Res. 37551-2025 Sala Constitucional — Municipal Inaction in Protecting the Maritime-Terrestrial Zone of Playa DominicalInacción municipal en la tutela de la zona marítimo terrestre de Playa Dominical

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 37551 - 2025

Fecha de la Resolución: 14 de Noviembre del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-026160-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

DENUNCIA.

Tema: PROPIEDAD

Subtemas:

ZONA MARITIMO TERRESTRE..

037551-25. MUNICIPALIDAD. PROPIEDAD. SE ACUSA LA INACCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE OSA, EN LA TUTELA EFECTIVA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE EN PLAYA DOMINICAL, POR CUANTO HAY OCUPACIÓN EN ÁREAS DE DOMINIO PÚBLICO. SE ORDENA A LAS AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE OSA, QUE COORDINEN LO NECESARIO Y LLEVEN A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE CUATRO MESES: A) SE ABORDE, TRAMITE E INSPECCIONE LA PLAYA EN QUE EL RECURRENTE DENUNCIÓ EL INCUMPLIMIENTO A LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE EN SU DENUNCIA DEL 19 DE MAYO DE 2025 Y DE ACREDITAR LA INOBSERVANCIA A LA LEGISLACIÓN, DEBERÁN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA ZONA MARÍTIMA SEA RESPETADA, DE CONFORMIDAD CON LAS AMPLIAS POTESTADES QUE ESTABLECE LA LEY DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE; Y B) ADEMÁS, DENTRO DE ESE MISMO PLAZO, DEBERÁN NOTIFICARLE AL RECURRENTE EL RESULTADO DE SU DENUNCIA, LO CUAL CONTEMPLA COMUNICAR TODO LO RELACIONADO AL ESTADO, AL SEGUIMIENTO Y A LA ADOPCIÓN DE LAS ACCIONES PERTINENTES EN ATENCIÓN AL DENUNCIA FORMULADA. VCG11/2025

“(…) V.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, el recurrente reprocha una inacción por parte de la Municipalidad de Osa en ejercer su función de tutela efectiva en la zona marítimo terrestre de Playa Dominical, dado que esa omisión ha provocado la ocupación ilegal en dichas áreas de dominio público que impiden a la ciudadanía poder acceder y disfrutar libremente de dichas áreas de uso común, toda vez que han sido tomados ilegalmente por una mafia que ha generado el caos y asentado la delincuencia en el lugar. Por lo anterior, señala que el 19 de mayo de 2025 remitió una gestión ante el departamento de la Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa; sin embargo, reclama que a la fecha en la que acude en amparo no ha recibido respuesta ni solución alguna por parte de la autoridad recurrida, la cual se ha mantenido en absoluto silencio y sin ejecutar ninguna acción concreta, evidenciando una actitud de total inercia frente a la problemática denunciada.

Al respecto, del estudio de los autos, se tiene por demostrado que efectivamente el 19 de mayo de 2025, el recurrente remitió una gestión ante la Municipalidad de Osa, por medio de la cual denunció: “actualmente se vive una caótica situación en Playa Dominical por cuanto los bienes de dominio público ubicados dentro la (sic) llamada Zona Marítimo Terrestre, han sido tomados ilegalmente por una mafia que ha generado el caos y asentado la delincuencia en el lugar. Desde que llegaron dichas personas a ocupar ilegalmente la zona Marítimo Terrestre, hay muchos robos y tachas de vehículos de turistas que llegan a visitar la playa, asaltos diarios a turistas, venta de todo tipo de drogas en la zona, estacionamiento permanente de camiones grandes que obstruyen el libre tránsito y que usan como bodegas para almacenar mercadería que venden ilegalmente y posiblemente drogas y ya hasta un bartender instaló un puesto fijo para venta de cocteles y tragos en la zona marítimo terrestre. Pero la gota que derramó el vaso fue el asesinato de un hombre de nacionalidad alemana que se encontraba acampando en Playa Dominical y que murió a manos de delincuentes el viernes 01 de diciembre de 2023. El joven de 32 años trató de evitar un asalto y falleció por un disparo frente a su compañera sentimental de origen ucraniano (…) solicita respetuosamente que se tomen las acciones legales pertinentes para desalojar a los ocupantes de hecho de los bienes de dominio público de Playa Dominical, sometida a su administración, así como proceder con la destrucción de las edificaciones realizadas y el decomiso tanto de los camiones que obstruyen el libre tránsito como de las mercaderías que se venden ilegalmente en el lugar”.

Ahora, si bien se informó por parte del municipio accionado que las autoridades del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa han efectuado diligentemente los procesos de desalojo y demolición en la zona pública -lo cual se puede acreditar a través de la prueba aportada en autos-, no menos cierto es que se reconoció que a la fecha los infractores reinciden e intentan reinstalarse en los mismos lugares, con el agravante de que a la fecha de interposición de este recurso el gobierno local no había atendido ni resuelto la denuncia planteada por parte del recurrente.

Adicionalmente, se debe advertir que los recurridos pretenden justificar su retardo en cumplir con las obligaciones que la ley les impone bajo la excusa de que la Zona Marítimo Terrestre constituye una franja costera de más de 221 kilómetros lineales lo que resulta una tarea de alta complejidad, dado el amplio territorio a cubrir con recursos humanos insuficientes, lo cual a criterio de este Tribunal no resulta de recibido debido a que las Municipalidades son los entes competentes para proceder al desalojo y demolición de construcciones que, sin la autorización debida, se encuentren ubicadas en la zona marítimo terrestre, motivo por el cual tan pronto tenga noticia de la existencia de ocupantes e infractores ilegales por concepto de usurpación, venta y construcción ilegal en la Zona Marítimo Terrestre de la Playa Dominical debe instaurar el procedimiento administrativo correspondiente a efectos de velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre, tal como lo establecen los artículos 3 y 13 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.

Por otra parte, resulta importante señalar que se ha producido una dilación irrazonable e indebida para la atención a la denuncia formulada por el recurrente desde el 19 de mayo de 2025, dado que si bien consta que con ocasión a la notificación de curso al recurrente se le notificó el oficio nro. PZM-389-2025 del 18 de setiembre de 2025, por medio del cual le procedieron a comunicar las acciones realizadas por parte del municipio accionado, no menos cierto es que de la propia lectura de la respuesta que se le brindó se denota que se reconoció que se continúan efectuando los trabajos correspondientes con la finalidad de atender esta problemática y buscar una solución más definitiva. De ahí que, esta Sala no logra tener por demostrado que las autoridades de la Municipalidad de Osa hayan resuelto de forma definitiva la problemática denunciada por parte del recurrente desde el 19 de mayo de 2025.

Así las cosas, esta Sala acredita la vulneración a los derechos fundamentales del recurrente, toda vez que, si bien el municipio accionado indicó haber realizado acciones tendientes a atender la denuncia formulada por el recurrente, lo cierto del caso es que de los autos no consta que haya sido resuelta de forma definitiva, con el agravante de que se acreditó una inobservancia de las obligaciones del municipio accionado en actuar como lo exigen los artículos 3 y 13 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. Es menester aclararle a la autoridad recurrida que, en el marco de sus funciones, no basta con tomar las acciones que se indican para la atención del caso en cuestión, siendo que ello no inhibe a la administración de dar la debida atención y resolución a las denuncias planteadas por los usuarios, lo cual contempla comunicar todo lo relacionado al estado, al seguimiento y a la adopción de las acciones pertinentes en atención a las denuncias formuladas. En mérito de lo expuesto, lo procedente es acoger el recurso, con las indicaciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)”

... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) I.- Sobre la excepción al artículo 41 de la Constitución Política. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8 horas 55 minutos del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política. No obstante, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción por la supuesta demora de la Administración en atender una denuncia ambiental planteada respecto a los ocupantes ilegales en la zona marítimo terrestre de Playa Dominical. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” VCG11/2025

... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

VI.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG11/2025

... Ver más
Texto de la resolución



Exp: 25-026160-0007-CO

Res. Nº 2025037551

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo interpuesto por Nombre87592, cédula de identidad CED48213, contra la MUNICIPALIDAD DE OSA.             

Resultando:

