Res. 38435-2025 Sala Constitucional — Tree marking threat in maritime-terrestrial zone triggers precautionary principle investigationAmenaza de tala de árboles en zona marítimo terrestre requiere investigación y aplicación del principio precautorio

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Sala Constitucional

Resolución Nº 38435 - 2025

Fecha de la Resolución: 21 de Noviembre del 2025 a las 09:15

Expediente: 25-006102-0007-CO

Redactado por: Ana María Picado Brenes

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 25-006102-0007-CO

Res. Nº 2025038435

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-006102-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], mayor, cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], mayor, cédula de identidad [Valor 002], contra la Municipalidad de Santa Cruz y el Ministerio del Ambiente y Energía.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:21 horas del 03 de marzo de 2025, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Santa Cruz y el Ministerio del Ambiente y Energía -MINAE- y expresa que en la Sesión Ordinaria No. 49-2024 celebrada el 5 de diciembre de 2024 el Concejo Municipal de Santa Cruz, aprobó el denominado “Convenio De Donación Para Mejoras Del Camino Público C50313 artículo 8, Inciso 1, del Reglamento sobre el control constructivo en el Cantón de Santa Cruz". Señala que el 15 de enero de 2025, vecinos de la comunidad de Brasilito encontraron marcaciones en más de 120 árboles ubicados en la zona pública de la zona marítimo terrestre y en la zona restringida de Playa Brasilito, sector conocido como Punta Pelencho, Cabo Velas, Santa Cruz, Guanacaste. Menciona que, debido a la posibilidad de tala de dichos árboles, el 15 de enero del año en curso se realizó una denuncia por medio de redes sociales. Añade que el 16 de enero de 2025, la Asociación de Desarrollo Integral de Playa Brasilito presentó ante el Concejo Municipal de Santa Cruz una gestión en la que se opuso a la tala de árboles en la zona marítimo terrestre y en la zona pública de Playa Pelencho, así como su rechazo al convenio de donación para mejoras del camino público aprobado entre la Municipalidad y los desarrolladores del proyecto Ocean Club, Resolución de Viabilidad Ambiental No. 2758-2007. Lo anterior, al argumentar que no se efectuó de previo la consulta ciudadana; que el proyecto afectaría un corredor biológico esencial para la fauna silvestre, como son las en especial para las manadas de monos aulladores (Alouatta palliata palliata), los cuales depende de estos árboles para movilizarse y alimentarse; la existencia de nuevas regulaciones desde el 2007 que no fueron analizadas sobre la disponibilidad del agua y tratamiento de aguas residuales, entre otros. Sin embargo, reclama que tales gestiones no se han resuelto por parte del ente municipal. El 16 de enero de 2025 por oficio No. SINAC-ACT-OSRSCC-055-2025 suscrito por la Oficina Subregional de Santa Cruz-Carillo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación comunicó al alcalde de Santa Cruz que no existe ninguna solicitud de permiso para la corta de árboles en la zona marítimo terrestre de Playa Pelencho. En dicho oficio se indicó que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 18 y 22 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley No. 6043, se prohíbe de manera expresa la corta de árboles, la explotación de recursos naturales y cualquier tipo de intervención sin la debida autorización de las entidades competentes. Además, el documento señala que la vegetación en la playa cumple funciones ecológicas fundamentales, como la protección contra la erosión, la regulación térmica y la conectividad biológica para la fauna silvestre, incluyendo especies arborícolas. Amén de esto, se instó al ente municipal a aclarar públicamente la situación y brindar información a la ciudadanía sobre la posible remoción de los árboles. Refiere que a pesar de la recomendación el ente municipal continúa sin pronunciarse al respecto. Agrega que el 16 de enero de 2025 la Municipalidad de Santa Cruz realizó una inspección en el sitio y emitió el “Informe de inspección denuncia por posible tala de árboles en la zona Pública de la zona marítimo terrestre de Playa Brasilito, Santa Cruz, Guanacaste” oficio No. DAM-DGA-PA0007-2025, mediante el cual confirmó que los árboles estaban marcados, pero sin identificar el motivo ni a los responsables. Afirma que aún y cuando existen más de 120 árboles demarcados dentro de zona protegida, las autoridades recurridas no tomaron ninguna acción al respecto, ni aclararon a la ciudadanía la situación. Comenta que dentro del citado informe la Municipalidad recurrida confirmó la existencia del “Convenio De Donación Para Mejoras Del Camino Público C50313”, en el que se incluye la tala de 68 árboles. Expresa que la comunidad relacionó la demarcación de los árboles con la construcción de un proyecto inmobiliario denominado “Cantomar Ocean Club”, desarrollado por la empresa Inversiones Inmobiliarias Watchtower Costa Rica LTDA, cuyo expediente D1- 1286-2006-SETENA fue aprobado por el Ministerio del Ambiente y Energía el 17 de diciembre de 2007. Alega que la municipalidad accionada no ha entregado ninguna información oficial sobre la posible vinculación entre el proyecto supra citado, la intervención en zona pública y el camino público. El 17 de enero de 2025, el Lic. Germán Pochet Ballestero en representación de la Asociación Punta Loros, publicó un video afirmando que los árboles no serían talados y esa Asociación había realizado un “inventario de árboles” con placas de identificación. Por tal motivo, se procedió a solicitar ante la Asociación y la Municipalidad de Santa Cruz copia del convenio; sin embargo, su gestión no fue atendida. Explica que la única información que se entregó fue un documento denominado “Evaluación rápida del riesgo y Evaluación básica del Riesgo para los árboles en zona pública marítima”. Resalta que la autoridad competente para determinar la existencia de algún tipo de riesgo en cuanto a la administración forestal es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y no la Municipalidad de Santa Cruz. Acota que el 24 de enero de 2025 organizaciones comunitarias presentaron ante el Concejo Municipal de Santa Cruz una solicitud con por 584 firmas solicitando “(…) ● La anulación del convenio de donación para mejoras del camino público C503138, conocido como “Calle Estero Ostional”, aprobado el 5 de diciembre del 2024 por el Concejo Municipal Sesión Ordinaria 49-2024 de conformidad con lo establecido en el artículo 8, Inciso 1 [del reglamento para el control de 3 fraccionamientos de la Municipalidad de la Cruz] y presuntamente con el Desarrollo Inmobiliario Watchtower LTDA, “conocido como Cantomar”. ● Acceso a la información sobre la tala de árboles y el proyecto vial. La integración del Comité Punta Pelencho en las discusiones y toma de decisiones (…)”. Además, se aportó el informe técnico SM-CR-01-2025 de la organización Salvémonos Costa Rica que establece que de darse la tala de árboles en la zona marítimo terrestre y el camino de acceso afectaría la conectividad biológica de una tropa de al menos 24 monos congo (Alouatta palliata palliata) especie clasificada como vulnerable por la IUCN, así como otras especies de fauna silvestre, lo cual está regulado dentro del Decreto Ejecutivo No. 40149-MOPT. Destaca que el mono Congo, el cual es considerado como una especie “sombrilla” lo que significa que, al ocupar hábitats o rangos hogareños amplios en el ecosistema, las interacciones son más diversas y mutuas con otros organismos. Por ello su existencia favorece a muchas otras especies, si se hace una afectación a una especie sombrilla, se afectará en una cadena a muchas más especies que se benefician directa o indirectamente. El mono Congo se ha considerado una especie sombrilla debido a que son vitales para mantener el equilibrio biológico en los bosques. Los parches de osque o remanentes en donde viven actualmente, son dispersores de semillas y necesitan áreas boscosas continuas, así como continuos, lo que su protección y conservación favorece a muchas otras especies incluyendo al ser humano. En este sentido se puede identificar que su conservación y protección presenta un aporte en cuatro dimensiones del desarrollo sostenible. El Programa de Posgrado en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica tiene por concepto de Desarrollo Sostenible en Jorquera, 2017 como: “Un proceso social y económico para el manejo y conservación de los recursos naturales, contemplando como elementos fundamentales la equidad social, participación ciudadana y diversidad cultural para garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras”. (Índice de Vulnerabilidad del mono congo ‘Alouatta palliata palliata’ desde la visión del desarrollo sostenible para su conservación). En ese sentido, es de conformidad con lo previsto en el numeral 50 de la Constitución Política, debe tutelarse la protección de especies en peligro de extinción y el mantener el equilibrio de los ciclos naturales que sostienen la vida, para evitar que los sistemas colapsen. Amén de esto, valorar que no solo se afecta la fauna, sino también la flora y biodiversidad de los ecosistemas, así como las posibles afectaciones en la economía de la población que depende se los servicios medioambientales. Por otra parte, la pérdida de biodiversidad producto de la contaminación, de la explotación inadecuada de los recursos forestales estatales entre otras, es una de las formas a través de las cuales rompen con la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces irreversibles y acumulativos. Tales aspectos deben de ser resguardados por el Estado Costarricense. Afirma que el Estado debe proteger el ambiente, el ecosistema y los bienes demaniales que son de uso público, conforme a lo dispuesto en nuestra Constitución Política, jurisprudencia de la Sala Constitucional, así como convenios y tratados internacionales. Reclama que la Municipalidad de Santa Cruz ha inobservado su deber precautorio en materia ambiental, para asegurar la calidad de vida de los habitantes, así como la protección al medio ambiente, y el debido reparto de las riquezas al sobreponer un proyecto de infraestructura a la posible afectación de la biodiversidad, del ambiente, flora, fauna y la zona marítimo terrestre, en detrimento de los intereses de la comunidad de Brasilito. Lo anterior, por cuanto se ha generalizado que el uso de espacios públicos se privatice con tolerancia de la Municipalidad de Santa Cruz, en detrimento de los derechos de la ciudadanía y del propio patrimonio del Estado. Asimismo, se han otorgado permisos de construcción para el mencionado proyecto exclusivo inmobiliario de un altísimo impacto socio-ambiental que, además, aumentan los riesgo la habitabilidad de la zona de las presentes y futuras generaciones ya que, pese a contar con los permisos de SETENA los mismos no cuentan con estudios sobre el impacto del cambio climático y el potencial impacto sobre el aumento del nivel del mar y el impacto que puede tener sobre la zona pública de la zona marítimo terrestre y el acceso a la misma. No se consideraron los impactos ambientales inmediatos. Alega que la progresiva privatización de facto de los espacios públicos en Santa Cruz, con la tolerancia de las autoridades municipales, vulnera principios fundamentales de no discriminación e igualdad, pilares esenciales del derecho constitucional y de los principios democráticos en un Estado Social de Derecho. Menciona que aún y cuando existe un permiso otorgado por el SETENA, se cuestiona su validez, debido que los funcionarios que otorgaron los permisos son imputados en el caso en investigación por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ordenó la detención de 2 funcionarios de SETENA de apellidos Quirós Brenes y Álvarez Acosta, quienes otorgaron el permiso de viabilidad ambiental del presente proyecto Cantomar, sobre el cual se sospecha la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho propio e impropio, y penalidad del corruptor, en el llamado Caso Comején y que, con anterioridad otro proyecto fue detenido en la misma localidad debido a irregularidades en los permisos de viabilidad ambientales en el que fue el proyecto Azulera Resort. En este caso, es importante que, en aplicación del principio precautorio en materia ambiental, se tomen las acciones pertinentes para evitar la corta de los árboles dentro de la zona marítimo terrestre y la zona protegida en cuestión, para evitar una afectación irreversible en el ambiente de la zona, con la afectación a la flora, fauna y la vida humana por los posibles cambios en la ecología del sitio. Por otra parte, alega que el acceso a la playa de Punta Pelencho se encuentra amenazado por la posible instalación de una "aguja de control” con un guarda de seguridad, promovida por la Asociación Punta Loros con la anuencia de la Municipalidad de Santa Cruz, lo que implicaría la privatización del dominio público, al impedir el libre tránsito por la zona y el acceso a la playa que es un bien demanial. Lo anterior, de acuerdo con lo señalado en el punto 8 de la Evaluación rápida del riesgo y Evaluación básica del Riesgo para los árboles en zona pública marítima de la Asociación Punta Loros Para La Sostenibilidad, Conservación Y Promoción Responsable De La Zona Pública De La Zona Marítima Terrestre Playa Punta Loro, Brasilito Guanacaste, que recomienda la colocación de agujas, así como otro tipo de barreras artificiales y naturales que impidan el acceso, pese a tratarse de una zona de dominio público. Si bien es cierto, la Municipalidad puede reglamentar el uso de las vías públicas a su cargo en resguardo del orden público, esto no puede imponer limitaciones a la libre circulación por tales vías, ni autorizar a un sujeto de derecho privado a ejecutarlas. De esa forma, lo actuado por la Municipalidad de Santa Cruz en lo que respecta al convenio de donación de un camino público a favor de una empresa privada, para la construcción de un Club de Playa, implicaría el uso de la vía y la playa como bienes privados, es contrario a derecho y va en detrimento del interés colectivo al tratarse de un bien demanial, ubicado dentro de una zona protegida y la zona marítima terrestre. Sostiene que la posible instalación de una "aguja de control" en el acceso a la playa de Punta Pelencho, promovida por la Asociación Punta Loros constituye un intento de privatización de facto de un bien de dominio público, en contravención directa de lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley No. 6043, en relación con el artículo 22 de la Constitución Política. En este sentido, la Municipalidad de Santa Cruz no solo está incumpliendo su deber de garantizar el acceso libre y universal a la ZMT, sino que está facilitando la apropiación indebida de bienes públicos por parte de intereses privados. Añade que es necesario que la Municipalidad de Santa Cruz entregue toda la información que le fue requerida sobre el convenio objeto de discusión, así como las donaciones efectuadas, los permisos conseguidos a la Asociación Punta Loros. Asimismo, que brinde a la comunidad de Brasilito la información sobre el caso y realice las consultas pertinentes para que puedan participar en asuntos de interés público. Añade que en sesión extraordinaria celebrada el 6 de febrero de 2025, el Concejo Municipal de Santa Cruz conoció el oficio AJ-65-2025, el cual hace referencia al oficio DAM-208-2025 de la Alcaldía Municipal y al acuerdo de la sesión ordinaria No. 3-2024, artículo 4, inciso 5, relacionado con la gestión promovida por el señor [Nombre 002] en representación de la comunidad. Durante esta sesión, el Comité Punta Pelencho solicitó formalmente a la Municipalidad: “(…) 1. Compromiso explícito de que no se procederá con la corta de árboles en la zona pública de la Zona marítimo terrestre. 2. Copia del convenio suscrito entre la Municipalidad y aprobado por el Concejo Municipal Sesión Ordinaria 49-2024 de conformidad con lo establecido en el artículo 8, Inciso 1 [del reglamento para el control de fraccionamientos de la Municipalidad de la Cruz] y presuntamente con el Desarrollo Inmobiliario Watchtower LTDA, “conocido como Cantomar”. 3. Garantía de participación ciudadana en reuniones para la solución de los conflictos ambientales y urbanísticos en la zona. (…)”. El Concejo Municipal aprobó por unanimidad trasladar la solicitud a la Alcaldía para que se mantenga informada y, a su vez, brinde un informe al Concejo Municipal. Sin embargo, al día de interposición de este recurso, el alcalde de Santa Cruz no ha brindado la información solicitada, ni se ha garantizado la participación ciudadana. A pesar del reconocimiento de la problemática por parte de la municipalidad y del compromiso de emitir un informe sobre la situación, la falta de respuesta efectiva y la omisión de garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana constituyen una violación de los derechos fundamentales de los habitantes de Brasilito. El 10 de febrero de 2025 por Oficio SM-116-ORD-05-2025 la secretaría del Concejo Municipal de Santa Cruz comunicó que en la Sesión Ordinaria No. 05- 2025, se acordó por unanimidad trasladar a la Alcaldía Municipal la solicitud presentada por el ciudadano [Nombre 002], quien había solicitado una copia del convenio de donación para mejoras del camino público C503138. Reitera que dicho convenio es esencial para poder determinar la naturaleza de la intervención vial y posible autorización de la tala de árboles, así como los términos en los que presuntamente se estaría privatizando de facto el acceso a la playa conocida como Punta Pelencho, restringiendo el acceso a la zona pública de la Zona marítimo terrestre. No obstante, el recurrido no ha atendido las múltiples gestiones y requerimientos para la entrega de la información. Reprocha que la Municipalidad de Santa Cruz no ha tomado ninguna medida con la finalidad de garantizar la tutela efectiva del ecosistema de Playa Pelencho, ante los posibles daños en el ambiente y en la zoma marítimo terrestre. Por otra parte, señala que en la página oficial de Cantomar en las preguntas frecuentes “FAQ” se indica que las propiedades se pueden comprar “a nombre de un individuo, corporación u otra corporación, fideicomiso o fundación”, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre que señala que “(…) No se podrán otorgar concesiones: a) A extranjeros que hayan residido en el país menos de 5 años en forma continua, según conste en certificación extendida para tales efectos por las autoridades nacionales de Migración; b) A sociedades anónimas con acciones al portador; c) A sociedades o entidades domiciliadas en el exterior; ch) A entidades cuyas acciones o cuotas o capital, corresponden en más de cincuenta por ciento a extranjeros; ni d) A cualquier otro tipo de entidad, no comprendida en los incisos anteriores, en que más de la mitad de sus miembros no sean costarricenses (…)”. Agrega que las afirmaciones sobre la titularidad de propiedades en la zona marítimo terrestre de Costa Rica son engañosas y podrían inducir a error a los inversionistas extranjeros, al equiparar de manera fraudulenta el régimen concesionario costarricense con el sistema de propiedad privada de los Estados Unidos. Tal situación atenta contra el principio de soberanía y podría generar expectativas erróneas en los compradores internacionales quienes luego actúan discriminatoriamente contra quienes hacen ejercicio de su libertad de tránsito en zonas públicas. Considera que los hechos expuestos lesionan los derechos fundamentales del amparado.

2.- Mediante resolución de las 09:13 horas del 10 de marzo de 2025, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe al alcalde, el presidente del Concejo Municipal, el jefe del Departamento de Zona Marítimo Terrestre y el jefe del Departamento de Gestión Ambiental, todos de la Municipalidad de Santa Cruz; el jefe de la oficina Subregional Santa Cruz- Carillo y el director regional, ambos, del Área de Conservación Tempisque, el director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el secretario Técnico Nacional Ambiental y el viceministro del Ambiente, todos del MINAE, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Informan bajo juramento Jorge Mario Rodríguez Zúñiga y David Chavarría Morales, respectivamente, en su condición de Viceministro de Ambiente y de Director Ejecutivo en ejercicio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ambos del MINAE (escrito presentado a las 17:01 horas del 14 de marzo de 2025) en los siguientes términos:

“I. HECHOS

Hechos alegados por la recurrente:

(…)

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

PRIMERO: El recurso de amparo es un proceso judicial que se tramita en la Sala Constitucional y que constituye la denominada jurisdicción constitucional de la libertad, su existencia garantiza la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en el país. La Ley de la Jurisdicción Constitucional establece en su numeral 29 que el recurso de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esta ley, salvo los protegidos por el de hábeas corpus, establece además que procede contra toda disposición, acuerdo o resolución y en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos. No sólo procede contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas.

SEGUNDO: En el ordenamiento jurídico costarricense, el Recurso de Amparo se desprende de las normas constitucionales número 10° y 48° de la Constitución Política, que establece que toda persona tiene derecho al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los derechos consagrados en la Constitución, así como los de carácter fundamental, establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República. Existe todo un título dentro de este cuerpo normativo, donde se establecen una serie de derechos y garantías individuales tales como el derecho a la vida en el artículo 21, el derecho a la intimidad, libertad y secreto de las comunicaciones del artículo 24, el derecho de igualdad que se consagra en el artículo 33, derecho que tienen los consumidores y usuarios (de servicios públicos) a la protección del ambiente en el artículo 46 y muchos otros, establecidos dentro de los derechos y garantías sociales, tales como derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el correlativo deber estatal de tutelarlo, - artículo 50- y el deber estatal de proteger las bellezas naturales, lo que supone una tutela por lo menos indirecta del ambiente o parcial de éste en tanto apunta a un aspecto que lo integra: los paisajes naturales, en el artículo 89.

TERCERO: La Sala Constitucional sólo está sometida a la Constitución, a la Ley y su jurisprudencia y precedentes son vinculantes erga omnes salvo para sí misma. Esta disposición es importante dado que lo resuelto por la Sala es vinculante para los demás órganos públicos, tanto administrativos como judiciales, así como para todos los particulares.

III. DE LA RESOLUCIÓN DE LAS NUEVE HORAS TRECE MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL VEINTICINCO

En relación con la parte dispositiva de la citada resolución, este Despacho procede a rendir informe en los siguientes términos:

En relación con la parte dispositiva de la citada resolución, este Despacho procede a rendir informe en los siguientes términos:

PRIMERO: Hacemos notar a la Sala Constitucional, que el Despacho Ministerial atiende un altísimo circulante de correspondencia, pues nuestro alcance es de nivel nacional; por consiguiente, se atiende la correspondencia conforme ingresa, aún así muchas veces debemos de realizar la coordinación interna con Direcciones o Departamentos centralizados o regionalizados, o bien órganos desconcentrados por razón de la materia, lo que genera una demora en la atención de los diversos trámites que maneja este Despacho, sin que ello conlleve per sé una desidia en la atención de los mismos.

SEGUNDO: Que, en relación con la sentencia de las nueve horas trece minutos del diez de marzo de dos mil veinticinco, se pone en conocimiento a la Sala Constitucional del cumplimiento de la resolución, se adjunta No. Oficio SINAC-ACT-OSRSCC-263-2025 emitida por el señor Ing. Orlando Matarrita Suárez, jefe Oficina Subregional Santa Cruz-Carrillo, que indica lo siguiente:

“Que, en los registros de esta oficina subregional del SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN, no consta permiso alguno para corta de árboles en favor de la Municipalidad de Santa Cruz, ni de algún otro ente o persona física ni jurídica, esto para el sector de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre comprendido entre los mojones números del 604 al 611, y en el sector de calle pública que brinda acceso a esa playa en el tramo comprendido entre las coordenadas E304564-N1152930 / E303925 – N 1152817.” (La negrita no es parte del original).

TERCERO: Que, según el oficio No. SINAC-ACT-OSRSCC-055-2025 de fecha 16 de enero del 2025 emitido por el señor Ing. Orlando Matarrita Suárez, Jefe Oficina Subregional Santa Cruz-Carrillo, indico lo siguiente:

“… Como ya es por usted sabido, en los últimos días ha habido una reacción por parte de pobladores aledaños a playa Brasilito, esto por una especie de marcas (placas) que han aparecido en los árboles ubicados en la zona pública de playa en el extremo norte de Playa Brasilito, conocido como “playa Pelencho”, lo cual le ha llevado a pensar que los árboles serán talados y esto les ha generado mucha preocupación. Al respecto esta oficina ha sido clara en informarle a los ciudadanos que nos han consultado, que no hay en SINAC un expediente abierto en el cual conste una solicitud por parte de esa municipalidad, para obtener un permiso de corta para esos árboles. Lo cual es cierto. Respecto a la zona pública, me permito transcribir los siguientes artículos de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre, número 6043. Artículo número 12. “En la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación”.

Artículo número 18 “En casos excepcionales, como la construcción de plantas industriales, instalaciones de pesca deportiva o instalaciones artesanales, de obras portuarias, programas de maricultura, u otros establecimientos o instalaciones similares, para cuyo funcionamiento sea indispensable su ubicación en las cercanías del mar, se podrá autorizar el uso de las áreas de la zona marítimo terrestre que fueren necesarias para facilitar su edificación y operación, siempre que se cuente con la aprobación expresa de la municipalidad respectiva, del Instituto Costarricense de Turismo, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y demás instituciones del Estado encargadas de autorizar su funcionamiento, así como del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.”

Artículo número 22. “En la zona pública no se permitirá ningún tipo de desarrollo, excepto las obras de infraestructura y construcción que en cada caso aprueben el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y la respectiva municipalidad, atendiendo al uso público a que se destinen, o que se trate del establecimiento y operación de instalaciones turísticas estatales de notoria conveniencia para el país”.

En vista de lo anterior, y que esta oficina no conoce la existencia de algún tipo de proyecto de interés público, que se vaya a desarrollar en ese sector de playa, se tiene suficientes argumentos para suponer que no existe un interés por parte de esa municipalidad para la remoción de esos árboles.

En cuanto a la vegetación de playa, esta cumple funciones ecológicas muy importantes, tales como: protección de las dunas ante la erosión, regulación de la temperatura de la arena en la playa, lo cual es necesario para el adecuado desarrollo de los animales y organismos que eso dependen, también brinda conectividad para el desplazamiento y alimentación de animales arborícolas y por último y no menos importante, dar sombra a las personas usuarias de la playa. Por lo cual la preocupación por la posible eliminación de esos árboles por parte de los ciudadanos es muy válida y hasta plausible.

Por lo anterior se considera muy apropiado y necesario, que esa municipalidad aclare por los medios apropiados ante la ciudadanía sobre la existencia real o no, de un interés por la remoción de esos árboles. Esto por cuanto esta oficina desde un principio ha estado informando a los ciudadanos que consultan y se quejan, que no existe un permiso, ni el trámite alguno para la obtención de un permiso ante SINAC por la Municipalidad de Santa Cruz como administradora de la zona pública. Sin embargo, no se ha visto la respuesta oportuna por parte de esa municipalidad ante las quejas de los ciudadanos, lo cual genera que persista la preocupación de la ciudadanía.

Aprovecho la oportunidad para solicitar formalmente a la Municipalidad de Santa Cruz, la instalación en ese sector de playa de algún tipo de obstáculos o dispositivos que impidan el acceso de automotores a la misma, pues ese es un problema que algunos ciudadanos también han denunciado se está presentando en el sitio y que efectivamente está sucediendo”.

Todo esto refleja una atención y coordinación interinstitucional debida y efectiva y que rendido el presente informe y en virtud de lo indicado, se solicita se declare sin lugar el recurso de amparo interpuesto por la parte recurrente, por cuanto las actuaciones de mi representada no han configurado vulneración a derecho fundamental alguno y en cambio el accionar del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación resulta acorde a la normativa y se está atendiendo en tiempo y forma correspondientes respecto a los hechos alegados.

