Res. 37542-2025 Sala Constitucional — Third amparo for pollution from El Río residential complex tank in LiberiaTercer amparo por contaminación del tanque del Residencial El Río en Liberia

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Sala Constitucional

Resolución Nº 37542 - 2025

Fecha de la Resolución: 14 de Noviembre del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-025544-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

CONTAMINACION.

037542-25. AMBIENTE. SE ACUSA QUE, DESDE HACE NUEVE AÑOS, HAY UN PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RESIDENCIAL EL RÍO, UBICADO EN EL BARRIO EL CAPULÍN DE LIBERIA. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO, ÚNICAMENTE, CONTRA EL MINISTERIO DE SALUD Y LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA. SE ORDENA A ESTAS DOS INSTITUCIONES QUE EN FORMA COORDINADA GIREN LAS ÓRDENES PERTINENTES Y LLEVEN A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES, SE BRINDE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL Y DEFINITIVA AL PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN QUE AQUEJA A LA RECURRENTE. VCG11/2025

“(…) V.- Sobre los anteriores recursos de amparo interpuestos por la recurrente. En dos oportunidades ha acudido la recurrente a esta Sala por la misma problemática por la cual acciona nuevamente. Dicha situación es la contaminación ambiental que provoca el mal funcionamiento del tanque de almacenamiento y tratamiento de aguas residuales del residencial El Río, ubicado en Dirección6652   de Liberia, del cual es vecina.

El primer recurso de amparo se tramitó en el expediente No. 16-002436-0007-CO y consta que alegó:

“I-. OBJETO DEL RECURSO. El presente amparo fue dirigido contra una persona física, en su condición de encargado de un residencial, por el hecho de incumplir una orden sanitaria dictada por el Ministerio de Salud en Liberia, por las presuntas deficiencias en el sistema de manejo de aguas residuales en un residencial privado”.

      Ese asunto fue declarado con lugar, únicamente, contra el Ministerio de Salud, por la mayoría de la Sala, mediante sentencia No. 2016-006368 de las 09:30 horas del 13 de mayo de 2016 con sustento en las siguientes consideraciones:

“IV. DEL AMPARO CONTRA EL MINISTERIO DE SALUD. SOBRE LOS HECHOS: En lo que atañe al Ministerio de Salud, el informe rendido bajo la fe del juramento por el Dr. Mario Enrique Calvo González, Director del Área Rectora de Salud de Liberia, acredita, en lo que interesa, que:

1. la recurrente formuló una denuncia ante el Ministerio de Salud, por malos olores, problemas de aguas negras y contaminación de fuentes de agua el 23 de abril de 2015, en contra del Residencial El Río (v. copia del expediente administrativo);

 2. a las 3:15 horas de 15 de mayo de 2015 se realizó inspección en el sitio, por parte el equipo de regulación de esa Área Rectora en la cual estuvo presente Nombre213322  , encargado del Residencial denunciado;

3. el equipo de regulación del Ministerio de Salud emitió el Informe Técnico No. CH-ARS-L-ERS-349-2015 de mayo de 2015, producto de las inspecciones realizadas, en el cual se señalan las deficiencias en el sistema de manejo de aguas residuales y, en particular, del tanque de almacenamiento de esas aguas por parte del Residencial Del Río, consistentes, entre otras, en que el agua residual ha formado un lodo séptico seco que satura el sistema y, al encontrarse expuesto, sin tapa, genera olores muy desagradables; se encontraron residuos de lodos en los alrededores del tanque que evidencias que la cantidad de lodos sépticos sobrepasó la capacidad de almacenamiento en semanas anteriores, lo que ocasionó un desbordamiento, lo que el Ministerio atribuye a falta de mantenimiento del sistema; la protección del área del tanque es insuficiente; hay zacate en exceso en los alrededores y la red de alcantarillado del AyA que se encuentra en el Residencial no tiene tapa, entre otros.

4. el mismo informe indica que el encargado del Residencial atribuye el problema a la falta de seguridad en el sitio porque se han robado la bomba que envía las aguas residuales a la laguna de oxidación del AyA;

5. el 23 de abril de 2015, el Ministerio de Salud en Liberia emitió la orden sanitaria número 161-2015 de 18 de mayo de 2015, ordenando al encargado del Residencial El Río que en 12 días hábiles reparara el sistema de almacenamiento y bombeo, se instalaran tapas, malla de protección del lugar y otros;

6. el mismo 23 de abril de 2015, el Ministerio emitió orden sanitaria 165-2015 al AyA, para que corrigiera deficiencias y entregara un plan de mitigación;

7. vencidos los plazos de las órdenes sanitarias indicadas, el Ministerio realizó seguimiento, encontró prácticamente la misma situación e interpuso denuncias penales contra el encargado del residencial y el jefe cantonal del AyA;

8. las respectivas denuncias judiciales tienen los números 07-2015 y 08-2015 el 14 de julio de 2015, por el delito de desobediencia, contra el encargado del Residencial del Río y al funcionario Edgar Chacón Villalobos del AyA. 9. la problemática ambiental se ha agravado.

V. DEL AMPARO CONTRA EL MINISTERIO DE SALUD. SOBRE EL FONDO: De los hechos anteriores se desprende que el Ministerio de Salud, si bien actuó oportunamente, emitió las órdenes sanitarias e incluso presentó denuncias penales, lo cierto es que el problema sanitario subsiste, como lo indica su representante en el informe rendido bajo juramento. No observa la Sala que el Ministerio haya adoptado medidas extraordinarias, como la clausura del lugar, la colaboración de la Fuerza Pública para la seguridad del lugar, e incluso, el eventual desalojo del residencial o cualesquiera otras medidas efectivas. La prestación de un servicio público como el que está en manos del Ministerio de Salud exige una eficiencia y diligencias acaso más allá de la necesaria en por parte de otros órganos públicos, por causa de los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano, en lo que atañe a sus competencias. La Sala considera que lo actuado por el Ministerio de Salud ha sido insuficiente y viola el derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano de la amparada, por lo que procede estimar el recurso en su contra y ordenar que se disponga las medidas necesarias, incluso radicales, y adopte las decisiones pertinentes a fin de eliminar el problema sanitario existente en la colindancia entre el Condominio Camino de Luna, el Río Liberia y el Residencial El Río, dentro de un término de dos meses, a partir de la notificación de la sentencia.-

VI. DEL AMPARO CONTRA EL AYA: Procede desestimar el amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por cuanto el informe rendido por el Encargado de la Oficina Cantonal de Liberia y el Director de la Región Chorotega acredita que actuaron lo dispuesto por el Ministerio de Salud, en lo que toca a sus competencias, con relación a la infraestructura del AyA (tapas y eliminación de fugas) porque el problema sanitario está generado por un sistema de manejo de aguas residuales que no ha sido recibido por la institución. Resulta evidente que el AyA no ha generado el problema ni vulnerado los derechos fundamentales de la amparada”.

De ahí se ordenó lo siguiente:

“Por tanto: Se declara con lugar el recurso, únicamente en contra del Ministerio de Salud. En consecuencia, se ordena al Dr. Mario Enrique Calvo González, Director del Área Rectora de Salud de Liberia, que disponga las medidas necesarias y adopte las decisiones pertinentes a fin de eliminar el problema sanitario existente en la colindancia entre el Dirección23618   , el Río Liberia y el Residencial El Río, dentro de un término de dos meses, a partir de la notificación de la sentencia. Lo anterior, apercibido de que la desobediencia a las órdenes de esta Sala se encuentra sancionado penalmente según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados por los hechos que han dado lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se declara inadmisible el amparo en cuanto se dirige contra Nombre213324  . La Magistrada Hernández López salva el voto y rechaza de plano el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota”.

El segundo recurso de amparo se tramitó en el expediente No. 23-004850-0007-CO. La recurrente reclamó lo siguiente:

“II.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que su casa de habitación se ubica en Guanacaste, Liberia, Dirección23619 , Residencial Camino de Luna casa número 52. Señala que hacia el norte colinda con el río Liberia, que a su vez colinda con la fosa de aguas negras que provienen del Residencial El Río y dichas aguas negras deben en teoría ser trasladadas por tuberías que lleven dicho material a la planta de aguas negras de Liberia. No obstante, aduce que hace cinco meses la poca atención y mantenimiento que brindaban a la fosa de almacenamiento y la bomba que funcionaba para triturar y trasladar dicho material fecal al alcantarillado sanitario de Liberia se anuló. Por ende, la bomba dejó de funcionar y el sistema en general está en abandono, por lo tanto, el material fecal se desborda permanentemente, desaguando directamente al río Liberia y lotes aledaños. Además, la inmundicia de malos olores son perennes, así como la liberación de gases, igualmente proliferan moscas, zancudos, roedores y contaminación directa del río Liberia y ambiente en general, siendo su hogar el más afectado debido a su cercanía. Asimismo, como un segundo problema, se presentó un desbordamiento del material fecal que transita por las tuberías del alcantarillado sanitario; ello, durante la época de fuertes lluvias, el material fecal se sale y genera fuerte contaminación ambiental. En atención a lo expuesto, indica que interpuso una denuncia ante el Ministerio de Salud, la cual se tramita bajo el No. 354-2022. No obstante, acusa que a la fecha en que se recurre, no ha sido atendida. Solicita la intervención de la Sala”.

        Igualmente, se declaró con lugar contra el Ministerio de Salud. Lo anterior en la sentencia No. 2023-0097051 de las 09:30 horas del 24 de marzo de 2023 con el siguiente fundamento:

“V.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite se tiene por acreditado que el 11 de noviembre de 2022 se recibió el formulario unificado para denuncias ante el Ministerio de Salud con el consecutivo de la denuncia No. 354-2022 en la Unidad de Atención al Cliente del Área Rectora de Salud de Liberia, en el cual la recurrente acusó la presencia de malos olores provenientes de la fosa de aguas negras del Residencial El Río. En ese contexto, alegó que en múltiples ocasiones se han presentado problemas con el funcionamiento de las bombas y, por ende, se provoca el desbordamiento de aguas negras. Asimismo, denunció que se presentó un desbordamiento del material fecal que transita por las tuberías del alcantarillado sanitario, siendo que durante la época de fuertes lluvias el material fecal se sale y genera fuerte contaminación ambiental. En atención a lo anterior, se colige que el 25 de noviembre de 2022 el Lic. Armando Mendoza García, en compañía del Ing. Miguel Chaves López, ambos funcionarios del Equipo de Regulación del Área Rectora de Salud de Liberia, realizaron una inspección en el tanque de almacenamiento y tratamiento de aguas residuales del Residencial El Río, determinando lo siguiente: “El sistema de tanque de almacenamiento y bombeo de as aguas residuales El Río no estaba funcionando, las aguas residuales están rebalsadas, cayendo en el terreno generando la contaminación al medio (…) El propietario debe de solucionar el problema del sistema del tanque de almacenamiento, bombeo, sistema eléctrico bombas trituradoras, tamizajes y disponer adecuadamente las aguas residuales a la red del sistema de tratamiento de aguas residuales”. Consecuentemente, consta que el 19 de diciembre de 2022 la autoridad recurrida confeccionó las órdenes sanitarias Nos. MS-DRRSCHDARSL-ER-OS-0204-2022, MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0205-2022 y, MSDRRSCH-DARSL-ER-OS-0214-2022, dirigidas a Nombre213322   , Nombre213322    y Johnny Leiva Badilla, quienes figuran como representantes legales de Ganadera las Lilas S.A., en las cuales se ordena que dentro del plazo de 15 días procedan a “reparar el sistema de almacenamiento y tratamiento de aguas residuales de residencial El Río (sistema eléctrico, bombas trituradoras, tamizaje) y disponer adecuadamente a la red de aguas residuales de Acueductos y alcantarillados”.

Ahora bien, según el informe adjunto, dichas órdenes no se han podido notificar por las siguientes circunstancias: El 20 de diciembre de 2022 el Lic. Armando Mendoza García en compañía del Ing. Miguel Chaves López, realizaron una visita al Residencial El Río, en oficina contiguo a las Cuadras de Caballos para la aplicación de la orden sanitaria No. MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0204-2022 a Nombre213322   . No obstante, no se encontró a nadie. El 21 de diciembre de 2022 el Lic. Armando Mendoza García en compañía de Ing. Miguel Chaves López, realizaron una visita al Residencial El Río, en oficina contiguo a las Cuadras de Caballos para aplicar la orden sanitaria No. MSDRRSCH-DARSL-EROS-0204-2022. Sin embargo, no se encontró a nadie. Ese mismo día, se envió mensaje a Nombre213322    por medio del correo electrónico ...4899, solicitándole indicar si se podía enviar notificación de orden sanitaria por ese medio electrónico; empero, no se obtuvo respuesta alguna. Los días 22 y 23 de diciembre de 2022 funcionarios del área de salud recurrida realizaron una visita al Residencial El Río, propiedad de Nombre213322   , para notificar la orden sanitaria No. MS-DRRSCHDARSL-ER-OS-0204- 2022, pero no se encontró a nadie. El 10 de marzo de 2023 se realizó una visita a la vivienda de Nombre213322   , contiguo a Dirección23620  .  para la notificación de la orden sanitaria No. MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0205-2022. En esa ocasión, fueron atendidos por Nombre213325    , esposa de Nombre213322   , a quien se le informó de la notificación; empero, la misma les indicó que “eso no es con ella”.

En la especie, si bien la autoridad recurrida argumenta que procederá a notificar las órdenes sanitarias por medio de Correo Certificado por Correos de Costa Rica, lo cierto del caso es que no ha logrado resolver la problemática expuesta por la recurrente de manera definitiva; ello, por cuanto la excusa de que no ha podido notificar las órdenes sanitarias no resulta suficiente para esta Sala, tomando en cuenta que hay un problema serio comprobado de aguas residuales incorrectamente manejadas, las cuales están rebalsadas y discurren en el terreno generando la contaminación al medio. En ese orden de ideas, se advierte que el Ministerio de Salud tiene amplias potestades para actuar de conformidad con la Ley General de Salud y el Reglamento correspondiente, como ente rector encargado de la vigilancia y control de la salud, ya que es claro que de conformidad con la Ley General de Salud artículos 39 y 286 es deber de todo propietario y encargado de muebles e inmuebles evitar molestias y daños a la salud, así como focos de contaminación o infección debiendo efectuar obras de drenaje e incluso en caso de renuencia hacerlas la administración a costa del omiso, todo resguardando el debido proceso (véase en similar sentido la sentencia No. 2022010613 de las 09:40 horas del 13 de mayo de 2022. Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consecuencias, que se indicaran en la parte dispositiva”.

         Por ello, en la parte dispositiva se ordenó lo que a continuación se trascribe:

“POR TANTO: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Luis Enrique Mayorga Díaz, en su condición de Jefe Médico del Área Rectora de Salud de Liberia, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que tome las medidas correspondientes dentro del ámbito de sus competencias para que: 1) dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se notifique las órdenes sanitarias Nos. MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0204-2022, MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0205- 2022 y, MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0214-2022, a quienes correspondan y 2) dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del momento de notificación de dichas órdenes sanitarias, de manera efectiva se cumplan las mismas. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese”.

VI.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, como se indicó, la recurrente acude por tercera vez en amparo acusando la misma problemática que la aqueja desde hace más de nueve años, pues interpuso el primer recurso el 22 de febrero de 2016. Se trata de la contaminación ambiental que provoca el mal funcionamiento del tanque de almacenamiento y tratamiento de aguas residuales del residencial El Río, ubicado en Dirección6652   de Liberia, del cual es vecina.

1) Sobre la responsabilidad del Ministerio de Salud en los hechos acusados.

Se colige de lo que refiere la recurrente en el escrito de interposición del recurso que ese tanque presenta en la actualidad desbordamiento de aguas negras directamente al río Liberia y a lotes aledaños, lo que genera malos olores, gases pestilentes, proliferación de insectos y roedores. Además, la extracción del material fecal acumulado en el tanque de almacenamiento se realiza de forma precaria utilizando una bomba manual externa para trasladar los desechos al alcantarillado público, lo que provoca olores nauseabundos y gases pestilentes. Este último agravio es secundado por el ICAA, pues informa el Jefe de la Oficina Cantonal de Liberia que funcionarios de su representada realizaron inspecciones de campo el 11 y 12 de septiembre de 2024 y constataron la existencia de un sistema de bombeo artesanal, utilizado por lapsos parciales, que trasladaba aguas negras desde el tanque del residencial El Río hasta el colector público del ICAA. Agrega que ello sin autorización por parte de las autoridades institucionales, lo que comprometen la operación del alcantarillado público generando sobrecargas y riesgos de desbordes.

Sobre tales hechos actuales la Ministra de Salud no se refiere en el informe rendido, pues se limita a hacer saber la atención brindada a las denuncias que sustentaron los recursos de amparo antes reseñados, así como las acciones desplegadas en observanza a lo ahí resuelto y ordenado. Incluso, como último acto desplegado señala que el 20 de abril de 2023 se llevó a cabo una inspección sanitaria al tanque con el siguiente resultado: 1.-Se realizó limpieza del entorno del tanque. 2.- Se instaló el sistema eléctrico (medidor, caja porta medidor, caja de seguridad, conduleta y cables reactivamente). 3.- Se realizó limpieza y mantenimiento de bomba trituradora. 4.- Se puso a funcionar la bomba para la disposición de las aguas residuales hacia la red de alcantarillado sanitario del ICAA y posterior tratamiento de la PTAR. Último punto que hasta contraviene con lo estatuido por dicho instituto como consta en lo informado por el Jefe de la Oficina Cantonal de Liberia. En suma, la ministra recurrida únicamente refiere acciones de hace más de dos años, omitiendo toda situación desde entonces, a pesar de que la recurrente acusa de nuevo la misma problemática persistente en el tiempo.

Ciertamente, no corresponde a la Sala determinar cuáles decisiones técnicas deben adoptarse, pero sí compeler a la autoridad recurrida a adoptarlas, coordinar ante las instituciones competentes y solucionar el problema. Se acota a dichos efectos que el Ministerio de Salud tiene potestades legales para intervenir y también la posibilidad de coordinar con otras instancias estatales, como la municipalidad del lugar y el ICAA, a fin de lograr una solución integral del problema por vías legales y aun en contra de la voluntad de los particulares. Para este Tribunal, el solo hecho de que la situación de desbordamiento y contaminación por aguas residuales fuera conocida por el ministerio accionado desde hace más de nueve años, sin que realizara las acciones necesarias para solucionar el problema de manera definitiva, conlleva necesariamente que el recurso sea acogido.  De ahí que, en el presente caso, existe responsabilidad del Ministerio de Salud por omisión en el cumplimiento de sus deberes en tutela de la salud y el medio ambiente.  En consecuencia, ante la falta de actuación diligente y efectiva, es que esta Sala estima se debe acoger el recurso en su contra.

Aparte de lo anterior, cualquier inconformidad con las denuncias presentadas (incluyendo falta de notificación) y que sustentaron los anteriores recursos de amparo, deberá la recurrente reclamarlo en esos asuntos.  

2) Sobre la responsabilidad de la Municipalidad de Liberia en los hechos acusados por la recurrente. Si bien en el presente asunto no se acreditó que la recurrente haya formulado ante la Municipalidad de Liberia, directamente, una denuncia por el problema ambiental que acusa, lo cierto es que atendiendo a su posición como garante de los intereses y servicios locales, a partir de lo regulado por el artículo 169 de la Constitución Política, así como por lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional, no puede desentenderse de la situación que afecta a los vecinos de la localidad, y descargar sin más, toda la responsabilidad sobre el Ministerio de Salud y el ICAA. Sin lugar a duda, le es exigible haber mantenido una fiscalización y coordinación muchísimo más acuciosa, entre las diversas instancias competentes, pues tiene participación en los procesos constructivos en su cantón. Nótese que en el informe se trascribe lo indicado por el Gestor Ambiental en el sentido de que “esta unidad ambiental realizará inspección al lugar en conjunto con la unidad de Control Constructivo para darle seguimiento al caso y en las competencias de esta municipalidad proceder si fuese necesario”. Así las cosas, se estima procedente el recurso contra el gobierno local.

3) Sobre la responsabilidad del ICAA en los hechos acusados. Como se indicó en la sentencia No. 2016-006368 antes reseñada, se estima que el ICAA no tiene responsabilidad en la problemática ambiental que aqueja a la recurrente, por cuanto la estación de bombeo de aguas residuales del residencial El Río no ha sido recibida formalmente por esa institución. Según se explica, esa situación le limita jurídicamente a intervenir e invertir recursos en dicho sistema, por encontrarse en el ámbito privado, quedando bajo la tutela y responsabilidad del Ministerio de Salud. Por ello, la competencia del ICAA se circunscribe a dos extremos: 1) Dar mantenimiento a las tapas de registro y reparación de fugas del colector del alcantarillado sanitario de su propiedad. 2) Presentar las denuncias por posibles conexiones ilícitas a dicho sistema. En ese sentido, no se logra acreditar ninguna responsabilidad directa que le sea reprochable al ICAA, por lo que el recurso debe ser desestimado.

VII.- Conclusión. En reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano ni el derecho a la salud debido a la incapacidad de las autoridades correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. En efecto, considera este Tribunal que la actividad estatal debe darse de manera coordinada y efectiva, pues no se trata simplemente de determinar el problema y endilgarle la responsabilidad a otros, como ha sucedido en este caso, ni tampoco corresponde que sea esta Sala quien asigne a cada entidad las soluciones que deben implementar; sino que, una vez valorado el asunto se debe dar una solución integral, para lo cual, bajo el sistema de distribución de competencias y funciones de un Estado, deben participar todos los involucrados, cada una aportando lo que en definitiva le corresponde. De conformidad con lo expuesto, esta Sala determina que tanto la Municipalidad de Liberia como el Ministerio de Salud deben coordinar una solución definitiva al problema sanitario que -desde hace más de nueve años- afecta a la recurrente y respecto del cual esta es la tercera resolución que emite este Tribunal para su solución. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso contra ambas autoridades, como se expondrá en la parte dispositiva de esta sentencia. Respecto al ICAA, con sustento en lo expuesto, se desestima el recurso. (…)”

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) III.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así como, a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia No. 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible–”. Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política, se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes". Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (…)” VCG11/2025

 

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Coordinación

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO COORDINACIÓN

“(…) IV.- Sobre la coordinación de las instituciones públicas en la protección integral al ambiente. Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar mediante sentencia No. 1999-005445 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, que: "La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de este (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector". (…)” VCG11/2025

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Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

CONTAMINACION.

VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa contaminación ambiental que provoca el mal funcionamiento del tanque de almacenamiento y tratamiento de aguas residuales de un residencial en Liberia, en detrimento de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VCG11/2025

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Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 056- Ejecución de sentencias

Subtemas:

NO APLICA.

IX.-Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de cierta complejidad, como es en este caso que, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Liberia brinden una solución al problema denunciado por la recurrente. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

VCG11/2025

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Texto de la resolución

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Exp: 25-025544-0007-CO

Res. Nº 2025037542

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-025544-0007-CO, interpuesto por Nombre91168, mayor, cédula de identidad CED51386, contra el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Municipalidad de Liberia.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:59 horas del 25 de agosto de 2025, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -ICAA- y expresa que en el 2015 interpuso un recurso de amparo resuelto bajo el número 16-002436-0007-CO, en el que se denunció el mal manejo de una fosa de almacenamiento de aguas negras del residencial El Río, ubicado en Dirección5863. Señala que, como resultado, el Ministerio de Salud giró una orden sanitaria al propietario de la fosa, quien instaló bombas sumergibles para trasladar los desechos fecales al alcantarillado sanitario; sin embargo, comenta que la solución fue parcial y los problemas se han repetido con frecuencia. Indica que desde octubre de 2022 el sistema de bombeo y la fosa quedaron en completo abandono, provocando el desbordamiento de aguas negras directamente al río Liberia y a lotes aledaños, cuya situación genera malos olores, gases pestilentes, proliferación de insectos y roedores, más contaminación directa del río y del ambiente. Recalca que su vivienda es la más afectada por su cercanía, obligando a mantener puertas y ventanas cerradas, lo que afecta gravemente la salud, la convivencia y el derecho a una vida digna de su familia, conformada por su esposo, una adolescente de 18 años, una niña de 10 años y ella misma. Añade que desde el 11 de noviembre de 2022 presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Salud de Liberia bajo el número 354-2022; no obstante, reclama que a la fecha no ha sido atendida, alegando la imposibilidad de notificar al propietario. Agrega que, en noviembre de 2023, presentó una nueva denuncia por la misma situación, la cual tampoco fue resuelta, evidenciando una omisión reiterada por parte de las autoridades sanitarias. Manifiesta que actualmente, la extracción del material fecal acumulado en la fosa se realiza de forma precaria e irregular por una persona no identificada, sin autorización oficial aparente, utilizando una bomba manual externa para trasladar los desechos al alcantarillado público, cuyo procedimiento se extiende por aproximadamente nueve horas diarias, lo que implica la apertura simultánea de la fosa y del alcantarillado, liberando olores nauseabundos y gases pestilentes y exponiendo a la comunidad a vectores y al riesgo de derrames que terminan en el río Liberia. Señala que cuando la bomba no se utiliza, el material fecal se desborda directamente al cauce del río, siendo que esta situación representa un manejo negligente de residuos altamente contaminantes en un complejo habitacional de más de 250 viviendas y un hotel, sin condiciones mínimas de seguridad, salubridad ni control ambiental. Además, comenta que, durante la época lluviosa, el alcantarillado sanitario del ICAA, colindante con la fosa, se desborda, agravando aún más la contaminación ambiental. En virtud de la omisión expuesta, considera que vulnerados sus derechos fundamentales y de los demás habitantes de la zona afectada, por lo que solicita se declare con lugar el presente recurso y se ordene lo que en derecho corresponda.

2.- Mediante resolución de las 21:00 horas del 29 de agosto de 2025, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe al Director del Área Rectora de Salud de Liberia del Ministerio de Salud y al Jefe de la Oficina Cantonal de Liberia del ICAA, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Informa bajo juramento Wander Cubero Hurtado, en su condición de Jefe de la Oficina Cantonal de Liberia del ICAA (escrito presentado a las 17:36 horas del 08 de setiembre de 2025) en los siguientes términos:

“PRIMERO. Con ocasión del recurso de amparo que en su oportunidad interpuso la señora Nombre91168, seguido bajo el expediente No. 16-002436-0007-CO, la Sala Constitucional emitió la resolución No. 2016-006368, en la cual ordenó:

“… Se declara con lugar el recurso, únicamente contra el Ministerio de Salud. En consecuencia, se le ordena al Dr. Mario Enrique Calvo González, Director del Área de Salud de Liberia, que disponga las medidas necesarias y adopte las medidas pertinentes a fin de eliminar el problema sanitario existente en la colindancia entre el Dirección5864, el Río Liberia y el Residencial El Río, dentro de un término de dos meses, a partir de la notificación de la sentencia…

De igual manera, se extrae el informe GSP-RCH-CL-2025-0729: “… Por su parte, la Sala desestimó la pretensión contra el AyA, dado que se comprobó que la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) del residencial no había sido recibida formalmente por esta institución, criterio reiterado en el oficio GSP-RCH-CL-2016-00558 (4 de abril de 2016) y en el oficio GSP-RCH-CL-2016-01266 (12 de julio de 2016).” La situación expuesta se mantiene a la fecha, en el sentido de que conforme con la reglamentación vigente, (Reglamento para la aprobación y recepción de sistemas de saneamiento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Acuerdo de Junta Directiva No. 2022-0354) el AyA no ha recibido las obras, en este caso la Estación de bombeo, situación que jurídicamente le limita a intervenir e invertir recursos en dicho sistema, por encontrarse en el ámbito privado, quedando bajo la tutela y responsabilidad del Ministerio de Salud. En este caso la competencia del AyA se circunscribe a dar mantenimiento a las tapas de registro y reparación de fugas del colector del alcantarillado sanitario de su propiedad, a presentar las denuncias por posibles conexiones ilícitas a dicho sistema, que vienen a exponenciar la problemática que aqueja a los vecinos y que a la vez generan una sobrecarga en el sistema público de tratamiento de aguas residuales.

SEGUNDO. No corresponde a un hecho de mi representada, sin embargo, es claro que al dictarse una orden sanitaria es el propio Ministerio de Salud a través del Área Rectora, a quien le corresponde el seguimiento y verificación hasta su efectiva materialización por parte del desarrollador en este caso.

TERCERO. No es un hecho de mi representada.

CUARTO. No es un hecho de mi representada.

QUINTO. No es un hecho de mi representada.

SEXTO. No es un hecho de mi representada.

SETIMO. Tal y como lo expone la amparada, la extracción del material fecal acumulado en la fosa del Residencial El Río se realiza de manera precaria y absolutamente irregular. Una persona -cuya identidad se desconoce y que actúa sin control ni autorización oficial aparente utiliza una bomba manual externa, para trasladar las aguas negras desde la fosa hacia el alcantarillado sanitario público.

El Informe UEN-GA-2024-02063 y el Informe de atención a solicitud de intervención situación desborde de aguas residuales EBAR Residencial y Condominio del Río, Liberia corroboran lo narrado. En las inspecciones de campo realizadas los días 11 y 12 de septiembre de 2024, se constató la existencia de un sistema de bombeo artesanal, utilizado por lapsos parciales, que trasladaba aguas negras desde el tanque del residencial hasta el colector público del AyA, situación claramente no autorizada por parte de las autoridades institucionales.

Se reitera que, el memorando SG-GSP-RT-2024-00143 de fecha 18 de septiembre de 2024, confirma que estas prácticas irregulares comprometen la operación del alcantarillado público del AyA, generando sobrecargas y riesgos de desbordes, pero que tienen como causa raíz el mal manejo del sistema privado en abandono.

Este hecho refuerza que, si bien existe interacción con infraestructura del AyA (alcantarillado sanitario), la manipulación indebida proviene de particulares no autorizados.

OCTAVO. Existe una situación causada por un tercero, que está impactando de forma negativa el funcionamiento del sistema público del alcantarillado sanitario administrado por la institución. El Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales No. 33601-MINAE-S establece los parámetros bajo los cuales es posible verter las aguas tratadas en un sistema de alcantarillado sanitario o bien en un cuerpo receptor, sin embargo, al realizarse de esta forma irregular por un particular, compromete el cumplimiento de dicha normativa y genera sobrecargas y riesgos de desbordes de aguas residuales, complicando la situación. Resulta de preocupación de la institución el hecho de que el Ministerio de Salud, en varias ocasiones busca trasladar el cumplimiento de sus actos al AyA, mediante el dictado de órdenes sanitarias, en lugar de actuar conforme a sus competencias y a pesar de ser conocedor de los impedimentos legales que enfrenta la Institución para intervenir en esas condiciones, insiste en valerse de ese mecanismo, en lugar de actuar en los términos que lo ha expuesto esa misma Sala, al señalarle a ese Ministerio : “ (…) actúo oportunamente, emitió las órdenes sanitarias e incluso presentó denuncias penales, lo cierto es que el problema sanitario subsiste, como lo indica su representante en el informe rendido bajo juramento. No observa la Sala que el Ministerio haya adoptado medidas extraordinarias, como la clausura del lugar, la colaboración de la fuerza pública para seguridad del lugar, e incluso el eventual desalojo del residencial o cualesquiera otras medidas efectivas. La prestación de un servicio público como el que esta en manos del Ministerio de Salud exige una eficiencia acaso más allá de la necesaria por parte de otros órganos públicos, por causa de los derechos fundamentales a la salud y ambiente sano, en lo que atañe a sus competencias. La Sala considera que lo actuado por el Ministerio de Salud ha sido insuficiente y viola el derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano de la amparada, por lo que procede estimar el recurso en su contra y ordenar que se disponga medidas necesarias, incluso radicales, y adopte las decisiones pertinentes a fin de eliminar el problema sanitario existente en la colindancia entre el Condominio Camino de Luna, el río Liberia y residencial El Río, dentro de un término de dos meses, a partir de esta notificación de la sentencia. “(Énfasis propio)

Por su parte, en el Informe UEN-GA-2024-02063 se documentó que, debido al bombeo artesanal y la saturación de la fosa del residencial, las aguas residuales eran trasladadas al colector del AYA, lo que en temporada de lluvias puede provocar sobrecargas temporales y desbordes, esto coincide con la percepción de la recurrente. No obstante, debe enfatizarse que los desbordes que se produzcan en la red pública tienen como causa raíz, el ingreso irregular de aguas residuales desde un sistema privado en abandono, lo que sobrepasa el diseño y la capacidad de la infraestructura institucional. El AYA ha atendido en el pasado aspectos puntuales de su colector (reposición de tapas y corrección de fugas, conforme al oficio GSP-RCH-CL-2016-01266), pero no puede asumir las cargas extraordinarias derivadas de sistemas no recibidos.

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Como punto de partida, debe considerarse el criterio externado por la Procuraduría General de la República mediante dictamen C-257-2003 San José, 27 de agosto de 2003 (concordante con la valoración de fondo realizada por la Sala Constitucional en el Expediente 16-002436-0007-CO resolución 2016-006368) respecto al requisito de constatación de idoneidad técnica de las plantas de tratamiento de aguas negras por el AyA y el Ministerio de Salud. Para que se habilite el traspaso deben cumplirse los requisitos que el Instituto ha definido, para autorizar el traspaso de la porción correspondiente del área de uso público donde se ubique la planta para que éste pueda administrarlo y operarlo. En este sentido, el Dictamen antes citado indica: “…El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el ente que determina, con base en lo que dispone la norma transcrita, cuándo deben las urbanizaciones contar con plantas de tratamiento de aguas negras. A las municipalidades les compete, en este tema, vigilar que los proyectos de urbanizaciones a realizar en su cantón cumplan con las normas indicadas por el AyA en materia de acueductos y cloacas, lo que incluye que tengan previstas las plantas de tratamiento de aguas negras, cuando el AyA así lo haya ordenado. Una vez construidas las obras y al momento de su aceptación, las municipalidades ejercen control en relación con el cumplimiento de las disposiciones normativas correspondientes, entre ellas, las que tienen que ver con las instalaciones de agua potable y de recolección y evacuación de aguas negras ordenadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y demás entidades públicas competentes, todo de conformidad con lo que establece el artículo VI.6. del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, el cual establece: “VI.6. Aceptación de obras: La aceptación de las obras y de las áreas públicas se efectuará conforme a las disposiciones reglamentarias que tengan en vigor la municipalidad del cantón y los demás organismos públicos que al respecto ejerzan funciones de control. Ninguna omisión de detalles en los planos aprobados libera al urbanizador y al profesional responsable de las obligaciones que les conciernen en cuanto al total y satisfactoria entrega de las obras, al tenor de lo establecido en este reglamento. El urbanizador y el profesional responsable que firman la solicitud de visado de los planos de construcción, son garantes de la estricta conformidad de las obras con los requisitos reglamentarios exigible, conforme a lo indicado en las leyes aplicables.” En otras palabras, si bien las municipalidades no operan ni mantienen los sistemas de recolección y evacuación de aguas negras, controlan que las urbanizaciones, y las edificaciones que en ellas se construyan, cumplan con las disposiciones que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y demás entes públicos competentes, hayan establecido en relación con dichos sistemas, para así cumplir con su papel de tutelar la salud y el ambiente en su cantón (…) (…) aunque el numeral 40 de la Ley de Planificación Urbana señala que las municipalidades podrán autorizar el traspaso indicado, lo cierto es que, a menos que este ejerciendo aquella competencia residual de que se habló líneas arriba y, consecuentemente, administre y opere directamente el sistema de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras respectivo, están obligadas a autorizar dicha cesión a favor del ente competente, que como ya hemos dicho y concluiremos de seguido, es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para que este pueda administrar y operar el sistema, una vez comprobada, al momento de entrega de la obra por el constructor, sea este un sujeto de derecho público o privado, que se cumplen las disposiciones técnicas contempladas en la normativa y dadas por el propio AyA y el Ministerio de Salud, tal y como ha sido explicado ya. Es decir, que constatada la idoneidad técnica de las plantas de tratamiento de aguas negras por el AyA y el Ministerio de Salud, la municipalidad debe aceptar la obra y autorizar el traspaso de la porción correspondiente del área de uso público donde se ubique la planta al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en razón de lo que disponen las normas que atribuyen la competencia para administrar y operar los sistemas de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuales a dicho Instituto, que ya han sido citadas, si no se está en un caso en el cual la municipalidad de que se trate lo vaya a operar y administrar en ejercicio de la competencia residual a que ya se hizo referencia….”

Debe considerarse que ya esta Sala Constitucional, en el (Exp: 11-010057-0007-CO Res. Nº 2012017743 a las nueve horas treinta minutos del catorce de diciembre de dos mil doce) determinó que el Instituto asume una vez constatados los requisitos de recepción y hasta que ellos no se cumplan, la Municipalidad y en este caso el Propietario Registral – Desarrollador del Proyecto debe continuar asumiendo su responsabilidad de corregir los faltantes operativos para que se pueda factibilizar que este Instituto pueda asumir la administración: “…Dentro de los requisitos previos que la Municipalidad debe observar, nos encontramos con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley Constitutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Ley 2726 del 14 de abril de 1971, que le atribuye al ICAA la competencia para aprobar “Todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado (…) Dicha aprobación previa será obligatoria en todos los casos de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte del país y ningún otro organismo estatal otorgará permisos o aprobaciones de construcción sin tal aprobación por parte del Instituto. La infracción de este mandato ocasionará la nulidad de cualquier permiso de construcción otorgada en contravención de esta prohibición(…)”, de tal manera que ningún ente público, entre ellos las municipalidades podrán otorgar permisos de construcción, si previamente el ICAA no ha recibido a satisfacción las obras de infraestructura de acueductos y de alcantarillado sanitario, según los planos aprobados y previo cumplimiento de todas las especificaciones técnicas que conforme con la legislación y reglamentación vigente exija a los desarrolladores el ICAA…a pesar de que el ICAA no ha recibido a satisfacción las obras de la planta de tratamiento y el desarrollador ni siquiera ha cumplido con todas las especificaciones técnicas indicadas mediante diversas notas por los órganos internos del ICAA, como requisito previo para la aprobación de los planos del proyecto; solo se explica por el incumplimiento o inobservancia de otras instituciones entre ellas, el INVU y la Municipalidad de la normativa legal existente. En igual sentido, el hecho de que a pesar de ubicarse el Proyecto en una zona ambientalmente sensible y de que el INVU señalara desde el principio la necesidad de que se contara con alcantarillado sanitario y se haya otorgado permisos para construcción de viviendas con tanque séptimo y drenaje individual, poniendo en riesgo las aguas subterráneas, solo se explica porque la Municipalidad ha incumplido la normativa legal y técnica vigente. En consecuencia, la Sala acoge el recurso de amparo respecto de la Municipalidad de San Isidro y ordena lo siguiente: Suspender el otorgamiento de permisos de construcción en los Proyectos Lomas Verdes del Zurquí y Lomas del Zurquí hasta tanto, el ICAA no haya recibido a satisfacción del desarrollador las obras de acueducto y alcantarillado sanitario…” De igual forma, mediante resolución dictada en el Exp: 24-021588-0007-CO Res. Nº 2025002002, se indicó: “Ante este panorama, se tiene por constatada la acusada inacción de las autoridades municipales, pues si bien determinaron las acciones que requieren realizar, lo cierto del caso es que actualmente la situación denunciada se mantiene, en el sentido que no han realizado las gestiones correspondientes para solucionar la problemática de la planta de tratamiento ni tampoco su traslado ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados –a quienes afirman son los que deberían darle el manteamiento–. Lo anterior, a pesar de que tienen conocimiento de la problemática en cuestión desde el 2023, sin que conste que se haya tomado ninguna otra medida, que exista ninguna solución con certeza del problema denunciado por la recurrente, o que se haya definido una fecha para resolver dicha problemática. Bajo tal estado de las cosas, nos encontramos ante un problema sanitario grave que afecta al medio ambiente y la salud de los habitantes de la comunidad, y se constata que la Municipalidad… ha mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas debido a la naturaleza del problema sanitario que les aqueja. En reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. La persistencia del problema demuestra que las pocas acciones realizadas han sido claramente insuficientes. Debido a lo expuesto, lo procedente es la estimatoria del recurso a efecto que las autoridades de la Municipalidad … emitan las órdenes y lleven a cabo las actuaciones respectivas dentro del ámbito de sus competencias, a fin de solucionar de forma definitiva el problema denunciado por la parte recurrente y constatado por las autoridades sanitarias traídas al proceso de amparo. Ahora, si bien el 20 de diciembre del 2024 la planta de tratamiento fue puesta en funcionamiento, lo cierto es que fue por parte de los vecinos de la comunidad, lo cual no implica que las autoridades municipales deban de llevar las gestiones correspondientes para la situación expuesta en el presente proceso sea subsanada de forma definitiva, pues aluden que deben gestionar que la planta de tratamiento sea administrada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. VI.- Por otra parte, es menester indicar que no se observa alguna acción u omisión por parte de las autoridades sanitarias, quienes por su parte teniendo pleno conocimiento de la problemática que afecta a los pobladores del sector, se han encargado de brindar seguimiento al caso, constatar su existencia y emitir la orden sanitaria del caso. De igual manera respecto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, dado que no se colige que sean los responsables de darle el mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales. Así las cosas, lo que procede es desestimar el recurso en cuanto a tales autoridades…”

Finalmente, reiterar que al amparo del principio de legalidad las actuaciones en este caso se rigen por lo dispuesto en el Reglamento de aprobación y recepción de sistemas de saneamiento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que establece:

Artículo 22. Estaciones de Bombeo. El Instituto podrá asumir la administración, operación y mantenimiento de alcantarillado sanitario y estaciones de bombeo de aguas residuales de tipo ordinario , de urbanizaciones y cualquier tipo de desarrollo constructivo habitacional de conformidad con el ámbito de aplicación de este reglamento. Lo anterior, previo cumplimiento de los siguientes requisitos…” (énfasis propio). Siendo que en el caso que nos ocupa, no existe a la fecha el cumplimiento de los requisitos reglamentarios por parte del desarrollador para la recepción e interconexión de la Estación de Bombeo al sistema público operado por AyA, ésta de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud en los artículos 285 al 292, queda bajo la tutela y vigilancia del Ministerio de Salud. FUNDAMENTOS DE DERECHO Fundamentamos nuestra respuesta en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, artículos 32, 43 siguientes y concordantes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículos 113 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados N° 2726.

PETITORIA

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho señaladas, dejo rendido el informe solicitado. Expresamente se señala, para que sea tomado en cuenta por parte de esa Honorable Sala Constitucional, no sólo las actuaciones que ha realizado AyA en cumplimiento de sus fines, sino que de ningún modo ha desobedecido, violentado normas, garantías o principios constitucionales, más bien ha tenido una conducta responsable en respeto al derecho al saneamiento. Por lo que solicito se declare sin lugar en todos sus extremos el presente recurso de amparo.

La persistencia de la problemática evidencia la necesidad de una acción coordinada entre el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Liberia y los propietarios del Residencial El Río para establecer una solución definitiva. El AyA ha cumplido con brindar la información técnica y los reportes requeridos, pero la solución de fondo excede sus competencias”.

 

4.- Según constancia del 13 de octubre de 2025, el Director del Área Rectora de Salud de Liberia del Ministerio de Salud no rindió el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las 21:00 horas del 29 de agosto de 2025.

5.- Mediante resolución de las 11:19 horas del 20 de octubre de 2025, la Magistrada Instructora amplió el recurso contra la Ministra de Salud y el Alcalde de Liberia.

6.- Informa bajo juramento Mariela de los Ángeles Marín Mena, en su condición de Ministra de Salud en ejercicio (escrito presentado a las 18:32 horas del 22 de octubre de 2025) en los siguientes términos:

“INFORME DE LEY

De conformidad con lo expuesto, se rinde el presente informe de ley con sustento en el Oficio N°MS-DRRSCH-DARSL-ER-IT-0315-2025, de fecha 21 de octubre de 2025, mediante el cual en síntesis, se afirma:

 “…En cuanto a los aspectos alegados por los recurrentes en el presente caso por este medio hago de conocimiento la siguiente cronología de acciones realizadas en el caso:

Primero: El día 23 de abril de 2015, se presentó ante la Unidad de Atención al Cliente de la Dirección de Área Rectora de Salud de Liberia la denuncia N°213-2015, con del folio N°0001 al 0008.

