Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)I.- INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN EN RAZÓN DEL OBJETO. El accionante manifiesta que interpone esta acción en contra de: “(…) la omisión de realizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades tribales e indígenas potencialmente afectadas conforme al Convenio N° 169 de la OIT, en el proceso de planificación, aprobación, construcción y puesta en operación de la Terminal de Contenedores APM TERMINALS, en Moín, Limón, en el mes de febrero de 2019, aproximadamente 6 años y 8 meses” (página 2 del escrito inicial).
Con base en lo anterior, la acción de inconstitucionalidad planteada contra los referidos actos administrativos resulta inadmisible, por no cumplir con los presupuestos establecidos en la norma precitada, pues no está dirigida contra disposiciones de carácter general que se estime infringen normas y principios constitucionales. En este caso, los actos impugnados no tienen carácter normativo, resultando improcedente con tal propósito la acción de inconstitucionalidad planteada.
English (translation)I. INADMISSIBILITY OF THE ACTION ON GROUNDS OF ITS OBJECT. The petitioner states that he files this action against: "(...) the failure to conduct free, prior, and informed consultation with the potentially affected tribal and indigenous communities, in accordance with ILO Convention No. 169, during the planning, approval, construction, and commissioning of the APM TERMINALS Container Terminal in Moín, Limón, which began commercial operations in February 2019, approximately 6 years and 8 months ago" (page 2 of the initial brief).
Based on the foregoing, the unconstitutionality action brought against the aforementioned administrative acts is inadmissible, as it does not meet the requirements established in the aforementioned norm, since it is not directed against provisions of a general nature that are alleged to violate constitutional norms and principles. In this case, the challenged acts do not have normative character, rendering the unconstitutionality action filed for this purpose inadmissible.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 37490 - 2025 Fecha de la Resolución: 12 de Noviembre del 2025 a las 09:15 Expediente: 25-033602-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-033602-0007-CO Res. Nº 2025037490 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del doce de noviembre de dos mil veinticinco . Acción de inconstitucionalidad promovida por Nombre91151, abogado, cédula de identidad n.° CED51378, en su condición de ciudadano afrodescendiente, contra “la omisión de consulta previa en el proceso de aprobación y ejecución de la terminal de contenedores de Moín (APM TERMINALS)”. Específicamente contra los siguientes actos “1. El Acuerdo de Adjudicación de la Licitación Pública Internacional N° 2009-LI-000001-00200, emitido por el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y el Poder Ejecutivo (presidenta de la República, ministro de Obras Públicas y Transportes, ministro de Hacienda), específicamente el Acuerdo número 018-MOPT-H de primero de marzo de 2011, publicado en el Alcance Digital No. 16 a La Gaceta No. 54 del 17 de marzo del 2011. 2. El Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín, suscrito el 13 de febrero de 2012, entre el Poder Ejecutivo (Administración Concedente), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), y las empresas APM Terminals Moín S.A. y APM Terminals Central America B.V. 3 Fuentes. 3. El Acto de Refrendo del Contrato de Concesión, emitido por la Contraloría General de la República (CGR) mediante Oficio DCA-0692 (02739) del 21 de marzo de 2012”. RESULTANDO: 1.- Por escrito recibido mediante Gestión en Línea a las 13:56 horas del 29 de octubre de 2025, el accionante manifiesta lo siguiente: “(…) procedo a interponer la presente Acción de Inconstitucionalidad. Por la omisión del Estado costarricense de realizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades tribales e indígenas potencialmente afectadas, conforme al Convenio N° 169 de la OIT, en el marco del proceso de planificación, aprobación, construcción y puesta en operación de la Terminal de Contenedores APM TERMINALS en Moín, Limón. La cual inició su operación comercial en el mes de febrero de 2019, por lo cual la Terminal de Contenedores de Moín lleva funcionando aproximadamente 6 años y 8 meses. La presente acción se interpone de conformidad con lo establecido en el artículo 75, párrafos segundo y tercero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tutela de intereses difusos y colectivos. La omisión de la consulta previa a afectado directamente el derecho a la participación y autodeterminación de los pueblos tribales e indígenas, el derecho a un ambiente sano y equilibrado (Art. 50 CP), y la protección del patrimonio cultural y natural, derechos que atañen a la colectividad en su conjunto y que, por su naturaleza, no requieren de un asunto base individual y directo para su interposición. ACTOS ADMINISTRATIVOS ESPECÍFICOS IMPUGNADOS La acción se dirige específicamente en contra de la omisión de realizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades tribales e indígenas potencialmente afectadas conforme al Convenio N° 169 de la OIT, en el proceso de planificación, aprobación, construcción y puesta en operación de la Terminal de Contenedores APM TERMINALS, en Moín, Limón, en el mes de febrero de 2019, aproximadamente 6 años y 8 meses. Esta omisión vicia, pervierte y malea de inconstitucionalidad, por infracción de normas y principios constitucionales y convencionales, el proceso de aprobación y los siguientes actos administrativos específicos que permitieron la construcción y operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), los cuales se individualizan para efectuar la debida carga de la argumentación exigida por legislación vigente para estos efectos. 