CUARTO: Es importante a su vez tener presente que la Ley 7788, del 30 de abril de 1998, Ley de Biodiversidad, en su artículo 22 establece, por medio de la creación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que el mismo constituye un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica. En este mismo sentido versa el artículo 31 de la misma Ley de Biodiversidad que cada Área de conservación estará a bajo la responsabilidad de un director encargado de aplicar dicha La Ley 7788, así como las otras leyes que rigen la materia, implementar las políticas nacionales y ejecutar las directrices del Consejo Regional de su Área de Conservación o las del ministro del Ambiente y Energía, ante quienes responderá. En la misma línea debe tenerse presente lo señalado por el artículo 28 de la misma ley, en cuanto a que el Sistema estará constituido por unidades territoriales denominadas Áreas de Conservación, donde cada área de conservación es una unidad territorial del país, delimitada administrativamente, regida por una misma estrategia de desarrollo y administración, debidamente coordinada con el resto del sector público. En cada uno se interrelacionan actividades tanto privadas como estatales en materia de conservación sin menoscabo de las áreas protegidas. Las Áreas de Conservación se encargarán de aplicar la legislación vigente en materia de recursos naturales, dentro de su demarcación geográfica. En este sentido puede entenderse, que en el caso en particular el Área de Conservación Tempisque ha Actuado de manera diligente, pues ha establecido las coordinaciones oportunas para el resguardo de las zonas señaladas en el recurso, sumado al hecho de que no se ha tramitado dentro de las competencias que ostenta el SINAC, en el Área de Conservación Tempisque, alguna gestión para la autorización de corta de árboles, y no existe como se ha expuesto anteriormente expediente abierto en tal sentido, siendo esto más bien resorte de la jurisdicción agraria bajo el proceso de (sic)

QUINTO: En concordancia con el artículo anterior debemos tener presente lo establecido la Ley Forestal Número 7575, en la cual por medio del artículo 34 se establece expresamente que se encuentra expresamente PROHIBIDO talar en áreas protegidas, es decir se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo 33 de la misma ley, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional. En este sentido el MINAE, estaría imposibilitado para ordenar la tala de los árboles que se exponen en el recurso debiendo realizarse esta gestión ante el Juzgado Agrario competente por medio del proceso sumario de derribo de árboles, lo cual en este momento como se expone anteriormente se desconoce, ni mucho menos se ha solicitado por parte del Juzgado Agrario alguna gestión en este sentido.

SEXTO: En lo referente a la aparente instalación de posible instalación de una "aguja de control” con un guarda de seguridad, promovida por la Asociación Punta Loros con la anuencia de la Municipalidad de Santa Cruz, no es competencia del Área de Conservación ni del MINAE, el autorizar dicha instalación dentro del marco de legalidad y competencias del MINAE y el Área de Conservación en específico.

Las pruebas documentales referidas, que se aportan en este Amparo demuestran la buena fe de parte de este Despacho en el trámite llevado a cabo.

IV. PETITORIA

De conformidad con lo estipulado en el presente informe y las pruebas documentales aportadas, solicito SE DECLARE SIN LUGAR el presente Amparo, en lo que corresponda al Ministerio de Ambiente y Energía. Solicito se exima a nuestro Ministerio del pago de costas procesales de conformidad con lo expuesto en el artículo 52, párrafo 1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dada la naturaleza de la función que compete a esta Institución en cuanto a la protección de los recursos naturales, cual es la naturaleza de esta institución, además de que como se expone en el recurso hasta donde se tiene conocimiento no se ha realizado la tala de los árboles en cuestión y además que por parte del Área de conservación Tempisque, el SINAC y el MINAE, no se ha tramitado ni autorizado la tala de dichos árboles en las áreas señaladas”.

 

4.- Informa bajo juramento Nelson Marín Mora, en su condición de director regional del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (escrito presentado a las 10:01 horas del 19 de marzo de 2025) en los siguientes términos:

“PRIMERO: Que, en relación con la sentencia de las nueve horas trece minutos del diez de marzo de dos mil veinticinco., se pone en conocimiento a la Sala Constitucional del cumplimiento de la certificación, se adjunta No. Oficio SINAC-ACT-OSRSCC-263-2025 emitida por el señor Ing. Orlando Matarrita Suárez, Jefe Oficina Subregional Santa Cruz Carrillo, que indica lo siguiente: “Que, en los registros de esta oficina subregional del SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN, no consta permiso alguno para corta de árboles en favor de la Municipalidad de Santa Cruz, ni de algún otro ente o persona física ni jurídica, esto para el sector de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre comprendido entre los mojones números del 604 al 611, y en el sector de calle pública que brinda acceso a esa playa en el tramo comprendido entre las coordenadas E304564- N1152930 / E303925 – N 1152817.” (La negrita no es parte del original).

SEGUNDO: Que, según el oficio No. SINAC-ACT-OSRSCC-055-2025 de fecha 16 de enero del 2025 emitido por el señor Ing. Orlando Matarrita Suárez, Jefe Oficina Subregional Santa Cruz-Carrillo, indico lo siguiente:

“… Como ya es por usted sabido, en los últimos días ha habido una reacción por parte de pobladores aledaños a playa Brasilito, esto por una especie de marcas (placas) que han aparecido en los árboles ubicados en la zona pública de playa en el extremo norte de Playa Brasilito, conocido como “playa Pelencho”, lo cual le ha llevado a pensar que los árboles serán talados y esto les ha generado mucha preocupación.

Al respecto esta oficina ha sido clara en informarle a los ciudadanos que nos han consultado, que no hay en SINAC un expediente abierto en el cual conste una solicitud por parte de esa municipalidad, para obtener un permiso de corta para esos árboles. Lo cual es cierto. Respecto a la zona pública, me permito transcribir los siguientes artículos de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre, número 6043. Artículo número 12. “En la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación”. Artículo número 18 “En casos excepcionales, como la construcción de plantas industriales, instalaciones de pesca deportiva o instalaciones artesanales, de obras portuarias, programas de maricultura, u otros establecimientos o instalaciones similares, para cuyo funcionamiento sea indispensable su ubicación en las cercanías del mar, se podrá autorizar el uso de las áreas de la zona marítimo terrestre que fueren necesarias para facilitar su edificación y operación, siempre que se cuente con la aprobación expresa de la municipalidad respectiva, del Instituto Costarricense de Turismo, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y demás instituciones del Estado encargadas de autorizar su funcionamiento, así como del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.”

Artículo número 22. “En la zona pública no se permitirá ningún tipo de desarrollo, excepto las obras de infraestructura y construcción que en cada caso aprueben el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y la respectiva municipalidad, atendiendo al uso público a que se destinen, o que se trate del establecimiento y operación de instalaciones turísticas estatales de notoria conveniencia para el país”.

En vista de lo anterior, y que esta oficina no conoce la existencia de algún tipo de proyecto de interés público, que se vaya a desarrollar en ese sector de playa, se tiene suficientes argumentos para suponer que no existe un interés por parte de esa municipalidad para la remoción de esos árboles.

En cuanto a la vegetación de playa, esta cumple funciones ecológicas muy importantes, tales como: protección de las dunas ante la erosión, regulación de la temperatura de la arena en la playa, lo cual es necesario para el adecuado desarrollo de los animales y organismos que eso dependen, también brinda conectividad para el desplazamiento y alimentación de animales arborícolas y por último y no menos importante, dar sombra a las personas usuarias de la playa. Por lo cual la preocupación por la posible eliminación de esos árboles por parte de los ciudadanos es muy válida y hasta plausible.

Por lo anterior se considera muy apropiado y necesario, que esa municipalidad aclare por los medios apropiados ante la ciudadanía sobre la existencia real o no, de un interés por la remoción de esos árboles. Esto por cuanto esta oficina desde un principio ha estado informando a los ciudadanos que consultan y se quejan, que no existe un permiso, ni el trámite alguno para la obtención de un permiso ante SINAC por la Municipalidad de Santa Cruz como administradora de la zona pública. Sin embargo, no se ha visto la respuesta oportuna por parte de esa municipalidad ante las quejas de los ciudadanos, lo cual genera que persista la preocupación de la ciudadanía.

Aprovecho la oportunidad para solicitar formalmente a la Municipalidad de Santa Cruz, la instalación en ese sector de playa de algún tipo de obstáculos o dispositivos que impidan el acceso de automotores a la misma, pues ese un problema que algunos ciudadanos también han denunciado se está presentando en el sitio y que efectivamente está sucediendo”.

Todo esto refleja una atención y coordinación interinstitucional debida y efectiva y que rendido el presente informe y en virtud de lo indicado, se solicita se declare sin lugar el recurso de amparo interpuesto por la parte recurrente, por cuanto las actuaciones de mi representada no han configurado vulneración a derecho fundamental alguno y en cambio el accionar del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación resulta acorde a la normativa y se está atendiendo en tiempo y forma correspondientes respecto a los hechos alegados.

Por los motivos expuestos, se solicita que se declare sin lugar el presente Recurso de Amparo”.

 

5.- Informa bajo juramento Andrés Cortez Orozco, en su condición de Secretario General interino de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (escrito presentado a las 14:03 horas del 19 de marzo de 2025) en los siguientes términos:

“comparezco a rendir informe de cumplimiento de lo ordenado mediante resolución de las 09 horas 13 minutos del 10 de marzo del año dos mil veinticinco, notificado el día 14 de marzo del 2025, en proceso de recurso de amparo tramitado bajo el expediente constitucional No. 25-006102- 007-CO, de la siguiente manera:

Con relación al Formulario de Evaluación Ambiental (D1+P-PGA), al cual se le asignó el expediente administrativo número D1-1286-2006, para el proyecto Ocean Club, al cual se le otorgó la viabilidad ambiental mediante resolución No. 2758-2007-SETENA, me permito referirme a los alegatos relacionados con el proceso de evaluación de impacto ambiental presentes en recurso de amparo, expediente No 25-006102-007-C.

Alegatos:

PRIMERO: La viabilidad ambiental otorgada no cuenta con estudios sobre el impacto en el cambio climático y el potencial impacto sobre el nivel del mar.

Según la normativa vigente el momento de tramitación de la viabilidad ambiental, es decir los decretos 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y 32966-MINAE, no era un requisito presentar estudios sobre el impacto en el cambio climático y el potencial impacto sobre el nivel del mar, la introducción de la variable de cambio climático en los procesos de evaluación de impacto ambiental es un tema novedoso en la región latinoamericana, todavía más en nuestro país, aún al día de hoy no se encuentra presente en la normativa vigente sobre evaluación de impacto ambiental, apenas se está en el proceso de análisis de como introducir el tema en los procesos de licenciamiento ambiental, ya que con el tiempo se ha reconocido la necesidad de realizar este análisis, claramente en el año en que fue analizado en el expediente en cuestión, año 2007, no existía una obligación ni para el interesado ni para la administración de entrar a analizar el impacto del proyecto en el cambio climático y el potencial impacto sobre el nivel del mar.

Si se realizó un análisis sobre las amenazas naturales en torno al proyecto, el mismo concluyó lo siguiente:

“Síntesis de resultados y conclusiones

El contacto entre las unidades del Complejo de Nicoya es discordante e irregular a veces muestra metamorfismo producido por las intrusiones; las unidades no tienen una forma geométrica definida. No hay tendencias estructurales definidas en las rocas pues existen buzamientos con direcciones noreste y noroeste en las radiolaritas, con ángulos entre 28° y 50°.

La principal amenaza para el proyecto se asocia a los sismos originados en la zona sísmica de Nicoya y de Papagayo. En la zona sísmica de Nicoya la ocurrencia anual de sismos con magnitud M mayor a 4,5 es de 2,7542 y el valor medio probable de máxima magnitud que podría generar la fuente sísmica es de 7,7 para una profundidad entre 0 y 40km. Se sabe de la existencia de un GAP sísmico producto de la quietud que ha mantenido la zona en los últimos 50 años.

Por esto se debe tomar en cuenta dicha limitante técnica a la hora de los diseños de las obras. También es importante que los taludes que se lleguen a construir como parte del proyecto, en los caminos de acceso y terrazas, tengan ángulos y alturas adecuadas para evitar los desprendimientos y en el peor de los casos deslizamientos de los materiales, que se caracterizan por una mala calidad geomecánica.

Entre las virtudes del terreno están las pendientes moderadas hacia la parte sur del lote, que lo hace apto para la construcción, pues disminuye la susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos gravitacionales de material o deslizamientos. El poco espesor de suelo en el AP permite la cimentación de las obras sobre roca dura, lo que implica una mejor respuesta de las estructuras ante aceleraciones en el terreno por sismos, también resulta ventajoso la ausencia de potenciales de licuefacción por las características geotécnicas de los suelos. Riesgo de inundación

A pesar de que el proyecto se encuentra cerca de dos ríos importantes tanto en su parte norte como en su parte sur, el riesgo de inundación es bajo principalmente por la distancia que existe entre el predio y los cuerpos superficiales, además históricamente, no hay registros que evidencien un peligro latente en la zona”

SEGUNDO: El proyecto no cuenta con estudios sobre el impacto en la zona pública de la zona marítimo terrestre y el acceso a la misma.

En el folio 195 del expediente se puede observar el oficio SGPDGI-837-2007, del 4 de mayo de 2007, en el cual se le solicita al desarrollador aportar información adicional, específicamente se solicitó lo siguiente:

“Identificar los impactos ambientales en la zona marítima terrestre, y establecer medidas de mitigación tanto para la fase operativa y constructiva”. Esta información fue aportada por el desarrollador del proyecto, y esta visible en los folios 201-196 del expediente.

Por lo anterior es claro, que se cuenta con un análisis y valoración de los potenciales impactos del proyecto en la zona pública de la zona marítimo terrestre (ZMT), en cuanto al acceso a esta, la normativa vigente en el país es clara sobre el acceso a la zona publica de la ZMT, por lo que no es resorte de le evaluación ambiental, valorar temas de acceso a esta, el desarrollador del proyecto y cualquier persona en el país está obligada a cumplir la normativa que rige la ZMT.

Por otra parte el estudio determinó en relación a los impactos en las zonas cercanas a la ZMT, lo siguiente:

(…)

En este caso el compromiso es que debe existir un respeto total a los límites de los mojones de la ZMT.

(…)

Se determinaron medidas de conservación para toda el área colindante, (220metros) promoviendo la conservación de la biodiversidad.

TERCERO: No se consideraron los impactos inmediatos.

Los impactos ambientales sobre las áreas de influencia del proyecto si fueron considerados y evaluados, el proyecto en cuestión fue evaluado con el instrumento de Pronostico-Plan de gestión ambiental (P-PGA), los potenciales impactos de proyecto al medio ambiente fueron identificados, valorados y se presentaron las respectivas medidas ambientales para su mitigación. Esto consta en los folios 75- 80, 16-01 y 172-167 del expediente administrativo.

Por ejemplo, en relación directa al tema, estas son las medidas previstas, donde claramente en el punto dos se indica, No permitir la remoción de coberturas vegetales en las zonas ambientalmente frágiles

(…)

CUARTO: Se cuestiona la validez de la viabilidad otorgada, debido a que los funcionarios que otorgaron la misma se encuentran como imputados en un caso de investigación por la fiscalía. La viabilidad ambiental según la ley orgánica del ambiente es otorgada por la Comisión Plenaria de la SETENA, un órgano colegiado y constituido según el artículo 84 de la ley orgánica del ambiente, no por un funcionario en específico, como se observa en el folio 261 del expediente, la resolución de viabilidad ambiental fue firmada por la para entonces secretaria general, la señora Tatiana Cruz Ramírez, en representación de la Comisión Plenaria. La recomendación de viabilidad ambiental fue enviada a la comisión plenaria por el departamento técnico, mediante informe DGI-856-2007, firmado por el evaluador Ambrosio Obando Torres. Ver folio 236 del expediente.

QUINTO: Corta de árboles en zona marítimo terrestre y afectación irreversible en la flora y fauna.

La viabilidad ambiental según la resolución de viabilidad ambiental fue otorgada a un proyecto con los siguientes alcances:

“La actividad consiste en la construcción de un complejo de alta densidad constructiva que incluirá en sus obras constructivas las siguientes edificaciones: 3 edificio de 7 pisos y un sótano, para uso residencial cocina y bodegas, 2 edificios de 7 pisos y 2 sótanos, uso residencial y sótanos de estacionamiento, 3 edificios de 6 pisos con 2 sótanos, uso residencial y sótanos de estacionamiento, 30 residencias unifamiliares de 2 niveles, casa club con piscina y bar, una piscina para adultos y niños con bar y baños, una piscina para niños con baños, 20 cabañas de estar, calles internas, caseta de guarda, río artificial con áreas de estar exteriores. El proyecto contará con los servicios básicos, se contemplan movimientos de tierras con acarreo fuera del AP de volúmenes hasta 1000m', el manejo de las aguas residuales será por medio de una planta de tratamiento. El proyecto se desarrollará en las propiedades que se indican en los planos catastrados: G-854050-2003, G-886025-2003”.

Por lo que cualquier otra obra como caminos de acceso, a los que se refieren los recurrentes directamente en la acción de amparo, no fueron parte de la EIA, analizados en el proceso de evaluación ambiental y escapan de los alcances de la misma.

Sobre la corta de árboles, como se observa en el folio 159, en la matriz de identificación de impactos ambientales, el desarrollador indicó que se requería la eliminación de árboles aislados en áreas de no bosque, sin embargo, según la normativa ambiental conexa y vigente, el permiso de corta de árboles en un trámite posterior a la viabilidad y es tramitado por el SINAC, no por la SETENA. Por lo que, en el proceso de evaluación de impacto ambiental, solamente se solicita identificar la necesidad o no, de corta de árboles y las medidas de mitigación, pero no se autoriza a realizar ninguna corta. Sobre este tema en el folio 78 se mencionan las medidas ambientales para el factor 2.4.2 flora:

2.4.2 Flora

Fase constructiva

Mantener las coberturas existentes en las áreas protegidas fuera del AP.

Prohibir la extracción de plantas.

Cumplir con los programas propuestos para el uso de la maquinaria.

Cumplir con el cronograma para la pronta finalización.

Utilizar en la revegetación plantas nativas.

Implementar variedades de especies nativas en las zonas verdes, jardines, barreras/pantallas verdes. Cumplir con lo establecido en la Ley Forestal.

Fase operativa

Mantener las coberturas existentes donde no se hagan obras.

Prohibir extracción de plantas de los bosques remanentes o áreas verdes.

Cumplir con los programas propuestos para el uso de la maquinaria.

Utilizar en la revegetación plantas nativas.

Cumplir con lo establecido en la Ley Forestal.

También sobre la potencial afectación a la fauna, este aspecto también fue identificado, valorado y analizado por esta secretaría. Sobre este tema en el folio 78 se mencionan las medidas para el factor 2.4.1 fauna:

2.4.1 Fauna

Fase constructiva

Mantener las coberturas existentes en las áreas protegidas fuera del AP.

Prohibir la extracción de plantas.

Cumplir con los programas propuestos para el uso de la maquinaria.

Cumplir con el cronograma para la pronta finalización.

Utilizar en la revegetación plantas nativas.

Implementar variedades de especies nativas en las zonas verdes, jardines, barreras/pantallas verdes.

Fase operativa

Involucrar la gestión mitigativa del uso y mantenimiento de la maquinaria.

Involucrar la gestión mitigativa del uso y Plan de Manejo de Agroquímicos.

Utilizar agroquímicos permitidos.

Prohibir aplicaciones aéreas.

Mantener los cordones verdes, áreas de protección y bosques remanentes.

Prohibir la cacería.

Rotular los alrededores con letreros alusivos a la protección de la flora y fauna.

En este sentido la relación que los recurrentes hacen con el proyecto aprobado por la SETENA, en el año 2007, no es correcta, en el tanto el mismo tal cual se indicó no incluyó el referido camino, y solo se relaciones a obras de construcción dentro de los planos descritos.

SEXTO: Sobre la orden de tomar medidas dentro de la esfera de nuestras competencias para evitar la corta de árboles dentro de los sectores de Punta Palencho, Playa Brasilito, Basilito de Santa Cruz, objeto del recurso de amparo.

En primer término se aclara y reitera que la corta de árboles, la emite el SINAC, y no esta Secretaría, y que las resoluciones de Viabilidad Ambiental nunca autorizan las mismas, aun que se pueda describir la necesidad de corta como parte de la identificación de los posible impactos ambientales. Por otra parte, claramente se ordenó y determinó como parte de las medidas ambientales: Mantener las coberturas existentes en las áreas protegidas fuera del AP y Prohibir la extracción de plantas.

En relación al marcaje de los árboles en los caminos de acceso indicados en el amparo no existe expedientes administrativos vinculados con el mismo, siendo que para dichas áreas no contamos con competencia para el dictado de alguna orden de paralización.

Ahora bien, en relación al expediente D1-1286-2006, para el proyecto Ocean Club, y al identificarse parte de la Zona Marítimo Terrestre, dentro del Área del Proyecto, planos G-854050-2003, G-886025-2003,en cumplimiento de la orden de la sala constitucional, de ordenar una medida cautelar a efectos de garantizar que no se proceda a la corta o tala de árboles ubicados en los sectores, descritos objeto de recurso de amparo, hasta que la sala no resuelva en sentencia el recurso o disponga otra cosa, se informa que se ha identificado que el proyecto referido abarca el sector de Punta Pelencho, de Playa Brasilito por lo cual se está remitiendo a la agenda de sesiones de la Comisión Plenaria, para la toma inmediata de la orden indicada.

Una vez notificada la misma se comunicará a la Sala Constitucional, a efectos de comprobar su cumplimiento.

Fundamentos de Derecho

Se emite el presente informe de conformidad con los artículos 11, 41 y 50 de la Constitución Política, 29, 43, 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 17 y 83 de la Ley Orgánica del Ambiente.

Petitoria

De conformidad con el presente informe, se solicita a los señores Magistrados declarar Sin Lugar el presente Recurso de Amparo tramitado bajo el expediente constitucional 24-020703-0007-CO”.

 

6.- Informan bajo juramento Jorge Alfaro Orias y Carlos Barrenechea Martínez, respectivamente, en su condición de Alcalde y de Presidente Municipal, ambos de la Municipalidad de Santa Cruz (escrito presentado a las 15:57 horas del 31 de marzo de 2025) en los siguientes términos:

“por este medio nos permitimos rendir informe:

A-INFORMO SOBRE LOS HECHOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE:

1-Sobre la aprobación del convenio por parte del Concejo Municipal:

El Concejo Municipal por acuerdo autorizó al Alcalde Municipal a suscripción del Convenio de Donación para mejoras de Calle pública C.05-03-138 entre la Municipalidad de Santa Cruz e Inversiones Inmobiliarias Watchtower Costa Rica Limitada.

El suscrito informa que la Alcaldía Municipal, no ha autorizado, girado orden de inicio para la ejecución de obras a la empresa indicada en el convenio, sobre el camino público ni sobre la zona marítimo terrestre zona publica o zona restringida, corredor biológico o similar. Tampoco para la demarcación, poda o tala de arboles

En cumplimiento de la orden girada por la Sala, giré instrucción a la Unidad Técnica de Gestión Vial, que es la dependencia municipal fiscalizadora del convenio, así como a la empresa Inversiones Inmobiliarias Watchtower Costa Rica Limitada, para que y de forma inmediata suspendan actos administrativos tendientes a la ejecución del Convenio. Así como también procedí a informar al Concejo Municipal.

2-Vecinos de la comunidad de brasilito encontraron marcaciones de 120 árboles ubicados en la zona pública y la zona restringida.

No me consta, sin embargo, tuve conocimiento de la situación que se narra y tomé las acciones pertinentes envié a funcionarios municipales quienes rindieron informe:

1- OFICIO DIM-089-2024 28 DE ENERO DE 2025. Asunto: atención oficio DAM-01 35-2025, informe de diligencias y labores en el sector conocido como Playa Punta Pelencho.

2-DAM-DGA-PA-0007-2025: Informe de inspección de denuncia por posible tala de árboles en la Zona Publica de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Brasilito Santa Cruz Guanacaste

3-Denuncia en redes sociales realizada el 15 de enero:

La atención de la denuncia en redes sociales le fue asignada al funcionario Francisco Mairena Gutiérrez, encargado de la oficina de prensa y comunicación, quien me refiere que dio respuesta por escrito al medio periodístico digital La Vos y otros.

4-Gestion de la Asociación de Desarrollo Integra del de Playa Brasilito del 16 de enero ante el Concejo Municipal.

Esta gestión se encuentra pendiente de resolución por parte del Concejo Municipal.

5-Convenio se efectuó sin previa consulta ciudadana.

Dentro del escrito que dirigió la ADI de Playa Brasilito, al Concejo Municipal, se hace esa manifestación.

6-Afectacion del proyecto a un corredor biológico esencial para la fauna:

Me informan de la dependencia fiscalizadora y administradora del proyecto, la UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE GESTION VIAL que ese proyecto cuenta con Resolución de Viabilidad Ambiental No 2758-2007, Así como que desde hace más de tres meses, se le giro a la empresa del convenio, la orden de suspensión de ejecución de obras de todo tipo, el proyecto se encuentra suspendido, no se ha realizado obra alguna.

7--Sobre la gestión de la ADI no ha sido resuelta por el ente municipal:

Tengo conocimiento, en cuanto a que dicha gestión, fue atendida por el Concejo Municipal, en especial por el señor Presidente Municipal, quien la remite a una comisión y se está en espera del informe de dicha comisión, para la toma de la decisión por parte del Concejo Municipal.

8-Sobre el oficio No SINACT ACT OSRCC-055-2025, comunicado al Alcalde Municipal.

Efectivamente el SINAC me envió el oficio, el cual dispuso remitirlo a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y al Departamento de Gestión Ambiental Municipal, para su cumplimiento.

9-Sobre aclarar públicamente la situación de posible remoción de árboles

Yo personalmente, con funcionarios municipales junto, con los miembros del Concejo Municipal, nos apersonamos el día 12 de marzo del año 2025, a la comunidad de Brasilito lugar Punta Pelencho, con la finalidad de aclarar la situación de posible demarcación, poda corta de árboles, otros temas.

