Res. 38330-2025 Sala Constitucional — Municipal agreement applying management policies without a regulatory plan, summarily dismissedAcuerdo municipal que aplica políticas de manejo en ausencia de plan regulador, rechazado de plano

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Sala Constitucional

Resolución Nº 38330 - 2025

Fecha de la Resolución: 19 de Noviembre del 2025 a las 11:30

Expediente: 25-022863-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 25-022863-0007-CO

Res. Nº 2025038330

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas treinta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco .

Acción de inconstitucionalidad promovida por Nombre75074, mayor, casado, abogado, cédula de identidad nro. CED51811, contra el ACUERDO N°2, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, EN SESIÓN ORDINARIA N°26, CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DE 2024.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en esta Sala el 1 de agosto de 2025, la parte accionante solicita que se declare inconstitucional el acuerdo N°2, adoptado por el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia, en sesión ordinaria N°26, celebrada el 12 de agosto de 2024, por estimar que violenta el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la participación ciudadana y el derecho al paisaje, contemplados en los numerales 9, 50 y 89 de la Constitución Política, así como los principios de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política), no regresividad, participación ciudadana, vinculación a la ciencia y técnica, razonabilidad, proporcionalidad, precautorio, progresividad e inderogabilidad.  Apunta que el acuerdo impugnado tiene el siguiente contenido: “EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 168, 169 Y 170 DE CD CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ARTÍCULO 13 INCISO E) DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY Nº7794, ACUERDA:  ACUERDO No 2 PRIMERO: Aprobar las Políticas de Manejo (Fase 3) del Proyecto Estudios Hidrogeológicos para los Planes Reguladores, para el cantón de San Rafael. SEGUNDO: Instruir a la administración municipal para que de manera inmediata aplique las Políticas de Manejo (Fase 3) del Proyecto Estudios Hidrogeológicos para los Planes Reguladores, para el cantón de San Rafael; sustituyendo de esta forma lo dispuesto por la Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico para el cantón de Poás, según lo señalado por el Decreto Ejecutivo N°42015-MAG-MINAE-S-MIVAH Reglamento de coordinación interinstitucional para la protección de los recursos hídricos subterráneos. TERCERO: Instruir a la administración municipal para que comunique al Nombre53559 dichas políticas con el fin de que sea de su conocimiento. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  Siete Regidores presentes, siete votos afirmativos. APROBADO (sesión ordinaria No 26 celebrada el 12 de agosto del 2024)”. Expone, el accionante, que el 22 de junio de 1982 entró a regir el Decreto Ejecutivo N.º 13583-VAH-OFIPLAN, por medio del cual, se creó el Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Gran Área Metropolitana. Su finalidad era contener el crecimiento urbano desordenado que amenazaba áreas estratégicas para la conservación de recursos naturales, particularmente las zonas de recarga acuífera. Dado que este instrumento normativo no logró cumplir adecuadamente su propósito, fue sustituido por el Decreto Ejecutivo N.º 25902-MIVAH-MP-MINAE, conocido como Plan GAM, publicado en el Alcance N.º 15 de La Gaceta N.º 66 del 7 de abril de 1997. Añade que el Decreto Ejecutivo N.º 25902-MIVAH-MP-MINAE instauró, mediante su artículo 1, un Área de Control Urbanístico. En el marco de dicha área, el artículo 2 definió una Zona Especial de Protección, cuyo uso dominante es agrícola. El artículo 3 autoriza únicamente el desarrollo de urbanizaciones y servidumbres de tipo urbano en las zonas de expansión correspondientes a los cuadrantes de las cabeceras de distrito. Asimismo, el artículo 4 impone a las propiedades dentro de la Zona Especial de Protección una serie de restricciones, limitando los fraccionamientos, el tipo de desarrollo constructivo permitido, la cobertura del suelo, entre otras disposiciones específicas. En cuanto los fraccionamientos, para así evitar desarrollos vegetativos a orillas de caminos o calles públicas en la Zona Especial de Protección, el Decreto 25902-MIVAH-MP-MINAE indica que sólo se permiten frente a caminos públicos existentes previos a la promulgación del GAM, (Gaceta número 119 del 22 de junio de 1982), y cuando éstos cuenten con los servicios básicos y se deje el derecho de vía reglamentario. No se permitirá el fraccionamiento en caminos públicos que no cuenten con los servicios, aunque éstos hayan sido habilitados después de la promulgación del GAM, excepto en los caminos dentro del área de expansión de los poblados. No obstante, para fines estrictamente agrícolas, se podrá permitir segregaciones con frente a servidumbres o caminos privados, en porciones resultantes no menores de siete mil (7.000) metros cuadrados. Continúa, el accionante, que las disposiciones contempladas en los Decretos Ejecutivos N.º 13583-VAH-OFIPLAN y N.º 25902-MIVAH-MP-MINAE se emitieron en respuesta a la necesidad urgente de ordenar el uso del territorio, frente al acelerado y caótico crecimiento habitacional, industrial y comercial que se había iniciado a finales de la década de 1960 en la principal zona urbana del país, la Gran Área Metropolitana. Dichas regulaciones tuvieron como propósito asegurar el uso racional del suelo, promover la conservación de los recursos naturales y garantizar el acceso adecuado a los servicios básicos, de conformidad a lo que hoy indican los artículos 50 y 89 constitucional. Apunta que, por medio del acuerdo 3303 del 26 de septiembre de 2006, la Junta Directiva del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) aprobó la MATRIZ DE CRITERIOS DE USO DEL SUELO SEGÚN LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. El 5 de julio de 2007, según acuerdo nro. 3416, acordó recomendar a todas las instituciones del país competentes en materia de la administración y protección del recurso hídrico, en cuenta las municipalidades del Gran Área Metropolitana, su aplicación en todos los cantones o zonas donde se cuente con mapas de vulnerabilidad hidrogeológicos aprobados por la misma SENARA.  Alega que, conforme al inciso h) del artículo 3 de la Ley de Creación del SENARA, las recomendaciones emitidas por esta institución en materia de protección del recurso hídrico tienen carácter obligatorio. Apunta que, mediante la resolución nro. 2008-12109, del expediente 07-007996-0007-CO, esta Sala Constitucional ordenó a la Municipalidad de San Rafael, entre otras, adoptar las medidas correspondientes para incorporar en su normativa urbanística y procesos de autorización de permisos, documentos elaborados por SENARA, entre los cuales, se incluye la Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico. Continúa que, por medio del voto nro. 2012-08892, expediente 09-011327-0007-CO, esta Sala Constitucional ordenó a las autoridades del Nombre53559 comunicar a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y a todas las municipalidades del país, que la Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según a la  Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico es de aplicación obligatoria en todos los cantones o zonas en donde se cuente con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el Nombre53559 y, en todo caso, debe servir de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso del suelo, mientras tales cantones o zonas no cuenten con una matriz propia elaborada por el Nombre53559 con la participación de las otras instituciones, para que así se garantice el mismo o un nivel más elevado de protección del recurso hídrico. Señala que, el 12 de agosto de 2024, el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia aprobó el acuerdo número 2 en la sesión ordinaria nro. 26, con el fin de implementar las políticas de manejo del suelo contenidas en la Fase 3. Dicha fase se elaboró, dentro de las etapas del proceso integral de formulación del Plan Regulador del cantón. Sin embargo, el cuerpo edil no consideró lo anterior, ni que las políticas se sustentan exclusivamente en estudios hidrogeológicos, los cuales representan apenas una de las múltiples variables técnicas que deben analizarse para elaborar el Plan Regulador o cualquier reglamentación de planificación territorial. Por lo tanto, la aplicación anticipada de dichas políticas resulta jurídicamente improcedente, al no haberse completado aún el proceso técnico y participativo de construcción del Plan Regulador, el cual está en curso de elaboración. Las políticas de manejo, aprobadas por el Concejo Municipal mediante el acuerdo objeto de denuncia en la presente acción de inconstitucionalidad, omiten variables fundamentales en su elaboración, que deben considerarse en la formulación de políticas de uso del suelo. Entre ellas se encuentran la densidad poblacional, la disponibilidad y acceso a servicios públicos, las facilidades comunales, la infraestructura vial existente, la topografía, así como los riesgos asociados a la inestabilidad de laderas, actividad sísmica, inundaciones y las características paisajísticas del territorio. Acusa que la decisión del Concejo Municipal de San Rafael de Heredia, al aprobar el acuerdo nro. 2 sobre Políticas de Manejo correspondiente a la Fase 3 del Proyecto Estudios Hidrogeológicos para los Planes Reguladores, constituye una extralimitación en el ejercicio de funciones, en tanto autorizaron la implementación de regulaciones para el cantón de San Rafael de Heredia del uso del suelo que, conforme al ordenamiento jurídico vigente, sólo pueden establecerse mediante un plan de ordenamiento territorial o plan regulador formalmente adoptado, previo cumplimiento de las etapas técnicas, participativas e institucionales que la normativa exige. Las etapas procedimentales establecidas en la normativa vigente para la aprobación de reglamentaciones vinculadas al ordenamiento territorial, incluyen, entre otras, la realización de audiencias públicas que garanticen la participación ciudadana, la elaboración de estudios técnicos multidisciplinarios que excedan los meramente hidrogeológicos, y su evaluación ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), cuya culminación se materializa en la emisión de la viabilidad ambiental. Ninguno de estos procedimientos fue llevado a cabo de previo a la aprobación del acuerdo nro. 2 por el Concejo Municipal, lo que constituye una clara transgresión al marco jurídico que regula la formulación e implementación de instrumentos de ordenamiento territorial y, sobre todo, vulnera el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, entre otros derechos y principios fundamentales. La aprobación emitida por el Concejo Municipal no solo vulneró el procedimiento legalmente establecido para la adopción de normativa en materia de ordenamiento territorial en el cantón, sino que además introdujo modificaciones sustantivas —sin respaldo técnico suficiente ni estudios integrales sobre las condiciones ambientales, sociales, geológicas y tectónicas, etc.