Segundo: El día 13 de mayo de 2015, se realizó inspección sanitaria por Lica Laura Rodríguez Corrales y Bach Armando Mendoza García, del Equipo de Regulación del Área Rectora de Salud de Liberia al tanque de almacenamiento de aguas residuales de residencial el Rio, con folios del N°0015 al 0016.

Tercero: El día 16 de junio de 2015, se notificó la orden sanitaria N°161-2015 al señor Nombre91169. Administrador de residencial el Rio. El día 19 de mayo se notifica la orden sanitaria N°165-2015 al señor Edgar Chacón Villalobos, jefe cantonal de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con folios del N°0013 al 0016.

Cuarto: El día 18 de mayo de 2015 se informa a la señora Nombre91168 sobre la inspección sanitaria realizada al tanque de almacenamiento de aguas residuales de residencial el Rio, con folio N°0017.

Quinto: El día 03 de julio de 2015 se realiza inspección sanitaria de seguimiento al tanque de almacenamiento de aguas residuales de residencial el Rio para la verificación del cumplimiento de las ordenes sanitarias sanitaria N°161-2015 y la orden sanitaria No. 165-2015. Se confecciona el informe N°CH-ARS-L-ERS-629-2015, del folio 0021 al 0023.

Sexto: El día 14 de julio de 2015 se presenta ante los Tribunales de Justicia de Liberia la denuncia N°07-2015 contra Nombre91169. Administrador de Residencial el Rio y la denuncia N°08-2015 al señor Edgar Chacón Villalobos, jefe cantonal de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ambos por desobediencia a la autoridad de salud, del folio 0024 al 0029.

Séptimo: El día 26 de febrero de 2016 la señora Nombre91168 presenta recurso de amparo contra el Área Rectora de Salud de Liberia ante la Unidad de Atención al Cliente, expediente N°16-002436-0007-CO, se confecciona el informe N°CH-ARS-L-ERS-0144-2016 de Licda. Laura Rodríguez Corrales para dar respuesta al recurso, folios N°0042 al 0058

Octavo: El día 4 de abril de 2016, la dirección del Área Rectoras de Salud de Liberia da respuesta a solicitud de intervención N°210606-2016-SI-PFA de la Defensoría de los Habitantes, con folio 0063 al 0071.

Noveno: El día 18 de mayo de 2016 vía fax :Telf7200, se notifica la resolución 2016006368 del expediente N°16-002436-0007-CO, a las partes, con folios del 0081 al 0096.

Décimo: El día 18 de mayo de 2016, acorde a la resolución N°2016006368 del expediente N°16- 002436-0007-CO, se realiza inspección sanitaria por la Licda. Laura Rodríguez Corrales a al tanque de almacenamiento de aguas residuales generando el informe N°CH-ARS-L-ERS-465- 2016 concluyendo que el sistema de bombeo no garantiza la eficiencia y eficacia de la disposición final de las aguas negras de residencial el Rio y se procede a aplicar las ordenes sanitarias N°192 y 197-2016 al señor Nombre91169. Representante legal de Ganadera la Lilas S.A. Cedula jurídica CED51387, según certificaciones de Registro nacional, con folios de 0109 al 0128.

Décimo primero: El día 4 de julio de 2016 se realiza inspección de seguimiento de las ordenes N°192 y 197-2016 notificadas al señor Nombre91169. Representante legal de Ganadera la Lilas S.A. Cedula jurídica CED51387, concluyendo se procede a denunciar ante el Ministerio Publico por desobediencia a la autoridad de salud, con folios del 0146 al 0156

Décimo segundo: El día 25 de julio de 2016, Doctor Mario Calvo González vía correo electrónico remite la resolución N°2016006368 de recurso de amparo por el problema del sistema de aguas residuales del residencial el Rio, solicitando al director regional de la Fuerza Pública de Guanacaste, Comisionado Daniel Calderón Rodríguez el apoyo en caso de un eventual desalojo del residencial. Folios 160-161 y 162.

Décimo tercero: El día 15 y 18 de julio de 2016 se da seguimiento por el Equipo de Regulación el Área Rectora de Salud de Liberia al tanque de almacenamiento de aguas residuales concluyendo que en el momento de la visita el sistema de bombeo del tanque de almacenamiento de aguas residuales se encuentran en funcionamiento, las aguas residuales del residencial el Rio están siendo trasladadas hacia el alcantarillado sanitario que administra el Instituto Costarricense de Acueductos y alcantarilladlos de Liberia. Folio del 0163 al 0171.

Décimo cuarto: El día 2 de junio de 2017 se realizó inspección sanitaria de seguimiento por el Equipo de Regulación del Área Rectora de Salud de Liberia al tanque de almacenamiento de aguas residuales de residencial el Rio, para la verificación de la instalación un sistema de bombeo alternativo, en el momento de la visita se observan dos bombas automatizadas que trabajan de forma continua. Folio 232.

Décimo quinto: el día 22 de junio de 2017 a las catorce horas y cuarenta minutos se ordena comunicar solicitud de sobreseimiento definitivo. Expediente 16-001250-0396-PE, contra Nombre91169 Y Nombre91169. Folio 0235.

Décimo sexto: El día 11 de noviembre de 2022 se presentó ante la Unidad de Atención al Cliente de la Dirección de Área Rectora de Salud de Liberia la denuncia N°354-2022 contra Nombre91169. Administrador de residencial el Rio y AyA, por el tanque de almacenamiento de aguas residuales colapsado generando contaminación al medio y la salud pública, la red de alcantarillado de aguas residuales de del AyA de Liberia; pasa contiguo al tanque de almacenamiento y sus cajas sépticas en la época de invierno colapsan. Folios del 0001al 0004.

Décimo Séptimo: El día 25 de noviembre de 2022 se realiza inspección sanitaria, me atiende el señor Nombre91169, quien permite el paso a su propiedad donde se ubica el tanque de almacenamiento de aguas residuales de residencial el Rio, debo de manifestar que la red de alcantarillado de Ay A, pasa por la misma propiedad, la servidumbre de paso es únicamente por encima de la red vieja y red nueva. Se observa que el tanque de almacenamiento colapso, el sistema de bombeo no está funcionando, contaminando la salud pública y el ambiente. Se concluye notificar orden sanitaria. Folio 0006.

Décimo octavo: El día 19 de diciembre de 2022 se emiten las ordenes sanitarias MS-DRRSCHDARSL-ER-OS-0205 Y 0214-2022 para notificar al señor Johnny Rafael Leiva Badilla y Nombre91169, representantes de Ganadera Las Lilas S.A. hasta el 23 de diciembre de 2022 no fue posible localizar a los representantes en sus domicilios. Folios del 0006 al 0013.

Decimo noveno: El día 10 de marzo de 2023 se presentó ante la Unidad de Atención al Cliente de la Dirección de Área Rectora de Salud de Liberia el recurso de amparo, de Nombre91168, expediente N°23-004850-0007-CO, contra Ministerio de Salud, folios del 0014 al 0016.

Vigésimo: El día 10 de marzo de 2023, se visita la vivienda del señor Nombre91169 para la aplicación de la orden sanitaria, atiende la señora Nombre91170 (esposa) indica que no es con ella y se retira. Folio 0017.

Vigésimo primero: El día 13 de marzo de 2023 se confecciona el informe del expediente No. MS-DRRSCH-DARSL-ER-IT-075-2023 de Lic. Armando Mendoza García del Equipo de Regulación del Área Rectora de Salud de Liberia para resolver el recurso. Folio 0018. Vigésimo segundo: el día 13 de marzo de 2023, se traslada el recurso de la Dirección de Área Rectora de Salud de Liberia a la Dirección Regional. Folio 0019.

Vigésimo tercero: el Dia 14 de marzo de 2023, la Licda. Lena Rodríguez Aguirre, Abogada de Dirección Regional, con oficio DR-CH-PSJ-L-039-2023 hace a la devolución del expediente original del caso de recurso de amparo Exp 23-004850-0007-CO de Nombre91168, en atención al oficio MS-DRRSCH-DARSL-0152-2023 suscrito por Dr. Luis Enrique Mayorga Diaz. Folios del 0020 al 0025.

Vigésimo cuarto: El día 14 de marzo de 2023, el Dr. Enrique Jiménez Aragón. Jefe de Servicios de Salud de Dirección Regional de Rectoría de Salud Chorotega hace la devolución de expediente al Dr. Luis Enrique Mayorga Diaz de recurso de amparo caso señora Nombre91168, folio 0026.

Vigésimo quinto: El día 14 de marzo y 15 de marzo de 2023 se envía respuesta de recurso de Amparo Exp. No. 23-004850-0007-CO interpuesto por señora Nombre91168, con copias certificada de DR-CH-PSJ-L-038-2023 de Dr. Luis Enrique Mayorga Diaz a Informes-SC (autorizado para recibir informes de Sala Constitucional) ...106 Folios del 0027 al 0033.

Vigésimo sexto: El día 15 de marzo de 2023 se realiza gestión de notificación administrativa de DRRSCH-DARSL-ER-IT-0348-2022. DRRSCH-DARSL-ER-OS-0214-2022. DRRSCH-DARSLER-OS-0204-2022. DRRSCH-DARSL-ER-OS-0205-2022 a Ganadera Las Lilas S.A. Representantes legales Nombre91169 y Johnny Rafael Leiva Badilla, con dirección 50 m sur de antiguo bar México o contiguo a hotel Wilson N°3. Bo. Condega. Liberia. Guanacaste. Folios 0034 y 0035.

Vigésimo séptimo: El martes 28 de marzo de 2023 vía correo electrónico llega de Asuntos Jurídicos ...2613 para Dirección de Área Rectora de Salud de Liberia voto con lugar regional: sistema de notificaciones (expediente N°23-004850-0007-CO). Folio 0036 al 0045.

Vigésimo octavo: El día 28 de marzo de 2023, la Dirección del Área Rectora de Salud de Liberia solicita la visita conjunta con la dirección de aguas al Ing. Leonardo Solano Romero. Coordinador. Unidad hidrológica Tempisque-Pacifico Norte. Folio 0046.

Vigésimo noveno: el día 31 de marzo de 2023 la Dirección del Área Rectora de Salud de Liberia solicita auxilio policial para notificación de orden sanitaria a representantes de Ganadera Las Lilas S.A. Folios de Telf7201 a 0054.

Trigésimo: El día 12 de abril de 2023, el señor Anell González Rojas de Correos de Costa Rica hace entrega de las ultimas notificaciones tramitadas. Folios del 0055 al 0062.

Trigésimo primero: el día 12 de abril de 2023, en seguimiento resolución N°2023007051 Exp 23-004850-0007-CO Recurso de Amparo Interpuesto por señora Nombre91168, vía correo electrónico se envía a informes de Sala Constitucional ...106 el oficio MS-DRRSCH-DARSL-198-2023. Folios 0064-0065 y 0066.

Trigésimo segundo: El día 13 de abril de 2023, en seguimiento resolución N°2023007051 Exp 23-004850-0007-CO Recurso de Amparo Interpuesto por señora Nombre91168, vía correo electrónico se envía el oficio MS-DRRSCH-DARSL-203-2023 al señor Paul Rueda L. Magistrado Instructor. Sala Constitucional. Corte suprema de Justicia. San José. Folios 0067 y 0068.

Trigésimo tercero: El día 13 de abril de 2023, se notifica la orden sanitaria No. DRRSCH-DARS-ER-OS-0204-2022 a Nombre91169, uno de los representantes legales de Ganadera Las Lilas S.A. Folio 0069.

Trigésimo cuarto: El día 18 de abril de 2023, el señor Nombre91169, presenta en la Unidad de Atención al Cliente del Área Rectora de Salud de Liberia, respuesta a la orden sanitaria N°DRRSCH-DARSL-ER-OS-0204-2022 indicando que el sistema de bombeo de aguas residuales de residencial el Rio ya se restableció y solicita una inspección. Folio 0070.

Trigésimo quinto: El día 20 de abril de 2023, se realizó inspección sanitaria al tanque de almacenamiento y tratamiento de aguas residuales de residencial el Rio, encontrando lo siguiente:

1.-Se realizó limpieza del entorno del tanque de almacenamiento de aguas residuales.

2.- Se instalo el sistema eléctrico (medidor, caja porta medidor, caja de seguridad, conduleta y cables reactivamente).

3.- Se realiza limpieza y mantenimiento de bomba trituradora.

4.- Se puso a funcionar la bomba para la disposición de las aguas residuales hacia la red de alcantarillados sanitario de Ay A y posterior tratamiento de la PTAR. Folios 0071, 0072 y 0073

Trigésimo sexto: La Dirección del Área Rectora de Salud de Liberia vía correo electrónico envía cumplimiento de resolución 2023007051. Exp: 23-004850-0007-CO con el oficio No. MSDRRSCH-DARSL-221-2023 de Dr. Luis Enrique Mayorga Diaz. Director de Área Rectora de Salud de Liberia. al señor Paul Rueda L. Magistrado Instructor. Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia. San José. Folios 0074-0075 y 0076.

Sin otro particular, se suscribe de Usted. Lic. Armando Mendoza García. Equipo de Regulación: Área Rectora de Salud de Liberia…”.

CONCLUSIÓN:

De conformidad con lo aquí expuesto, el Ministerio de Salud, a través del Área Rectora de Salud Liberia y la Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Chorotega ha dado el debido seguimiento, vigilancia y monitoreo al presente proceso desde su génesis, evidenciado así desde el 2015, siendo que se han aportado los informes de Ley pertinentes ante esa Honorable Sala Constitucional como las respectivas denuncias penales ante las instancias judiciales pertinentes, todo con lo finalidad de dar la atención oportuna a las denuncias presentadas y evitar problemas a la salud de la población del Residencial El Río, como al recurso natural que pudiera verse afectado, no apartando el Ministerio de Salud su vista a esta problemática, evidenciando en el transcurso del tiempo cumplimiento a lo ordenado y ante variantes en el mismo la acción oportuna de este Ministerio en salvaguardar la salud de la población mediante la emisión de nuevas órdenes sanitarias.

No resulta conforme a la verdad real los extremos expuestos por la amparada al decir que existe desidia y abandono por parte del Ministerio de Salud a la problemática existente, ya que hemos sido contestes cada vez que se requiere nuestra vigilancia ante alguna denuncia y con el debido seguimiento a las ordenes emitidas, buscando a las partes intervinientes en esta problemática hasta con recurso judicial como se ha evidenciado.

Rogando a esa Honorable Sala Constitucional, tomar en cuenta los comunicados suministrados y referidos en el presente Informe Constitucional en el transcurso del tiempo, como lo fueron los N°CH-ARS-L-ERS-0144-2016, N°CH-ARS-L-ERS-465-2016, DR-CH-PSJ-L-038-2023, MSDRRSCH-DARSL-198-2023, MS-DRRSCH-DARSL-203-2023, N°MS-DRRSCH-DARSL-221- 2023, así como tener por evidenciado los esfuerzos realizados por el Ministerio de Salud ante Fuerza Pública, Municipalidad de Liberia y a las personas implicadas en las denuncias interpuestas no siendo omisos a nuestra misión y mandato constitucional en salvaguardar el bien a la salud. No omitiendo, así como se ha evidenciado en el transcurso del tiempo, este ministerio de manera inmediata atenderá cualquier denuncia que se presente en este sector, como se ha demostrado puede cambiar la situación de tanque de almacenamiento de aguas residuales del Residencial el Rio, sea por vandalismo, mantenimientos o desgastes naturales

PETITORIA:

En virtud de lo expuesto, respetuosamente se solicita a la Honorable Sala Constitucional, DECLARAR SIN LUGAR el presente recurso de amparo, pues resulta evidente de lo informado, que desde el Ministerio de Salud, hemos y seguimos realizando todos los esfuerzos necesarios para atender la totalidad de lo que nos exige la Ley, dando acompañamiento y seguimiento a la problemática vista en el tanque de almacenamiento de aguas residuales del Residencial el Río, reiteramos nuestra solicitud respetuosa, que se EXIMA DE TODA RESPONSABILIDAD A LA SUSCRITA EN CONDICIÓN DE MINISTRA DE SALUD a.i., Y AL MINISTERIO DE SALUD”.

 

7.- Informa bajo juramento José Javier Calvo Darcía, en su condición de Alcalde de Liberia (escrito presentado a las 15:32 horas del 27 de octubre de 2025) en los siguientes términos:

“PRIMERO: La Municipalidad de Liberia es una institución que forma parte de la Administración Pública, cuyos objetivos se encuentran plasmados en su naturaleza de ente público al servicio del Municipio.

Que la MUNICIPALIDAD DE LIBERIA dada la naturaleza jurídica y la función pública que desempeña la institución, se encuentra reguladas por el ordenamiento jurídico administrativo, lo que  le obliga a sujetar su actuar a la satisfacción del interés público, sometida a1 principio de legalidad que se traduce en un actuar eficiente, responsable, en estricto apego a principios elementales de justicia, lógica y conveniencia (Artículos 10, 11 y 16 inciso l. de la Ley General de la Administración Pública).

Es de suma importancia aclarar en primer lugar a esta honorable Sala Constitucional, que la Municipalidad de Liberia, no ha violentado los derechos constitucionales al recurrente.

SEGUNDO: Sobre los hechos alegados por la parte recurrente, en resumen: que en el 2015 interpuso un recurso de amparo resuelto bajo el número 16-002436-0007-CO, en el que se denunció el mal manejo de una fosa de almacenamiento de aguas negras del Residencial El Río, ubicado en Dirección5863. Señala que, como resultado, el Ministerio de Salud giró una orden sanitaria al propietario de la fosa, quien instaló bombas sumergibles para trasladar los desechos fecales al alcantarillado sanitario; sin embargo, comenta que la solución fue parcial y los problemas se repitieron con frecuencia. Indica que desde octubre de 2022 el sistema de bombeo y la fosa quedaron en completo abandono, provocando el desbordamiento de aguas negras directamente al Río Liberia y a lotes aledaños, cuya situación genera malos olores, gases pestilentes, proliferación de insectos y roedores, más contaminación directa del río y del ambiente. Recalca que su vivienda es la más afectada por su cercanía, obligando a mantener puertas y ventanas cerradas, lo que afecta gravemente la salud, la convivencia y el derecho a una vida digna de su familia, conformada por sum esposo, una adolescente de 18 años, una niña de 10 años y ella misma. Añade que desde el 11 de noviembre de 2022 presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Salud de Liberia bajo el número 354-2022; no obstante, reclama que a la fecha no ha sido atendida, alegando la imposibilidad de notificar al propietario. Agrega que, en noviembre de 2023, presentó una nueva denuncia por la misma situación, la cual tampoco fue resuelta, evidenciando una omisión reiterada por parte de las autoridades sanitarias. Manifiesta que actualmente, la extracción del material fecal acumulado en la fosa se realiza de forma precaria e irregular por una persona no identificada, sin autorización oficial aparente, utilizando una bomba manual externa para trasladar los desechos al alcantarillado público, cuyo procedimiento se extiende por aproximadamente nueve horas diarias, lo que implica la apertura simultánea de la fosa y del alcantarillado, liberando olores nauseabundos y gases pestilentes, y exponiendo a la comunidad a vectores y al riesgo de derrames que terminan en el Río Liberia. Señala que cuando la bomba no se utiliza, el material fecal se desborda directamente al cauce del río, siendo que esta situación representa un manejo negligente de residuos altamente contaminantes en un complejo habitacional de más de 250 viviendas y un hotel, sin condiciones mínimas de seguridad, salubridad ni control ambiental. Además, comenta que, durante la época lluviosa, el alcantarillado sanitario del AyA, colindante con la fosa, se desborda, agravando aún más la contaminación ambiental. En virtud de la omisión expuesta, considera que vulnerados sus derechos fundamentales y de los demás habitantes de la zona afectada, por lo que solicita se declare con lugar el presente recurso y se ordene lo que en derecho corresponda:

Cabe aclarar a esta respetable Sala que el ámbito de actuación de la Administración Pública concretamente con los Municipios, de acuerdo con el Principio de Legalidad estipulado en la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública, en la materia propia del Derecho Público, y concretamente en el Derecho Administrativo, el principio de legalidad representa uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se asienta el quehacer diario de la Administración Pública. Su nacimiento se encuentra concomitantemente con el nacimiento de las instituciones políticas modernas, y con el desarrollo y extensión del Derecho Administrativo, como aquel derecho tendiente a regular las actuaciones de la administración en el ejercicio de su función administrativa. De referencia positiva en nuestro ordenamiento jurídico, en el numeral 11 de la Constitución Política , y en los artículos 11, 12, 6 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, su conceptualización se da, en el sentido de que todo acto o comportamiento de la Administración Pública debe estar regulado y permitido por el ordenamiento jurídico, aplicando el viejo aforismo de que la Administración puede hacer únicamente aquello que le está permitido, muy al contrario de la actuación del particular, que en su actividad privada rige el dogma de la autonomía de la voluntad, y el mismo podrá hacer actos o actividades que no se encuentren prohibidas.

Con relación al tema de los Municipios, en el artículo 169 de la Constitución Política se fijan las atribuciones municipales, al poner a cargo del Gobierno local, los intereses y servicios locales, concomitantemente con el Código Municipal que señala las atribuciones municipales que atiendan al fin de promover el desarrollo integral de los cantones y dentro de los cuales señala una lista muy extensa de las mismas. Se pueden contar dentro de ellas, los servicios públicos locales, la planificación urbanística, la administración de la zona marítimo terrestre etc.

Cabe aclarar a esta respetable Sala, que en acatamiento al Código Municipal artículo 4 siguientes y concordantes, establece que la municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política, dentro de sus atribuciones. Por lo que en acatamiento a dicha normativa no es posible para este municipio intervenir en un asunto que no se enmarca en las atribuciones otorgadas por el Código Municipal y por la misma Constitución Política, por ser un asunto que compete a otras instituciones estatales sean estas el Ministerio de Salud y Acueductos y Alcantarillados y no a esta Municipalidad.