"De: Alcaldía <[email protected]>

Enviado: lunes, 10 de marzo de 2025 10:33

Para: Alondra Pizarro <[email protected]>, Rony Martí Gomez Hidalgo

<[email protected]>, José Eduardo Hernandez <[email protected]>

Asunto: RV: Solicitud de Transporte

De: Asistente Presidencia Concejo Municipal <[email protected]>

Enviado: lunes, 10 de marzo de 2025 10:22

Para: Alcaldía [email protected]

Cc: Carlos Albeno Barrenechea Martínez <[email protected]>

Asunto: Solicitud de Transporte

MSc. Jorge Anuro Alfaro Orias ALCALDE

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo, asimismo, con las instrucciones del señor presidente del Concejo Municipal regidor Carlos Barrenechea Martínez, se le solicita realizar las coordinaciones correspondientes para que los señores regidores Carlos Barrenechea Martínez, Cindy Leal Cordero, Ivonne Espinoza Rosales McDonald Espinoza Ruiz, Carlos Moreno Arredondo, asistan el día miércoles 12 de marzo a las 2:00 pm a la comunidad de Brasilito , para realizar visita a Punta Pelencho. Hora de salida: 1:00 pm.

Posteriormente a la visita, se solicita se traslade a la señora regidora Ivonne Espinoza a su casa de habitación en la comunidad de Paraíso.

Atentamente, Isabel Barrantes Gómez

ASISTENTE PRESIDENCIA DE CONCEJO"

10-Sobre la recomendación del SINAC. El ente municipal no se pronunciado.

Efectivamente el SINAC me envió el oficio, el cual dispuse remitirlo a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y al Departamento de Gestión Ambiental Municipal, para su cumplimiento.

11-Sobre el informe de inspección DAM-DGA-PA-0007-2025:

Como resultado de este informe el Coordinador del Área de Inspección Municipal y ante mi instrucción, me presento, el informe DIM-089-2024 28 DE ENERO DE 2025 de apersonamiento y acción sobre este asunto, lo que y en lo que interesa me permito transcribir literalmente.

"Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones. Por medio de la presente, procedo a informar sobre las diligencias y actividades realizadas en el sector de Playa Punta Pelencho, en atención al oficio mencionado.

1. El pasado 15 de enero de 2025, recibí una llamada de la geógrafa Geissel Gutiérrez Marchena, coordinadora de Protección Ambiental, solicitando el acompañamiento de un inspector municipal para atender una inspección en conjunto con la ingeniera Kattia Gómez Mata, educadora ambiental del Departamento de Protección Ambiental. La diligencia tenía como objetivo verificar varios árboles marcados con solicitud de poda, relacionada con un proyecto de ensanchamiento vial en el sector de Brasilito, específicamente en Punta Pelencho

2. Alrededor de las 11:00 horas del 15 de enero de 2025, arribamos al sitio indicado. En el lugar constatamos la presencia de varios árboles demarcados con números pintados con aerosol y señalados con cintas de colores, ubicados a lo largo de la vía pública. Las coordenadas aproximadas del área son CRTM05 304048.2, 1152857.0.

3. Tras verificar los árboles demarcados, nos trasladamos a la Zona Pública dentro de la Zona Marítimo-Terrestre, específicamente entre los mojones I.G.N. #606 y #611. En esta área, observamos que la mayoría de los árboles presentes en la Zona Pública estaban identificados con etiquetas plásticas de color amarillo. Algunas de estas etiquetas incluían un código alfanumérico que comenzaba con "CAM-" seguido de un consecutivo numérico asignado a cada árbol

4. El 22 de enero de 2025, recibí una solicitud verbal de la Directora Administrativa, MBA. Alexandra Gutiérrez Angulo, para acompañar al señor José Francisco Mairena Gutiérrez, encargado de Relaciones Públicas, Comunicación y Prensa, y a la Promotora Social, Melissa Ramírez Ríos, al sitio conocido como Playa Punta Pelencho. El objetivo de esta visita fue proceder con la remoción de las marcas colocadas en los árboles ubicados en la Zona Pública de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT). 5. Al llegar al lugar, se p (sic)

5. Al llegar al lugar, se procedió a documentar en tiempo real, a través de la página oficial de Facebook de la Municipalidad de Santa Cruz, el proceso de remoción de las marcas en los árboles. Asimismo, se brindó una aclaración pública respecto al proceder municipal en relación con las denuncias recibidas sobre la presunta demarcación de árboles con fines de tala.

Las acciones realizadas por este servidor fueron ejecutadas en estricto cumplimiento de las solicitudes y directrices emitidas por la señora MBA. Alexandra Gutiérrez Angulo, Directora Administrativa, así como por otros funcionarios municipales. En ningún momento dichas labores respondieron a motivaciones personales, sino al deber institucional de atender las diligencias correspondientes, incluyendo la remoción de marcas de los árboles, tal y como fue requerido por las autoridades competentes. Sin otro particular. Se suscribe, Arq. Fernando Arias Valerio, Lic. Coordinador a.i., Departamento de Inspecciones."

12-Sobre demarcación se 120 árboles no tomaron ninguna acción.

Es cierto lo de la demarcación, sin embargo no fue con el conocimiento ni anuencia municipal y se tomaran inmediatamente las acciones que se describen en el hecho anterior

13- Sobre la tala de 68 árboles:

La empresa del convenio solicitó a esta Alcaldía Municipal, la autorización para la corta de 68 árboles, solicitud que fue trasladada de mi parte al Dpto. de Gestión Ambiental Unidad Técnica y no fue autorizada.

14-La municipalidad no ha entregado información sobre la vinculación entre el proyecto, la intervención de la zona publica y el camino.

Me informa el encargado de la plataforma de servicios municipal, que no aparece dentro del correo institucional, que es el medio oficial que la Municipalidad, solicitud de información de parte del señor [Nombre 002], hacia la Alcaldía Municipal.

Sn embargo, me informa el encargo de prensa y comunicación, que la periodista Noelia Esquivel de La Voz de Guanacaste, solicito información por el correo institucional y le fue entregada

"De: Noelia Esquivel <[email protected]>

Buen día,

Les saluda Noelia Esquivel Solano, periodista en La Voz de Guanacaste. Les deseo muchos éxitos en sus labores del 2025. El motivo de este correo es hacer una solicitud formal de información. La semana pasada solicite algunos de estos aspectos al departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial pero no he tenido respuesta. Así que solicitaré nuevamente aquí la información.

1. Copia del convenio acordado entre la Municipalidad de Santa Cruz y el proyecto Cantomar Beach Club, en la zona, donde pueda detallar además la fecha del convenio, en lo que respecta al arreglo del camino en el sector de Punta Pelencho.

2. Copia del inventario de árboles que registraron en la calle pública desde Farmacia Bohemia en dirección al mar.

3. Responder a las preguntas: 1. ¿las placas en los árboles en la zona pública (frente al mar) fueron también colocadas por este departamento? y 2. ¿Cuándo fueron colocadas estas placas? 3. En caso de que algunas de esas placas no fueran colocadas por el municipio, precisar que determinaron sobre cuándo y quién fue el responsable de colocarlas.

4. Detalles sobre el estado del convenio y de la solicitud de tala de árboles en la vía pública que el gobierno local estaba tramitando en el sector.

5. El informe generado por el departamento de gestión ambiental tras la visita al lugar.

6. ¿Cuál es la fecha en que el proyecto Cantomar Beach Club solicitó los permisos respectivos en la Municipalidad de Santa Cruz?"

Así mismo me informa el jefe del Dpto. de Construcciones que por oficio OFICIO-RAL-002-2025 Enero 24, 2025, entrego información sobre permisos de construcción

"Tramite: Respuesta DAM-0150-2025 Alcaldía Municipal Respuesta a Oficios Interinstitucionales. Diputada Priscilla Vindas Salazar.

"Por este medio, me permito dar respuesta a lo solicitado en el oficio DAM-1 50- 2025, el cual es con relación a la consulta de viabilidad de Expediente completo del permiso de construcción del proyecto "Ocean Club" de Inversiones Inmobiliarias WATCHTOWER COSTA RICA LTDA, al respecto le indico lo siguiente: - Se revisa en los Archivos Municipales y se encontraron en relación con la finca Folio Real número 5- 1731 93-000, 4 licencias constructiva aprobadas. - Licencia Constructiva 805-2018, otorgada para Hotel o Similares, para un total de 12328m2, ligada al plano G -1 591 325-201 2, dada en 201 8. - Licencia Constructiva 17-2020, otorgada para Planta de Tratamiento, para un total de 182m2 , ligada al plano G -1 591 325-201 2, dada el día 9/8/2021. - Licencia Constructiva 806-2023, otorgada para Condominios de Lotes, para un total de 12331 m2, ligada al plano G -1 591 325-201 2, dada el día 13/1 2/2023. – Licencia Constructiva 306-2024, otorgada para Modificación a Condominio, para un total de 2825m2 , ligada al plano G -1 591 325-2012, dada el día 16/04/2024. - Se adjuntan los expedientes, de

forma digital. - Se comenta por sobre manera que al obtener la licencia numero 206- 2023, la licencia 805-2018 no se podrá construir, ya que los lotes fueron creados legalmente, por lo que, aunque obtuvo una aprobación municipal en su momento, hoy en día esta licencia en particular no puede ser realizada sin cambios en su contrato y documentación."

15-Sobre la publicación del Lic. German pochet y la asociación punta loros.

Efectivamente tengo conocimiento que este señor publicó un video indicando que los árboles no serían talados y que esa asociación realizó el inventario de árboles.

16-Sobre la solicitud de entrega de copia del convenio no fue atendida:

Por medio de oficio AJ-173-2025 de 31 de marzo la asesoría jurídica con mi anuencia le envió copia del convenio al señor [Nombre 002]. AI Correo [...]

17-Sobre que el 24 de enero organizaciones presentaron ante el Concejo Municipal la anulación del convenio.

Si me consta y fue tramitada la solicitud enviada a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

18-Sobre la protección a la flora y fauna.

La Municipalidad respeta la flora y fauna y toma las acciones de protección, ya que por este recurso no se demuestra o aporta prueba del incumplimiento de esa protección

19-Sobre que la municipalidad ha inobservado en principio precautorio:

Una vez que la Alcaldía Municipal fue puesta en conocimiento de la demarcación, poda y eventual corta de árboles, tomó las acciones de protección y precaución, como suspender los efectos de ejecución del convenio, realizar inspección con eliminación de demarcación de los árboles.

20-Sobre la anuencia municipal en la colocación de aguja que impida el libre tránsito por el camino que da acceso a la zona marítimo terrestre.

Este es un hecho falso sin sustento probatoria alguno, la Municipalidad no da autorización ni permite la colocación de agujas que impidan el libre tránsito por los caminos de su jurisdicción.

21-Sobre privatización y tolerancia municipal para la afectación de bienes de dominio público

Este es un hecho falso sin sustento probatoria alguno.

23-Sobre la entrega de toda la información del convenio, permisos donaciones.

Me informa el encargado de la plataforma de servicios municipal, que no aparece dentro del correo institucional, que es el medio oficial que la Municipalidad, solicitud de información de parte del señor [Nombre 002], hacia la Alcaldía Municipal.

Todas las actuaciones de la Alcaldía Municipal han sido remitidas al correo señalado por el señor [Nombre 002]. Así por ejemplo del oficio DAM0228-2025 27 de enero del 2025 Asunto Traslado de la solicitud de anulación de Convenio, el oficio DAM-0309-2025 Santa Cruz 6 de febrero de 2025. Oficio AJ-1 73-2025 31 de marzo de 2025 Remisión de Convenio.

Informamos que el Concejo Municipal o la Alcaldía Municipal, ha mantenido informada a la comunidad de Playa Brasilito y atendido sus gestiones, así como las del hoy recurrente, ya que ante la solicitud del señor [Nombre 002] para anular el convenio, el Concejo Municipal remitió su solicitud a la comisión de asuntos jurídicos y solicitud de informe al señor Alcalde Municipal, y se encuentra en espera de dictamen e informe, mientras tanto el convenio se encuentra suspendido y no se han aprobado o realizado obra alguna sobre el camino ni sobre la zona marítimo terrestre de Punta Pelencho.

La Municipalidad estima procedente una revisión integral de este convenio, para la toma de la decisión final.

Solicitamos declarar sin lugar el recurso”.

 

7.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:40 horas del 1° de abril de 2025, Jorge Arturo Alfaro Orias, en su condición de Alcalde de Santa Cruz, indica que adjunta los documentos de las pruebas que respaldan el informe sobre los hechos.

8.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:20 horas del 23 de julio de 2025, Oscar Bolaños Venegas manifiesta lo siguiente:

“comparezco respetuosamente para presentar coadyuvancia activa en el presente recurso de amparo, en defensa del medio ambiente, el cual representa un bien jurídico de interés público esencial para la salud y el bienestar colectivo.

Me enteré de la medida cautelar impuesta que prohíbe la tala de árboles, y por este medio quiero manifestar mi total apoyo a dicho proceso, en defensa del medio ambiente. Los árboles son esenciales para la preservación del ecosistema y, lamentablemente, en esta zona muchas personas no los respetan ni cuidan, invaden la zona pública de la playa con vehículos, cortan árboles, lo cual provoca daños a la zona pública, se hieren las raíces de los árboles con todos los carros que meten a la playa, se compacta el. suelo, y se transforma un espacio. natural en un parqueo improvisado, afectando no solo a la flora y la fauna, sino también poniendo en riesgo a quienes disfrutamos de este entorno natural.

Los árboles no deben ser cortados ni dañados. Debemos cuidarlos, preservarlos y asegurar que se mantenga el equilibrio ecológico del lugar. El MINAE no debe autorizar ningún permiso de corta de árboles en la zona pública, por el contrario, deben impulsarse acciones para proteger los árboles y evitar las practicas que dañan el ecosistema. Y la Municipalidad de Liberia que ve la playa de Punta Pelencho no debe permitir que entren los carros a la playa ya que el ingreso de los carros a la playa genera un gran impacto ambiental y daños todos los árboles y hasta hacen competencia de carros en la propia playa.

Solicito respetuosamente que se acoja esta coadyuvancia en aras de fortalecer la protección del medio ambiente”.

 

9.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,

  Considerando:

I.- Sobre la coadyuvancia activa presentada. Acude a esta el señor Oscar Bolaños Venegas quien solicita se le tenga como coadyuvante activo en el presente recurso de amparo en defensa del medio ambiente, el cual representa un bien jurídico de interés público esencial para la salud y el bienestar colectivo. Dice que se enteró de la medida cautelar impuesta que prohíbe la tala de árboles y por este medio quiere manifestar su total apoyo a dicho proceso en defensa del medio ambiente, por lo que representan los árboles.

La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da, cuando una persona actúa en un proceso, adhiriéndose a las pretensiones de algunas de las partes principales. En consecuencia, está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso; sin embargo, al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de ésta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento (véase, entre otras, la sentencia No. 2018-019952 de las 9:30 horas de 30 de noviembre de 2018). Se acepta la solicitud presentada, en los términos descritos supra.

II.- Objeto del recurso. La recurrente alega que en la sesión ordinaria No. 49-2024 celebrada el 05 de diciembre de 2024 el Concejo de la Municipalidad de Santa Cruz aprobó el denominado “Convenio de donación para mejoras del camino público C50313 artículo 8, Inciso 1, del Reglamento sobre el control constructivo en el Cantón de Santa Cruz". Señala que el 15 de enero de 2025, vecinos de la comunidad de Brasilito encontraron marcaciones en más de 120 árboles ubicados en la zona pública de la zona marítimo terrestre y en la zona restringida de Playa Brasilito, sector conocido como Punta Pelencho, Cabo Velas, Santa Cruz, Guanacaste. Menciona que, debido a la posibilidad de tala de dichos árboles, el 15 de enero de 2025 se realizó una denuncia por medio de redes sociales. Añade que el 16 de enero de 2025 la Asociación de Desarrollo Integral de Playa Brasilito presentó ante el Concejo de la Municipalidad de Santa Cruz una gestión en la que se opuso a la tala de árboles en la zona marítimo terrestre y en la zona pública de Playa Pelencho, así como su rechazo al convenio de donación para mejoras del camino público aprobado entre la municipalidad y los desarrolladores del proyecto Ocean Club, Resolución de Viabilidad Ambiental No. 2758-2007. Lo anterior, al argumentar que no se efectuó de previo la consulta ciudadana, que el proyecto afectaría un corredor biológico esencial para la fauna silvestre, como son las manadas de monos aulladores (Alouatta palliata palliata), los cuales depende de estos árboles para movilizarse y alimentarse, la existencia de nuevas regulaciones desde el 2007 que no fueron analizadas sobre la disponibilidad del agua y tratamiento de aguas residuales, entre otros. Sin embargo, reclama que tales gestiones no se han resuelto por parte del ente municipal. Por otra parte, el acceso a la playa de Punta Pelencho se encuentra amenazado por la posible instalación de una "aguja de control” con un guarda de seguridad, promovida por la Asociación Punta Loros con la anuencia de la Municipalidad de Santa Cruz, lo que implicaría la privatización del dominio público, al impedir el libre tránsito por la zona y el acceso a la playa que es un bien demanial.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

1)                        El 05 de diciembre de 2024, en la sesión ordinaria No. 49-2024, el Concejo de la Municipalidad de Santa Cruz aprobó el denominado “Convenio de donación para mejoras de calle pública C-05-03-138 entre la Municipalidad de Santa Cruz e Inversiones Inmobiliarias Watchtower Costa Rica Ltda”, cuyo objetivo es “beneficiar a la comunidad por medio de la donación en obras, mano de obra y diseños, para la intervención y mejoras que se construirán en la calle pública ubicada frente a la propiedad 5-5314M-000 (Condominio CANTOMAR) con el fin de mejorar la circulación vehicular en el cantón al contar con una adecuada infraestructura para el beneficio común y logrando un optimización de la red vial cantonal” (véanse informe de las autoridades municipales recurridas y prueba documental aportada).

2)                        Ante denuncias de vecinos por la marcación de árboles, el 15 de enero de 2025, la municipalidad recurrida efectuó una inspección en el sitio, y constató que 120 árboles del espacio público de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y 68 árboles ubicados de la calle pública C-05-03-138 habían sido marcados con etiquetas amarillas. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).

3)                        En el oficio nro. DIM-089-2024 de 28 de enero de 2025, el Departamento de Inspecciones de la municipalidad recurrida detalló: “1. El pasado 15 de enero de 2025, recibí una llamada de la geógrafa Geissel Gutiérrez Marchena, coordinadora de Protección Ambiental, solicitando el acompañamiento de un inspector municipal para atender una inspección en conjunto con la ingeniera Kattia Gómez Mata, educadora ambiental del Departamento de Protección Ambiental. La diligencia tenía como objetivo verificar varios árboles marcados con solicitud de poda, relacionada con un proyecto de ensanchamiento vial en el sector de Brasilito, específicamente en Punta Pelencho. Debido a que parte del personal municipal se encontraba de vacaciones por motivo de las Fiestas Típicas Nacionales 2025 y el resto asignado a la fiscalización de dichas festividades, no había personal disponible para atender la solicitud. Por tal razón, se me solicitó acompañar la inspección para verificar los puntos señalados en sitio. Alrededor de las 11:00 horas del 15 de enero de 2025, arribamos al sitio indicado. En el lugar constatamos la presencia de varios árboles demarcados con números pintados con aerosol y señalados con cintas de colores, ubicados a lo largo de la vía pública. Las coordenadas aproximadas del área son CRTM05 304048.2, 1152857.0. Tras verificar los árboles demarcados, nos trasladamos a la Zona Pública dentro de la Zona Marítimo-Terrestre, específicamente entre los mojones I.G.N. #606 y #611. En esta área, observamos que la mayoría de los árboles presentes en la Zona Pública estaban identificados con etiquetas plásticas de color amarillo. Algunas de estas etiquetas incluían un código alfanumérico que comenzaba con "CAM-" seguido de un consecutivo numérico asignado a cada árbol. El 22 de enero de 2025, recibí una solicitud verbal de la Directora Administrativa, MBA. Alexandra Gutiérrez Angulo, para acompañar al señor José Francisco Mairena Gutiérrez, encargado de Relaciones Públicas, Comunicación y Prensa, y a la Promotora Social, Melissa Ramírez Ríos, al sitio conocido como Playa Punta Pelencho. El objetivo de esta visita fue proceder con la remoción de las marcas colocadas en los árboles ubicados en la Zona Pública de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT). AI llegar al lugar, se procedió a documentar en tiempo real, a través de la página oficial de Facebook de la Municipalidad de Santa Cruz, el proceso de remoción de las marcas en los árboles. Asimismo, se brindó una aclaración pública respecto al proceder municipal en relación con las denuncias recibidas sobre la presunta demarcación de árboles con fines de tala.”. (Prueba documental).

4)                        En el informe nro. DAM-DGA-PA-0007-2025 de 16 de enero de 2025, el Departamento de Protección Ambiental de la municipalidad acciona consignó: “Se recibe denuncia vía correo electrónico por posible tala de árboles en la zona pública de Punta Pelencho, Brasilito, Cabo Velas. Denunciante argumenta que los árboles han sido marcados con etiquetas amarillas con el fin de cortarlos, el 15 de enero se procede a realizar la inspección en campo. En efecto se encuentran más de 120 árboles marcados con etiquetas plásticas de color amarillo en la zona pública de la zona marítimo terrestre y 68 árboles sobre la zona pública del camino cantonal C503138. Se procedió a verificar las coordenadas de los 68 árboles ubicados en el camino público y se corroboró que estos no se localizan en la zona pública de la zona marítimo terrestre (figura 1), por otro lado, las especies encontradas en el camino no coinciden en especies y dimensiones con las encontradas en la zona pública. Se desconoce el motivo y el responsable por el cual los árboles de la zona pública fueron marcados con etiquetas amarillas. A la fecha no se encontró evidencia de corta o presencia de tocones en zona pública y en el camino C503138 (intervención de aproximadamente 500 metros) (…) De acuerdo con esta información, se corrobora que la zona donde se ubican los 68 árboles para trámite de corta corresponde a no bosque. Aunado a esto, la capa de referencia de cobertura forestal para el 2023 desarrollada en el marco del Inventario Forestal Nacional de Costa Rica (SINAC), muestra que no existe cobertura boscosa (…) Conclusiones: La ubicación de los árboles para trámite de corta según el convenio de donación para mejoras del camino público C503138 aprobado en Concejo Municipal Sesión Ordinaria 49-2024 Artículo 08, Inciso 01 del 5 de diciembre del 2024, no forman parte de la zona pública de la zona marítimo terrestre. Los árboles ubicados en zona pública de la zona maritimo terrestre en efecto se encuentran marcados con placas amarillas (aproximadamente 120 árboles), sin embargo, se desconoce el motivo y el responsable. El tipo de cobertura encontrado en la zona donde se gestiona el trámite de corta según el convenio de donación para mejoras del camino público C503138, no corresponde a bosque.”. (Prueba documental).

5)                        Por medio del oficio nro. SINAC-ACT-OSRSCC-055-2025 de 16 de enero de 2025, dirigido a la municipalidad accionada, el SINAC apuntó: “Como ya es por usted sabido, en los últimos días ha habido una reacción por parte de pobladores aledaños a playa Brasilito, esto por una especie de marcas (placas) que han aparecido en los árboles ubicados en la zona pública de playa en el extremo norte de Playa Brasilito, conocido como “playa Pelencho”, lo cual le ha llevado a pensar que los árboles serán talados y esto les ha generado mucha preocupación. Al respecto esta oficina ha sido clara en informarle a los ciudadanos que nos han consultado, que no hay en SINAC un expediente abierto en el cual conste una solicitud por parte de esa municipalidad, para obtener un permiso de corta para esos árboles. Lo cual es cierto. Respecto a la zona pública, me permito transcribir los siguientes artículos de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre, número 6043. Artículo número 12. “En la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación”. Artículo número 18 “En casos excepcionales, como la construcción de plantas industriales, instalaciones de pesca deportiva o instalaciones artesanales, de obras portuarias, programas de maricultura, u otros establecimientos o instalaciones similares, para cuyo funcionamiento sea indispensable su ubicación en las cercanías del mar, se podrá autorizar el uso de las áreas de la zona marítimo terrestre que fueren necesarias para facilitar su edificación y operación, siempre que se cuente con la aprobación expresa de la municipalidad respectiva, del Instituto Costarricense de Turismo, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y demás instituciones del Estado encargadas de autorizar su funcionamiento, así como del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.” Artículo número 22. “En la zona pública no se permitirá ningún tipo de desarrollo, excepto las obras de infraestructura y construcción que en cada caso aprueben el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y la respectiva municipalidad, atendiendo al uso público a que se destinen, o que se trate del establecimiento y operación de instalaciones turísticas estatales de notoria conveniencia para el país”. En vista de lo anterior, y que esta oficina no conoce la existencia de algún tipo de proyecto de interés público, que se vaya a desarrollar en ese sector de playa, se tiene suficientes argumentos para suponer que no existe un interés por parte de esa municipalidad para la remoción de esos árboles. En cuanto a la vegetación de playa, esta cumple funciones ecológicas muy importantes, tales como: protección de las dunas ante la erosión, regulación de la temperatura de la arena en la playa, lo cual es necesario para el adecuado desarrollo de los animales y organismos que eso dependen, también brinda conectividad para el desplazamiento y alimentación de animales arborícolas y por último y no menos importante, dar sombra a las personas usuarias de la playa. Por lo cual la preocupación por la posible eliminación de esos árboles por parte de los ciudadanos es muy válida y hasta plausible. Por lo anterior se considera muy apropiado y necesario, que esa municipalidad aclare por los medios apropiados ante la ciudadanía sobre la existencia real o no, de un interés por la remoción de esos árboles. Esto por cuanto esta oficina desde un principio ha estado informando a los ciudadanos que consultan y se quejan, que no existe un permiso, ni el trámite alguno para la obtención de un permiso ante SINAC por la Municipalidad de Santa Cruz como administradora de la zona pública. Sin embargo, no se ha visto la respuesta oportuna por parte de esa municipalidad ante las quejas de los ciudadanos, lo cual genera que persista la preocupación de la ciudadanía. Aprovecho la oportunidad para solicitar formalmente a la Municipalidad de Santa Cruz, la instalación en ese sector de playa de algún tipo de obstáculos o dispositivos que impidan el acceso de automotores a la misma, pues ese un problema que algunos ciudadanos también han denunciado se está presentando en el sitio y que efectivamente está sucediendo. (Prueba documental).