 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 29 de agosto de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Osa. Manifiesta que desde hace tiempo se vive una situación caótica en Playa Dominical, donde la zona marítimo terrestre ha sido tomada ilegalmente por grupos que han generado delincuencia, robos, venta de drogas, y hasta la instalación de puestos fijos para la venta de licor. Señala que el acontecimiento más crítico ocurrió el 1 de diciembre de 2023 cuando un turista alemán de 32 años fue asesinado mientras acampaba en la playa, tras intentar evitar un asalto frente a su compañera sentimental de origen ucraniano. Comenta que dichos ocupantes ilegales se disfrazan de artesanos o masajistas para encubrir actividades delictivas como asaltos, venta de drogas y proxenetismo, ante cuya problemática, indica que se han realizado varias gestiones ante la Municipalidad de Osa, incluyendo una carta presentada de forma presencial en fecha 19 de mayo de 2025 dirigida al Departamento de Zona Marítimo Terrestre del cantón, firmada por el señor Carlos López Umaña, en representación del Comité de Comerciantes y Ciudadanos Pro Defensa Playa Dominical, mediante la cual denunció la problemática descrita y solicitó: “Solicitud expresa de desalojar a los ocupantes ilegales y de demoler sus ranchos, instalados en la zona marítimo terrestre de Playa Dominical en el cantón de Osa. Problemática Social Actual. Actualmente se vive una caótica situación en Playa Dominical por cuanto los bienes de dominio público ubicados dentro de la llamada Zona Marítimo terrestre han sido tomados ilegalmente por una mafia que ha generado el caos y asentado la delincuencia en el lugar. Desde que llegaron dichas personas a ocupar ilegalmente la zona Marítimo Terrestre, hay muchos robos y tachas de vehículos de turistas que llegan a visitar la playa, asaltos diarios a turistas, venta de todo tipo de drogas en la zona, estacionamiento permanente de camiones grandez que obstruyen el libre tránsito y que usan como bodegas para almacenar mercadería que venden ilegalmente y posiblemente drogas y ya hasta un bartender instaló un puesto fijo para venta de cocteles y tragos en la zona marítimo terrestre. Pero la gota que derramó el vaso fue el asesinato de un hombre de nacionalidad alemana que se encontraba acampando en Playa Dominical y que murió a manos de delincuentes el viernes 01 de diciembre de 2023. El joven de 32 años trató de evitar un asalto y falleció por un disparo frente a su compañera sentimental de origen ucraniano. La situación actual es absolutamente caótica, el hampa se ha apoderado de la zona marítimo terrestre de Playa Dominical y para realizar sus actividades delictivas han diseñado la estrategia de disfrazarse de artesanos o masajistas, instalan sus carpas en el lugar, pero detrás de esa fachada de artesanos o masajistas, se esconden maleantes que asaltan turistas, se disimulan ventas de drogas y se ocultan actividades de proxenetismo sexual. Dada la problemática social expuesta, los comerciantes que tenemos negocios en Playa Dominical y que pagamos puntualmente nuestros impuestos municipales exigimos de la Municipalidad de Osa acciones concretas y eficaces para erradicar a los ocupantes ilegales de la zona marítimo terrestre de Playa Dominical, que ya de por sí, con sólo ese ato de ocupación ilegal deben ser desalojados, pero que además han convertido nuestra querida playa en una verdadera zona roja en la cual se desarrollan todo tipo de actos delictivos: asaltos, hurtos, ventas de drogas y venta de servicios sexuales. Para lograr este objetivo nos hemos constituido en un comité comunal denominado Comité de Comerciantes y Ciudadanos Pro Defensa Playa Dominical que tiene como objetivo principal lograr erradicar a los ocupantes ilegales de la zona marítimo terrestre de Playa Dominical, y que la zona vuelva a ser un lugar de libre acceso público tanto para el turista nacional como extranjero, y que vuelva a ser un lugar limpio, ordenado y seguro”, sobre la cual la municipalidad recurrida acusó recibo mediante sello oficial, en la misma fecha. No obstante, reclama que a la fecha en la que acude en amparo no ha recibido respuesta ni solución alguna por parte de la autoridad recurrida, la cual se ha mantenido en absoluto silencio y sin ejecutar ninguna acción concreta, evidenciando una actitud de total inercia frente a la problemática denunciada. Considera que dicha omisión, lesiona sus derechos fundamentales, por lo que, solicita se declare con lugar el presente recurso y se ordene lo que en derecho corresponda.

2.- Mediante resolución de las 15:50 horas del 3 de setiembre de 2025, se le realizó una prevención a la parte recurrente.

3.- Mediante resolución de las 17:45 horas del 11 de setiembre de 2025, se dio curso a este proceso y se le solicitó informe al alcalde y al encargado del Departamento de la Zona Marítimo Terrestre, ambos de la Municipalidad de Osa, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 16 de setiembre de 2025, la parte recurrente se apersona y manifiesta que “para mayor claridad del Tribunal se vuelve a adjuntar lo solicitado. En dicha documentación que nuevamente se adjunta, se aprecia la carta remitida por el Señor Carlos López Umaña, Presidente del Comité de Comerciantes y Ciudadanos Pro defensa Playa Dominical, vecino y líder de la comunidad, al Departamento de Zona Maritimo Terrestre del Cantón de Osa, el dia 19 de mayo del 2025, para que el ente municipal tomara cartas en el asunto y realizar el desalojo permanente de todas esas personas que ocupan ilegalmente la zona marítimo terrestre de Playa Dominical. Asimismo se adjunta el acuse de recibido de la Municipalidad de Osa de la carta anteriormente mencionada, con fecha de 19 de mayo de 2025”.

5.- Por escrito incorporado al expediente digital el 19 de setiembre de 2025, Mainor Anchia Angulo, en su condición de alcalde, y Diego Arias Morales, en su condición de encargado interno del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, ambos de la Municipalidad de Osa, informan bajo juramento que “PRIMERO. Que el usuario expresa mediante recurso de amparo que procedió a solicitar información el día 19 de mayo del 2025, dirigida al departamento de Zona Marítimo Terrestre, la cual se procede a atender como parte de las responsabilidades institucionales, brindando acuse de recibo mediante boleta de ingreso de tramite numero 805-2025 (ver prueba adjunta), y fue remitido al departamento para su debida gestión el 20 de mayo del 2025, una vez en el departamento de ZMT y debido a la problemática constante, se adjunta al expediente que ha venido llevándose desde el año 2012, con relación a las reiteradas acciones de desalojo y demolición realizadas en el sector de Playa Dominical, con respecto a invasores de la Zona Publica (ver oficios adjuntos AZM-242-2012, AZM-0137-2013, AZM-1057-2013, ORA7-2912- 2013, AIZ-026-2017, AZM-1014-2017, AIZ-0023-2020, AIZ-0049-2023), por lo que administrativamente se ha venido atendiendo la problemática con respecto a la invasión de la Zona Publica de Dominical. SEGUNDO: Que, en el marco de las competencias asignadas al Departamento de Zona Marítimo Terrestre, se han ejecutado de manera reiterada diversos procesos de desalojo tanto en dicho sector como en otras áreas de uso público dentro del cantón. No obstante, debe señalarse que actualmente el departamento cuenta únicamente con dos inspectores debidamente nombrados, de los cuales uno se encuentra limitado para la realización de labores de campo por razones de salud debidamente acreditadas. En consecuencia, la atención de más de 221 kilómetros lineales de Zona Marítimo Terrestre, comprendidos entre franja costera y rías, resulta una tarea de alta complejidad, dado el amplio territorio a cubrir con recursos humanos insuficientes. Pese a dichas limitaciones estructurales, este departamento ha procurado, dentro de sus posibilidades, cumplir de manera diligente y responsable con las funciones y obligaciones que la ley le ha encomendado, garantizando así la continuidad del servicio público y la tutela del patrimonio natural y municipal. TERCERO: Se ha constatado que la Municipalidad, a través del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, realiza de manera constante y diligente los procesos de desalojo y demolición en la Zona Pública. Sin embargo, la realidad operativa demuestra que, en muchas ocasiones, los mismos infractores reinciden e intentan reinstalarse en los mismos lugares días o semanas después de haber sido retirados. Este fenómeno obedece a una limitación normativa y operativa, ya que el marco legal vigente no dota a los gobiernos locales de potestades represivas en materia de vigilancia y custodia inmediata de la Zona Pública, ni faculta de manera expresa a las municipalidades para ordenar decomisos de mercadería que produzcan un desincentivo económico frente a la reincidencia. En consecuencia, la acción municipal se ve circunscrita al desalojo material, lo cual los infractores perciben como una carga temporal, pero no definitiva, configurándose así una práctica que menoscaba la efectividad de la tutela de los bienes públicos. No obstante, lo anterior, la Municipalidad ha cumplido y continuará cumpliendo con su deber legal, ejecutando los desalojos y demoliciones conforme a la Ley N.° 6043, en especial sus artículos 1, 7, 8, 10, 12, 13, 61, 62 y 63, que establecen de forma categórica que la protección de la Zona Marítimo Terrestre constituye una obligación del Estado en su conjunto, incluyendo a todas sus instituciones, y no como una responsabilidad exclusiva de los gobiernos locales. Bajo esta línea, se estima necesario reforzar que la colaboración activa del Ministerio de Seguridad Pública y demás cuerpos policiales resulta esencial, puesto que la reincidencia en la ocupación de la Zona Pública configura, en determinados supuestos, incluso conductas de carácter penal, de conformidad con el artículo 62 de la Ley 6043, que sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años a quienes construyan, desarrollen actividades o levanten infraestructura contraria a lo dispuesto en la normativa. De ahí que la intervención de la fuerza pública no solo es legítima, sino necesaria, a fin de garantizar la efectividad de las medidas administrativas adoptadas por la Municipalidad, evitando que las áreas que han sido recuperadas se conviertan nuevamente en objeto de ocupaciones ilegales. En este sentido, se reafirma que la Municipalidad ha cumplido y seguirá cumpliendo con su deber de ejecutar desalojos y demoliciones dentro de los límites de sus competencias, pero es indispensable la acción coordinada con otras instituciones del Estado, especialmente los cuerpos policiales, para asegurar una protección integral, efectiva y permanente de la Zona Pública. CUARTO: En atención a lo expuesto, la Municipalidad, en coordinación con el Ministerio Público, ha tomado la decisión de impulsar los procesos judiciales correspondientes, con el fin de dotar de mayor fuerza represiva las actuaciones contra los infractores. Bajo el expediente penal N.° 24-000013-1111-PE se han formalizado denuncias, procurando que, desde la vía jurisdiccional, se impongan consecuencias de mayor severidad que las previstas en sede administrativa. Esto porque, desde la perspectiva administrativa, las medidas aplicadas se circunscriben al desalojo y la demolición puntual, generando para el infractor únicamente la pérdida de las ventas del día en que se ejecuta la medida, lo que incentiva la reincidencia tan pronto cesa la presencia física del personal municipal en la zona. Cabe reiterar que resulta materialmente imposible mantener funcionarios en vigilancia continua durante las 24 horas en todos los sectores críticos de la Zona Pública, con una extensión de mas de 221 kilometros lineales de ZMT. No obstante, lo anterior, como parte de dicho proceso judicial, la Municipalidad ha mantenido un seguimiento constante y documentado, levantando informes donde se identifican personas infractoras, daños ambientales y actividades irregulares, los cuales han sido remitidos a la Fiscalía Ambiental. En este sentido, se han efectuado inspecciones en enero de 2024 y marzo de 2025, como parte del seguimiento al expediente citado, encontrándose la causa en trámite y a la espera de resolución judicial que permita adoptar nuevas estrategias de desalojo y demolición con mayores consecuencias disuasorias. De igual manera, se hace constar que, en el año 2023, mediante oficio SZM-429-2023, se coordinó la ejecución de los desalojos programados en la Zona Pública. Posteriormente, a través del oficio AIZ-046-2024, se emitió informe de desalojos y notificaciones realizados en la zona de Dominical el 4 de abril de ese año. Asimismo, en el marco del expediente judicial 24- 000013-1111-PE, se han emitido los oficios SPM-011-2024, AIZ-005-2025 y PZM-052-2025, así como la certificación PZM-052-2025, todos orientados a mantener actualizado el proceso judicial y respaldar la labor de la Fiscalía. En consecuencia, la Municipalidad ha venido cumpliendo con su deber de tutela de la Zona Pública, articulando esfuerzos tanto administrativos como judiciales, y se encuentra a la espera de que, en sede penal, se impongan consecuencias con mayor efecto disuasorio. Ello permitiría que los infractores enfrenten un verdadero desincentivo a reincidir, superando los límites del marco administrativo, que únicamente faculta al Municipio a ejecutar desalojos y demoliciones en cada programación periódica. QUINTO: Que la gestión señalada por el recurrente, presentada mediante nota del 19 de mayo del presente año, fue debidamente recibida y atendida conforme al debido proceso administrativo, emitiéndose respuesta mediante oficio PZM-389-2025, notificado el 18 de setiembre del presente. No obstante, debe aclararse que, en aras de garantizar la eficacia de los procedimientos de desalojo y evitar filtraciones de información que pudieran frustrar su ejecución, la Administración ha debido aplicar ciertas estrategias de reserva. Ya que en ocasiones, las diligencias programadas no logran concretarse por la ausencia de los infractores al momento de la actuación, razón por la cual se ha diferido la comunicación de algunas gestiones hasta tanto existan resultados verificables. Asimismo, y más allá de las actuaciones administrativas, la Municipalidad coordinó oportunamente con la Fiscalía Ambiental la apertura de la causa penal N.° 24-000013-1111-PE, con el fin de reforzar las acciones municipales con repercusiones judiciales que generen un efecto disuasorio más eficaz frente a los infractores. De igual modo, la Alcaldía Municipal, mediante comunicación electrónica del 26 de mayo de 2025, gestionó la convocatoria de instituciones competentes (Fiscalía, SINAC, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Salud, entre otros), a efectos de conformar una comisión interinstitucional orientada a enfrentar la problemática de la ocupación indebida de la zona pública. En seguimiento a lo anterior, mediante oficio AM-1133-2025-2028 del 11 de setiembre, se reiteró la convocatoria a las citadas entidades para la planificación de un operativo interinstitucional que involucre al Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, Fiscalía Ambiental, así como a las dependencias municipales de Patentes, Zona Marítimo Terrestre y Gestión Ambiental. Este operativo tiene como objetivos: reforzar la protección ambiental, garantizar el ordenamiento territorial y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. Se ha programado la celebración de la reunión interinstitucional para el próximo martes 30 de setiembre, con el propósito de definir la estrategia de ejecución conjunta y articular medidas integrales que atiendan de manera eficaz la usurpación de la zona pública en el cantón SEXTO: Como parte de la presente gestión, se adjuntan copias de los oficios citados, ordenados cronológicamente, con el propósito de acreditar de manera fehaciente que la Municipalidad ha venido ejecutando, desde años atrás, actuaciones sostenidas en materia de desalojos y demoliciones en la zona pública. Dichas gestiones no se han limitado a acciones aisladas, sino que han formado parte de una estrategia institucional continua y progresiva, en la cual se han integrado esfuerzos con diversas entidades estatales mediante coordinación interinstitucional, en procura de alcanzar soluciones más definitivas y efectivas frente a la problemática de ocupación indebida. De igual modo, se resalta el seguimiento constante al expediente judicial N.° 24-000013-1111- PE, lo que refleja el compromiso municipal de complementar la vía administrativa con la jurisdiccional, en aras de asegurar que las consecuencias para los infractores trasciendan el mero desalojo material y se genere un efecto disuasorio conforme al ordenamiento jurídico vigente”.

