated the following: “I textually respond with what was answered by the person in charge of Environmental Management. Please provide the recommendation in due course when you deem appropriate” (see in this regard evidence provided by the respondent authority): IV.- ON THE MERITS. In the case at bar, the petitioner alleges that he/she filed several complaints before the respondent local government due to the illegal practice of a disproportionate garbage dump on a public road. Likewise, he/she requested the installation of a sign; however, the problem has not been resolved. He/she requests the intervention of this Chamber. In this regard, the respondent authorities, in their reports rendered under the solemnity of the oath -with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44, of the Law governing this Jurisdiction- assert that they provided a response to the petitioner indicating that they do not have a budget for the placement of a sign. Thus, this Tribunal deems it proven, as evident from the case record, that the respondent authority has not taken any action aimed at effectively resolving the problem related to the illegal practice of a garbage dump on the public road in the locality where the protected party resides. In that sense, note that the mayor of the respondent municipality stated that “a response was given regarding his/her complaints, and he/she was also informed that the municipality currently does not have a budget for signage,” which demonstrates that the respondent authority has not even established a solution or a deadline by which it intends to address the problem under analysis. Based on the foregoing, the action is declared with merit, with the considerations that will be set out in the operative part of this judgment. V.- NOTE FROM JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free of pollution (Article 50, of the Political Constitution), as is the case here, where it is alleged that an environmental complaint was filed; however, as of the date of filing the action, no response has been received, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent standard of quality of life. VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. This Chamber must warn the parties that, if any paper documents have been provided, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be removed from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment, otherwise everything will be destroyed in accordance with the provisions of the “Regulation on the Electronic Court File before the Judiciary” (“Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. THEREFORE: The action is declared with merit. María del Rosario Siles Fernández, also known as María del Rocío Siles Fernández, and Henry David Salazar Quesada, respectively mayor and president of the municipal council, both of the Municipality of Alajuelita, or whoever occupies those positions, are ordered to coordinate what is necessary, take appropriate measures, and issue the corresponding orders within the scope of their respective competencies, so that, within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the reported problem regarding the illegal practice of a garbage dump on the public road affecting the protected party is resolved. The foregoing is issued with the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on those who receive an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo action, and who do not comply with it or do not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The Municipality of Alajuelita is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Judge Salazar Alvarado records a note.- Fernando Cruz C. Interim President Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N. Digitally Signed Document -- Verification Code -- CVSARUHEFZK61 CASE FILE No. 25-029128-0007-CO Telephones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 meters South of the Perpetuo Socorro church). Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judiciary. Its reproduction and/or distribution in an onerous form is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 09:03:35. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República