Res. 92528-2025 Sala Constitucional — Unconstitutionality action against the special regime of the Papagayo Gulf Tourism ProjectAcción de inconstitucionalidad contra el régimen de excepción del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 92528 - 2025

Fecha de la Resolución: 13 de Noviembre del 2025 a las 15:46

Expediente: 25-033926-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 5. ACCIONES CURSADAS

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

ACCIÓN PENDIENTE.

AMBIENTE. SOBRE EL PROYECTO TURÍSTICO DEL GOLFO DE PAPAGAYO
Expediente: 25-033926
Sentencia: Pendiente
Tipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad
Norma impugnada: 1) el numeral 74 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Ley n.° 6043 del 02/03/77; 2) el ordinal 93 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo n.° 7841-P, del 16/11/77, que es el reglamento a la Ley n.° 6043, que reglamenta la norma 74 de la ley; 3) el artículo 1, párrafo final, de la Ley n.° 6370, que se denomina Ley que Declara de Utilidad Pública el Proyecto Turístico Golfo Papagayo, del 20/08/79; 4) los ordinales 2 y 12 de la Ley n.° 6758 del 04/06/1982, que Regula la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo; 5) los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo n.° 33132-MP-T del 9 de febrero de 2005, publicado en La Gaceta n.° 97 del 22 de mayo de 2006, que es decreto de conveniencia nacional, del desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo; y, 6) el ordinal 5.1 incisos i) y j) del Reglamento n.° 4572 del 10/07/1995 del Instituto Costarricense de Turismo, denominado "Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo".
CO11/25

... Ver más
Texto de la resolución

 

*250339260007CO*

EXPEDIENTE:

	

25-033926-0007-CO




PROCESO:

	

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD




ACCIONANTE:

	

[Nombre 001]

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas cuarenta y seis minutos del trece de noviembre de dos mil veinticinco.

          Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por [Nombre 001], mayor, abogado, casado una vez, vecino de Palmares, Alajuela, cédula de identidad [Valor 001], para que se declaren inconstitucionales las siguientes normas:  1) el numeral 74 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Ley n.° 6043 del 02/03/77; 2) el ordinal 93 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo n.° 7841-P, del 16/11/77, que es el reglamento a la Ley n.° 6043, que reglamenta la norma 74 de la ley; 3) el artículo 1, párrafo final, de la Ley n.° 6370, que se denomina Ley que Declara de Utilidad Pública el Proyecto Turístico Golfo Papagayo, del 20/08/79; 4) los ordinales 2 y 12 de la Ley n.° 6758 del 04/06/1982, que Regula la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo; 5) los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo n.° 33132-MP-T del 9 de febrero de 2005, publicado en La Gaceta n.° 97 del 22 de mayo de 2006, que es decreto de conveniencia nacional, del desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo; y, 6) el ordinal 5.1 incisos i) y j) del Reglamento n.° 4572 del 10/07/1995 del Instituto Costarricense de Turismo, denominado "Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo". Lo anterior, por estimarlas contrarias a los principios de no regresión, progresividad, objetivación, irreductibilidad de los ecosistemas, el derecho a un clima sano y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se confiere audiencia por quince días al PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, al MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, al PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, DESIGNADO MINISTRO DE TURISMO y al MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. Las normas se impugnan en cuanto a lo siguiente: PRIMERO: Normas vinculadas a la zona marítimo terrestre (ZMT). Sección primera: la Ley n.° 6043 del 16/03/1977, que es la ley de la Zona Marítima Terrestre (LZMT) señala en el numeral 74: “Casos Especiales. Artículo 74.- En cuanto al proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra, cuyo litoral limita al Norte en el punto de la Cuadrícula Lamber Costa Rica, latitud 2/94 y longitud 3/53, extendiéndose hasta el punto de latitud 2/84 y longitud 3/50, o sea desde Punta Cabuyal hasta Punta Cacique, las áreas afectadas quedarán bajo la administración directa del Instituto Costarricense de Turismo. La reglamentación que regirá ese desarrollo será formulada por el Poder Ejecutivo, previa consulta a ese Instituto.” (El resaltado es del accionante). Alega el accionante que se trata una norma que crea un odioso umbral en el ordenamiento jurídico, excepcionando un proyecto turístico, que originalmente se llamaba proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra, de toda una realidad normativa ambiental, para así generar, sin justificación científica, una especie de enclave sui generis netamente turístico, para un sector de alto estrato, dentro de Costa Rica, que no se regulará al igual que el resto del país. Y es que lo anterior ya es el comienzo de una situación que debe ser visualizada y mesurada, al menos en la parte ambiental, con mucha cautela, dado que en nuestro Estado ninguna playa debería abstraerse de las regulaciones ambientales que vienen a proteger los ecosistemas que son frágiles, porque son sitios de anidación de tortugas, son corredores biológicos y/o contienen zonas boscosas, que son islas contra el calor, para protegernos a los humanos y a la vida silvestre de los efectos del sol, entre otras cosas. Por esto, el solo hecho de encasillar la norma 74, como aquella que permite abstraer la realidad jurídica nacional, para favorecer el turismo de moles comerciales, hoteles y condominios, bajo el paraguas de “casos especiales” merece que se analicen los pormenores del asunto, pues esa situación extraordinaria, o totalmente atípica, es un primer signo que nos marca, sin justificación, una odiosa “no aplicación” del ordenamiento jurídico patrio en una sección nacional, desmejorando así los mecanismos de salvaguardas ambientales existentes. Y es que, ese solo punto de señalar, que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) tendrá la posibilidad de ADMINISTRAR una gran área geográfica, con independencia de otras oficinas, dependencias, o ministerios, no debería existir en un Estado social y ambiental de derecho y, dado lo anterior, ruega considerar los siguientes argumentos. Sección segunda: indica el accionante que, el artículo 74 de la LZMT establece de forma genérica un área geográfica amplia, totalmente continua y sin excepciones, dentro de la zona marítimo terrestre (ZMT) del proyecto turístico de Bahía Culebra, o Papagayo, que estará bajo la administración directa, independiente y autónoma del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Y es precisamente, por esa visión de continuidad ininterrumpida, que dicho artículo tiene un vicio de inconstitucionalidad, en el tanto que no distinguió los espacios en la zona marítimo terrestre (ZMT) donde existen humedales, manglares, o bosques, de los sitios donde no hay este tipo de ecosistemas. La significancia y el impacto ambiental negativo de la norma cuestionada es muy grande, pues todo ecosistema con bosque, humedal, o manglar, es decir todo terreno que es Patrimonio Natural del Estado (PNE) debe estar bajo la tutela, competencia y administración del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Área de Conservación (SINAC), tal y como lo señalan los artículos 6, inciso a) y 13 de la Ley Forestal y 22 y siguientes y concordantes de la Ley de la Biodiversidad (Todas estas normas citadas deben ser analizadas por conexidad, a la luz del numeral 50 constitucional). Por esto es que, si bien para el año 1977, en que se emitió la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, no existían disposiciones como las previstas en la Ley Forestal y la Ley de la Biodiversidad, ni el texto actual de la norma 50 constitucional, tenemos que todo ese bloque normativo hace hoy en día, que el numeral 74 de la LZMT tenga un vicio de inconstitucionalidad, pues el ICT no debería tener la competencia ambiental en supremacía de administración, sobre toda esa franja de la ZMT, dado que ese Instituto no tiene ni la capacidad humana, ni técnica para administrar los sitios que son considerados como PNE. Y ¿qué puede pasar sino se incorpora un criterio progresivo ambiental en la norma cuestionada? Pues que se otorguen concesiones a empresas para hacer sus desarrollos en sitios donde existe PNE. Y es que, con esas concesiones, se puede dar paso a eliminar la cobertura boscosa, o fragmentar corredores biológicos para hacer locales comerciales, hoteles, o condominios y calles públicas etc., en sitios donde, en el resto de Costa Rica, lo citado está totalmente prohibido. La norma 73 de la LZMT nos hizo un acercamiento a la protección ambiental en la LZMT en 1977 y sobre ello la propia Procuraduría General de la República, con buen tino, ha señalado aspectos que trae a colación, pues van en la línea que se ha señalado. Han expuesto los representantes del Estado: “Precisamente, por la naturaleza demanial de la zona marítimo terrestre, artículo 1º de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Nº 6043 de 17 de febrero de 1977)- los bosques y terrenos forestales existentes en dicha zona forman parte del PNE, de conformidad con lo que establece el ya citado artículo 13 de la LF. Dispone este artículo: ''Artículo 13.- Constitución y administración El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por medio de la Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado. Las organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con bosque o de aptitud forestal con fondos provenientes de donaciones o del erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre de este. El artículo 1° de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (LZMT) es claro en establecer el carácter demanial de dicha zona. Esta condición ha sido reiteradamente reconocida por la Sala Constitucional en su jurisprudencia. Por su parte, el artículo 13 de la LF expresamente señala que los bosques y terrenos forestales de las áreas declaradas inalienables forman parte del PNE, y no cabe duda de que la zona marítimo terrestre es una de estas "áreas declaradas inalienables" a que hace referencia el numeral transcrito supra. Lo anterior significa que, en relación con los terrenos de la zona marítimo terrestre (ZMT) cubiertos con bosques o que clasifiquen como terrenos forestales, su administración corresponde al MINAET; pero, además, y en forma consecuente, que respecto de estos no se aplica las disposiciones de la LZMT. En relación con estos terrenos es aplicable lo dispuesto en el artículo 73 de la LZMT, en el tanto que el PNE puede ser asimilado al concepto de "reservas equivalentes" que emplea dicho artículo en virtud de los fines conservacionistas y tutelares del recurso forestal y el ambiente asociado a dicho patrimonio. Por lo tanto, y en relación al PNE que se encuentra dentro de la zona marítimo terrestre, no se aplican las disposiciones de esta Ley, sino lo dispuesto en la LF sobre la materia…” (Criterio emitido dentro de expediente de acción de inconstitucionalidad, número 11-015911-0007-CO) (El resaltado es del accionante). Señala el accionante que, en el texto transcrito, se aprecia que, desde la Procuraduría General de la República, se reconoce que existen sitios a lo largo de las costas nacionales, con bosques y otros ecosistemas que se deben proteger, que estarían alejados de la disposición y administración del ICT, tal y como debe ser. También se aprecia en la jurisprudencia citada, que existen unas diferencias entre las áreas silvestres protegidas y el PNE, pero en ambos casos se deben proteger esos sitios que están en las costas y que son de incuestionable fragilidad ambiental. Con el anterior criterio, se puede tener un ejemplo de lo que, de acuerdo con el principio de progresividad, debe imperar en la Costa Rica del siglo XXI y deja entrever la necesidad de considerar, que existen excepciones que nunca fueron tomadas en cuenta por los legisladores al crear una especie de enclave, o umbral en la LZMT, a favor del ICT y un desarrollo turístico particular. Pero, además, señala y reitera el accionante, que la norma es un caso de excepción, es decir que se sobrepasó todo entendimiento y se vino a crear una zona donde no operaban salvaguardas ambientales, en el tanto que se dio ella en administración total al ICT sin una justa causa y ello es inconstitucional y así pide que se declare. Dicho de otra manera, lo anterior implica que sería inconstitucional el seguir teniendo la norma 74 bajo los mismos estándares de enclave y que se interprete, que todo el proyecto turístico de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra o Papagayo, cuyo litoral limita al Norte en el punto de la Cuadrícula Lamber Costa Rica, latitud 2/94 y longitud 3/53, extendiéndose hasta el punto de latitud 2/84 y longitud 3/50, o sea desde Punta Cabuyal hasta Punta Cacique, se tome en forma ininterrumpida y en administración y tutela del ICT. Es claro, hoy en día, que la administración de los bosques o humedales que estén dentro de los 200 metros de la ZMT deben ser, por especialidad, tomados fuera de toda potestad de administración de una entidad como el ICT, que se creó para manejar simplemente políticas turísticas y desarrollos en esa línea, pero NO para administrar el PNE. Sección tercera: alega el accionante que, sobre esta área, también se debe tener claro que con la emisión de la Ley n.° 6370, que se denomina Ley que Declara de Utilidad Pública el Proyecto Turístico Golfo Papagayo, del 20 de agosto de 1979, se dio una redefinición de límites geográficos del proyecto en la ZMT, de los que fueron establecidos en el año 1977, autorizándose al ICT administrar un área superior costera. Dicha norma incluso dispuso, ampliando el régimen de excepción, o del umbral, lo siguiente, que está el último párrafo del numeral primero que señala: “Artículo 1º.-Declárase de utilidad pública los bienes inmuebles, sean fincas completa, porciones, derechos o intereses patrimoniales legítimos, que por su ubicación sean necesarios para realizar y ejecutar el proyecto turístico en Bahía Culebra, en jurisdicción de la provincia de Guanacaste, que se asentará, sobre la base de la cuadrícula Lambert Costa Rica, del mapa hoja 3047.1 Carrillo Norte, Costa Rica 1: 50.000 (elaborado por el Instituto Geográfico Nacional), y se ubicará entre las siguientes coordenadas: 2.94 Norte con 3.50 Este y 2.94 Norte con 3.62 Este, como límite Norte; 2.85 Norte con 3.50 Este y 2.85 Norte con 3.54 Este y 2.84 Norte con 3.54 Este, y 2.84 Norte con 3.62 Este como límite Sur; 2.94 Norte con 3.62 Este y 2.84 Norte con 3.62 Este, como límite Este; y 2.94 Norte con 3.50 Este y 2.85 Norte con 3.50 Este, y 2.85 Norte con 3.54 Este y 2.84 Norte con 3.54 Este, como límite Oeste. Dicha porción territorial comprende la zona marítima del litoral Pacífico, ubicada desde Punta Cabuya al Norte, hasta un kilómetro al Sur de Punta Ballena…” (El resaltado es del accionante). Por lo dicho, a los efectos de este cuestionamiento constitucional, indica el accionante que bajo la teoría del caso que ha venido exponiendo, se debe partir, para considerar, la ampliación dicha, destacada en negrita, como una que merece, que se distinga la misma, para que se emita un criterio al menos interpretativo, donde se señale, al igual que expuso en la sección anterior, que “desde Punta Cabuya al Norte, hasta un kilómetro al Sur de Punta Ballena” puede seguir en administración del ICT, SALVO en las áreas geográficas donde exista bosque, manglar o humedal, pues la administración sobre ese PNE será labor del SINAC y MINAE realizarla. Sección cuarta: indica el accionante que debe ponderarse, que la potestad y facultad de administrar toda la costa de forma continua, en el área geográfica descrita en la norma 74, o el artículo 1 de la norma n.° 6370, conlleva a poder otorgar concesiones a terceros en sitios que tienen PNE y esto es sumamente grave y peligroso ambientalmente hablando, pues podría llevar a eliminación de sotobosque, talar árboles y perjudicar, o alterar ciclos vitales en corredores biológicos existentes en las áreas concesionadas y en ese tanto, es fundamental que se aprecie lo anterior, para evitar daños irreversibles a los ecosistemas boscosos ubicados en la ZMT del proyecto turístico en mención. Incluso, la “administración” dicha podría también llevar a considerar que se tiene potestad de trazar rutas, o calles en sitios que son boscosos, o hacer vías públicas en sitios con humedales, bosques o manglares para facilitar el “turismo” y eso podría atentar contra la vida silvestre de la ZMT, violentando ello también el principio de irreductibilidad de los ecosistemas y hasta podría transgredirse el derecho a un clima sano, por la pérdida de vegetación y por eliminarse puntos o franjas vitales donde se hace fijación de carbono. El principio de irreductibilidad antes citado, busca el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales en los bosques y encuentra fundamento tanto en el Convenio de Diversidad Biológica (Ley n.°7416) como en la Ley de Biodiversidad, y en los Principios del Enfoque de Ecosistemas de Malawi contenidos en el Reglamento de la Ley de Biodiversidad que conceptualizan dicho enfoque como una estrategia para la gestión integrada de tierras, aguas y recursos vivos como el Principio 5 que dice “A los fines de mantener los servicios de los ecosistemas, la conservación de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas debería ser un objetivo prioritario” o el Principio 6 que señala: “Los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su funcionamiento". Por tanto, es posible extraer, sustentar y desarrollar el principio de irreductibilidad de ecosistemas relevantes basándose tanto en el derecho internacional ambiental, como en la normativa constitucional, legal y reglamentaria interna. Señala que todas esas normas están amparadas en los ordinales 7, 48, 50 y 89 constitucionales que nos hablan sobre los derechos humanos ambientales. Por eso insiste en enmarcar, que al considerarse de forma ininterrumpida la administración del ICT sobre la franja costera indicada del proyecto, esto es inconstitucional, así como inconvencional. También otras diversas normas imponen la obligación de evitar el cambio de uso de suelo en las áreas con cobertura forestal y aptitud forestal en la ZMT, así como el deber de recuperar las áreas deforestadas, o las que fueron dadas en concesión por la abusiva potestad de administración al ICT y entre los cuerpos legales existentes, cita los siguientes: • El párrafo tercero del artículo 3 del Convenio Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas dispone que los Estados Partes deben "tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos”, mientras que por el artículo 4 se adquiere el compromiso de promover la conservación y el reforzamiento de sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero, entre los que se encuentran los bosques. • El artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica estipula el deber de los Estado Parte de administrar los recursos “importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación”, así como el de promover “la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales”. • El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres prioritarias en América Central, en su artículo 10, contiene la obligación estatal de: “tomar todas las medidas posibles para asegurar la conservación de la biodiversidad”; entre éstas, las “que contribuyan a conservar los hábitats naturales y sus poblaciones de especies naturales”. • El Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el desarrollo de Plantaciones Forestales consagra en su artículo 3 el compromiso de los Estados Parte de propiciar que los suelos se utilicen en concordancia con su mejor aptitud; priorizar la rehabilitación de bosques degradados y secundarios y detener o disminuir la presión para la conversión del bosque natural primario a otros usos del suelo. • En esa misma línea, pero en materia de manglares, el artículo 7 del Decreto Ejecutivo n.° 22550-MIRENEM dispone que aquellas áreas que hayan sido desprovistas de manglar mantendrán su condición de tal. Esta disposición de suma importancia pues establece su irreductibilidad y con ella se busca evitar que las zonas de manglar y humedales en general, una vez degradadas, sean objeto de un cambio de uso de suelo. Mientras tanto, el artículo 98 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre establece expresamente la obligación de recomposición de este tipo de ecosistema. • En materia de paisaje, el artículo 72 de la Ley Orgánica del Ambiente, vinculado al 89 constitucional dispone que: cuando para realizar una obra se necesite afectarlo, el paisaje resultante deberá ser, por lo menos, de calidad igual que el anterior, siendo que la jurisprudencia constitucional, por medio de los votos números 3705-1993 y 6324-2003, ha expuesto también que el paisaje es un recurso integrante del derecho fundamental al ambiente, encontrándose por tanto tutelado en los artículos 50 y 89 constitucionales. Asimismo, cita el considerando VIII del voto constitucional 16975-2008 del 12 de noviembre de 2008. Manifiesta que al existir una norma tan genérica que envuelve un área con ecosistemas frágiles, es de vital importancia que, desde esta Sala se considere todo lo señalado y además el novedoso derecho a un clima sano del que ha venido hablando. Este ha sido reconocido en la reciente Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece obligaciones para disminuir o mitigar el impacto del cambio climático, donde los bosques y los humedales juegan un papel fundamental. Sección quinta: el accionante también cuestiona el numeral 93 del Decreto Ejecutivo 7841-P, que es el Reglamento a la Ley n.