Cabe aclarar a esta respetable autoridad que no es cierto lo que indica la recurrente con estos hechos ya que no se ha recibido ninguna denuncia por parte de la recurrente. Ver oficio SGA-287-10-2025, de fecha del 24 de octubre del 2025 que se adjunta como prueba suscrito por el Ing. Augusto Otárola Guerrero, Gestor Ambiental, Municipalidad de Liberia, se indica lo siguiente:

“Sobre este caso se responde que mi unidad a cargo no ha tenido denuncias sobre esa situación relacionada con supuestos problemas con desborde de aguas negras y solidos fecales del tanque de almacenamiento de residuos fecales de residencial del rio hacia el rio Liberia tal como lo manifiesta la denunciante. Sin embargo, esta unidad ambiental realizará inspección al lugar en conjunto con la unidad de Control Constructivo para darle seguimiento al caso y en las competencias de esta municipalidad proceder si fuese necesario.” (El resaltado es nuestro).

Considerando este municipio que no es cierto lo que indica la recurrente en estos hechos, ya que no se le vulneran los derechos fundamentales alegados, por lo que el recurso presentado debe declararse sin lugar.

TERCERO: Se remite copia certificada de la documentación relacionada con este recurso de amparo. PETITORIA.

Solicito se declare sin lugar este recurso de amparo y se condene a la recurrente al pago de ambas costas de esta acción”.

 

8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

   Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente alega que en el 2015 interpuso un recurso de amparo que se tramitó en el expediente No. 16-002436-0007-CO, en el que se denunció el mal manejo de una fosa de almacenamiento de aguas negras del residencial El Río, ubicado en Dirección1499 de Liberia. Señala que, como resultado, el Ministerio de Salud giró una orden sanitaria al propietario de la fosa, quien instaló bombas sumergibles para trasladar los desechos fecales al alcantarillado sanitario. Sin embargo, la solución fue parcial y los problemas se han repetido con frecuencia. Indica que desde octubre de 2022 el sistema de bombeo y la fosa quedaron en completo abandono, provocando el desbordamiento de aguas negras directamente al río Liberia y a lotes aledaños, cuya situación genera malos olores, gases pestilentes, proliferación de insectos y roedores, más contaminación directa del río y del ambiente. Recalca que su vivienda es la más afectada por su cercanía, obligando a mantener puertas y ventanas cerradas, lo que afecta gravemente la salud, la convivencia y el derecho a una vida digna de su familia, conformada por su esposo, una adolescente de 18 años, una niña de 10 años y ella misma. Añade que desde el 11 de noviembre de 2022 presentó una denuncia ante el Ministerio de Salud de Liberia bajo el No. 354-2022; no obstante, a la fecha no ha sido atendida, alegando la imposibilidad de notificar al propietario. Agrega que, en noviembre de 2023, presentó una nueva denuncia por la misma situación, la cual tampoco fue resuelta. Actualmente, la extracción del material fecal acumulado en la fosa se realiza de forma precaria e irregular por una persona no identificada, sin autorización oficial aparente, utilizando una bomba manual externa para trasladar los desechos al alcantarillado público, cuyo procedimiento se extiende por aproximadamente nueve horas diarias, lo que implica la apertura simultánea de la fosa y del alcantarillado, liberando olores nauseabundos y gases pestilentes y exponiendo a la comunidad a vectores y al riesgo de derrames que terminan en el río Liberia. Señala que cuando la bomba no se utiliza, el material fecal se desborda directamente al cauce del río, lo que representa un manejo negligente de residuos altamente contaminantes en un complejo habitacional de más de 250 viviendas y un hotel, sin condiciones mínimas de seguridad, salubridad ni control ambiental. Además, durante la época lluviosa, el alcantarillado sanitario del ICAA, colindante con la fosa, se desborda, agravando aún más la contaminación ambiental.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

1)                       El 20 de abril de 2023, funcionarios del Ministerio de Salud realizaron una inspección sanitaria al tanque de almacenamiento y tratamiento de aguas residuales del residencial El Río, ubicado en Dirección1499 de Liberia, con el siguiente resultado: 1.-Se realizó limpieza del entorno del tanque de almacenamiento de aguas residuales. 2.- Se instaló el sistema eléctrico (medidor, caja porta medidor, caja de seguridad, conduleta y cables reactivamente). 3.- Se realizó limpieza y mantenimiento de bomba trituradora. 4.- Se puso a funcionar la bomba para la disposición de las aguas residuales hacia la red de alcantarillado sanitario del ICAA y posterior tratamiento de la PTAR (véanse informe de la ministra recurrida y prueba documental aportada).

2)                       El 11 y 12 de septiembre de 2024, funcionarios del ICAA realizaron inspecciones de campo y constataron  la existencia de un sistema de bombeo artesanal, utilizado por lapsos parciales, que trasladaba aguas negras desde el tanque del residencial El Río hasta el colector público del ICAA, situación no autorizada por parte de las autoridades institucionales que comprometen la operación del alcantarillado público generando sobrecargas y riesgos de desbordes (véanse informe del Jefe de la Oficina Cantonal de Liberia del ICAA y prueba documental aportada).

3)                       El tanque de almacenamiento de aguas negras del residencial El Río presenta en la actualidad desbordamiento de aguas negras directamente al río Liberia y a lotes aledaños, lo que genera malos olores, gases pestilentes, proliferación de insectos y roedores (véanse escrito de interposición del recurso y prueba fotográfica aportada).

4)                       La extracción del material fecal acumulado en el tanque de almacenamiento se realiza de forma precaria utilizando una bomba manual externa para trasladar los desechos al alcantarillado público, lo que provoca olores nauseabundos y gases pestilentes (véanse escrito de interposición del recurso y prueba fotográfica aportada).

5)                       La estación de bombeo de aguas residuales del residencial El Río no ha sido recibida formalmente por el ICAA, por lo que su operación queda bajo la tutela y responsabilidad del Ministerio de Salud (véase informe del Jefe de la Oficina Cantonal de Liberia del ICAA).

III.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así como, a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia No. 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible–”. Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política, se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes". Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

IV.- Sobre la coordinación de las instituciones públicas en la protección integral al ambiente. Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar mediante sentencia No. 1999-005445 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, que: "La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de este (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector".

V.- Sobre los anteriores recursos de amparo interpuestos por la recurrente. En dos oportunidades ha acudido la recurrente a esta Sala por la misma problemática por la cual acciona nuevamente. Dicha situación es la contaminación ambiental que provoca el mal funcionamiento del tanque de almacenamiento y tratamiento de aguas residuales del residencial El Río, ubicado en Dirección1499 de Liberia, del cual es vecina.

El primer recurso de amparo se tramitó en el expediente No. 16-002436-0007-CO y consta que alegó:

“I-. OBJETO DEL RECURSO. El presente amparo fue dirigido contra una persona física, en su condición de encargado de un residencial, por el hecho de incumplir una orden sanitaria dictada por el Ministerio de Salud en Liberia, por las presuntas deficiencias en el sistema de manejo de aguas residuales en un residencial privado”.

 

       Ese asunto fue declarado con lugar, únicamente, contra el Ministerio de Salud, por la mayoría de la Sala, mediante sentencia No. 2016-006368 de las 09:30 horas del 13 de mayo de 2016 con sustento en las siguientes consideraciones:

“IV. DEL AMPARO CONTRA EL MINISTERIO DE SALUD. SOBRE LOS HECHOS: En lo que atañe al Ministerio de Salud, el informe rendido bajo la fe del juramento por el Dr. Mario Enrique Calvo González, Director del Área Rectora de Salud de Liberia, acredita, en lo que interesa, que:

1. la recurrente formuló una denuncia ante el Ministerio de Salud, por malos olores, problemas de aguas negras y contaminación de fuentes de agua el 23 de abril de 2015, en contra del Residencial El Río (v. copia del expediente administrativo);

 2. a las 3:15 horas de 15 de mayo de 2015 se realizó inspección en el sitio, por parte el equipo de regulación de esa Área Rectora en la cual estuvo presente Nombre91169, encargado del Residencial denunciado;

3. el equipo de regulación del Ministerio de Salud emitió el Informe Técnico No. CH-ARS-L-ERS-349-2015 de mayo de 2015, producto de las inspecciones realizadas, en el cual se señalan las deficiencias en el sistema de manejo de aguas residuales y, en particular, del tanque de almacenamiento de esas aguas por parte del Residencial Del Río, consistentes, entre otras, en que el agua residual ha formado un lodo séptico seco que satura el sistema y, al encontrarse expuesto, sin tapa, genera olores muy desagradables; se encontraron residuos de lodos en los alrededores del tanque que evidencias que la cantidad de lodos sépticos sobrepasó la capacidad de almacenamiento en semanas anteriores, lo que ocasionó un desbordamiento, lo que el Ministerio atribuye a falta de mantenimiento del sistema; la protección del área del tanque es insuficiente; hay zacate en exceso en los alrededores y la red de alcantarillado del AyA que se encuentra en el Residencial no tiene tapa, entre otros.

4. el mismo informe indica que el encargado del Residencial atribuye el problema a la falta de seguridad en el sitio porque se han robado la bomba que envía las aguas residuales a la laguna de oxidación del AyA;

5. el 23 de abril de 2015, el Ministerio de Salud en Liberia emitió la orden sanitaria número 161-2015 de 18 de mayo de 2015, ordenando al encargado del Residencial El Río que en 12 días hábiles reparara el sistema de almacenamiento y bombeo, se instalaran tapas, malla de protección del lugar y otros;

6. el mismo 23 de abril de 2015, el Ministerio emitió orden sanitaria 165-2015 al AyA, para que corrigiera deficiencias y entregara un plan de mitigación;

7. vencidos los plazos de las órdenes sanitarias indicadas, el Ministerio realizó seguimiento, encontró prácticamente la misma situación e interpuso denuncias penales contra el encargado del residencial y el jefe cantonal del AyA;

8. las respectivas denuncias judiciales tienen los números 07-2015 y 08-2015 el 14 de julio de 2015, por el delito de desobediencia, contra el encargado del Residencial del Río y al funcionario Edgar Chacón Villalobos del AyA. 9. la problemática ambiental se ha agravado.

V. DEL AMPARO CONTRA EL MINISTERIO DE SALUD. SOBRE EL FONDO: De los hechos anteriores se desprende que el Ministerio de Salud, si bien actuó oportunamente, emitió las órdenes sanitarias e incluso presentó denuncias penales, lo cierto es que el problema sanitario subsiste, como lo indica su representante en el informe rendido bajo juramento. No observa la Sala que el Ministerio haya adoptado medidas extraordinarias, como la clausura del lugar, la colaboración de la Fuerza Pública para la seguridad del lugar, e incluso, el eventual desalojo del residencial o cualesquiera otras medidas efectivas. La prestación de un servicio público como el que está en manos del Ministerio de Salud exige una eficiencia y diligencias acaso más allá de la necesaria en por parte de otros órganos públicos, por causa de los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano, en lo que atañe a sus competencias. La Sala considera que lo actuado por el Ministerio de Salud ha sido insuficiente y viola el derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano de la amparada, por lo que procede estimar el recurso en su contra y ordenar que se disponga las medidas necesarias, incluso radicales, y adopte las decisiones pertinentes a fin de eliminar el problema sanitario existente en la colindancia entre el Condominio Camino de Luna, el Río Liberia y el Residencial El Río, dentro de un término de dos meses, a partir de la notificación de la sentencia.-

VI. DEL AMPARO CONTRA EL AYA: Procede desestimar el amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por cuanto el informe rendido por el Encargado de la Oficina Cantonal de Liberia y el Director de la Región Chorotega acredita que actuaron lo dispuesto por el Ministerio de Salud, en lo que toca a sus competencias, con relación a la infraestructura del AyA (tapas y eliminación de fugas) porque el problema sanitario está generado por un sistema de manejo de aguas residuales que no ha sido recibido por la institución. Resulta evidente que el AyA no ha generado el problema ni vulnerado los derechos fundamentales de la amparada”.

 

De ahí se ordenó lo siguiente:

“Por tanto: Se declara con lugar el recurso, únicamente en contra del Ministerio de Salud. En consecuencia, se ordena al Dr. Mario Enrique Calvo González, Director del Área Rectora de Salud de Liberia, que disponga las medidas necesarias y adopte las decisiones pertinentes a fin de eliminar el problema sanitario existente en la colindancia entre el Dirección5865, el Río Liberia y el Residencial El Río, dentro de un término de dos meses, a partir de la notificación de la sentencia. Lo anterior, apercibido de que la desobediencia a las órdenes de esta Sala se encuentra sancionado penalmente según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados por los hechos que han dado lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se declara inadmisible el amparo en cuanto se dirige contra Nombre91171. La Magistrada Hernández López salva el voto y rechaza de plano el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota”.

 

  El segundo recurso de amparo se tramitó en el expediente No. 23-004850-0007-CO. La recurrente reclamó lo siguiente:

“II.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que su casa de habitación se ubica en Guanacaste, Liberia, Dirección5866, Residencial Camino de Luna casa número 52. Señala que hacia el norte colinda con el río Liberia, que a su vez colinda con la fosa de aguas negras que provienen del Residencial El Río y dichas aguas negras deben en teoría ser trasladadas por tuberías que lleven dicho material a la planta de aguas negras de Liberia. No obstante, aduce que hace cinco meses la poca atención y mantenimiento que brindaban a la fosa de almacenamiento y la bomba que funcionaba para triturar y trasladar dicho material fecal al alcantarillado sanitario de Liberia se anuló. Por ende, la bomba dejó de funcionar y el sistema en general está en abandono, por lo tanto, el material fecal se desborda permanentemente, desaguando directamente al río Liberia y lotes aledaños. Además, la inmundicia de malos olores son perennes, así como la liberación de gases, igualmente proliferan moscas, zancudos, roedores y contaminación directa del río Liberia y ambiente en general, siendo su hogar el más afectado debido a su cercanía. Asimismo, como un segundo problema, se presentó un desbordamiento del material fecal que transita por las tuberías del alcantarillado sanitario; ello, durante la época de fuertes lluvias, el material fecal se sale y genera fuerte contaminación ambiental. En atención a lo expuesto, indica que interpuso una denuncia ante el Ministerio de Salud, la cual se tramita bajo el No. 354-2022. No obstante, acusa que a la fecha en que se recurre, no ha sido atendida. Solicita la intervención de la Sala”.

 

         Igualmente, se declaró con lugar contra el Ministerio de Salud. Lo anterior en la sentencia No. 2023-0097051 de las 09:30 horas del 24 de marzo de 2023 con el siguiente fundamento:

“V.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite se tiene por acreditado que el 11 de noviembre de 2022 se recibió el formulario unificado para denuncias ante el Ministerio de Salud con el consecutivo de la denuncia No. 354-2022 en la Unidad de Atención al Cliente del Área Rectora de Salud de Liberia, en el cual la recurrente acusó la presencia de malos olores provenientes de la fosa de aguas negras del Residencial El Río. En ese contexto, alegó que en múltiples ocasiones se han presentado problemas con el funcionamiento de las bombas y, por ende, se provoca el desbordamiento de aguas negras. Asimismo, denunció que se presentó un desbordamiento del material fecal que transita por las tuberías del alcantarillado sanitario, siendo que durante la época de fuertes lluvias el material fecal se sale y genera fuerte contaminación ambiental. En atención a lo anterior, se colige que el 25 de noviembre de 2022 el Lic. Armando Mendoza García, en compañía del Ing. Miguel Chaves López, ambos funcionarios del Equipo de Regulación del Área Rectora de Salud de Liberia, realizaron una inspección en el tanque de almacenamiento y tratamiento de aguas residuales del Residencial El Río, determinando lo siguiente: “El sistema de tanque de almacenamiento y bombeo de as aguas residuales El Río no estaba funcionando, las aguas residuales están rebalsadas, cayendo en el terreno generando la contaminación al medio (…) El propietario debe de solucionar el problema del sistema del tanque de almacenamiento, bombeo, sistema eléctrico bombas trituradoras, tamizajes y disponer adecuadamente las aguas residuales a la red del sistema de tratamiento de aguas residuales”. Consecuentemente, consta que el 19 de diciembre de 2022 la autoridad recurrida confeccionó las órdenes sanitarias Nos. MS-DRRSCHDARSL-ER-OS-0204-2022, MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0205-2022 y, MSDRRSCH-DARSL-ER-OS-0214-2022, dirigidas a Nombre91169, Nombre91169 y Johnny Leiva Badilla, quienes figuran como representantes legales de Ganadera las Lilas S.A., en las cuales se ordena que dentro del plazo de 15 días procedan a “reparar el sistema de almacenamiento y tratamiento de aguas residuales de residencial El Río (sistema eléctrico, bombas trituradoras, tamizaje) y disponer adecuadamente a la red de aguas residuales de Acueductos y alcantarillados”.

Ahora bien, según el informe adjunto, dichas órdenes no se han podido notificar por las siguientes circunstancias: El 20 de diciembre de 2022 el Lic. Armando Mendoza García en compañía del Ing. Miguel Chaves López, realizaron una visita al Residencial El Río, en oficina contiguo a las Cuadras de Caballos para la aplicación de la orden sanitaria No. MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0204-2022 a Nombre91169. No obstante, no se encontró a nadie. El 21 de diciembre de 2022 el Lic. Armando Mendoza García en compañía de Ing. Miguel Chaves López, realizaron una visita al Residencial El Río, en oficina contiguo a las Cuadras de Caballos para aplicar la orden sanitaria No. MSDRRSCH-DARSL-EROS-0204-2022. Sin embargo, no se encontró a nadie. Ese mismo día, se envió mensaje a Nombre91169 por medio del correo electrónico ...1639, solicitándole indicar si se podía enviar notificación de orden sanitaria por ese medio electrónico; empero, no se obtuvo respuesta alguna. Los días 22 y 23 de diciembre de 2022 funcionarios del área de salud recurrida realizaron una visita al Residencial El Río, propiedad de Nombre91169, para notificar la orden sanitaria No. MS-DRRSCHDARSL-ER-OS-0204- 2022, pero no se encontró a nadie. El 10 de marzo de 2023 se realizó una visita a la vivienda de Nombre91169, contiguo a Hotel Wilson No. 3 para la notificación de la orden sanitaria No. MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0205-2022. En esa ocasión, fueron atendidos por Nombre91172, esposa de Nombre91169, a quien se le informó de la notificación; empero, la misma les indicó que “eso no es con ella”.

En la especie, si bien la autoridad recurrida argumenta que procederá a notificar las órdenes sanitarias por medio de Correo Certificado por Correos de Costa Rica, lo cierto del caso es que no ha logrado resolver la problemática expuesta por la recurrente de manera definitiva; ello, por cuanto la excusa de que no ha podido notificar las órdenes sanitarias no resulta suficiente para esta Sala, tomando en cuenta que hay un problema serio comprobado de aguas residuales incorrectamente manejadas, las cuales están rebalsadas y discurren en el terreno generando la contaminación al medio. En ese orden de ideas, se advierte que el Ministerio de Salud tiene amplias potestades para actuar de conformidad con la Ley General de Salud y el Reglamento correspondiente, como ente rector encargado de la vigilancia y control de la salud, ya que es claro que de conformidad con la Ley General de Salud artículos 39 y 286 es deber de todo propietario y encargado de muebles e inmuebles evitar molestias y daños a la salud, así como focos de contaminación o infección debiendo efectuar obras de drenaje e incluso en caso de renuencia hacerlas la administración a costa del omiso, todo resguardando el debido proceso (véase en similar sentido la sentencia No. 2022010613 de las 09:40 horas del 13 de mayo de 2022. Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consecuencias, que se indicaran en la parte dispositiva”.

 

          Por ello, en la parte dispositiva se ordenó lo que a continuación se trascribe:

“POR TANTO: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Luis Enrique Mayorga Díaz, en su condición de Jefe Médico del Área Rectora de Salud de Liberia, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que tome las medidas correspondientes dentro del ámbito de sus competencias para que: 1) dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se notifique las órdenes sanitarias Nos. MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0204-2022, MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0205- 2022 y, MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0214-2022, a quienes correspondan y 2) dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del momento de notificación de dichas órdenes sanitarias, de manera efectiva se cumplan las mismas. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese”.

 

VI.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, como se indicó, la recurrente acude por tercera vez en amparo acusando la misma problemática que la aqueja desde hace más de nueve años, pues interpuso el primer recurso el 22 de febrero de 2016. Se trata de la contaminación ambiental que provoca el mal funcionamiento del tanque de almacenamiento y tratamiento de aguas residuales del residencial El Río, ubicado en barrio El Capulín de Liberia, del cual es vecina.

1) Sobre la responsabilidad del Ministerio de Salud en los hechos acusados.

Se colige de lo que refiere la recurrente en el escrito de interposición del recurso que ese tanque presenta en la actualidad desbordamiento de aguas negras directamente al río Liberia y a lotes aledaños, lo que genera malos olores, gases pestilentes, proliferación de insectos y roedores. Además, la extracción del material fecal acumulado en el tanque de almacenamiento se realiza de forma precaria utilizando una bomba manual externa para trasladar los desechos al alcantarillado público, lo que provoca olores nauseabundos y gases pestilentes. Este último agravio es secundado por el ICAA, pues informa el Jefe de la Oficina Cantonal de Liberia que funcionarios de su representada realizaron inspecciones de campo el 11 y 12 de septiembre de 2024 y constataron la existencia de un sistema de bombeo artesanal, utilizado por lapsos parciales, que trasladaba aguas negras desde el tanque del residencial El Río hasta el colector público del ICAA. Agrega que ello sin autorización por parte de las autoridades institucionales, lo que comprometen la operación del alcantarillado público generando sobrecargas y riesgos de desbordes. 

Sobre tales hechos actuales la Ministra de Salud no se refiere en el informe rendido, pues se limita a hacer saber la atención brindada a las denuncias que sustentaron los recursos de amparo antes reseñados, así como las acciones desplegadas en observanza a lo ahí resuelto y ordenado. Incluso, como último acto desplegado señala que el 20 de abril de 2023 se llevó a cabo una inspección sanitaria al tanque con el siguiente resultado: 1.-Se realizó limpieza del entorno del tanque. 2.- Se instaló el sistema eléctrico (medidor, caja porta medidor, caja de seguridad, conduleta y cables reactivamente). 3.- Se realizó limpieza y mantenimiento de bomba trituradora. 4.- Se puso a funcionar la bomba para la disposición de las aguas residuales hacia la red de alcantarillado sanitario del ICAA y posterior tratamiento de la PTAR. Último punto que hasta contraviene con lo estatuido por dicho instituto como consta en lo informado por el Jefe de la Oficina Cantonal de Liberia. En suma, la ministra recurrida únicamente refiere acciones de hace más de dos años, omitiendo toda situación desde entonces, a pesar de que la recurrente acusa de nuevo la misma problemática persistente en el tiempo. 