1. El Acuerdo de Adjudicación de la Licitación Pública Internacional N° 2009-LI-000001-00200, emitido por el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y el Poder Ejecutivo (presidenta de la República, ministro de Obras Públicas y Transportes, ministro de Hacienda), específicamente el Acuerdo número 018-MOPT-H de primero de marzo de 2011, publicado en el Alcance Digital No. 16 a La Gaceta No. 54 del 17 de marzo del 2011 2. 2. El Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín, suscrito el 13 de febrero de 2012, entre el Poder Ejecutivo (Administración Concedente), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), y las empresas APM Terminals Moín S.A. y APM Terminals Central America B.V. 3 Fuentes. 3. El Acto de Refrendo del Contrato de Concesión, emitido por la Contraloría General de la República (CGR) mediante Oficio DCA- 0692 (02739) del 21 de marzo de 2012 La omisión de la consulta previa, que debió preceder a la emisión de estos actos de aprobación y ejecución, constituye una infracción y una transgresión por omisión contra una norma de rango constitucional, enmarcada en el artículo 73, incisos a) y b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. NORMAS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES IMPUGNADOS La omisión de la consulta previa y el proceso de aprobación de los actos individualizados sin cumplir con dicha obligación, infringen de manera directa y flagrante las siguientes normas y principios: 1. Artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica: Establece la supremacía de los tratados públicos y convenios internacionales debidamente aprobados. El Convenio N° 169 de la OIT, al ser un tratado de derechos humanos ratificado por Costa Rica, forma parte del bloque de constitucionalidad y posee rango supralegal. La inobservancia de la obligación de consulta previa contenida en su artículo 6 constituye una violación directa de este precepto constitucional. 2. Artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica: Consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La construcción y operación de la Terminal de Contenedores de Moín fue un proyecto de gran envergadura y significativo impacto ambiental. La falta de consulta previa a las comunidades tribales e indígenas impidió su participación efectiva en la toma de decisiones que afectan su entorno, sus recursos naturales y su forma de vida, vulnerando así su derecho fundamental a un ambiente sano. 3. Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en su artículo 6 establece la obligación Y deber de los Estados de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. La aprobación y ejecución del Contrato de Concesión y los actos administrativos conexos son medidas administrativas de gran impacto que han venido afectando directamente a las comunidades tribales e indígenas en términos de sus tierras, territorios, recursos naturales, ambiente, salud, cultura y modos de vida. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CARGA DE LA ARGUMENTACIÓN La presente acción se sustenta en los siguientes argumentos jurídicos: A. Sobre la Infracción por Omisión y la Inconstitucionalidad de los Actos Subjetivos. La omisión de la consulta previa, que es una obligación de rango constitucional por vía del artículo 7, constituye una infracción por omisión. Los actos administrativos individualizados (Acuerdo de Adjudicación, Contrato de Concesión y Refrendo) que permitieron la ejecución del proyecto sin la consulta previa obligatoria, adolecen y toleran, un vicio de inconstitucionalidad. Esta inconstitucionalidad no se dirige contra el contenido material de los actos, sino contra el vicio procedimental insubsanable que los precede, la ausencia del procedimiento de consulta previa, libre e informada. Este vicio procesal afecta la validez de los actos desde su origen, pues la consulta es un requisito de validez sine qua non para la toma de decisiones que afectan directamente a los pueblos tribales e indígenas. B. Sobre la Obligatoriedad de la Consulta Previa y su Rango Constitucional. El Convenio N° 169 de la OIT, al gozar de rango supralegal, obliga al Estado a garantizar la participación de los pueblos interesados. La construcción y operación de una terminal de contenedores en un área que pueda afectar los territorios y modos de vida de pueblos tribales e indígenas es una medida administrativa que, por su naturaleza y