— a disposiciones contenidas en el Decreto Ejecutivo N.º 25902-MIVAH-MP-MINAE Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Gran Área Metropolitana. A través de las políticas incorporadas en la Fase 3, implementando su aplicación al aprobarse el acuerdo nro. 2, se habilita la ejecución de construcciones en el área especial de protección del GAM –fuera del Anillo de Contención–, incluyendo urbanizaciones, actividades comerciales, industriales y turísticas, en abierta contradicción con las restricciones expresamente señaladas en el Decreto Regional de Desarrollo Urbano del GAM; por ejemplo, se permitirían desarrollos urbanísticos en la zona especial de protección con densidades de hasta 150 habitantes por hectárea, basándose únicamente en la variable de vulnerabilidad hidrogeológica, sin considerar de forma articulada otros factores críticos de riesgo y sostenibilidad ambiental.  Además de violentar el Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Gran Área Metropolitana, Decreto nro. 25902, el acuerdo No. 2 derogó un instrumento fundamental para la protección del recurso hídrico, recomendado por Nombre53559 y cuya implementación también ordenado por esta misma Sala Constitucional, como es la Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, al indicar el acuerdo: “Instruir a la administración municipal para que de manera inmediata aplique las Políticas de Manejo (Fase 3) del Proyecto Estudios Hidrogeológicos para los Planes Reguladores, para el cantón de San Rafael; sustituyendo de esta forma lo dispuesto por la Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico para el cantón de Poás” (negrilla no del original). Violentándose de esta manera, entre otros, el principio de objetivación en materia ambiental, y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Asegura que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), refiriéndose a la implementación anticipada de las políticas del uso del suelo aprobadas por el Concejo Municipal de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, con base en los resultados del diagnóstico hidrogeológico, mismo que fue elaborado como insumo al plan regulador cantonal, indicó en el Oficio DU-UCTOT-034-2025 del 3 de marzo de 2025, lo siguiente: “…. se entiende que las acciones que lleven a cabo las municipalidades en procura de regular el uso del suelo y las actividades humanas, para proteger las zonas de recarga acuífera y las condiciones de vulnerabilidad hidrogeológica, deben darse dentro del marco normativo de un plan regulador. …la municipalidad no está facultada para implementar políticas contempladas en el estudio hidrogeológico mediante un acuerdo del Concejo Municipal, pues estas deben ser a través de un Plan Regulador, tal cual. Lo que ordenó la Sala en el voto n°12109 – 2008… Por lo tanto, de lo anterior se interpreta que esos resultados de los estudios hidrogeológicos son para incluirse en la normativa urbanística de cada uno de esos cantones, o sea en sus planes reguladores, de lo contrario la Sala hubiese sido omisa en ese último reglón resaltado del párrafo anterior. El Concejo Municipal lo que hace es tomar el acuerdo para ordenar aplicar directamente la matriz basados en una equivocada interpretación de lo que dijo la Sala. Al accionar de esta forma, están prácticamente utilizando esos mapas hidrogeológicos como la normativa urbanística de la jurisdicción y no debería ser así. En efecto, el Concejo Municipal, se ha tomado atribuciones que no le corresponden, no cuentan con potestad suficiente para que, a través de un acuerdo, vengan a incrementar sitios de cobertura de un área protección, o crear nuevas condiciones urbanísticas para un territorio sin un Plan Regulador.” Aduce que esta Sala Constitucional, al resolver un caso similar, de vulneración del anillo de contención urbana del Gran Área Metropolitana, indicó la necesidad de que la Secretaría Técnica Ambiental evalué los estudios técnicos en relación a la apertura de dicho anillo, al indicar: “Solo mediante un estudio técnico previo podría modificarse el límite de contención urbana del GAM, con el pronunciamiento del órgano encargado de evaluar la información que forma parte de la iniciativa gubernamental, y será en esa sede donde se dilucidará el valor científico y técnico de aquellos estudios (PRUGAM), y lo que se pretenda hacer con el mencionado Decreto Ejecutivo” (resolución nro. 010-013436, expediente 10-003197-007-CO). El accionante formula las siguientes “CONSIDERACIONES JURIDICAS CONSTITUCIONALES”: “La aprobación del Acuerdo N.º 2 por parte del Concejo Municipal, en sesión ordinaria N.º 26 celebrada el 12 de agosto de 2024, implica la aplicación de recomendaciones de manejo del suelo contenida en la Fase 3 del Proyecto de Estudios Hidrogeológicos, elaboradas para el Plan Regulador del cantón de San Rafael. Dicha reglamentación se fundamenta exclusivamente en la variable hidrogeológica, obviando la incorporación de otros estudios esenciales para tener un ordenamiento territorial integral, entre los que están, estudios sobre las condiciones ambientales, físicas, sociales, geológicas y de riesgo. A esto se suma que el nuevo marco regulatorio de uso del suelo, que fue realizado dentro del proceso de elaboración del plan regulador del cantón de San Rafael, se está aplicando hoy sin haber culminado con dicho plan, y sin haber sido sometido al proceso de consulta ciudadana y de evaluación ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), incumpliendo requisitos insoslayables, en cuenta el de previamente haber obtenido la viabilidad ambiental que exige el ordenamiento jurídico nacional, en cuenta el constitucional. Además, el Acuerdo N.º 2 adoptado por el Concejo Municipal introdujo modificaciones que se pueden considerar regresivas e incluso derogatorias respecto de las medidas restrictivas establecidas en el Decreto Ejecutivo N.º 25902-MIVAH-MP-MINAE, cuyo propósito es contener el crecimiento urbano desordenado, especialmente el derivado de fraccionamientos y desarrollos urbanísticos que comprometen la protección del recurso hídrico, el ambiente y los recursos naturales en general; sumándosele dentro de las violaciones del acuerdo, que suprimió la Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico. Por todo lo anterior, consideramos, que el Concejo Municipal al extralimitarse al aprobar por medio del Acuerdo No. 2, para que se aplicaran las políticas de uso del suelo contenidas en la Fase 3, del proceso de elaboración del Plan Regulador para el cantón de San Rafael de Heredia, sin criterios técnicos y científicos, violentando además normativa jurídica, la participación ciudadana, sin la valoración ambiental por parte de SETENA, está violentando derechos y principios fundamentales en materia ambiental, contenidos en nuestra Carta Magna y en diversos instrumentos jurídicos internacionales; como el principio de legalidad, el derecho a ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el de protección de las bellezas naturales, derechos contenidos en los artículos 11, 50 y 89 de nuestra Constitución Política. Junto con lo anterior, se ha violentado el principio de participación ciudadana recogido en el artículo 9 de la Constitución Política, en el principio 10 de la Declaración de Río y en el artículo 2 de la Convención de Aarhus, que instituyen, la obligación de los Estados, en fomentar la participación de los ciudadanos, en el proceso de adopción de decisiones. Asimismo, al carecer el Acuerdo No. 2 en cuestión de sustento en estudios técnicos y científicos, así como de una valoración ambiental específica por parte de SETENA, y haber modificado las limitaciones o restricciones del Decreto 25902, se infringen principios fundamentales del derecho ambiental. En primer lugar, se vulnera el principio de razonabilidad y proporcionalidad, el cual exige que toda disposición normativa responda a criterios técnicos previamente evaluados y proporcionales al impacto que pretende regular, particularmente en materia ambiental. Además, se transgrede el principio precautorio, consagrado en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que enfatiza la aplicación amplia del enfoque precautorio por los Estados, conforme a sus capacidades, para asegurar la protección del entorno ecológico. Igualmente, se desconoce el principio de objetivación, según el cual las decisiones administrativas en materia ambiental deben basarse en fundamentos técnicos y científicos respaldados por evaluaciones debidamente estructuradas. Finalmente, se atenta contra el principio de no regresión ambiental, que prohíbe cualquier modificación normativa o jurisprudencial que implique un retroceso en los niveles de protección previamente alcanzados y consolidados.” Solicita el accionante que se declare con lugar esta acción de inconstitucionalidad.