Ciertamente, no corresponde a la Sala determinar cuáles decisiones técnicas deben adoptarse, pero sí compeler a la autoridad recurrida a adoptarlas, coordinar ante las instituciones competentes y solucionar el problema. Se acota a dichos efectos que el Ministerio de Salud tiene potestades legales para intervenir y también la posibilidad de coordinar con otras instancias estatales, como la municipalidad del lugar y el ICAA, a fin de lograr una solución integral del problema por vías legales y aun en contra de la voluntad de los particulares. Para este Tribunal, el solo hecho de que la situación de desbordamiento y contaminación por aguas residuales fuera conocida por el ministerio accionado desde hace más de nueve años, sin que realizara las acciones necesarias para solucionar el problema de manera definitiva, conlleva necesariamente que el recurso sea acogido.  De ahí que, en el presente caso, existe responsabilidad del Ministerio de Salud por omisión en el cumplimiento de sus deberes en tutela de la salud y el medio ambiente.  En consecuencia, ante la falta de actuación diligente y efectiva, es que esta Sala estima se debe acoger el recurso en su contra.

Aparte de lo anterior, cualquier inconformidad con las denuncias presentadas (incluyendo falta de notificación) y que sustentaron los anteriores recursos de amparo, deberá la recurrente reclamarlo en esos asuntos.   

2) Sobre la responsabilidad de la Municipalidad de Liberia en los hechos acusados por la recurrente. Si bien en el presente asunto no se acreditó que la recurrente haya formulado ante la Municipalidad de Liberia, directamente, una denuncia por el problema ambiental que acusa, lo cierto es que atendiendo a su posición como garante de los intereses y servicios locales, a partir de lo regulado por el artículo 169 de la Constitución Política, así como por lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional, no puede desentenderse de la situación que afecta a los vecinos de la localidad, y descargar sin más, toda la responsabilidad sobre el Ministerio de Salud y el ICAA. Sin lugar a duda, le es exigible haber mantenido una fiscalización y coordinación muchísimo más acuciosa, entre las diversas instancias competentes, pues tiene participación en los procesos constructivos en su cantón. Nótese que en el informe se trascribe lo indicado por el Gestor Ambiental en el sentido de que “esta unidad ambiental realizará inspección al lugar en conjunto con la unidad de Control Constructivo para darle seguimiento al caso y en las competencias de esta municipalidad proceder si fuese necesario”. Así las cosas, se estima procedente el recurso contra el gobierno local.

 3) Sobre la responsabilidad del ICAA en los hechos acusados. Como se indicó en la sentencia No. 2016-006368 antes reseñada, se estima que el ICAA no tiene responsabilidad en la problemática ambiental que aqueja a la recurrente, por cuanto la estación de bombeo de aguas residuales del residencial El Río no ha sido recibida formalmente por esa institución. Según se explica, esa situación le limita jurídicamente a intervenir e invertir recursos en dicho sistema, por encontrarse en el ámbito privado, quedando bajo la tutela y responsabilidad del Ministerio de Salud. Por ello, la competencia del ICAA se circunscribe a dos extremos: 1) Dar mantenimiento a las tapas de registro y reparación de fugas del colector del alcantarillado sanitario de su propiedad. 2) Presentar las denuncias por posibles conexiones ilícitas a dicho sistema. En ese sentido, no se logra acreditar ninguna responsabilidad directa que le sea reprochable al ICAA, por lo que el recurso debe ser desestimado.

VII.- Conclusión. En reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano ni el derecho a la salud debido a la incapacidad de las autoridades correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. En efecto, considera este Tribunal que la actividad estatal debe darse de manera coordinada y efectiva, pues no se trata simplemente de determinar el problema y endilgarle la responsabilidad a otros, como ha sucedido en este caso, ni tampoco corresponde que sea esta Sala quien asigne a cada entidad las soluciones que deben implementar; sino que, una vez valorado el asunto se debe dar una solución integral, para lo cual, bajo el sistema de distribución de competencias y funciones de un Estado, deben participar todos los involucrados, cada una aportando lo que en definitiva le corresponde. De conformidad con lo expuesto, esta Sala determina que tanto la Municipalidad de Liberia como el Ministerio de Salud deben coordinar una solución definitiva al problema sanitario que -desde hace más de nueve años- afecta a la recurrente y respecto del cual esta es la tercera resolución que emite este Tribunal para su solución. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso contra ambas autoridades, como se expondrá en la parte dispositiva de esta sentencia. Respecto al ICAA, con sustento en lo expuesto, se desestima el recurso.

VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa contaminación ambiental que provoca el mal funcionamiento del tanque de almacenamiento y tratamiento de aguas residuales de un residencial en Liberia, en detrimento de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. 

IX.-Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de cierta complejidad, como es en este caso que, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Liberia brinden una solución al problema denunciado por la recurrente. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código. 

  X.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso, únicamente, contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Liberia. Se ordena a Mariela de los Ángeles Marín Mena y a José Javier Calvo Darcía, respectivamente, en su condición de Ministra de Salud en ejercicio y de Alcalde de Liberia o a quienes ejerzan tales cargos.  que en forma coordinada giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde una solución integral y definitiva al problema de contaminación que aqueja a la recurrente Nombre91168. Se advierte a los recurridos, o a quienes ocupen sus cargos, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Liberia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 25-025544-0007-CO

 

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Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:37:42.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

... V.- On the prior amparo appeals filed by the appellant. On two occasions the appellant has come before this Chamber regarding the same problem for which she is suing again. Said situation is the environmental contamination caused by the malfunctioning of the wastewater storage and treatment tank at the Residencial El Río, located at Dirección6652 of Liberia, of which she is a neighbor.

The first amparo appeal was processed in file No. 16-002436-0007-CO and it is recorded that she alleged:

"I-. OBJECT OF THE APPEAL. This amparo was directed against a natural person, in their capacity as manager of a residential complex, for the fact of failing to comply with a sanitary order issued by the Ministry of Health in Liberia, due to the alleged deficiencies in the wastewater management system at a private residential complex".

That matter was declared with merit, solely against the Ministry of Health, by the majority of the Chamber, through judgment No. 2016-006368 of 09:30 hours on May 13, 2016, based on the following considerations:

"IV. OF THE AMPARO AGAINST THE MINISTRY OF HEALTH. ON THE FACTS: Regarding the Ministry of Health, the report rendered under oath by Dr. Mario Enrique Calvo González, Director of the Liberia Health Governing Area, accredits, in what is relevant, that:

1. the appellant filed a complaint before the Ministry of Health, for bad odors, sewage problems, and contamination of water sources on April 23, 2015, against the Residencial El Río (see copy of the administrative file);

2. at 3:15 hours on May 15, 2015, an on-site inspection was carried out by the regulatory team of that Health Governing Area, at which Nombre213322, manager of the denounced residential complex, was present;

3. the Ministry of Health's regulatory team issued Technical Report No. CH-ARS-L-ERS-349-2015 of May 2015, as a result of the inspections carried out, which points out the deficiencies in the wastewater management system and, in particular, in the storage tank for these waters by the Residencial Del Río, consisting of, among others, that the wastewater has formed dry septic sludge that saturates the system and, being exposed, without a cover, generates very unpleasant odors; sludge residues were found around the tank that evidence that the quantity of septic sludge exceeded the storage capacity in prior weeks, which caused an overflow, which the Ministry attributes to a lack of system maintenance; the protection of the tank area is insufficient; there is excessive grass in the surroundings and the AyA sewer network located in the residential complex has no cover, among others.

4. the same report indicates that the manager of the residential complex attributes the problem to a lack of security at the site because the pump that sends the wastewater to the AyA oxidation lagoon has been stolen;

5. on April 23, 2015, the Ministry of Health in Liberia issued sanitary order number 161-2015 of May 18, 2015, ordering the manager of Residencial El Río to repair the storage and pumping system within 12 business days, install covers, protective mesh for the site, and others;

6. that same April 23, 2015, the Ministry issued sanitary order 165-2015 to AyA, to correct deficiencies and deliver a mitigation plan;

7. once the deadlines for the indicated sanitary orders expired, the Ministry carried out follow-up, found practically the same situation, and filed criminal complaints against the manager of the residential complex and the cantonal head of AyA;

8. the respective judicial complaints have numbers 07-2015 and 08-2015 on July 14, 2015, for the crime of disobedience, against the manager of Residencial del Río and the official Edgar Chacón Villalobos of AyA. 9. the environmental problem has worsened.

V. OF THE AMPARO AGAINST THE MINISTRY OF HEALTH. ON THE MERITS: From the foregoing facts, it is clear that the Ministry of Health, although it acted in a timely manner, issued the sanitary orders, and even filed criminal complaints, the truth is that the sanitary problem persists, as its representative indicates in the report rendered under oath. The Chamber does not observe that the Ministry has adopted extraordinary measures, such as the closure of the site, the collaboration of the Public Force for the security of the site, and even, the eventual eviction of the residential complex or any other effective measures. The provision of a public service such as that which is in the hands of the Ministry of Health requires an efficiency and diligence perhaps beyond that necessary on the part of other public bodies, due to the fundamental rights to health and a healthy environment, in what pertains to its competencies. The Chamber considers that the actions taken by the Ministry of Health have been insufficient and violate the fundamental right to health and a healthy environment of the protected party, therefore, the appeal against it is to be granted and it is ordered to arrange the necessary measures, even radical ones, and adopt the pertinent decisions in order to eliminate the existing sanitary problem in the adjoining area between the Condominio Camino de Luna, the Río Liberia, and the Residencial El Río, within a term of two months, from the notification of the judgment.-

VI. OF THE AMPARO AGAINST AYA: The amparo against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is to be dismissed, since the report rendered by the Head of the Liberia Cantonal Office and the Director of the Chorotega Region accredits that they acted upon what was ordered by the Ministry of Health, regarding their competencies, in relation to the AyA infrastructure (covers and elimination of leaks) because the sanitary problem is generated by a wastewater management system that has not been received by the institution. It is evident that AyA has not generated the problem nor violated the fundamental rights of the protected party".

Hence, the following was ordered:

"Por tanto: The appeal is granted with merit, solely against the Ministry of Health. Consequently, Dr. Mario Enrique Calvo González, Director of the Liberia Health Governing Area, is ordered to arrange the necessary measures and adopt the pertinent decisions in order to eliminate the existing sanitary problem in the adjoining area between the Dirección23618, the Río Liberia, and the Residencial El Río, within a term of two months, from the notification of the judgment. The foregoing, with the warning that disobedience to the orders of this Chamber is subject to criminal sanction as provided in Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. The State is condemned to pay the damages caused by the facts that have given rise to this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. The amparo is declared inadmissible insofar as it is directed against Nombre213324. Judge Hernández López dissents and rejects the appeal outright. Judge Salazar Alvarado adds a note".

The second amparo appeal was processed in file No. 23-004850-0007-CO. The appellant claimed the following:

"II.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant states that her dwelling house is located in Guanacaste, Liberia, Dirección23619, Residencial Camino de Luna house number 52. She points out that to the north it borders the Río Liberia, which in turn borders the sewage pit that comes from the Residencial El Río and said sewage should theoretically be transported by pipes that carry said material to the Liberia sewage treatment plant. However, she alleges that five months ago the little attention and maintenance provided to the storage pit and the pump that worked to grind and transfer said fecal material to the Liberia sanitary sewer system was annulled. Therefore, the pump stopped working and the system in general is abandoned, therefore, the fecal material permanently overflows, draining directly into the Río Liberia and adjacent lots. In addition, the filth of bad odors is perennial, as well as the release of gases, likewise flies, mosquitoes, rodents proliferate, and direct contamination of the Río Liberia and the environment in general, her home being the most affected due to its proximity. Likewise, as a second problem, an overflow of the fecal material that travels through the pipes of the sanitary sewer system occurred; this, during the season of heavy rains, the fecal material spills out and generates strong environmental contamination. In light of the foregoing, she indicates that she filed a complaint before the Ministry of Health, which is processed under No. 354-2022. However, she accuses that as of the date of the appeal, it has not been addressed. She requests the intervention of the Chamber".

Similarly, it was granted with merit against the Ministry of Health. The foregoing in judgment No. 2023-0097051 of 09:30 hours on March 24, 2023, with the following basis:

"V.- ON THE MERITS. In the sub lite it is accredited that on November 11, 2022, the unified form for complaints was received before the Ministry of Health with the consecutive complaint No. 354-2022 in the Customer Service Unit of the Liberia Health Governing Area, in which the appellant accused the presence of bad odors coming from the sewage pit of the Residencial El Río. In that context, she alleged that on multiple occasions there have been problems with the operation of the pumps and, therefore, the overflow of sewage is caused. She also denounced that an overflow of the fecal material that travels through the pipes of the sanitary sewer system occurred, and during the season of heavy rains the fecal material spills out and generates strong environmental contamination. In attention to the foregoing, it is inferred that on November 25, 2022, Lic. Armando Mendoza García, accompanied by Ing. Miguel Chaves López, both officials of the Regulatory Team of the Liberia Health Governing Area, carried out an inspection of the wastewater storage and treatment tank of the Residencial El Río, determining the following: 'The El Río wastewater storage and pumping tank system was not working, the wastewater is overflowing, falling onto the ground generating contamination to the environment (…) The owner must solve the problem of the storage tank system, pumping, electrical system, grinder pumps, screening and properly dispose of the wastewater to the wastewater treatment system network'. Consequently, it is recorded that on December 19, 2022, the respondent authority prepared sanitary orders Nos. MS-DRRSCHDARSL-ER-OS-0204-2022, MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0205-2022 and, MSDRRSCH-DARSL-ER-OS-0214-2022, addressed to Nombre213322, Nombre213322 and Johnny Leiva Badilla, who appear as legal representatives of Ganadera las Lilas S.A., in which it is ordered that within a period of 15 days they proceed to 'repair the wastewater storage and treatment system of Residencial El Río (electrical system, grinder pumps, screening) and properly dispose of it to the Acueductos y Alcantarillados wastewater network'.

Now, according to the attached report, said orders have not been able to be notified due to the following circumstances: On December 20, 2022, Lic. Armando Mendoza García accompanied by Ing. Miguel Chaves López, made a visit to Residencial El Río, in the office adjacent to the Horse Stables for the application of sanitary order No. MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0204-2022 to Nombre213322. However, no one was found. On December 21, 2022, Lic. Armando Mendoza García accompanied by Ing. Miguel Chaves López, made a visit to Residencial El Río, in the office adjacent to the Horse Stables to apply sanitary order No. MSDRRSCH-DARSL-EROS-0204-2022. However, no one was found. That same day, a message was sent to Nombre213322 via email ...4899, asking him to indicate if notification of the sanitary order could be sent by that electronic means; however, no response was obtained. On December 22 and 23, 2022, officials from the respondent health area made a visit to Residencial El Río, property of Nombre213322, to notify sanitary order No. MS-DRRSCHDARSL-ER-OS-0204- 2022, but no one was found. On March 10, 2023, a visit was made to the residence of Nombre213322, adjacent to Dirección23620, for the notification of sanitary order No. MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0205-2022. On that occasion, they were attended by Nombre213325, wife of Nombre213322, who was informed of the notification; however, she indicated that 'that has nothing to do with her'.

In the instant case, although the respondent authority argues that it will proceed to notify the sanitary orders via Certified Mail by Correos de Costa Rica, the truth of the matter is that it has not managed to resolve the problem described by the appellant definitively; this, because the excuse that it has not been able to notify the sanitary orders is not sufficient for this Chamber, taking into account that there is a proven serious problem of improperly managed wastewater, which is overflowing and runs onto the ground generating contamination to the environment. In that vein, it is noted that the Ministry of Health has broad powers to act in accordance with the Ley General de Salud and the corresponding Reglamento, as the governing body in charge of health surveillance and control, since it is clear that in accordance with the Ley General de Salud articles 39 and 286, it is the duty of every owner and person in charge of movable and immovable property to avoid nuisances and damage to health, as well as sources of contamination or infection, having to carry out drainage works and even, in case of refusal, the administration must carry them out at the expense of the negligent party, all while safeguarding due process (see in a similar sense judgment No. 2022010613 of 09:40 hours on May 13, 2022). Thus, the appropriate course is to grant the appeal with merit, with the consequences that will be indicated in the operative part".

Therefore, in the operative part the following was ordered:

"POR TANTO: The appeal is granted with merit. Luis Enrique Mayorga Díaz, in his capacity as Chief Medical Officer of the Liberia Health Governing Area, or whoever acts in his stead, is ordered to take the corresponding measures within the scope of his competencies so that: 1) within a period of FIFTEEN DAYS, counted from the notification of this judgment, sanitary orders Nos. MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0204-2022, MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0205- 2022 and, MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0214-2022 are notified to the corresponding parties and 2) within a period of FIFTEEN DAYS, counted from the moment of notification of said sanitary orders, they are effectively complied with. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo appeal, and does not comply with or enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State is condemned to pay the costs, damages and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Judge Salazar Alvarado adds a note. Notify".

VI.- On the specific case. In the sub lite, as indicated, the appellant comes for the third time in amparo accusing the same problem that has afflicted her for more than nine years, since she filed the first appeal on February 22, 2016. It concerns the environmental contamination caused by the malfunctioning of the wastewater storage and treatment tank at the Residencial El Río, located at Dirección6652 of Liberia, of which she is a neighbor.

1) On the responsibility of the Ministry of Health in the accused facts.

It is inferred from what the appellant states in the appeal filing brief that this tank currently presents an overflow of sewage directly into the Río Liberia and adjacent lots, which generates bad odors, pestilent gases, and the proliferation of insects and rodents. In addition, the extraction of the fecal material accumulated in the storage tank is carried out in a precarious manner using an external manual pump to transfer the waste to the public sewer system, which causes nauseating odors and pestilent gases. This last grievance is seconded by the ICAA, as the Head of the Liberia Cantonal Office reports that officials of his represented entity carried out field inspections on September 11 and 12, 2024, and verified the existence of an artisanal pumping system, used for partial periods, which transferred sewage from the Residencial El Río tank to the ICAA public collector. He adds that this was without authorization from institutional authorities, which compromises the operation of the public sewer system generating overloads and risks of overflows.

Regarding these current facts, the Minister of Health does not refer to them in the rendered report, as she merely makes known the attention provided to the complaints that supported the amparo appeals previously outlined, as well as the actions deployed in observance of what was resolved and ordered therein. In fact, as the last action deployed, she points out that on April 20, 2023, a sanitary inspection of the tank was carried out with the following result: 1.- The surroundings of the tank were cleaned. 2.- The electrical system (meter, meter box, safety box, conduit, and cables were reactively installed). 3.- Cleaning and maintenance of the grinder pump was carried out. 4.- The pump was set to operate for the disposal of wastewater to the ICAA sanitary sewer network and subsequent treatment at the WWTP. A last point that even contradicts what was stipulated by said institute as recorded in what was reported by the Head of the Liberia Cantonal Office. In short, the respondent minister only refers to actions from more than two years ago, omitting any situation since then, even though the appellant once again accuses the same persistent problem over time.

Certainly, it is not for the Chamber to determine which technical decisions must be adopted, but it is to compel the respondent authority to adopt them, coordinate with the competent institutions, and solve the problem. It is noted for such purposes that the Ministry of Health has legal powers to intervene and also the possibility of coordinating with other state entities, such as the municipality of the place and the ICAA, in order to achieve a comprehensive solution to the problem through legal means and even against the will of private parties. For this Tribunal, the mere fact that the situation of overflow and contamination by wastewater was known to the sued ministry for more than nine years, without it having carried out the necessary actions to solve the problem definitively, necessarily entails that the appeal be granted. Hence, in the present case, there is responsibility of the Ministry of Health for omission in the fulfillment of its duties in protection of health and the environment. Consequently, given the lack of diligent and effective action, this Chamber deems that the appeal against it must be granted.

Apart from the foregoing, any disagreement with the complaints filed (including lack of notification) that supported the prior amparo appeals, must be claimed by the appellant in those matters.

2) On the responsibility of the Municipality of Liberia in the facts accused by the appellant. Although in the present matter it was not accredited that the appellant directly filed a complaint before the Municipality of Liberia regarding the environmental problem she accuses, the truth is that in light of its position as guarantor of local interests and services, based on what is regulated by Article 169 of the Constitución Política, as well as by constitutional jurisprudence, it cannot disregard the situation that affects the residents of the locality, and simply offload all responsibility onto the Ministry of Health and the ICAA. Without a doubt, it is required of it to have maintained a much more diligent oversight and coordination among the various competent bodies, since it participates in the construction processes in its canton. Note that the report transcribes what was indicated by the Environmental Manager in the sense that "this environmental unit will carry out an on-site inspection together with the Construction Control unit to follow up on the case and within the competencies of this municipality, proceed if necessary". Thus, the appeal against the local government is deemed with merit.

3) On the responsibility of the ICAA in the accused facts. As indicated in the previously outlined judgment No. 2016-006368, it is considered that the ICAA is not responsible for the environmental problem afflicting the appellant, since the wastewater pumping station of the Residencial El Río has not been formally received by that institution. As explained, this situation legally limits it from intervening and investing resources in said system, as it is in the private sphere, falling under the guardianship and responsibility of the Ministry of Health. Therefore, the ICAA's competence is limited to two aspects: 1) Performing maintenance on the manhole covers and repair of leaks in the sanitary sewer collector it owns. 2) Filing complaints for possible illicit connections to said system. In that sense, no direct responsibility attributable to the ICAA is accredited, so the appeal must be dismissed.