° 6043, en el tanto reglamenta la norma 74 dicha, que dice: “Disposiciones Especiales. Artículo 93.-De acuerdo con el artículo 74 de la Ley, la zona marítimo terrestre comprendida en el Proyecto de Desarrollo Integral de Bahía Culebra, desde Punta Cabuyal hasta Punta Cacique, queda bajo la administración directa del ICT. Las concesiones en esa área serán otorgadas por dicho instituto; las solicitudes se presentarán ante éste y se tramitarán de acuerdo con el procedimiento contemplado en este reglamento, en lo que fuere aplicable. El ICT otorgará esas concesiones únicamente cuando se ajusten al Plan de Desarrollo Integral o no lo interfieran. Una vez otorgada una concesión, el Instituto lo pondrá en conocimiento de la municipalidad respectiva para que ésta cobre el canon que corresponda. En todo lo demás, regirán para esta zona las disposiciones de la Ley y el reglamento, sin perjuicio de las normas especiales que se puedan dictar.” (El resaltado es del accionante). La inconstitucionalidad y la inconvencionalidad respecto a esta norma estaría bajo los mismos preceptos arriba expuestos, pues contrario a excluir de la ZMT los sitios con bosque, humedales, o manglares, donde no se podrían otorgar concesiones, el Ejecutivo, sin justificación técnica y en abuso de su potestad reglamentaria, guardó silencio (o siguió la línea de lo pedido previamente por el ICT) manteniendo lo previsto en la norma 74 bajo una “administración” continua, así como ininterrumpida, de parte del ICT. Visualícese, que al darse concesiones “especiales” se emiten actos habilitadores donde solamente y por malsana excepción, el ICT tendrá la potestad de considerar lo que es oportuno y necesario en esas secciones y esto pudo generar en el pasado y para el futuro podrían generarse hasta posibilidades de establecer planes de manejo de bosque, o talar bosques, o hasta se podría llegar a eliminar ecosistemas como los sotobosques de forma arbitraria, para hacer casas, condominios etc., pues todo ello estaría en manos de los concesionarios y el ICT, que no tendrían otro límite más que el plan de desarrollo integral hecho por el mismo ICT y la siniestra frase que dice “o no lo interfieran” con dicho plan. Nótese que incluso no existen regulaciones o salvaguardas sobre áreas de protección con los humedales o manglares, cosa que pudo haberse previsto en esa norma 93. Dicho de otra manera, el PNE puede no ser respetado en un 100% y para el futuro pueda ser eliminado total o parcialmente, dado que las concesiones son derechos que se manejarían con independencia del resto del ordenamiento jurídico y todo eso podría generar daños ambientales irreversibles, de ahí que, en criterio del accionante, esta norma está permeada de inconstitucionalidades y de inconvencionalidades y es contraria al numeral 50 constitucional y los convenios antes citados. De hecho, a efecto videndi, debe quedar claro que el ICT ha buscado, o propiciado, la tala de bosques en los sitios dados en concesión en este proyecto y así lo ha manifestado al contestar la acción de inconstitucionalidad prevista dentro del expediente 25-024408-0007-CO11. Véase el ANEXO I aportado, en lo que se señala por el “ente administrador” hasta de los bosques que son PNE: “La figura de “compensación de densidad o coeficiente de ocupación” no implica incremento de densidad y cobertura global, ya que ésta opera únicamente dentro del límite máximo de densidad y cobertura total autorizada para el conjunto de propiedades de un mismo concesionario; además, el concesionario debe cumplir con la normativa nacional para su desarrollo, como lo corresponde el permiso de corta de árboles por SINAC y la viabilidad ambiental que emita SETENA, entre otros y a que el reglamento no sustituye la competencia de las demás instituciones públicas…” Como se puede leer, por ser un enclave turístico, ni el ICT, ni ninguna otra oficina como el SINAC, MINAE, o la SETENA han entendido que en terrenos estatales con bosque, no cabe hacer, ni aprobar talas y por ello es que se hace necesario que se declare la inconstitucionalidad, pues los bosques están siendo talados y eliminados dado que la normativa tiene un enfoque economicista, donde los concesionarios pueden pedir y se les concede hasta cambios de uso del suelo y esto no lo dice el suscrito gestionante, sino que la información proviene directamente de los mismos funcionarios del ICT que administran el proyecto turístico Golfo Papagayo. Para ahondar, siempre con efectos videndi, se aporta en ANEXO II, documento titulado PROTOCOLO PARA REALIZAR ESTUDIO BIOLÓGICO RÁPIDO PROYECTO Bahía Papagayo LOCALIZACIÓN Provincia: 05 Guanacaste Cantón: 05 Carrillo Distrito: 03 Sardinal DATOS DEL DESARROLLADOR, Enjoy Hotel & Resort S.A. donde el biólogo del proyecto, que elabora dicha documentación señala completando las respuestas de los existente en el AP (área del proyecto): “Para su información: En el caso en que el AP donde las actividades, obras o proyectos se localizan parcial o totalmente dentro de un Área Ambientalmente Frágil (AAF), conforme a lo establecido en el Anexo No. 3 del Reglamento General sobre Procedimientos de EIA, y que tiene relevancia desde el punto de vista biológico, en particular las números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (cuando se trate de manglares y otro tipo de humedales protegidos por la legislación) y 11; deberá disponer como base para el llenado de esta casilla, de un estudio biológico rápido, basado en el Protocolo que se detalla en este apartado, que determine los biotopos principales presentes en el AP y la forma en que la actividad, obra o proyecto podría afectarlos durante su desarrollo… 6. Descripción general de los ecosistemas o asociaciones vegetales presentes en el AP (Bosque, Crecimiento secundario viejo, Crecimiento secundario joven, charral, potrero con árboles dispersos, potreros sin árboles, cultivo, cultivo abandonado en recuperación (avanzado, joven) etc.) R/- Las asociaciones vegetales presentes en el AP corresponde En el sitio se localizan elementos como parches de bosque secundario, zona forestal con dominio casi en su totalidad de árboles de Guácimo. En las orillas de la quebrada se encuentran algunos arbustos aislados de mangle blanco (Laguncularia racemosa), es una especie que se encuentra en preocupación menor según la UICN y además, estos se encuentran dentro del área de protección de la quebrada por lo que no se verán afectados por la obra. 7. Descripción general de los ecosistemas o asociaciones vegetales presentes en el entorno del proyecto (Bosque, Crecimiento secundario viejo, Crecimiento secundario joven, charral, potrero con árboles dispersos, potreros sin árboles, cultivo, cultivo abandonado en recuperación (avanzado, joven) etc.) R/- Los ecosistemas o asociaciones vegetales presentes en el entorno del proyecto corresponden a diferentes tipos de ecosistemas, zonas en regeneración y con árboles dispersos, al costado norte y noreste del AP hay presencia humedales con zona de mangle y más allá se encuentra la costa, al costado norte también se encuentran zonas con desarrollo turístico y un uso de suelo más urbano. Costado sur se encuentra el corredor biológico Diría. Cada propiedad se encuentra delimitada por calles públicas. 8. ¿Hay en el AP del proyecto, especies de flora o/y fauna bajo algún grado o categoría de protección? Explique. R/- Solamente la tortuga roja (Rhinoclemmys pulcherrima) está con categoría Vulnerable, según UICN…  10. Si el proyecto requiere cortar árboles (se refiere a árboles que no forman parte de una plantación, o que no fueron sembrados por el desarrollador o dueño de la propiedad, y mayores a 15 cm de DAP) especificar en forma aproximada la cantidad. R/- En el AP será necesario la corta de aproximadamente 1650 individuos. Se realizará el correspondiente trámite de corta ante el MINAE de la localidad. 11. ¿Existe algún ecosistema que puede ser catalogado como frágil en el AP? De existir, descríbalo en forma detallada. R/- Dentro del AP se encuentran cuatro cauces de quebradas, estos cauces no deben ser afectados por las obras ya que se les debe de mantener la zona de protección. Ademas, parte de la propiedad se ubica dentro del Corredor Biológico Diriá. Si bien el proyecto no se ubica dentro de ningún área silvestre protegida, en algunas de las zonas de influencia directa se encuentran humedales que se deben de mantener sin alteraciones, los humedales son ecosistemas protegidos según la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554. Además, tanto el área de influencia directa como el área de influencia indirecta del proyecto se encuentran dentro de la Zona Marítimo Terrestre, por lo que se deben de tomar las medidas de mitigación necesarias…” Como esta autoridad puede leer, efectivamente el ICT ha entregado concesiones en sitios que deben ser tomados como PNE, ubicados tanto en la ZMT, como fuera de ella y esto se replica en diferentes concesiones del proyecto y no debería ser permitido, pues son inmuebles estatales ricos en biodiversidad, donde anidan tortugas, hay áreas donde expresamente se señala que se talaran árboles que son PNE y donde el bosque se está regenerando, o hay corredores biológicos. Todo lo relatado no solo colabora en daños ambientales al PNE, sino que fragmenta diferentes ecosistemas, puesto que hasta calles públicas y cercas perimetrales en los bosques se hacen, interrumpiendo el paso natural y poniendo en peligro de la vida silvestre. Pero volviendo al tema de las inconstitucionales, señala que por su parte la frase del ordinal 93 del reglamento cuestionado, que establece “o no lo interfieran” con el Plan de Desarrollo Integral, es una que establece un concepto indeterminado y ello es sumamente peligroso en materia ambiental, pues puede abrir umbrales generadores de violaciones a los numerales 50 y 89 constitucionales en sitios que son de fragilidad ambiental por estar en la ZMT y por esto pide expresamente acoger la inconstitucionalidad también y se elimine esa frase y en este caso que sea sacada del ordenamiento jurídico en aplicación al criterio precautorio. Ahora, agrega el accionante que incluso el propio Plan de Desarrollo Integral puede abrir espacios oscuros contrarios a la protección ambiental y véase que también existe una declaratoria de conveniencia nacional vigente que cubre todo el enclave, o proyecto, mediante la cual el ICT puede autorizar, o influenciar, o motivar, a que se hagan talas dentro del PNE, de ahí que es necesario que se decrete la inconstitucionalidad. Sección sexta: Incluso, nótese que la norma 74 de la LZMT dispuso en su parte final, que el Poder Ejecutivo podrá reglamentar dicha norma, PERO solamente previa consulta a ese Instituto es decir, acá se observa un privilegio abusivo y en parte, nota el super poder que tiene el ICT para que las cosas se “administren” a su entera conveniencia, discrecionalidad y gusto, pudiendo esto ser contrario a la protección de PNE. A criterio del accionante, es manifiesto que el poder/deber de reglamentación del Ejecutivo de la LZMT se ve disminuido, pues los legisladores dieron un derecho a disponer más allá incluso de la ZMT, para que el ICT tuviera potestad para redactar, organizar y ordenarle al Ejecutivo lo que deseaba, para así tener sus propios reglamentos, para TODO EL DESARROLLO TURISTICO DEL PROYECTO, violentado con esto el principio de progresividad y la transparencia. Por otro lado, si bien el Poder Ejecutivo es quien emite los reglamentos, lo inconstitucional sería el que sea obligatorio “consultar” específicamente de previo al ICT, como si lo que dispusiera este Instituto fuera vinculante, que es la idea que está clara. Es decir, probablemente el procedimiento es que el ICT hace el reglamento y se lo pasa al Poder Ejecutivo, para que este lo publique. Incluso, como se ha señalado en la práctica el SINAC, el ICT o la SETENA, tienen como normalizado el otorgar permisos para talas en terrenos que son PNE. Lo anterior evidencia, que una oficina encargada del turismo, tendría un poder amplio y desbordado, que rompe hasta con la división de poderes en Costa Rica, pues asume una especie de competencia “conjunta” con el Ejecutivo de reglamentar normas con efectos ambientales. Y es que, para apreciar mejor lo que señala, hay que mesurar en conjunto esta disposición de la LZMT, con el resto de las normas cuestionadas, para que se aprecie que el ICT tiene potestades para gobernar en un área, como se tuviere un feudo aspecto que violenta el principio de transparencia, el de razonabilidad y el de proporcionalidad. Por lo dicho, pide declarar inconstitucional esta parte final de la norma 74 de la LZMT para que se elimine el DEBER de consultar PREVIAMENTE al ICT sobre cualquier reglamentación que se vaya a emitir, como si el ICT fuere el superior o al menos igual que el Poder Ejecutivo. Sección séptima: concluyendo: Sobre los aspectos antes señalados y en protección de los ecosistemas en mención, se pide disponer que tanto la norma 74, como la ampliación prevista 1, en la parte final de la Ley que Declara de Utilidad Pública el Proyecto Turístico Golfo Papagayo y el Reglamento de la LZMT cuestionados deben ser declarados como inconstitucionales y también inconvencionales, en el tanto que crearon un umbral que aparta de la administración del MINAE y del SINAC, la administración de los humedales, bosques y manglares ubicados en franja definida por la norma 74 mencionada, ampliada a lo dispuesto en la norma 1 de la Ley n.° 6370. O en su defecto, al menos se pide que se disponga a emitir un voto interpretativo, donde se señale que se excluyen de la administración del ICT los sitios que son PNE dentro de la ZMT en las áreas geográficas descritas en las normas 74 inicialmente y ampliada en el numeral 1 dicho. Sobre la norma reglamentaria 93 del Decreto Ejecutivo 7841-P se pide que se decrete que es inconstitucional el que el ICT tendrá la administración de toda la franja de la ZMT y que amerita disponer un criterio interpretativo, al menos, donde se señale que la administración dicha no abarcará los sitios que son PNE. Sobre el poder de concesionar del ICT, se debe disponer que las concesiones que se emitieron y las que emitan al futuro, o donde se emitan prórrogas, no podrán abarcar sitios que son PNE y se pide que se disponga, que el establecer como únicos límites a las concesiones el Plan de Desarrollo Integral estaría bien y acorde con la Constitución, pero la frase que señala “ o que no lo interfieran” es un concepto números apertus totalmente indeterminado y abusivo que podría generar daños ambientales que debe ser eliminado del ordenamiento jurídico por inconstitucional. Insiste el accionante en que la parte final de la norma 74 de la LZMT, que señala que el Poder Ejecutivo debe consultar al ICT para las reglamentaciones de todo el proyecto de desarrollo turístico, sí debe ser sacada de nuestro ordenamiento jurídico y debe ser declarada como inconstitucional, porque limita y hasta cierto punto coacciona el accionar del Poder Ejecutivo y ello no es lógico, ni como se señaló es proporcional, ni cercano al principio de razonabilidad. Solicita que se pondere que, vía una norma de rango legal, en la LZMT, se establecen limitaciones a la potestad de reglamentar, tal y como lo señala la norma constitucional 140 inciso 3. Nótese también que la redacción de la norma 74 fue claramente abierta y abusiva cuando se dispuso: “La reglamentación que regirá ese desarrollo será formulada por el Poder Ejecutivo, previa consulta a ese Instituto.” (El resaltado es del accionante). Véase que no se trata solo que el Ejecutivo puede reglamentar la norma 74, sino que los legisladores abusivamente otorgaron el derecho/poder para que se le tenga que consultar a ICT prácticamente todo lo que se vaya a reglamentar dentro y fuera de la ZMT, ya que la frase señala que esa obligación abarca no solo lo respectivo a la parte costera, sino al “…proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra…”. En lo anterior es manifiesto que hay un abuso, pues el desarrollo completo trasciende la ZMT y por esto esa frase “ese desarrollo” es inconstitucional o al menos debe interpretarse que al decirse eso se refiere solo a la parte costera y que no tenga vinculación con sitios que son PNE.  SEGUNDO: Ley n.° 6758 del 04/06/1982, que Regula la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo señala en lo que se cuestiona de inconstitucional y de inconvencional:  “Artículo 2.-En el área destinada al desarrollo de este proyecto deberán llevarse a cabo, únicamente las obras previstas en el Plan Maestro, aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo, y todas aquellas obras concordantes con el mismo, de conformidad con las disposiciones de esta ley y de acuerdo con las normas técnicas que este Instituto emita al efecto.” (El resaltado es del accionante) “Artículo 12.-La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo podrá otorgar concesiones sobre el uso de las tierras del proyecto en la zona destinada al mismo, de conformidad con los plazos y las condiciones que el Instituto establezca al efecto, y de conformidad con las disposiciones del Artículo 1073 de la Ley de la Administración Financiera de la República.” (El resaltado es del accionante). Manifiesta el accionante que, en lo previsto en la norma 2 se extrae como generalidad, que se mantiene el criterio de que el ICT será el ente que dispondrá lo oportuno en la administración, tanto en la ZMT como fuera de ella. Incluso, deja al ICT como el único ente que está autorizado a dictar normas técnicas, donde por supuesto, al no señalarse restricciones, tenemos que esa generalización amplísima incluye la potestad de regular los bosques, humedales, manglares, corredores biológicos, aspectos vinculados al clima sano, como lo sería la fijación del carbono y el paisaje etc. En lo anterior se aprecia una inconstitucionalidad y una inconvencionalidad, pues deja de lado los criterios técnicos y salvaguardas vinculadas previstas en normas como la Ley Forestal, respecto al PNE, o los rubros dispuestos en el Acuerdo de París, o la Convención de la Diversidad Biológica relacionado con el artículo 7 también de la Constitución Política, que como es claro, evidencian que se requiere expertiz de oficinas que sí tienen competencias ambientales directas y previstas en las diferentes normas, tal y como se expuso en el punto primero. Por esto, el numeral 2 estaría viciado de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad y así pide que se declare, pues las normas técnicas ambientales, solo las oficinas técnicas y especializadas las deben de emitir. Por su parte la norma 12 de esta Ley n.