6.- Por escrito incorporado al expediente digital el 12 de noviembre de 2025, la parte recurrente se apersona y manifiesta que “se aprecia de la respuesta del ente municipal a este recurso de amparo que tiene conciencia del problema, pero lamentablemente no ha sabido abordarlo con la eficiencia requerida y no es posible que los ciudadanos que deseamos disfrutar de Playa Dominical nos veamos obligados a interponer amparos cada seis meses por la incapacidad manifiesta del ente municipal de hacer cumplir los preceptos constitucionales y permitir el libre disfrute, en un ambiente sano, de Playa Dominical. No es atendible la excusa del estimable Señor Alcalde de Osa de no contar con recurso humano para atender el problema, pues la ley Maritimo Terrestre es suficientemente clara en cuanto al deber del ente municipal en su respectiva jurisdicción, de atender directamente el cuidado y conservación de la zona marítimo terrestre y de sus recursos naturales, y que, para esos efectos, deberá nombrar, los inspectores necesarios. Articulos 13-34 de la ley Maritimo Terrestre. A estas alturas debe contarse con tal equipo de inspectores. En cuanto a la excusa que impide desalojar de forma permanente a los ocupantes ilegales de la zona marítimo terrestre de Playa Dominical por una “ limitación normativa y operativa, ya que el marco legal vigente no dota a los gobiernos locales de potestades represivas en materia de vigilancia y custodia inmediata de la Zona Pública”, ello es falso , pues claramente esos ocupantes ilegales están cometiendo delitos penales y es deber de los funcionarios municipales poner las denuncias penales respectivas, sea como es la usurpación de dominio publico , tipificado en el articulo 227 del Código Penal, o bien en el caso de haberse realizado construcciones o cualquier tipo de desarrollo, aplicarles el articulo 62 de la Ley 6043, también con consecuencias penales. De los infomes brindados por la misma municipalidad de Osa se desprende que tienen un listado completo de quienes son los ocupantes ilegales recurrentes de la zona marítimo terrestre en Playa Dominical, por lo que no se entiende porqué no los han denunciado en sede judicial para abrirles una causa penal. Lo mismo ocurre con el tema del decomiso de las mercaderías, pues si bien es cierto que la ley no faculta de manera expresa a las municipalidades para ordenar decomisos de mercadería, es claro que al interponerse la denuncia judicial correspondiente, los bienes decomisados deben ser entregados al Juez correspondiente quien seguramente dictará una resolución poniendo en deposito judicial tales mercaderías y deberán tales imputados esperar a que concluya el proceso penal para poder eventualmente acceder a dichas mercaderías, con lo que se genera un desincentivo enorme en la ocupación ilegal con fines comerciales. Finalmente, en cuanto al tema de las construcciones , La Ley de La Zona Marítimo Terrestre es tajante al establecer en su artículo 12 la prohibición de levantar edificaciones sin la debida autorización legal, asimismo dicha la Ley dispone en su artículo 13 que en caso de existir tales construcciones ilegales, las autoridades competentes, deben demoler lo ilegalmente construido de manera inmediata (…) De lo expuesto puede apreciar el honorable Tribunal que sí existen las herramientas jurídicas para poner fin definitivamente al problema de la ocupación ilegal en la zona marítimo terrestre de Playa Dominical y en ese sentido se ruega que se pueda dictar una sentencia con sentido progresivo en materia ambiental, que otorgue una solución definitiva al problema de la ocupación ilegal en la Zona Maritima Terrestre de Playa Dominical, para que los costarricenses puedan libremente acceder a dicho territorio y poder disfrutar de un ambiente sano que sea totalmente ajeno a la contaminación , venta de drogas, asaltos y al caos”.

7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

Considerando:

 I.- Sobre la excepción al artículo 41 de la Constitución Política. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8 horas 55 minutos del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política. No obstante, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción por la supuesta demora de la Administración en atender una denuncia ambiental planteada respecto a los ocupantes ilegales en la zona marítimo terrestre de Playa Dominical. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- Objeto del recurso. El recurrente reprocha una inacción por parte de la Municipalidad de Osa en ejercer su función de tutela efectiva en la zona marítimo terrestre de Playa Dominical, dado que esa omisión ha provocado la ocupación ilegal en dichas áreas de dominio público que impiden a la ciudadanía poder acceder y disfrutar libremente de dichas áreas de uso común, toda vez que han sido tomados ilegalmente por una mafia que ha generado el caos y asentado la delincuencia en el lugar. Por lo anterior, señala que el 19 de mayo de 2025 remitió una gestión ante el departamento de la Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa; sin embargo, reclama que a la fecha en la que acude en amparo no ha recibido respuesta ni solución alguna por parte de la autoridad recurrida, la cual se ha mantenido en absoluto silencio y sin ejecutar ninguna acción concreta, evidenciando una actitud de total inercia frente a la problemática denunciada.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a.    En las fechas del 21 al 22 de diciembre de 2017, las autoridades de la Municipalidad de Osa efectuaron desalojos en la Zona Marítimo Terrestre de la Playa Dominical (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

b.    El 18 de mayo de 2023, las autoridades de la Municipalidad de Osa efectuaron desalojos en contra de ocupantes e infractores ilegales por concepto de usurpación, venta y construcción ilegal en la Zona Marítimo Terrestre de la Playa Dominical (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

c.     El 26 de febrero de 2025, las autoridades de la Municipalidad de Osa ubicaron personas con actividades comerciales en la Zona Marítimo Terrestre de la Playa Dominical (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