magnitud, activa la obligación de consulta. La omisión de esta consulta previa, libre e informada, no solo vulnera el Convenio 169 de la OIT, sino que también infringe el artículo 7 de la Constitución Política, que eleva los tratados internacionales a un rango superior a la ley, como venimos señalando. C. Sobre la Afectación al Derecho a un Ambiente Sano (Artículo 50 Constitucional). El derecho a un ambiente sano implica la obligación del Estado de garantizar la participación ciudadana en las decisiones que puedan afectar el medio ambiente. Para los pueblos tribales e indígenas, este derecho está intrínsecamente ligado a sus territorios y recursos naturales. La falta de consulta previa en un proyecto de gran impacto ambiental como la TCM impide que estas comunidades ejerzan su derecho a participar en la evaluación de los impactos, la identificación de medidas de mitigación y compensación, y la toma de decisiones sobre el desarrollo de sus territorios, contraviniendo directamente el bloque constitucional. JURISPRUDENCIA FUNDAMENTACIÓN: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ratificado que los pueblos tribales y originarios tienen el derecho a la consulta previa, libre e informada por parte del Estado antes de que se implementen medidas legislativas o administrativas que les puedan afectar. Este derecho es fundamental para garantizar su participación efectiva y proteger sus derechos colectivos, incluyendo su integridad cultural y sus territorios. La consulta debe basarse en un diálogo intercultural y tiene como objetivo alcanzar acuerdos vinculantes. El caso” Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador”. Los derechos colectivos y la consulta previa. Se resalta que: Para que la exploración o extracción de recursos naturales en los territorios ancestrales no impliquen una denegación de la subsistencia del pueblo indígena como tal, el Estado debe cumplir con las siguientes salvaguardias: a) efectuar un proceso adecuado y participativo que garantice su derecho a la consulta, en particular, entre otros supuestos, en casos de planes de desarrollo o de inversión a gran escala; b) la realización de un estudio de impacto ambiental; y c) en su caso, compartir razonablemente los beneficios que se produzcan de la explotación de los recursos naturales (como una forma de justa indemnización exigida por el art. 21 de la Convención), según lo que la propia comunidad determine y resuelva respecto de quiénes serían los beneficiarios de tal compensación según sus costumbres y tradiciones. La Corte IDH observa, asimismo, que” el reconocimiento del derecho a la consulta de las comunidades y pueblos indígenas y tribales está cimentado, entre otros, en el respeto a sus derechos a la cultura propia o identidad cultural, los cuales deben ser garantizados, particularmente, en una sociedad pluralista, multicultural y democrática. Es por ello que el reconocimiento del derecho a la consulta es una de las garantías fundamentales para asegurar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en las decisiones relativas a medidas que afecten sus derechos y, en particular, su derecho a la propiedad comunal. Esa obligación de consultar a las comunidades indígenas sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus derechos reconocidos en la normatividad interna e internacional, así como la obligación de asegurar los derechos de los pueblos indígenas a la participación en las decisiones de los asuntos que conciernan a sus intereses, está en relación directa con la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la CADH, en particular en el art. 1.1. Todo ello lleva la obligación de estructurar sus normas e instituciones de tal forma que la consulta a comunidades indígenas, autóctonas, nativas o tribales pueda llevarse a cabo efectivamente, de conformidad con los estándares internacionales en la materia. De este modo, los Estados deben incorporar esos estándares dentro de los procesos de consulta previa con vistas a generar canales de diálogos sostenidos, efectivos y confiables con los pueblos indígenas en los procedimientos de consulta y participación a través de sus instituciones representativas PETITORIA Así las cosas y con base en los hechos y fundamentos de derecho expuestos, con el debido respeto solicito a esta Honorable Sala Constitucional que: 1. ADMITA para su estudio la presente Acción de Inconstitucionalidad. 2. DECLARE CON LUGAR la presente Acción de Inconstitucionalidad. 3. DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD de la omisión del Estado costarricense de realizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades tribales e indígenas potencialmente afectadas, conforme al Convenio N° 169 de la OIT, en el proceso de planificación, aprobación, construcción y puesta en operación de la Terminal de Contenedores APM TERMINALS. 4. ORDENE a las autoridades competentes retrotraer los efectos de los actos impugnados (Acuerdo de Adjudicación, Contrato de Concesión y Acto de Refrendo) al momento previo a la omisión de la consulta, y que se proceda a realizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades tribales e indígenas afectadas, de conformidad con el Convenio N° 169 de la OIT, antes de continuar con cualquier fase del proyecto o de convalidar su operación. 