6)                        El “Convenio de donación para mejoras de calle pública C-05-03-138 entre la Municipalidad de Santa Cruz e Inversiones Inmobiliarias Watchtower Costa Rica Ltda”, se encuentra suspendido y no se han aprobado o realizado obra alguna sobre el camino ni sobre la zona marítimo terrestre de Punta Pelencho, pues la Municipalidad de Santa Cruz estima procedente su revisión integral para la toma de la decisión final (véanse informe de las autoridades municipales recurridas y prueba documental aportada).

IV.- Hechos no probados. Se consideran indemostrados los siguientes hechos de relevancia para la resolución de este amparo.

a) Que la Municipalidad de Santa Cruz autorizara la corta de árboles en la zona que refiere la recurrente o que diera su anuencia para su demarcación (véanse informe de las autoridades municipales recurridas y prueba documental aportada).

b) Que la Municipalidad de Santa Cruz haya autorizado o girado orden de inicio para la ejecución de obras a la empresa indicada en el convenio, sobre el camino público, sobre la zona marítimo terrestre, zona publica o zona restringida, corredor biológico o similar (véanse informe de las autoridades municipales recurridas y prueba documental aportada).

c) Que la Municipalidad de Santa Cruz autorice o permita la colocación de agujas que impidan el libre tránsito por los caminos de su jurisdicción (véanse informe de las autoridades municipales recurridas y prueba documental aportada).

V.- RESPECTO DE LA MARCACIÓN DE ÁRBOLES ACUSADA (CON REDACCIÓN DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL).

En el sub lite, de primero se traen a colación los principios constitucionales en materia ambiental. Así, verbigracia, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 precisó esta Sala:

“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)”

Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación del ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza, pues plausiblemente debe involucrar un peligro serio, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados. En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente  lo que desnaturalizaría su razón de ser, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:

“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas”.

El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica. En ese sentido véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006, en la que se lee:

“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.

Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.

En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:

“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible”.

Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.

En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.

Concerniente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.

Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos.

Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, en la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Baraona Bray vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:

“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental”.

Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).

En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.

Una evolución de lo antedicho ha desembocado en la instauración del “principio pro natura”, en la cual se deja de lado la parte de “in dubio”, de manera que su ámbito de aplicación se ensancha y cubre situaciones en las cuales no necesariamente existe incertidumbre jurídica. De este modo, la aplicación del principio pro natura no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio‑, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió por primera vez a este principio en la Opinión Consultiva OC-32/25 del 29 de mayo de 2025, en la cual determinó que, en el marco de protección de la naturaleza como sujeto de derechos, el principio pro natura debe interpretarse de manera armónica con el principio pro persona -véase párr. 281-. Asimismo, la Corte IDH vinculó el principio pro natura con otros procesales, a saber “los principios de disponibilidad de la prueba, cooperación procesal, pro persona (…) y pro actione” como parte de las reglas probatorias a emplearse en cuanto al derecho de acceso a la justicia -en tal sentido obsérvese el párr. 582-.

En suma, el principio pro natura estatuye que, ante cualquier conflicto jurídico, siempre debe prevalecer aquella interpretación que mejor favorezca la protección de la naturaleza y el pleno disfrute de los derechos ambientales, aun cuando no se esté ante una situación en la que medie incertidumbre. Esta pauta hermenéutica debe seguirse en toda relación entre Estado, sociedad y ambiente, de manera que siempre se elija la solución que mejor proteja a la naturaleza.

Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los (sic) estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.

De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.

Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:

“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”. En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (sentencias de la Sala Constitucional nros. 21258-2010, 17126-2006, 14293-2005)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

Ahora bien, en la especie, la accionante reclama la amenaza de tala de 120 árboles ubicados en el espacio público de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Brasilito, presuntamente en el marco del “Convenio de donación para mejoras de calle pública C-05-03-138”, suscrito entre la municipalidad recurrida y la empresa Inversiones Inmobiliarias Watchtower Costa Rica.

Al respecto, en síntesis, la municipalidad accionada informa que no ha autorizado de ninguna manera la tala de árboles en la zona, que desconoce el motivo y el responsable de la marcación de esos 120 árboles, los cuales, además, detalla que no están comprendidos dentro de los trabajos del convenio antedicho y que, incluso, las obras de ese acuerdo de donación para mejorar la calle pública están suspendidas desde enero del año en curso, de modo que reitera que no existe ninguna autorización para cortar árboles o vegetación en el sitio.

Ahora bien, interesa destacar que, en la inspección realizada por la municipalidad recurrida el 15 de enero de 2025, se corroboró que, efectivamente, 120 árboles del espacio público de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) habían sido marcados con etiquetas amarillas; amén de lo anterior, también fueron marcados 68 árboles ubicados en la calle pública C-05-03-138 (respecto de los cuales, si bien había una solicitud de tala por parte de la empresa, esta no había sido autorizada). Sin embargo, del oficio nro. DIM-089-2024 de 28 de enero de 2025, emitido por el Departamento de Inspección del gobierno local recurrido, se desprende que la única acción efectuada fue remover las marcas de los árboles en cuestión, sin mayores diligencias para determinar el motivo o el responsable de tales acciones.

En ese tanto, nótese que, posteriormente, en el informe nro. DAM-DGA-PA-0007-2025 de 16 de enero de 2025, el Departamento de Protección Ambiental de la municipalidad accionada se limita a manifestar: “Se desconoce el motivo y el responsable por el cual los árboles de la zona pública fueron marcados con etiquetas amarillas”; empero, no se detallan investigaciones ulteriores para esclarecer la situación de marras, que constituyó una evidente amenaza de tala de los árboles referidos.

Aunado a ello, se observa que las autoridades del SINAC tuvieron pleno conocimiento de la situación, pues mediante el oficio nro. SINAC-ACT-OSRSCC-055-2025 de 16 de enero de 2025, remitido a la corporación municipal recurrida, enfatizó que esa dependencia (el SINAC) no había autorizado ningún tipo de corta de árboles en la zona (ni había recibido solicitud alguna en ese sentido), y que, ante las marcas aludidas, “no se ha visto la respuesta oportuna por parte de esa municipalidad ante las quejas de los ciudadanos, lo cual genera que persista la preocupación de la ciudadanía.”.

En virtud de lo anterior, ante la constatación de la amenaza real de una tala ilegítima de árboles en la zona, las autoridades accionadas debían intervenir no solo removiendo las marcas efectuadas (indicios claros de una intención de cortar dicha vegetación), sino, además, emprendiendo las investigaciones correspondientes para determinar al responsable con miras a adoptar, de acuerdo con el principio precautorio, las medidas pertinentes para evitar la materialización de un eventual daño ambiental.

Justamente, si los recurridos afirman que en ningún momento previo se autorizó la corta de árboles en la zona, entonces, lo adecuado era que de inmediato y de oficio se procediera a investigar lo ocurrido y a establecer las responsabilidades y medidas correspondientes ante las acciones constatadas, que, se reitera, implicaron una amenaza cierta de tala ilegítima y, por ende, al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, resguardo en el artículo 50 de la Constitución Política.

En consecuencia, se declara con lugar el recurso en relación con este extremo, respecto de las autoridades de la Municipalidad de Santa Cruz y del SINAC.

VI.- Sobre el derecho de participación ciudadana. Respecto a la publicidad del citado convenio y cuyas obras que autoriza asegura la recurrente sí afectaría la fauna y flora de la zona donde se desarrollaría, informan los representantes del ayuntamiento que “el Concejo Municipal o la Alcaldía Municipal, ha mantenido informada a la comunidad de Playa Brasilito y atendido sus gestiones, así como las del hoy recurrente, ya que ante la solicitud del señor [Nombre 002] para anular el convenio, el Concejo Municipal remitió su solicitud a la comisión de asuntos jurídicos y solicitud de informe al señor Alcalde Municipal, y se encuentra en espera de dictamen e informe”.

No obstante, esta Sala mediante sentencia No. 2025-007718 de las 09:20 horas del 14 de marzo de 2025 conoció un reclamo similar al aquí expuesto, resolviendo en lo que interesa:

“V.- Finalmente, el recurrente aduce que las autoridades recurridas violentaron el principio de participación ciudadana, al no comunicar a los vecinos y posibles afectados sobre el proyecto en cuestión. Ahora bien, sobre dicho punto, las autoridades de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental informan que como parte del EsIA se realizó un análisis de la percepción local de algunos líderes comunales de comunidades aledañas como Río Jesús de San Ramón y La Angostura de San Ramón, la comunidad de Guadalupe de Esparza se ubica aproximadamente a 2km de distancia en línea recta al AP del proyecto, y tanto La Angostura como Dulce Nombre a más de 3.5km de distancia; sin embargo, no serán afectados directamente por el transporte y actividades de la operación del proyecto, ya que las rutas o carreteras que atraviesan estos poblados no será utilizadas por el proyecto. Sin embargo, es preciso indicar que este Tribunal, estimó en la sentencia No. 6773-2014 de las 11:41 horas de 16 de mayo de 2014 -criterio que ha sido reiterado en las sentencias número 2022-25374 de las 9:20 horas de 28 de octubre de 2022, 2024-33132 de las 9:20 horas de 8 de noviembre de 2024, entre otras-, que la sede natural para vigilar el cumplimiento del principio de participación ciudadana es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional. En la referida resolución, se consideró lo siguiente:

“IV.- BAJO UNA MEJOR PONDERACIÓN. DISCUSIÓN DE LEGALIDAD.  Al modificar el artículo 9 de la Constitución Política, el órgano constituyente reformador quiso dar positividad al Principio de Participación y así acercar a los administrados al proceso de toma de decisiones estatales, como parte de lo que la doctrina llama “mecanismos de corrección” de la democracia representativa. Así, el Constituyente reformador dejó los medios, alcance y oportunidad de la participación ciudadana a la normativa infra-constitucional, salvo en casos excepcionales. En ese sentido, la sede natural para vigilar su cumplimiento, es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional. Por esa razón, son ajenas y lejanas a la competencia de este Tribunal, las cuestiones que se plantean en el caso concreto, a saber, el mecanismo alternativo ordenado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental –a raíz de la violencia y la situación de intimidación generada en las audiencias de 9 de noviembre de 2013 y 25 de enero de 2014–   a fin de garantizar la fase de comentarios de los interesados y réplicas del desarrollador en el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto de una nueva Terminal de Contenedores en Moín, a nombre de APM Terminals Moín S.A En el caso específico, precisamente el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, no define si esa participación es a viva voz, por escrito o de qué manera se satisface la exigencia de la participación, lo cual requiere ser analizado en un proceso que permita la amplitud de prueba y contradictorio que, desde nuestro punto de vista, no encuadra en el amparo como proceso rápido, sencillo, sumario y especial de protección de derechos humanos fundamentales. Le corresponde entonces, al control de legalidad y no a este Tribunal Constitucional, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisas), por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se ajustan o no, al ordenamiento jurídico infra constitucional. Por las razones indicadas, estimamos que el tema planteado está lejos de las competencias específicas, que la Sala Constitucional está llamada a proteger, sin que ello signifique que no merezca análisis en la jurisdicción ordinaria o de mera legalidad contenciosa administrativa, conforme al artículo 49 constitucional. (…)”

A partir de lo expuesto, no le corresponde a este Tribunal determinar, tal y como lo pretende el recurrente, si en el caso particular debió realizarse algún tipo de consulta sobre el proyecto en cuestión, así como tampoco le compete a esta Sala verificar cuál es el mecanismo que deben utilizar las autoridades recurridas, para garantizar de forma óptima la participación ciudadana. De este modo y, conforme con el precedente de cita, no le corresponde a este Tribunal Constitucional determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisas) por la SETENA en el caso concreto se ajustan o no al ordenamiento jurídico infra constitucional, todo lo cual, deberá ser cuestionado por los recurrentes en las vías de legalidad ordinaria respectivas”.

 

         Así las cosas y conforme con el precedente de cita, no le corresponde a este Tribunal determinar, tal y como lo pretende la recurrente, si en el caso particular debió realizarse algún tipo de consulta sobre el convenio en cuestión, o bien, establecer cuál es el mecanismo que deben utilizar las autoridades municipales recurridas para garantizar de forma óptima la participación ciudadana, tanto en ese punto, como hacer saber sobre la posible vinculación entre el proyecto inmobiliario Cantomar Ocean Club  y la intervención en zona pública y el camino público, toda vez que, se trata de supuestos de legalidad ordinaria que deben ser planteados ante la autoridad accionada o bien, en la sede judicial competente y no ante esta jurisdicción constitucional. Ergo, lo procedente es declarar sin lugar el recurso respecto a este extremo.

         Aparte de lo anterior, si bien la recurrente señala que en enero de 2025 la Asociación de Desarrollo Integral presentó ante el Consejo de la Municipalidad de Santa Cruz una gestión de oposición a la tala, así como un rechazo al convenio de donación de mejoras del camino y el ayuntamiento accionado no hace referencia a dicha gestión, es lo cierto que no justifica por qué acciona a favor de esa asociación si el recurso lo interpuso en tutela del amparado.

VII.- Sobre la aguja de control. Finalmente, aunque la recurrente acusa que el acceso a la playa de Punta Pelencho se encuentra amenazado por la posible instalación de una "aguja de control” con un guarda de seguridad, promovida por la Asociación Punta Loros con la anuencia de la Municipalidad de Santa Cruz, lo que implicaría la privatización del dominio público al impedir el libre tránsito por la zona y el acceso a la playa que es un bien demanial, tal agravio es rechazado por los representantes del cabildo accionado. Indican que “es un hecho falso sin sustento probatoria alguno, la Municipalidad no da autorización ni permite la colocación de agujas que impidan el libre tránsito por los caminos de su jurisdicción”. Ante esa denegatoria y teniendo presente que la recurrente no aporta prueba de su dicho, se desestima el recurso en cuanto a este extremo.

VIII.- Conclusión. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar el recurso solo respecto de la Municipalidad de Santa Cruz y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y en cuanto a la acusada marcación de árboles. Respecto a los demás extremos, se desestima el recurso.

IX.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. El suscrito aclara que si bien los asuntos ambientales, cuando hay intervención administrativa de cualquier índole, los remito a la jurisdicción contencioso administrativa, es lo cierto que tratándose de denuncias por la corta indiscriminada de árboles dentro de la zona marítimo terrestre, no lo haré así, por cuanto, están en juego otros derechos, tales como el derecho al ambiente, agua, la salud y gozar de un nivel digno de calidad de vida, que se pueden ver afectados por las circunstancias indicadas.

X.- RAZONES ADICIONALES DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL EN CUANTO AL DERECHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO.

En el sub iudice, la accionante acusa que el “Convenio de donación para mejoras de calle pública C-05-03-138”, suscrito entre la municipalidad recurrida y la empresa Inversiones Inmobiliarias Watchtower Costa Rica, se realizó sin ningún tipo de consulta previa a la comunidad, irrespetando el derecho a la participación ciudadana.

1.- Sobre el punto, tal como se consignó en el voto salvado a la sentencia nro. 2017001163 de las 9:40 horas del 27 de enero de 2017, estimamos que del ordinal 9 de la Constitución Política se extrae que la participación ciudadana, allende de un principio general, se ha instituido como un verdadero derecho fundamental a la luz del marco convencional que acompaña e integra nuestro régimen de derechos fundamentales.

Justamente, en la sentencia nro. 2013-017305 de las 11:32 horas de 20 de diciembre de 2013, esta Sala consideró que el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones se ha convertido en uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el sistema democrático. En nuestro país, el legislador constitucional recogió este derecho en el artículo 9 de la Constitución Política al disponer que el Gobierno de la República sea popular, representativo, participativo, alternativo y responsable (destacado no corresponde al original), según la reforma propiciada por ley nro. 8364 del 1º de julio de 2003, publicada en La Gaceta nro. 146 de 31 de julio de 2003. Este mandato de la Ley Fundamental, en particular la cualidad de “participativo”, ha orientado un posterior desarrollo normativo constitucional e infra constitucional. Así, se ha establecido una serie de mecanismos que buscan que el derecho al gobierno participativo pueda ser aplicado en forma eficaz y efectiva, de manera que no quede únicamente como un derecho de papel; ejemplos de lo anterior son el referéndum para la aprobación o derogación de leyes y reformas parciales a la Constitución, o la iniciativa popular en la formación de leyes (véase, entre otras, la sentencia nro. 2005-05649 de las 14:39 horas del 11 de mayo del 2005).

El derecho al gobierno participativo no solo encarna un reconocimiento del más alto rango jurídico-positivo a la función del control político por parte de los habitantes de la República, sino que, además, significa una revalorización del papel de estos en los procesos de formulación, aplicación y control de la política pública. Por voluntad del legislador constituyente, que esta Sala no debe ni puede desconocer, el derecho al gobierno participativo se erige como pilar fundamental de nuestro régimen democrático (cuestión erróneamente desconocida por el voto de minoría, que a la participación ciudadana le baja la categoría de derecho a principio general en clara contraposición a la línea jurisprudencial de esta Sala, como más adelante se demuestra), lo que resulta conteste con un sistema político basado en la tolerancia, el pluralismo y el respeto a la libertad.

Como indicamos supra, esta categorización del gobierno participativo o de la participación ciudadana como derecho, se explica a través del respaldo convencional contenido en varios instrumentos internacionales de derechos humanos.

Verbigracia, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dispone que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos” (destacado no corresponde al original).

Concordante con lo anterior, el numeral 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce de modo expreso el derecho de los ciudadanos: “(…) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.

En igual sentido, la Carta Democrática Interamericana señala en su ordinal 5 que: “La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.

De manera más vehemente, el artículo 6 de esta Carta estatuye que: “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”. (Destacado no corresponde al original).

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también reconoció la participación ciudadana como fundamental para la protección del ambiente:

“Reconociendo también que el ejercicio de los derechos humanos, entre ellos la libertad de buscar, recibir y difundir información y de participar efectivamente en la dirección de los asuntos gubernamentales y públicos y el derecho a un recurso efectivo, es fundamental para la protección de un medio ambiente limpio, saludable, sin riesgos y sostenible,” (Consejo de Derechos Humanos, 46° periodo de sesiones, A/HRC/RES/46/7 de 23 de marzo de 2021).

También, resulta importante resaltar que, recientemente, en la resolución A/HRC/RES/48/13, adoptada el 8 de octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidades le otorga el estatus de derecho humano a la participación efectiva en materia ambiental. En tal sentido, señaló:

“Reconociendo que el ejercicio de los derechos humanos, entre ellos los derechos a buscar, recibir y difundir información y a participar efectivamente en la dirección de los asuntos gubernamentales y públicos y en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente, así como el derecho a un recurso efectivo, es fundamental para la protección de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.”. (El resaltado no corresponde al original).

Por su parte, en la Opinión Consultiva OC-23/17 del 15 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que:

“226. La participación pública representa uno de los pilares fundamentales de los derechos instrumentales o de procedimiento, dado que es por medio de la participación que las personas ejercen el control democrático de las gestiones estatales y así pueden cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas. En ese sentido, la participación permite a las personas formar parte del proceso de toma de decisiones y que sus opiniones sean escuchadas. En particular, la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones y, a la vez, mejora la eficiencia y credibilidad de los procesos gubernamentales. Como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, la participación pública requiere la aplicación de los principios de publicidad y transparencia y, sobre todo, debe ser respaldado por el acceso a la información que permite el control social mediante una participación efectiva y responsable” (el destacado fue adicionado).

Tesitura que también había sido adoptada en la sentencia de 19 de septiembre de 2006, relativa al caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”, en la que se dispuso:

“86. En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. 87. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad.”. (El destacado fue adicional).

En adición, la Corte IDH, en la sentencia 27 de noviembre de 2023 dictada en el caso “Habitantes de la Oroya vs. Perú”, dispuso:

“B.2.5.2. Derecho a la participación política

150. El derecho a la participación de los ciudadanos en la dirección de los asuntos públicos se encuentra consagrado en el artículo 23.1.a) de la Convención Americana270 . Con respecto a asuntos ambientales, la Corte ha establecido que la participación representa un mecanismo para integrar las preocupaciones y el conocimiento de la ciudadanía en las decisiones de políticas públicas que afectan al medio ambiente. Asimismo, la participación en la toma de decisiones aumenta la capacidad de los gobiernos para responder a las inquietudes y demandas públicas de manera oportuna, construir consensos y mejorar la aceptación y el cumplimiento de las decisiones ambientales271 . Al respecto, el Acuerdo de Escazú señala que cada Estado Parte “deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional”272.

151. Asimismo, la Corte advierte que el derecho a la participación política en temas ambientales se encuentra consagrado en diversos instrumentos de Derecho Internacional, tales como la Declaración de Estocolmo273, la Carta Mundial de la Naturaleza de Nairobi274, la Declaración de Río275, la Convención de Aarhus276, y el Convenio sobre Diversidad Biológica277 . En este punto, el Tribunal considera pertinente recordar que la referencia a fuentes, principios y criterios del corpus iuris internacional, en este caso en materia ambiental, no implica que asuma competencia sobre otros tratados o que les reconozca obligatoriedad para los Estados. Esta normativa se utiliza como criterio interpretativo para la determinación del alcance de los derechos protegidos por la Convención Americana y otros instrumentos que son vinculantes para el Estado y sobre los que la Corte tiene competencia, de conformidad con el artículo 29 de la Convención278 .

152. La Corte ha estimado que el derecho de participar en los asuntos públicos consagrado en el artículo 23.1.a) de la Convención Americana establece la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante. Asimismo, que en lo que se refiere a la participación pública, el Estado debe garantizar oportunidades para la participación efectiva desde las primeras etapas del proceso de adopción de decisiones e informar al público sobre estas oportunidades de participación. Finalmente, los mecanismos de participación pública en materia ambiental son variados e incluyen, entre otros, audiencias públicas, la notificación y consultas, participación en procesos de formulación y aplicación de leyes, así como mecanismos de revisión judicial279 .

(…)

B.3.6.2. Derecho a la participación política

256. La Corte recuerda que el derecho a la participación política es uno de los pilares fundamentales de la democracia, pues a través de su ejercicio las personas pueden establecer límites a las gestiones estatales y cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas. La participación permite a las personas formar parte del proceso de toma de decisiones y así participar en la dirección de los asuntos públicos que afecten el medio ambiente. Este Tribunal ha destacado que este derecho conlleva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas en la toma de decisiones que pueden afectar el medio ambiente, lo cual se relaciona con la obligación de proveer información relevante. Esta participación debe ser efectiva desde las primeras etapas del proceso de toma de decisiones, lo cual puede realizarse a través de diversos mecanismos (supra párr. 152)”

Así las cosas, este reconocimiento convencional a la participación ciudadana incide hermenéuticamente en su naturaleza jurídica, puesto que de principio constitucional lo transforma en verdadero derecho fundamental colectivo.

De este modo, la participación ciudadana representa un aspecto esencial del modelo democrático y republicano de este siglo, en el que el control ciudadano, la transparencia y la rendición de cuentas destacan como elementos expresivos de este tipo de régimen político, lo que a su vez confiere mucha mayor legitimidad a la toma de decisiones políticas, cuestión clave cuando de gobernabilidad se trata. Así, en el marco de este tipo de régimen ‑esto es, con activa y plena participación ciudadana‑, el gobierno participativo impacta con mayor intensidad, favoreciendo la toma de decisiones a través de medios más abiertos y transparentes.

Precisamente, uno de los mecanismos ideados para cumplir lo dispuesto en el numeral 9 constitucional es la audiencia pública, a través de la cual las personas interesadas pueden hacer valer sus derechos o manifestar su criterio, participando de manera activa en temas de relevancia nacional o local, y poniendo en conocimiento de la Administración todas aquellas anomalías o disconformidades en relación con algún proyecto por desarrollar.

Así las cosas, la audiencia pública es un instrumento típico de una democracia republicana, mediante la cual se fomenta la participación del ciudadano en el proceso de toma de decisiones públicas. Por su significado, la audiencia debe efectuarse de tal forma que garantice la mayor participación posible de las personas que puedan verse afectadas, de ahí que cualquier acción u omisión que obstaculice lo anterior configura una abierta vulneración al derecho constitucional a la participación ciudadana (véase, entre otras, la sentencia número 2009-018223 de las 12:34 horas del 27 de noviembre de 2009).

En cuanto al carácter participativo de la audiencia pública, como se indicó, el ordinal 9 de la propia Constitución Política obliga a ello, pues la calificación “participativo” ahí dispuesta implica, entre otros aspectos, que el Gobierno debe ser un articulador de lo definido por deliberación popular, cuando ello es obligatorio, al tiempo que en la formulación de la política pública, dentro de las posibilidades que el marco jurídico-positivo vigente plantee, está obligado a escuchar el criterio de individuos o grupos afectados, sea este vinculante o no.

En otras palabras, en la democracia republicana actual, los ciudadanos gozan, por mandato constitucional, ya no solo del derecho al voto para ejercer su derecho al gobierno participativo, sino de cantidad de instrumentos de diversa naturaleza para coadyuvar en la toma de decisiones gubernativas y el control político, lo que propicia que puedan ejercer influencia directa en las grandes decisiones públicas.

En este contexto, interesa resaltar que este Tribunal, en la sentencia nro. 2018004117 de las 9:15 horas de 13 de marzo de 2018, realizó un desarrollo respecto a la consulta pública en materia ambiental, destacando que este mecanismo es un pilar en la toma de decisiones relaciones con el medio ambiente. Asimismo, a manera de soft law, acudió a un instrumento particularmente relevante en materia de acceso a la información ambiental y participación ciudadana: el “Convenio sobre el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en la toma de decisiones en temas ambientales”, mejor conocido como “Convenio de Aarhus”. En tal sentido, en el referido pronunciamiento se indicó:

“La Convención de Aarhus, por su parte, en el artículo 6.2.3.4 dispone:

“2. Cuando se inicie un proceso de toma de decisiones respecto del medio ambiente, se informará al público interesado como convenga, de manera eficaz y en el momento oportuno, por medio de comunicación pública o individualmente, según los casos, al comienzo del proceso. Las informaciones se referirán en particular a:

a) La actividad propuesta, incluida la solicitud correspondiente respecto de la que se adoptará una decisión;

b) La naturaleza de las decisiones o del proyecto de decisión que podrían adoptarse;

c) La autoridad pública encargada de tomar la decisión;

d) El procedimiento previsto, en particular, los casos en que estas informaciones puedan facilitarse:

i) La fecha en que comenzará el procedimiento;

ii) Las posibilidades que se ofrecen al público de participar en el mismo;

iii) La fecha y el lugar de toda audiencia pública prevista;

iv) La autoridad pública a la que cabe dirigirse para obtener informaciones pertinentes ante la que se hayan depositado esas informaciones para que el público pueda examinarlas;

v) La autoridad pública o cualquier otro organismo público o competente al que puedan dirigirse observaciones o preguntas y el plazo previsto para la comunicación de observaciones o preguntas;

vi) La indicación de las informaciones sobre el medio ambiente relativas a la actividad propuesta que están disponibles; y

e) El hecho de que la actividad sea objeto de un procedimiento de evaluación del impacto nacional o transfronterizo sobre el medio ambiente.