VII.- Conclusion. In reiterated jurisprudence, the Chamber has stated that it cannot be accepted that human beings be denied the right to a healthy environment or the right to health due to the incapacity of the corresponding authorities to effectively exercise the oversight powers and the solution to problems granted by law. Indeed, this Tribunal considers that state activity must be carried out in a coordinated and effective manner, since it is not simply a matter of determining the problem and assigning responsibility to others, as has happened in this case, nor is it for this Chamber to assign to each entity the solutions they must implement; but rather, once the matter is assessed, a comprehensive solution must be provided, for which, under the system of distribution of competencies and functions of a State, all those involved must participate, each contributing what definitively corresponds to them. In accordance with the foregoing, this Chamber determines that both the Municipality of Liberia and the Ministry of Health must coordinate a definitive solution to the sanitary problem that -for more than nine years- has affected the appellant and regarding which this is the third resolution issued by this Tribunal for its solution. Consequently, it is appropriate to declare the appeal with merit against both authorities, as will be set forth in the operative part of this judgment. Regarding the ICAA, based on the foregoing, the appeal is dismissed. (…)

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III.- On the right to a healthy and ecologically balanced environment. It must be indicated, in the first place, that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Constitución Política), as well as through applicable international regulations in Costa Rica. In this sense, in judgment No. 2006-005928 of 15:00 hours on May 2, 2006, this Tribunal resolved: "The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Similarly, in that ordinal of the political charter, the right to health finds its basis, since life is inconceivable if minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance are not guaranteed to the human person. Now, public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in Articles 21, 50, 73, and 89 of the Constitución Política. Specifically, Article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Tribunal has resorted to the use of the notion of 'environmental quality' as a parameter, precisely, of the quality of life of people, which is combined with other elements such as health, food, work, and housing, referring to the fact that every person has the right to use the environment for their own development but not in an unlimited manner, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations –principle of sustainable development–". Likewise, from Article 50 of the Constitución Política, the obligation of the State to protect the environment is derived. A norm that establishes to that effect: "The State shall procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce any acts that infringe that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions". This corroborates that the various public authorities have the unavoidable duty to preserve, defend, and guarantee the fundamental right of every person to health and to a healthy and ecologically balanced environment. (...)

...

IV.- On the coordination of public institutions in the comprehensive protection of the environment. There is an obligation for the State -as a whole- to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or inappropriate use of natural resources, which endanger the health of the administered persons. In this task, public institution is understood as both the Central Administration - Ministries, such as the Ministerio del Ambiente y Energía and the Ministry of Health -, which by reason of subject matter, have broad participation and responsibility with respect to the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized dependencies in the matter. Similarly, in this task, municipalities have great responsibility with respect to their territorial jurisdiction.

Given the diversity of actors that may intervene, one might think that this multiple responsibility would provoke chaos in administrative management. For this reason, in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various dependencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions that have been entrusted to them. This Chamber has already referred to the principle of coordination of public dependencies with the municipalities in the realization of common goals, stating through judgment No. 1999-005445 of 2:30 p.m. on July 14, 1999, that: "Coordination is the ordering of the relationships between these diverse independent activities, which takes charge of that concurrence in a single object or entity, to make it useful to a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. As there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, the imposition of certain behaviors upon them is not possible, whereby the indispensable inter-institutional 'concert,' in the strict sense, emerges, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of the municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed-upon forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow the corporate entities to be subjected to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the State (through the 'administrative oversight' of the State, and specifically, in the function of legality control that corresponds to it, with powers of general surveillance over the entire sector)." (…)” VCG11/2025

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Content of Interest:

Content type: Separate Note

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

POLLUTION.

VIII.- NOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned, that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the petitioner alleges environmental pollution caused by the malfunctioning of the wastewater storage and treatment tank of a residential complex in Liberia, to the detriment of a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.

VCG11/2025

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Content of Interest:

Content type: Dissenting Vote

Branch of Law: 6. CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE

Topic: 056- Execution of Judgments

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

IX.- Partial dissenting vote of Magistrate Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal must be granted, I differ on where to place the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves technical aspects of some complexity, as is the case in which, within six months, counted from the notification of this judgment, the Ministry of Health and the Municipality of Liberia must provide a solution to the problem denounced by the petitioner. In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code regarding execution (article 155 and following) have clear advantages, such as the possibility of requesting timelines, imposing fines, establishing responsibilities, supervising phases of compliance, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Constitutional Jurisdiction Law, I believe that the execution phase must be carried out before the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, under the judgment execution rules of said Code.

VCG11/2025

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Text of the resolution



Exp: 25-025544-0007-CO

Res. Nº 2025037542

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fourteenth of November of two thousand twenty-five.

Amparo appeal processed in case file number 25-025544-0007-CO, filed by Nombre91168, of legal age, identity card number CED51386, against the Ministry of Health, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the Municipality of Liberia.

Whereas:

1.- By writing received at the Secretariat of the Chamber at 11:59 hours on August 25, 2025, the petitioner files an amparo appeal against the Ministry of Health and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers -ICAA- and states that in 2015 she filed an amparo appeal resolved under number 16-002436-0007-CO, in which the poor management of a blackwater storage pit at the El Río residential complex, located at Dirección5863, was denounced. She points out that, as a result, the Ministry of Health issued a sanitary order to the owner of the pit, who installed submersible pumps to transfer the fecal waste to the sanitary sewer system; however, she comments that the solution was partial and the problems have frequently recurred. She indicates that since October 2022 the pumping system and the pit were completely abandoned, causing the overflow of blackwater directly into the Liberia River and adjacent lots, a situation that generates foul odors, pestilent gases, proliferation of insects and rodents, plus direct pollution of the river and the environment. She stresses that her dwelling is the most affected due to its proximity, forcing her to keep doors and windows closed, which seriously affects the health, coexistence, and the right to a dignified life of her family, consisting of her husband, an 18-year-old adolescent, a 10-year-old girl, and herself. She adds that on November 11, 2022, she filed a formal complaint before the Ministry of Health of Liberia under number 354-2022; however, she claims that to date it has not been addressed, alleging the impossibility of notifying the owner. She adds that, in November 2023, she filed a new complaint for the same situation, which was also not resolved, evidencing a repeated omission by the health authorities. She states that currently, the extraction of fecal material accumulated in the pit is carried out precariously and irregularly by an unidentified person, without apparent official authorization, using an external manual pump to transfer the waste to the public sewer system, a procedure that extends for approximately nine hours a day, which implies the simultaneous opening of the pit and the sewer system, releasing nauseating odors and pestilent gases and exposing the community to vectors and the risk of spills that end up in the Liberia River. She points out that when the pump is not used, the fecal material overflows directly into the riverbed, and that this situation represents negligent handling of highly polluting waste in a housing complex of more than 250 dwellings and a hotel, without minimum conditions of safety, health, or environmental control. Additionally, she comments that, during the rainy season, the ICAA's sanitary sewer system, adjacent to the pit, overflows, further aggravating the environmental pollution. By virtue of the stated omission, she considers her fundamental rights and those of the other inhabitants of the affected area to be violated, therefore she requests that this appeal be granted and that whatever is legally appropriate be ordered.

2.- By resolution of 9:00 p.m. on August 29, 2025, the Presidency of the Chamber admitted this amparo and requested a report from the Director of the Liberia Health Governing Area of the Ministry of Health and from the Head of the Liberia Cantonal Office of the ICAA, regarding the facts alleged by the petitioner.

3.- Wander Cubero Hurtado, in his capacity as Head of the Liberia Cantonal Office of the ICAA, reports under oath (writing filed at 5:36 p.m. on September 8, 2025) in the following terms:

“FIRST. On the occasion of the amparo appeal that Mrs. Nombre91168 filed in due course, followed under case file No. 16-002436-0007-CO, the Constitutional Chamber issued resolution No. 2016-006368, in which it ordered:

“… The appeal is granted, solely against the Ministry of Health. Consequently, it is ordered to Dr. Mario Enrique Calvo González, Director of the Liberia Health Area, to arrange the necessary measures and adopt the pertinent measures in order to eliminate the existing sanitary problem in the boundary between Dirección5864, the Liberia River, and Residencial El Río, within a term of two months, from the notification of the judgment…

Likewise, report GSP-RCH-CL-2025-0729 is extracted: “… For its part, the Chamber dismissed the claim against AyA, given that it was proven that the Wastewater Pumping Station (Estación de Bombeo de Aguas Residuales, EBAR) of the residential complex had not been formally received by this institution, a criterion reiterated in official communication GSP-RCH-CL-2016-00558 (April 4, 2016) and in official communication GSP-RCH-CL-2016-01266 (July 12, 2016).” The stated situation persists to date, in the sense that according to current regulations, (Regulation for the approval and reception of sanitation systems by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, Board of Directors Agreement No. 2022-0354) the AyA has not received the works, in this case the Pumping Station, a situation that legally limits it from intervening and investing resources in said system, as it is in the private sphere, remaining under the oversight and responsibility of the Ministry of Health. In this case, the competence of the AyA is limited to maintaining the manhole covers and repairing leaks in the sanitary sewer collector line it owns, to filing complaints for possible illicit connections to said system, which ultimately exacerbate the problem afflicting the neighbors and which in turn generate an overload in the public wastewater treatment system.

SECOND. It does not correspond to an act of my represented entity; however, it is clear that when a sanitary order is issued, it is the Ministry of Health itself, through the Governing Area, which is responsible for monitoring and verification until its effective materialization by the developer in this case.

THIRD. It is not an act of my represented entity.

FOURTH. It is not an act of my represented entity.

FIFTH. It is not an act of my represented entity.

SIXTH. It is not an act of my represented entity.

SEVENTH. As stated by the amparo petitioner, the extraction of fecal material accumulated in the pit of Residencial El Río is carried out in a precarious and absolutely irregular manner. A person—whose identity is unknown and who acts without control or apparent official authorization—uses an external manual pump to transfer blackwater from the pit to the public sanitary sewer system.

Report UEN-GA-2024-02063 and the Report on attention to the request for intervention for the wastewater overflow situation at the EBAR of the Residential and Condominium El Río, Liberia, corroborate what was narrated. In the field inspections carried out on September 11 and 12, 2024, the existence of an artisanal pumping system was verified, used for partial periods, which transferred blackwater from the residential complex's tank to the AyA public collector line, a situation clearly not authorized by institutional authorities.

It is reiterated that memorandum SG-GSP-RT-2024-00143 dated September 18, 2024, confirms that these irregular practices compromise the operation of the AyA public sewer system, generating overloads and risks of overflows, but that their root cause is the poor management of the abandoned private system.

This fact reinforces that, although there is interaction with AyA infrastructure (sanitary sewer system), the improper manipulation originates from unauthorized private individuals.

EIGHTH. There is a situation caused by a third party that is negatively impacting the operation of the public sanitary sewer system managed by the institution. The Regulation for the discharge and reuse of wastewater No. 33601-MINAE-S establishes the parameters under which it is possible to discharge treated water into a sanitary sewer system or a receiving body; however, being carried out in this irregular manner by a private individual, it compromises compliance with said regulation and generates overloads and risks of wastewater overflows, complicating the situation. It is a matter of concern for the institution that the Ministry of Health, on several occasions, attempts to transfer the fulfillment of its acts to the AyA through the issuance of sanitary orders, instead of acting according to its competencies and despite being aware of the legal impediments the Institution faces to intervene under those conditions, it insists on using that mechanism, instead of acting in the terms that this same Chamber has set out when stating to that Ministry: “(…) it acted opportunely, issued sanitary orders and even filed criminal complaints, the truth is that the sanitary problem persists, as indicated by its representative in the report rendered under oath. The Chamber does not see that the Ministry has adopted extraordinary measures, such as the closure of the place, the collaboration of the public force for the security of the place, and even the eventual eviction of the residential complex or any other effective measures. The provision of a public service like the one in the hands of the Ministry of Health demands an efficiency perhaps beyond that necessary on the part of other public bodies, because of the fundamental rights to health and a healthy environment, as far as its competencies are concerned. The Chamber considers that the actions taken by the Ministry of Health have been insufficient and violate the fundamental right to health and a healthy environment of the amparo petitioner, therefore it is appropriate to grant the appeal against it and order that it arrange the necessary measures, even radical ones, and adopt the pertinent decisions in order to eliminate the existing sanitary problem in the boundary between Condominio Camino de Luna, the Liberia River, and Residencial El Río, within a term of two months, from this notification of the judgment. “(Emphasis added)

Furthermore, in Report UEN-GA-2024-02063, it was documented that, due to the artisanal pumping and saturation of the residential complex's pit, the wastewater was transferred to the AYA collector line, which during the rainy season can cause temporary overloads and overflows; this coincides with the petitioner's perception. However, it must be emphasized that the overflows that occur in the public network have as their root cause the irregular inflow of wastewater from an abandoned private system, which exceeds the design and capacity of the institutional infrastructure. The AYA has addressed specific aspects of its collector line in the past (replacement of covers and correction of leaks, according to official communication GSP-RCH-CL-2016-01266), but it cannot assume the extraordinary loads derived from systems not received.

ON THE MERITS OF THE MATTER As a starting point, the criterion expressed by the Attorney General's Office through opinion C-257-2003 San José, August 27, 2003 (consistent with the substantive assessment made by the Constitutional Chamber in Case File 16-002436-0007-CO resolution 2016-006368) regarding the requirement for verification of the technical suitability of blackwater treatment plants by the AyA and the Ministry of Health must be considered. For the transfer to be enabled, the requirements that the Institute has defined must be met, to authorize the transfer of the corresponding portion of the public use area where the plant is located so that it can manage and operate it. In this regard, the aforementioned Opinion states: “…The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is the entity that determines, based on the provisions of the transcribed norm, when urbanizations must have blackwater treatment plants. The municipalities are responsible, in this matter, for ensuring that urbanization projects to be carried out in their canton comply with the norms indicated by the AyA regarding aqueducts and sewers, which includes having planned for blackwater treatment plants, when the AyA has so ordered. Once the works are built and at the time of their acceptance, the municipalities exercise control regarding compliance with the corresponding regulatory provisions, among them, those related to drinking water installations and blackwater collection and evacuation ordered by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and other competent public entities, all in accordance with the provisions of article VI.6. of the Regulation for the National Control of Subdivisions (Fraccionamientos) and Urbanizations, which establishes: “VI.6. Acceptance of works: The acceptance of the works and public areas shall be carried out in accordance with the regulatory provisions in force by the canton's municipality and the other public bodies that exercise control functions in this regard. No omission of details in the approved plans releases the urbanizer and the responsible professional from the obligations that concern them regarding the total and satisfactory delivery of the works, pursuant to the provisions of this regulation. The urbanizer and the responsible professional who sign the approval request for the construction plans are guarantors of the strict conformity of the works with the enforceable regulatory requirements, as indicated in the applicable laws.” In other words, although municipalities do not operate or maintain the blackwater collection and evacuation systems, they control that the urbanizations, and the buildings constructed within them, comply with the provisions that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and other competent public entities, have established regarding said systems, in order to fulfill their role of safeguarding health and the environment in their canton (…) (…) although numeral 40 of the Urban Planning Law indicates that municipalities may authorize the indicated transfer, the truth is that, unless it is exercising that residual competence mentioned above and, consequently, directly manages and operates the respective drinking water and blackwater collection and evacuation system, they are obligated to authorize said transfer in favor of the competent entity, which as we have already said and will conclude below, is the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, so that it can manage and operate the system, once it is verified, at the time of delivery of the work by the builder, whether a subject of public or private law, that the technical provisions contemplated in the regulations and given by the AyA itself and the Ministry of Health are met, as has already been explained. That is, once the technical suitability of the blackwater treatment plants is verified by the AyA and the Ministry of Health, the municipality must accept the work and authorize the transfer of the corresponding portion of the public use area where the plant is located to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, by reason of the provisions of the norms that attribute the competence to manage and operate the drinking water and blackwater and wastewater collection and evacuation systems to said Institute, which have already been cited, if it is not a case in which the municipality in question will operate and manage it in exercise of the residual competence to which reference has already been made….”

It must be considered that this Constitutional Chamber, in (Exp: 11-010057-0007-CO Res. Nº 2012017743 at nine hours thirty minutes on December fourteenth, two thousand twelve) determined that the Institute assumes responsibility once the reception requirements are verified, and until they are met, the Municipality and in this case the Registered Owner – Developer of the Project must continue to assume their responsibility to correct the operational deficiencies so that this Institute can feasibly assume administration: “…Within the prior requirements that the Municipality must observe, we find the provisions of article 21 of the Constitutive Law of the Institute of Aqueducts and Sewers, Law 2726 of April 14, 1971, which attributes to the ICAA the competence to approve “All projects for the construction, expansion, or modification of drinking water supply systems and sewage and stormwater disposal systems, public or private (…) Said prior approval shall be mandatory in all cases of construction of subdivisions (fraccionamientos), urbanizations, or lotifications in any part of the country and no other state body shall grant construction permits or approvals without such approval by the Institute. The infringement of this mandate shall cause the nullity of any construction permit granted in contravention of this prohibition (…)”, so that no public entity, including municipalities, may grant construction permits, if the ICAA has not first received to satisfaction the aqueduct and sanitary sewer infrastructure works, according to the approved plans and after compliance with all the technical specifications that, in accordance with the current legislation and regulations, the ICAA requires of the developers… despite the fact that the ICAA has not received to satisfaction the works of the treatment plant and the developer has not even complied with all the technical specifications indicated through various notes by the internal bodies of the ICAA, as a prerequisite for the approval of the project plans; it is only explained by the non-compliance or inobservance by other institutions, among them, the INVU and the Municipality, of the existing legal regulations. In the same sense, the fact that despite the Project being located in an environmentally sensitive area and that the INVU indicated from the beginning the need for a sanitary sewer system and construction permits for dwellings with septic tanks and individual drainage have been granted, putting groundwater at risk, is only explained because the Municipality has failed to comply with the current legal and technical regulations. Consequently, the Chamber grants the amparo appeal against the Municipality of San Isidro and orders the following: Suspend the granting of construction permits in the Lomas Verdes del Zurquí and Lomas del Zurquí Projects until the ICAA has received to satisfaction from the developer the aqueduct and sanitary sewer works…” Similarly, through resolution issued in Exp: 24-021588-0007-CO Res. Nº 2025002002, it was indicated: “In view of this panorama, the alleged inaction of the municipal authorities is verified, because although they determined the actions they need to carry out, the truth of the matter is that currently the denounced situation persists, in the sense that they have not carried out the corresponding procedures to solve the problem of the treatment plant nor its transfer to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers – whom they claim are the ones who should maintain it–. The foregoing, despite having knowledge of the problem in question since 2023, without there being any record that any other measure has been taken, that there exists any certain solution to the problem denounced by the petitioner, or that a date has been defined to resolve said problem. Under such a state of affairs, we are faced with a serious sanitary problem that affects the environment and the health of the community's inhabitants, and it is verified that the Municipality… has shown an inability to enforce the laws on the matter and its obligation to guarantee the enjoyment of the inhabitants of the area of a healthy and ecologically balanced environment, with the consequences for the health of those persons due to the nature of the sanitary problem afflicting them. In reiterated jurisprudence, the Chamber has said that it cannot be accepted that human beings are denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the inability of the corresponding public authorities to effectively exercise the powers of surveillance and the solution to problems granted by law. The persistence of the problem demonstrates that the few actions carried out have been clearly insufficient. Due to the foregoing, the appropriate action is to grant the appeal so that the authorities of the Municipality … issue the orders and carry out the respective actions within the scope of their competencies, in order to definitively solve the problem denounced by the petitioner and verified by the health authorities brought into the amparo process. Now, although on December 20, 2024, the treatment plant was put into operation, the fact is that it was done by the neighbors of the community, which does not imply that the municipal authorities should not carry out the corresponding procedures so that the situation presented in this process is definitively remedied, since they claim they must manage for the treatment plant to be administered by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. VI.- On the other hand, it is necessary to indicate that no action or omission is observed on the part of the health authorities, who for their part, having full knowledge of the problem affecting the residents of the sector, have been responsible for monitoring the case, verifying its existence, and issuing the corresponding sanitary order. Likewise regarding the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, given that it is not inferred that they are responsible for maintaining the wastewater treatment plant. Thus, the appropriate action is to dismiss the appeal with respect to such authorities…”

Finally, to reiterate that under the principle of legality, the actions in this case are governed by the provisions of the Regulation for the approval and reception of sanitation systems by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which establishes:

| Article 22. Pumping Stations. The Institute may assume the administration, operation, and maintenance of sanitary sewer systems and ordinary type wastewater pumping stations, from urbanizations and any type of housing development in accordance with the scope of application of this regulation. The foregoing, after compliance with the following requirements…” (emphasis added). |
| --- |

Given that in the case at hand, there is currently no compliance with the regulatory requirements by the developer for the reception and interconnection of the Pumping Station to the public system operated by AyA, the latter, in accordance with the provisions of the General Health Law in articles 285 to 292, remains under the oversight and supervision of the Ministry of Health. LEGAL GROUNDS We base our response on articles 27 and 30 of the Political Constitution, articles 32, 43 et seq. and concordant of the Constitutional Jurisdiction Law, articles 113 et seq. and concordant of the General Law of Public Administration, articles 1 and 2 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers No. 2726.

PETITION

Based on the reasons of fact and law indicated, I leave the requested report rendered. It is expressly stated, for consideration by this Honorable Constitutional Chamber, not only the actions that AyA has carried out in fulfillment of its purposes, but also that in no way has it disobeyed or violated constitutional norms, guarantees, or principles; rather, it has had responsible conduct in respect of the right to sanitation. Therefore, I request that this amparo appeal be declared without merit in all its extremes.

The persistence of the problem demonstrates the need for coordinated action among the Ministry of Health, the Municipality of Liberia, and the owners of Residencial El Río to establish a definitive solution.

AyA has complied with providing the technical information and the required reports, but the substantive solution exceeds its powers."

4.- According to a certification dated October 13, 2025, the Director of the Liberia Governing Health Area of the Ministry of Health did not submit the report requested in the resolution issued at 9:00 p.m. on August 29, 2025.

5.- By means of a resolution issued at 11:19 a.m. on October 20, 2025, the Instructing Magistrate expanded the appeal against the Minister of Health and the Mayor of Liberia.

6.- Mariela de los Ángeles Marín Mena, in her capacity as acting Minister of Health, reports under oath (brief submitted at 6:32 p.m. on October 22, 2025) in the following terms:

“LEGAL REPORT

In accordance with the foregoing, this legal report is hereby rendered based on Official Letter No. MS-DRRSCH-DARSL-ER-IT-0315-2025, dated October 21, 2025, through which, in summary, it is stated:

 “…Regarding the aspects alleged by the appellants in this case, I hereby make known the following chronology of actions taken in the case:

First: On April 23, 2015, complaint No. 213-2015 was filed before the Customer Service Unit of the Liberia Governing Health Area Directorate, with folios No. 0001 through 0008.