5. CONDENE al Estado al pago de los daños Morales sociales, daños y perjuicios y costas personales y procesales de esta acción”. 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, CONSIDERANDO: I.- INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN EN RAZÓN DEL OBJETO. El accionante manifiesta que interpone esta acción en contra de: “(…) la omisión de realizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades tribales e indígenas potencialmente afectadas conforme al Convenio N° 169 de la OIT, en el proceso de planificación, aprobación, construcción y puesta en operación de la Terminal de Contenedores APM TERMINALS, en Moín, Limón, en el mes de febrero de 2019, aproximadamente 6 años y 8 meses” (página 2 del escrito inicial). En este sentido, el actor indica los siguientes actos administrativos específicos impugnados: “1. El Acuerdo de Adjudicación de la Licitación Pública Internacional N° 2009-LI-000001-00200, emitido por el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y el Poder Ejecutivo (presidenta de la República, ministro de Obras Públicas y Transportes, ministro de Hacienda), específicamente el Acuerdo número 018-MOPT-H de primero de marzo de 2011, publicado en el Alcance Digital No. 16 a La Gaceta No. 54 del 17 de marzo del 2011 2. 2. El Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín, suscrito el 13 de febrero de 2012, entre el Poder Ejecutivo (Administración Concedente), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), y las empresas APM Terminals Moín S.A. y APM Terminals Central America B.V. 3 Fuentes. 3. El Acto de Refrendo del Contrato de Concesión, emitido por la Contraloría General de la República (CGR) mediante Oficio DCA-0692 (02739) del 21 de marzo de 2012”. Pese a las alegaciones de la parte gestionante, esta acción es improcedente debido a su objeto, toda vez que, el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en sus incisos a) y b), dispone lo siguiente: “Artículo 73.- Cabrá la acción de inconstitucionalidad: a) Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional. b) Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren susceptibles de los recursos de hábeas corpus o de amparo. (…)”. Con base en lo anterior, la acción de inconstitucionalidad planteada contra los referidos actos administrativos resulta inadmisible, por no cumplir con los presupuestos establecidos en la norma precitada, pues no está dirigida contra disposiciones de carácter general que se estime infringen normas y principios constitucionales. En este caso, los actos impugnados no tienen carácter normativo, resultando improcedente con tal propósito la acción de inconstitucionalidad planteada. II.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se rechaza de plano la acción. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- S2YQ5PNUTYM61 EXPEDIENTE N° 25-033602-0007-CO Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:39:00. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Constitutional Chamber Resolution No. 37490 - 2025 Resolution Date: November 12, 2025, at 09:15 Expediente: 25-033602-0007-CO Drafted by: Fernando Castillo Víquez Type of matter: Action of unconstitutionality Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Text of the resolution Exp: 25-033602-0007-CO Res. No. 2025037490 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the twelfth of November of two thousand twenty-five. Action of unconstitutionality brought by Nombre91151, attorney, identity document no. CED51378, in his capacity as an Afro-descendant citizen, against "the omission of prior consultation in the process of approval and execution of the Moín Container Terminal (APM TERMINALS)". Specifically against the following acts "1. The Award Agreement for International Public Tender No. 2009-LI-000001-00200, issued by the National Concessions Council (Consejo Nacional de Concesiones, CNC) and the Executive Branch (President of the Republic, Minister of Public Works and Transport, Minister of Finance), specifically Agreement number 018-MOPT-H of March first, two thousand eleven, published in Digital Supplement No. 16 to La Gaceta No. 54 of March 17, 2011. 2. The Public Works Concession Contract with Public Service for the Design, Financing, Construction, Operation and Maintenance of the Moín Container Terminal, signed on February 13, 2012, between the Executive Branch (Granting Administration), the Port Administration and Economic Development Board of the Atlantic Slope (Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, JAPDEVA), and the companies APM Terminals Moín S.A. and APM Terminals Central America B.V. 3 Sources. 3. The Endorsement Act of the Concession Contract, issued by the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República, CGR) through Official Letter DCA-0692 (02739) of March 21, 2012". GIVEN THAT: 1.