2.- A efectos de fundamentar su legitimación, el accionante indica que se sustenta en el artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, debido a que, en el presente asunto, se lesionan intereses difusos o intereses de la colectividad en su conjunto, cuya afectación a su vez se traduce en una lesión individual para cada uno de los habitantes de la República, en tanto que el acuerdo impugnado lesiona el derecho de disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

3.- Por resolución de las 11:10 horas del 29 de agosto de 2025, se previno al accionante “que, dentro de tercero día, contado a partir del siguiente a la notificación de esta resolución, agregue y cancele el timbre del Colegio de Abogados por la suma de doscientos setenta y cinco colones, correspondiente a la autenticación del escrito inicial, bajo el apercibimiento –en este caso– de no oír al omiso mientras no cumpla lo ordenado, sin retroacción de términos (artículo 4 de la Ley número 3245 del 3 de diciembre de 1963).”

4.- Mediante escrito asociado al expediente el 29 de agosto de 2025, el accionante aportó el timbre del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.               5.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I.- DE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que la acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que necesariamente deben cumplirse para que este Tribunal pueda pronunciarse válidamente sobre el fondo del asunto. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula la legitimación para interponer acciones de inconstitucionalidad y prevé situaciones distintas. En el párrafo primero se exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial –incluyendo los recursos de hábeas corpus o de amparo- o en la administrativa –en el procedimiento de agotamiento de esta vía-, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado en el asunto principal. En los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa –no se requiere del asunto base-, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto; y c) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes.

Asimismo, en sentencia nro. 04190-95 de las 11:33 horas del 28 de julio de 1995, este Tribunal precisó que la acción de inconstitucionalidad es:

“(…) un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional …”.

Finalmente, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, el escrito de interposición debe estar autenticado y contener una determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de los componentes del bloque de constitucionalidad que se consideren infringidos (artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Debe, además, acreditarse las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), procederse al pago del timbre del Colegio de Abogados y aportarse certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas impugnadas en el asunto base (artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).

II.- SOBRE LA NECESARIA FUNDAMENTACIÓN DEL ESCRITO EN EL QUE SE FORMULE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 3, dispone que “Se tendrá por infringida la Constitución Política cuando ello resulte de la confrontación del texto de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales”. Por su parte, el artículo 78 eiusdem exige que, en el “escrito en que se interponga la acción”, se expongan “sus fundamentos en forma clara y precisa”. De esta forma, para que este Tribunal tenga por configurada la infracción y pueda declarar la inconstitucionalidad de la norma o acto impugnado, con la consecuente anulación y expulsión del ordenamiento jurídico, quien promueva una acción de inconstitucionalidad tiene la carga de demostrar cómo esa disposición infringe el Derecho de la Constitución y, además, debe indicar por qué debe estimarse la demanda. Esto es denominado por esta Sala como la carga de la argumentación, es decir, que “una norma que facialmente (sic) sea contraria a la Constitución, vuelca la carga de la argumentación a quienes sostengan que en realidad no hay conflicto entre esa norma y la Constitución Política; lo contrario sucede si se acciona contra una norma que en primer examen no parece contraria a la Constitución, en cuya hipótesis es el accionante el que debe avanzar con los argumentos que convenzan acerca de la inconstitucionalidad” (véase la sentencia nro. 0184-95 de las 16:30 horas del 10 de enero de 1995). En una sentencia posterior, esta Sala expuso, en cuanto a la falta de exposición de los argumentos de inconstitucionalidad en materia de acciones de inconstitucionalidad, lo siguiente:

“La acción de inconstitucionalidad se interpone con el argumento de que el Decreto Ejecutivo impugnado es nocivo, lesiona e infringe los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la salud y a los compromisos internacionales suscritos con el Protocolo de Kyoto. Pese a la oportunidad otorgada a los accionantes, se confirma lo que indica la Procuraduría General de la República, de que no existe un análisis concreto de las disposiciones del Decreto Ejecutivo impugnado que se consideran inconstitucionales, sino que el mismo se limita a establecer discrepancias de forma genérica y en abstracto contra la totalidad del Reglamento, más aún contra toda actividad que desempeñan los ingenios Azucareros y Haciendas, pues sostienen que causan inconvenientes en la calidad de vida y en la salud de los habitantes circunvecinos, sin concretar qué argumentos de constitucionalidad se deben tomar en cuenta en contra de cada una de las disposiciones o grupos del normas del Reglamento impugnado. […] El párrafo primero del artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece la obligación de autenticar los escritos de interposición de acciones de inconstitucionalidad, toda vez que se estima necesario que existan argumentos esgrimidos por un profesional en Derecho, que no descarta este Tribunal responda a un serio estudio del fondo técnico y científico de una determinada materia, dada la diversidad y universalidad de las normas del ordenamiento jurídico. A diferencia de los procesos de garantías, es decir, los recursos de hábeas corpus y de amparo, que los puede interponer directamente cualquier interesado ante la jurisdicción constitucional en defensa de sus derechos fundamentales, generalmente contra actos u omisiones que le lesionan en su esfera particular (aunque no siempre como en los casos ambientales), en los procesos de defensa de la Constitución Política (como la acción de inconstitucionalidad), el legislador confió al abogado autenticante una labor cuya exigencia es aún mayor, si se quiere más elaborada y exhaustiva que debe plasmar en el libelo de interposición en razón de su oficio profesional, para demostrar al Tribunal la lesión a la norma constitucional por parte de una norma de menor rango, socavando el principio de supremacía constitucional contenida en el artículo 10 de la Constitución Política. Precisamente la elaboración material y formal de la Ley, así como de las demás disposiciones secundarias, suponen un proceso sumamente costoso para el Estado, en la que de muchas maneras para su elaboración ha participado la sociedad civil organizada a favor o en contra, y cuyos procedimientos de formación, aprobación y promulgación no debe analizarse a la ligera. En este sentido, debe reconocer esta Sala que existe un reducido espacio para este Tribunal para socorrer las ausencias manifiestas de los profesionales en derecho que autentican los escritos en esta jurisdicción constitucional, sin exponer la imparcialidad y análisis que se debe a cada una de las acciones de inconstitucionalidad.” (sentencia nro. 2012-05285 de 15:03 horas de 25 de abril de 2012).

En sentencia nro. 2013-016944 de las 14:30 horas del 18 de diciembre de 2013, esta Sala hizo expresa referencia a la exigencia de debida fundamentación del escrito de interposición –como requisito esencial de admisibilidad de la acción, a tenor de lo dispuesto el mencionado ordinal 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- en los siguientes términos:

“II.- INADMISIBILIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN. De conformidad con el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el escrito en que se interponga la acción de inconstitucionalidad, se deberán exponer los fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos. Dicho requisito no se traduce en una mera formalidad, sino en un requisito esencial de admisibilidad, pues en virtud del principio pro sentencia –desarrollado en otras ocasiones por esta Sala- según el cual, los requisitos de admisibilidad deben interpretarse en sentido favorable a la acción, además, el Derecho Constitucional es de orden público preferente y en garantía de su supremacía y vigencia hay un interés público en virtud del cual los obstáculos para la admisión y resolución de fondo de una acción, deben interpretarse y aplicarse restrictivamente. Así las cosas, todas las normas procesales deben ser interpretadas y aplicadas de manera tal que se obtenga el dictado de la sentencia, lo anterior, no solo facilita la administración de la justicia, sino que además, evita que se impongan obstáculos para no alcanzarla (ver en igual sentido, las sentencias números 93-5175, 3041-97, 01-06, 2874-06, 1622-08 y 2887-08). En consecuencia, la falta de fundamentación de la acción, impide el dictado de una sentencia debidamente motivada y congruente con lo pretendido. Asimismo, resulta improcedente que esta Sala se pronuncie por el fondo de normas cuestionadas en una acción, cuando el que acciona no fundamenta las razones por las cuales impugna, toda vez, que ello implicaría efectuar un control constitucional en abstracto a manera de ejercicio académico, lo que no es compatible con la finalidad de un proceso de esta naturaleza.”

Finalmente, en el voto nro. 2020-000319 de las 12:15 horas del 8 de enero de 2020, este Tribunal reiteró que:

“(…) dado el formalismo dispuesto legalmente para los procesos de control de constitucionalidad. la carga argumentativa en el trámite de una acción de inconstitucionalidad recae en el accionante, quien debe explicar, sin ambages, la contradicción existente entre una normativa infraconstitucional y el bloque de constitucionalidad, así como la legitimación que le asiste”.

III.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. El accionante cuestiona que, en la aprobación del acuerdo impugnado, se “vulneró el procedimiento legalmente establecido para la adopción de normativa en materia de ordenamiento territorial”, al autorizarse su implementación sin haberse “completado aún el proceso técnico y participativo de construcción del Plan Regulador, el cual está en curso de elaboración”. En cuanto a este punto en concreto, debe indicarse que en una acción anterior (25-021033-0007-CO), formulada en contra del mismo acuerdo municipal, esta Sala, mediante voto nro.  2025-025657 de las 11:45 horas del 13 de agosto de 2025, resolvió lo siguiente:

“I.- Sobre el objeto de la acción. La parte accionante cuestiona el Acuerdo Municipal nro. 2 tomado por el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia, en sesión ordinaria nro. 26-2024, celebrada el 12 de agosto de 2024, que dice:

“…ACUERDA: ACUERDO # 2 PRIMERO: Aprobar las Políticas de Manejo (Fase 3) del Proyecto Estudios Hidrogeológicos para los Planes Reguladores, para el cantón de San Rafael. SEGUNDO: Instruir a la administración municipal para que de manera inmediata aplique las Políticas de Manejo (Fase 3) del Proyecto Estudios Hidrogeológicos para los Planes Reguladores, para el cantón de San Rafael; sustituyendo de esta forma lo dispuesto por la Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico para el cantón de Poás, según lo señalado por el Decreto Ejecutivo N°42015- MAG-MINAE-S-MIVAH Reglamento de coordinación interinstitucional para la protección de los recursos hídricos subterráneos. TERCERO: Instruir a la administración municipal para que comunique al Nombre53559 dichas políticas con el fin de que sea de su conocimiento.”