d.    El 19 de mayo de 2025, el recurrente remitió una gestión ante la Municipalidad de Osa, por medio de la cual denunció: “actualmente se vive una caótica situación en Playa Dominical por cuanto los bienes de dominio público ubicados dentro la (sic) llamada Zona Marítimo Terrestre, han sido tomados ilegalmente por una mafia que ha generado el caos y asentado la delincuencia en el lugar. Desde que llegaron dichas personas a ocupar ilegalmente la zona Marítimo Terrestre, hay muchos robos y tachas de vehículos de turistas que llegan a visitar la playa, asaltos diarios a turistas, venta de todo tipo de drogas en la zona, estacionamiento permanente de camiones grandes que obstruyen el libre tránsito y que usan como bodegas para almacenar mercadería que venden ilegalmente y posiblemente drogas y ya hasta un bartender instaló un puesto fijo para venta de cocteles y tragos en la zona marítimo terrestre. Pero la gota que derramó el vaso fue el asesinato de un hombre de nacionalidad alemana que se encontraba acampando en Playa Dominical y que murió a manos de delincuentes el viernes 01 de diciembre de 2023. El joven de 32 años trató de evitar un asalto y falleció por un disparo frente a su compañera sentimental de origen ucraniano (…) solicita respetuosamente que se tomen las acciones legales pertinentes para desalojar a los ocupantes de hecho de los bienes de dominio público de Playa Dominical, sometida a su administración, así como proceder con la destrucción de las edificaciones realizadas y el decomiso tanto de los camiones que obstruyen el libre tránsito como de las mercaderías que se venden ilegalmente en el lugar” (ver pruebas aportadas);

e.     Según las autoridades de la Municipalidad de Osa indicaron que: “la atención de más de 221 kilómetros lineales de Zona Marítimo Terrestre, comprendidos entre franja costera y rías, resulta una tarea de alta complejidad, dado el amplio territorio a cubrir con recursos humanos insuficientes” (ver informe rendido bajo juramento);

f.      Las autoridades del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa han efectuado diligentemente los procesos de desalojo y demolición en la zona pública; sin embargo, los infractores reinciden e intentan reinstalarse en los mismos lugares (ver informe rendido bajo juramento);

g.    Las autoridades del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa informaron que “en el año 2023, mediante oficio SZM-429-2023, se coordinó la ejecución de los desalojos programados en la Zona Pública (…) a través del oficio AIZ-046-2024, se emitió informe de desalojos y notificaciones realizados en la zona de Dominical el 4 de abril de ese año” (ver informe rendido bajo juramento);

h.    El 16 de setiembre de 2025, las autoridades de la Municipalidad de Osa fueron notificadas de la resolución que dio curso a este proceso (ver actas de notificación);

i.      Mediante oficio nro. AM-1133-2025-2028 del 11 de setiembre de 2025, el alcalde de la Municipalidad de Osa requirió una solicitud de apoyo institucional para operativos ante el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y la Fiscalía Ambiental, motivo por el cual consignó: “me permito solicitar formalmente una audiencia con representantes de sus respectivas instituciones, con el fin de coordinar acciones conjuntas en el marco de operativos interinstitucionales orientados a la protección ambiental, el ordenamiento territorial y el cumplimiento de la normativa vigente en el Cantón de Osa. La audiencia se llevará a cabo el próximo martes 07 de octubre de 2025, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Osa. El objetivo principal de este encuentro es establecer mecanismos de colaboración, definir responsabilidades operativas y fortalecer la articulación institucional para la atención de situaciones que requieren intervención conjunta. Agradecemos de antemano su disposición y compromiso con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la gobernanza local” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

j.      Mediante oficio nro. PZM-389-2025 del 18 de setiembre de 2025, las autoridades del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa atendieron la gestión presentada el 19 de mayo de 2025 de la siguiente manera: “En atención a su nota, recibida en este departamento el pasado 20 de mayo del 2025, primero que nada, solicito disculpas por la respuesta tan a destiempo, ya que, debido al alto volumen de trabajo, gran cantidad de correspondencia y poco personal para la atención de esta, contamos con un rezago importante en la respuesta oportuna de la misma. Sin embargo, debemos informar que tanto este departamento como la Alcaldía Municipal, han visto con gran preocupación la ocupación ilegal de la ZMT y todas las problemáticas tanto sociales y ambientales que esto ha provocado, lamentando con profundo pesar una víctima que pudo haberse evitado, eso a pesar de que en el mes de mayo 2023, como es de conocimiento, se realizó un desalojo y demolición en playa dominical, dejando una vez más el área libre de infractores, sin embargo para pesar de todos existen notificaciones ya en el mes de junio 2023, de los infractores nuevamente ingresados en la zona publica, de ahí que se han venido trabajando nuevas estrategias para la atención de esta gran problemática, ya que como es de conocimiento público, la administración municipal en reiteradas ocasiones a ingresado a distintos lugares de la zona publica del cantón, con la finalidad de realizar distintos desalojos y demoliciones de lo ahí construido, sin embargo por el faltante de personal, ha sido imposible trabajar con la rapidez que quisiéremos, de ahí que hemos estado planeando estrategias diferentes, con la finalidad de poder causar mayores implicaciones a las que administrativamente podemos realizar por medio de desalojos y demoliciones, siendo que esto únicamente ha causado que los infractores no puedan comerciar productos mientras los funcionarios están, pero que una vez los funcionarios abandonan el sector, los mismos infractores regresan. Como saben por motivos de evita fugas de información, no es posible informar de todas las actuaciones y coordinaciones que esta ejecutando la administración, sin embargo, si podemos asegurar que estamos trabajando en dichas labores con la finalidad de atender esta problemática y buscar una solución más definitiva”. Dicho oficio fue remitido al medio que se señaló para atender notificaciones ...2645- (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

k.    Las autoridades de la Municipalidad de Osa coordinaron oportunamente con la Fiscalía Ambiental para la apertura de la causa penal nro. 24-000013-1111-PE, con el fin de reforzar las acciones municipales con repercusiones judiciales que generen un efecto disuasorio más eficaz frente a los infractores (ver informe rendido bajo juramento).

IV.- Hecho no probado. No se estima como debidamente demostrado el siguiente hecho: Único. Que las autoridades de la Municipalidad de Osa hayan resuelto de forma definitiva la problemática denunciada por parte del recurrente desde el 19 de mayo de 2025 (los autos).

V.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, el recurrente reprocha una inacción por parte de la Municipalidad de Osa en ejercer su función de tutela efectiva en la zona marítimo terrestre de Playa Dominical, dado que esa omisión ha provocado la ocupación ilegal en dichas áreas de dominio público que impiden a la ciudadanía poder acceder y disfrutar libremente de dichas áreas de uso común, toda vez que han sido tomados ilegalmente por una mafia que ha generado el caos y asentado la delincuencia en el lugar. Por lo anterior, señala que el 19 de mayo de 2025 remitió una gestión ante el departamento de la Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa; sin embargo, reclama que a la fecha en la que acude en amparo no ha recibido respuesta ni solución alguna por parte de la autoridad recurrida, la cual se ha mantenido en absoluto silencio y sin ejecutar ninguna acción concreta, evidenciando una actitud de total inercia frente a la problemática denunciada.

Al respecto, del estudio de los autos, se tiene por demostrado que efectivamente el 19 de mayo de 2025, el recurrente remitió una gestión ante la Municipalidad de Osa, por medio de la cual denunció: “actualmente se vive una caótica situación en Playa Dominical por cuanto los bienes de dominio público ubicados dentro la (sic) llamada Zona Marítimo Terrestre, han sido tomados ilegalmente por una mafia que ha generado el caos y asentado la delincuencia en el lugar. Desde que llegaron dichas personas a ocupar ilegalmente la zona Marítimo Terrestre, hay muchos robos y tachas de vehículos de turistas que llegan a visitar la playa, asaltos diarios a turistas, venta de todo tipo de drogas en la zona, estacionamiento permanente de camiones grandes que obstruyen el libre tránsito y que usan como bodegas para almacenar mercadería que venden ilegalmente y posiblemente drogas y ya hasta un bartender instaló un puesto fijo para venta de cocteles y tragos en la zona marítimo terrestre. Pero la gota que derramó el vaso fue el asesinato de un hombre de nacionalidad alemana que se encontraba acampando en Playa Dominical y que murió a manos de delincuentes el viernes 01 de diciembre de 2023. El joven de 32 años trató de evitar un asalto y falleció por un disparo frente a su compañera sentimental de origen ucraniano (…) solicita respetuosamente que se tomen las acciones legales pertinentes para desalojar a los ocupantes de hecho de los bienes de dominio público de Playa Dominical, sometida a su administración, así como proceder con la destrucción de las edificaciones realizadas y el decomiso tanto de los camiones que obstruyen el libre tránsito como de las mercaderías que se venden ilegalmente en el lugar”.

Ahora, si bien se informó por parte del municipio accionado que las autoridades del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa han efectuado diligentemente los procesos de desalojo y demolición en la zona pública -lo cual se puede acreditar a través de la prueba aportada en autos-, no menos cierto es que se reconoció que a la fecha los infractores reinciden e intentan reinstalarse en los mismos lugares, con el agravante de que a la fecha de interposición de este recurso el gobierno local no había atendido ni resuelto la denuncia planteada por parte del recurrente.

Adicionalmente, se debe advertir que los recurridos pretenden justificar su retardo en cumplir con las obligaciones que la ley les impone bajo la excusa de que la Zona Marítimo Terrestre constituye una franja costera de más de 221 kilómetros lineales lo que resulta una tarea de alta complejidad, dado el amplio territorio a cubrir con recursos humanos insuficientes, lo cual a criterio de este Tribunal no resulta de recibido debido a que las Municipalidades son los entes competentes para proceder al desalojo y demolición de construcciones que, sin la autorización debida, se encuentren ubicadas en la zona marítimo terrestre, motivo por el cual tan pronto tenga noticia de la existencia de ocupantes e infractores ilegales por concepto de usurpación, venta y construcción ilegal en la Zona Marítimo Terrestre de la Playa Dominical debe instaurar el procedimiento administrativo correspondiente a efectos de velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre, tal como lo establecen los artículos 3 y 13 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.