° 6758, también tiene los mismos vicios en el tanto que los legisladores dispusieron la posibilidad de otorgar concesiones, ya no solo en la ZMT como se estableció en el punto primero de esta gestión, sino que, además, también ahora se amplía a dar concesiones en todas las áreas expropiadas y que están en manos absolutas del ICT, que incluyen PNE y hasta corredores biológicos. Indica que, en realidad con la documentación que cita a efectos videndi, el ICT ha colaborado en desregularizar el criterio de PNE y eso no debe ser permitido, pues con esa potestad de administración ha permitido por acción, o por omisión, talas y afectaciones que fragmentan corredores biológicos, entre otras cosas. Alega el accionante que es probable que el ICT al contestar esta acción señale que en los instrumentos notariales cuando se adquirieron todas las fincas, se puso que las mismas eran de naturaleza de potreros, pero resulta que más de 30 años después, es decir en este 2025, lo que existe en muchos sitios son terrenos con bosques, humedales y hasta manglares que por regeneración natural del bosque han crecido, o porque la naturaleza registral estaba mal citada ya que los topógrafos no tenían ni idea de lo que era un bosque tropical seco y sus estructuras, pero la realidad es que para este año, existen muchos sitios con una cobertura boscosa, o son terrenos de vocación forestal que serían PNE, al pertenecer al Estado y en ese tanto, no deberían ser dados en concesión, pues son el MINAE y el SINAC las dependencias que deben tener la administración absoluta y en ese tanto y siendo que las normas cuestionadas no previeron el PNE, amerita, que con fundamento al principio in dubio pro natura y el principio de irreductibilidad de los ecosistemas, se protejan esos reductos de bosques tropicales seco y se disponga que las normas 2 y 12 son inconstitucionales. Destaca que el informe biológico citado anteriormente a efectos videndi el profesional señaló que quedaban reductos de mangle en las áreas de protección, pero como es de imaginar, esos pocos especímenes, son el vivo ejemplo de que lo existente en el sitio era un manglar, pero por acción antrópica esa vegetación ha sido eliminada inconstitucionalmente, pues son sitios que son PNE.  Recuerda la necesidad de aplicar el principio de irreductibilidad de los ecosistemas por parte de las autoridades y esto debe ser complementado con la citada anteriormente norma 7 del Decreto Ejecutivo n.° 22550-MIRENEM dispone que aquellas áreas que hayan sido desprovistas de manglar mantendrán su condición de tal y que debe haber una recomposición ecosistémica. Pero ¿cómo podría haber esa recomposición si el ICT ha entregado concesiones a empresarios para construir hoteles o condominios o centros comerciales? Por aspectos como este, es que insiste en que se debe mesurar que el enclave creado por excepción ha traído gran eliminación de biodiversidad y de PNE para Costa Rica. No deja de lado que los corredores biológicos en terrenos estatales deberían preservarse, pero acá parece que se miran estos sitios donde fluye la vida, como no estuviéramos hablando de obras a construir dentro de bienes demaniales donde no hay que darles el respeto debido y es posible que el corredor biológico Diría esté siendo fragmentado por la falta de visión y de mesurar lo que es el PNE.  De nuevo, y meramente, con efecto videndi, solicita observar el oficio SETENA-SG-0646-2025 del 20 de mayo del 2025, en ANEXO III, donde se tiene información de varias áreas dadas en concesión dentro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, donde se reconoce la cobertura boscosa que está siendo mantenida a favor de concesionarios que pretenden eliminarla bajo actos inconstitucionales habilitadores del SINAC o del MINAE. Como esta Autoridad podrá observar, existen concesiones dentro del Proyecto Turístico Papagayo con gran cobertura boscosa, es decir PNE, pero por ser el ICT el administrador y el que aprueba las concesiones de los proyectos, se estarían construyendo tal y como lo ha señalado, sobre las áreas de bosques, hoteles, canchas de tenis, etc. y todo sigue adelante olvidando que en terrenos estatales, donde existe o existió bosque no es viable dar concesiones o aprobar cambios de uso del suelo, pero los administradores siguen adelante, generando por acción, u omisión, daños serios desde la perspectiva de vida silvestre, ecosistemas y derechos como el del clima sano y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrados que hacen que sea necesaria la declaratoria de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad, pues lo más básico del principio de irreductibilidad de ecosistemas se está afectando bajo la bandera de la constitución y consolidación de un polo turístico mega hotelero. Y es que mantenerse dentro de los límites del Planeta es una cuestión de supervivencia a largo plazo; reconocer la naturaleza jurídicamente vinculante del respeto por los límites planetarios que mantienen la Tierra dentro del "espacio operativo seguro" es una cuestión de justicia a corto plazo y por ello se acude a esta vía para tratar de poner cordura ambiental en las normas cuestionadas. Recuerda el accionante que a nivel mundial hemos comenzado una etapa donde en lugar de hablar de calentamiento global, ya se cambiaron las palabras y se expone que entramos a la ebullición global, por ello debemos avanzar y desde la sociedad civil, se les pide a ustedes como operadores de justicia ambiental/climática, que observen lo que ocurre en todo el orbe donde hemos rebasado seis de los nueve límites planetarios. Debe saberse que en la reciente sentencia del Pueblo Indígena U”wa y su Miembros vs. Colombia, del 04 de julio de 2024, la Corte IDH consideró respecto al tema lo siguiente: “Los Estados deben tomar en cuenta la “triple crisis planetaria” en el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía del derecho al medio ambiente sano. La triple crisis planetaria describe la interconexión y los efectos combinados de tres amenazas globales: la contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad, y la crisis climática derivada de la explotación y uso de combustibles fósiles y las emanaciones de metano. Al respecto, la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha señalado que esta crisis combinada representa un peligro crítico para la vida en la Tierra, requiriendo una acción urgente y coordinada a nivel global para combatir sus efectos. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) también resalta la naturaleza existencial de esta amenaza, enfatizando que las consecuencias devastadoras de estas crisis interrelacionadas afectan la salud del planeta y de todas sus formas de vida. Por lo anterior, la Corte advierte que la triple crisis planetaria es un desafío complejo y multifacético que requiere una respuesta integrada y urgente para garantizar la sostenibilidad del planeta y el bienestar de sus habitantes”. No se pretende que esta Sala valore prueba técnica, ni que determine lo que es, o no bosque, pero si se le pide que declare que es indispensable que se emita criterio para introducir la variable ambiental en el enclave cuestionado, que ha sido puesto en administración absoluta del ICT. Tiene que verse que el sistema de excepción creado en diferentes cuerpos normativos no puede admitir en este siglo, umbrales donde el PNE cambie su uso del suelo para convertirse en lugares turísticos con casas, hoteles, condominios o canchas de golf, etc. Los bosques y los corredores biológicos deben ser protegidos y sería violatorio a la norma 50 constitucional el disponer que sitios que tienen estos ecosistemas naturales, se transformen en inmuebles que fragmentan ecosistemas frágiles y que interrumpen ciclos vitales. Los errados criterios de los legisladores del siglo pasado o de este, no pueden imperar y pasar por sobre el principio de progresividad, para que se elimine el uso de suelo forestal y que se le de relevancia al uso del suelo turístico, o el urbano y en ese tanto, se pide disponer lo racional y aplicable con el enclave, o polo turístico, que está solo bajo el dominio del ICT, para dar paso a criterios vinculados a la protección del suelo, bosques, humedales, manglares y vida silvestre, o clima, tal y como seria lo esperado en el cambio de paradigma ecocéntrico que debe imperar en un Estado social y ambiental de derecho. Nótese que no se trata de cambiar lo que opera hoy en día, que pudo haber sido desarrollado en sitios donde existían solo potreros, pero sí se pide que se disponga que existen excepciones y que el criterio previsto en la Ley Forestal de bosque, o lo considerado como humedal contemplado en la Ley Orgánica del Ambiente o la norma reglamentaria que protege manglares por ejemplo se respete y se excluya al ICT de ese poder de excepción dado genéricamente en las leyes y reglamentos que se cuestionan. Se pide que se disponga, que es inconstitucional, así como inconvencional el que existan concesiones en sitios que son PNE, corredores biológicos, o donde existieron manglares y que se disponga que el ICT no podrá dar concesiones, ni administrar los sitios con PNE, ni podrá otorgar prórrogas en lugares que son de esa naturaleza protectora del planeta. Se ruega disponer al menos que las normas 2 y 12 acá cuestionadas deberán ser interpretadas para que se disponga que el ICT no puede dar concesiones en sitios con PNE o corredores biológicos y que de existir esto, ello debe ser revisado por la Procuraduría General de la República para que considere lo oportuno a seguir. Incluso, motiva a esta Sala para que disponga lo oportuno y mesure o gradúe la forma de actuar en los sitios con PNE o con manglar o corredores biológicos eliminados o fragmentados, que han sido dados en concesión. TERCERO: El Decreto Ejecutivo n.° 33132-MP-T del 09 de febrero del dos mil cinco, publicado en La Gaceta n.° 97 del 22 de mayo del 2006, que es decreto de conveniencia nacional, del desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo establece: “El Presidente de la República, el Ministro de la Presidencia y el Ministro de Turismo En uso de las facultades establecidas en el artículo 140, incisos 3) y 18) de la Constitución Política, artículos 25, 27 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 y artículo 1 de la Ley Nº 6370 del 03 de setiembre de 1979, Ley que declara de Utilidad Pública el Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo. Considerando: 1º-Que la actividad turística se ha convertido en la principal fuente de divisas para el país y una fuente importante de empleo para los costarricenses. 2º-Que mediante artículo 1 de la Ley Nº 6370 del 3 de setiembre de 1979, se declararon de utilidad públicos los terrenos necesarios para la realización y ejecución del Proyecto Turístico en Bahía Culebra, ubicado en la Provincia de Guanacaste, hoy conocido como Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, bajo administración del Instituto Costarricense de Turismo. 3º-Que dicho Proyecto se ha convertido en el principal polo de desarrollo turístico de toda Centroamérica. 4º-Que la Procuraduría General de la República ha recalcado mediante dictamen C-210-2002, que por Ley el uso del suelo en dicho proyecto es turístico, prevaleciendo éste sobre cualquier otro tipo de uso. 5º-Que los lineamientos establecidos en el Plan Maestro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, hacen de éste un modelo de desarrollo turístico sostenible, al establecer un desarrollo debidamente planificado, bajo administración y supervisión estatal, el cual incorpora variables ambientales, bajas densidades y coberturas, tratamiento adecuado de aguas servidas, etc. 6º-Que es interés del Gobierno de la República apoyar los esfuerzos que realiza el Instituto Costarricense de Turismo para impulsar el desarrollo del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, como un modelo de desarrollo turístico sostenible a nivel internacional. Por tanto, DECRETAN: Artículo 1º-Declarar de conveniencia nacional, el desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, bajo administración del Instituto Costarricense de Turismo ubicado en los cantones de Liberia y Carrillo en la Provincia de Guanacaste. Artículo 2º-Para el óptimo desarrollo de este Proyecto, se insta a todas las dependencias del Gobierno, ministerios e instituciones públicas, para que brinden toda la ayuda y colaboración al mismo, dentro del marco de sus posibilidades materiales y el ámbito de sus respectivas competencias. Artículo 3º-Rige a partir de su publicación…”. Manifiesta el accionante que los decretos de conveniencia nacional lo que establecen son claramente excepciones a la prohibición de talar bosques ubicados en propiedades privadas, según la norma 19 inciso b) de la Ley Forestal, que está ubicada en el Título III. De propiedad forestal privada. Capítulo I. Manejo de bosques. Este decreto de conveniencia nacional tiene múltiples inconsistencias que confrontan la Constitución Política, para iniciar es genérico y no se aprecia en sus considerandos ni siquiera una cita de ninguna georeferencia, ni del cómo se hizo un balance entre lo económico, lo social y lo ambiental y ya en solo eso, se configura y se aprecia una violación al principio de objetivación, puesto ni siquiera hace mención a un expediente de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto general, o una evaluación ambiental estratégica (EAE) que debió de dar sustento a la declaratoria. Es decir, que para el dictado del decreto de conveniencia nacional, ni siquiera los tres ministros firmantes siguieron un criterio científico para haber gestionado ese acto habilitador ambiental de tal magnitud y eso le lleva a afirmar que operó la mera discrecionalidad y por ende existe una inconstitucionalidad. Indica que no se trata de que esta Sala vea o analice prueba técnica, el asunto es que no hay prueba del todo y por esto se alega la violación al principio de tutela científica. Propiamente el principio de objetivación, está meridianamente claro en los votos constitucionales números 2005-14293, 2006-17126 y 2009-2009 y en ellos se ha citado reiteradamente el siguiente párrafo: “De la objetivación de la tutela ambiental: el cual, tal y como lo señaló este Tribunal en sentencia número 14293-2005, de las catorce horas cincuenta y dos horas del diecinueve de octubre del dos mil cinco, es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [refiriéndose al principio precautorio], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” En la misma línea, se ha dispuesto también: “… el principio de la interdicción de la arbitrariedad exige que las decisiones que impactan sobre el medio ambiente estén debidamente apoyadas en criterios técnicos y científicos…” (ver resoluciones No. 634-2021 y No. 21308-2020).  Por lo dicho pide acoger la inconstitucionalidad al carecerse de criterios técnicos y científicos para la declaratoria de conveniencia nacional. Por otro lado, considera el accionante que, es manifiesto, que se nota, en ese decreto, que el mismo permitiría hacer tala rasa de los bosques existentes dentro inmuebles que son del Estado, pero curiosamente nunca participó el ministro del MINAE, aspecto que era medular, por las implicaciones ambientales existentes el área del proyecto turístico Golfo Papagayo y porque las declaratorias de esta naturaleza están previstas en la Ley Forestal. Pero en todo caso, valga decir, que dicho decreto de conveniencia nacional no debería tener la fuerza, ni legal, ni constitucional y menos convencional suficiente para cambiar o autorizar una tala de bosque dentro de un sitio que sea PNE o donde existan corredores biológicos como el Diriá, pues esas autorizaciones de conveniencia nacional aplican, conforme a la norma 19 de la Ley Forestal, solo para terrenos con bosque en propiedad privada, pero los terrenos donde se ubica el proyecto turístico Golfo de Papagayo son bienes demaniales, donde la norma 13 de la Ley Forestal que está vinculada al numeral 50 constitucional, considera a los bosques ahí existentes, como PNE y por ende es totalmente antijurídico aceptar un cambio de uso del suelo pero los mismos se vienen dando, tal y como considera que ha probado con documentos oficiales. Es decir, ICT como administrador de los inmuebles ubicados dentro del proyecto no tendría la posibilidad, ni la capacidad de insinuar y menos motivar un cambio de uso del suelo, pues como se ha dicho, esos inmuebles son terrenos demaniales y los bosques, humedales, lo corredores biológicos y los manglares ahí existentes en este 2025, se deben proteger y debería haber procesos en ejecución de restauración ecosistémica, pues son esas áreas PNE. Dicho de otra manera, no solo sería inconstitucional dar esos sitios con ecosistemas boscosos en concesión, sino que también sería inconstitucional fundamentarse en la declaratoria de conveniencia nacional para motivar, o insinuar la eliminación hasta de un solo árbol de un bosque y menos habría opción para hacer planes de manejo, ni nada por el estilo y así se pide declarar, pues todo esto contraviene las normas 13 y 18 de la Ley Forestal que estarían vinculadas por conexidad con el artículo 50 constitucional y el principio de irreductibilidad de los ecosistemas que se desarrolló y fundamentó arriba. Esta Sala ha señalado: “…la obligación del Estado de cumplir los fines constitucionales señalados en el artículo 50 constitucional, pues evidentemente, como lo ha puntualizado reiteradamente la doctrina de esta Sala, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado irradia a todo el ordenamiento jurídico, vertical y horizontalmente, de manera que, no es posible concebir que sus entes y órganos se aparten del contenido finalista del derecho ambiental, que es la protección y conservación del medio ambiente…” (Voto n.º 21258 – 2010, fecha de la resolución: 22 de diciembre de 2010 a las 2:00 p.m.). Por lo dicho, solicita que se declare como inconstitucional todo el decreto de conveniencia nacional, ya que, aunque existieran los estudios del caso, o lo hubieran firmado presidencia y el ministro del MINAE, sería válido constitucionalmente, pues son terrenos donde los bosques existentes son indiscutiblemente PNE. Llegar a aceptar que el ICT pueda tomar decisiones ambientales donde se afecta la cobertura boscosa, o la biodiversidad, implica desnaturalizar el interés público ambiental que establece la norma 11 de la Ley de la Biodiversidad. Incluso el cambio de uso del suelo conlleva también a la afectación de la vida silvestre conforme lo regula la norma 9 incisos 1) y 2) de la citada Ley de la Biodiversidad, pues nuestros legisladores le dieron un alto valor a la vida en todas sus formas, independientemente del valor económico, actual o potencial. Dichos ordinales estarían por conexidad relacionados con las normas 48, 50 y 89 constitucionales. El principio de irreductibilidad de los ecosistemas incluso establece, más bien un deber estatal de recuperar los bosques dañados por causas antrópicas o naturales y en ese tanto, sería todo un contra sentido pensar que el ICT pueda autorizar y menos motivar el cambiar el uso del suelo, para que se construyan calles, hoteles, villas, centros comerciales, o condominios en terrenos que son PNE, como ya es el caso de las concesiones otorgadas. En el reciente voto n.° 2024003959 del 16 de febrero de 2024 han expuesto desde esta Sala: “Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V). En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”. El principio in dubio pro natura, entonces, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio-, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018).” (el resaltado del accionante). De hecho, también en la jurisprudencia de la Sala Constitucional se señala en el voto de inconstitucionalidad n.° 2013012973 del plan regulador de las playas de Nombre de Jesús y Zapotillal sobre el PNE: “El patrimonio natural del estado es un bien de dominio público cuya su conservación y administración están encomendadas, por la ley, al Ministerio del Ambiente y Energía, mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2°, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, pfo. 2°). Lo integran dos importantes componentes: a) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley Forestal 7575, arts. 1°, pfo. 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, artículo 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, arts. 22 y sigts. y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, artículo 3° incs. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE N° 7152 y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, artículo 82, inciso a). b) Los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley Forestal), que tienen una afectación legal inmediata…” En la Opinión Consultiva OC 32/25 de la Corte IDH se establece: “107… La pérdida en la biodiversidad se ve acelerada debido a factores como la contaminación, la fragmentación del ecosistema, la sobreexplotación y los efectos del cambio Climático… 273. Esta Corte reitera, asimismo, que el derecho al ambiente sano como derecho autónomo protege los componentes del ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger a la naturaleza no solamente por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, sino por su interdependencia vital con los demás organismos que hacen posible la vida en el planeta…” (El resaltado es del accionante). Por lo anterior, ruega ponderar lo que se ha expuesto, donde se debe sacar del ordenamiento jurídico patrio, esa odiosa competencia abusiva de poder ordenar cambios de uso del suelo dentro del proyecto turístico Golfo de Papagayo para evitar los efectos nocivos del cambio climático. Costa Rica no puede darse el lujo de perder ecosistemas boscosos para simplemente favorecer empresarios del turismo que desean construir sus hoteles y condominios y así se pide declarar. Considérese que el Acuerdo de París (Ley n.° 9405), en las normas 4.2 y 7.2.2 establecen que cada Estado deberá tomar medidas para mitigar el cambio climático, puesto que la adaptación es un desafío mundial que incumbe a todas las personas, los Estados y las empresas y lo anterior significa, que se deben proteger los bosques y desde esa perspectiva sería inconvencional el mantener vigente esa competencia del ICT de poder autorizar cambios de usos del suelo en bosques ubicados en terrenos demaniales. Y es que, si se tuviere alguna duda sobre el basamento normativo de esta declaratoria de conveniencia nacional, a efectos videndi sépase que el ICT al dar el informe en la acción de inconstitucionalidad que consta en el expediente citado n.° 25-024408-0007-CO, señaló lo siguiente: “La declaratoria de conveniencia nacional del proyecto (Decreto Ejecutivo N.° 33132 de 2005) refuerza aún más su posición dentro de las políticas públicas estatales, al considerarlo como prioritario para el desarrollo económico, la generación de empleo y la atracción de inversión extranjera directa. Esta declaratoria tiene fundamento en la Ley Forestal N.° 7575, artículo 3, que define las actividades de conveniencia nacional como aquellas cuyo beneficio social supera el costo ambiental, condición que debe demostrarse mediante los instrumentos técnicos correspondientes…” (El resaltado es del accionante). Ahora, tomando lo anterior, considera que el fin de cambio de uso de suelo estaría como algo aceptado por el ICT, dado que estaría previsto como un derecho adquirido que se tiene en el proyecto turístico, pues se señala, sin lugar a dudas, que la declaratoria nace bajo el paraguas de la Ley Forestal. Pero como expuso arriba, no debería operar en sitios que son PNE. Destaca en el párrafo citado, la relevancia meramente económica y atracción de inversionistas del proyecto, lo cual deja de lado el eje ambiental, dentro de la ecuación del desarrollo sostenible por esto reitera lo expuesto arriba de que el desarrollo sostenible utilizado por el ICT es meramente un slogan para vender y promocionar un proyecto que ambientalmente ha dejado a Costa Rica con un gran sin sabor. Finalmente, como destaca en el oficio citado correspondiente, es un hecho cierto, que desde el SINAC están dado permisos para la tala de árboles precisamente apoyados en esta inconstitucional declaratoria de conveniencia nacional y por eso insiste que este decreto debe ser sacado del ordenamiento jurídico lo antes posible. CUARTO: El accionante cuestiona del Reglamento n.° 4572 del 10/07/1995, denominado "Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo" las siguientes normas: “Artículo 5. Los concesionarios del Polo Turístico deben respetar los siguientes lineamientos específicos para el diseño y construcción de su proyecto turístico: 5.1 Sobre el diseño y construcción de los proyectos turísticos… i) Límite de veinte habitaciones promedio por hectárea: Sin perjuicio de las consideraciones específicas que deba realizar la Oficina Ejecutora para un determinado proyecto de desarrollo, según su magnitud y ubicación topográfica, únicamente podrá construirse por hectárea de terreno concesionada veinte habitaciones en promedio, independientemente si el desarrollo involucra unidades habitacionales de hospedaje o residenciales. El cumplimiento de este principio deberá vigilarse por la Oficina Ejecutora, aún en los casos de que el diseño de proyecto implique una concentración de las habitaciones en pocas edificaciones. j) Coeficiente de ocupación de superficie: Deberá mantenerse un coeficiente de ocupación de superficie no mayor al 30% (treinta por ciento) máximo del área total originalmente concesionada, al cual deberán ajustarse los diseños de los proyectos turísticos propuestos.” (El resaltado es del accionante). Manifiesta el accionante que, en las normas señaladas 5.1 incisos i) así como en el inciso j) se establecen parámetros numéricos que no tienen justificación dentro de la ciencia y la técnica y esos porcentajes establecidos violentan el principio de objetivación, o tutela científica contemplados en los votos de esta misma Sala, antes citados n.° 2005-14293, 2006-17126 y 2009-2009 y el principio de interdicción de la arbitrariedad, también arriba citado, contemplados en las resoluciones de esta Sala n.° 634-2021 y No. 21308-2020. Manifiesta el accionante que no existió, ni existe ningún fundamento dentro de la ciencia y la técnica que establezcan una justificación de ningún tipo, que lleven a concluir que 20 habitaciones por hectárea (sin determinar áreas de metros cuadrados de construcción) como límite máximo, tienen un estudio que determinen que esa medida es lo oportuno a construir en sitios con PNE. No se establecieron salvaguardas ambientales sobre el impacto, en bloque, de 20 habitaciones por hectárea y menos se consideró el efecto acumulativo de todo eso, en todo el proyecto, en el polo de atracción turístico de Papagayo y esa falencia es un vicio de constitucionalidad. En la Opinión Consultiva 23/17 de la Corte IDH se señalaba: “165. La Corte ha señalado que el estudio de impacto ambiental debe abarcar el impacto acumulado que han generado los proyectos existentes y los que vayan a generar los proyectos que hubieran sido propuestos… Asimismo, se debe tomar en cuenta el impacto causado por otros proyectos existentes. Este análisis permite concluir de una manera más certera si los efectos individuales y acumulados de actividades existentes y futuras implican un riesgo de daño significativo.” (El resaltado es del accionante). Con base a lo anterior señalado por la Corte IDH, tenemos que el constructo de efectos acumulativos, debe ser entendido como uno de los estándares mínimos interamericanos en cualquier valoración, y esto nunca se valoró, pues como ha señalado, no existieron estudios para cuantificar y mesurar el impacto de 20 habitaciones por hectárea en todas y cada una de las concesiones y por eso, dicho parámetro impuesto a gusto del ICT tiene un vicio de constitucionalidad. En criterio del accionante, ese factor de 20 habitaciones, sin número de metros cuadrados de construcción violenta hoy en día el principio de in dubio pro natura y el principio de irreductibilidad de los ecosistemas, puesto que el proyecto está inmerso en sitios boscosos, que como ha señalado, son PNE donde el efecto acumulativo no ha sido ponderado en conjunto y es que si se trata de un mega proyecto turístico, como se puede ver desde la emisión del numeral 74 de la LZMT, pasando por el decreto de conveniencia nacional y hasta lo contemplado en el Reglamento del Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, es más que manifiesto que todo eso debió ser valorado ambientalmente en conjunto de previo, en aplicación del criterio preventivo y el precautorio y como esto no ha ocurrido, ve la transgresión al principio de tutela científica y pide la declaratoria de inconstitucionalidad. A la fecha, lo único que se tiene claro es que el Poder Ejecutivo, fijó un parámetro, por criterio discrecional del ICT en el espacio geográfico TOTAL del proyecto del desarrollo turístico Golfo de Papagayo y esto debe ser declarado como contrario a las normas 50 y 89 constitucionales y los principios señalados. También, con ese criterio de 20 habitaciones, se tiene que el mismo es uno que puede ser considerado como indeterminado, que violenta el numeral 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica que estipula el deber de los Estados Parte de administrar los recursos “importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación”, así como el deber de promover “la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales”. Recuerda de nuevo, el ordinal 7 del Decreto Ejecutivo n.° 22550-MIRENEM dispone que aquellas áreas que hayan sido desprovistas de manglar mantendrán su condición de tal, por ello el ICT, más bien debería estar gestionando la restauración de ecosistemas dañados o eliminados, si es que fuera un buen administrador de sitios que tienen PNE, pero como queda claro, ellos solo promocionan que se construya sobre áreas boscosas. Por su parte, bajo los mismos criterios de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad, sostiene que la norma 5.1 inciso j) presenta un también un criterio atravesado por la discrecional que es sumamente peligroso. Considera el accionante que al disponerse, sin fundamentos técnicos, que un “un coeficiente de ocupación de superficie no mayor al 30% (treinta por ciento) máximo del área total originalmente concesionada” era inocuo ambientalmente, no tiene ningún sustento. Y el efecto acumulativo de todo eso, en todo el proyecto, en sumatoria de todas las concesiones es algo que nos expone a los riesgos de daños ambientales irreversibles para los ecosistemas boscosos y la biodiversidad en un área geográfica que es PNE por esencia. Afirma el accionante que, esta Sala no encontrará un sustento en ningún lado que avale que ese coeficiente máximo de 30 por ciento de ocupación y que asegure, que el mismo no es impactante negativamente y por eso amerita sacar ese factor de nuestro ordenamiento jurídico y disponer al menos que las áreas deben ser calculadas para cada caso, bajo estudios técnicos y una EAE y más cuando existe patrimonio natural del Estado de por medio en sus alrededores. Y es que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional y lo desarrollado sobre el principio de irreductibilidad de los ecosistemas y la prohibición de cambio de uso del suelo en terrenos forestales propiedad del Estado, todo se inclina por ser categóricos y tajantes y si tenemos que existe hasta un decreto de conveniencia nacional que permite hacer talas, vemos lo peligroso que significa mantener esos criterios de 20 habitaciones por hectárea y el coeficiente del 30 por ciento de ocupación, pues realmente todos esos parámetros numéricos están alejados de establecer salvaguardas ambientales en sitios con PNE. A la fecha se desconocen los daños a los ciclos vitales en los ecosistemas intervenidos por disposiciones como las acá cuestionadas. Es decir, no cabe ni siquiera el argumento de que es mejor tener esos parámetros de 20 habitaciones por hectárea, ni del coeficiente del 30 por ciento de ocupación, pues estamos hablando de factores a operar en lugares donde no cabe hacer intervenciones antrópicas que implican eliminar sotobosque, o bosques, o el hacer caminos que fragmenten los habitad y así pide disponer. Ahora, de nuevo pregunta: ¿de dónde nace ese 30% que permitiría hacer la concentración de edificaciones? Pues bien, ¿por qué no pudo haber sido un 15 % o un 50 %? pero el punto es que, al no existir fundamentos científicos, lo regulado y establecido con un 30%, o en 20 habitaciones sin especificaciones de tamaño, o área de construcción, ello estaría permeado por la inconstitucionalidad por violentar el principio de objetivación. A la fecha, podría hacerse 20 habitaciones de 500 metros cuadrados cada una, es decir, habitaciones de una sola planta, que a lo interno tendrían sus respectivas divisiones como cocina, sala de juegos y televisión, garaje, aposentos individuales o matrimoniales, piscina etc., que en sumatoria podrían abarcar áreas indeterminadas, de sitios que son PNE y como se ve, esto puede tener gran significancia por la indeterminación. Incluso, nótese que 20 habitaciones de 500 metros cuadrados, que podrían sonar como algo menor, abarcarían en realidad una hectárea, donde el impacto ambiental y visual para el recurso suelo, paisaje, bosque, clima, agua en un sitio donde existe PNE sería cuantioso, por eso este otro parámetro sería inconstitucional y así pide declararlo. QUINTO: Manifiesta el accionante que desde la LZMT, hasta lo previsto en el en el Reglamento del Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, el Poder Ejecutivo, bajo los criterios del ICT han estructurado un andamiaje legal para que un proyecto turístico sea administrado por el Instituto, dando prioridad a criterios economicistas, donde la variable ambiental ha pasado de lado en violación a normas como la el ordinal 50 o el 89 constitucionales. Es asombroso que, dentro de esta “estructura” o modelo de desarrollo, las situaciones en violación al principio del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se hayan podido filtrar, para que lo ambiental pase desapercibido y pierda efectividad a través de los años y donde los parámetros en protección de bosques, o de la biodiversidad se perdieran tanto en la ZMT, como fuera de ella y es por esto, que se hace necesario cuestionar en conjunto las normas que ha señalado. Y, en razón de lo anterior, se pide la declaratoria de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad, pues considera que estamos claramente ante un régimen de excepción, atípico, que ha generado una orquestación de voluntades donde desde los altos mandos del el ICT, llevan la batuta para que, como en una sinfonía, por un lado, el Poder Ejecutivo, el SINAC, o el MINAE y la SETENA no actúen como se debe en un Estado Social y Ambiental de Derecho a través de los años. PRETENSIONES: Por lo señalado, el accionante pide que se disponga encontrar con lugar la acción y declarar que el numeral 74 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, el ordinal 93 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo 7841-P, el numeral 1, párrafo final de la Ley n.° 6370, que se denomina Ley que Declara de Utilidad Pública el Proyecto Turístico Golfo Papagayo, los ordinales 2 y 12 de la Ley n.° 6758 que Regula la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo, los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo n.° 33132-MP-T, que es decreto de conveniencia nacional, del desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo y el artículo 5.1 incisos i) así como en el inciso j) del Reglamento n.° 4572 del Instituto Costarricense de Turismo, denominado "Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo" contienen vicios de constitucionalidad y de inconvencionalidad. Pide que se diga que hay un hilo transversal que une a las normas cuestionadas que hace que las mismas puedan ser analizadas en su inconstitucionalidad, tanto a nivel separado, como en conjunto. En lo que ha señalado arriba, para cada norma cuestionada, pide a la Sala mesurar los efectos del cómo deben interpretarse y por otro lado, ruega sacar del ordenamiento jurídico lo que se ha pedido, pues en su criterio se está ante violaciones a varios principios de derecho ambiental y ante transgresiones a las normas 7, 48, 50 y 89 constitucionales, amén de varios instrumentos internacionales ratificados y a varias opiniones consultivas de la Corte IDH. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que acude en defensa del interés difuso a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: La publicación prevista en el numeral 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional tiene por objeto poner en conocimiento de los tribunales y los órganos que agotan la vía administrativa, que la demanda de inconstitucionalidad ha sido establecida, a los efectos de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho pronunciamiento del caso. De este precepto legal se extraen varias reglas. La primera, y quizás la más importante, es que la interposición de una acción de inconstitucionalidad no suspende la eficacia y aplicabilidad en general de las normas. La segunda, es que solo se suspenden los actos de aplicación de las normas impugnadas por las autoridades judiciales en los procesos incoados ante ellas, o por las administrativas, en los procedimientos tendientes a agotar la vía administrativa, pero no su vigencia y aplicación en general. La tercera regla, es que la Sala puede graduar los alcances del efecto suspensivo de la acción. La cuarta es que –en principio-, en los casos de acción directa, como ocurre en esta acción, no opera el efecto suspensivo de la interposición (véase voto n.° 537-91 del Tribunal Constitucional). La quinta regla es que cuando lo alegado es una omisión inconstitucional, no procede ordenar suspensión alguna, dicho en otras palabras, impedir que se realice la conducta omisa, ni la realización de esta última, toda vez que esto, en el último supuesto, implicaría resolver interlocutoriamente la acción de inconstitucionalidad. Es decir, la suspensión de la aplicación de las normas impugnadas, en sede administrativa, solo opera en aquellos casos donde existe un proceso de agotamiento de vía administrativa, lo cual supone la interposición de un recurso de alzada o de reposición contra el acto final por parte de un administrado. Donde no existe contención en relación con la aplicación de la norma, no procede la suspensión de su eficacia y aplicabilidad. En otras palabras, en todos aquellos asuntos donde no existe un procedimiento de agotamiento de vía administrativa, en los términos arriba indicados, la norma debe continuarse aplicando, independientemente de si beneficia -acto administrativo favorable- o perjudica al justiciable -acto desfavorable no impugnado-.  Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. La contestación a la audiencia conferida en esta resolución deberá ser presentada una única vez, utilizando solo uno de los siguientes medios: documentación física presentada directamente en la Secretaría de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio del Sistema de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico [email protected], la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de informes. En cualquiera de los casos, la contestación y demás documentos deberán indicar de manera expresa el número de expediente al cual van dirigidos. La contestación que se rindan por medios electrónicos, deberá consignar la firma de la persona responsable que lo suscribe, ya sea digitalizando el documento físico que contenga su firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones establecidas en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Nº 8454, a efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos generados electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de Gestión en Línea o por el correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 Megabytes. Notifíquese.