En su criterio, este acuerdo municipal lesiona el derecho al ambiente y los artículos 13, 15, 16, 17 y 18 de la Ley de Planificación Urbana, por cuanto se aprobaron las políticas de manejo del Proyecto Estudios Hidrogeológicos para los Planes Reguladores para el cantón de San Rafael, sin seguir el procedimiento de la Ley de Planificación Urbana, lo que estima constituye un acto nulo. El accionante aduce que, aunque ese documento fue aprobado por Nombre53559, tratándose de materia de planificación urbana, pues, entre otros aumenta el área de cobertura dentro de la Zona Especial de Protección del G.A.M. de un 30% a un 70%, que el área definida en la Matriz de criterios de uso del suelo; no le competía al Concejo Municipal su aprobación, sin antes haber sido aprobado por Nombre3763, y haber cumplido el procedimiento que requiere un plan regulador, que implica: ser tramitado en la Comisión de Plan Regulador municipal, no en la Comisión de Ambiente como sucedió en este caso, ser consultado a la comunidad, haber sido  aprobado por el INVU y una vez aprobado por el Concejo por una mayoría absoluta, ser publicado en La Gaceta, según lo estipula la Ley de Planificación Urbana. Refiere el accionante, además, que lo ahí aprobado es aplicado sin que se haya seguido el procedimiento legal que, en su criterio, un documento como ese requería, por lo que solicita lo siguiente: “…se declare con lugar la presente acción de inconstitucionalidad con base al artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, a los hechos y fundamentos jurídicos aquí señalados, y como medida precautoria urgentísima in dubio pro natura, se suspenda de manera inmediata la emisión por parte de la MSRH de cualquier uso de suelo con cobertura superior al 30%; tal como lo establece la Matriz de criterios de uso del suelo, según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico para el cantón de Poas, y/o contrarios a los decretos 25902-MIVAH-MP-MINAE y 38334-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG; y de acogerse esta acción de inconstitucionalidad se anulen todos los usos de suelo emitidos con cobertura del 70% hasta tanto no se apruebe el POT por las instituciones autorizadas y con todos los procesos que el mismo conlleva según los artículos de la LPU 13,15,16,17, 18 y concordantes, y que se condene a la MSRH al pago de costas, daños y perjuicios”.

 II.- De la inadmisibilidad de la presente acción de inconstitucionalidad. Tal como se aprecia del considerando anterior, lo cuestionado por el accionante no es la inconstitucionalidad del documento per se aprobado en ese acuerdo municipal, sino el acuerdo mismo de aprobación, por estimar que el concejo municipal de San Rafael de Heredia no siguió el procedimiento de ley. Sin embargo, no le corresponde a este Tribunal verificar la legalidad de un acuerdo municipal vía acción de inconstitucionalidad, ni establecer en este tipo de proceso, la naturaleza jurídica de un informe técnico, como lo es el resultado de una contratación directa denominado “Definición de las Políticas de Manejo (Fase 3) del Proyecto Estudios Hidrogeológicos para los Planes Reguladores del cantón de San Rafael”; para luego definir esta misma jurisdicción, si resultaba aplicable a este o no la definición de plan regulador y; en consecuencia, aplicarle todas las disposiciones legales respectivas al efecto. También constituye un tema de legalidad el establecer si el concejo municipal y la misma comisión que lo tramitó y sometió a su conocimiento, tenía competencia legal para aprobarlo. Ahora, si lo que pretende el accionante es cuestionar, la actuación de la municipalidad de San Rafael de Heredia por aplicar lo ahí aprobado a un caso concreto, como afectación al ambiente y a su propiedad, como refiere sufrir en su caso, por perder la belleza escénica dada la construcción vecina que ha sido autorizada y los demás usos de suelo que, según indica dicho municipio pudo haber otorgado arbitrariamente, son alegatos que podrían ser conocidos vía amparo, pero no de acción de inconstitucionalidad; proceso en el cual este Tribunal, luego de requerir los informes a las autoridades respectivas, podría establecer con claridad si lo actuado u omitido por ese municipio, ha puesto en riesgo o no el derecho a un ambiente sano. Sin embargo, en los términos que ha sido planteado el objeto de este proceso, lo procedente es rechazar de plano la acción.

III.-  VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA. Me separo del criterio de la mayoría de este Tribunal y salvo el voto en este asunto, porque considero prematuro el rechazo de plano del sub lite. Ciertamente, la acción de inconstitucionalidad es un proceso “instaurado con el propósito de garantizar la supremacía de la Constitución Política frente a normas u otras disposiciones de carácter general y que por esa misma razón deben cumplirse un conjunto de formalidades, a efecto de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación” como reiteradamente ha señalado amplia jurisprudencia de esta Sala. Sin embargo, precisamente, la propia ley que rige esta jurisdicción establece el tratamiento que debe darse a las distintas formalidades y su eventual incumplimiento. En tal sentido, de forma expresa estatuye el numeral 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional:

“Artículo 80.- Si no se llenaren las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la Sala señalará por resolución, cuáles son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día (…)”

En el sub examine, entre otros requisitos, justamente se echa de menos una fundamentación adecuada y suficiente, tal como exige el ordinal 78 eiusdem, por lo que resulta inexorable la prevención al accionante con miras a que remedie la omisión detectada. En adición, subrayo que, con base en el principio pro homine, la literalidad de los cánones 78, 79 y 80 de la ley de cita vuelve plausible una hermenéutica de tal índole en beneficio de quienes acuden a esta Sala, de modo que el acceso a la justicia constitucional no resulte limitado de modo innecesario.

(…)

Por tanto:

Se rechaza de plano la acción. El magistrado Rueda Leal salva el voto y ordena hacer la prevención del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.”

Consideraciones aplicables en la especie. Por lo que, prima facie, no corresponde revisar mediante acción de inconstitucionalidad si tal acuerdo –en cuanto a su contenido o procedimiento de aprobación– se ajusta a la normativa legal y reglamentaria que rige la materia, ni su eventual aplicación en casos particulares o concretos. 

IV.- DE LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DEL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN. Por lo demás, aunque el accionante afirma que el acuerdo impugnado infringe distintos derechos o principios constitucionales, lo cierto es que el escrito de interposición carece de una apropiada fundamentación en cuanto a tales reproches de fondo, en incumplimiento de lo dispuesto en el citado numeral 78. El accionante enuncia o hace una breve referencia a la infracción de distintos componentes del Derecho de la Constitución, incluso menciona normas internacionales, -principalmente, en folios 6 y 7-, pero no se realiza un efectivo desarrollo argumentativo respecto de tales alegatos; en particular, no se realiza una exposición y análisis claro, preciso y debidamente detallado e individualizado sobre el efectivo contenido y alcances de tales componentes del Derecho de la Constitución, a efectos de relacionarlos y confrontarlos con el acuerdo impugnado de forma adecuadamente razonada. En definitiva, no existe una argumentación precisa, suficiente y debidamente circunstanciada sobre los agravios y fundamentos de la aducida infracción al Derecho de la Constitución. Por lo demás, aunque se podría prevenir a la parte accionante que subsane el cumplimiento de los requisitos ya señalados, en el sub lite, dicho trámite se considera ocioso, no solo porque supone volver a elaborar la acción, sino, también, porque el artículo 9, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala para rechazar de plano cualquier gestión "manifiestamente improcedente o infundada", como ocurre en el presente caso.

V.- EN CONCLUSIÓN. Como corolario de lo anterior, procede rechazar de plano la acción, como así se dispone.

VI.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA.  Me separo del criterio de la mayoría de este Tribunal y salvo el voto en este asunto, porque considero prematuro el rechazo de plano del sub lite. Ciertamente, la acción de inconstitucionalidad es un proceso “instaurado con el propósito de garantizar la supremacía de la Constitución Política frente a normas u otras disposiciones de carácter general y que por esa misma razón deben cumplirse un conjunto de formalidades, a efecto de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación” como reiteradamente ha señalado amplia jurisprudencia de esta Sala. Sin embargo, precisamente, la propia ley que rige esta jurisdicción establece el tratamiento que debe darse a las distintas formalidades y su eventual incumplimiento. En tal sentido, de forma expresa estatuye el numeral 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional:

“Artículo 80.- Si no se llenaren las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la Sala señalará por resolución, cuáles son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día (…)”

En el  sub examine, entre otros requisitos, justamente se echa de menos una fundamentación adecuada y suficiente, tal como exige el ordinal 78  eiusdem, por lo que resulta inexorable la prevención al accionante con miras a que remedie la omisión detectada. En adición, subrayo que, con base en el principio  pro homine, la literalidad de los cánones 78, 79 y 80 de la ley de cita vuelve plausible una hermenéutica de tal índole en beneficio de quienes acuden a esta Sala, de modo que el acceso a la justicia constitucional no resulte limitado de modo innecesario.