Por otra parte, resulta importante señalar que se ha producido una dilación irrazonable e indebida para la atención a la denuncia formulada por el recurrente desde el 19 de mayo de 2025, dado que si bien consta que con ocasión a la notificación de curso al recurrente se le notificó el oficio nro. PZM-389-2025 del 18 de setiembre de 2025, por medio del cual le procedieron a comunicar las acciones realizadas por parte del municipio accionado, no menos cierto es que de la propia lectura de la respuesta que se le brindó se denota que se reconoció que se continúan efectuando los trabajos correspondientes con la finalidad de atender esta problemática y buscar una solución más definitiva. De ahí que, esta Sala no logra tener por demostrado que las autoridades de la Municipalidad de Osa hayan resuelto de forma definitiva la problemática denunciada por parte del recurrente desde el 19 de mayo de 2025.

Así las cosas, esta Sala acredita la vulneración a los derechos fundamentales del recurrente, toda vez que, si bien el municipio accionado indicó haber realizado acciones tendientes a atender la denuncia formulada por el recurrente, lo cierto del caso es que de los autos no consta que haya sido resuelta de forma definitiva, con el agravante de que se acreditó una inobservancia de las obligaciones del municipio accionado en actuar como lo exigen los artículos 3 y 13 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. Es menester aclararle a la autoridad recurrida que, en el marco de sus funciones, no basta con tomar las acciones que se indican para la atención del caso en cuestión, siendo que ello no inhibe a la administración de dar la debida atención y resolución a las denuncias planteadas por los usuarios, lo cual contempla comunicar todo lo relacionado al estado, al seguimiento y a la adopción de las acciones pertinentes en atención a las denuncias formuladas. En mérito de lo expuesto, lo procedente es acoger el recurso, con las indicaciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.

VI.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Mainor Anchia Angulo, en su condición de alcalde, y a Diego Arias Morales, en su condición de encargado interno del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, ambos de la Municipalidad de Osa, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, que coordinen lo necesario y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que dentro del plazo de CUATRO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, a) se aborde, tramite e inspeccione la playa en que el recurrente denunció el incumplimiento a la Zona Marítimo Terrestre en su denuncia del 19 de mayo de 2025 y de acreditar la inobservancia a la legislación, deberán tomar todas las medidas necesarias para que la zona marítima sea respetada, de conformidad con las amplias potestades que establece la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; y b) además, dentro de ese mismo plazo, deberán notificarle al recurrente el resultado de su denuncia, lo cual contempla comunicar todo lo relacionado al estado, al seguimiento y a la adopción de las acciones pertinentes en atención al denuncia formulada. Se advierte a la parte recurrida que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Osa al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese.-

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 E3KYCSSNR2061

EXPEDIENTE N° 25-026160-0007-CO

 

Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:06:32.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande
Normal
Pequeña
Constitutional Chamber

Resolution No. 37551 - 2025

Resolution Date: November 14, 2025, at 09:20

Expediente: 25-026160-0007-CO

Drafted by: Anamari Garro Vargas

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER



Judgment with separate note

Relevance Indicators

Relevant judgment


Content of Interest:

Strategic Themes: Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: MUNICIPALITY

Subtopics:

COMPLAINT.

Topic: PROPERTY

Subtopics:

MARITIME TERRESTRIAL ZONE.

037551-25. MUNICIPALITY. PROPERTY. THE INACTION OF THE MUNICIPALITY OF OSA IS ACCUSED, IN THE EFFECTIVE PROTECTION OF THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE IN PLAYA DOMINICAL, DUE TO OCCUPATION IN PUBLIC DOMAIN AREAS. THE AUTHORITIES OF THE MUNICIPALITY OF OSA ARE ORDERED TO COORDINATE WHAT IS NECESSARY AND CARRY OUT ALL ACTIONS WITHIN THEIR SCOPE OF COMPETENCE, SO THAT WITHIN A PERIOD OF FOUR MONTHS: A) THE BEACH WHERE THE APPELLANT REPORTED THE NON-COMPLIANCE WITH THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE IN HIS COMPLAINT OF MAY 19, 2025, IS ADDRESSED, PROCESSED, AND INSPECTED, AND IF THE NON-OBSERVANCE OF THE LEGISLATION IS PROVEN, THEY MUST TAKE ALL NECESSARY MEASURES SO THAT THE MARITIME ZONE IS RESPECTED, IN ACCORDANCE WITH THE BROAD POWERS ESTABLISHED BY THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE LAW; AND B) IN ADDITION, WITHIN THAT SAME PERIOD, THEY MUST NOTIFY THE APPELLANT OF THE RESULT OF HIS COMPLAINT, WHICH INCLUDES COMMUNICATING EVERYTHING RELATED TO THE STATUS, FOLLOW-UP, AND ADOPTION OF PERTINENT ACTIONS IN RESPONSE TO THE COMPLAINT FILED. VCG11/2025

"(…) V.- On the specific case. In the sub lite, the appellant reproaches an inaction on the part of the Municipality of Osa in exercising its function of effective protection in the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of Playa Dominical, given that this omission has caused illegal occupation in said public domain areas that prevent the citizenry from being able to freely access and enjoy said common use areas, since they have been illegally taken over by a mafia that has generated chaos and established crime in the place. For the foregoing, he points out that on May 19, 2025, he sent a communication to the department of the Maritime Terrestrial Zone of the Municipality of Osa; however, he claims that as of the date he files this amparo, he has not received any response or solution from the appealed authority, which has remained in absolute silence and without executing any concrete action, evidencing an attitude of total inertia in the face of the reported problem.

In this regard, from the study of the case file, it is proven that indeed on May 19, 2025, the appellant sent a communication to the Municipality of Osa, through which he reported: "a chaotic situation is currently being experienced in Playa Dominical because the public domain assets located within the (sic) so-called Maritime Terrestrial Zone, have been illegally taken over by a mafia that has generated chaos and established crime in the place. Ever since those people arrived to illegally occupy the Maritime Terrestrial Zone, there have been many robberies and vehicle break-ins of tourists who come to visit the beach, daily assaults on tourists, sale of all kinds of drugs in the area, permanent parking of large trucks that obstruct free transit and which they use as warehouses to store merchandise they sell illegally and possibly drugs, and a bartender even installed a fixed stand for the sale of cocktails and drinks in the maritime terrestrial zone. But the last straw was the murder of a man of German nationality who was camping in Playa Dominical and who died at the hands of criminals on Friday, December 1, 2023. The 32-year-old man tried to avoid an assault and died from a gunshot in front of his romantic partner of Ukrainian origin (…) respectfully requests that the pertinent legal actions be taken to evict the de facto occupants from the public domain assets of Playa Dominical, under your administration, as well as to proceed with the destruction of the structures built and the seizure of both the trucks that obstruct free transit and the merchandise that is sold illegally in the place."

Now, although the defendant municipality reported that the authorities of the Maritime Terrestrial Zone Department of the Municipality of Osa have diligently carried out the eviction and demolition processes in the public zone—which can be proven through the evidence provided in the case file—it is no less true that it was acknowledged that as of today, the violators reoffend and try to reinstall themselves in the same places, with the aggravating factor that as of the date of filing this appeal, the local government had not addressed or resolved the complaint filed by the appellant.

Additionally, it must be noted that the respondents intend to justify their delay in fulfilling the obligations that the law imposes on them under the excuse that the Maritime Terrestrial Zone constitutes a coastal strip of more than 221 linear kilometers, which is a highly complex task, given the vast territory to cover with insufficient human resources, which in this Court's opinion is not acceptable because the Municipalities are the competent entities to proceed with the eviction and demolition of constructions that, without the proper authorization, are located in the maritime terrestrial zone, reason for which, as soon as they become aware of the existence of illegal occupants and violators for the concept of usurpation, illegal sale, and construction in the Maritime Terrestrial Zone of Playa Dominical, they must institute the corresponding administrative procedure in order to directly ensure compliance with the rules of this law regarding the domain, development, exploitation, and use of the maritime terrestrial zone, as established by Articles 3 and 13 of the Maritime Terrestrial Zone Law.

On the other hand, it is important to point out that there has been an unreasonable and undue delay in addressing the complaint filed by the appellant since May 19, 2025, given that although it is on record that on the occasion of the notification of the proceedings, the appellant was notified of official letter no. PZM-389-2025 of September 18, 2025, through which they proceeded to communicate the actions carried out by the defendant municipality, it is no less true that from the very reading of the response provided, it is evident that it was acknowledged that the corresponding work continues to be carried out with the aim of addressing this problem and seeking a more definitive solution. Hence, this Chamber cannot consider it proven that the authorities of the Municipality of Osa have definitively resolved the problem reported by the appellant since May 19, 2025.

Thus, this Chamber confirms the violation of the appellant's fundamental rights, given that, although the defendant municipality indicated having carried out actions aimed at addressing the complaint filed by the appellant, the truth of the matter is that it is not evident from the case file that it has been definitively resolved, with the aggravating factor that a failure to observe the obligations of the defendant municipality to act as required by Articles 3 and 13 of the Maritime Terrestrial Zone Law was proven. It is necessary to clarify to the appealed authority that, within the framework of its functions, it is not enough to take the actions indicated for the attention of the case in question, as this does not relieve the administration from giving due attention and resolution to the complaints filed by users, which includes communicating everything related to the status, follow-up, and adoption of pertinent actions in response to the complaints filed. In virtue of the foregoing, it is appropriate to uphold the appeal, with the indications that will be set forth in the operative part of this judgment. (…)"

... See more
Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and fulfilled justice

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION

"(…) I.- On the exception to Article 41 of the Political Constitution. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on judgment number 2008-02545 of 8 hours 55 minutes of February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the reasonably stipulated deadlines for resolving the requests made by the administered, in light of the provisions of Article 41 of the Political Constitution. However, in the sub lite, an exception case is raised due to the alleged delay of the Administration in addressing an environmental complaint filed regarding illegal occupants in the maritime terrestrial zone of Playa Dominical. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. (…)" VCG11/2025

... See more
Content of Interest:

Type of content: Separate note

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and fulfilled justice

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

VI.- Note from Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and fulfilled administrative justice. I have supported the thesis of this Court, that when the litigant claims a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative proceedings, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as cases of exception, which may be heard in this jurisdiction through the constitutional process of guarantee of amparo, in all other cases, and for the reasons that this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours of February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VCG11/2025

... See more
Text of the resolution



Exp: 25-026160-0007-CO

Res. No. 2025037551


CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fourteenth of November of two thousand twenty-five.