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 19-02-2026 11:16:31.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**250339260007CO*

**EXPEDIENT:**

25-033926-0007-CO

**PROCEEDING:**

ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY

**PETITIONER:**

[Nombre 001]

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours forty-six minutes on the thirteenth of November, two thousand twenty-five.

The action of unconstitutionality filed by [Nombre 001], of legal age, attorney, married once, resident of Palmares, Alajuela, identification card number [Valor 001], is hereby admitted, seeking that the following regulations be declared unconstitutional: 1) section 74 of the Maritime Terrestrial Zone Law, Law No. 6043 of 02/03/77; 2) section 93 of the Regulations to the Maritime Terrestrial Zone Law, Executive Decree No. 7841-P, of 16/11/77, which is the regulation to Law No. 6043, which regulates section 74 of the law; 3) article 1, final paragraph, of Law No. 6370, known as the Law Declaring the Golfo Papagayo Tourist Project of Public Utility, of 20/08/79; 4) sections 2 and 12 of Law No. 6758 of 04/06/1982, which Regulates the Execution of the Papagayo Tourist Project; 5) articles 1 and 2 of Executive Decree No. 33132-MP-T of February 9, 2005, published in La Gaceta No. 97 of May 22, 2006, which is a decree of national convenience for the development and execution of the Golfo de Papagayo Tourist Project; and, 6) section 5.1 subsections i) and j) of Regulation No. 4572 of 10/07/1995 of the Costa Rican Tourism Institute, denominated "General Master Plan of the Golfo de Papagayo Tourist Project". The foregoing, on the grounds that they are contrary to the principles of non-regression, progressivity, objectivization, lifetime tenure (irreductibilidad) of ecosystems, the right to a healthy climate, and the right to a healthy and ecologically balanced environment. A fifteen-day hearing is granted to the PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, the MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, the PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, DESIGNATED MINISTRO DE TURISMO, and the MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. The regulations are challenged with respect to the following: FIRST: Regulations linked to the maritime terrestrial zone (ZMT). First section: Law No. 6043 of 16/03/1977, which is the Maritime Terrestrial Zone Law (LZMT) states in section 74: "Special Cases. Article 74.- Regarding the Integrated Development Project of Bahía Culebra, whose coastline is bounded to the North at the point of the Lambert Costa Rica Grid, latitude 2/94 and longitude 3/53, extending to the point of latitude 2/84 and longitude 3/50, that is, from Punta Cabuyal to Punta Cacique, the affected areas shall be under the direct administration of the Costa Rican Tourism Institute. The regulations governing this development shall be formulated by the Executive Branch, after consultation with said Institute." (The highlighting is from the petitioner). The petitioner alleges that this is a regulation that creates an odious threshold in the legal system, excepting a tourist project, originally called the Integrated Development Project of Bahía Culebra, from an entire environmental regulatory reality, in order to generate, without scientific justification, a kind of sui generis, purely tourist enclave for a high-stratum sector within Costa Rica, which will not be regulated like the rest of the country. And this is the beginning of a situation that must be visualized and measured, at least in the environmental aspect, with great caution, given that in our State no beach should be abstracted from the environmental regulations that protect fragile ecosystems, because they are turtle nesting sites, are biological corridors, and/or contain forested areas, which are heat islands to protect humans and wildlife from the effects of the sun, among other things. For this reason, the mere fact of categorizing section 74 as one that allows abstracting from the national legal reality to favor tourism with commercial behemoths, hotels, and condominiums under the umbrella of "special cases" merits analyzing the details of the matter, since this extraordinary, or totally atypical, situation is a first sign that marks, without justification, an odious "non-application" of our country's legal system in a national section, thereby degrading the existing environmental safeguard mechanisms. And it is that this single point of indicating that the Costa Rican Tourism Institute (ICT) will have the possibility to ADMINISTRATE a large geographical area, independently of other offices, dependencies, or ministries, should not exist in a social and environmental rule-of-law State and, given the foregoing, he requests consideration of the following arguments. Second section: the petitioner indicates that article 74 of the LZMT generically establishes a broad, fully continuous, and exception-less geographical area within the maritime terrestrial zone (ZMT) of the Bahía Culebra or Papagayo tourist project, which will be under the direct, independent, and autonomous administration of the Costa Rican Tourism Institute (ICT). And it is precisely because of this vision of uninterrupted continuity that said article has a defect of unconstitutionality, to the extent that it did not distinguish the spaces in the maritime terrestrial zone (ZMT) where wetlands, mangroves, or forests exist from the sites where these types of ecosystems do not exist. The significance and negative environmental impact of the challenged regulation is very large, since every ecosystem with forest, wetland, or mangrove, that is, every land that is Natural Heritage of the State (PNE), must be under the guardianship, competence, and administration of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and the National System of Conservation Areas (SINAC), as indicated in articles 6, subsection a) and 13 of the Ley Forestal and 22 and following and concordant articles of the Biodiversity Law (All these cited regulations must be analyzed by connection, in light of constitutional section 50). This is why, although in 1977, when the Maritime Terrestrial Zone Law was issued, provisions such as those in the Ley Forestal and the Biodiversity Law did not exist, nor did the current text of constitutional section 50, we now have that this entire regulatory block makes section 74 of the LZMT unconstitutional today, because the ICT should not have environmental competence in administrative supremacy over that entire strip of the ZMT, given that this Institute has neither the human nor technical capacity to administer sites that are considered PNE. And what could happen if a progressive environmental criterion is not incorporated into the challenged regulation? Well, concessions could be granted to companies to undertake their developments in sites where PNE exists. And with these concessions, it is possible to proceed to eliminate forest cover (cobertura boscosa), or fragment biological corridors to make commercial premises, hotels, or condominiums and public roads, etc., in sites where, in the rest of Costa Rica, this is totally prohibited. Section 73 of the LZMT gave us an early approach to environmental protection in the LZMT in 1977, and on this matter, the Procuraduría General de la República itself has insightfully pointed out aspects that he brings up, as they align with what has been indicated. The State's representatives have stated: "Precisely, due to the public domain nature of the maritime terrestrial zone - article 1 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone (No. 6043 of February 17, 1977) - the forests and forest lands existing in said zone form part of the PNE, in accordance with what is established in the aforementioned article 13 of the LF. This article provides: ''Article 13.- Constitution and administration The natural heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its heritage. The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage. When applicable, through the Procuraduría General de la República, it shall register the lands in the Public Property Registry as individualized properties owned by the State. Non-governmental organizations that acquire real estate with forest or of forest aptitude with funds from donations or the public treasury, obtained in the name of the State, must transfer them to the State's name. Article 1 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone (LZMT) is clear in establishing the public domain nature of said zone. This condition has been repeatedly recognized by the Constitutional Chamber in its jurisprudence. For its part, article 13 of the LF expressly indicates that the forests and forest lands of areas declared inalienable form part of the PNE, and there is no doubt that the maritime terrestrial zone is one of these 'areas declared inalienable' to which the transcribed section supra refers. The foregoing means that, in relation to the lands of the maritime terrestrial zone (ZMT) covered with forests or that classify as forest lands, their administration corresponds to MINAET; but, additionally, and consequently, that the provisions of the LZMT do not apply to these. In relation to these lands, what is provided in article 73 of the LZMT is applicable, to the extent that the PNE can be assimilated to the concept of 'equivalent reserves' used by said article by virtue of the conservationist and tutelary purposes of the forest resource and the environment associated with said heritage. Therefore, and in relation to the PNE located within the maritime terrestrial zone, the provisions of this Law do not apply, but rather what is provided in the LF on the matter…" (Opinion issued within the action of unconstitutionality file, number 11-015911-0007-CO) (The highlighting is from the petitioner). The petitioner notes that, in the transcribed text, it is evident that, from the Procuraduría General de la República, it is recognized that there are sites along the national coasts with forests and other ecosystems that must be protected, which would be outside the disposition and administration of the ICT, as it should be. It is also apparent in the cited jurisprudence that there are differences between protected wild areas and the PNE, but in both cases, those sites on the coasts that are of unquestionable environmental fragility must be protected. With the preceding criterion, we can have an example of what, in accordance with the principle of progressivity, should prevail in the Costa Rica of the 21st century, and it hints at the need to consider that there are exceptions that were never taken into account by the legislators when creating a type of enclave, or threshold in the LZMT, in favor of the ICT and a particular tourist development. But, in addition, the petitioner points out and reiterates that the regulation is a case of exception, that is, it exceeded all understanding and came to create a zone where environmental safeguards did not operate, to the extent that it was given in total administration to the ICT without just cause, and this is unconstitutional and he requests it be declared as such. Stated another way, the foregoing implies that it would be unconstitutional to continue having section 74 under the same enclave standards and to interpret that the entire tourist project of the Integrated Development of Bahía Culebra or Papagayo, whose coastline is bounded to the North at the point of the Lambert Costa Rica Grid, latitude 2/94 and longitude 3/53, extending to the point of latitude 2/84 and longitude 3/50, that is, from Punta Cabuyal to Punta Cacique, is taken uninterruptedly and under the administration and guardianship of the ICT. It is clear, today, that the administration of the forests or wetlands within the 200 meters of the ZMT must, by specialty, be taken outside any administrative power of an entity like the ICT, which was created to simply manage tourism policies and developments in that line, but NOT to administer the PNE. Third section: the petitioner alleges that, regarding this area, it must also be clear that with the issuance of Law No. 6370, known as the Law Declaring the Golfo Papagayo Tourist Project of Public Utility, of August 20, 1979, there was a redefinition of the geographical limits of the project in the ZMT from those established in 1977, authorizing the ICT to administer a larger coastal area. Said regulation even provided, expanding the regime of exception, or threshold, the following, which is the last paragraph of the first section that states: "Article 1.- The real estate, whether complete properties, portions, rights, or legitimate patrimonial interests, which by their location are necessary to carry out and execute the tourist project in Bahía Culebra, in the jurisdiction of the province of Guanacaste, shall be declared of public utility. This project will be established based on the Lambert Costa Rica grid of the map sheet 3047.1 Carrillo Norte, Costa Rica 1: 50,000 (prepared by the Instituto Geográfico Nacional), and will be located between the following coordinates: 2.94 North with 3.50 East and 2.94 North with 3.62 East, as the North limit; 2.85 North with 3.50 East and 2.85 North with 3.54 East and 2.84 North with 3.54 East, and 2.84 North with 3.62 East as the South limit; 2.94 North with 3.62 East and 2.84 North with 3.62 East, as the East limit; and 2.94 North with 3.50 East and 2.85 North with 3.50 East, and 2.85 North with 3.54 East and 2.84 North with 3.54 East, as the West limit. Said territorial portion comprises the maritime zone of the Pacific coastline, located from Punta Cabuya to the North, up to one kilometer South of Punta Ballena…" (The highlighting is from the petitioner). Therefore, for the purposes of this constitutional challenge, the petitioner indicates that under the theory of the case he has been presenting, one must start by considering the aforementioned expansion, highlighted in bold, as one that merits distinguishing it, so that an at least interpretive criterion is issued, stating, as set out in the previous section, that "from Punta Cabuya to the North, up to one kilometer South of Punta Ballena" may remain under the administration of the ICT, EXCEPT in the geographical areas where there is forest, mangrove, or wetland, since the administration of that PNE will be the task of SINAC and MINAE. Fourth section: the petitioner indicates that it must be weighed that the power and faculty to administer the entire coast continuously, in the geographical area described in section 74, or article 1 of Law No. 6370, entails the ability to grant concessions to third parties in sites that have PNE, and this is extremely serious and dangerous, environmentally speaking, as it could lead to the elimination of undergrowth, felling trees, and harming or altering vital cycles in biological corridors existing in the concession areas, and to that extent, it is essential to appreciate the foregoing to avoid irreversible damage to the forest ecosystems located in the ZMT of the tourist project in question. Even the said "administration" could also lead to considering the power to lay out routes or roads in forested sites, or to build public roads in sites with wetlands, forests, or mangroves to facilitate "tourism," and that could threaten the wildlife of the ZMT, also violating the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of ecosystems, and could even transgress the right to a healthy climate due to the loss of vegetation and the elimination of vital points or strips where carbon sequestration takes place. The principle of lifetime tenure (irreductibilidad) cited above seeks the maintenance of essential ecological processes in forests and finds its basis both in the Convention on Biological Diversity (Law No. 7416) and in the Biodiversity Law, and in the Principles of the Ecosystem Approach of Malawi contained in the Regulations of the Biodiversity Law, which conceptualize this approach as a strategy for the integrated management of lands, waters, and living resources, such as Principle 5, which states: "For the purposes of maintaining ecosystem services, the conservation of the structure and functioning of ecosystems should be a priority objective," or Principle 6, which states: "Ecosystems should be managed within the limits of their functioning." Therefore, it is possible to extract, support, and develop the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of relevant ecosystems based on both international environmental law and domestic constitutional, legal, and regulatory provisions. He points out that all these regulations are protected by constitutional sections 7, 48, 50, and 89, which speak to us about environmental human rights. For this reason, he insists on framing that the continuous, uninterruptedly considered administration of the ICT over the indicated coastal strip of the project is unconstitutional, as well as unconventional. Also, various other regulations impose the obligation to avoid land-use change (cambio de uso del suelo) in areas with forest cover and forest aptitude in the ZMT, as well as the duty to recover deforested areas, or those granted in concession through the abusive administrative power of the ICT. Among the existing legal bodies, he cites the following: • The third paragraph of article 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change provides that the State Parties must "take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects," while article 4 establishes the commitment to promote the conservation and enhancement of sinks and reservoirs of greenhouse gases, among which forests are found. • Article 8 of the Convention on Biological Diversity stipulates the duty of the State Parties to manage resources "important for the conservation of biological diversity, whether within or outside protected areas, to ensure their conservation," as well as to promote "the protection of ecosystems and natural habitats and the maintenance of viable populations of species in natural surroundings." • The Convention for the Conservation of Biodiversity and the Protection of Priority Wild Areas in Central America, in its article 10, contains the state obligation to: "take all possible measures to ensure the conservation of biodiversity"; among these, those "that contribute to conserving natural habitats and their populations of natural species." • The Regional Convention for the Management and Conservation of Natural Forest Ecosystems and the Development of Forest Plantations enshrines in its article 3 the commitment of the State Parties to promote that soils are used in accordance with their best aptitude; prioritize the rehabilitation of degraded and secondary forests; and stop or reduce the pressure for the conversion of primary natural forest to other land uses. • Along the same lines, but regarding mangroves, article 7 of Executive Decree No. 22550-MIRENEM provides that those areas that have been stripped of mangroves will maintain their condition as such. This provision is of utmost importance as it establishes their lifetime tenure (irreductibilidad) and seeks to prevent areas of mangroves and wetlands in general, once degraded, from being subject to a land-use change (cambio de uso del suelo). Meanwhile, article 98 of the Wildlife Conservation Law expressly establishes the obligation to restore this type of ecosystem. • Regarding landscape, article 72 of the Organic Environmental Law, linked to constitutional section 89, provides that: when it is necessary to affect a landscape for the execution of a work, the resulting landscape must be at least of equal quality to the previous one. Constitutional jurisprudence, through rulings No. 3705-1993 and 6324-2003, has also stated that the landscape is a resource that forms part of the fundamental right to the environment, and is therefore protected under constitutional articles 50 and 89. Likewise, he cites recital VIII of constitutional ruling 16975-2008 of November 12, 2008. He states that with the existence of such a generic regulation encompassing an area with fragile ecosystems, it is of vital importance that this Chamber consider everything stated and also the novel right to a healthy climate that it has been discussing. This has been recognized in the recent Advisory Opinion 32/25 of the Inter-American Court of Human Rights, which establishes obligations to reduce or mitigate the impact of climate change, where forests and wetlands play a fundamental role. Fifth section: the petitioner also challenges section 93 of Executive Decree 7841-P, which is the Regulations to Law No. 6043, to the extent that it regulates the aforementioned section 74, which states: "Special Provisions. Article 93.- In accordance with article 74 of the Law, the maritime terrestrial zone comprised in the Integrated Development Project of Bahía Culebra, from Punta Cabuyal to Punta Cacique, is under the direct administration of the ICT. Concessions in that area shall be granted by said institute; applications shall be submitted to it and processed in accordance with the procedure set forth in these regulations, to the extent applicable. The ICT shall grant these concessions only when they conform to the Integrated Development Plan or do not interfere with it. Once a concession is granted, the Institute shall notify the respective municipality so that the latter may collect the corresponding fee. In all other respects, the provisions of the Law and the regulations shall govern for this zone, without prejudice to any special rules that may be issued." (The highlighting is from the petitioner). The unconstitutionality and the unconventionality regarding this regulation would be under the same precepts set out above, because contrary to excluding from the ZMT the sites with forest, wetlands, or mangroves, where concessions could not be granted, the Executive Branch, without technical justification and in abuse of its regulatory power, remained silent (or followed the line of what was previously requested by the ICT), maintaining what was provided in section 74 under a continuous and uninterrupted "administration" by the ICT. Visualize that by granting "special" concessions, enabling acts are issued where, solely and by maligned exception, the ICT will have the power to consider what is opportune and necessary in those sections, and this may have generated in the past and could generate in the future even possibilities to establish forest management plans, or to fell forests, or could even lead to the arbitrary elimination of ecosystems such as undergrowth, to build houses, condominiums, etc., since all of this would be in the hands of the concessionaries and the ICT, who would have no limit other than the integrated development plan made by the ICT itself and the sinister phrase stating "or do not interfere with" said plan. Note that there are not even regulations or safeguards regarding protection areas with wetlands or mangroves, something that could have been foreseen in that section 93. In other words, the PNE may not be 100% respected, and in the future it could be totally or partially eliminated, given that concessions are rights that would be managed independently of the rest of the legal system, and all of this could generate irreversible environmental damage. Hence, in the petitioner's view, this regulation is permeated with unconstitutionalities and unconventionalities and is contrary to constitutional section 50 and the previously cited conventions. In fact, for evidentiary purposes, it must be clear that the ICT has sought, or encouraged, the felling of forests in the sites granted in concession in this project, and it has stated so in responding to the action of unconstitutionality provided for in file 25-024408-0007-CO11. See the attached ANNEX I, in which the "administrating entity" states, even regarding forests that are PNE: "The figure of 'density or occupancy coefficient compensation' does not imply an increase in global density and coverage, since it operates only within the maximum density and total coverage limit authorized for all properties of a single concessionaire; furthermore, the concessionaire must comply with national regulations for its development, such as the corresponding tree cutting permit from SINAC and the environmental feasibility (viabilidad ambiental) issued by SETENA, among others, and because the regulation does not replace the competence of other public institutions…" As can be read, because it is a tourist enclave, neither the ICT, nor any other office such as SINAC, MINAE, or SETENA have understood that on state lands with forest, tree felling cannot take place or be approved, and that is why it is necessary to declare the unconstitutionality, since the forests are being felled and eliminated because the regulations have an developmentalist approach, where concessionaires can request and are granted even land-use changes (cambios de uso del suelo), and this is not stated by the undersigned manager, but rather the information comes directly from the ICT officials who administer the Golfo Papagayo tourist project. To delve deeper, always for evidentiary purposes, ANNEX II is provided, a document titled PROTOCOL FOR CARRYING OUT A RAPID BIOLOGICAL STUDY PROJECT Bahía Papagayo LOCATION Province: 05 Guanacaste Canton: 05 Carrillo District: 03 Sardinal DEVELOPER DATA, Enjoy Hotel & Resort S.A., where the project biologist preparing said documentation indicates, completing the responses for those existing in the AP (project area): "For your information: In the event that the AP where the activities, works, or projects are located partially or totally within an Environmentally Fragile Area (Área Ambientalmente Frágil, AAF), in accordance with what is established in Annex No. 3 of the General Regulations on EIA Procedures, and which is relevant from a biological point of view, particularly numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (when dealing with mangroves and other types of wetlands protected by legislation) and 11; you shall have as a basis for filling out this box a rapid biological study, based on the Protocol detailed in this section, which determines the main biotopes present in the AP and the manner in which the activity, work, or project could affect them during its development… 6. General description of the ecosystems or plant associations present in the AP (Forest, Old secondary growth, Young secondary growth, scrubland, pasture with scattered trees, pasture without trees, cultivation, abandoned cultivation in recovery (advanced, young), etc.) R/- The plant associations present in the AP correspond to: The site contains elements such as patches of secondary forest, a forest zone dominated almost entirely by Guácimo trees. Along the banks of the stream, there are some isolated shrubs of white mangrove (Laguncularia racemosa), a species of least concern according to the IUCN, and furthermore, these are within the stream's protection area and therefore will not be affected by the work. 7.