- Through a brief received via Online Filing at 13:56 hours on October 29, 2025, the plaintiff states the following: "(…) I proceed to file this Action of Unconstitutionality. Due to the omission by the Costa Rican State of carrying out the prior, free, and informed consultation with potentially affected tribal and indigenous communities, in accordance with ILO Convention No. 169, within the framework of the planning, approval, construction, and commissioning process of the APM TERMINALS Container Terminal in Moín, Limón. Which began its commercial operation in the month of February 2019, therefore the Moín Container Terminal has been operating for approximately 6 years and 8 months. This action is brought in accordance with the provisions of Article 75, second and third paragraphs, of the Law of Constitutional Jurisdiction, in protection of diffuse and collective interests. The omission of prior consultation has directly affected the right to participation and self-determination of tribal and indigenous peoples, the right to a healthy and balanced environment (Art. 50 CP), and the protection of cultural and natural heritage, rights that concern the community as a whole and that, by their nature, do not require an individual and direct underlying matter for their filing. SPECIFIC ADMINISTRATIVE ACTS CHALLENGED The action is specifically directed against the omission of carrying out the prior, free, and informed consultation with potentially affected tribal and indigenous communities in accordance with ILO Convention No. 169, in the process of planning, approval, construction, and commissioning of the APM TERMINALS Container Terminal, in Moín, Limón, in the month of February 2019, approximately 6 years and 8 months. This omission vitiates, perverts, and taints with unconstitutionality, due to infringement of constitutional and conventional norms and principles, the approval process and the following specific administrative acts that allowed the construction and operation of the Moín Container Terminal (TCM), which are individualized to carry out the proper burden of argumentation required by current legislation for these purposes. 1. The Award Agreement for International Public Tender No. 2009-LI-000001-00200, issued by the National Concessions Council (CNC) and the Executive Branch (President of the Republic, Minister of Public Works and Transport, Minister of Finance), specifically Agreement number 018-MOPT-H of March first, two thousand eleven, published in Digital Supplement No. 16 to La Gaceta No. 54 of March 17, 2011 2. 2. The Public Works Concession Contract with Public Service for the Design, Financing, Construction, Operation and Maintenance of the Moín Container Terminal, signed on February 13, 2012, between the Executive Branch (Granting Administration), the Port Administration and Economic Development Board of the Atlantic Slope (JAPDEVA), and the companies APM Terminals Moín S.A. and APM Terminals Central America B.V. 3 Sources. 3. The Endorsement Act of the Concession Contract, issued by the Office of the Comptroller General of the Republic (CGR) through Official Letter DCA-0692 (02739) of March 21, 2012. The omission of prior consultation, which should have preceded the issuance of these acts of approval and execution, constitutes an infringement and a transgression by omission against a norm of constitutional rank, framed within Article 73, subsections a) and b) of the Law of Constitutional Jurisdiction. CONSTITUTIONAL AND CONVENTIONAL NORMS CHALLENGED The omission of prior consultation and the process of approving the individualized acts without complying with said obligation, directly and flagrantly infringe the following norms and principles: 1. Article 7 of the Political Constitution of Costa Rica: Establishes the supremacy of duly approved public treaties and international conventions. ILO Convention No. 169, being a human rights treaty ratified by Costa Rica, forms part of the constitutionality block and possesses supra-legal rank. The non-observance of the obligation of prior consultation contained in its Article 6 constitutes a direct violation of this constitutional precept. 2. Article 50 of the Political Constitution of Costa Rica: Enshrines the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment. The construction and operation of the Moín Container Terminal was a project of great magnitude and significant environmental impact. The lack of prior consultation with tribal and indigenous communities prevented their effective participation in decision-making affecting their environment, their natural resources, and their way of life, thus violating their fundamental right to a healthy environment. 3. ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, in its Article 6, establishes the obligation and duty of States to consult the interested peoples, through appropriate procedures, whenever legislative or administrative measures likely to affect them directly are foreseen. The approval and execution of the Concession Contract and the related administrative acts are large-impact administrative measures that have been directly affecting the tribal and indigenous communities in terms of their lands, territories, natural resources, environment, health, culture, and ways of life. LEGAL GROUNDS AND BURDEN OF ARGUMENTATION This action is based on the following legal arguments: A. Concerning Infringement by Omission and the Unconstitutionality of Subjective Acts. The omission of prior consultation, which is an obligation of constitutional rank via Article 7, constitutes an infringement by omission. The individualized administrative acts (Award Agreement, Concession Contract, and Endorsement) that allowed the project's execution without the mandatory prior consultation suffer from and tolerate a defect of unconstitutionality. This unconstitutionality is not directed against the material content of the acts, but against the irremediable procedural defect that precedes them, the absence of the procedure of prior, free, and informed consultation. This procedural defect affects the validity of the acts from their origin, since consultation is a sine qua non validity requirement for decision-making that directly affects tribal and indigenous peoples. B. Concerning the Obligatoriness of Prior Consultation and its Constitutional Rank. ILO Convention No. 169, enjoying supra-legal rank, obliges the State to guarantee the participation of interested peoples. The construction and operation of a container terminal in an area that may affect the territories and ways of life of tribal and indigenous peoples is an administrative measure that, by its nature and magnitude, triggers the obligation to consult. The omission of this prior, free, and informed consultation, not only violates ILO Convention 169, but also infringes Article 7 of the Political Constitution, which elevates international treaties to a rank superior to law, as we have been pointing out. C. Concerning the Effect on the Right to a Healthy Environment (Constitutional Article 50). The right to a healthy environment implies the State's obligation to guarantee citizen participation in decisions that may affect the environment. For tribal and indigenous peoples, this right is intrinsically linked to their territories and natural resources. The lack of prior consultation in a project with great environmental impact such as the TCM prevents these communities from exercising their right to participate in the evaluation of impacts, the identification of mitigation and compensation measures, and decision-making regarding the development of their territories, directly contravening the constitutional block. JURISPRUDENTIAL GROUNDS: The Inter-American Court of Human Rights has ratified that tribal and native peoples have the right to prior, free, and informed consultation by the State before legislative or administrative measures that may affect them are implemented. This right is fundamental to guarantee their effective participation and protect their collective rights, including their cultural integrity and their territories. The consultation must be based on an intercultural dialogue and aims to achieve binding agreements. The case "Kichwa Indigenous People of Sarayaku vs. Ecuador". Collective rights and prior consultation. It is highlighted that: For the exploration or extraction of natural resources in ancestral territories not to imply a denial of the indigenous people's subsistence as such, the State must comply with the following safeguards: a) carrying out an adequate and participatory process that guarantees their right to consultation, particularly, among other situations, in cases of large-scale development or investment plans; b) the realization of an environmental impact study; and c) where appropriate, reasonably sharing the benefits produced from the exploitation of natural resources (as a form of just compensation required by Art. 21 of the Convention), according to what the community itself determines and resolves regarding who the beneficiaries of such compensation would be according to their customs and traditions. The Inter-American Court observes, likewise, that "the recognition of the right to consultation of indigenous and tribal communities and peoples is grounded, among others, in respect for their rights to their own culture or cultural identity, which must be guaranteed, particularly, in a pluralistic, multicultural, and democratic society. This is why the recognition of the right to consultation is one of the fundamental guarantees to ensure the participation of indigenous peoples and communities in decisions regarding measures that affect their rights and, in particular, their right to communal property. That obligation to consult indigenous communities on any administrative or legislative measure that affects their recognized rights in domestic and international regulations, as well as the obligation to ensure the rights of indigenous peoples to participation in the decisions of matters concerning their interests, is in direct relation to the general obligation to guarantee the free and full exercise of the rights recognized in the American Convention on Human Rights, particularly in Art. 1.1. All of this entails the obligation to structure its norms and institutions in such a way that consultation with indigenous, autochthonous, native, or tribal communities can be carried out effectively, in accordance with international standards on the matter. Thus, States must incorporate these standards within prior consultation processes with a view to generating channels of sustained, effective, and reliable dialogue with indigenous peoples in consultation and participation procedures through their representative institutions." PETITION Thus, and based on the facts and legal grounds set forth, with due respect I request this Honorable Constitutional Chamber to: 1. ADMIT this Action of Unconstitutionality for study. 