3. Para las diferentes fases del procedimiento de participación del público se preverán plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público de conformidad con el párrafo 2 supra y para que el público se prepare y participe efectivamente en los trabajos a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones en materia ambiental.

4. Cada Parte adoptará medidas para que la participación del público comience al inicio del procedimiento, es decir, cuando todas las opciones y soluciones son aún posibles y cuando el público pueda ejercer una influencia real.”

De conformidad con lo expuesto, debe propiciarse la consulta de manera transparente y con la mayor información posible. Esto genera una mejor administración de los recursos naturales, contribuye a la transparencia y al adecuado manejo de fondos públicos. Recordemos que el asunto ambiental es un tema de todos los miembros de la sociedad, no solamente del gobierno, por lo que también corresponde a cada ciudadano velar por la conservación del ambiente y procurar un desarrollo sostenible. Es por ello que debe abarcar en forma integral los diferentes sectores de la población (…)”. (El destacado fue adicional).

En adición, en el pronunciamiento aludido, la Sala subrayó que la audiencia ciudadana, por tratarse de una manifestación del principio democrático, no debe convertirse en una simple formalidad que simple y llanamente debe ser agendada, aunque tampoco debe instrumentalizarse como un mero obstáculo para el dictado de una decisión administrativa.

Relacionado con lo anterior, esta Sala ha señalado de modo reiterado, que la Constitución se caracteriza por su supremacía y su eficacia directa e inmediata, merced a las cuales los derechos y garantías que confiere resultan directamente exigibles y vinculantes para todos los Poderes Públicos. Así, en la sentencia nro. 1992-3194 de las 16:00 horas del 27 de octubre de 1992, se puntualizó:

“(…) La Constitución Política en su unánime concepción contemporánea, no sólo es “suprema” en cuanto criterio de validez de sí misma y del resto del ordenamiento jurídico, sino también conjunto de normas y principios fundamentales jurídicamente vinculantes, por ende, exigibles por sí mismos, frente a todas las autoridades públicas, y a los mismos particulares, sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen o hagan aplicables salvo casos calificados de excepción, en que sin ellos resulta imposible su aplicación-; con la consecuencia de que las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales- tienen la atribución-deber de aplicar directamente el Derecho de la Constitución en su pleno sentido, incluso en ausencia de norma de rango inferior o desaplicando las que se le opongan.”

Por su parte, en la resolución nro. 1995-1185 de las 14:33 horas de 2 de marzo de 1995, este Tribunal confirmó:

“Si la Constitución Política tiene un carácter normativo supremo, debe efectivamente conformar y condicionar la validez y eficacia de toda norma inferior o subordinada, y sirve de parámetro para legitimar o no la actuación de cualquier autoridad pública y hasta de los sujetos privados.... El principio de supremacía de la Constitución, en el caso costarricense, no solamente lo tenemos expresamente consagrado en el artículo 10, sino que de modo clarísimo, complementado respecto del órgano encargado de mantenerla o preservarla, según lo que adelante analizaremos. Esto que hemos expresado hasta ahora gira alrededor de que la Constitución tiene una eficacia directa y vincula sin necesidad de intermediación de ninguna otra norma. Y, es por ello, que toda autoridad, en general, tiene capacidad y poder para aplicar, desarrollar y expandir los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política. Si esto no fuera así, toda la argumentación acerca de la jerarquía de las normas, principios y valores constitucionales, caería convertida en una fantasía insubsistente. Sería mera ciencia ficción, una entelequia, en la que simultáneamente existen dos mundos jurídicos ubicados en planos diferentes y sin comunicación entre sí.”

En conclusión, la participación ciudadana constituye un derecho constitucional y convencional, que se erige como una cualidad del sistema democrático republicano. Al respecto, los derechos consagrados en la Ley Fundamental, en diverso grado según su contenido sea más o menos programático, tienen una eficacia directa y vinculan sin necesidad de norma alguna. Incluso, su efectividad a través del desarrollo normativo infra constitucional y la aplicación de este no es ajena al control jurisdiccional de constitucionalidad, cuando se advierten regulaciones, actuaciones u omisiones que representan una lesión al núcleo duro (Kernbereich) de ese bien constitucional.

2. Ahora bien, en el sub lite, consideramos transgredido el derecho a la participación ciudadana, toda vez que, efectivamente, no consta que de alguna manera este se haya garantizado por parte de la municipalidad accionada. 

En ese tanto, se desprende que, dentro de las obras a ejecutar con base en el convenio antedicho, está la poda o corte de determinados árboles del camino público en cuestión (en ese tanto, véase que se constató que al menos 68 árboles de esa zona fueron marcados); además, el accionante expone que también se podría afectar un corredor biológico esencial para la fauna local (especialmente monos aulladores). En adición, véase incluso que, ante la visita que se efectuó en enero del año en curso en el sitio, la municipalidad emitió el oficio nro. DDUR-UTGVM-COORD-017-2025 de 20 de enero de 2025, a través del cual le comunicó a la empresa desarrolladora que “con relación a la reunión sostenida el día de hoy en sitio (…) solicitamos de manera formal y concisa, NO ejecutar labores de mejoramiento de camino hasta tener claridad entre todas las partes, con relación a la ampliación del derecho de vía y retiro-poda de los árboles presentes en dicho derecho de vía, que da acceso a la playa.”.

De tal manera, es claro que el desarrollo del proyecto de mejora del camino en el marco del convenio de marras tiene implicaciones ambientales, que no fueron efectivamente comunicadas ni consultadas a través de algún mecanismo a la ciudadanía. En ese tanto, cabe resaltar que el ordinal 6 de la Ley Orgánica del Ambiente estatuye: “Artículo 6.- Participación de los habitantes. El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente.”.

Por su parte, el numeral 17 del Decreto Ejecutivo nro. 40139-MOPT (Oficialización de la Norma Técnica para el Desarrollo y la Conservación de la Red Vial Cantonal), dispone: “Artículo 17.- Gestión socio ambiental. Las obras de mejoramiento y construcción de obra nueva que se desarrollen en la red vial cantonal se deberán realizar con apego a la normativa vigente en materia ambiental y social, de forma que se garantice que dichos componentes se incorporen dentro de la gestión vial municipal a fin de contribuir con el desarrollo sostenible. Para estos efectos, y en cumplimiento de los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554, el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, No. 7788 y el artículo 1 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317, las municipalidades deberán (…) b) Implementar la consulta socio ambiental para promover la participación ciudadana, como elemento fundamental para desarrollar los proyectos de manera sostenible (…)”.

Así las cosas, en consideración a la posible afectación ambiental del proyecto a ejecutar, la ausencia absoluta de algún mecanismo de consulta ciudadana constituye un agravio susceptible de ser declarado en esta vía constitucional.

XI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso solo respecto de la Municipalidad de Santa Cruz y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y en cuanto a la acusada marcación de árboles. Se les ordena a David Chavarría Morales, director a.i. del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, o a quien ocupe ese cargo; así como a Jorge Arturo Alfaro Orias y Carlos Barrenechea Martínez, cada uno en su condición de alcalde y presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz, o a quienes ejerzan esos puestos, y a los funcionarios que ocupen los cargos de jefe del Departamento de Zona Marítimo Terrestre y jefe del Departamento de Gestión Ambiental, todos de la Municipalidad de Santa Cruz, que giren las órdenes pertinentes, coordinen lo correspondiente y lleven a cabo todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias respectivas, a fin de que: 1) de INMEDIATO, se dé inicio a un procedimiento para determinar el motivo y los responsables de la marcación de árboles acusada, y se dicten las medidas precautorias correspondientes para asegurar que ningún árbol en la zona sea talado sin la respectiva autorización de acuerdo con la normativa ordinaria atinente; 2) en el plazo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se concluya el procedimiento antedicho y se dicte la resolución que corresponda. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y a la Municipalidad de Santa Cruz al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal consignan razones adicionales en cuanto en relación con el derecho de participación ciudadana y le ordenan a la Municipalidad de Santa Cruz adoptar las medidas que correspondan para garantizar el derecho a la participación ciudadana previo a la ejecución de cualquier obra del “Convenio de donación para mejoras de calle pública C-05-03-138”. Notifíquese.

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ana María Picado B.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 JDO8ZFMJ1BU61

EXPEDIENTE N° 25-006102-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 19-02-2026 11:16:40.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 38435 - 2025

Date of Resolution: November 21, 2025 at 09:15

Case File: 25-006102-0007-CO

Drafted by: Ana María Picado Brenes

Type of Case: Amparo Action

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Ruling with protected data, in accordance with current regulations

Text of the resolution

Exp: 25-006102-0007-CO

Res. No. 2025038435

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes on November twenty-first, two thousand twenty-five.

Amparo action processed in case file number 25-006102-0007-CO, filed by [Name 001], of legal age, ID number [Value 001], on behalf of [Name 002], of legal age, ID number [Value 002], against the Municipality of Santa Cruz and the Ministry of Environment and Energy.

Resultando:

1.- By means of a written submission received at the Secretariat of the Sala at 1:21 p.m. on March 3, 2025, the petitioner filed an amparo action against the Municipality of Santa Cruz and the Ministry of Environment and Energy -MINAE- and states that in Ordinary Session No. 49-2024 held on December 5, 2024, the Municipal Council of Santa Cruz approved the so-called "Donation Agreement for Improvements to Public Road C50313, Article 8, Section 1, of the Regulations on construction control in the Canton of Santa Cruz." She indicates that on January 15, 2025, residents of the community of Brasilito found markings on more than 120 trees located in the public zone of the maritime-terrestrial zone and in the restricted zone of Playa Brasilito, a sector known as Punta Pelencho, Cabo Velas, Santa Cruz, Guanacaste. She mentions that, due to the possibility of those trees being felled, on January 15 of this year a complaint was made through social media. She adds that on January 16, 2025, the Asociación de Desarrollo Integral de Playa Brasilito filed a petition before the Municipal Council of Santa Cruz opposing the felling of trees in the maritime-terrestrial zone and the public zone of Playa Pelencho, as well as its rejection of the donation agreement for improvements to the public road approved between the Municipality and the developers of the Ocean Club project, Environmental Viability Resolution No. 2758-2007. The foregoing, on the grounds that a public consultation was not carried out beforehand; that the project would affect a biological corridor essential for wildlife, especially for the troops of howler monkeys (Alouatta palliata palliata), which depend on these trees for movement and food; the existence of new regulations since 2007 that were not analyzed regarding water availability and wastewater treatment, among others. However, she claims that these petitions have not been resolved by the municipal entity. On January 16, 2025, by official communication No. SINAC-ACT-OSRSCC-055-2025 signed by the Subregional Office of Santa Cruz-Carrillo of the National System of Conservation Areas, the mayor of Santa Cruz was informed that there is no permit application for tree removal in the maritime-terrestrial zone of Playa Pelencho. Said official communication indicated that, in accordance with the provisions of Articles 12, 18, and 22 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone, Law No. 6043, the removal of trees, the exploitation of natural resources, and any type of intervention without proper authorization from the competent entities are expressly prohibited. Furthermore, the document points out that the vegetation on the beach fulfills fundamental ecological functions, such as protection against erosion, thermal regulation, and biological connectivity for wildlife, including arboreal species. In addition to this, the municipal entity was urged to publicly clarify the situation and provide information to citizens about the possible removal of the trees. She states that despite the recommendation, the municipal entity continues without issuing a statement on the matter. She adds that on January 16, 2025, the Municipality of Santa Cruz conducted a site inspection and issued the "Inspection report complaint for possible tree felling in the public zone of the maritime-terrestrial zone of Playa Brasilito, Santa Cruz, Guanacaste," official communication No. DAM-DGA-PA0007-2025, through which it confirmed that the trees were marked, but without identifying the reason or those responsible. She asserts that even though there are more than 120 trees demarcated within a protected zone, the respondent authorities took no action on the matter, nor did they clarify the situation to the citizens. She comments that within the aforementioned report, the respondent Municipality confirmed the existence of the "Donation Agreement for Improvements to Public Road C50313," which includes the felling of 68 trees. She states that the community linked the demarcation of the trees with the construction of a real estate project called "Cantomar Ocean Club," developed by the company Inversiones Inmobiliarias Watchtower Costa Rica LTDA, whose case file D1-1286-2006-SETENA was approved by the Ministry of Environment and Energy on December 17, 2007. She alleges that the defendant municipality has not provided any official information about the possible link between the aforementioned project, the intervention in the public zone, and the public road. On January 17, 2025, Mr. Germán Pochet Ballestero, representing the Asociación Punta Loros, published a video stating that the trees would not be felled and that said Association had conducted a "tree inventory" with identification plates. For this reason, a request was made to the Association and the Municipality of Santa Cruz for a copy of the agreement; however, her petition was not addressed. She explains that the only information provided was a document called "Rapid risk assessment and Basic risk assessment for trees in the public maritime zone." She highlights that the competent authority to determine the existence of any type of risk regarding forestry administration is the National System of Conservation Areas and not the Municipality of Santa Cruz. She notes that on January 24, 2025, community organizations filed a petition before the Municipal Council of Santa Cruz with 584 signatures requesting "(...) ● The annulment of the donation agreement for improvements to public road C503138, known as 'Calle Estero Ostional,' approved on December 5, 2024, by the Municipal Council in Ordinary Session 49-2024 in accordance with Article 8, Section 1 [of the regulation for the control of subdivisions (fraccionamientos) of the Municipality of Santa Cruz] and presumably with the Real Estate Development Watchtower LTDA, 'known as Cantomar.' ● Access to information regarding the tree felling and the road project. The integration of the Comité Punta Pelencho in the discussions and decision-making (...)." Additionally, the technical report SM-CR-01-2025 from the organization Salvémonos Costa Rica was provided, which establishes that if the tree felling occurs in the maritime-terrestrial zone and the access road, it would affect the biological connectivity of a troop of at least 24 howler monkeys (Alouatta palliata palliata), a species classified as vulnerable by the IUCN, as well as other wildlife species, which is regulated within Executive Decree No. 40149-MOPT. She emphasizes that the howler monkey, which is considered an "umbrella" species, meaning that by occupying extensive habitats or home ranges in the ecosystem, its interactions are more diverse and mutual with other organisms. Therefore, its existence benefits many other species; if an umbrella species is affected, it will affect, in a chain, many more species that benefit directly or indirectly. The howler monkey has been considered an umbrella species because they are vital for maintaining the biological balance in forests. The forest patches or remnants where they currently live, they are seed dispersers and need continuous forested areas, with connectivity, so their protection and conservation benefit many other species, including human beings. In this sense, it can be identified that their conservation and protection provides a contribution in four dimensions of sustainable development. The Postgraduate Program in Sustainable Development of the University of Costa Rica defines the concept of Sustainable Development, in Jorquera, 2017, as: "A social and economic process for the management and conservation of natural resources, contemplating as fundamental elements social equity, citizen participation and cultural diversity to guarantee the quality of life of present and future generations." (Vulnerability Index of the howler monkey \u2018Alouatta palliata palliata\u2019 from the perspective of sustainable development for its conservation). In that sense, in accordance with the provisions of Article 50 of the Political Constitution, the protection of endangered species and the maintenance of the balance of the natural cycles that sustain life must be safeguarded to prevent systems from collapsing. In addition to this, it must be considered that not only is fauna affected, but also the flora and biodiversity of the ecosystems, as well as the possible impacts on the economy of the population that depends on environmental services. On the other hand, the loss of biodiversity resulting from pollution and the inadequate exploitation of state forest resources, among others, is one of the ways through which the integrity of the environment is broken, with results that are most often irreversible and cumulative. Such aspects must be safeguarded by the Costa Rican State. She affirms that the State must protect the environment, the ecosystem, and the public domain assets that are for public use, in accordance with the provisions of our Political Constitution, the jurisprudence of the Sala Constitucional, as well as international conventions and treaties. She claims that the Municipality of Santa Cruz has disregarded its precautionary duty in environmental matters to ensure the quality of life of the inhabitants, as well as the protection of the environment, and the due distribution of wealth by prioritizing an infrastructure project over the possible impact on biodiversity, the environment, flora, fauna, and the maritime-terrestrial zone, to the detriment of the interests of the community of Brasilito. The foregoing, insofar as the use of public spaces has become generalized to being privatized with the tolerance of the Municipality of Santa Cruz, to the detriment of the rights of citizens and the State's own patrimony. Likewise, construction permits have been granted for the aforementioned exclusive real estate project with a very high socio-environmental impact, which, moreover, increases the risks to the habitability of the zone for present and future generations since, despite having the permits from SETENA, they do not have studies on the impact of climate change and the potential impact of sea-level rise and the impact it may have on the public zone of the maritime-terrestrial zone and access to it. The immediate environmental impacts were not considered. She alleges that the progressive de facto privatization of public spaces in Santa Cruz, with the tolerance of municipal authorities, violates fundamental principles of non-discrimination and equality, essential pillars of constitutional law and democratic principles in a Social State of Law. She mentions that even though there is a permit granted by SETENA, its validity is questioned, due to the fact that the officials who granted the permits are defendants in the case under investigation by the Adjutant Prosecutor's Office for Probity, Transparency, and Anti-Corruption, which ordered the detention of 2 SETENA officials with the last names Quirós Brenes and Álvarez Acosta, who granted the environmental viability permit for this Cantomar project, regarding which the possible commission of the crimes of influence peddling, bribery, and penalty of the corrupter is suspected, in the so-called "Comején Case," and that previously another project called Azulera Resort was stopped in the same locality due to irregularities in the environmental viability permits. In this case, it is important that, in application of the precautionary principle in environmental matters, the pertinent actions are taken to prevent the removal of trees within the maritime-terrestrial zone and the protected zone in question, to avoid an irreversible impact on the environment of the area, affecting the flora, fauna, and human life due to possible changes in the ecology of the site. On the other hand, she alleges that access to the beach at Punta Pelencho is threatened by the possible installation of a "control retractable bollard (aguja de control)" with a security guard, promoted by the Asociación Punta Loros with the consent of the Municipality of Santa Cruz, which would imply the privatization of the public domain, by preventing free transit through the zone and access to the beach, which is a public domain asset (bien demanial). The foregoing, in accordance with point 8 of the Rapid risk assessment and Basic risk assessment for trees in the public maritime zone by the Asociación Punta Loros Para La Sostenibilidad, Conservación Y Promoción Responsable De La Zona Pública De La Zona Marítima Terrestre Playa Punta Loro, Brasilito Guanacaste, which recommends the placement of retractable bollards (agujas), as well as other artificial and natural barriers that impede access, despite it being a public domain zone. While it is true that the Municipality can regulate the use of public roads under its charge in protection of public order, this cannot impose limitations on free circulation on such roads, nor authorize a private legal entity to execute them. In this way, the actions of the Municipality of Santa Cruz regarding the donation agreement for a public road in favor of a private company, for the construction of a Beach Club, would imply the use of the road and the beach as private property, which is contrary to law and detrimental to the collective interest as it involves a public domain asset, located within a protected zone and the maritime-terrestrial zone. She maintains that the possible installation of a "control retractable bollard (aguja de control)" at the access to Playa Punta Pelencho, promoted by the Asociación Punta Loros, constitutes an attempt at the de facto privatization of a public domain asset, in direct contravention of Articles 9, 10, and 11 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone, Law No. 6043, in relation to Article 22 of the Political Constitution. In this regard, the Municipality of Santa Cruz is not only failing in its duty to guarantee free and universal access to the Maritime-Terrestrial Zone (ZMT), but is also facilitating the improper appropriation of public assets by private interests. She adds that it is necessary for the Municipality of Santa Cruz to deliver all the information that was requested regarding the agreement under discussion, as well as the donations made and the permits obtained by the Asociación Punta Loros. Likewise, it must provide the community of Brasilito with information on the case and carry out the relevant consultations so they can participate in matters of public interest. She adds that in the extraordinary session held on February 6, 2025, the Municipal Council of Santa Cruz considered official communication AJ-65-2025, which refers to official communication DAM-208-2025 from the Mayor's Office and the agreement of ordinary session No. 3-2024, article 4, section 5, related to the petition promoted by Mr. [Name 002] representing the community. During this session, the Comité Punta Pelencho formally requested from the Municipality: "(...) 1. Explicit commitment that the felling of trees in the public zone of the Maritime-terrestrial Zone will not proceed. 2. Copy of the agreement signed between the Municipality and approved by the Municipal Council in Ordinary Session 49-2024 in accordance with Article 8, Section 1 [of the regulation for the control of subdivisions (fraccionamientos) of the Municipality of Santa Cruz] and presumably with the Real Estate Development Watchtower LTDA, 'known as Cantomar.' 3. Guarantee of citizen participation in meetings for the resolution of environmental and urban conflicts in the zone. (...)". The Municipal Council approved unanimously to forward the request to the Mayor's Office so that it remains informed and, in turn, provides a report to the Municipal Council. However, as of the date of filing this action, the mayor of Santa Cruz has not provided the requested information, nor has citizen participation been guaranteed. Despite the acknowledgment of the problem by the municipality and the commitment to issue a report on the situation, the lack of an effective response and the omission in guaranteeing access to information and citizen participation constitute a violation of the fundamental rights of the inhabitants of Brasilito. On February 10, 2025, by Official Communication SM-116-ORD-05-2025, the secretariat of the Municipal Council of Santa Cruz communicated that in Ordinary Session No. 05-2025, it was unanimously agreed to forward to the Municipal Mayor's Office the request submitted by citizen [Name 002], who had requested a copy of the donation agreement for improvements to public road C503138. She reiterates that said agreement is essential to determine the nature of the road intervention and possible authorization of tree felling, as well as the terms under which access to the beach known as Punta Pelencho is allegedly being de facto privatized, restricting access to the public zone of the Maritime-terrestrial Zone. However, the respondent has not addressed the multiple petitions and requests for the delivery of information. She reproaches that the Municipality of Santa Cruz has not taken any measure to guarantee the effective protection of the ecosystem of Playa Pelencho, in the face of possible damage to the environment and the maritime-terrestrial zone. On the other hand, she points out that on the official Cantomar page in the frequently asked questions "FAQ," it is indicated that properties can be purchased "in the name of an individual, corporation or other corporation, trust, or foundation," which contravenes Article 25 of the Regulations to the Law on the Maritime-Terrestrial Zone, which states that "(...) Concessions may not be granted: a) To foreigners who have resided in the country for less than 5 continuous years, as certified by the national Migration authorities; b) To corporations with bearer shares; c) To companies or entities domiciled abroad; ch) To entities whose shares or quotas or capital correspond more than fifty percent to foreigners; nor d) To any other type of entity, not included in the preceding subparagraphs, where more than half of its members are not Costa Ricans (...)". She adds that the statements about property ownership in the maritime-terrestrial zone of Costa Rica are misleading and could induce foreign investors into error, by fraudulently equating the Costa Rican concession regime with the private property system of the United States. Such a situation undermines the principle of sovereignty and could generate erroneous expectations in international buyers who then act discriminatorily against those who exercise their freedom of transit in public zones. She considers that the exposed facts harm the fundamental rights of the protected party.

2.- By resolution at 9:13 a.m. on March 10, 2025, the Presidency of the Sala admitted this amparo and requested a report from the mayor, the president of the Municipal Council, the head of the Department of the Maritime-Terrestrial Zone, and the head of the Department of Environmental Management, all of the Municipality of Santa Cruz; the head of the Subregional Office Santa Cruz-Carrillo and the regional director, both of the Tempisque Conservation Area, the executive director of the National System of Conservation Areas, the National Environmental Technical Secretary, and the Vice Minister of Environment, all of MINAE, regarding the facts alleged by the petitioner.

3.- Jorge Mario Rodríguez Zúñiga and David Chavarría Morales report under oath, respectively, in their capacity as Vice Minister of Environment and Acting Executive Director of the National System of Conservation Areas (SINAC), both of MINAE (written submission filed at 5:01 p.m. on March 14, 2025) in the following terms:

"I. FACTS

Facts alleged by the petitioner:

(...)

II. LEGAL CONSIDERATIONS:

FIRST: The amparo action is a judicial process heard in the Sala Constitucional and constitutes the so-called constitutional jurisdiction of freedom; its existence guarantees the validity of the fundamental rights established in the Political Constitution and in the international human rights treaties in force in the country. The Law of Constitutional Jurisdiction establishes in its Article 29 that the amparo action guarantees the fundamental rights and freedoms referred to in said law, except those protected by habeas corpus; it also establishes that it is applicable against any provision, agreement, or resolution and, in general, against any action, omission, or simple material act not based on an effective administrative act, by public servants and bodies, that has violated, violates, or threatens to violate any of those rights. It is not only applicable against arbitrary acts but also against actions or omissions based on erroneously interpreted or improperly applied norms.

SECOND: In the Costa Rican legal system, the Amparo Action derives from constitutional norms number 10 and 48 of the Political Constitution, which establish that every person has the right to an amparo action to maintain or restore the enjoyment of the rights enshrined in the Constitution, as well as those of a fundamental nature established in international instruments on human rights, applicable in the Republic. There is an entire title within this normative body where a series of individual rights and guarantees are established, such as the right to life in Article 21, the right to privacy, freedom, and secrecy of communications in Article 24, the right to equality enshrined in Article 33, the right of consumers and users (of public services) to environmental protection in Article 46, and many others, established within the social rights and guarantees, such as the right to a healthy and ecologically balanced environment and the correlative state duty to protect it—Article 50—and the state duty to protect natural beauties, which implies at least indirect protection of the environment or partial protection of it insofar as it points to an aspect that comprises it: natural landscapes, in Article 89.

THIRD: The Sala Constitucional is only subject to the Constitution, the Law, and its jurisprudence and precedents are binding erga omnes except for itself. This provision is important given that what is resolved by the Sala is binding for the other public bodies, both administrative and judicial, as well as for all individuals.