VII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Me separo del criterio de la mayoría de este Tribunal y salvo el voto en este asunto, por considerar que la decisión de rechazar de plano esta acción de inconstitucionalidad es prematura. Es sabido, la acción de inconstitucionalidad es un proceso “instaurado con el propósito de garantizar la supremacía de la Constitución Política frente a normas u otras disposiciones de carácter general y que por esa misma razón deben cumplirse un conjunto de formalidades, a efecto de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación”, como ha señalado de manera reiterada esta Sala. Sin embargo, es precisamente el artículo 80 de la propia Ley de la Jurisdicción Constitucional la que ordena el tratamiento que debe darse a las distintas formalidades y a su eventual incumplimiento:

“Artículo 80.- Si no se llenaren las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la Sala senalará por resolución, cuáles son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día (…)”.

En este asunto, entre otros requisitos, se echa de menos una fundamentación adecuada y suficiente, tal como lo exige el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que estimo que procede prevenir al accionante para que remedie la omisión detectada. De igual forma –en mi criterio– tanto la interpretación de los artículos 78 y 79 como la del propio artículo 80 de la mencionada ley debe ser amplia en beneficio de quienes acuden a esta Sala, de modo que el acceso a la justicia constitucional no resulte innecesariamente limitado.

 VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano la acción. El magistrado Rueda Leal salva el voto y ordena hacer la prevención del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La magistrada Garro Vargas salva el voto y ordena realizar la prevención del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 W8WBLXEDXKC61

EXPEDIENTE N° 25-022863-0007-CO

 

Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:39:19.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 38330 - 2025

Date of Resolution: November 19, 2025 at 11:30 a.m.

Expediente: 25-022863-0007-CO

Drafted by: Fernando Castillo Víquez

Type of matter: Acción de inconstitucionalidad

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL



Judgment with protected data, in accordance with current regulations


Text of the resolution

Exp: 25-022863-0007-CO

Res. No. 2025038330

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eleven hours thirty minutes on the nineteenth of November of two thousand twenty-five.

Acción de inconstitucionalidad filed by Nombre75074, of legal age, married, attorney, identity card no. CED51811, against AGREEMENT No. 2, ADOPTED BY THE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, IN ORDINARY SESSION No. 26, HELD ON AUGUST 12, 2024.

Resultando:

1.- By brief received in this Sala on August 1, 2025, the plaintiff requests that Agreement No. 2, adopted by the Concejo Municipal de San Rafael de Heredia, in ordinary session No. 26, held on August 12, 2024, be declared unconstitutional, on the grounds that it violates the right to a healthy and ecologically balanced environment, the right to citizen participation, and the right to the landscape, enshrined in numerals 9, 50, and 89 of the Constitución Política, as well as the principles of legality (Article 11 of the Constitución Política), non-regression, citizen participation, linkage to science and technique, reasonableness, proportionality, precautionary principle, progressivity, and non-derogability. He notes that the challenged agreement has the following content: “THE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, IN EXERCISE OF ITS CONSTITUTIONAL AND LEGAL POWERS CONFERRED BY ARTICLES 168, 169 AND 170 OF THE CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ARTICLE 13 SUBSECTION E) OF THE CÓDIGO MUNICIPAL, LAW No. 7794, AGREES: AGREEMENT No. 2 FIRST: To approve the Management Policies (Phase 3) of the Hydrogeological Studies Project for the Planes Reguladores, for the canton of San Rafael. SECOND: To instruct the municipal administration to immediately apply the Management Policies (Phase 3) of the Hydrogeological Studies Project for the Planes Reguladores, for the canton of San Rafael; thereby replacing the provisions of the Land Use Criteria Matrix According to Aquifer Contamination Vulnerability for the Protection of Water Resources for the canton of Poás, as indicated by Decreto Ejecutivo No. 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH Reglamento de coordinación interinstitucional para la protección de los recursos hídricos subterráneos. THIRD: To instruct the municipal administration to communicate said policies to Nombre53559 so that they are made known to it. DEFINITIVELY APPROVED AGREEMENT. Seven Regidores present, seven affirmative votes. APPROVED (ordinary session No. 26 held on August 12, 2024).” The plaintiff states that on June 22, 1982, Decreto Ejecutivo No. 13583-VAH-OFIPLAN entered into force, through which the Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Gran Área Metropolitana was created. Its purpose was to contain the disorderly urban growth that threatened strategic areas for the conservation of natural resources, particularly groundwater recharge zones (zonas de recarga acuífera). Given that this regulatory instrument failed to adequately fulfill its purpose, it was replaced by Decreto Ejecutivo No. 25902-MIVAH-MP-MINAE, known as Plan GAM, published in Supplement No. 15 to La Gaceta No. 66 of April 7, 1997. He adds that Decreto Ejecutivo No. 25902-MIVAH-MP-MINAE established, through its Article 1, an Urban Control Area (Área de Control Urbanístico). Within the framework of said area, Article 2 defined a Special Protection Zone (Zona Especial de Protección), whose dominant use is agricultural. Article 3 authorizes only the development of urbanizations and urban-type easements (servidumbres) in the expansion zones corresponding to the quadrants of the district head towns. Likewise, Article 4 imposes a series of restrictions on properties within the Special Protection Zone, limiting subdivisions (fraccionamientos), the type of constructive development allowed, ground coverage (cobertura del suelo), among other specific provisions. Regarding subdivisions, in order to prevent vegetative developments along roads or public streets in the Special Protection Zone, Decree 25902-MIVAH-MP-MINAE indicates that they are only allowed on public roads existing prior to the promulgation of the GAM, (Gaceta number 119 of June 22, 1982), and when these have basic services and the regulatory right-of-way is provided. Subdivision on public roads that do not have services is not permitted, even if they were enabled after the promulgation of the GAM, except on roads within the expansion area of the towns. However, for strictly agricultural purposes, segregations with frontage on easements or private roads may be permitted, in resulting portions of no less than seven thousand (7,000) square meters. The plaintiff continues, that the provisions contained in Decretos Ejecutivos No. 13583-VAH-OFIPLAN and No. 25902-MIVAH-MP-MINAE were issued in response to the urgent need to organize land use, in the face of the accelerated and chaotic housing, industrial, and commercial growth that had begun in the late 1960s in the country's main urban area, the Gran Área Metropolitana. These regulations were intended to ensure the rational use of land, promote the conservation of natural resources, and guarantee adequate access to basic services, in accordance with what Articles 50 and 89 of the Constitution now indicate. He points out that, through Agreement 3303 of September 26, 2006, the Junta Directiva of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) approved the LAND USE CRITERIA MATRIX ACCORDING TO AQUIFER CONTAMINATION VULNERABILITY FOR THE PROTECTION OF WATER RESOURCES. On July 5, 2007, according to Agreement No. 3416, it agreed to recommend to all the country's institutions competent in the administration and protection of water resources, including the municipalities of the Gran Área Metropolitana, its application in all cantons or zones where there are hydrogeological vulnerability maps approved by SENARA itself. He alleges that, pursuant to subsection h) of Article 3 of the Law Creating SENARA, the recommendations issued by this institution regarding the protection of water resources are mandatory. He points out that, through resolution No. 2008-12109, from expediente 07-007996-0007-CO, this Sala Constitucional ordered the Municipalidad de San Rafael, among others, to adopt the corresponding measures to incorporate into its urban planning regulations and permit authorization processes, documents prepared by SENARA, including the Land Use Criteria Matrix According to Aquifer Contamination Vulnerability for the Protection of Water Resources. He continues that, through voto No. 2012-08892, expediente 09-011327-0007-CO, this Sala Constitucional ordered the authorities of Nombre53559 to communicate to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) and to all the country's municipalities, that the Land Use Criteria Matrix According to Aquifer Contamination Vulnerability for the Protection of Water Resources is mandatory in all cantons or zones where there are vulnerability maps approved or prepared by Nombre53559 and, in any case, must serve as a guide and technical orientation for the elaboration of land-use policies, as long as such cantons or zones do not have their own matrix prepared by Nombre53559 with the participation of other institutions, in order to guarantee the same or a higher level of protection of water resources. He indicates that, on August 12, 2024, the Concejo Municipal de San Rafael de Heredia approved Agreement No. 2 in ordinary session No. 26, in order to implement the land management policies contained in Phase 3. Said phase was prepared within the stages of the comprehensive process of formulating the canton’s Plan Regulador. However, the municipal body did not consider the foregoing, nor that the policies are based exclusively on hydrogeological studies, which represent just one of the multiple technical variables that must be analyzed to prepare the Plan Regulador or any territorial planning regulation. Therefore, the early application of these policies is legally improper, as the technical and participatory process of building the Plan Regulador, which is currently under preparation, has not yet been completed. The management policies, approved by the Concejo Municipal through the agreement challenged in this acción de inconstitucionalidad, omit fundamental variables in their preparation, which must be considered in the formulation of land-use policies. These include population density, availability and access to public services, community facilities, existing road infrastructure, topography, as well as risks associated with slope instability, seismic activity, floods, and the landscape characteristics of the territory. He alleges that the decision of the Concejo Municipal de San Rafael de Heredia, in approving Agreement No. 2 on Management Policies corresponding to Phase 3 of the Hydrogeological Studies Project for the Planes Reguladores, constitutes an overreach in the exercise of functions, insofar as they authorized the implementation for the canton of San Rafael de Heredia of land-use regulations that, under the current legal system, can only be established through a formally adopted land-use plan or Plan Regulador, after prior compliance with the technical, participatory, and institutional stages that the regulations require. The procedural stages established in the current regulations for the approval of regulations related to territorial planning include, among others, the holding of public hearings to guarantee citizen participation, the preparation of multidisciplinary technical studies that go beyond purely hydrogeological ones, and their environmental evaluation by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), whose culmination materializes in the issuance of the environmental viability (viabilidad ambiental). None of these procedures were carried out prior to the approval of Agreement No. 2 by the Concejo Municipal, which constitutes a clear transgression of the legal framework that regulates the formulation and implementation of territorial planning instruments and, above all, violates the right to a healthy and ecologically balanced environment, among other fundamental rights and principles. The approval issued by the Concejo Municipal not only violated the legally established procedure for adopting regulations on territorial planning in the canton, but also introduced substantive modifications—without sufficient technical support or comprehensive studies on environmental, social, geological and tectonic conditions, etc.—to provisions contained in Decreto Ejecutivo No. 25902-MIVAH-MP-MINAE Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Gran Área Metropolitana. Through the policies incorporated in Phase 3, implementing their application upon approval of Agreement No. 2, the execution of constructions in the special protection area of the GAM—outside the Containment Ring—is enabled, including urbanizations, commercial, industrial, and tourist activities, in open contradiction with the restrictions expressly indicated in the Decreto Regional de Desarrollo Urbano del GAM; for example, urban developments would be allowed in the special protection zone with densities of up to 150 inhabitants per hectare, based solely on the hydrogeological vulnerability variable, without considering in an articulated manner other critical risk and environmental sustainability factors. In addition to violating the Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Gran Área Metropolitana, Decree No. 25902, Agreement No. 2 repealed a fundamental instrument for the protection of water resources, recommended by Nombre53559 and whose implementation was also ordered by this same Sala Constitucional, such as the Land Use Criteria Matrix According to Aquifer Contamination Vulnerability for the Protection of Water Resources, by stating in the agreement: “To instruct the municipal administration to immediately apply the Management Policies (Phase 3) of the Hydrogeological Studies Project for the Planes Reguladores, for the canton of San Rafael; thereby replacing the provisions of the Land Use Criteria Matrix According to Aquifer Contamination Vulnerability for the Protection of Water Resources for the canton of Poás” (bold not in original). Thus violating, among others, the principle of objectification in environmental matters, and the right to a healthy and ecologically balanced environment. He asserts that the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), referring to the early implementation of land-use policies approved by the Concejo Municipal of the Municipalidad de San Rafael de Heredia, based on the results of the hydrogeological diagnosis, which was prepared as input for the cantonal Plan Regulador, indicated in Oficio DU-UCTOT-034-2025 of March 3, 2025, the following: “…. it is understood that the actions carried out by municipalities in pursuit of regulating land use and human activities, to protect groundwater recharge zones and hydrogeological vulnerability conditions, must occur within the regulatory framework of a Plan Regulador. …the municipality is not authorized to implement policies contemplated in the hydrogeological study through an agreement of the Concejo Municipal, as these must be through a Plan Regulador, exactly as such. What the Sala ordered in voto No. 12109 – 2008… Therefore, from the foregoing it is interpreted that those results of the hydrogeological studies are to be included in the urban planning regulations of each of those cantons, that is, in their planos reguladores, otherwise the Sala would have been remiss in that last highlighted line of the previous paragraph. The Concejo Municipal is passing the agreement to order the direct application of the matrix based on a mistaken interpretation of what the Sala said. By acting in this way, they are practically using those hydrogeological maps as the urban planning regulations of the jurisdiction and it should not be so. In effect, the Concejo Municipal has taken upon itself powers that do not correspond to it, it does not have sufficient authority so that, through an agreement, it comes to increase coverage sites of a protection area, or create new urban conditions for a territory without a Plan Regulador.” He argues that this Sala Constitucional, when resolving a similar case of violation of the urban containment ring of the Gran Área Metropolitana, indicated the need for the Secretaría Técnica Ambiental to evaluate the technical studies in relation to the opening of said ring, stating: “Only through a prior technical study could the urban containment limit of the GAM be modified, with the pronouncement of the body in charge of evaluating the information that forms part of the governmental initiative, and it is in that venue where the scientific and technical value of those studies (PRUGAM), and what is intended to be done with the mentioned Decreto Ejecutivo, will be elucidated” (resolution No. 010-013436, expediente 10-003197-007-CO). The plaintiff formulates the following “CONSTITUTIONAL LEGAL CONSIDERATIONS”: “The approval of Agreement No. 2 by the Concejo Municipal, in ordinary session No. 26 held on August 12, 2024, implies the application of land management recommendations contained in Phase 3 of the Hydrogeological Studies Project, prepared for the Plan Regulador of the canton of San Rafael. Said regulation is based exclusively on the hydrogeological variable, obviating the incorporation of other essential studies for comprehensive territorial planning, including studies on environmental, physical, social, geological, and risk conditions. Added to this is that the new land-use regulatory framework, which was developed within the process of preparing the Plan Regulador of the canton of San Rafael, is being applied today without having completed said plan, and without having been subjected to the citizen consultation process and environmental assessment before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), failing to meet unavoidable requirements, including having previously obtained the environmental viability required by the national legal system, including the constitutional one. Furthermore, Agreement No. 2 adopted by the Concejo Municipal introduced modifications that can be considered regressive and even repealing with respect to the restrictive measures established in Decreto Ejecutivo No. 25902-MIVAH-MP-MINAE, whose purpose is to contain disorderly urban growth, especially that derived from subdivisions and urban developments that compromise the protection of water resources, the environment, and natural resources in general; in addition to the violations of the agreement, it suppressed the Land Use Criteria Matrix According to Aquifer Contamination Vulnerability for the Protection of Water Resources. For all the foregoing, we consider that the Concejo Municipal, by overreaching in approving through Agreement No. 2, for the application of the land-use policies contained in Phase 3 of the process of preparing the Plan Regulador for the canton of San Rafael de Heredia, without technical and scientific criteria, also violating legal regulations, citizen participation, without the environmental assessment by SETENA, is violating fundamental rights and principles in environmental matters, contained in our Carta Magna and in various international legal instruments; such as the principle of legality, the right to a healthy and ecologically balanced environment, and the protection of natural beauties, rights contained in Articles 11, 50, and 89 of our Constitución Política. Together with the above, the principle of citizen participation enshrined in Article 9 of the Constitución Política, in Principle 10 of the Rio Declaration, and in Article 2 of the Aarhus Convention, which institute the obligation of States to promote citizen participation in the decision-making process, has been violated. Likewise, as Agreement No. 2 in question lacks support in technical and scientific studies, as well as a specific environmental assessment by SETENA, and having modified the limitations or restrictions of Decree 25902, fundamental principles of environmental law are infringed. First, it violates the principle of reasonableness and proportionality, which requires that every regulatory provision respond to previously evaluated technical criteria and be proportional to the impact it intends to regulate, particularly in environmental matters. Moreover, it transgresses the precautionary principle, enshrined in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, which emphasizes the broad application of the precautionary approach by States, according to their capabilities, to ensure the protection of the ecological environment. Likewise, it disregards the principle of objectification, according to which administrative decisions in environmental matters must be based on technical and scientific foundations supported by duly structured evaluations. Finally, it undermines the principle of environmental non-regression, which prohibits any regulatory or jurisprudential modification that implies a setback in the levels of protection previously achieved and consolidated.” The plaintiff requests that this acción de inconstitucionalidad be granted.

2.- In order to support his standing, the plaintiff indicates that it is based on Article 75, second paragraph, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, because, in the present matter, diffuse interests or interests of the community as a whole are harmed, whose affectation in turn translates into an individual injury for each of the inhabitants of the Republic, insofar as the challenged agreement harms the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment.

3.- By resolution at 11:10 a.m. on August 29, 2025, the plaintiff was warned “to, within three days, counted from the day following the notification of this resolution, add and pay the Colegio de Abogados stamp in the amount of two hundred seventy-five colones, corresponding to the authentication of the initial brief, under the warning –in this case– of not hearing the negligent party until he complies with what is ordered, without retroaction of terms (Article 4 of Law No. 3245 of December 3, 1963).”