2. DECLARE WITH MERIT this Action of Unconstitutionality. 3. DECLARE THE UNCONSTITUTIONALITY of the omission by the Costa Rican State of carrying out the prior, free, and informed consultation with potentially affected tribal and indigenous communities, in accordance with ILO Convention No. 169, in the process of planning, approval, construction, and commissioning of the APM TERMINALS Container Terminal. 4. ORDER the competent authorities to roll back the effects of the challenged acts (Award Agreement, Concession Contract, and Endorsement Act) to the moment prior to the omission of the consultation, and to proceed to carry out the prior, free, and informed consultation with the affected tribal and indigenous communities, in accordance with ILO Convention No. 169, before continuing with any phase of the project or validating its operation. 5. ORDER the State to pay social moral damages, damages and losses, and personal and procedural costs of this action." 2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to summarily reject or reject on the merits, at any time, even from its presentation, any petition brought before it that is manifestly improper, or when it considers that sufficient grounds exist to reject it, or that it is a mere reiteration or reproduction of a previous equal or similar rejected petition. Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and, WHEREAS: I.- INADMISSIBILITY OF THE ACTION DUE TO ITS OBJECT. The plaintiff states that he brings this action against: "(…) the omission of carrying out the prior, free, and informed consultation with potentially affected tribal and indigenous communities in accordance with ILO Convention No. 169, in the process of planning, approval, construction, and commissioning of the APM TERMINALS Container Terminal, in Moín, Limón, in the month of February 2019, approximately 6 years and 8 months" (page 2 of the initial brief). In this regard, the plaintiff indicates the following specific challenged administrative acts: "1. The Award Agreement for International Public Tender No. 2009-LI-000001-00200, issued by the National Concessions Council (CNC) and the Executive Branch (President of the Republic, Minister of Public Works and Transport, Minister of Finance), specifically Agreement number 018-MOPT-H of March first, two thousand eleven, published in Digital Supplement No. 16 to La Gaceta No. 54 of March 17, 2011 2. 2. The Public Works Concession Contract with Public Service for the Design, Financing, Construction, Operation and Maintenance of the Moín Container Terminal, signed on February 13, 2012, between the Executive Branch (Granting Administration), the Port Administration and Economic Development Board of the Atlantic Slope (JAPDEVA), and the companies APM Terminals Moín S.A. and APM Terminals Central America B.V. 3 Sources. 3. The Endorsement Act of the Concession Contract, issued by the Office of the Comptroller General of the Republic (CGR) through Official Letter DCA-0692 (02739) of March 21, 2012". Despite the allegations of the managing party, this action is improper due to its object, since Article 73 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in its subsections a) and b), provides the following: "Article 73.- The action of unconstitutionality shall lie: a) Against laws and other general provisions, even those originating from acts of private subjects, that infringe, by action or omission, any constitutional norm or principle. b) Against subjective acts of public authorities, when they infringe, by action or omission, any constitutional norm or principle, if they are not subject to the remedies of habeas corpus or amparo. (…)". Based on the foregoing, the action of unconstitutionality raised against the referred administrative acts is inadmissible, for failing to meet the requirements established in the aforementioned norm, as it is not directed against provisions of a general nature that are deemed to infringe constitutional norms and principles. In this case, the challenged acts do not have a normative character, making the action of unconstitutionality raised for such purpose improper. II.- Documentation submitted to the file. The parties are warned that, if any document on paper has been submitted, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch," approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. THEREFORE: The action is summarily rejected. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification Code -- S2YQ5PNUTYM61 EXPEDIENTE No. 25-033602-0007-CO Telephones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:39:00. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República