III. OF THE RESOLUTION AT NINE HOURS THIRTEEN MINUTES ON MARCH TENTH, TWO THOUSAND TWENTY-FIVE

In relation to the operative part of the cited resolution, this Office proceeds to render a report in the following terms:

In relation to the operative part of the cited resolution, this Office proceeds to render a report in the following terms:

FIRST: We bring to the attention of the Sala Constitucional that the Ministerial Office handles an extremely high volume of correspondence, as our scope is national; consequently, correspondence is attended to as it arrives, even so we often must carry out internal coordination with centralized or regionalized Directorates or Departments, or with deconcentrated bodies by subject matter, which generates a delay in attending to the various procedures handled by this Office, without this in itself implying a neglect in attending to them.

SECOND: That, in relation to the judgment at nine hours thirteen minutes on March tenth, two thousand twenty-five, the Sala Constitucional is hereby informed of compliance with the resolution, attached is Official Communication No. SINAC-ACT-OSRSCC-263-2025 issued by Mr. Ing. Orlando Matarrita Suárez, head of the Subregional Office Santa Cruz-Carrillo, which states the following:

"That, in the records of this subregional office of the SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN, there is no record of any permit for tree removal in favor of the Municipality of Santa Cruz, or of any other entity or natural or legal person, for the sector of the public zone of the Maritime-Terrestrial Zone comprised between landmarks numbers 604 to 611, and in the sector of the public road that provides access to that beach in the section comprised between coordinates E304564-N1152930 / E303925 – N 1152817." (Bold text is not part of the original).

THIRD: That, according to official communication No. SINAC-ACT-OSRSCC-055-2025 dated January 16, 2025, issued by Mr. Ing. Orlando Matarrita Suárez, Head of Subregional Office Santa Cruz-Carrillo, the following was stated:

"... As you are already aware, in recent days there has been a reaction from residents near Playa Brasilito, due to some kind of marks (plates) that have appeared on the trees located in the public beach zone at the north end of Playa Brasilito, known as 'Playa Pelencho,' which has led them to think that the trees will be felled, and this has caused them much concern. In this regard, this office has been clear in informing the citizens who have consulted us that there is no open case file at SINAC containing an application from said municipality for a tree removal permit for those trees. Which is true. Regarding the public zone, I permit myself to transcribe the following articles of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone, number 6043. Article number 12. 'In the maritime-terrestrial zone, it is prohibited, without proper legal authorization, to exploit the existing flora and fauna, demarcate with fences, lanes, or in any other way, erect buildings or installations, cut down trees, extract products, or carry out any other type of development, activity, or occupation.'

Article number 18 'In exceptional cases, such as the construction of industrial plants, sport fishing facilities or artisanal installations, port works, mariculture programs, or other similar establishments or installations, whose operation makes their location near the sea indispensable, authorization may be given for the use of the areas of the maritime-terrestrial zone that are necessary to facilitate their construction and operation, provided there is express approval from the respective municipality, the Instituto Costarricense de Turismo, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, and other State institutions responsible for authorizing their operation, as well as the Ministerio de Obras Públicas y Transportes.'

Article number 22. 'In the public zone, no type of development shall be permitted, except for infrastructure works and construction approved in each case by the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, the Instituto Costarricense de Turismo, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, and the respective municipality, in view of the public use for which they are intended, or when it involves the establishment and operation of state tourist facilities of notable convenience for the country.'

In view of the above, and that this office is not aware of the existence of any type of public interest project to be developed in that beach sector, there are sufficient arguments to assume that there is no interest on the part of said municipality in removing those trees.

Regarding beach vegetation, it fulfills very important ecological functions, such as: protection of dunes against erosion, regulation of the sand temperature on the beach, which is necessary for the adequate development of the animals and organisms that depend on it, it also provides connectivity for the movement and feeding of arboreal animals, and last but not least, it provides shade for people using the beach. Therefore, the concern of citizens about the possible elimination of these trees is very valid and even commendable.

Given the above, it is considered very appropriate and necessary for said municipality to clarify through appropriate means to the citizenry about the real existence, or not, of an interest in removing those trees. This is because this office has been informing citizens who consult and complain from the beginning that there is no permit, nor any process, for obtaining a permit before SINAC by the Municipality of Santa Cruz as the administrator of the public zone.

However, there has been no timely response from that municipality to the citizens' complaints, which means that the concern of the citizenry persists.

I take this opportunity to formally request that the Municipality of Santa Cruz install in that beach sector some type of obstacles or devices to prevent automobile access to it, since that is a problem that some citizens have also reported is occurring at the site and that is indeed happening."

All of this reflects due and effective inter-institutional attention and coordination, and given that this report has been submitted and by virtue of what has been stated, it is requested that the amparo action filed by the appellant be dismissed, since the actions of my represented party have not constituted a violation of any fundamental right, and instead the actions of the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas are in accordance with regulations and the matters alleged are being addressed in a timely and proper manner.

FOURTH: It is also important to bear in mind that Law 7788, of April 30, 1998, the Biodiversity Law, in its Article 22 establishes, through the creation of the National System of Conservation Areas, that it constitutes a decentralized and participatory management and institutional coordination system, which will integrate competencies in forestry matters, wildlife, protected areas, and the Ministry of Environment and Energy, in order to issue policies, plan, and execute processes aimed at achieving sustainability in the management of Costa Rica's natural resources. Along these same lines, Article 31 of the same Biodiversity Law states that each Conservation Area will be under the responsibility of a director charged with applying said Law 7788, as well as the other laws governing the matter, implementing national policies, and executing the directives of the Regional Council of their Conservation Area or those of the Minister of Environment and Energy, to whom they shall be accountable. In the same vein, what is stated in Article 28 of the same law must be kept in mind, in that the System will be made up of territorial units called Conservation Areas, where each conservation area is a territorial unit of the country, administratively delimited, governed by a single development and administration strategy, duly coordinated with the rest of the public sector. In each one, both private and state activities in the field of conservation are interrelated without detriment to protected areas. The Conservation Areas will be responsible for applying the legislation in force regarding natural resources within their geographical demarcation. In this sense, it can be understood that, in this particular case, the Tempisque Conservation Area has acted diligently, as it has established the appropriate coordination for the protection of the areas indicated in the action, added to the fact that no procedure has been processed within the competencies held by SINAC, in the Tempisque Conservation Area, for the authorization of tree cutting, and as previously stated, there is no open administrative file in this regard, this being rather a matter for the agrarian jurisdiction through the process of (sic)

FIFTH: In accordance with the previous article, we must keep in mind what is established by the Forestry Law Number 7575, which through Article 34 expressly establishes that cutting is expressly PROHIBITED in protected areas, that is, the cutting or elimination of trees in the protection areas described in Article 33 of the same law is prohibited, except in projects declared by the Executive Branch as being of national convenience. In this sense, MINAE would be unable to order the cutting of the trees set forth in the action, as this procedure must be carried out before the competent Agrarian Court through the summary process for tree removal, which at this moment, as previously stated, is unknown, nor has any procedure in this regard been requested by the Agrarian Court.

SIXTH: Regarding the apparent possible installation of a "control gate" with a security guard, promoted by the Punta Loros Association with the consent of the Municipality of Santa Cruz, it is not within the competence of the Conservation Area nor MINAE to authorize said installation within the framework of legality and the competencies of MINAE and the Conservation Area specifically.

The documentary evidence referred to, provided in this Amparo, demonstrates the good faith on the part of this Office in the process carried out.

IV. PETITION

In accordance with the provisions of this report and the documentary evidence provided, I request that this Amparo be DISMISSED, insofar as it concerns the Ministry of Environment and Energy. I request that our Ministry be exempted from paying procedural costs in accordance with Article 52, paragraph 1 of the Constitutional Jurisdiction Law, given the nature of the function incumbent upon this Institution regarding the protection of natural resources, which is the nature of this institution, and since, as set forth in the action, to the best of our knowledge, the cutting of the trees in question has not been carried out, and furthermore, the Tempisque Conservation Area, SINAC, and MINAE have not processed or authorized the cutting of said trees in the indicated areas."


4.- Nelson Marín Mora, in his capacity as regional director of the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas, provides a sworn statement (document filed at 10:01 a.m. on March 19, 2025) in the following terms:

"FIRST: That, in relation to the ruling issued at nine thirteen hours on March ten, two thousand twenty-five, the Constitutional Chamber is hereby informed of compliance with the certification; attached is Official Letter No. SINAC-ACT-OSRSCC-263-2025 issued by Mr. Orlando Matarrita Suárez, Head of the Santa Cruz Carrillo Subregional Office, which states the following: 'That, in the records of this subregional office of the NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS, there is no permit whatsoever for tree cutting in favor of the Municipality of Santa Cruz, or of any other entity or natural or legal person, for the sector of the public zone of the Maritime Terrestrial Zone between boundary markers numbers 604 to 611, and in the sector of the public road that provides access to that beach in the section between coordinates E304564-N1152930 / E303925 – N 1152817.' (Bold text is not part of the original).

SECOND: That, according to Official Letter No. SINAC-ACT-OSRSCC-055-2025 dated January 16, 2025, issued by Mr. Orlando Matarrita Suárez, Head of the Santa Cruz-Carrillo Subregional Office, it indicated the following:

'… As you are already aware, in recent days there has been a reaction from residents living near Brasilito beach, due to a kind of marks (tags) that have appeared on trees located in the public beach zone at the northern end of Brasilito Beach, known as "Playa Pelencho," which has led them to think that the trees will be cut down, and this has caused them great concern.

In this regard, this office has been clear in informing the citizens who have consulted us that there is no open administrative file with SINAC containing a request from that municipality to obtain a cutting permit for those trees. This is true. Regarding the public zone, allow me to transcribe the following articles of the Maritime Terrestrial Zone Law, number 6043. Article number 12: "In the maritime terrestrial zone, it is prohibited, without due legal authorization, to exploit the existing flora and fauna, to demarcate with fences, lanes, or in any other way, to erect buildings or installations, to cut down trees, to extract products, or to carry out any other type of development, activity, or occupation." Article number 18: "In exceptional cases, such as the construction of industrial plants, sport fishing installations or artisanal installations, port works, mariculture programs, or other similar establishments or installations, for whose operation a location near the sea is essential, the use of the areas of the maritime terrestrial zone that are necessary to facilitate their construction and operation may be authorized, provided that there is express approval from the respective municipality, the Costa Rican Tourism Institute, the National Housing and Urbanism Institute, and other State institutions responsible for authorizing their operation, as well as the Ministry of Public Works and Transport."

Article number 22: "No type of development shall be permitted in the public zone, except for the infrastructure and construction works that in each case are approved by the Ministry of Public Works and Transport, the Costa Rican Tourism Institute, the National Housing and Urbanism Institute, and the respective municipality, considering the public use for which they are intended, or when it concerns the establishment and operation of state tourism installations of clear national convenience."

In view of the above, and since this office is not aware of the existence of any type of public interest project to be developed in that beach sector, there are sufficient grounds to assume that there is no interest on the part of that municipality in the removal of those trees.

Regarding beach vegetation, it fulfills very important ecological functions, such as: protection of the dunes against erosion, regulation of the sand temperature on the beach, which is necessary for the proper development of the animals and organisms that depend on it, it also provides connectivity for the movement and feeding of arboreal animals, and last but not least, it provides shade to beach users. Therefore, the citizens' concern about the possible elimination of those trees is very valid and even commendable.

Given the foregoing, it is considered very appropriate and necessary for that municipality to clarify, through appropriate means, to the citizenry whether or not there is a genuine interest in the removal of those trees. This is because this office has, from the very beginning, been informing the citizens who consult and complain that there is no permit, nor any procedure for obtaining a permit, before SINAC by the Municipality of Santa Cruz as administrator of the public zone. However, there has been no timely response from that municipality to the citizens' complaints, which means that the concern of the citizenry persists.

I take this opportunity to formally request that the Municipality of Santa Cruz install in that beach sector some type of obstacles or devices to prevent automobile access to it, since that is a problem that some citizens have also reported is occurring at the site and that is indeed happening.'

All of this reflects due and effective inter-institutional attention and coordination, and given that this report has been submitted and by virtue of what has been stated, it is requested that the amparo action filed by the appellant be dismissed, since the actions of my represented party have not constituted a violation of any fundamental right, and instead the actions of the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas are in accordance with regulations and the matters alleged are being addressed in a timely and proper manner.

For the reasons stated, it is requested that this Amparo Action be dismissed."


5.- Andrés Cortez Orozco, in his capacity as interim Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, provides a sworn statement (document filed at 2:03 p.m. on March 19, 2025) in the following terms:

"I appear to render a compliance report on what was ordered by resolution issued at 09 hours 13 minutes on March 10 of the year two thousand twenty-five, notified on March 14, 2025, in the amparo action processed under constitutional file No. 25-006102-007-CO, as follows:

In relation to the Environmental Assessment Form (D1+P-PGA), to which administrative file number D1-1286-2006 was assigned, for the Ocean Club project, which was granted environmental viability (viabilidad ambiental) through resolution No. 2758-2007-SETENA, I may refer to the allegations related to the environmental impact assessment process present in the amparo action, file No. 25-006102-007-C.

Allegations:

FIRST: The environmental viability (viabilidad ambiental) granted does not include studies on the impact on climate change and the potential impact on sea level.

According to the regulations in force at the time of processing the environmental viability (viabilidad ambiental), that is, Decrees 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC and 32966-MINAE, it was not a requirement to present studies on the impact on climate change and the potential impact on sea level. The introduction of the climate change variable into environmental impact assessment processes is a novel topic in the Latin American region, even more so in our country; even today it is not present in the regulations in force on environmental impact assessment. The process of analyzing how to introduce the topic into environmental licensing processes is barely underway, since over time the need to carry out this analysis has been recognized. Clearly, in the year in which the file in question was analyzed, the year 2007, there was no obligation for either the interested party or the administration to analyze the impact of the project on climate change and the potential impact on sea level.

An analysis was carried out on the natural hazards surrounding the project, which concluded the following:

"Summary of results and conclusions

The contact between the units of the Nicoya Complex is discordant and irregular, sometimes showing metamorphism produced by the intrusions; the units do not have a defined geometric shape. There are no defined structural trends in the rocks as there are dips with northeast and northwest directions in the radiolarites, with angles between 28° and 50°.

The main hazard for the project is associated with earthquakes originating in the Nicoya and Papagayo seismic zone. In the Nicoya seismic zone, the annual occurrence of earthquakes with magnitude M greater than 4.5 is 2.7542, and the probable mean value of the maximum magnitude that the seismic source could generate is 7.7 for a depth between 0 and 40 km. The existence of a seismic gap is known, a product of the quietude the zone has maintained in the last 50 years.

Therefore, this technical limitation must be taken into account when designing the works. It is also important that any slopes (taludes) to be built as part of the project, on access roads and terraces, have adequate angles and heights to prevent falling debris and, in the worst case, landslides of materials, which are characterized by poor geomechanical quality.

Among the virtues of the terrain are the moderate slopes toward the southern part of the lot, which make it suitable for construction, as it reduces the susceptibility to the occurrence of gravitational movements of material or landslides. The thin soil layer on the property allows the foundation of the works on hard rock, which implies a better response of the structures to ground accelerations due to earthquakes. The absence of liquefaction potential due to the geotechnical characteristics of the soils is also advantageous. Flood Risk

Although the project is located near two important rivers both to the north and south, the risk of flooding is low, mainly due to the distance between the property and the surface water bodies; furthermore, historically, there are no records evidencing a latent danger in the area."

SECOND: The project does not include studies on the impact on the public zone of the maritime terrestrial zone and access to it.

On folio 195 of the file, official letter SGPDGI-837-2007, dated May 4, 2007, can be observed, in which the developer is requested to provide additional information, specifically the following was requested:

"Identify the environmental impacts on the maritime terrestrial zone, and establish mitigation measures for both the operational and construction phases." This information was provided by the project developer and is visible on folios 201-196 of the file.

Therefore, it is clear that there is an analysis and assessment of the potential impacts of the project on the public zone of the maritime terrestrial zone (ZMT). Regarding access to it, the regulations in force in the country are clear about access to the public zone of the ZMT, so it is not within the purview of the environmental assessment to assess matters of access to it; the project developer and any person in the country is obligated to comply with the regulations governing the ZMT.

On the other hand, the study determined, in relation to the impacts on the areas near the ZMT, the following:

(…)

In this case, the commitment is that there must be total respect for the limits of the ZMT boundary markers.

(…)

Conservation measures were determined for the entire adjacent area (220 meters), promoting the conservation of biodiversity.

THIRD: The immediate impacts were not considered.

The environmental impacts on the project's areas of influence were indeed considered and evaluated. The project in question was evaluated using the Forecast-Environmental Management Plan (Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental, P-PGA) instrument. The potential impacts of the project on the environment were identified, assessed, and the respective environmental measures for their mitigation were presented. This is recorded on folios 75-80, 16-01, and 172-167 of the administrative file.

For example, in direct relation to the topic, these are the planned measures, where clearly in point two it is stated: Do not permit the removal of vegetative cover in environmentally fragile areas.

(…)

FOURTH: The validity of the environmental viability (viabilidad ambiental) granted is questioned, because the officials who granted it are listed as defendants in a case under investigation by the Public Prosecutor's Office. Environmental viability (viabilidad ambiental), according to the Organic Environmental Law, is granted by the Plenary Commission of SETENA, a collegial body constituted according to Article 84 of the Organic Environmental Law, not by a specific official. As can be seen on folio 261 of the file, the environmental viability resolution was signed by the then Secretary General, Ms. Tatiana Cruz Ramírez, in representation of the Plenary Commission. The recommendation for environmental viability was sent to the Plenary Commission by the technical department through report DGI-856-2007, signed by the evaluator Ambrosio Obando Torres. See folio 236 of the file.

FIFTH: Tree cutting in the maritime terrestrial zone and irreversible impact on flora and fauna.

Environmental viability (viabilidad ambiental), according to the environmental viability resolution, was granted to a project with the following scope:

"The activity consists of the construction of a high constructive density complex that will include the following buildings in its constructive works: 3 buildings of 7 floors and one basement, for residential use, kitchen, and storage rooms; 2 buildings of 7 floors and 2 basements, for residential use and parking basements; 3 buildings of 6 floors with 2 basements, for residential use and parking basements; 30 single-family residences of 2 levels; a club house with pool and bar; a pool for adults and children with bar and bathrooms; a children's pool with bathrooms; 20 sitting huts; internal roads; a guardhouse; an artificial river with outdoor sitting areas. The project will have basic services; earthworks (movimientos de tierras) are contemplated with the hauling of volumes up to 1000 m³ off the property; wastewater management will be through a treatment plant. The project will be developed on the properties indicated in the cadastral plans: G-854050-2003, G-886025-2003."

Therefore, any other works, such as access roads, to which the appellants refer directly in the amparo action, were not part of the EIA analyzed in the environmental assessment process and fall outside its scope.

Regarding tree cutting, as can be seen on folio 159, in the environmental impact identification matrix, the developer indicated that the elimination of isolated trees in non-forest areas was required; however, according to the related and current environmental regulations, the tree cutting permit is a subsequent procedure to the viability (viabilidad) and is processed by SINAC, not by SETENA. Therefore, in the environmental impact assessment process, it is only required to identify the need for tree cutting and the mitigation measures, but no cutting is authorized. On this matter, on folio 78, the environmental measures for factor 2.4.2 flora are mentioned:

2.4.2 Flora

Construction phase

Maintain the existing cover in protected areas outside the property.

Prohibit the extraction of plants.

Comply with the proposed programs for machinery use.

Comply with the schedule for prompt completion.

Use native plants in revegetation.

Implement varieties of native species in green areas, gardens, and green barriers/screens. Comply with the provisions of the Forestry Law.

Operational phase

Maintain existing cover where no works are done.

Prohibit the extraction of plants from remaining forests or green areas.

Comply with the proposed programs for machinery use.

Use native plants in revegetation.

Comply with the provisions of the Forestry Law.

Also, regarding the potential impact on fauna, this aspect was also identified, assessed, and analyzed by this secretariat. On this matter, on folio 78, the measures for factor 2.4.1 fauna are mentioned:

2.4.1 Fauna

Construction phase

Maintain the existing cover in protected areas outside the property.

Prohibit the extraction of plants.

Comply with the proposed programs for machinery use.

Comply with the schedule for prompt completion.

Use native plants in revegetation.

Implement varieties of native species in green areas, gardens, and green barriers/screens.

Operational phase

Involve the mitigative management of machinery use and maintenance.

Involve the mitigative management of the Agrochemical Use and Management Plan.

Use permitted agrochemicals.

Prohibit aerial applications.

Maintain green corridors, protection areas, and remaining forests.

Prohibit hunting.

Post signs around the periphery alluding to the protection of flora and fauna.

In this sense, the connection that the appellants make with the project approved by SETENA in the year 2007 is not correct, insofar as the same, as indicated, did not include the referred road, and only relates to construction works within the described plans.

SIXTH: Regarding the order to take measures within the sphere of our competencies to prevent the cutting of trees within the sectors of Punta Palencho, Playa Brasilito, Brasilito de Santa Cruz, the subject of the amparo action.

First of all, it is clarified and reiterated that tree cutting permits are issued by SINAC, and not by this Secretariat, and that Environmental Viability Resolutions never authorize them, even though the need for cutting may be described as part of the identification of possible environmental impacts. Furthermore, it was clearly ordered and determined as part of the environmental measures: Maintain the existing cover in protected areas outside the property and Prohibit the extraction of plants.

In relation to the marking of trees on the access roads indicated in the amparo, there are no administrative files linked to it, and for said areas we do not have the competence to issue any stop-work order.

Now then, in relation to file D1-1286-2006 for the Ocean Club project, and since part of the Maritime Terrestrial Zone was identified within the Project Area, plans G-854050-2003, G-886025-2003, in compliance with the order from the Constitutional Chamber to issue a precautionary measure to guarantee that the cutting or felling of trees located in the described sectors, the subject of the amparo action, does not proceed until the Chamber resolves the action in a final ruling or orders otherwise, it is reported that it has been identified that the referred project encompasses the Punta Pelencho sector of Brasilito Beach, for which reason it is being referred to the agenda of sessions of the Plenary Commission for the immediate issuance of the indicated order.

Once notified, it will be communicated to the Constitutional Chamber, for the purpose of proving its compliance.

Legal Grounds

This report is issued in accordance with Articles 11, 41, and 50 of the Political Constitution; 29, 43, and 44 of the Constitutional Jurisdiction Law; and 17 and 83 of the Organic Environmental Law.

Petition

In accordance with this report, the Honorable Magistrates are requested to Dismiss this Amparo Action processed under constitutional file 24-020703-0007-CO."


6.- Jorge Alfaro Orias and Carlos Barrenechea Martínez, in their capacities as Mayor and Municipal President, respectively, both of the Municipality of Santa Cruz, provide a sworn statement (document filed at 3:57 p.m. on March 31, 2025) in the following terms:

"by this means we hereby render a report:

A-I REPORT ON THE FACTS ALLEGED BY THE APPELLANT:

1-Regarding the approval of the agreement by the Municipal Council:

The Municipal Council, by agreement, authorized the Municipal Mayor to sign the Donation Agreement for improvements to Public Road C.05-03-138 between the Municipality of Santa Cruz and Inversiones Inmobiliarias Watchtower Costa Rica Limitada.

The undersigned reports that the Municipal Mayor's Office has not authorized or issued a start order for the execution of works to the company indicated in the agreement, on the public road or on the maritime terrestrial zone, public zone, or restricted zone, biological corridor, or similar. Nor for the demarcation, pruning, or felling of trees.

In compliance with the order issued by the Chamber, I instructed the Technical Road Management Unit, which is the municipal department overseeing the agreement, as well as the company Inversiones Inmobiliarias Watchtower Costa Rica Limitada, to immediately suspend any administrative acts aimed at the execution of the Agreement. I also proceeded to inform the Municipal Council.

2-Residents of the Brasilito community found markings on 120 trees located in the public zone and the restricted zone.

I cannot attest to it; however, I became aware of the situation described and took the pertinent actions; I sent municipal officials who rendered a report:

1- OFFICIAL LETTER DIM-089-2024, JANUARY 28, 2025.

Subject: Attention to official letter DAM-01 35-2025, report on proceedings and tasks in the sector known as Playa Punta Pelencho.

2-DAM-DGA-PA-0007-2025: Inspection report regarding a complaint for possible tree felling in the Public Zone of the Maritime-Terrestrial Zone of Playa Brasilito Santa Cruz Guanacaste

3-Complaint on social media made on January 15:

The attention to the social media complaint was assigned to official Francisco Mairena Gutiérrez, head of the press and communication office, who informs me that he provided a written response to the digital news outlet La Vos and others.

4-Management by the Asociación de Desarrollo Integral de Playa Brasilito on January 16 before the Municipal Council.

This matter is pending resolution by the Municipal Council.

5-The agreement was executed without prior citizen consultation.

This statement is made within the document that the ADI of Playa Brasilito addressed to the Municipal Council.

6-Impact of the project on a biological corridor essential for wildlife:

I am informed by the oversight and administrative unit for the project, the UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE GESTION VIAL, that this project has Environmental Viability Resolution No. 2758-2007, and that more than three months ago, the company of the agreement was issued a suspension order for the execution of all types of works; the project is suspended, and no work has been carried out.

7--Regarding the ADI's management, it has not been resolved by the municipal entity:

I am aware that this management was addressed by the Municipal Council, particularly by the Municipal President, who referred it to a commission, and we are awaiting the report from said commission for the Municipal Council to make its decision.

8-Regarding official letter No. SINAC ACT OSRCC-055-2025, communicated to the Municipal Mayor.

Indeed, SINAC sent me the official letter, which I ordered forwarded to the Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal and the Departamento de Gestión Ambiental Municipal for compliance.

9-Regarding publicly clarifying the situation of possible tree removal

I personally, along with municipal officials and members of the Municipal Council, appeared on March 12, 2025, at the community of Brasilito, Punta Pelencho location, for the purpose of clarifying the situation regarding possible demarcation, pruning, tree cutting, and other matters.