4.- By means of a brief associated with the expediente on August 29, 2025, the plaintiff provided the stamp of the Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. 5.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Sala to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any action submitted to its consideration that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is simply a reiteration or reproduction of a previous, similar action that was rejected.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

Considerando:

I.- OF THE REQUIREMENTS AND FORMALITIES OF THE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. This Sala has repeatedly stated that the acción de inconstitucionalidad is a process with certain formalities, which must necessarily be fulfilled so that this Tribunal can validly rule on the merits of the matter. Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional regulates standing to file acciones de inconstitucionalidad and provides for different situations. The first paragraph requires the existence of a matter pending resolution, whether in a judicial venue –including hábeas corpus or amparo appeals– or in the administrative venue –in the procedure for exhausting this avenue–, in which the unconstitutionality of the challenged norm is invoked as a reasonable means to protect the right or interest that is considered harmed in the main matter. The second and third paragraphs regulate the direct action –no base matter is required–, in the following cases: a) when, by the nature of the matter, there is no individual and direct injury; b) when it involves the defense of diffuse interests or those concerning the community as a whole; and c) when the action is filed by the Procurador General de la República, the Contralor General de la República, the Fiscal General de la República, and the Defensor de los Habitantes.

Likewise, in judgment No. 04190-95 of 11:33 a.m. on July 28, 1995, this Tribunal specified that the acción de inconstitucionalidad is:

“(…) a process of an incidental nature, and not a direct or popular action, which means that the existence of a matter pending resolution –whether before the courts of justice or in the procedure to exhaust the administrative avenue– is required to access the constitutional venue, but in such a way that the action constitutes a reasonable means to protect the right considered harmed in the main matter, so that what is decided by the Constitutional Tribunal has a positive or negative impact on said pending process, insofar as it rules on the constitutionality of the norms that must be applied in that matter; and only by exception does the legislation permit direct access to this venue –assumptions of the second and third paragraphs of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional …”.

Finally, there are other formalities that must be fulfilled, namely, the filing brief must be authenticated and contain an explicit determination of the challenged regulations, duly substantiated, with specific citation of the components of the constitutional block that are considered infringed (Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). Furthermore, the conditions of standing must be proven (powers and certifications), the Colegio de Abogados stamp must be paid, and a literal certification of the brief in which the unconstitutionality of the challenged norms was invoked in the base matter must be provided (Article 79 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional).

II.- ON THE NECESSARY SUBSTANTIATION OF THE BRIEF IN WHICH THE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD IS FILED. The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in its Article 3, provides that “The Constitución Política shall be deemed infringed when this results from the confrontation of the text of the challenged norm or act, its effects, or its interpretation or application by public authorities, with the constitutional norms and principles.” For its part, Article 78 eiusdem requires that, in the “brief in which the action is filed,” “its grounds be set forth in a clear and precise manner.” Thus, for this Tribunal to consider the infringement established and to declare the unconstitutionality of the challenged norm or act, with the consequent annulment and expulsion from the legal system, whoever files an acción de inconstitucionalidad has the burden of demonstrating how that provision infringes the Law of the Constitution and, moreover, must indicate why the claim should be upheld. This is called by this Sala the burden of argumentation, that is, “a norm that is facially [sic] contrary to the Constitution shifts the burden of argumentation to those who maintain that in reality there is no conflict between that norm and the Constitución Política; the opposite happens if an action is filed against a norm that on first examination does not appear contrary to the Constitution, in which case it is the plaintiff who must put forward the arguments that convince about the unconstitutionality” (see judgment No. 0184-95 of 4:30 p.m. on January 10, 1995). In a subsequent judgment, this Sala stated, regarding the lack of exposition of unconstitutionality arguments in matters of acciones de inconstitucionalidad, the following:

“The acción de inconstitucionalidad is filed with the argument that the challenged Decreto Ejecutivo is harmful, injures and infringes the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment, the right to health, and the international commitments made with the Kyoto Protocol. Despite the opportunity granted to the plaintiffs, it is confirmed what the Procuraduría General de la República indicates, that there is no concrete analysis of the provisions of the challenged Decreto Ejecutivo that are considered unconstitutional, but rather it is limited to establishing disagreements generally and in the abstract against the entire Reglamento, even more so against all activity carried out by the Sugar Mills and Haciendas, as they maintain that they cause inconveniences in the quality of life and health of the neighboring inhabitants, without specifying what constitutional arguments should be taken into account against each of the provisions or groups of norms of the challenged Reglamento. […] The first paragraph of Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes the obligation to authenticate the briefs filing acciones de inconstitucionalidad, since it is considered necessary that there be arguments put forward by a legal professional, which this Tribunal does not rule out responds to a serious study of the technical and scientific background of a given matter, given the diversity and universality of the norms of the legal system. Unlike the processes of guarantees, that is, the appeals of hábeas corpus and amparo, which can be filed directly by any interested party before the constitutional jurisdiction in defense of their fundamental rights, generally against acts or omissions that harm them in their private sphere (although not always, as in environmental cases), in the processes of defense of the Constitución Política (such as the acción de inconstitucionalidad), the legislator entrusted to the authenticating attorney a task whose requirement is even greater, if one wishes, more elaborate and exhaustive that must be embodied in the petition by reason of their professional office, in order to demonstrate to the Tribunal the injury to the constitutional norm by a norm of lower rank, undermining the principle of constitutional supremacy contained in Article 10 of the Constitución Política.

Precisely the material and formal drafting of the Law, as well as of the other secondary provisions, entails an extremely costly process for the State, in which organized civil society has participated in many ways, for or against, and whose procedures of formation, approval, and promulgation must not be analyzed lightly. In this regard, this Chamber must recognize that there is a reduced space for this Court to remedy the manifest omissions of the legal professionals who authenticate the documents in this constitutional jurisdiction, without exposing the impartiality and analysis owed to each of the actions of unconstitutionality.” (judgment no. 2012-05285 of 15:03 hours of April 25, 2012).

In judgment no. 2013-016944 of 14:30 hours of December 18, 2013, this Chamber made express reference to the requirement of due substantiation of the filing brief –as an essential requirement for the admissibility of the action, pursuant to the provisions of the aforementioned Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional– in the following terms:

“II.- INADMISSIBILITY DUE TO LACK OF SUBSTANTIATION. In accordance with Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the brief in which the action of unconstitutionality is filed must set forth the grounds in a clear and precise manner, with specific citation of the norms or principles considered to be infringed. This requirement does not amount to a mere formality, but rather an essential admissibility requirement, since by virtue of the principle pro sentencia –developed on other occasions by this Chamber– according to which the admissibility requirements must be interpreted in a sense favorable to the action, furthermore, Constitutional Law is of preferential public order and in guarantee of its supremacy and force there is a public interest by virtue of which the obstacles to the admission and resolution on the merits of an action must be interpreted and applied restrictively. Thus, all procedural rules must be interpreted and applied in such a way that the issuance of a ruling is obtained; the foregoing not only facilitates the administration of justice, but also prevents the imposition of obstacles to not achieve it (see in the same sense, judgments numbers 93-5175, 3041-97, 01-06, 2874-06, 1622-08, and 2887-08). Consequently, the lack of substantiation of the action prevents the issuance of a duly reasoned judgment congruent with what is sought. Likewise, it is improper for this Chamber to rule on the merits of norms challenged in an action when the petitioner does not substantiate the reasons for which they challenge them, since that would imply carrying out an abstract constitutional review as an academic exercise, which is not compatible with the purpose of a process of this nature.”

Finally, in Vote no. 2020-000319 of 12:15 hours of January 8, 2020, this Court reiterated that:

“(…) given the formalism legally established for the processes of constitutionality review, the argumentative burden in the processing of an action of unconstitutionality falls upon the petitioner, who must explain, unequivocally, the existing contradiction between an infra-constitutional regulation and the block of constitutionality, as well as the standing that assists them.”

III.- ON THE INADMISSIBILITY OF THIS ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY. The petitioner questions that, in the approval of the challenged agreement, “the legally established procedure for the adoption of regulations regarding territorial planning (ordenamiento territorial) was violated,” by authorizing its implementation without having “yet completed the technical and participatory process of construction of the Plan Regulador, which is in the course of preparation.” Regarding this specific point, it must be noted that in a previous action (25-021033-0007-CO), filed against the same municipal agreement, this Chamber, by means of Vote no. 2025-025657 of 11:45 hours of August 13, 2025, resolved the following:

“I.- On the object of the action. The petitioner challenges Acuerdo Municipal no. 2 adopted by the Concejo Municipal de San Rafael de Heredia, in ordinary session no. 26-2024, held on August 12, 2024, which reads:

“…AGREES: AGREEMENT # 2 FIRST: To approve the Management Policies (Phase 3) of the Hydrogeological Studies for Regulatory Plans Project, for the canton of San Rafael. SECOND: To instruct the municipal administration to immediately apply the Management Policies (Phase 3) of the Hydrogeological Studies for Regulatory Plans Project, for the canton of San Rafael; thereby substituting the provisions of the Matrix of land-use criteria according to aquifer contamination vulnerability for the protection of water resources for the canton of Poás, as indicated by Decreto Ejecutivo N°42015-MAG-MINAE-S-MIVAH Reglamento de coordinación interinstitucional para la protección de los recursos hídricos subterráneos. THIRD: To instruct the municipal administration to notify Nombre53559 of said policies so that it is aware of them.”