Amparo appeal filed by Nombre87592, identity card CED48213, against the MUNICIPALITY OF OSA.

Whereas:

1.- By written brief received at the Secretariat of the Chamber on August 29, 2025, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of Osa. He states that for some time there has been a chaotic situation in Playa Dominical, where the maritime terrestrial zone has been illegally taken over by groups that have generated crime, robberies, drug sales, and even the installation of fixed stands for the sale of liquor. He points out that the most critical event occurred on December 1, 2023, when a 32-year-old German tourist was murdered while camping on the beach, after trying to avoid an assault in front of his romantic partner of Ukrainian origin. He comments that these illegal occupants disguise themselves as artisans or masseurs to cover up criminal activities such as assaults, drug sales, and procuring, and in the face of this problem, he indicates that several steps have been taken before the Municipality of Osa, including a letter submitted in person on the date of May 19, 2025, addressed to the Department of the Maritime Terrestrial Zone of the canton, signed by Mr. Carlos López Umaña, representing the Committee of Merchants and Citizens Pro Defense of Playa Dominical, through which he reported the described problem and requested: "Express request to evict the illegal occupants and demolish their shacks, installed in the maritime terrestrial zone of Playa Dominical in the canton of Osa. Current Social Problem. A chaotic situation is currently being experienced in Playa Dominical because the public domain assets located within the so-called Maritime Terrestrial Zone have been illegally taken over by a mafia that has generated chaos and established crime in the place. Ever since those people arrived to illegally occupy the Maritime Terrestrial Zone, there have been many robberies and break-ins of tourists' vehicles who come to visit the beach, daily assaults on tourists, sale of all kinds of drugs in the area, permanent parking of large trucks that obstruct free transit and which they use as warehouses to store merchandise they sell illegally and possibly drugs, and a bartender even installed a fixed stand for the sale of cocktails and drinks in the maritime terrestrial zone. But the last straw was the murder of a man of German nationality who was camping in Playa Dominical and who died at the hands of criminals on Friday, December 1, 2023. The 32-year-old man tried to avoid an assault and died from a gunshot in front of his romantic partner of Ukrainian origin. The current situation is absolutely chaotic, the underworld has taken over the maritime terrestrial zone of Playa Dominical and to carry out their criminal activities they have designed the strategy of disguising themselves as artisans or masseurs, they install their tents in the place, but behind that facade of artisans or masseurs, thugs hide who assault tourists, drug sales are disguised, and sexual procuring activities are concealed. Given the exposed social problem, the merchants who have businesses in Playa Dominical and who punctually pay our municipal taxes demand from the Municipality of Osa concrete and effective actions to eradicate the illegal occupants from the maritime terrestrial zone of Playa Dominical, who, by that very act of illegal occupation should be evicted, but who have also turned our beloved beach into a true red zone in which all kinds of criminal acts take place: assaults, thefts, drug sales, and sale of sexual services. To achieve this objective we have constituted a community committee called Committee of Merchants and Citizens Pro Defense of Playa Dominical whose main objective is to manage to eradicate the illegal occupants from the maritime terrestrial zone of Playa Dominical, and for the zone to once again be a place of free public access for both national and foreign tourists, and for it to once again be a clean, orderly, and safe place", about which the respondent municipality acknowledged receipt via official stamp, on the same date. However, he claims that as of the date he files this amparo, he has not received any response or solution from the appealed authority, which has remained in absolute silence and without executing any concrete action, evidencing an attitude of total inertia in the face of the reported problem. He considers that said omission violates his fundamental rights, therefore, he requests that this appeal be granted and that the corresponding legal order be issued.

2.- By resolution at 15:50 hours on September 3, 2025, a preliminary warning was issued to the appellant.

3.- By resolution at 17:45 hours on September 11, 2025, this proceeding was ordered to proceed, and a report was requested from the mayor and the person in charge of the Department of the Maritime Terrestrial Zone, both of the Municipality of Osa, regarding the facts alleged by the appellant.

4.- By written brief incorporated into the digital file on September 16, 2025, the appellant appears and states that "for greater clarity of the Court, the requested documents are attached again. In said documentation that is again attached, the letter sent by Mr. Carlos López Umaña, President of the Committee of Merchants and Citizens Pro defense Playa Dominical, a resident and community leader, to the Department of the Maritime Terrestrial Zone of the Canton of Osa, on May 19, 2025, is visible, so that the municipal entity would take action and carry out the permanent eviction of all those people who illegally occupy the maritime terrestrial zone of Playa Dominical. Likewise, the acknowledgment of receipt from the Municipality of Osa for the aforementioned letter, dated May 19, 2025, is attached."

5.- By written brief incorporated into the digital file on September 19, 2025, Mainor Anchia Angulo, in his capacity as mayor, and Diego Arias Morales, in his capacity as internal head of the Department of the Maritime Terrestrial Zone, both of the Municipality of Osa, report under oath that "FIRST. That the user expresses through an amparo appeal that he proceeded to request information on May 19, 2025, addressed to the department of the Maritime Terrestrial Zone, which was addressed as part of the institutional responsibilities, providing acknowledgment of receipt through a processing intake slip number 805-2025 (see attached evidence), and was referred to the department for its proper handling on May 20, 2025, once in the ZMT department and due to the constant problem, it is attached to the file that has been kept since 2012, regarding the repeated eviction and demolition actions carried out in the Playa Dominical sector, with respect to invaders of the Public Zone (see attached official letters AZM-242-2012, AZM-0137-2013, AZM-1057-2013, ORA7-2912- 2013, AIZ-026-2017, AZM-1014-2017, AIZ-0023-2020, AIZ-0049-2023), therefore, administratively, the problem regarding the invasion of the Public Zone of Dominical has been addressed. SECOND: That, within the framework of the competencies assigned to the Department of the Maritime Terrestrial Zone, various eviction processes have been repeatedly executed both in said sector and in other areas of public use within the canton. However, it must be pointed out that the department currently has only two duly appointed inspectors, of which one is limited from carrying out field work for duly accredited health reasons. Consequently, the attention of more than 221 linear kilometers of Maritime Terrestrial Zone, comprised between the coastal strip and estuaries, is a highly complex task, given the vast territory to be covered with insufficient human resources. Despite said structural limitations, this department has endeavored, within its possibilities, to diligently and responsibly fulfill the functions and obligations that the law has entrusted to it, thus guaranteeing the continuity of the public service and the protection of the natural and municipal heritage. THIRD: It has been verified that the Municipality, through the Department of the Maritime Terrestrial Zone, constantly and diligently carries out the eviction and demolition processes in the Public Zone. However, the operational reality demonstrates that, on many occasions, the same violators reoffend and try to reinstall themselves in the same places days or weeks after having been removed. This phenomenon is due to a normative and operational limitation, since the current legal framework does not provide local governments with repressive powers regarding the immediate surveillance and custody of the Public Zone, nor does it expressly empower municipalities to order the seizure of merchandise that would produce an economic disincentive against recidivism. Consequently, municipal action is circumscribed to the material eviction, which violators perceive as a temporary, but not definitive, burden, thus configuring a practice that undermines the effectiveness of the protection of public assets. However, the foregoing notwithstanding, the Municipality has fulfilled and will continue to fulfill its legal duty, executing evictions and demolitions in accordance with Law No. 6043, especially its Articles 1, 7, 8, 10, 12, 13, 61, 62, and 63, which categorically establish that the protection of the Maritime Terrestrial Zone constitutes an obligation of the State as a whole, including all its institutions, and not as an exclusive responsibility of local governments. In this line, it is deemed necessary to reinforce that the active collaboration of the Ministry of Public Security and other police forces is essential, since recidivism in the occupation of the Public Zone configures, in certain cases, even criminal conduct, in accordance with Article 62 of Law 6043, which sanctions with a prison term of one to three years those who build, develop activities, or erect infrastructure contrary to the provisions of the regulation. Hence, the intervention of the public force is not only legitimate but necessary, in order to guarantee the effectiveness of the administrative measures adopted by the Municipality, preventing the areas that have been recovered from once again becoming the object of illegal occupations. In this sense, it is reaffirmed that the Municipality has fulfilled and will continue to fulfill its duty to execute evictions and demolitions within the limits of its competencies, but coordinated action with other State institutions, especially police forces, is essential to ensure comprehensive, effective, and permanent protection of the Public Zone. FOURTH: In response to the foregoing, the Municipality, in coordination with the Public Ministry, has made the decision to promote the corresponding judicial processes, in order to provide the actions against violators with greater repressive force. Under criminal file No. 24-000013-1111-PE, complaints have been formalized, seeking that, through the judicial route, consequences of greater severity than those provided for in administrative proceedings are imposed. This is because, from the administrative perspective, the measures applied are circumscribed to the eviction and the specific demolition, generating for the violator only the loss of the day's sales on which the measure is executed, which encourages recidivism as soon as the physical presence of municipal personnel in the area ceases. It must be reiterated that it is materially impossible to maintain officials in continuous 24-hour surveillance in all critical sectors of the Public Zone, with an extension of more than 221 linear kilometers of ZMT. However, the foregoing notwithstanding, as part of said judicial process, the Municipality has maintained constant and documented follow-up, preparing reports identifying violating persons, environmental damage, and irregular activities, which have been sent to the Environmental Prosecutor's Office. In this sense, inspections have been carried out in January 2024 and March 2025, as part of the follow-up to the cited file, with the case being in process and awaiting a judicial resolution that allows adopting new eviction and demolition strategies with greater deterrent consequences. Likewise, it is recorded that, in the year 2023, through official letter SZM-429-2023, the execution of the scheduled evictions in the Public Zone was coordinated. Subsequently, through official letter AIZ-046-2024, a report of evictions and notifications carried out in the Dominical area on April 4 of that year was issued. Similarly, within the framework of judicial file 24- 000013-1111-PE, official letters SPM-011-2024, AIZ-005-2025, and PZM-052-2025, as well as certification PZM-052-2025, have been issued, all aimed at keeping the judicial process updated and supporting the work of the Prosecutor's Office. Consequently, the Municipality has been fulfilling its duty of protecting the Public Zone, articulating both administrative and judicial efforts, and is awaiting that, in criminal proceedings, consequences with a greater deterrent effect are imposed. This would allow violators to face a real disincentive to reoffend, overcoming the limits of the administrative framework, which only empowers the Municipality to execute evictions and demolitions in each periodic schedule. FIFTH: That the communication indicated by the appellant, presented by note on May 19 of this year, was duly received and addressed in accordance with due administrative process, with a response being issued through official letter PZM-389-2025, notified on September 18 of this year. However, it must be clarified that, in order to guarantee the effectiveness of the eviction procedures and avoid information leaks that could frustrate their execution, the Administration has had to apply certain strategies of reserve. Since on occasions, the scheduled diligences cannot be completed due to the absence of the violators at the time of the action, which is why the communication of some steps has been deferred until there are verifiable results. Likewise, and beyond administrative actions, the Municipality opportunely coordinated with the Environmental Prosecutor's Office the opening of criminal case No. 24-000013-1111-PE, in order to reinforce municipal actions with judicial repercussions that generate a more effective deterrent effect against violators. Similarly, the Municipal Mayor's Office, through electronic communication on May 26, 2025, managed the convening of competent institutions (Prosecutor's Office, SINAC, Ministry of Public Security, Ministry of Health, among others), for the purpose of forming an inter-institutional commission aimed at addressing the problem of the improper occupation of the public zone. Following up on the foregoing, through official letter AM-1133-2025-2028 of September 11, the call to the cited entities was reiterated for the planning of an inter-institutional operation involving the Ministry of Public Security, Ministry of Health, Ministry of Environment and Energy, Environmental Prosecutor's Office, as well as the municipal departments of Licenses, Maritime Terrestrial Zone, and Environmental Management. This operation has the following objectives: to reinforce environmental protection, guarantee territorial planning, and ensure compliance with current regulations. The inter-institutional meeting has been scheduled for next Tuesday, September 30, for the purpose of defining the joint execution strategy and articulating comprehensive measures that effectively address the usurpation of the public zone in the canton. SIXTH: As part of this communication, copies of the cited official letters are attached, ordered chronologically, for the purpose of credibly proving that the Municipality has been executing, for years back, sustained actions regarding evictions and demolitions in the public zone. Said steps have not been limited to isolated actions but have formed part of a continuous and progressive institutional strategy, in which efforts have been integrated with various state entities through inter-institutional coordination, in an attempt to achieve more definitive and effective solutions to the problem of improper occupation. Similarly, the constant follow-up of judicial file No. 24-000013-1111- PE is highlighted, which reflects the municipal commitment to complement the administrative route with the jurisdictional one, in order to ensure that the consequences for violators transcend the mere material eviction and generate a deterrent effect in accordance with the current legal system."