Second: On May 13, 2015, a sanitary inspection was conducted by Lica Laura Rodríguez Corrales and Bach Armando Mendoza García, from the Regulation Team of the Liberia Governing Health Area, of the wastewater storage tank of Residencial el Rio, with folios No. 0015 through 0016.

Third: On June 16, 2015, sanitary order No. 161-2015 was notified to Mr. Nombre91169, Administrator of Residencial el Rio. On May 19, sanitary order No. 165-2015 was notified to Mr. Edgar Chacón Villalobos, cantonal head of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, with folios No. 0013 through 0016.

Fourth: On May 18, 2015, Mrs. Nombre91168 was informed about the sanitary inspection conducted on the wastewater storage tank of Residencial el Rio, with folio No. 0017.

Fifth: On July 3, 2015, a follow-up sanitary inspection was conducted on the wastewater storage tank of Residencial el Rio to verify compliance with sanitary orders No. 161-2015 and sanitary order No. 165-2015. Report No. CH-ARS-L-ERS-629-2015 was prepared, from folio 0021 to 0023.

Sixth: On July 14, 2015, complaint No. 07-2015 was filed before the Courts of Justice of Liberia against Nombre91169, Administrator of Residencial el Rio, and complaint No. 08-2015 against Mr. Edgar Chacón Villalobos, cantonal head of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, both for disobedience to health authority, from folio 0024 to 0029.

Seventh: On February 26, 2016, Mrs. Nombre91168 filed an amparo appeal against the Liberia Governing Health Area before the Customer Service Unit, case file No. 16-002436-0007-CO; report No. CH-ARS-L-ERS-0144-2016 was prepared by Licda. Laura Rodríguez Corrales to respond to the appeal, folios No. 0042 to 0058.

Eighth: On April 4, 2016, the Liberia Governing Health Area Directorate responded to the intervention request No. 210606-2016-SI-PFA from the Office of the Ombudsman, with folio 0063 to 0071.

Ninth: On May 18, 2016, via fax :Telf7200, resolution 2016006368 of case file No. 16-002436-0007-CO was notified to the parties, with folios from 0081 to 0096.

Tenth: On May 18, 2016, in accordance with resolution No. 2016006368 of case file No. 16-002436-0007-CO, a sanitary inspection was conducted by Licda. Laura Rodríguez Corrales of the wastewater storage tank, generating report No. CH-ARS-L-ERS-465-2016, concluding that the pumping system does not guarantee the efficiency and effectiveness of the final disposal of blackwater from Residencial el Rio, and sanitary orders No. 192 and 197-2016 were applied to Mr. Nombre91169, legal representative of Ganadera la Lilas S.A., legal ID CED51387, according to certifications from the National Registry, with folios from 0109 to 0128.

Eleventh: On July 4, 2016, a follow-up inspection was conducted on orders No. 192 and 197-2016 notified to Mr. Nombre91169, legal representative of Ganadera la Lilas S.A., legal ID CED51387, concluding that a complaint for disobedience to health authority would be filed with the Public Prosecutor's Office, with folios from 0146 to 0156.

Twelfth: On July 25, 2016, Doctor Mario Calvo González, via email, forwarded resolution No. 2016006368 of the amparo appeal concerning the problem of the Residencial el Rio wastewater system, requesting support from the regional director of the Public Force of Guanacaste, Commissioner Daniel Calderón Rodríguez, in the event of a potential eviction of the residential complex. Folios 160-161 and 162.

Thirteenth: On July 15 and 18, 2016, follow-up was conducted by the Regulation Team of the Liberia Governing Health Area on the wastewater storage tank, concluding that at the time of the visit, the pumping system for the wastewater storage tank was operational, and the wastewater from Residencial el Rio was being transferred to the sanitary sewer system managed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados of Liberia. Folio from 0163 to 0171.

Fourteenth: On June 2, 2017, a follow-up sanitary inspection was conducted by the Regulation Team of the Liberia Governing Health Area of the wastewater storage tank of Residencial el Rio to verify the installation of an alternative pumping system; at the time of the visit, two automated pumps working continuously were observed. Folio 232.

Fifteenth: On June 22, 2017, at two-forty p.m., a request for definitive dismissal was ordered to be communicated. Case file 16-001250-0396-PE, against Nombre91169 and Nombre91169. Folio 0235.

Sixteenth: On November 11, 2022, complaint No. 354-2022 was filed before the Customer Service Unit of the Liberia Governing Health Area Directorate against Nombre91169, Administrator of Residencial el Rio, and AyA, due to the collapsed wastewater storage tank generating contamination to the environment and public health; the AyA of Liberia wastewater sewer network runs adjacent to the storage tank, and its septic tanks collapse during the rainy season. Folios from 0001 to 0004.

Seventeenth: On November 25, 2022, a sanitary inspection was conducted; I was attended by Mr. Nombre91169, who allowed access to his property where the wastewater storage tank of Residencial el Rio is located. I must state that the AyA sewer network runs through the same property; the right-of-way easement (servidumbre de paso) is only over the old network and the new network. It was observed that the storage tank collapsed, the pumping system is not working, contaminating public health and the environment. It is concluded that a sanitary order be notified. Folio 0006.

Eighteenth: On December 19, 2022, sanitary orders MS-DRRSCHDARSL-ER-OS-0205 and 0214-2022 were issued to notify Mr. Johnny Rafael Leiva Badilla and Nombre91169, representatives of Ganadera Las Lilas S.A. By December 23, 2022, it was not possible to locate the representatives at their domiciles. Folios from 0006 to 0013.

Nineteenth: On March 10, 2023, the amparo appeal was filed by Nombre91168 before the Customer Service Unit of the Liberia Governing Health Area Directorate, case file No. 23-004850-0007-CO, against the Ministry of Health, folios from 0014 to 0016.

Twentieth: On March 10, 2023, a visit was made to the home of Mr. Nombre91169 to apply the sanitary order; he was attended by Mrs. Nombre91170 (wife), who indicated that it was not with her and withdrew. Folio 0017.

Twenty-first: On March 13, 2023, report of case file No. MS-DRRSCH-DARSL-ER-IT-075-2023 was prepared by Lic. Armando Mendoza García of the Regulation Team of the Liberia Governing Health Area to resolve the appeal. Folio 0018.

Twenty-second: On March 13, 2023, the appeal was transferred from the Liberia Governing Health Area Directorate to the Regional Directorate. Folio 0019.

Twenty-third: On March 14, 2023, Licda. Lena Rodríguez Aguirre, Attorney of the Regional Directorate, via official letter DR-CH-PSJ-L-039-2023, returned the original case file for the amparo appeal Exp 23-004850-0007-CO of Nombre91168, in response to official letter MS-DRRSCH-DARSL-0152-2023 signed by Dr. Luis Enrique Mayorga Diaz. Folios from 0020 to 0025.

Twenty-fourth: On March 14, 2023, Dr. Enrique Jiménez Aragón, Head of Health Services of the Chorotega Governing Health Regional Directorate, returned the case file to Dr. Luis Enrique Mayorga Diaz regarding the amparo appeal of Mrs. Nombre91168, folio 0026.

Twenty-fifth: On March 14 and March 15, 2023, a response to the amparo appeal Exp. No. 23-004850-0007-CO filed by Mrs. Nombre91168 was sent, with certified copies of DR-CH-PSJ-L-038-2023 from Dr. Luis Enrique Mayorga Diaz to Informes-SC (authorized to receive reports from the Constitutional Chamber) ...106 Folios from 0027 to 0033.

Twenty-sixth: On March 15, 2023, an administrative notification procedure was carried out for DRRSCH-DARSL-ER-IT-0348-2022, DRRSCH-DARSL-ER-OS-0214-2022, DRRSCH-DARSLER-OS-0204-2022, DRRSCH-DARSL-ER-OS-0205-2022 to Ganadera Las Lilas S.A., legal representatives Nombre91169 and Johnny Rafael Leiva Badilla, with address 50 m south of the former bar México or next to hotel Wilson No. 3, Bo. Condega, Liberia, Guanacaste. Folios 0034 and 0035.

Twenty-seventh: On Tuesday, March 28, 2023, via email, a communication arrived from Legal Affairs ...2613 for the Liberia Governing Health Area Directorate, a vote with regional venue: notification system (case file No. 23-004850-0007-CO). Folio 0036 to 0045.

Twenty-eighth: On March 28, 2023, the Liberia Governing Health Area Directorate requested a joint visit with the water directorate from Ing. Leonardo Solano Romero, Coordinator, Tempisque-North Pacific Hydrological Unit. Folio 0046.

Twenty-ninth: On March 31, 2023, the Liberia Governing Health Area Directorate requested police assistance for the notification of the sanitary order to representatives of Ganadera Las Lilas S.A. Folios from Telf7201 to 0054.

Thirtieth: On April 12, 2023, Mr. Anell González Rojas from Correos de Costa Rica delivered the last notifications processed. Folios from 0055 to 0062.

Thirty-first: On April 12, 2023, in follow-up to resolution No. 2023007051 Exp 23-004850-0007-CO, amparo appeal filed by Mrs. Nombre91168, official letter MS-DRRSCH-DARSL-198-2023 was sent via email to the reports office of the Constitutional Chamber ...106. Folios 0064-0065 and 0066.

Thirty-second: On April 13, 2023, in follow-up to resolution No. 2023007051 Exp 23-004850-0007-CO, amparo appeal filed by Mrs. Nombre91168, official letter MS-DRRSCH-DARSL-203-2023 was sent via email to Mr. Paul Rueda L., Instructing Magistrate, Constitutional Chamber, Supreme Court of Justice, San José. Folios 0067 and 0068.

Thirty-third: On April 13, 2023, sanitary order No. DRRSCH-DARS-ER-OS-0204-2022 was notified to Nombre91169, one of the legal representatives of Ganadera Las Lilas S.A. Folio 0069.

Thirty-fourth: On April 18, 2023, Mr. Nombre91169 submitted before the Customer Service Unit of the Liberia Governing Health Area a response to sanitary order No. DRRSCH-DARSL-ER-OS-0204-2022, indicating that the wastewater pumping system of Residencial el Rio had already been restored and requesting an inspection. Folio 0070.

Thirty-fifth: On April 20, 2023, a sanitary inspection was conducted on the wastewater storage and treatment tank of Residencial el Rio, finding the following:

1.- Cleaning of the surroundings of the wastewater storage tank was carried out.
2.- The electrical system (meter, meter box, safety box, conduit, and cables respectively) was installed.
3.- Cleaning and maintenance of the grinder pump were carried out.
4.- The pump was put into operation for the disposal of wastewater into the AyA sanitary sewer network and subsequent treatment at the wastewater treatment plant (PTAR). Folios 0071, 0072, and 0073.

Thirty-sixth: The Liberia Governing Health Area Directorate, via email, sent compliance with resolution 2023007051, Exp: 23-004850-0007-CO, with official letter No. MSDRRSCH-DARSL-221-2023 from Dr. Luis Enrique Mayorga Diaz, Director of the Liberia Governing Health Area, to Mr. Paul Rueda L., Instructing Magistrate, Constitutional Chamber, Supreme Court of Justice, San José. Folios 0074-0075 and 0076.

Without further particular, signed by, Lic. Armando Mendoza García, Regulation Team: Liberia Governing Health Area…”.

CONCLUSION:

In accordance with what has been stated herein, the Ministry of Health, through the Liberia Governing Health Area and the Chorotega Governing Health Regional Directorate, has provided due follow-up, surveillance, and monitoring to this process since its genesis, evidenced thus since 2015, with the pertinent legal reports having been provided before this Honorable Constitutional Chamber, as well as the respective criminal complaints before the relevant judicial instances, all with the purpose of providing timely attention to the complaints filed and preventing health problems for the population of Residencial El Río and to the natural resource that could be affected, the Ministry of Health not averting its sight from this problem, demonstrating over time compliance with what was ordered and, given variations in the same, the timely action of this Ministry in safeguarding the health of the population through the issuance of new sanitary orders.

The assertions made by the petitioner do not conform to the actual truth when stating that there is negligence and abandonment on the part of the Ministry of Health regarding the existing problem, since we have been consistent each time our vigilance is required before any complaint, and with due follow-up to the issued orders, seeking out the intervening parties in this problem even with judicial recourse, as has been evidenced.

Begging this Honorable Constitutional Chamber to take into account the communications provided and referenced in this Constitutional Report over the course of time, such as No. CH-ARS-L-ERS-0144-2016, No. CH-ARS-L-ERS-465-2016, DR-CH-PSJ-L-038-2023, MSDRRSCH-DARSL-198-2023, MS-DRRSCH-DARSL-203-2023, No. MS-DRRSCH-DARSL-221-2023, as well as to consider as evidenced the efforts made by the Ministry of Health before the Public Force, the Municipality of Liberia, and the persons implicated in the complaints filed, not being remiss in our mission and constitutional mandate to safeguard the good of health. Not omitting, as has been evidenced over the course of time, that this ministry will immediately attend to any complaint filed in this sector, as it has been demonstrated that the situation of the wastewater storage tank of Residencial el Rio can change, whether due to vandalism, maintenance, or natural wear and tear.

PETITION:

By virtue of the foregoing, we respectfully request this Honorable Constitutional Chamber to DECLARE WITHOUT MERIT this amparo appeal, as it is evident from what has been reported that from the Ministry of Health, we have made and continue to make all necessary efforts to attend to everything required of us by law, providing accompaniment and follow-up to the problem observed at the wastewater storage tank of Residencial el Río. We reiterate our respectful request that THE UNDERSIGNED, IN HER CAPACITY AS ACTING MINISTER OF HEALTH, AND THE MINISTRY OF HEALTH BE EXEMPTED FROM ALL RESPONSIBILITY.”

7.- José Javier Calvo Darcía, in his capacity as Mayor of Liberia, reports under oath (brief submitted at 3:32 p.m. on October 27, 2025) in the following terms:

“FIRST: The Municipality of Liberia is an institution that forms part of the Public Administration, whose objectives are embodied in its nature as a public entity at the service of the Municipality.

That the MUNICIPALITY OF LIBERIA, given the legal nature and the public function that the institution performs, is regulated by the administrative legal system, which obliges it to subject its actions to the satisfaction of the public interest, subject to the principle of legality that translates into efficient, responsible action, in strict adherence to elementary principles of justice, logic, and convenience (Articles 10, 11, and 16, subsection l, of the General Law of Public Administration).

It is of utmost importance to clarify first to this honorable Constitutional Chamber that the Municipality of Liberia has not violated the constitutional rights of the appellant.

SECOND: Regarding the facts alleged by the appellant, in summary: that in 2015 she filed an amparo appeal resolved under number 16-002436-0007-CO, in which the mismanagement of a blackwater storage pit at Residencial El Río, located at Dirección5863, was denounced. She points out that, as a result, the Ministry of Health issued a sanitary order to the owner of the pit, who installed submersible pumps to transfer the fecal waste to the sanitary sewer system; however, she comments that the solution was partial and the problems recurred frequently. She indicates that since October 2022, the pumping system and the pit were completely abandoned, causing the overflow of blackwater directly into the Liberia River and adjacent lots, a situation which generates foul odors, pestilent gases, proliferation of insects and rodents, plus direct contamination of the river and the environment. She emphasizes that her home is the most affected due to its proximity, forcing them to keep doors and windows closed, which seriously affects the health, coexistence, and right to a dignified life of her family, made up of her husband, an 18-year-old adolescent, a 10-year-old girl, and herself. She adds that since November 11, 2022, she filed a formal complaint before the Ministry of Health of Liberia under number 354-2022; however, she claims that to date it has not been addressed, alleging the impossibility of notifying the owner. She adds that in November 2023, she filed a new complaint for the same situation, which was also not resolved, evidencing a repeated omission by the health authorities. She states that currently, the extraction of the fecal material accumulated in the pit is carried out in a precarious and irregular manner by an unidentified person, without apparent official authorization, using an external manual pump to transfer the waste to the public sewer, a procedure that lasts approximately nine hours a day, which implies the simultaneous opening of the pit and the sewer, releasing nauseating odors and pestilent gases and exposing the community to vectors and the risk of spills that end up in the Liberia River. She points out that when the pump is not used, the fecal material overflows directly into the riverbed, this situation representing negligent management of highly contaminating waste in a housing complex of more than 250 homes and a hotel, without minimum conditions of safety, health, or environmental control. Furthermore, she comments that during the rainy season, the AyA sanitary sewer, adjacent to the pit, overflows, further aggravating the environmental contamination. By virtue of the stated omission, she considers her fundamental rights and those of the other inhabitants of the affected area to be violated, for which reason she requests that this appeal be declared with merit and that what is legally appropriate be ordered.

It is necessary to clarify to this respectable Chamber that the scope of action of the Public Administration, specifically with the Municipalities, in accordance with the Principle of Legality stipulated in the Political Constitution and the General Law of Public Administration, in matters pertaining to Public Law, and specifically in Administrative Law, the principle of legality represents one of the fundamental pillars upon which the daily work of the Public Administration rests. Its birth is concomitant with the birth of modern political institutions, and with the development and extension of Administrative Law, as that law tending to regulate the actions of the administration in the exercise of its administrative function. Of positive reference in our legal system, in numeral 11 of the Political Constitution, and in articles 11, 12, 6, and 13 of the General Law of Public Administration, its conceptualization is given in the sense that every act or behavior of the Public Administration must be regulated and permitted by the legal system, applying the old aphorism that the Administration can only do that which is permitted, quite the opposite of the action of the individual, who in their private activity is governed by the dogma of autonomy of will, and may perform acts or activities that are not prohibited.

In relation to the topic of Municipalities, article 169 of the Political Constitution establishes municipal powers, placing local interests and services in charge of the local Government, concomitantly with the Municipal Code that indicates the municipal powers aimed at promoting the integral development of the cantons, and within which it lists a very extensive list thereof. Included among these are local public services, urban planning, administration of the maritime-terrestrial zone, etc.

It is necessary to clarify to this respectable Chamber that, in compliance with the Municipal Code, article 4 and subsequent and concordant articles, it establishes that the municipality possesses the political, administrative, and financial autonomy conferred by the Political Constitution, within its powers. Therefore, in compliance with said regulation, it is not possible for this municipality to intervene in a matter that does not fall within the powers granted by the Municipal Code and by the Political Constitution itself, as it is a matter that pertains to other state institutions, whether these be the Ministry of Health and Acueductos y Alcantarillados, and not to this Municipality.

It is necessary to clarify to this respectable authority that what the appellant indicates regarding these facts is not true, as no complaint has been received from the appellant. See official letter SGA-287-10-2025, dated October 24, 2025, which is attached as evidence signed by Ing. Augusto Otárola Guerrero, Environmental Manager, Municipality of Liberia, indicating the following:

“Regarding this case, the response is that my unit in charge has not had complaints about that situation related to alleged problems with the overflow of blackwater and fecal solids from the fecal waste storage tank of Residencial del Río into the Liberia River, as stated by the complainant. However, this environmental unit will conduct an inspection of the site jointly with the Construction Control unit to follow up on the case and, within the competencies of this municipality, proceed if necessary.” (Highlighting is ours).

This municipality considering that what the appellant indicates in these facts is not true, since the fundamental rights alleged are not violated, for which reason the appeal filed must be declared without merit.

THIRD: A certified copy of the documentation related to this amparo appeal is attached. PETITION.

I request that this amparo appeal be declared without merit and that the appellant be ordered to pay the costs of this action.”

8.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

 Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

   Considering:

I.- Purpose of the appeal. The appellant alleges that in 2015 she filed an amparo appeal that was processed under case file No. 16-002436-0007-CO, in which the mismanagement of a blackwater storage pit at Residencial El Río, located at Dirección1499 in Liberia, was denounced. She points out that, as a result, the Ministry of Health issued a sanitary order to the owner of the pit, who installed submersible pumps to transfer the fecal waste to the sanitary sewer system. However, the solution was partial, and the problems have recurred frequently. She indicates that since October 2022, the pumping system and the pit were completely abandoned, causing the overflow of blackwater directly into the Liberia River and adjacent lots, a situation which generates foul odors, pestilent gases, proliferation of insects and rodents, plus direct contamination of the river and the environment. She emphasizes that her home is the most affected due to its proximity, forcing them to keep doors and windows closed, which seriously affects the health, coexistence, and right to a dignified life of her family, made up of her husband, an 18-year-old adolescent, a 10-year-old girl, and herself. She adds that since November 11, 2022, she filed a complaint before the Ministry of Health of Liberia under No. 354-2022; however, to date it has not been addressed, alleging the impossibility of notifying the owner. She adds that in November 2023, she filed a new complaint for the same situation, which was also not resolved. Currently, the extraction of the fecal material accumulated in the pit is carried out in a precarious and irregular manner by an unidentified person, without apparent official authorization, using an external manual pump to transfer the waste to the public sewer, a procedure that lasts approximately nine hours a day, which implies the simultaneous opening of the pit and the sewer, releasing nauseating odors and pestilent gases and exposing the community to vectors and the risk of spills that end up in the Liberia River. She points out that when the pump is not used, the fecal material overflows directly into the riverbed, which represents negligent management of highly contaminating waste in a housing complex of more than 250 homes and a hotel, without minimum conditions of safety, health, or environmental control. Furthermore, during the rainy season, the ICAA sanitary sewer, adjacent to the pit, overflows, further aggravating the environmental contamination.

II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondents have omitted to refer to them as provided for in the initial order:

1) On April 20, 2023, officials from the Ministry of Health conducted a sanitary inspection of the wastewater storage and treatment tank at Residencial El Río, located at Dirección1499 in Liberia, with the following result: 1.- Cleaning of the surroundings of the wastewater storage tank was carried out. 2.- The electrical system (meter, meter box, safety box, conduit, and cables respectively) was installed. 3.- Cleaning and maintenance of the grinder pump were carried out. 4.- The pump was put into operation for the disposal of wastewater into the ICAA sanitary sewer network and subsequent treatment at the wastewater treatment plant (PTAR) (see report of the respondent Minister and documentary evidence provided).

2) On September 11 and 12, 2024, officials from the ICAA conducted field inspections and confirmed the existence of an artisanal pumping system, used for partial periods, that was transferring blackwater from the tank of Residencial El Río to the ICAA public collector, a situation not authorized by the institutional authorities that compromises the operation of the public sewer system, generating overloads and risks of overflows (see report from the Head of the Liberia Cantonal Office of the ICAA and documentary evidence provided).