In their view, this municipal agreement injures the right to the environment and Articles 13, 15, 16, 17, and 18 of the Ley de Planificación Urbana, because the management policies of the Hydrogeological Studies for Regulatory Plans Project for the canton of San Rafael were approved without following the procedure of the Ley de Planificación Urbana, which they consider constitutes a null act. The petitioner argues that, although that document was approved by Nombre53559, being a matter of urban planning, since, among other things, it increases the coverage (cobertura) area within the Zona Especial de Protección del G.A.M. from 30% to 70%, which is the area defined in the Matrix of land-use criteria; the Concejo Municipal did not have the authority to approve it, without first having been approved by Nombre3763, and having fulfilled the procedure required by a regulatory plan (plan regulador), which implies: being processed in the municipal regulatory plan commission, not in the Environment Commission as happened in this case, being consulted to the community, having been approved by INVU, and once approved by the Council by an absolute majority, being published in La Gaceta, as stipulated by the Ley de Planificación Urbana. The petitioner further states that what was approved there is being applied without the legal procedure that, in their view, such a document required having been followed, for which reason they request the following: “…that this action of unconstitutionality be granted based on Article 73 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, on the facts and legal foundations indicated herein, and as an extremely urgent precautionary measure in dubio pro natura, that the issuance by the MSRH of any land use with coverage (cobertura) exceeding 30% be immediately suspended, as established in the Matrix of land-use criteria, according to the aquifer contamination vulnerability for the protection of water resources for the canton of Poas, and/or contrary to decrees 25902-MIVAH-MP-MINAE and 38334-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG; and if this action of unconstitutionality is upheld, all land uses issued with 70% coverage be annulled until the POT is approved by the authorized institutions and with all the processes it entails according to articles 13, 15, 16, 17, 18 of the Ley de Planificación Urbana and concordant ones, and that the MSRH be ordered to pay costs, damages, and losses.”

 II.- On the inadmissibility of this action of unconstitutionality. As can be seen from the preceding whereas clause, what is challenged by the petitioner is not the unconstitutionality of the document per se approved in that municipal agreement, but the approval agreement itself, because they consider that the Concejo Municipal de San Rafael de Heredia did not follow the legal procedure. However, it does not correspond to this Court to verify the legality of a municipal agreement via an action of unconstitutionality, nor to establish in this type of process the legal nature of a technical report, such as the result of a direct contracting called “Definition of the Management Policies (Phase 3) of the Hydrogeological Studies for Regulatory Plans Project for the canton of San Rafael,” in order to then define in this same jurisdiction whether or not the definition of regulatory plan (plan regulador) was applicable to it and, consequently, apply all the respective legal provisions to that effect. It is also a matter of legality to establish whether the municipal council and the very commission that processed and submitted it for its consideration had the legal competence to approve it. Now, if what the petitioner intends is to challenge the action of the municipality of San Rafael de Heredia for applying what was approved there to a specific case, such as an impact on the environment and on their property, as they state suffering in their case, by losing the scenic beauty due to the neighboring construction that has been authorized and the other land uses that, according to them, said municipality may have arbitrarily granted, these are allegations that could be heard via amparo, but not through an action of unconstitutionality; a process in which this Court, after requesting reports from the respective authorities, could clearly establish whether the actions taken or omitted by that municipality have placed the right to a healthy environment at risk or not. However, in the terms in which the object of this process has been raised, the appropriate course is to flatly reject the action.

III.-  DISSENTING VOTE OF JUDGE RUEDA. I dissent from the majority opinion of this Court and cast a dissenting vote in this matter, because I consider the flat rejection of the sub lite to be premature. Certainly, the action of unconstitutionality is a process “established for the purpose of guaranteeing the supremacy of the Political Constitution against rules or other provisions of a general nature and for this same reason a set of formalities must be fulfilled, so that the Chamber can validly hear the merits of the challenge,” as ample jurisprudence of this Chamber has repeatedly indicated. However, precisely, the very law governing this jurisdiction establishes the treatment that must be given to the various formalities and their eventual non-compliance. In this sense, Article 80 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional expressly stipulates:

“Article 80.- If the formalities referred to in the two preceding articles are not fulfilled, the President of the Chamber shall indicate by resolution which requirements have been omitted and shall order compliance within the third day (…)”

In the sub examine, among other requirements, precisely an adequate and sufficient substantiation is lacking, as required by Article 78 eiusdem, for which reason the prevention to the petitioner is inexorable in order for them to remedy the detected omission. In addition, I emphasize that, based on the pro homine principle, the literal wording of canons 78, 79, and 80 of the cited law makes plausible a hermeneutic of such nature for the benefit of those who come before this Chamber, so that access to constitutional justice is not unnecessarily limited.

(…)

Por tanto:

The action is flatly rejected. Judge Rueda Leal casts a dissenting vote and orders the prevention of Article 80 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional to be made.”

Considerations applicable to the case at hand. Therefore, prima facie, it is not appropriate to review by means of an action of unconstitutionality whether such agreement –regarding its content or approval procedure– conforms to the legal and regulatory provisions governing the matter, nor its eventual application in particular or specific cases.

IV.- ON THE LACK OF SUBSTANTIATION OF THE FILING BRIEF. Moreover, although the petitioner affirms that the challenged agreement infringes various constitutional rights or principles, the truth is that the filing brief lacks an appropriate substantiation regarding such substantive reproaches, in non-compliance with the provisions of the cited Article 78. The petitioner enunciates or makes a brief reference to the infringement of various components of the Constitutional Law, even mentions international norms –principally, on folios 6 and 7– but no effective argumentative development is made regarding such allegations; in particular, no exposition and clear, precise, and duly detailed and individualized analysis is made of the effective content and scope of such components of the Constitutional Law, for the purpose of relating and confronting them with the challenged agreement in an adequately reasoned manner. In short, there is no precise, sufficient, and duly circumstantiated argumentation regarding the grievances and grounds of the alleged infringement of the Constitutional Law. Moreover, although the petitioner could be prevented to correct compliance with the aforementioned requirements, in the sub lite, such procedure is considered futile, not only because it would entail redrafting the action, but also because Article 9, paragraph 1, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to flatly reject any action that is “manifestly improper or unfounded,” as occurs in the present case.

V.- IN CONCLUSION. As a corollary to the foregoing, it is appropriate to flatly reject the action, as so ordered.

VI.- DISSENTING VOTE OF JUDGE RUEDA. I dissent from the majority opinion of this Court and cast a dissenting vote in this matter, because I consider the flat rejection of the sub lite to be premature. Certainly, the action of unconstitutionality is a process “established for the purpose of guaranteeing the supremacy of the Political Constitution against rules or other provisions of a general nature and for this same reason a set of formalities must be fulfilled, so that the Chamber can validly hear the merits of the challenge,” as ample jurisprudence of this Chamber has repeatedly indicated. However, precisely, the very law governing this jurisdiction establishes the treatment that must be given to the various formalities and their eventual non-compliance. In this sense, Article 80 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional expressly stipulates:

“Article 80.- If the formalities referred to in the two preceding articles are not fulfilled, the President of the Chamber shall indicate by resolution which requirements have been omitted and shall order compliance within the third day (…)”

In the sub examine, among other requirements, precisely an adequate and sufficient substantiation is lacking, as required by Article 78 eiusdem, for which reason the prevention to the petitioner is inexorable in order for them to remedy the detected omission. In addition, I emphasize that, based on the pro homine principle, the literal wording of canons 78, 79, and 80 of the cited law makes plausible a hermeneutic of such nature for the benefit of those who come before this Chamber, so that access to constitutional justice is not unnecessarily limited.

VII.- DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS. I dissent from the majority opinion of this Court and cast a dissenting vote in this matter, because I consider that the decision to flatly reject this action of unconstitutionality is premature. It is known that the action of unconstitutionality is a process “established for the purpose of guaranteeing the supremacy of the Political Constitution against rules or other provisions of a general nature and for this same reason a set of formalities must be fulfilled, so that the Chamber can validly hear the merits of the challenge,” as this Chamber has repeatedly stated. However, it is precisely Article 80 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional itself that mandates the treatment that must be given to the various formalities and their eventual non-compliance:

“Article 80.- If the formalities referred to in the two preceding articles are not fulfilled, the President of the Chamber shall indicate by resolution which requirements have been omitted and shall order compliance within the third day (…)”.

In this matter, among other requirements, an adequate and sufficient substantiation is lacking, as required by Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, so I consider it appropriate to prevent the petitioner so that they remedy the detected omission. Likewise –in my view– the interpretation of Articles 78 and 79 as well as Article 80 of the aforementioned law must be broad for the benefit of those who come before this Chamber, so that access to constitutional justice is not unnecessarily limited.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are prevented that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, informatic, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The action is flatly rejected. Judge Rueda Leal casts a dissenting vote and orders the prevention of Article 80 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional to be made. Judge Garro Vargas casts a dissenting vote and orders the prevention of Article 80 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional to be carried out.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

President

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

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