6.- By written brief incorporated into the digital file on November 12, 2025, the appellant appears and states that "it appears from the response of the municipal entity to this amparo appeal that it is aware of the problem, but unfortunately it has not known how to address it with the required efficiency, and it is not possible that the citizens who wish to enjoy Playa Dominical find ourselves forced to file amparos every six months due to the manifest incapacity of the municipal entity to enforce constitutional precepts and allow the free enjoyment, in a healthy environment, of Playa Dominical."

The excuse offered by the esteemed Mayor of Osa of lacking human resources to address the problem is not acceptable, because the Maritime Terrestrial Zone Law is sufficiently clear regarding the duty of the municipal entity, in its respective jurisdiction, to directly attend to the care and conservation of the maritime terrestrial zone and its natural resources, and that, for those purposes, it must appoint the necessary inspectors. Articles 13-34 of the Maritime Terrestrial Zone Law. By now, such a team of inspectors should be in place. As for the excuse that prevents the permanent eviction of illegal occupants from the maritime terrestrial zone of Playa Dominical due to a “normative and operational limitation, since the current legal framework does not provide local governments with repressive powers in matters of immediate surveillance and custody of the Public Zone,” this is false, because clearly those illegal occupants are committing criminal offenses and it is the duty of municipal officials to file the respective criminal complaints, be it for usurpation of public domain, defined in article 227 of the Penal Code, or, in the event that buildings or any type of development have been carried out, to apply article 62 of Law 6043 to them, also with criminal consequences. From the reports provided by the municipality of Osa itself, it is evident that they have a complete list of who the recurrent illegal occupants of the maritime terrestrial zone in Playa Dominical are, so it is not understood why they have not reported them before the judicial authorities to open a criminal case against them. The same occurs with the matter of the seizure of merchandise, because although it is true that the law does not expressly empower municipalities to order merchandise seizures, it is clear that upon filing the corresponding judicial complaint, the seized goods must be handed over to the corresponding Judge, who will surely issue a resolution placing such merchandise in judicial deposit, and those accused must wait for the criminal process to conclude to be able to eventually access said merchandise, thereby generating an enormous disincentive to illegal occupation for commercial purposes. Finally, regarding the issue of constructions, the Maritime Terrestrial Zone Law is emphatic in establishing in its article 12 the prohibition of erecting buildings without the due legal authorization; likewise, said Law provides in its article 13 that in the event that such illegal constructions exist, the competent authorities must immediately demolish what was illegally built (…) From the foregoing, the honorable Court can appreciate that there are indeed legal tools to definitively end the problem of illegal occupation in the maritime terrestrial zone of Playa Dominical, and in that sense, it is requested that a judgment with a progressive sense in environmental matters be issued, providing a definitive solution to the problem of illegal occupation in the Maritime Terrestrial Zone of Playa Dominical, so that Costa Ricans can freely access said territory and be able to enjoy a healthy environment that is entirely free of pollution, drug sales, assaults, and chaos.”

7.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,

Considering:

I.- Regarding the exception to article 41 of the Political Constitution. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of judgment number 2008-02545 of 8 hours 55 minutes on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is disputed whether or not the public administration has complied with the reasonably established deadlines to resolve the requests filed by the administered parties in light of the provisions of article 41 of the Political Constitution. However, in the case at hand, a case of exception is raised due to the alleged delay of the Administration in addressing an environmental complaint filed regarding the illegal occupants in the maritime terrestrial zone of Playa Dominical. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo action.

II.- Purpose of the appeal. The appellant reproaches an inaction on the part of the Municipality of Osa in exercising its function of effective guardianship (tutela efectiva) in the maritime terrestrial zone of Playa Dominical, given that this omission has caused the illegal occupation in said areas of public domain that prevent citizens from being able to freely access and enjoy said areas of common use, since they have been taken over illegally by a mafia that has generated chaos and established crime in the place. In light of the foregoing, he indicates that on May 19, 2025, he submitted a communication before the department of the Maritime Terrestrial Zone of the Municipality of Osa; however, he claims that, as of the date on which he files this amparo, he has not received any response or solution from the appealed authority, which has remained in absolute silence and without executing any concrete action, demonstrating an attitude of total inertia in the face of the reported problem.

III.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:

a. On dates from December 21 to 22, 2017, the authorities of the Municipality of Osa carried out evictions (desalojos) in the Maritime Terrestrial Zone of Playa Dominical (see report rendered under oath and evidence provided);

b. On May 18, 2023, the authorities of the Municipality of Osa carried out evictions against illegal occupants and violators on grounds of usurpation, sale and illegal construction in the Maritime Terrestrial Zone of Playa Dominical (see report rendered under oath and evidence provided);

c. On February 26, 2025, the authorities of the Municipality of Osa located persons with commercial activities in the Maritime Terrestrial Zone of Playa Dominical (see report rendered under oath and evidence provided);

d. On May 19, 2025, the appellant submitted a communication before the Municipality of Osa, through which he reported: “currently there is a chaotic situation in Playa Dominical because the public domain properties located within the so-called Maritime Terrestrial Zone have been taken over illegally by a mafia that has generated chaos and established crime in the place. Since said persons arrived to illegally occupy the Maritime Terrestrial Zone, there are many thefts and break-ins of tourists' vehicles who come to visit the beach, daily assaults on tourists, sale of all types of drugs in the area, permanent parking of large trucks that obstruct free transit and are used as warehouses to store merchandise they sell illegally and possibly drugs, and a bartender has even set up a fixed stall for selling cocktails and drinks in the maritime terrestrial zone. But the straw that broke the camel’s back was the murder of a man of German nationality who was camping at Playa Dominical and who died at the hands of criminals on Friday, December 1, 2023. The 32-year-old young man tried to prevent a robbery and died from a gunshot in front of his romantic partner of Ukrainian origin (…) he respectfully requests that the pertinent legal actions be taken to evict the de facto occupants from the public domain properties of Playa Dominical, subject to your administration, as well as to proceed with the destruction of the buildings constructed and the seizure of both the trucks that obstruct free transit and the merchandise illegally sold at the location” (see evidence provided);

e. According to the authorities of the Municipality of Osa, they indicated that: “addressing more than 221 linear kilometers of Maritime Terrestrial Zone, comprised between coastline and estuaries (rías), is a task of high complexity, given the vast territory to cover with insufficient human resources” (see report rendered under oath);

f. The authorities of the Department of Maritime Terrestrial Zone of the Municipality of Osa have diligently carried out the processes of eviction and demolition in the public zone; however, the violators reoffend and attempt to reinstall themselves in the same places (see report rendered under oath);