General description of the ecosystems or plant associations present in the project surroundings (Forest, Old secondary growth, Young secondary growth, scrubland, pasture with scattered trees, pasture without trees, crops, abandoned crops in recovery (advanced, young), etc.) R/- The ecosystems or plant associations present in the project surroundings correspond to different types of ecosystems, areas under regeneration and with scattered trees; on the north and northeast side of the AP there are wetlands with mangrove areas and beyond lies the coast; on the north side there are also areas with tourism development and a more urban land use. On the south side lies the Diría biological corridor. Each property is delimited by public roads. 8. Are there in the project AP species of flora and/or fauna under any degree or category of protection? Explain. R/- Only the red turtle (Rhinoclemmys pulcherrima) is in the Vulnerable category, according to IUCN…  10. If the project requires cutting trees (this refers to trees that are not part of a plantation, or that were not planted by the developer or property owner, and greater than 15 cm DBH), specify the approximate quantity. R/- In the AP it will be necessary to cut approximately 1,650 individuals. The corresponding cutting procedure will be carried out before the local MINAE. 11. Is there any ecosystem that can be classified as fragile in the AP? If so, describe it in detail. R/- Within the AP there are four stream channels; these channels must not be affected by the works, as their protection zone must be maintained. In addition, part of the property is located within the Diría Biological Corridor. Although the project is not located within any protected wilderness area, in some of the direct influence areas there are wetlands that must be kept without alterations; wetlands are protected ecosystems under the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554. Furthermore, both the direct influence area and the indirect influence area of the project are located within the Zona Marítimo Terrestre, so necessary mitigation measures must be taken…” As this authority can read, the ICT has indeed granted concessions in sites that should be considered PNE, located both in the ZMT and outside it, and this is replicated in different concessions of the project and should not be permitted, since they are state-owned properties rich in biodiversity, where turtles nest, there are areas where it is expressly indicated that trees that are PNE will be cut and where the forest is regenerating, or there are biological corridors. Everything related not only contributes to environmental damage to the PNE, but also fragments different ecosystems, since even public roads and perimeter fences in the forests are built, interrupting natural passage and endangering wildlife. But returning to the issue of the unconstitutional ones, it indicates that for its part the phrase of ordinal 93 of the questioned regulation, which establishes “or do not interfere with it” with the Plan de Desarrollo Integral, is one that establishes an indeterminate concept and this is extremely dangerous in environmental matters, since it can open thresholds that generate violations of constitutional numerals 50 and 89 in sites that are environmentally fragile due to being in the ZMT and for this reason it expressly requests that the unconstitutionality also be upheld and that phrase be eliminated and in this case that it be removed from the legal order in application of the precautionary criterion. Now, the claimant adds that even the Plan de Desarrollo Integral itself can open obscure spaces contrary to environmental protection and see that there is also a declaration of national convenience in force that covers the entire enclave, or project, by means of which the ICT can authorize, or influence, or motivate, that cuttings be made within the PNE, hence it is necessary that the unconstitutionality be decreed. Sixth section: Even note that regulation 74 of the LZMT provided in its final part, that the Poder Ejecutivo may regulate said regulation, BUT only after prior consultation with that Institute, that is, here an abusive privilege is observed and in part, note the super power that the ICT has so that things are “administered” at its entire convenience, discretion and taste, and this may be contrary to the protection of PNE. In the claimant's opinion, it is manifest that the power/duty of regulation of the Ejecutivo under the LZMT is diminished, since the legislators gave a right to dispose even beyond the ZMT, so that the ICT would have the authority to draft, organize and order the Ejecutivo what it desired, in order to have its own regulations, for ALL THE TOURISM DEVELOPMENT OF THE PROJECT, thereby violating the principle of progressivity and transparency. On the other hand, while the Poder Ejecutivo is the one that issues the regulations, what would be unconstitutional is that it be mandatory to “consult” specifically beforehand with the ICT, as if what this Institute provided were binding, which is the clear idea. That is, probably the procedure is that the ICT makes the regulation and passes it to the Poder Ejecutivo, so that the latter publishes it. Even, as has been noted in practice, the SINAC, the ICT or the SETENA, have normalized granting permits for cuttings on lands that are PNE. The foregoing shows that an office in charge of tourism would have broad and overflowing power, which even breaks with the division of powers in Costa Rica, since it assumes a kind of “joint” competence with the Ejecutivo to regulate norms with environmental effects. And it is that, to better appreciate what it indicates, one must weigh together this provision of the LZMT, with the rest of the questioned norms, so that it can be seen that the ICT has powers to govern in an area, as if it were a fiefdom, an aspect that violates the principle of transparency, that of reasonableness and that of proportionality. For what has been said, it requests that this final part of regulation 74 of the LZMT be declared unconstitutional so that the DUTY to consult the ICT PREVIOUSLY on any regulation that is to be issued be eliminated, as if the ICT were the superior or at least equal to the Poder Ejecutivo. Seventh section: concluding: On the aspects noted above and in protection of the ecosystems mentioned, it is requested that both regulation 74, and the extension provided for in 1, in the final part of the Law that Declares of Public Utility the Proyecto Turístico Golfo Papagayo and the questioned Reglamento de la LZMT be declared unconstitutional and also non-conventional, insofar as they created a threshold that removes from the administration of MINAE and SINAC, the administration of the wetlands, forests and mangroves located in the strip defined by the aforementioned regulation 74, extended to the provisions of regulation 1 of Law No. 6370. Or failing that, at least it is requested that an interpretive vote be issued, stating that the sites that are PNE within the ZMT in the geographical areas described in regulation 74 initially and extended in numeral 1 thereof are excluded from the administration of the ICT. Regarding regulatory norm 93 of the Decreto Ejecutivo 7841-P, it is requested that it be decreed that it is unconstitutional for the ICT to have the administration of the entire ZMT strip and that an interpretive criterion at least be issued, stating that said administration shall not encompass sites that are PNE. Regarding the ICT's power to grant concessions, it must be provided that the concessions that were issued and those issued in the future, or where extensions are issued, may not encompass sites that are PNE and it is requested that it be provided that establishing the Plan de Desarrollo Integral as the sole limits to the concessions would be fine and in accordance with the Constitution, but the phrase that states “or that do not interfere with it” is a completely indeterminate and abusive numerus apertus concept that could generate environmental damage that must be eliminated from the legal order as unconstitutional. The claimant insists that the final part of regulation 74 of the LZMT, which states that the Poder Ejecutivo must consult the ICT for the regulations of the entire tourism development project, must be removed from our legal order and must be declared unconstitutional, because it limits and to a certain extent coerces the actions of the Poder Ejecutivo and this is not logical, nor, as noted, is it proportional, nor close to the principle of reasonableness. It requests that it be weighed that, via a legal-rank norm, in the LZMT, limitations are established on the regulatory power, just as constitutional norm 140 paragraph 3 indicates. Note also that the drafting of regulation 74 was clearly open and abusive when it was provided: “The regulation that will govern that development shall be formulated by the Poder Ejecutivo, after prior consultation with that Institute.” (The highlighting is by the claimant). See that it is not just that the Ejecutivo can regulate regulation 74, but that the legislators abusively granted the right/power so that the ICT has to be consulted practically on everything that is to be regulated within and outside the ZMT, since the phrase states that this obligation covers not only what is related to the coastal part, but the “…Proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra…”. In the above it is manifest that there is an abuse, since the complete development transcends the ZMT and for this reason that phrase “that development” is unconstitutional or at least it should be interpreted that when saying this it refers only to the coastal part and has no connection with sites that are PNE. SECOND: Law No. 6758 of 04/06/1982, which Regulates the Execution of the Proyecto Turístico de Papagayo, states in what is questioned as unconstitutional and non-conventional:  “Article 2.-In the area destined for the development of this project, only the works provided for in the Master Plan, approved by the Instituto Costarricense de Turismo, and all those works consistent with it, shall be carried out, in accordance with the provisions of this law and in accordance with the technical standards that this Institute issues to that effect.” (The highlighting is by the claimant) “Article 12.-The Board of Directors of the Instituto Costarricense de Turismo may grant concessions over the use of the project lands in the zone destined for it, in accordance with the terms and conditions that the Institute establishes to that effect, and in accordance with the provisions of Article 1073 of the Ley de la Administración Financiera de la República.” (The highlighting is by the claimant). The claimant states that, in what is provided in regulation 2, it is generally extracted that the criterion that the ICT will be the entity that will arrange what is opportune in the administration, both in the ZMT and outside it, is maintained. Even, it leaves the ICT as the sole entity that is authorized to issue technical standards, where of course, as no restrictions are indicated, we have that this extremely broad generalization includes the power to regulate forests, wetlands, mangroves, biological corridors, aspects linked to a healthy climate, such as carbon fixation and the landscape, etc. In the foregoing, unconstitutionality and non-conventionality are observed, since it sets aside the technical criteria and linked safeguards provided in norms such as the Ley Forestal, regarding the PNE, or the items provided in the Paris Agreement, or the Convention on Biological Diversity related to article 7 also of the Constitución Política, which, as is clear, show that the expertise of offices that do have direct environmental competences provided in the different norms is required, just as set forth in the first point. For this reason, numeral 2 would be vitiated with unconstitutionality and non-conventionality and it is so requested that it be declared, since the environmental technical standards should only be issued by the specialized technical offices. For its part, regulation 12 of this Law No. 6758, also has the same vices insofar as the legislators provided the possibility of granting concessions, no longer only in the ZMT as established in the first point of this filing, but rather it is now also extended to granting concessions in all the expropriated areas that are in the absolute hands of the ICT, which include PNE and even biological corridors. It indicates that, in reality, with the documentation that it cites for videndi purposes, the ICT has collaborated in deregulating the criterion of PNE and this should not be permitted, since with this power of administration it has allowed, by action, or by omission, cuttings and impacts that fragment biological corridors, among other things. The claimant alleges that it is probable that the ICT upon answering this action will indicate that in the notarial instruments when all the properties were acquired, they were described as being pasturelands in nature, but it turns out that more than 30 years later, that is, in this 2025, what exists in many sites are lands with forests, wetlands and even mangroves that have grown through natural regeneration of the forest, or because the cadastral nature was badly cited since the surveyors had no idea what a tropical dry forest and its structures were, but the reality is that by this year, there are many sites with forest cover (cobertura boscosa), or they are lands of forest vocation that would be PNE, belonging to the State and in that regard, they should not be granted in concession, since it is MINAE and SINAC that must have the absolute administration and in that regard and since the questioned norms did not foresee the PNE, it warrants that, based on the in dubio pro natura principle and the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of ecosystems, those remnants of tropical dry forests be protected and that regulations 2 and 12 be declared unconstitutional. Highlights that the biological report previously cited for videndi purposes, the professional indicated that there remained mangrove remnants in the protection areas, but as one can imagine, those few specimens are the living example that what existed on the site was a mangrove, but through anthropic action that vegetation has been eliminated unconstitutionally, since they are sites that are PNE. It recalls the need to apply the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of ecosystems by the authorities and this must be complemented with the aforementioned regulation 7 of the Decreto Ejecutivo No. 22550-MIRENEM, which provides that those areas that have been stripped of mangrove shall maintain their condition as such and that there must be an ecosystemic recomposition. But how could there be that recomposition if the ICT has granted concessions to businesspeople to build hotels or condominiums or shopping centers? Because of aspects like this, it insists that one must weigh that the enclave created by exception has brought about a significant elimination of biodiversity and of PNE for Costa Rica. It does not set aside that biological corridors on state lands should be preserved, but here it seems these sites where life flows are viewed as if we were not talking about works to be built within public domain assets where due respect should not be given and it is possible that the Diría biological corridor is being fragmented by the lack of vision and of weighing what the PNE is. Again, and merely, for videndi purposes, it requests to observe the official communication SETENA-SG-0646-2025 of May 20, 2025, in ANNEX III, where there is information on several areas granted in concession within the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, where the forest cover (cobertura boscosa) that is being maintained in favor of concessionaires who seek to eliminate it under unconstitutional enabling acts of SINAC or MINAE is acknowledged. As this Authority will be able to observe, there are concessions within the Proyecto Turístico Papagayo with significant forest cover (cobertura boscosa), that is, PNE, but because the ICT is the administrator and the one that approves the concessions for the projects, they would be building, as has been pointed out, on the forest areas, hotels, tennis courts, etc. and everything moves forward forgetting that on state lands, where a forest exists or existed, it is not viable to grant concessions or approve land-use changes (cambio de uso del suelo), but the administrators move forward, generating by action, or omission, serious damage from the perspective of wildlife, ecosystems and rights such as the right to a healthy climate and the right to a healthy and ecologically balanced environment, which makes the declaration of unconstitutionality and non-conventionality necessary, since the most basic principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of ecosystems is being affected under the banner of the constitution and consolidation of a mega-hotel tourism hub. And staying within the Planet's limits is a matter of long-term survival; recognizing the legally binding nature of respect for the planetary boundaries that maintain the Earth within the "safe operating space" is a matter of short-term justice and for this reason this avenue is resorted to in order to try to bring environmental sanity to the questioned norms. The claimant recalls that worldwide we have begun a stage where instead of talking about global warming, the words have already changed and it is stated that we are entering global boiling, therefore we must advance and from civil society, you are asked as operators of environmental/climate justice, to observe what is happening throughout the globe where we have exceeded six of the nine planetary boundaries. It must be known that in the recent judgment of the Pueblo Indígena U”wa y sus Miembros vs. Colombia, of July 4, 2024, the Inter-American Court considered regarding the issue the following: “States must take into account the ‘triple planetary crisis’ in fulfilling their obligations to respect and guarantee the right to a healthy environment. The triple planetary crisis describes the interconnection and combined effects of three global threats: environmental pollution, biodiversity loss, and the climate crisis derived from the exploitation and use of fossil fuels and methane emissions. In this regard, the United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme (UNEP) has pointed out that this combined crisis represents a critical danger to life on Earth, requiring urgent and coordinated global action to combat its effects. The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) also highlights the existential nature of this threat, emphasizing that the devastating consequences of these interrelated crises affect the health of the planet and all its life forms. Therefore, the Court warns that the triple planetary crisis is a complex and multifaceted challenge that requires an integrated and urgent response to ensure the sustainability of the planet and the well-being of its inhabitants.” It is not intended that this Chamber evaluate technical evidence, nor that it determine what is, or is not forest, but it is requested that it declare that it is essential that a criterion be issued to introduce the environmental variable into the questioned enclave, which has been placed under the absolute administration of the ICT. It must be seen that the system of exception created in different regulatory bodies cannot admit in this century, thresholds where the PNE changes its land use to become tourist places with houses, hotels, condominiums or golf courses, etc. Forests and biological corridors must be protected and it would be a violation of constitutional norm 50 to provide that sites that have these natural ecosystems be transformed into real estate that fragment fragile ecosystems and interrupt vital cycles. The erroneous criteria of the legislators of the last century or of this one, cannot prevail and override the principle of progressivity, so that the forest land use is eliminated and relevance is given to the tourist or urban land use and in that regard, it is requested to order what is rational and applicable with the enclave, or tourist hub, which is solely under the domain of the ICT, to give way to criteria linked to the protection of land, forests, wetlands, mangroves and wildlife, or climate, as would be expected in the ecocentric paradigm shift that must prevail in a social and environmental state of law. Note that it is not about changing what operates today, which may have been developed on sites where only pasture existed, but yes it is requested that it be provided that there are exceptions and that the criterion provided in the Ley Forestal concerning forest, or what is considered as a wetland contemplated in the Ley Orgánica del Ambiente or the regulatory norm that protects mangroves, for example, be respected and the ICT be excluded from that power of exception given generically in the laws and regulations that are questioned. It is requested that it be provided that it is unconstitutional, as well as non-conventional, for there to be concessions on sites that are PNE, biological corridors, or where mangroves existed and that it be provided that the ICT may not grant concessions, nor administer sites with PNE, nor may it grant extensions in places that are of that protective nature for the planet. It is pleaded that at least regulations 2 and 12 here questioned be interpreted so as to provide that the ICT cannot grant concessions on sites with PNE or biological corridors and that if this exists, it must be reviewed by the Procuraduría General de la República for it to consider what is opportune to proceed. Even, it urges this Chamber to order what is opportune and weigh or grade the manner of acting in sites with PNE or with mangrove or biological corridors that have been eliminated or fragmented and that have been granted in concession. THIRD: The Decreto Ejecutivo No. 33132-MP-T of February 9, two thousand five, published in La Gaceta No. 97 of May 22, 2006, which is a decree of national convenience, for the development and execution of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, establishes: “The President of the Republic, the Minister of the Presidency and the Minister of Tourism, In use of the powers established in article 140, paragraphs 3) and 18) of the Constitución Política, articles 25, 27 paragraph 1) of the Ley General de la Administración Pública, No. 6227 of May 2, 1978 and article 1 of Law No. 6370 of September 3, 1979, Law that declares of Public Utility the Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo. Considering: 1º-That tourism activity has become the main source of foreign exchange for the country and an important source of employment for Costa Ricans. 2º-That by article 1 of Law No. 6370 of September 3, 1979, the lands necessary for the realization and execution of the Tourism Project in Bahía Culebra, located in the Province of Guanacaste, now known as Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, under the administration of the Instituto Costarricense de Turismo, were declared of public utility. 3º-That said Project has become the main tourism development hub of all Central America. 4º-That the Procuraduría General de la República has emphasized through opinion C-210-2002, that by Law the land use in said project is tourism, prevailing over any other type of use. 5º-That the guidelines established in the Master Plan of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, make it a model of sustainable tourism development, by establishing a duly planned development, under state administration and supervision, which incorporates environmental variables, low densities and coverages, adequate treatment of wastewater, etc. 6º-That it is in the interest of the Government of the Republic to support the efforts made by the Instituto Costarricense de Turismo to promote the development of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, as a model of sustainable tourism development at the international level. Therefore, THEY DECREE: Article 1º-To declare of national convenience, the development and execution of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, under the administration of the Instituto Costarricense de Turismo located in the cantons of Liberia and Carrillo in the Province of Guanacaste. Article 2º-For the optimal development of this Project, all government agencies, ministries and public institutions are urged to provide all help and collaboration to it, within the framework of their material possibilities and the scope of their respective competences. Article 3º-Rules as from its publication…”. The claimant states that decrees of national convenience clearly establish exceptions to the prohibition on cutting forests located on private properties, according to regulation 19 paragraph b) of the Ley Forestal, which is located in Title III. On private forest property. Chapter I. Forest management. This decree of national convenience has multiple inconsistencies that confront the Constitución Política. To begin with, it is generic and not even a mention of any georeference is seen in its considerandos, nor of how a balance was made between the economic, the social and the environmental and in that alone, a violation of the principle of objectification is evidenced, since it does not even mention an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) file on the general project, or a strategic environmental assessment (evaluación ambiental estratégica, EAE) that should have provided support for the declaration. That is to say, that for the issuance of the decree of national convenience, not even the three signing ministers followed a scientific criterion to have managed that environmental enabling act of such magnitude and this leads it to affirm that mere discretion operated and therefore there is an unconstitutionality. It indicates that it is not a matter for this Chamber to see or analyze technical evidence, the issue is that there is no evidence at all and for this reason the violation of the principle of scientific protection is alleged. Specifically, the principle of objectification is meridianly clear in constitutional votes numbers 2005-14293, 2006-17126 and 2009-2009 and in them the following paragraph has been repeatedly cited: “On the objectification of environmental protection: which, just as this Court stated in judgment number 14293-2005, at fourteen fifty-two hours of October nineteen, two thousand five, is a principle that in no way can be confused with the former [referring to the precautionary principle], insofar as, derived from the provisions of articles 16 and 160 of the Ley General de la Administración Pública, it translates into the need to accredit decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and with provisions of a general nature –both legal and regulatory–, from which the requirement of ‘linkage to science and technique’ is derived, with which, the discretion of the Administration in this matter is conditioned. So that in attention to the results derived from those technical studies –such as environmental impact studies–, if an objective technical criterion is evidenced that denotes the probability of evident damage to the environment, natural resources, or people's health, it becomes obligatory to reject the proposed project, work or activity; and in case of a ‘reasonable doubt’ it becomes obligatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.” Along the same lines, it has also been provided: “… the principle of the prohibition of arbitrariness requires that decisions that impact the environment be duly supported by technical and scientific criteria…” (see resolutions No. 634-2021 and No. 21308-2020). For what has been said, it requests that the unconstitutionality be upheld since there is a lack of technical and scientific criteria for the declaration of national convenience. On the other hand, the claimant considers that it is manifestly evident in that decree that it would allow clear-cutting of the forests existing within properties that belong to the State, but curiously the minister of MINAE never participated, an aspect that was central, due to the existing environmental implications in the area of the Golfo Papagayo tourism project and because declarations of this nature are provided for in the Ley Forestal. But in any case, it is worth saying that said decree of national convenience should not have sufficient legal, constitutional, much less conventional force to change or authorize a cutting of forest within a site that is PNE or where there are biological corridors such as the Diriá, since those authorizations of national convenience apply, in accordance with regulation 19 of the Ley Forestal, only to lands with forest under private property, but the lands where the Golfo de Papagayo tourism project is located are public domain assets, where regulation 13 of the Ley Forestal, which is linked to constitutional numeral 50, considers the forests existing there as PNE and therefore it is totally anti-juridical to accept a land-use change (cambio de uso del suelo), but they have been occurring, as it considers it has proven with official documents. That is to say, the ICT as administrator of the properties located within the project would not have the possibility, nor the capacity to suggest, much less motivate a land-use change (cambio de uso del suelo), since as has been said, those properties are public domain lands and the forests, wetlands, biological corridors and mangroves existing there in this 2025 must be protected and there should be processes underway for ecosystemic restoration, since those areas are PNE.