3) The blackwater storage tank of Residencial El Río currently exhibits an overflow of blackwater directly into the Liberia River and adjacent lots, which generates foul odors, pestilent gases, and proliferation of insects and rodents (see the brief of the appeal filing and photographic evidence provided).

4) The extraction of the fecal material accumulated in the storage tank is carried out in a precarious manner using an external manual pump to transfer the waste to the public sewer, which causes nauseating odors and pestilent gases (see the brief of the appeal filing and photographic evidence provided).

5) The wastewater pumping station of Residencial El Río has not been formally received by the ICAA, and therefore its operation remains under the tutelage and responsibility of the Ministry of Health (see report from the Head of the Liberia Cantonal Office of the ICAA).

III.- On the right to a healthy and ecologically balanced environment.

It must be noted, first of all, that the fundamental rights to health (salud) and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution), as well as through the international regulations applicable in Costa Rica. In this regard, in judgment No. 2006-005928 of 3:00 p.m. on May 2, 2006, this Court resolved: "The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Likewise, the right to health (salud) finds its basis in that ordinal of the political charter, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Now, public health (salud pública) and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution. Specifically, article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy (saludable) and perfectly balanced environment. This right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health (salud pública). In support of the foregoing, this Court has resorted to the use of the notion of 'environmental quality' as a parameter, precisely, of the quality of life of people, which is combined with other elements such as health (salud), food, work, and housing, referring to the fact that every person has the right to use the environment for their own development but not in an unlimited manner, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations –principle of sustainable development–". Likewise, from article 50 of the Political Constitution, the State's obligation to protect the environment is derived. That provision establishes to that effect: "The State shall procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are legitimized to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions." This corroborates that the various public authorities have the unavoidable duty to preserve, defend, and guarantee the fundamental right of every person to health (salud) and to a healthy and ecologically balanced environment.

IV.- On the coordination of public institutions in comprehensive environmental protection. There is an obligation for the State -as a whole- to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination (contaminación), deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or inappropriate use of natural resources, that endanger the health (salud) of the citizens. In this task, public institution is understood to mean both the Central Administration -Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health (Salud)-, which, by reason of the subject matter, have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized dependencies in the matter. Likewise, municipalities (municipalidades) have great responsibility in this task regarding their territorial jurisdiction. Due to the diversity of actors that may intervene, one might think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management. Therefore, in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships between the various dependencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities (municipalidades), in order to carry out the functions that have been entrusted to them. This Chamber has already referred to the principle of coordination of public dependencies with the municipalities (municipalidades) in the achievement of common goals, when pointing out through judgment No. 1999-005445 of 2:30 p.m. on July 14, 1999, that: "Coordination is the ordering of the relationships between these diverse independent activities, which takes charge of that concurrence on the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. As there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities (municipalidades), the imposition of certain conducts on them is not possible, with which the essential inter-institutional 'concert,' in a strict sense, arises, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relations of the municipalities (municipalidades) with other public entities can only be carried out on a level of equality, which results in agreed forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, that would allow subjecting the corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but that does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the latter (through the 'administrative supervision' of the State, and specifically, in the function of legality control that corresponds to it, with general supervisory powers over the entire sector)."

V.- On the prior amparo appeals filed by the appellant. On two occasions, the appellant has come before this Chamber for the same issue for which she is filing again. This situation is the environmental contamination caused by the malfunctioning of the wastewater storage and treatment tank of the El Río residential complex, located at Dirección1499 de Liberia, of which she is a neighbor.

The first amparo appeal was processed under case file No. 16-002436-0007-CO and it is recorded that she alleged:

"I-. PURPOSE OF THE APPEAL. This amparo was filed against a natural person, in their capacity as manager of a residential complex, for the act of failing to comply with a sanitary order issued by the Ministry of Health in Liberia, due to the alleged deficiencies in the wastewater management system in a private residential complex."



       This matter was declared with merit, solely against the Ministry of Health, by the majority of the Chamber, through judgment No. 2016-006368 of 9:30 a.m. on May 13, 2016, based on the following considerations:

"IV. ON THE AMPARO AGAINST THE MINISTRY OF HEALTH. ON THE FACTS: Regarding the Ministry of Health, the report rendered under oath by Dr. Mario Enrique Calvo González, Director of the Liberia Health Governing Area, certifies, as relevant, that:

1. the appellant filed a complaint before the Ministry of Health, for bad odors, black water problems, and contamination of water sources on April 23, 2015, against Residencial El Río (see copy of the administrative file);

2. at 3:15 a.m. on May 15, 2015, an on-site inspection was carried out by the regulatory team of that Governing Area, in which Nombre91169, manager of the denounced Residential complex, was present;

3. the regulatory team of the Ministry of Health issued Technical Report No. CH-ARS-L-ERS-349-2015 of May 2015, as a result of the inspections carried out, which points out the deficiencies in the wastewater management system and, in particular, in the storage tank for those waters by Residencial Del Río, consisting, among others, in that the residual water has formed a dry septic sludge that saturates the system and, being exposed, without a cover, generates very unpleasant odors; sludge residues were found around the tank evidencing that the amount of septic sludge exceeded the storage capacity in previous weeks, which caused an overflow, which the Ministry attributes to a lack of maintenance of the system; the protection of the tank area is insufficient; there is excessive grass in the surroundings, and the AyA sewer network located in the Residential complex has no cover, among others.

4. the same report indicates that the manager of the Residential complex attributes the problem to the lack of security at the site because the pump that sends the wastewater to the AyA oxidation lagoon has been stolen;

5. on April 23, 2015, the Ministry of Health in Liberia issued sanitary order number 161-2015 of May 18, 2015, ordering the manager of Residencial El Río to repair the storage and pumping system, install covers, a protective mesh for the place, and others, within 12 working days;

6. on the same April 23, 2015, the Ministry issued sanitary order 165-2015 to AyA, to correct deficiencies and deliver a mitigation plan;

7. once the deadlines for the indicated sanitary orders had expired, the Ministry followed up, found practically the same situation, and filed criminal complaints against the manager of the residential complex and the cantonal head of AyA;

8. the respective judicial complaints have numbers 07-2015 and 08-2015 on July 14, 2015, for the crime of disobedience, against the manager of Residencial del Río and the official Edgar Chacón Villalobos of AyA. 9. the environmental problem has worsened.

V. ON THE AMPARO AGAINST THE MINISTRY OF HEALTH. ON THE MERITS: From the foregoing facts, it is evident that the Ministry of Health, although it acted promptly, issued the sanitary orders, and even filed criminal complaints, the truth is that the sanitary problem persists, as its representative indicates in the report rendered under oath. The Chamber does not observe that the Ministry has adopted extraordinary measures, such as the closure of the place, the collaboration of the Public Force for the security of the place, and even, the eventual eviction of the residential complex or any other effective measures. The provision of a public service such as that which is in the hands of the Ministry of Health demands an efficiency and diligence perhaps beyond that necessary on the part of other public bodies, because of the fundamental rights to health and a healthy environment, regarding its competencies. The Chamber considers that what has been done by the Ministry of Health has been insufficient and violates the fundamental right to health and a healthy environment of the protected party, therefore it is appropriate to grant the appeal against it and order that it arrange the necessary measures, even radical ones, and adopt the pertinent decisions in order to eliminate the existing sanitary problem on the boundary between Condominio Camino de Luna, the Río Liberia, and Residencial El Río, within a term of two months, from the notification of the judgment.-

VI. ON THE AMPARO AGAINST AYA: It is appropriate to dismiss the amparo against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, since the report rendered by the Manager of the Liberia Cantonal Office and the Director of the Chorotega Region certifies that they acted in accordance with what was ordered by the Ministry of Health, regarding its competencies, in relation to the AyA infrastructure (covers and elimination of leaks) because the sanitary problem is generated by a wastewater management system that has not been received by the institution. It is evident that AyA has not generated the problem nor violated the fundamental rights of the protected party."



Hence, the following was ordered:

"Therefore: The appeal is declared with merit, solely against the Ministry of Health. Consequently, Dr. Mario Enrique Calvo González, Director of the Liberia Health Governing Area, is ordered to arrange the necessary measures and adopt the pertinent decisions in order to eliminate the existing sanitary problem on the boundary between the Dirección5865, the Río Liberia, and Residencial El Río, within a term of two months, from the notification of the judgment. The foregoing, with the warning that disobedience to the orders of this Chamber is criminally sanctioned according to the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction. The State is condemned to pay the damages and losses caused by the facts that have given rise to this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative proceeding. The amparo is declared inadmissible insofar as it is directed against Nombre91171. Magistrate Hernández López dissents and flatly rejects the appeal. Magistrate Salazar Alvarado enters a note."



  The second amparo appeal was processed under case file No. 23-004850-0007-CO. The appellant claimed the following:

"II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant states that her house of residence is located in Guanacaste, Liberia, Dirección5866, Residencial Camino de Luna house number 52. She points out that to the north it borders the Río Liberia, which in turn borders the black water pit that comes from Residencial El Río, and said black waters must in theory be transferred by pipes that carry said material to the Liberia black water treatment plant. However, she alleges that five months ago the scant attention and maintenance provided to the storage pit and the pump that worked to grind and transfer said fecal material to the Liberia sanitary sewer system was annulled. Therefore, the pump stopped working, and the system in general is abandoned, consequently, the fecal material overflows permanently, draining directly into the Río Liberia and adjacent lots. Furthermore, the filth and bad odors are perennial, as well as the release of gases; flies, mosquitoes, and rodents equally proliferate, and direct contamination of the Río Liberia and the environment in general, with her home being the most affected due to its proximity. Likewise, as a second problem, an overflow of the fecal material traveling through the pipes of the sanitary sewer occurred; this, during the heavy rainy season, the fecal material comes out and generates strong environmental contamination. In light of the foregoing, she indicates that she filed a complaint before the Ministry of Health, which is processed under No. 354-2022. However, she accuses that as of the date of filing this appeal, it has not been addressed. She requests the intervention of the Chamber."



         Similarly, it was declared with merit against the Ministry of Health. The foregoing in judgment No. 2023-0097051 of 9:30 a.m. on March 24, 2023, with the following basis:

"V.- ON THE MERITS. In the sub lite, it is considered accredited that on November 11, 2022, the unified form for complaints before the Ministry of Health was received with the complaint serial No. 354-2022 at the Customer Service Unit of the Liberia Health Governing Area, in which the appellant accused the presence of bad odors coming from the black water pit of Residencial El Río. In that context, she alleged that on multiple occasions problems have arisen with the operation of the pumps and, therefore, the overflow of black waters is caused. She also denounced that an overflow of the fecal material traveling through the pipes of the sanitary sewer occurred, such that during the heavy rainy season, the fecal material comes out and generates strong environmental contamination. In light of the foregoing, it is inferred that on November 25, 2022, Lic. Armando Mendoza García, accompanied by Eng. Miguel Chaves López, both officials of the Regulatory Team of the Liberia Health Governing Area, carried out an inspection of the wastewater storage and treatment tank of Residencial El Río, determining the following: 'The El Río wastewater storage and pumping tank system was not working, the wastewater is overflowing, falling onto the ground generating environmental contamination (…) The owner must solve the problem with the storage tank system, pumping, electrical system, grinding pumps, screening, and adequately dispose of the wastewater into the wastewater treatment system network.' Consequently, it is recorded that on December 19, 2022, the respondent authority prepared sanitary orders Nos. MS-DRRSCHDARSL-ER-OS-0204-2022, MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0205-2022, and MSDRRSCH-DARSL-ER-OS-0214-2022, addressed to Nombre91169, Nombre91169, and Johnny Leiva Badilla, who appear as legal representatives of Ganadera las Lilas S.A., in which it is ordered that within a period of 15 days they proceed to 'repair the wastewater storage and treatment system of Residencial El Río (electrical system, grinding pumps, screening) and adequately dispose of it to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers wastewater network.'

Now, according to the attached report, said orders could not be served due to the following circumstances: On December 20, 2022, Lic. Armando Mendoza García accompanied by Eng. Miguel Chaves López, made a visit to Residencial El Río, in the office adjacent to the Horse Stalls to serve sanitary order No. MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0204-2022 on Nombre91169. However, no one was found. On December 21, 2022, Lic. Armando Mendoza García accompanied by Eng. Miguel Chaves López, made a visit to Residencial El Río, in the office adjacent to the Horse Stalls to serve sanitary order No. MSDRRSCH-DARSL-EROS-0204-2022. However, no one was found. That same day, a message was sent to Nombre91169 through email ...1639, requesting him to indicate if the notification of the sanitary order could be sent by that electronic means; however, no response was obtained. On December 22 and 23, 2022, officials from the respondent health area made a visit to Residencial El Río, property of Nombre91169, to serve sanitary order No. MS-DRRSCHDARSL-ER-OS-0204-2022, but no one was found. On March 10, 2023, a visit was made to the home of Nombre91169, adjacent to Hotel Wilson No. 3 for the notification of sanitary order No. MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0205-2022. On that occasion, they were attended by Nombre91172, wife of Nombre91169, who was informed of the notification; however, she told them that 'that has nothing to do with her.'

In the specific case, although the respondent authority argues that it will proceed to notify the sanitary orders through Certified Mail via Correos de Costa Rica, the truth of the matter is that it has not managed to definitively resolve the issue raised by the appellant; this, because the excuse that it could not serve the sanitary orders is not sufficient for this Chamber, taking into account that there is a proven serious problem of incorrectly managed wastewater, which is overflowing and runs onto the ground generating environmental contamination. In that line of thought, it is warned that the Ministry of Health has broad powers to act in accordance with the General Health Law and the corresponding Regulation, as the governing body in charge of health surveillance and control, since it is clear that in accordance with articles 39 and 286 of the General Health Law, it is the duty of every owner and manager of movable and immovable property to avoid nuisances and damage to health, as well as sources of contamination or infection, being obliged to carry out drainage works and even, in case of refusal, for the administration to carry them out at the expense of the negligent party, all while safeguarding due process (see in a similar sense judgment No. 2022010613 of 9:40 a.m. on May 13, 2022). Thus, it is appropriate to declare the appeal with merit, with the consequences that will be indicated in the operative part."



         Therefore, in the operative part, the following was ordered as transcribed below:

"WHEREAS: The appeal is declared with merit. It is ordered that Luis Enrique Mayorga Díaz, in his capacity as Chief Medical Officer of the Liberia Health Governing Area, or whoever holds that position in his place, take the corresponding measures within the scope of his competencies so that: 1) within a period of FIFTEEN DAYS, counted from the notification of this judgment, sanitary orders Nos. MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0204-2022, MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0205-2022, and MS-DRRSCH-DARSL-ER-OS-0214-2022 are served on those to whom they correspond; and 2) within a period of FIFTEEN DAYS, counted from the moment of notification of said sanitary orders, they are effectively complied with. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in an amparo appeal, and does not fulfill or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative proceeding. Magistrate Salazar Alvarado enters a note. Notify."



VI.- On the specific case. In the sub lite, as indicated, the appellant comes for the third time in amparo, accusing the same problem that has afflicted her for more than nine years, since she filed the first appeal on February 22, 2016. This concerns the environmental contamination caused by the malfunctioning of the wastewater storage and treatment tank of the El Río residential complex, located in the El Capulín neighborhood of Liberia, of which she is a neighbor.

1) On the responsibility of the Ministry of Health for the accused acts.

It is inferred from what the appellant states in the appeal filing brief that this tank currently causes black water overflow directly into the Río Liberia and adjacent lots, which generates bad odors, pestilent gases, and proliferation of insects and rodents. Furthermore, the extraction of the fecal material accumulated in the storage tank is carried out in a precarious manner using an external manual pump to transfer the waste to the public sewer system, which causes nauseating odors and pestilent gases. This last grievance is seconded by the ICAA, as the Head of the Liberia Cantonal Office reports that officials of his represented entity carried out field inspections on September 11 and 12, 2024, and verified the existence of an artisanal pumping system, used for partial periods, which transferred black waters from the tank of the El Río residential complex to the public collector of the ICAA. He adds that this was without authorization from the institutional authorities, which compromises the operation of the public sewer system, generating overloads and risks of overflows.

Regarding these current facts, the Minister of Health does not refer to them in the rendered report, but merely limits herself to making known the attention given to the complaints that supported the amparo appeals previously described, as well as the actions deployed in observance of what was resolved and ordered therein. Even the last act deployed, she points out that on April 20, 2023, a sanitary inspection of the tank was carried out with the following result: 1.- Cleaning of the tank's surroundings was performed. 2.- The electrical system was installed (meter, meter holder box, safety box, conduit, and cables reactively). 3.- Cleaning and maintenance of the grinding pump was performed. 4.- The pump was started up for the disposal of wastewater to the ICAA's sanitary sewer network and subsequent treatment at the WWTP. This last point even contravenes what was stated by said institute, as recorded in what was reported by the Head of the Liberia Cantonal Office. In sum, the respondent minister only refers to actions from more than two years ago, omitting any situation since then, despite the appellant once again accusing the same persistent problem over time.

Certainly, it is not for the Chamber to determine which technical decisions must be adopted, but it is to compel the respondent authority to adopt them, coordinate with the competent institutions, and solve the problem. It is noted to that effect that the Ministry of Health has legal powers to intervene and also the possibility of coordinating with other state instances, such as the local municipality (municipalidad) and the ICAA, in order to achieve a comprehensive solution to the problem through legal means and even against the will of private individuals. For this Court, the mere fact that the situation of overflow and contamination (contaminación) by wastewater was known to the respondent ministry for more than nine years, without it carrying out the necessary actions to solve the problem definitively, necessarily means that the appeal must be upheld. Hence, in the present case, there is responsibility of the Ministry of Health (Salud) for omission in the fulfillment of its duties in protection of health (salud) and the environment. Consequently, in view of the lack of diligent and effective action, this Chamber deems that the appeal against it must be upheld.

Aside from the foregoing, any disagreement with the complaints filed (including lack of notification) that supported the prior amparo appeals, the appellant must claim in those matters.

2) On the responsibility of the Municipality (Municipalidad) of Liberia for the acts accused by the appellant. Although in the present matter it was not proven that the appellant directly filed a complaint before the Municipality (Municipalidad) of Liberia regarding the environmental problem she accuses, the truth is that, given its position as guarantor of local interests and services, based on what is regulated by article 169 of the Political Constitution, as well as by constitutional jurisprudence, it cannot disregard the situation affecting the neighbors of the locality, and simply discharge all responsibility onto the Ministry of Health (Salud) and the ICAA. Without a doubt, it is required of it to have maintained a much more meticulous oversight and coordination among the various competent instances, since it participates in the construction processes in its canton. Note that the report transcribes what was indicated by the Environmental Manager in the sense that "this environmental unit will inspect the site together with the Construction Control unit to follow up on the case and, within the competencies of this municipality, proceed if necessary." This being the case, the appeal against the local government is deemed appropriate.

3) On the responsibility of the ICAA for the accused acts. As indicated in judgment No. 2016-006368 previously described, it is considered that the ICAA is not responsible for the environmental problem afflicting the appellant, since the wastewater pumping station of the El Río residential complex has not been formally received by that institution. As explained, this situation legally limits it from intervening and investing resources in said system, as it falls within the private sphere, remaining under the oversight and responsibility of the Ministry of Health. Therefore, the ICAA's competence is limited to two aspects: 1) Maintaining the manhole covers and repairing leaks in the sanitary sewer collector owned by it. 2) Filing complaints for possible illicit connections to said system. In that sense, no direct responsibility that can be blamed on the ICAA is proven, so the appeal must be dismissed.

VII.- Conclusion. In reiterated jurisprudence, the Chamber has said that it cannot be accepted that human beings be denied the right to a healthy environment or the right to health (salud) due to the incapacity of the corresponding authorities to effectively exercise the oversight powers and the solution to the problems granted by law. Indeed, this Court considers that state activity must be carried out in a coordinated (de manera coordinada) and effective manner, since it is not simply a matter of determining the problem and blaming others, as has happened in this case, nor does it correspond for this Chamber to be the one to assign each entity the solutions they must implement; but rather, once the matter has been assessed, a comprehensive solution must be provided, for which, under the system of distribution of competencies and functions of a State, all those involved must participate, each contributing what ultimately corresponds to them. In accordance with the foregoing, this Chamber determines that both the Municipality (Municipalidad) of Liberia and the Ministry of Health (Salud) must coordinate a definitive solution to the sanitary problem that -for more than nine years- has affected the appellant and regarding which this is the third resolution issued by this Court for its solution. Consequently, it is appropriate to declare the appeal with merit against both authorities, as will be set forth in the operative part of this judgment.

With respect to the ICAA, based on the foregoing, the appeal is dismissed.

VIII.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that, if there has already been intervention by the Public Administration (Administración Pública), I consider that its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the appellant alleges environmental pollution caused by the malfunctioning of the residential wastewater storage and treatment tank for a housing development in Liberia, to the detriment of a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.

IX.- Partial dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. While I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be upheld, I differ on where to locate the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the rules governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves technical aspects of some complexity, as in this case, where, within a period of six months from the notification of this judgment, the Ministry of Health and the Municipality of Liberia must provide a solution to the problem reported by the appellant. In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code regarding execution (Article 155 et seq.) have clear advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I believe that the execution phase must be carried out before the Execution Division (Área de Ejecución) of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the judgment execution rules of said Code.

  X.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the “Electronic Case File Regulation for the Judiciary” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore (Por tanto):

The appeal is upheld, solely, against the Ministry of Health and the Municipality of Liberia. Mariela de los Ángeles Marín Mena and José Javier Calvo Darcía are ordered, respectively, in their capacity as acting Minister of Health and Mayor of Liberia, or whomever holds those positions, to jointly issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competencies so that, within a period of six months from the notification of this judgment, a comprehensive and definitive solution is provided to the pollution problem afflicting the appellant Nombre91168. The respondents, or whomever holds their positions, are warned that, in accordance with Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal (recurso de amparo), and fails to comply with it or have it complied with, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipality of Liberia are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative proceeding. As for the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), the appeal is dismissed. Judge Salazar Alvarado adds a note. Judge Garro Vargas issues a dissenting vote regarding the execution of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Execution Division of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the execution rules established in Articles 155 et seq. of the Contentious-Administrative Procedure Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to initiate the execution proceedings for this ruling. Let it be notified.

Fernando Castillo V.
President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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EXPEDIENTE N° 25-025544-0007-CO

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