g. The authorities of the Department of Maritime Terrestrial Zone of the Municipality of Osa reported that “in 2023, through official letter SZM-429-2023, the execution of scheduled evictions in the Public Zone was coordinated (…) through official letter AIZ-046-2024, a report of evictions and notifications carried out in the Dominical area on April 4 of that year was issued” (see report rendered under oath);

h. On September 16, 2025, the authorities of the Municipality of Osa were notified of the resolution that initiated this process (see notification records);

i. Through official letter no. AM-1133-2025-2028 of September 11, 2025, the mayor of the Municipality of Osa requested institutional support for operations from the Ministry of Public Security, the Ministry of Health, the Ministry of Environment and the Environmental Prosecutor's Office (Fiscalía Ambiental), for which reason he stated: “I take the liberty of formally requesting a hearing with representatives of your respective institutions, in order to coordinate joint actions within the framework of inter-institutional operations aimed at environmental protection, territorial planning and compliance with the regulations in force in the Canton of Osa. The hearing will be held next Tuesday, October 7, 2025, at 10:00 a.m., at the facilities of the Municipal Mayor's Office of Osa. The main objective of this meeting is to establish collaboration mechanisms, define operational responsibilities, and strengthen institutional articulation for addressing situations that require joint intervention. We thank you in advance for your willingness and commitment to sustainable development and the strengthening of local governance” (see report rendered under oath and evidence provided);

j. Through official letter no. PZM-389-2025 of September 18, 2025, the authorities of the Department of Maritime Terrestrial Zone of the Municipality of Osa addressed the communication filed on May 19, 2025, as follows: “In response to your note, received in this department on May 20, 2025, first of all, I apologize for the very untimely response, since, due to the high volume of work, a large amount of correspondence, and few staff to handle it, we have a significant backlog in responding to it in a timely manner. However, we must inform you that both this department and the Municipal Mayor's Office have viewed with great concern the illegal occupation of the MTZ and all the social and environmental problems this has caused, deeply regretting a victim that could have been avoided, despite the fact that in May 2023, as is known, an eviction and demolition was carried out at Playa Dominical, once again leaving the area free of violators. Nevertheless, to everyone's regret, there are already notifications as of June 2023 of violators having re-entered the public zone, hence new strategies have been under development to address this major problem, since, as is public knowledge, the municipal administration has on repeated occasions entered different places within the canton's public zone, with the purpose of carrying out various evictions and demolitions of what was built there. However, due to the lack of staff, it has been impossible to work with the speed we would like, hence we have been planning different strategies, with the aim of being able to cause greater implications than those we can administratively carry out through evictions and demolitions, given that this has only resulted in the violators being unable to trade goods while the officials are present, but once the officials leave the sector, the same violators return. As you know, for reasons of preventing information leaks, it is not possible to report all the actions and coordinations that the administration is carrying out; however, we can assure you that we are working on these tasks with the aim of addressing this problem and seeking a more definitive solution.” Said official letter was sent to the address indicated for receiving notifications ...2645- (see report rendered under oath and evidence provided);

k. The authorities of the Municipality of Osa coordinated in a timely manner with the Environmental Prosecutor's Office for the opening of criminal case no. 24-000013-1111-PE, in order to reinforce municipal actions with judicial repercussions that generate a more effective deterrent effect against violators (see report rendered under oath).

IV.- Unproven fact. The following fact is not deemed duly demonstrated: Sole. That the authorities of the Municipality of Osa have definitively resolved the problem reported by the appellant since May 19, 2025 (the case file).

V.- Regarding the specific case. In the case at hand, the appellant reproaches an inaction on the part of the Municipality of Osa in exercising its function of effective guardianship in the maritime terrestrial zone of Playa Dominical, given that this omission has caused the illegal occupation in said areas of public domain that prevent citizens from being able to freely access and enjoy said areas of common use, since they have been taken over illegally by a mafia that has generated chaos and established crime in the place. In light of the foregoing, he indicates that on May 19, 2025, he submitted a communication before the department of the Maritime Terrestrial Zone of the Municipality of Osa; however, he claims that, as of the date on which he files this amparo, he has not received any response or solution from the appealed authority, which has remained in absolute silence and without executing any concrete action, demonstrating an attitude of total inertia in the face of the reported problem.

In this regard, from the study of the case file, it is proven that on May 19, 2025, the appellant indeed submitted a communication before the Municipality of Osa, through which he reported: “currently there is a chaotic situation in Playa Dominical because the public domain properties located within the so-called Maritime Terrestrial Zone have been taken over illegally by a mafia that has generated chaos and established crime in the place. Since said persons arrived to illegally occupy the Maritime Terrestrial Zone, there are many thefts and break-ins of tourists' vehicles who come to visit the beach, daily assaults on tourists, sale of all types of drugs in the area, permanent parking of large trucks that obstruct free transit and are used as warehouses to store merchandise they sell illegally and possibly drugs, and a bartender has even set up a fixed stall for selling cocktails and drinks in the maritime terrestrial zone. But the straw that broke the camel’s back was the murder of a man of German nationality who was camping at Playa Dominical and who died at the hands of criminals on Friday, December 1, 2023. The 32-year-old young man tried to prevent a robbery and died from a gunshot in front of his romantic partner of Ukrainian origin (…) he respectfully requests that the pertinent legal actions be taken to evict the de facto occupants from the public domain properties of Playa Dominical, subject to your administration, as well as to proceed with the destruction of the buildings constructed and the seizure of both the trucks that obstruct free transit and the merchandise illegally sold at the location.”

Now, although it was reported by the respondent municipality that the authorities of the Department of Maritime Terrestrial Zone of the Municipality of Osa have diligently carried out the processes of eviction and demolition in the public zone—which can be accredited through the evidence provided in the case file—it is no less true that it was acknowledged that, to date, the violators reoffend and attempt to reinstall themselves in the same places, aggravated by the fact that, as of the date this appeal was filed, the local government had neither addressed nor resolved the complaint filed by the appellant.

Additionally, it must be noted that the respondents attempt to justify their delay in fulfilling the obligations imposed by law under the excuse that the Maritime Terrestrial Zone constitutes a coastal strip of more than 221 linear kilometers, which is a task of high complexity, given the vast territory to cover with insufficient human resources, which, in the opinion of this Court, is not acceptable because the Municipalities are the competent entities to proceed with the eviction and demolition of constructions that, without due authorization, are located in the maritime terrestrial zone, for which reason, as soon as it becomes aware of the existence of illegal occupants and violators on grounds of usurpation, sale, and illegal construction in the Maritime Terrestrial Zone of Playa Dominical, it must institute the corresponding administrative procedure in order to directly ensure compliance with the rules of this law regarding the domain, development, exploitation, and use of the maritime terrestrial zone, as established by articles 3 and 13 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone.

On the other hand, it is important to note that there has been an unreasonable and undue delay in addressing the complaint formulated by the appellant since May 19, 2025, given that although it is recorded that, on the occasion of the notification of the initiation of the proceeding, the appellant was notified of official letter no. PZM-389-2025 of September 18, 2025, through which they proceeded to communicate the actions carried out by the respondent municipality, it is no less true that from the very reading of the response provided to him, it is evident that it was acknowledged that the corresponding work continues to be carried out in order to address this problem and seek a more definitive solution. Hence, this Chamber cannot consider it proven that the authorities of the Municipality of Osa have definitively resolved the problem reported by the appellant since May 19, 2025.

Thus, this Chamber finds a violation of the fundamental rights of the appellant, since, although the respondent municipality indicated having carried out actions aimed at addressing the complaint formulated by the appellant, the fact of the matter is that it is not evident from the case file that it has been definitively resolved, aggravated by the fact that a failure to observe the obligations of the respondent municipality to act as required by articles 3 and 13 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone was proven. It is necessary to clarify to the appealed authority that, within the framework of its functions, it is not enough to take the actions indicated for addressing the case in question, as this does not relieve the administration of giving due attention and resolution to the complaints filed by users, which includes communicating everything related to the status, follow-up, and adoption of pertinent actions in response to the complaints formulated. By virtue of the foregoing, the appropriate course is to grant the appeal, with the indications that will be stated in the operative part of this judgment.

VI.- Note from Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court, that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. That said, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as, based on numeral 7 of its Law, it exclusively corresponds to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in the remaining cases, and for the reasons provided by this Court (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VII.- Documentation provided to the file. The appellant is warned that if any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional device of an electronic, computer, magnetic, optical, telematic nature or produced by new technologies, have been provided, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Electronic File Regulations before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The appeal is granted. It is ordered that Mainor Anchia Angulo, in his capacity as mayor, and Diego Arias Morales, in his capacity as internal head of the Department of Maritime Terrestrial Zone, both of the Municipality of Osa, or whoever occupies those positions in their stead, coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of their powers, so that within the period of FOUR MONTHS, counted from the notification of this judgment, a) the beach where the appellant reported the non-compliance with the Maritime Terrestrial Zone in his complaint of May 19, 2025, be addressed, processed, and inspected, and if the failure to observe the legislation is proven, they must take all necessary measures so that the maritime zone is respected, in accordance with the broad powers established by the Law of the Maritime Terrestrial Zone; and b) furthermore, within that same period, they must notify the appellant of the outcome of his complaint, which includes communicating everything related to the status, follow-up, and adoption of pertinent actions in response to the formulated complaint. The respondent party is warned that, should it fail to comply with said order, it will incur the crime of disobedience and that, in accordance with article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not ensure its compliance, provided that the crime is not more severely punished. The Municipality of Osa is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment in the contentious-administrative proceeding. Magistrate Castillo Víquez records a note. Notify.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Digitally Signed Document
-- Verification Code --



E3KYCSSNR2061

EXPEDIENTE N° 25-026160-0007-CO

Telephones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for a fee is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 09:06:32.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República