"From: Alcaldía <[email protected]>

Sent: Monday, March 10, 2025 10:33

To: Alondra Pizarro <[email protected]>, Rony Martí Gomez Hidalgo

<[email protected]>, José Eduardo Hernandez <[email protected]>

Subject: Fwd: Transport Request

From: Asistente Presidencia Concejo Municipal <[email protected]>

Sent: Monday, March 10, 2025 10:22

To: Alcaldía [email protected]

Cc: Carlos Albeno Barrenechea Martínez <[email protected]>

Subject: Transport Request

MSc. Jorge Anuro Alfaro Orias MAYOR

Dear Sir:

Receive cordial greetings, and likewise, with instructions from the President of the Municipal Council, council member Carlos Barrenechea Martínez, you are requested to make the corresponding arrangements for council members Carlos Barrenechea Martínez, Cindy Leal Cordero, Ivonne Espinoza Rosales McDonald Espinoza Ruiz, Carlos Moreno Arredondo, to attend the community of Brasilito on Wednesday, March 12 at 2:00 pm, to conduct a visit to Punta Pelencho. Departure time: 1:00 pm.

After the visit, it is requested that council member Ivonne Espinoza be transported to her home in the community of Paraíso.

Sincerely, Isabel Barrantes Gómez

ASISTENTE PRESIDENCIA DE CONCEJO"

10-Regarding the SINAC recommendation. The municipal entity has not pronounced itself.

Indeed, SINAC sent me the official letter, which I ordered forwarded to the Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal and the Departamento de Gestión Ambiental Municipal for compliance.

11-Regarding the inspection report DAM-DGA-PA-0007-2025:

As a result of this report, the Coordinator of the Municipal Inspection Area, upon my instruction, presented to me report DIM-089-2024 JANUARY 28, 2025 regarding the appearance and action on this matter, which, and to the extent pertinent, I allow myself to transcribe literally.

"Receive a cordial greeting, wishing you success in your duties. By this means, I proceed to report on the proceedings and activities carried out in the sector of Playa Punta Pelencho, in response to the official letter mentioned.

1. On January 15, 2025, I received a call from geographer Geissel Gutiérrez Marchena, coordinator of Environmental Protection, requesting the accompaniment of a municipal inspector to conduct an inspection jointly with engineer Kattia Gómez Mata, environmental educator of the Environmental Protection Department. The proceeding aimed to verify several trees marked with a pruning request related to a road widening project in the Brasilito sector, specifically in Punta Pelencho

2. At around 11:00 hours on January 15, 2025, we arrived at the indicated site. At the location, we verified the presence of several trees demarcated with numbers spray-painted and marked with colored ribbons, located along the public road. The approximate coordinates of the area are CRTM05 304048.2, 1152857.0.

3. After verifying the demarcated trees, we moved to the Public Zone within the Maritime-Terrestrial Zone, specifically between I.G.N. boundary markers #606 and #611. In this area, we observed that most of the trees present in the Public Zone were identified with yellow plastic tags. Some of these tags included an alphanumeric code beginning with "CAM-" followed by a numerical consecutive number assigned to each tree

4. On January 22, 2025, I received a verbal request from the Administrative Director, MBA. Alexandra Gutiérrez Angulo, to accompany Mr. José Francisco Mairena Gutiérrez, head of Public Relations, Communication, and Press, and Social Promoter, Melissa Ramírez Ríos, to the site known as Playa Punta Pelencho. The purpose of this visit was to proceed with the removal of the marks placed on the trees located in the Public Zone of the Maritime-Terrestrial Zone (ZMT). 5. Upon arriving at the location, p (sic)

5. Upon arriving at the location, we proceeded to document in real time, through the official Facebook page of the Municipalidad de Santa Cruz, the process of removing the marks on the trees. Likewise, a public clarification was provided regarding the municipal actions in relation to the complaints received about the alleged demarcation of trees for felling purposes.

The actions carried out by this servant were executed in strict compliance with the requests and directives issued by Ms. MBA. Alexandra Gutiérrez Angulo, Administrative Director, as well as by other municipal officials. At no time did these tasks respond to personal motivations, but rather to the institutional duty to attend to the corresponding proceedings, including the removal of marks from the trees, as was required by the competent authorities. Without further particularity, I sign, Arq. Fernando Arias Valerio, Lic. Coordinator a.i., Department of Inspections."

12-Regarding the demarcation of 120 trees, no action was taken.

The demarcation is true; however, it was done without the knowledge or consent of the municipality, and the actions described in the previous fact were immediately taken.

13- Regarding the felling of 68 trees:

The company of the agreement requested from this Municipal Mayor's Office authorization for the cutting of 68 trees, a request that was forwarded by me to the Dpto. de Gestión Ambiental Unidad Técnica and was not authorized.

14-The municipality has not provided information on the link between the project, the intervention of the public zone, and the road.

I am informed by the person in charge of the municipal services platform that a request for information from Mr. [Name 002] to the Municipal Mayor's Office does not appear in the institutional email, which is the official means for the Municipality.

However, I am informed by the head of press and communication that journalist Noelia Esquivel of La Voz de Guanacaste requested information through the institutional email and it was delivered to her.

"From: Noelia Esquivel <[email protected]>

Good day,

Greetings from Noelia Esquivel Solano, journalist at La Voz de Guanacaste. I wish you much success in your 2025 work. The reason for this email is to make a formal request for information. Last week I requested some of these aspects from the department of the Unidad Técnica de Gestión Vial but I have not received a response. So, I will request the information here again.

1. Copy of the agreement reached between the Municipalidad de Santa Cruz and the Cantomar Beach Club project in the area, which can also detail the date of the agreement, regarding the repair of the road in the Punta Pelencho sector.

2. Copy of the tree inventory that was registered on the public road from Farmacia Bohemia heading towards the sea.

3. Answer the questions: 1. Were the tags on the trees in the public zone (in front of the sea) also placed by this department? And 2. When were these tags placed? 3. If some of those tags were not placed by the municipality, specify what was determined about when and who was responsible for placing them.

4. Details on the status of the agreement and the tree felling request on the public road that the local government was processing in the sector.

5. The report generated by the environmental management department after the site visit.

6. What is the date on which the Cantomar Beach Club project requested the respective permits from the Municipalidad de Santa Cruz?"

Likewise, I am informed by the head of the Dpto. de Construcciones that by official letter OFICIO-RAL-002-2025 January 24, 2025, he provided information on construction permits.

"Procedure: Response DAM-0150-2025 Municipal Mayor's Office Response to Inter-institutional Official Letters. Deputy Priscilla Vindas Salazar.

"By this means, I proceed to respond to what was requested in official letter DAM-1 50- 2025, which is in relation to the viability consultation of the complete file for the construction permit of the 'Ocean Club' project of Inversiones Inmobiliarias WATCHTOWER COSTA RICA LTDA. In this regard, I indicate the following: - A review of the Municipal Archives was conducted and 4 approved construction licenses were found in relation to the property with Folio Real number 5- 1731 93-000. - Construction License 805-2018, granted for Hotel or Similar, for a total of 12328m2, linked to plan G-1 591 325-2012, issued in 2018. - Construction License 17-2020, granted for Treatment Plant, for a total of 182m2, linked to plan G-1 591 325-2012, issued on 8/9/2021. - Construction License 806-2023, granted for Lot Condominiums, for a total of 12331 m2, linked to plan G-1 591 325-2012, issued on 12/13/2023. – Construction License 306-2024, granted for Modification to a Condominium, for a total of 2825m2, linked to plan G-1 591 325-2012, issued on 04/16/2024. - The files are attached digitally. - It is heavily commented that upon obtaining license number 206-2023, license 805-2018 cannot be built, since the lots were legally created. Therefore, even though it obtained a municipal approval at the time, nowadays this particular license cannot be executed without changes to its contract and documentation."

15-Regarding the publication by Lic. German Pochet and the Punta Loros association.

I am indeed aware that this gentleman published a video indicating that the trees would not be felled and that this association carried out the tree inventory.

16-Regarding the request for delivery of a copy of the agreement, it was not addressed:

By means of official letter AJ-173-2025 of March 31, the legal advisory office, with my consent, sent a copy of the agreement to Mr. [Name 002]. To the email [...]

17-Regarding that on January 24, organizations presented the annulment of the agreement to the Municipal Council.

Yes, I am aware, and the request sent to the Commission on Legal Affairs was processed.

18-Regarding the protection of flora and fauna.

The Municipality respects flora and fauna and takes protective actions, as this remedy does not demonstrate or provide proof of non-compliance with that protection.

19-Regarding that the municipality has disregarded the precautionary principle:

Once the Municipal Mayor's Office was made aware of the demarcation, pruning, and eventual tree cutting, it took protective and precautionary measures, such as suspending the effects of the agreement's execution and conducting an inspection with the removal of the tree demarcations.

20-Regarding municipal consent for the placement of a barrier that impedes free transit along the road providing access to the maritime-terrestrial zone.

This is a false fact without any evidentiary support; the Municipality neither authorizes nor permits the placement of barriers that impede free transit on roads within its jurisdiction.

21-Regarding privatization and municipal tolerance for the affecting of public domain assets.

This is a false fact without any evidentiary support.

23-Regarding the delivery of all information on the agreement, permits, donations.

I am informed by the person in charge of the municipal services platform that a request for information from Mr. [Name 002] to the Municipal Mayor's Office does not appear in the institutional email, which is the official means for the Municipality.

All actions of the Municipal Mayor's Office have been sent to the email address indicated by Mr. [Name 002]. For example, official letter DAM0228-2025 January 27, 2025, regarding the referral of the request for annulment of the Agreement, official letter DAM-0309-2025 Santa Cruz February 6, 2025. Official letter AJ-1 73-2025 March 31, 2025, regarding the Remission of the Agreement.

We inform you that the Municipal Council or the Municipal Mayor's Office has kept the community of Playa Brasilito informed and attended to its requests, as well as those of the current petitioner, since upon Mr. [Name 002]'s request to annul the agreement, the Municipal Council referred his request to the commission on legal affairs and requested a report from the Municipal Mayor, and it is awaiting the opinion and report; meanwhile, the agreement is suspended, and no work has been approved or carried out on the road or on the maritime-terrestrial zone of Punta Pelencho.

The Municipality deems a comprehensive review of this agreement appropriate for the making of the final decision.

We request that the appeal be declared without merit."

 

7.- By document received at the Secretariat of the Chamber at 2:40 p.m. on April 1, 2025, Jorge Arturo Alfaro Orias, in his capacity as Mayor of Santa Cruz, indicates that he attaches the documents of the evidence supporting the report on the facts.

8.- By document received at the Secretariat of the Chamber at 4:20 p.m. on July 23, 2025, Oscar Bolaños Venegas states the following:

“I appear respectfully to present active joinder in this recurso de amparo, in defense of the environment, which represents a legal right of public interest essential for collective health and well-being.

I learned of the precautionary measure imposed that prohibits tree felling, and by this means I wish to express my total support for said process, in defense of the environment. Trees are essential for the preservation of the ecosystem, and, unfortunately, in this area, many people do not respect or care for them; they invade the public zone of the beach with vehicles, cut trees, which causes damage to the public zone, the roots of the trees are injured by all the cars that are brought onto the beach, the soil is compacted, and a natural space is transformed into an improvised parking lot, affecting not only the flora and fauna but also putting at risk those of us who enjoy this natural environment.

Trees must not be cut or damaged. We must care for them, preserve them, and ensure that the ecological balance of the place is maintained. MINAE must not authorize any tree cutting permit in the public zone; on the contrary, actions must be promoted to protect the trees and avoid practices that damage the ecosystem. And the Municipalidad de Liberia that oversees Playa de Punta Pelencho must not allow cars to enter the beach, since the entry of cars onto the beach generates a great environmental impact and damages all the trees, and they even hold car competitions on the beach itself.

I respectfully request that this joinder be accepted in order to strengthen environmental protection.”

 

9.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

 Drafted by Magistrate Picado Brenes; and,

 Considering:

I.- Regarding the active joinder presented. Mr. Oscar Bolaños Venegas appears here requesting to be considered an active joinder in the present recurso de amparo in defense of the environment, which represents a legal right of public interest essential for collective health and well-being. He says that he learned of the precautionary measure imposed that prohibits tree felling and by this means wishes to express his total support for said process in defense of the environment, given what trees represent.

Joinder is a form of adhesive intervention that occurs when a person acts in a process, adhering to the claims of one of the main parties. Consequently, someone who holds a direct interest in the outcome of the appeal is legitimized to act as a joinder; however, not being the main actor, the joinder will not be directly affected by the judgment, meaning the effectiveness thereof cannot reach them directly and immediately, nor are they affected by the res judicata condition of the ruling (see, among others, ruling No. 2018-019952 at 9:30 a.m. on November 30, 2018). The request presented is accepted, under the terms described supra.

II.- Object of the appeal. The appellant alleges that in ordinary session No. 49-2024 held on December 5, 2024, the Council of the Municipalidad de Santa Cruz approved the so-called “Donation Agreement for improvements to public road C50313 Article 8, Subsection 1, of the Regulation on construction control in the Canton of Santa Cruz". She points out that on January 15, 2025, residents of the community of Brasilito found markings on more than 120 trees located in the public zone of the maritime-terrestrial zone and in the restricted zone of Playa Brasilito, sector known as Punta Pelencho, Cabo Velas, Santa Cruz, Guanacaste. She mentions that, due to the possibility of felling said trees, on January 15, 2025, a complaint was filed through social media. She adds that on January 16, 2025, the Asociación de Desarrollo Integral de Playa Brasilito presented a motion before the Council of the Municipalidad de Santa Cruz opposing the tree felling in the maritime-terrestrial zone and in the public zone of Playa Pelencho, as well as its rejection of the donation agreement for improvements to the public road approved between the municipality and the developers of the Ocean Club project, Environmental Viability Resolution No. 2758-2007. The foregoing, arguing that citizen consultation was not carried out beforehand, that the project would affect a biological corridor essential for wildlife, such as the troops of howler monkeys (Alouatta palliata palliata), which depend on these trees for movement and feeding, the existence of new regulations since 2007 that were not analyzed regarding water availability and wastewater treatment, among others. However, she claims that such motions have not been resolved by the municipal entity. Furthermore, access to Playa de Punta Pelencho is threatened by the possible installation of a "control barrier (aguja de control)” with a security guard, promoted by the Asociación Punta Loros with the consent of the Municipalidad de Santa Cruz, which would imply the privatization of the public domain, by impeding free transit through the area and access to the beach, which is a public domain asset.

III.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondents have omitted to refer to them as provided in the initial order:

1)                        On December 5, 2024, in ordinary session No. 49-2024, the Council of the Municipalidad de Santa Cruz approved the so-called “Donation Agreement for improvements to public street C-05-03-138 between the Municipalidad de Santa Cruz and Inversiones Inmobiliarias Watchtower Costa Rica Ltda”, whose objective is “to benefit the community through the donation of works, labor, and designs, for the intervention and improvements that will be built on the public street located in front of property 5-5314M-000 (Condominium CANTOMAR) in order to improve vehicular circulation in the canton by having adequate infrastructure for the common benefit and achieving an optimization of the cantonal road network” (see the report from the respondent municipal authorities and documentary evidence provided).

2)                        Following complaints from residents regarding the marking of trees, on January 15, 2025, the respondent municipality conducted an inspection on the site and verified that 120 trees in the public space of the Maritime-Terrestrial Zone (ZMT) and 68 trees located on public street C-05-03-138 had been marked with yellow tags. (Report from the respondent authority and documentary evidence).

3)                        In official letter No. DIM-089-2024 of January 28, 2025, the Department of Inspections of the respondent municipality detailed: “1. On January 15, 2025, I received a call from geographer Geissel Gutiérrez Marchena, coordinator of Environmental Protection, requesting the accompaniment of a municipal inspector to conduct an inspection jointly with engineer Kattia Gómez Mata, environmental educator of the Environmental Protection Department. The proceeding aimed to verify several trees marked with a pruning request related to a road widening project in the Brasilito sector, specifically in Punta Pelencho. Due to part of the municipal staff being on vacation because of the 2025 National Typical Festivities and the rest assigned to the oversight of said festivities, there was no personnel available to address the request. For this reason, I was asked to accompany the inspection to verify the points indicated on site. At around 11:00 hours on January 15, 2025, we arrived at the indicated site. At the location, we verified the presence of several trees demarcated with numbers spray-painted and marked with colored ribbons, located along the public road. The approximate coordinates of the area are CRTM05 304048.2, 1152857.0. After verifying the demarcated trees, we moved to the Public Zone within the Maritime-Terrestrial Zone, specifically between I.G.N. boundary markers #606 and #611. In this area, we observed that most of the trees present in the Public Zone were identified with yellow plastic tags. Some of these tags included an alphanumeric code beginning with 'CAM-' followed by a numerical consecutive number assigned to each tree. On January 22, 2025, I received a verbal request from the Administrative Director, MBA. Alexandra Gutiérrez Angulo, to accompany Mr. José Francisco Mairena Gutiérrez, head of Public Relations, Communication, and Press, and Social Promoter, Melissa Ramírez Ríos, to the site known as Playa Punta Pelencho. The purpose of this visit was to proceed with the removal of the marks placed on the trees located in the Public Zone of the Maritime-Terrestrial Zone (ZMT). Upon arriving at the location, we proceeded to document in real time, through the official Facebook page of the Municipalidad de Santa Cruz, the process of removing the marks on the trees. Likewise, a public clarification was provided regarding the municipal actions in relation to the complaints received about the alleged demarcation of trees for felling purposes.” (Documentary evidence).

4)                        In report No. DAM-DGA-PA-0007-2025 of January 16, 2025, the Environmental Protection Department of the respondent municipality stated: “A complaint is received via email regarding possible tree felling in the public zone of Punta Pelencho, Brasilito, Cabo Velas. The complainant argues that the trees have been marked with yellow tags for the purpose of cutting them; on January 15, a field inspection is carried out. Indeed, more than 120 trees are found marked with yellow plastic tags in the public zone of the maritime-terrestrial zone and 68 trees on the public zone of cantonal road C503138. We proceeded to verify the coordinates of the 68 trees located on the public road and it was confirmed that these are not located in the public zone of the maritime-terrestrial zone (figure 1); on the other hand, the species found on the road do not match in species and dimensions those found in the public zone. The reason and the person responsible for why the trees in the public zone were marked with yellow tags are unknown. To date, no evidence of cutting or presence of stumps was found in the public zone and on road C503138 (intervention of approximately 500 meters) (…) According to this information, it is confirmed that the area where the 68 trees for the cutting procedure are located corresponds to non-forest. In addition to this, the reference layer of forest cover (cobertura forestal) for 2023 developed within the framework of the Inventario Forestal Nacional de Costa Rica (SINAC), shows that there is no forest cover (cobertura boscosa) (…) Conclusions: The location of the trees for the cutting procedure according to the donation agreement for improvements to public road C503138 approved in Municipal Council Ordinary Session 49-2024 Article 08, Subsection 01 of December 5, 2024, are not part of the public zone of the maritime-terrestrial zone. The trees located in the public zone of the maritime-terrestrial zone are indeed marked with yellow tags (approximately 120 trees); however, the reason and the person responsible are unknown. The type of cover found in the area where the cutting procedure is managed according to the donation agreement for improvements to public road C503138, does not correspond to forest.” (Documentary evidence).

5)                        Through official letter No. SINAC-ACT-OSRSCC-055-2025 of January 16, 2025, addressed to the respondent municipality, SINAC noted: “As you are already aware, in recent days there has been a reaction from residents near Playa Brasilito, this due to a kind of marks (tags) that have appeared on the trees located in the public zone of the beach at the northern end of Playa Brasilito, known as 'Playa Pelencho,' which has led them to believe that the trees will be felled and this has generated much concern among them. In this regard, this office has been clear in informing the citizens who have consulted us that there is no open file at SINAC containing a request from that municipality to obtain a cutting permit for those trees. Which is true. Regarding the public zone, I allow myself to transcribe the following articles of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone, number 6043. Article number 12. 'In the maritime-terrestrial zone, it is prohibited, without due legal authorization, to exploit existing flora and fauna, to demarcate with fences, lanes, or in any other way, to erect buildings or installations, to cut trees, extract products, or carry out any other type of development, activity, or occupation.' Article number 18 'In exceptional cases, such as the construction of industrial plants, sport fishing facilities or artisanal facilities, port works, mariculture programs, or other similar establishments or facilities, for whose operation it is indispensable for them to be located in the vicinity of the sea, the use of the areas of the maritime-terrestrial zone that are necessary to facilitate their construction and operation may be authorized, provided there is express approval from the respective municipality, the Instituto Costarricense de Turismo, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, and other State institutions responsible for authorizing their operation, as well as from the Ministerio de Obras Públicas y Transportes.' Article number 22. 'In the public zone, no type of development shall be permitted, except for infrastructure and construction works that in each case are approved by the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, the Instituto Costarricense de Turismo, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, and the respective municipality, considering the public use for which they are intended, or if it involves the establishment and operation of state tourism facilities of notable convenience for the country'.”

In view of the foregoing, and since this office is not aware of the existence of any type of public-interest project to be developed in that beach sector, there are sufficient grounds to assume that there is no interest on the part of that municipality in the removal of those trees. As for the beach vegetation, it performs very important ecological functions, such as: protection of dunes against erosion, regulation of sand temperature on the beach, which is necessary for the proper development of the animals and organisms that depend on it, it also provides connectivity for the movement and feeding of arboreal animals, and last but not least, it provides shade to beach users. Therefore, the concern about the possible elimination of those trees by citizens is very valid and even plausible. For the foregoing reasons, it is considered very appropriate and necessary that this municipality clarify through appropriate means to the citizenry whether or not there is a real interest in the removal of those trees. This is because this office has been informing citizens who inquire and complain from the outset that there is no permit, nor any proceeding for obtaining a permit before SINAC by the Municipalidad de Santa Cruz as administrator of the public zone. However, there has been no timely response from that municipality to the citizens' complaints, which causes the citizenry's concern to persist. I take this opportunity to formally request the Municipalidad de Santa Cruz to install in that beach sector some type of obstacles or devices that prevent the access of motor vehicles to it, since this is a problem that some citizens have also reported is occurring at the site and is indeed happening. (Documentary evidence).

6) The "Donation Agreement for improvements to public street C-05-03-138 between the Municipalidad de Santa Cruz and Inversiones Inmobiliarias Watchtower Costa Rica Ltda" is suspended, and no works on the road or on the maritime terrestrial zone of Punta Pelencho have been approved or carried out, as the Municipalidad de Santa Cruz considers a comprehensive review of it appropriate for making the final decision (see the report of the appealed municipal authorities and documentary evidence provided).

IV.- Facts not proven. The following facts of relevance to the resolution of this amparo are considered unproven.

a) That the Municipalidad de Santa Cruz authorized the felling of trees in the zone referred to by the appellant or gave its consent for their marking (see the report of the appealed municipal authorities and documentary evidence provided).

b) That the Municipalidad de Santa Cruz authorized or issued a start order for the execution of works to the company indicated in the agreement, on the public road, on the maritime terrestrial zone, public zone, or restricted zone, biological corridor, or similar (see the report of the appealed municipal authorities and documentary evidence provided).

c) That the Municipalidad de Santa Cruz authorizes or permits the placement of barriers that impede free transit on the roads within its jurisdiction (see the report of the appealed municipal authorities and documentary evidence provided).

V.- REGARDING THE ALLEGED MARKING OF TREES (WITH THE OPINION OF JUDGE RUEDA LEAL).

In the case at hand, the constitutional principles on environmental matters are first brought to bear. Thus, for instance, in judgment No. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber stated:

"In this line of thought, the specialized doctrine has pointed out that the principle of prevention demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or subjected to compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are risks that are clearly defined and identified at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle indicates that, where there is a threat of serious or irreversible damage, lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason to postpone cost-effective measures to prevent environmental degradation. From the above, it is noted that the principle starts from a reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work may cause. Whereas in the former such certainty exists, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies (...)"

Precisely, the precautionary principle must be understood as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development: "Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." That is to say, it is not about requiring scientific studies to reach 'absolute certainty' of the harmlessness of an activity to the environment (in principle, total certainty is hardly attainable), but rather that, even if the danger of serious or irreversible damage to the environment is not fully assured, such uncertainty shall never justify or excuse postponing the implementation of effective measures to prevent environmental degradation. In this regard, note, on the one hand, that we are not dealing with any type of threat, as it must plausibly involve a serious danger, and, on the other hand, that the measure demands an effective and efficient use of the resources employed. In the sense expressed, even though the precautionary principle is linked to a certain level of scientific uncertainty, this does not imply that it can be used unrestrictedly with the argument that any activity could cause environmental damage—which would distort its rationale—rather, it is necessary to have some degree of identification of the dangers of serious or irreversible damage that could be generated, the determination of which varies according to the particularities of the specific case. Thus, when facing a situation that requires the application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request that reasonably entails a serious risk; they are even obliged to suspend activities that are being developed. At the same time, they must efficiently and effectively adopt all measures required for the preservation of a healthy and ecologically balanced environment.

The aforementioned principle is also included in a source of hard law, since Principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change, ratified by Costa Rica through Law No. 7414 of June 13, 1994, and by all OAS member states, provides:

"3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To this end, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and encompass all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties."

The precautionary principle is also set forth in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which is ratified by 32 OAS Member States, including Costa Rica. In this regard, see Law No. 8538 of August 23, 2006, which states:

"ARTICLE 1 Objective. Mindful of the precautionary approach as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (...)".

Likewise, this principle is contemplated in the Convention on Biological Diversity, ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through Law No. 7416 of June 30, 1994, in whose preamble it is established: "(...) Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of significant reduction or loss of biological diversity at source. Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (...)".

In accordance with the referred regulations in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also referred to the precautionary principle in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017:

"180. (...) Therefore, the Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle for the purposes of protecting the right to life and to personal integrity, in cases where there are plausible indicators that an activity could cause serious and irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty. Therefore, States must act with due caution to prevent possible damage. Indeed, in the context of the protection of the rights to life and to personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle, and thus, even in the absence of scientific certainty, they must adopt measures that are "effective" to prevent serious or irreversible damage."