Stated differently, it would not only be unconstitutional to grant those sites with forest ecosystems in concession, but it would also be unconstitutional to rely on the declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional) to justify, or to insinuate the elimination of even a single tree from a forest, and even less would there be an option to make management plans or anything of the sort, and it is so requested to be declared, since all of this contravenes Articles 13 and 18 of the Forest Law (Ley Forestal), which would be linked by connection with Article 50 of the Constitution and the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of ecosystems that was developed and grounded above. This Chamber has indicated: “…the obligation of the State to fulfill the constitutional purposes set forth in Article 50 of the Constitution, because evidently, as the doctrine of this Chamber has repeatedly pointed out, the right to a healthy and ecologically balanced environment radiates throughout the entire legal system, vertically and horizontally, so that it is not possible to conceive that its entities and organs depart from the finalistic content of environmental law, which is the protection and conservation of the environment…” (Voto n.º 21258 – 2010, date of the resolution: 22 December 2010 at 2:00 p.m.). For the foregoing, he requests that the entire decree of national convenience be declared unconstitutional, since, even if the case studies existed, or if it had been signed by the presidency and the minister of MINAE, it would be constitutionally valid, because these are lands where the existing forests are indisputably PNE. To come to accept that the ICT can make environmental decisions affecting forest cover (cobertura boscosa), or biodiversity, implies denaturing the public environmental interest established by Article 11 of the Biodiversity Law (Ley de la Biodiversidad). Even the land-use change (cambio de uso del suelo) also entails the affectation of wildlife as regulated by Article 9, subsections 1) and 2) of the cited Biodiversity Law, since our legislators gave a high value to life in all its forms, regardless of economic value, current or potential. Said articles would be related by connection with Articles 48, 50, and 89 of the Constitution. The principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of ecosystems even establishes, rather, a state duty to recover forests damaged by anthropic or natural causes, and to that extent, it would be entirely nonsensical to think that the ICT can authorize, and even less motivate, changing the land use, so that streets, hotels, villas, shopping centers, or condominiums are built on lands that are PNE, as is already the case with the concessions granted. In recent vote n.° 2024003959 of 16 February 2024, they have set forth from this Chamber: “For its part, the in dubio pro natura principle means, according to the ‘World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the Rule of Law in Environmental Matters,’ that ‘in case of doubt, all proceedings before courts, administrative bodies, and other decision-makers shall be resolved in a way that favors the protection and conservation of the environment, giving preference to the least harmful alternatives. Actions shall not be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived from them’ (see principle V). In this sense, according to the document ‘95 Environmental Legal Principles for an Ecologically Sustainable Development’ (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of session no. 28-2020 of 25 May 2020), ‘Every operator of environmental norms must always keep in mind the pro natura principle, according to which risks shall be avoided, general collective interests shall be privileged over particular ones, the preservation of the environment shall be favored, and in case of doubt, the interpretation that most broadly protects the environment shall be preferred.’ The in dubio pro natura principle, then, does not depend on there being a danger of serious or irreversible harm—as occurs with the precautionary principle—but rather implies a ‘general rule of conduct, for the relationship of the State—and society in general—with the environment, applicable to all areas of decisions in which there is a risk of affectation to the environment, and which obliges us to avoid opting for those conducts that may cause harm to the environment, when other options exist’ (Olivares and Lucero, 2018).” (highlighted by the petitioner). In fact, also in the jurisprudence of the Constitutional Chamber, it is stated in the unconstitutionality vote n.° 2013012973 regarding the regulatory plan of the beaches of Nombre de Jesús and Zapotillal on the PNE: “The state natural heritage (patrimonio natural del estado) is a public domain asset whose conservation and administration are entrusted, by law, to the Ministry of Environment and Energy, through the National System of Conservation Areas (Ley Forestal, arts. 6 subs. a and 13 para. 2°, and 14; Ley Orgánica del Ambiente, Article 32, para. 2°). It is composed of two important components: a) The Protected Wild Areas, whatever their management category, declared by Law or Executive Decree: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Ley Forestal 7575, arts. 1°, para. 2°, 3° subsection i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, Article 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, arts. 22 et seq. and 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, Article 3° subs. d and f, in relation to the Ley Orgánica del MINAE N° 7152 and its Regulations; Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, Article 82, subsection a). b) The other forests and forested or forest-apt lands of the State and public institutions (Article 13 of the Ley Forestal), which have an immediate legal affectation…” In Advisory Opinion OC 32/25 of the Inter-American Court of Human Rights, it is established: “107… The loss of biodiversity is accelerated due to factors such as pollution, ecosystem fragmentation, overexploitation, and the effects of Climate Change… 273. This Court reiterates, likewise, that the right to a healthy environment as an autonomous right protects the components of the environment, such as forests, rivers, seas, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence about the risk to individual persons. It is about protecting nature not only because of the effects that its degradation could cause on other rights of persons, but because of its vital interdependence with the other organisms that make life on the planet possible…” (Highlighted by the petitioner). For the foregoing, he prays to weigh what has been set forth, where that odious abusive competence to order land-use changes (cambios de uso del suelo) within the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo must be removed from the national legal system to avoid the harmful effects of climate change. Costa Rica cannot afford the luxury of losing forest ecosystems (ecosistemas boscosos) simply to favor tourism entrepreneurs who wish to build their hotels and condominiums, and it is so requested to be declared. Consider that the Paris Agreement (Ley n.° 9405), in Articles 4.2 and 7.2.2, establishes that each State must take measures to mitigate climate change, since adaptation is a global challenge that concerns all persons, States, and companies, and the foregoing means that forests must be protected, and from that perspective, it would be unconventional to maintain in force that competence of the ICT to authorize land-use changes (cambios de usos del suelo) in forests located on public domain lands. And, if there were any doubt about the normative basis of this declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional), for the sake of the record, let it be known that the ICT, when giving the report in the unconstitutionality action contained in the cited expediente n.° 25-024408-0007-CO, stated the following: “The declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional) of the project (Decreto Ejecutivo N.° 33132 of 2005) further reinforces its position within state public policies, considering it as a priority for economic development, employment generation, and the attraction of direct foreign investment. This declaration is based on the Ley Forestal N.° 7575, Article 3, which defines activities of national convenience as those whose social benefit outweighs the environmental cost, a condition that must be demonstrated through the corresponding technical instruments…” (Highlighted by the petitioner). Now, taking the foregoing into account, he considers that the purpose of land-use change (cambio de uso del suelo) would be something accepted by the ICT, given that it would be foreseen as an acquired right that exists in the tourism project, since it is indicated, without a doubt, that the declaration is born under the umbrella of the Ley Forestal. But as set forth above, it should not operate in sites that are PNE. He highlights in the cited paragraph the merely economic relevance and attraction of investors to the project, which leaves aside the environmental axis within the equation of sustainable development; for this reason, he reiterates what was set forth above that the sustainable development used by the ICT is merely a slogan to sell and promote a project that environmentally has left Costa Rica with a great disappointment. Finally, as highlighted in the corresponding cited official communication, it is a true fact that SINAC is granting permits for tree felling precisely supported by this unconstitutional declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional), and for that reason he insists that this decree must be removed from the legal system as soon as possible. FOURTH: The petitioner challenges from Regulation n.° 4572 of 10/07/1995, called "Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo," the following norms: “Article 5. The concessionaires of the Tourism Hub must respect the following specific guidelines for the design and construction of their tourism project: 5.1 On the design and construction of tourism projects… i) Limit of twenty average rooms per hectare: Without prejudice to the specific considerations that the Executing Office must make for a particular development project, according to its magnitude and topographical location, only twenty rooms on average may be built per hectare of conceded land, regardless of whether the development involves lodging or residential housing units. Compliance with this principle must be monitored by the Executing Office, even in cases where the project design involves a concentration of rooms in few buildings. j) Surface occupation coefficient: A surface occupation coefficient of no more than 30% (thirty percent) maximum of the total originally conceded area must be maintained, to which the designs of the proposed tourism projects must adjust.” (Highlighted by the petitioner). The petitioner states that, in the aforementioned Articles 5.1 subsections i) and j), numerical parameters are established that have no justification within science and technique, and those established percentages violate the principle of objectivization, or scientific tutelage, contemplated in the votes of this same Chamber, cited above, n.° 2005-14293, 2006-17126, and 2009-2009, and the principle of prohibition of arbitrariness, also cited above, contemplated in the resolutions of this Chamber n.° 634-2021 and No. 21308-2020. The petitioner states that there did not exist, nor does there exist, any foundation within science and technique that establishes a justification of any kind, leading to the conclusion that 20 rooms per hectare (without determining square meter areas of construction) as a maximum limit have a study that determines that this measure is the appropriate thing to build in sites with PNE. No environmental safeguards were established regarding the block impact of 20 rooms per hectare, and even less was the cumulative effect of all of this considered, in the entire project, in the tourism attraction hub of Papagayo, and that deficiency is a vice of constitutionality. In Advisory Opinion 23/17 of the Inter-American Court of Human Rights, it was stated: “165. The Court has indicated that the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) must encompass the cumulative impact generated by existing projects and that which will be generated by proposed projects… Likewise, the impact caused by other existing projects must be taken into account. This analysis allows concluding in a more accurate manner whether the individual and cumulative effects of existing and future activities imply a risk of significant harm.” (Highlighted by the petitioner). Based on the foregoing indicated by the Inter-American Court of Human Rights, we have that the construct of cumulative effects must be understood as one of the minimum inter-American standards in any assessment, and this was never assessed, because as he has indicated, there were no studies to quantify and measure the impact of 20 rooms per hectare in each and every one of the concessions, and therefore, said parameter imposed at the ICT's discretion has a vice of constitutionality. In the petitioner's view, that factor of 20 rooms, without a number of square meters of construction, today violates the in dubio pro natura principle and the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of ecosystems, since the project is immersed in forested sites, which, as he has indicated, are PNE, where the cumulative effect has not been weighed as a whole, and if this is a mega-tourism project, as can be seen from the issuance of Article 74 of the LZMT, going through the decree of national convenience and up to what is contemplated in the Regulation of the Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, it is more than manifest that all of this should have been environmentally assessed as a whole beforehand, in application of the preventive and precautionary criteria, and since this has not occurred, he sees the transgression of the principle of scientific tutelage and requests the declaration of unconstitutionality. To date, the only thing that is clear is that the Executive Power set a parameter, by discretionary criterion of the ICT, in the TOTAL geographic space of the Golfo de Papagayo tourism development project, and this must be declared contrary to Articles 50 and 89 of the Constitution and the indicated principles. Also, with that criterion of 20 rooms, it must be considered that it is one that can be considered indeterminate, which violates Article 8 of the Convention on Biological Diversity that stipulates the duty of States Parties to manage resources “important for the conservation of biological diversity, whether within or outside protected areas, to guarantee their conservation,” as well as the duty to promote “the protection of ecosystems and natural habitats and the maintenance of viable populations of species in natural environments.” He recalls again, Article 7 of the Decreto Ejecutivo n.° 22550-MIRENEM provides that those areas that have been deprived of mangroves will maintain their condition as such; therefore, the ICT should rather be managing the restoration of damaged or eliminated ecosystems, if it were a good administrator of sites that have PNE, but as is clear, they only promote construction on forested areas. For his part, under the same criteria of unconstitutionality and unconventionality, he maintains that Article 5.1 subsection j) also presents a criterion permeated by discretion that is extremely dangerous. The petitioner considers that by providing, without technical grounds, that a “surface occupation coefficient of no more than 30% (thirty percent) maximum of the total originally conceded area” was environmentally innocuous, has no support whatsoever. And the cumulative effect of all of this, in the entire project, in the sum of all the concessions, is something that exposes us to the risks of irreversible environmental damage to forest ecosystems (ecosistemas boscosos) and biodiversity in a geographic area that is essentially PNE. The petitioner affirms that this Chamber will not find support anywhere that endorses that maximum coefficient of 30 percent occupation and that ensures that it is not negatively impactful, and therefore, it merits removing that factor from our legal system and providing at least that the areas must be calculated for each case, under technical studies and a SEA, and even more so when there is state natural heritage (patrimonio natural del Estado) involved in its surroundings. And, according to constitutional jurisprudence and what has been developed regarding the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of ecosystems and the prohibition of land-use change (cambio de uso del suelo) on forest lands owned by the State, everything leans toward being categorical and emphatic, and if we have that there even exists a decree of national convenience that permits tree felling, we see the danger of maintaining those criteria of 20 rooms per hectare and the 30 percent occupation coefficient, because truly all of those numerical parameters are far from establishing environmental safeguards in sites with PNE. To date, the damages to the vital cycles in the ecosystems intervened by provisions such as those challenged here are unknown. That is to say, there is not even room for the argument that it is better to have those parameters of 20 rooms per hectare, or the 30 percent occupation coefficient, because we are talking about factors operating in places where no anthropic interventions are permissible that involve eliminating understory, or forests, or building roads that fragment habitats, and he so requests. Now, he asks again: where does that 30% that would permit the concentration of buildings come from? Well then, why could it not have been 15% or 50%? But the point is that, in the absence of scientific foundations, what is regulated and established at 30%, or at 20 rooms without specifications of size or construction area, would be permeated by unconstitutionality for violating the principle of objectivization. To date, 20 rooms of 500 square meters each could be built, that is, single-story rooms, which internally would have their respective divisions such as kitchen, game and television room, garage, individual or matrimonial chambers, swimming pool, etc., which in sum could cover indeterminate areas of sites that are PNE, and as can be seen, this can have great significance due to the indeterminacy. Even, note that 20 rooms of 500 square meters, which could sound like something minor, would in reality cover one hectare, where the environmental and visual impact on the soil resource, landscape, forest, climate, water in a site where PNE exists would be substantial; therefore, this other parameter would be unconstitutional, and he so requests to declare. FIFTH: The petitioner states that from the LZMT to what is provided in the Regulation of the Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, the Executive Power, under the criteria of the ICT, has structured a legal scaffolding for a tourism project to be administered by the Institute, giving priority to economistic criteria, where the environmental variable has been sidelined in violation of norms such as Article 50 or Article 89 of the Constitution. It is astonishing that, within this “structure” or development model, the situations in violation of the principle of the right to a healthy and ecologically balanced environment could have been filtered through, so that the environmental aspect goes unnoticed and loses effectiveness over the years, and where the parameters for the protection of forests or biodiversity were lost both in the ZMT and outside of it, and it is for this reason that it is necessary to challenge jointly the norms he has indicated. And, by reason of the foregoing, the declaration of unconstitutionality and unconventionality is requested, because he considers that we are clearly before an atypical exception regime that has generated an orchestration of wills where the high commands of the ICT hold the baton so that, as in a symphony, on one side, the Executive Power, SINAC, or MINAE and SETENA do not act as they should in a Social and Environmental State of Law over the years. CLAIMS: Based on the foregoing, the petitioner requests that the action be found with merit and to declare that Article 74 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Article 93 of the Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo 7841-P, Article 1, final paragraph of Ley n.° 6370, called Law Declaring of Public Utility the Proyecto Turístico Golfo Papagayo, Articles 2 and 12 of Ley n.° 6758 that Regulates the Execution of the Proyecto Turístico de Papagayo, Articles 1 and 2 of Decreto Ejecutivo n.° 33132-MP-T, which is the decree of national convenience (decreto de conveniencia nacional), of the development and execution of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, and Article 5.1 subsections i) and j) of Regulation n.° 4572 of the Instituto Costarricense de Turismo, called "Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo," contain vices of constitutionality and unconventionality. He requests that it be said that there is a transversal thread that unites the challenged norms, which allows them to be analyzed in their unconstitutionality, both separately and together. In what has been indicated above, for each challenged norm, he asks the Chamber to measure the effects of how they should be interpreted, and on the other hand, he prays to remove from the legal system what has been requested, because in his view, there are violations of several principles of environmental law and transgressions of Articles 7, 48, 50, and 89 of the Constitution, in addition to various ratified international instruments and several advisory opinions of the Inter-American Court of Human Rights. This action is admitted because it meets the requirements referred to in the Ley de la Jurisdicción Constitucional in its Articles 73 to 79. The petitioner's standing comes from Article 75, second paragraph, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, since he appears in defense of the diffuse interest in a healthy and ecologically balanced environment. Publish a notice in the Boletín Judicial three consecutive times regarding the filing of the action. Legal effects of the filing of the action: The publication provided for in Article 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional has the purpose of informing the courts and the bodies that exhaust the administrative channel that the unconstitutionality claim has been filed, so that in the processes or proceedings in which the application of the law, decree, provision, agreement, or resolution is discussed, a final resolution is also not issued while the Chamber has not made a pronouncement on the case. Several rules are extracted from this legal precept. The first, and perhaps the most important, is that the filing of an unconstitutionality action does not suspend the general effectiveness and applicability of the norms. The second is that only the acts of application of the challenged norms by judicial authorities in proceedings brought before them, or by administrative authorities in procedures tending to exhaust the administrative channel, are suspended, but not their general validity and application. The third rule is that the Chamber can adjust the scope of the suspensive effect of the action. The fourth is that—in principle—in cases of direct action, as occurs in this action, the suspensive effect of the filing does not operate (see vote n.° 537-91 of the Constitutional Court). The fifth rule is that when what is alleged is an unconstitutional omission, it is not appropriate to order any suspension; in other words, to prevent the omitted conduct from being carried out, nor its realization, since this, in the latter case, would imply resolving the unconstitutionality action interlocutorily. That is, the suspension of the application of the challenged norms in administrative proceedings only operates in those cases where there is a process of exhaustion of the administrative channel, which presupposes the filing of an appeal or a motion for reversal against the final act by an administered party. Where there is no dispute in relation to the application of the norm, the suspension of its effectiveness and applicability is not appropriate. In other words, in all those matters where there is no procedure for exhaustion of the administrative channel, in the terms indicated above, the norm must continue to be applied, regardless of whether it benefits—favorable administrative act—or harms the claimant—unfavorable act not challenged. Within fifteen days following the first publication of the cited notice, those who appear as parties in matters pending as of the filing date of this action, in which the application of what is challenged is discussed, or those with a legitimate interest, may appear in order to assist regarding its appropriateness or inappropriateness, or to expand, if applicable, the grounds of unconstitutionality in relation to the matter of their interest. Let it also be known, that in accordance with Articles 81 and 82 of the Ley de Jurisdicción Constitucional and as repeatedly resolved by the Chamber (resolutions 0536-91, 0537-91, 0554-91, and 0881-91), this publication does not suspend the validity of the norm in general, but only its application in the cases and under the conditions indicated. The response to the hearing granted in this resolution must be submitted only once, using only one of the following means: physical documentation presented directly at the Secretariat of the Chamber; the fax system; electronic documentation through the ONLINE MANAGEMENT System; or, to the email address [email protected], which is an exclusive email dedicated to receiving reports. In any of the cases, the response and other documents must expressly indicate the expediente number to which they are addressed. The response submitted by electronic means must include the signature of the responsible person who subscribes it, either by digitizing the physical document containing their signature, or by means of digital signature, according to the provisions established in the Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Nº 8454, in order to accredit the authenticity of the filing. It is warned that documents generated electronically or digitized that are submitted through the Online Management System or through the indicated email must not exceed 3 Megabytes. Notify.

 

Classification prepared by the SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution in an onerous form is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 19-02-2026 11:16:31.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República