Subsequent to that resolution, and by means of a judgment, in Indigenous Communities Members of the Association Lhaka Honhat (Our Land) vs. Argentina, the Inter-American Court of Human Rights ruled on February 6, 2020, as follows: "the right to a healthy environment 'must be considered included among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention,' given the obligation of States to achieve the 'integral development' of their peoples, stemming from Articles 30, 31, 33, and 34 of the Charter." Of great significance, it must be emphasized that, in this ruling, the Inter-American Court of Human Rights refers to Advisory Opinion No. OC-23/17 for the purpose of developing the content and scope of this right, whereby the legal considerations of the latter have logically come to attain the binding legal force of a judgment. In this sense, the international jurisdictional body reiterates "that the right to a healthy environment 'constitutes a universal interest' and 'is a fundamental right for the existence of humankind,' and that 'as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is about protecting nature,' not only for its 'utility' or 'effects' regarding human beings, 'but for its importance for the other living organisms with whom the planet is shared.' The foregoing does not preclude, of course, that other human rights may be violated as a consequence of environmental damage." Precisely, in developing the conceptualization of the right to the environment, the Inter-American Court of Human Rights clearly details the State obligations in the face of possible environmental damage, such as the duty of prevention, the precautionary principle, the obligation of cooperation, and access to information.

In sum, the application of the precautionary principle implies that when there are indicators that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible damage to the environment, the lack of absolute scientific certainty or evidence in this regard does not exempt from the obligation to adopt all such efficient and effective measures to prevent a violation of the environment.

Concerning the preventive principle, in the first UN report on the state of international environmental law, document A/73/419 of November 30, 2018, prepared by its Secretary-General in compliance with the General Assembly resolution of May 10, 2018 (No. A/72/L.51), it is conceptualized as a normative guideline of customary international law "confirmed by the relevant practice in many environmental treaties and the main codification projects."

Now, although the aforementioned report emphasizes the prevention of transboundary damage, the reality is that this general principle of law, as is well stated in the document '95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development' (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit 2018 and by the Corte Plena in Article XIX of session No. 28-2020 of May 25, 2020), has a much broader scope, since, as a hermeneutical guide, it leads to "the causes and sources of environmental problems being addressed on a priority and integrated basis, attempting to prevent the negative effects that may be produced on the environment. The criterion of prevention shall therefore prevail over any other in the public and private management of the environment and natural resources." The foregoing makes perfect sense, as it is consistent with the duty to prevent the consummation of environmental damage, and not be limited to deciding on the reparation of harmful consequences already corroborated, even ordering the cessation of the harmful effects.

Such a concept is reflected, among other norms, in articles 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through Law No. 7291) and 5 and Annex II of the United Nations Agreement on Straddling and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through Law No. 8059), as well as in constitutional case law (see judgments Nos. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, and 2018016383 of 5:00 p.m. on September 28, 2018, among many others) and conventional case law, for instance, in Advisory Opinion No. OC-23/17 of November 15, 2017, paragraphs 127 to 174 and subsections a) and b) of paragraph 242, and the judgment of November 24, 2022, Baraona Bray vs. Chile. Precisely, in the latter, the Inter-American Court of Human Rights expressly states:

"208. Without prejudice to the foregoing, in specific environmental matters, it must be highlighted that the principle of prevention of environmental damage forms part of customary international law, and entails the obligation of States to carry out the necessary measures ex ante the occurrence of environmental damage, bearing in mind that, due to its particularities, it will frequently not be possible, once such damage has occurred, to restore the previously existing situation. By virtue of the duty of prevention, the Court has indicated that 'States are obliged to use all means at their disposal to prevent activities carried out under their jurisdiction from causing significant damage to the [...] environment.' This obligation must be fulfilled under a standard of due diligence, which must be appropriate and proportional to the degree of risk of environmental damage. On the other hand, while it is not possible to provide a detailed list of all measures that States could take to fulfill this duty, some can be mentioned, relating to potentially harmful activities: i) regulate; ii) supervise and monitor; iii) require and approve environmental impact assessments; iv) establish contingency plans, and v) mitigate in cases of occurrence of environmental damage."

For its part, the principle in dubio pro natura means, according to the 'World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the Environmental Rule of Law,' that "in case of doubt, all processes before courts, administrative bodies, and other decision-makers shall be resolved in a manner that favors the protection and conservation of the environment, giving preference to the least harmful alternatives. No actions shall be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived therefrom" (see Principle V).

In this sense, according to the document '95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development' (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit 2018 and by the Corte Plena in Article XIX of session No. 28-2020 of May 25, 2020), "Every operator of environmental norms shall always bear in mind the pro natura principle, according to which risks shall be avoided, general collective interests shall be privileged over particular ones, the preservation of the environment shall be favored, and in case of doubt, the interpretation that more broadly protects the environment shall be preferred."

An evolution of the foregoing has led to the establishment of the "pro natura principle," in which the "in dubio" part is set aside, so that its scope of application is broadened and covers situations in which there is not necessarily legal uncertainty. In this way, the application of the pro natura principle does not depend on there being a danger of serious or irreversible damage—as with the precautionary principle—but implies a "general rule of behavior, for the relationship of the State—and society in general—with the environment, applicable to all areas of decisions in which there is a risk of affecting the environment, and which obliges us to avoid opting for those behaviors that may cause damage to the environment, when other options exist" (Olivares y Lucero, 2018).

The Inter-American Court of Human Rights referred to this principle for the first time in Advisory Opinion OC-32/25 of May 29, 2025, in which it determined that, within the framework of protecting nature as a subject of rights, the pro natura principle must be interpreted harmoniously with the pro persona principle—see para. 281—. Likewise, the Inter-American Court of Human Rights linked the pro natura principle with other procedural principles, namely "the principles of availability of evidence, procedural cooperation, pro persona (...) and pro actione" as part of the evidentiary rules to be used regarding the right of access to justice—in this sense, see para. 582—.

In sum, the pro natura principle establishes that, in any legal conflict, the interpretation that best favors the protection of nature and the full enjoyment of environmental rights must always prevail, even when not facing a situation involving uncertainty. This hermeneutical guideline must be followed in all relations between the State, society, and the environment, so that the solution that best protects nature is always chosen.

On the other hand, in judgment No. 2012013367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012, this Constitutional Court referred to the principles of progressivity and non-regression in environmental matters in this sense:

"V. On the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is contained in Articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under the protection of these norms, the State assumes the obligation to gradually increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, with special consideration of those that, like the right to the environment (Art. 11 of the Protocol), require multiple positive actions from the State for their protection and full enjoyment by all their holders. From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, contained in article 34 of the Magna Carta, the principle of non-regression or irreversibility of the benefits or protection achieved is derived. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obligated not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved up to that point. This principle does not imply absolute irreversibility because all States experience national situations, of an economic, political, social nature or due to nature itself, that negatively impact the achievements made until then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In such cases, the Law of the Constitution and the principles under examination require justification, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, for the reduction in protection levels. In this sense, the Constitutional Chamber has expressed in its case law, regarding the right to health: '...according to the PRINCIPLE OF NON-REGRESSION, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of openness to access to medicines, it cannot—and much less through an International Treaty—reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting trade. (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07). In relation to the right to the environment, it stated: "The foregoing constitutes an evolutive interpretation of the protection of the environment in accordance with the Law of the Constitution, which does not admit a regression to its detriment." (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10)." (The highlighting does not correspond to the original). (In the same sense, judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 and 2019-017397)."

Thus, according to the principle of progressivity, the State assumes the obligation to increase, as far as possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, the application of the principle of non-regression consists of a guarantee that constrains the State to refrain from adopting measures, policies, or norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the degree of protection of fundamental rights already achieved, and that, in such a case, corresponding compensation measures must be weighed.

Finally, this Court explained the principle of objectification of environmental protection in these terms:

"Regarding the environment, the object of the fundamental right set forth, our Magna Carta further requires that it be 'healthy.' The requirement 'healthy' leads us to the 'regenerative capacity' and the 'capacity for succession' to guarantee life. From both requirements: 'healthy' and 'balanced,' the need for sustainable and sustaining development is derived; quality of life and environmental quality depend on it. Now then, with the concepts of 'environment,' 'healthy,' 'ecologically balanced,' the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, whether legislative or administrative, such that, in the terms of Articles 16 of the General Public Administration Act and 38 of the Organic Environmental Act, State actions in environmental matters must be based on and cannot contradict the unequivocal rules of science and technique in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, moreover, 'greater well-being for all the inhabitants of the country.' Regarding the subjection of legislative and administrative decisions to the unequivocal rules of science and technique, the Chamber has termed it the principle of objectification of environmental protection: 'From the objectification of environmental protection (...) it is a principle that in no way can be confused with the previous one [the precautionary principle or "principle of prudent avoidance"], since, as derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the General Public Administration Act, it translates into the need to credit decisions in this matter with technical studies, both in relation to acts and to provisions of a general nature—both legal and regulatory—, from which the requirement of linkage to science and technique is derived, thereby conditioning the discretion of the Administration in this matter. So that, in light of the results derived from those technical studies—such as environmental impact assessments—if an objective technical criterion is evidenced that denotes the probability of evident damage to the environment, natural resources, or human health, it becomes mandatory to reject the proposed project, work, or activity; and in case of a 'reasonable doubt' it becomes mandatory to make decisions in favor of the environment (pro natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.' (judgments of the Constitutional Chamber Nos. 21258-2010, 17126-2006, 14293-2005)" (the highlighting was added). (Resolution No. 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012).

Now then, in the instant case, the petitioner claims the threat of felling of 120 trees located in the public space of the Maritime Terrestrial Zone of Playa Brasilito, allegedly within the framework of the "Donation Agreement for improvements to public street C-05-03-138," signed between the appealed municipality and the company Inversiones Inmobiliarias Watchtower Costa Rica.

In this regard, in summary, the defendant municipality reports that it has in no way authorized the felling of trees in the zone, that it is unaware of the reason for and the person responsible for the marking of those 120 trees, which, moreover, it details are not included within the works of the aforementioned agreement, and that, furthermore, the works under that donation agreement to improve the public street have been suspended since January of this year, thus reiterating that there is no authorization to cut down trees or vegetation on the site.

Now, it is important to note that, in the inspection carried out by the appealed municipality on January 15, 2025, it was corroborated that, indeed, 120 trees in the public space of the Maritime Terrestrial Zone (ZMT) had been marked with yellow tags; in addition to the foregoing, 68 trees located on public street C-05-03-138 were also marked (for which, although there was a request for felling by the company, this had not been authorized). However, from official communication No. DIM-089-2024 of January 28, 2025, issued by the Inspection Department of the appealed local government, it is apparent that the only action taken was to remove the marks from the trees in question, without further measures to determine the reason or the person responsible for such actions.

In this regard, it should be noted that, subsequently, in report No. DAM-DGA-PA-0007-2025 of January 16, 2025, the Environmental Protection Department of the defendant municipality merely states: "The reason and the person responsible for why the trees in the public zone were marked with yellow tags are unknown"; however, no further investigations are detailed to clarify the situation at hand, which constituted an evident threat of felling of the referred trees.

Added to this, it is observed that the SINAC authorities were fully aware of the situation, since through official communication No.

SINAC-ACT-OSRSCC-055-2025 of January 16, 2025, sent to the respondent municipal corporation, emphasized that this office (SINAC) had not authorized any type of tree felling in the area (nor had it received any request in that regard), and that, given the marks mentioned, “a timely response from that municipality to the complaints of the citizens has not been seen, which causes the concern of the citizenry to persist.”

By virtue of the foregoing, in light of the confirmation of the real threat of illegitimate tree felling in the area, the respondent authorities were bound to intervene not only by removing the marks made (clear indications of an intent to cut said vegetation), but also by undertaking the corresponding investigations to determine the responsible party with a view to adopting, in accordance with the precautionary principle, the pertinent measures to prevent the materialization of potential environmental damage.

Precisely, if the respondents claim that at no prior time was the felling of trees in the area authorized, then the proper course was to immediately and on their own motion proceed to investigate what occurred and to establish the corresponding responsibilities and measures in light of the actions confirmed, which, it is reiterated, implied a certain threat of illegitimate felling and, consequently, to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, protected in article 50 of the Political Constitution.

Consequently, the appeal is granted with respect to this point, regarding the authorities of the Municipality of Santa Cruz and of SINAC.

VI.- Regarding the right of citizen participation. With respect to the publicity of the referenced agreement and whose works that it authorizes the appellant asserts would affect the fauna and flora of the area where it would be developed, the representatives of the local government report that “the Municipal Council or the Municipal Mayor’s Office has kept the community of Playa Brasilito informed and addressed its petitions, as well as those of the current appellant, given that upon Mr. [Name 002]’s request to annul the agreement, the Municipal Council referred his request to the legal affairs commission and requested a report from the Municipal Mayor, and it is awaiting an advisory opinion and report.”

Notwithstanding, this Chamber, by means of judgment No. 2025-007718 at 09:20 hours on March 14, 2025, heard a complaint similar to the one presented here, resolving on the relevant points:

“V.- Finally, the appellant alleges that the respondent authorities violated the principle of citizen participation by not informing the neighbors and possible affected parties about the project in question. Now then, on that point, the authorities of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) report that as part of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EsIA), an analysis of local perception was conducted with some community leaders from surrounding communities such as Río Jesús de San Ramón and La Angostura de San Ramón; the community of Guadalupe de Esparza is located approximately 2 km in a straight line from the project’s designated area, and both La Angostura and Dulce Nombre are more than 3.5 km away; however, they will not be directly affected by the transportation and operation activities of the project, since the routes or highways crossing these towns will not be used by the project. However, it is necessary to indicate that this Court, in judgment No. 6773-2014 at 11:41 hours on May 16, 2014 – a criterion that has been reiterated in judgments number 2022-25374 at 9:20 hours on October 28, 2022, 2024-33132 at 9:20 hours on November 8, 2024, among others – considered that the natural venue for overseeing compliance with the principle of citizen participation is the ordinary justice system and not the constitutional jurisdiction. In the referenced resolution, the following was considered:

“IV.- UNDER A BETTER WEIGHING. LEGALITY DISCUSSION. By amending article 9 of the Political Constitution, the reforming constituent body sought to give positivity to the Principle of Participation and thus bring the administered closer to the process of state decision-making, as part of what the doctrine calls ‘correction mechanisms’ of representative democracy. Thus, the reforming Constituent Body left the means, scope, and opportunity of citizen participation to infra-constitutional regulation, except in exceptional cases. In that sense, the natural venue for overseeing its compliance is the ordinary justice system and not the constitutional jurisdiction. For that reason, the questions raised in the specific case, namely, the alternative mechanism ordered by the National Environmental Technical Secretariat – as a result of the violence and the intimidation situation generated in the hearings of November 9, 2013, and January 25, 2014 – in order to guarantee the comment phase for interested parties and the developer's replies in the environmental assessment procedure for the project of a new Container Terminal in Moín, in the name of APM Terminals Moín S.A., are foreign and distant to the competence of this Court. In the specific case, precisely article 22 of the Organic Law of the Environment does not define whether that participation is by live voice, in writing, or in what manner the requirement of participation is satisfied, which requires analysis in a process that allows for ample evidence and adversarial proceedings that, from our point of view, does not fit within the amparo as a rapid, simple, summary, and special process for the protection of fundamental human rights. It therefore falls to the ordinary jurisdiction and not to this Constitutional Court to determine whether the administrative actions and conduct deployed (active or omissive) by the National Environmental Technical Secretariat conform or not to the infra-constitutional legal system. For the reasons indicated, we consider that the issue raised is far from the specific competencies that the Constitutional Chamber is called upon to protect, without this meaning that it does not merit analysis in the ordinary or strictly administrative legality jurisdiction, in accordance with article 49 of the Constitution. (…)”

Based on the foregoing, it is not for this Court to determine, as the appellant intends, whether in the particular case some type of consultation on the project in question should have been conducted, nor is it for this Chamber to verify which mechanism the respondent authorities must use to optimally guarantee citizen participation. Thus, and in accordance with the cited precedent, it is not for this Constitutional Court to determine whether the administrative actions and conduct deployed (active or omissive) by SETENA in the specific case conform or not to the infra-constitutional legal system, all of which must be challenged by the appellants in the respective ordinary legality channels.”

Thus, the facts being so and in accordance with the cited precedent, it is not for this Court to determine, as the appellant intends, whether in the particular case some type of consultation on the agreement in question should have been conducted, or to establish which mechanism the respondent municipal authorities must use to optimally guarantee citizen participation, both on that point, and to make known the possible link between the Cantomar Ocean Club real estate project and the intervention in the public zone and the public road, given that these are matters of ordinary legality that must be raised before the respondent authority or in the competent judicial venue and not before this constitutional jurisdiction. Ergo, the proper course is to dismiss the appeal regarding this point.

Apart from the foregoing, although the appellant points out that in January 2025 the Comprehensive Development Association filed an opposition to the felling before the Council of the Municipality of Santa Cruz, as well as a rejection of the road improvement donation agreement, and the respondent local government makes no reference to that petition, the fact is that she does not justify why she brings this action on behalf of that association if she filed the appeal in protection of the amparo petitioner.

VII.- Regarding the control gate. Finally, although the appellant accuses that access to the Punta Pelencho beach is threatened by the possible installation of a “control gate (aguja de control)” with a security guard, promoted by the Punta Loros Association with the consent of the Municipality of Santa Cruz, which would imply the privatization of public domain by impeding free transit through the area and access to the beach, which is a public domain asset, this grievance is rejected by the representatives of the respondent town council. They indicate that “it is a false fact without any evidentiary support; the Municipality does not authorize nor permit the placement of gates that impede free transit on the roads within its jurisdiction.” Given this denial and keeping in mind that the appellant provides no proof of her statement, the appeal is dismissed regarding this point.

VIII.- Conclusion. Consequently, the appeal is partially granted only with respect to the Municipality of Santa Cruz and the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) and regarding the accused marking of trees. Regarding the remaining points, the appeal is dismissed.

IX.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. The undersigned clarifies that although in environmental matters, when there is administrative intervention of any kind, I refer them to the contentious-administrative jurisdiction, the truth is that in the case of complaints regarding the indiscriminate felling of trees within the maritime-terrestrial zone, I will not do so, because other rights are at stake, such as the right to the environment, water, health, and to enjoy a dignified level of quality of life, which may be affected by the indicated circumstances.

X.- ADDITIONAL REASONS OF MAGISTRATES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL REGARDING THE RIGHT OF CITIZEN PARTICIPATION, WITH THE WRITING OF THE SECOND.

In the sub iudice, the plaintiff accuses that the “Donation Agreement for improvements to public street C-05-03-138,” signed between the respondent municipality and the company Inversiones Inmobiliarias Watchtower Costa Rica, was carried out without any type of prior consultation with the community, disrespecting the right to citizen participation.

1.- On the point, as was recorded in the dissenting vote to judgment no. 2017001163 at 9:40 hours on January 27, 2017, we consider that from section 9 of the Political Constitution it is inferred that citizen participation, beyond a general principle, has been instituted as a true fundamental right in light of the conventional framework that accompanies and integrates our regime of fundamental rights.

Precisely, in judgment no. 2013-017305 at 11:32 hours on December 20, 2013, this Chamber considered that the right to citizen participation in decision-making has become one of the fundamental pillars upon which the democratic system rests. In our country, the constitutional legislator enshrined this right in article 9 of the Political Constitution by providing that the Government of the Republic be popular, representative, participatory, alternative, and responsible (emphasis not in the original), according to the reform brought about by law no. 8364 of July 1, 2003, published in La Gaceta no. 146 of July 31, 2003. This mandate of the Fundamental Law, in particular the quality of “participatory,” has guided subsequent constitutional and infra-constitutional normative development. Thus, a series of mechanisms has been established that seek to ensure that the right to participatory government can be applied efficiently and effectively, so that it does not remain merely a paper right; examples of the foregoing are the referendum for the approval or repeal of laws and partial reforms to the Constitution, or the popular initiative in the formation of laws (see, among others, judgment no. 2005-05649 at 14:39 hours on May 11, 2005).

The right to participatory government not only embodies a recognition of the highest juridical-positive rank to the function of political control by the inhabitants of the Republic but also signifies a revaluation of their role in the formulation, application, and control processes of public policy. By the will of the constituent legislator, which this Chamber must not and cannot disregard, the right to participatory government stands as a fundamental pillar of our democratic regime (a matter erroneously disregarded by the minority vote, which lowers the status of citizen participation from a right to a general principle in clear contradiction to this Chamber’s jurisprudential line, as will be demonstrated below), which is consistent with a political system based on tolerance, pluralism, and respect for freedom.

As we indicated supra, this categorization of participatory government or citizen participation as a right is explained through the conventional support contained in several international human rights instruments.

For example, article 21 of the Universal Declaration of Human Rights of 1948 provides that “everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives” (emphasis not in the original).

Consistent with the foregoing, paragraph 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights expressly recognizes the right of citizens: “(…) to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives.”

In the same vein, the Inter-American Democratic Charter states in its section 5 that: “Representative democracy is strengthened and deepened by permanent, ethical, and responsible participation of citizens within a framework of legality conforming to the respective constitutional order.”

More emphatically, article 6 of this Charter establishes that: “The participation of citizens in decisions relating to their own development is a right and a responsibility. It is also a necessary condition for the full and effective exercise of democracy. Promoting and fostering diverse forms of participation strengthens democracy.” (Emphasis not in the original).

The United Nations Human Rights Council also recognized citizen participation as fundamental for the protection of the environment:

“Recognizing also that the exercise of human rights, including the freedom to seek, receive and impart information and to participate effectively in the conduct of government and public affairs and the right to an effective remedy, is fundamental for the protection of a clean, healthy, safe and sustainable environment,” (Human Rights Council, 46th session, A/HRC/RES/46/7 of March 23, 2021).

Also, it is important to highlight that, recently, in resolution A/HRC/RES/48/13, adopted on October 8, 2021, the United Nations Human Rights Council grants the status of a human right to effective participation in environmental matters. In this regard, it stated:

“Recognizing that the exercise of human rights, including the rights to seek, receive and impart information and to participate effectively in the conduct of government and public affairs and in decision-making relating to the environment, as well as the right to an effective remedy, is fundamental for the protection of a clean, healthy and sustainable environment.” (The emphasis is not in the original).

For its part, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, the Inter-American Court of Human Rights emphasized that:

“226. Public participation represents one of the fundamental pillars of instrumental or procedural rights, given that it is through participation that individuals exercise democratic control over state actions and can thus question, investigate, and consider the fulfillment of public functions. In this sense, participation allows individuals to be part of the decision-making process and to have their opinions heard. In particular, public participation facilitates communities demanding accountability from public authorities for the adoption of decisions and, at the same time, improves the efficiency and credibility of government processes. As has been mentioned on previous occasions, public participation requires the application of the principles of publicity and transparency and, above all, must be backed by access to information that enables social control through effective and responsible participation” (the emphasis was added).

A position that had also been adopted in the judgment of September 19, 2006, regarding the case “Claude Reyes et al. vs. Chile,” in which it was ordered:

“86. In this sense, the State's actions must be governed by the principles of publicity and transparency in public administration, which makes it possible for persons under its jurisdiction to exercise democratic control over state actions, so that they can question, investigate, and consider whether public functions are being adequately fulfilled. Access to information under the control of the State, which is of public interest, can enable participation in public administration, through the social control that can be exercised with such access. 87. Democratic control, exercised by society through public opinion, fosters transparency in state activities and promotes the accountability of officials for their public administration. Therefore, for individuals to exercise democratic control, it is essential that the State guarantees access to information of public interest under its control. By allowing the exercise of this democratic control, greater participation by individuals in the interests of society is fostered.” (The emphasis was added).

In addition, the Inter-American Court, in the judgment of November 27, 2023, handed down in the case “Inhabitants of La Oroya vs. Peru,” ordered:

“B.2.5.2. Right to political participation

150. The right of citizens to participate in the conduct of public affairs is enshrined in Article 23.1.a) of the American Convention270. Regarding environmental matters, the Court has established that participation represents a mechanism to integrate the concerns and knowledge of the citizenry into public policy decisions affecting the environment. Likewise, participation in decision-making increases the capacity of governments to respond to public concerns and demands in a timely manner, build consensus, and improve the acceptance and compliance with environmental decisions271. In this regard, the Escazú Agreement states that each Party “shall ensure the right of the public to participate and, to this end, undertakes to implement open and inclusive participation in environmental decision-making processes, based on domestic and international regulatory frameworks”272.

151. Furthermore, the Court notes that the right to political participation in environmental matters is enshrined in various instruments of International Law, such as the Stockholm Declaration273, the Nairobi World Charter for Nature274, the Rio Declaration275, the Aarhus Convention276, and the Convention on Biological Diversity277. In this regard, the Court considers it pertinent to recall that the reference to sources, principles, and criteria of the international corpus juris, in this case on environmental matters, does not imply that it assumes jurisdiction over other treaties or that it recognizes their binding nature for States. These regulations are used as an interpretive criterion for determining the scope of the rights protected by the American Convention and other instruments that are binding on the State and over which the Court has jurisdiction, in accordance with Article 29 of the Convention278.

152. The Court has considered that the right to participate in public affairs enshrined in Article 23.1.a) of the American Convention establishes the obligation of States to guarantee the participation of persons under their jurisdiction in decision-making and policies that may affect the environment, without discrimination, in an equitable, meaningful, and transparent manner, for which they must first have guaranteed access to relevant information. Likewise, with regard to public participation, the State must guarantee opportunities for effective participation from the early stages of the decision-making process and inform the public about these participation opportunities. Finally, public participation mechanisms in environmental matters are varied and include, among others, public hearings, notification and consultations, participation in law-making and enforcement processes, as well as judicial review mechanisms279.

(…)

B.3.6.2. Right to political participation

256. The Court recalls that the right to political participation is one of the fundamental pillars of democracy, since through its exercise individuals can establish limits on state actions and question, investigate, and consider the fulfillment of public functions. Participation allows individuals to be part of the decision-making process and thus participate in the conduct of public affairs that affect the environment. This Court has emphasized that this right entails the obligation of States to guarantee the participation of individuals in decision-making that may affect the environment, which is related to the obligation to provide relevant information. This participation must be effective from the early stages of the decision-making process, which can be done through various mechanisms (supra para. 152)”

Thus the facts being, this conventional recognition of citizen participation hermeneutically affects its legal nature, since from a constitutional principle it transforms it into a true collective fundamental right.

In this way, citizen participation represents an essential aspect of the democratic and republican model of this century, in which citizen control, transparency, and accountability stand out as expressive elements of this type of political regime, which in turn confers much greater legitimacy to political decision-making, a key issue when it comes to governability. Thus, within the framework of this type of regime —that is, with active and full citizen participation—, participatory government has a greater impact, favoring decision-making through more open and transparent means.

Precisely, one of the mechanisms designed to fulfill the provisions of constitutional section 9 is the public hearing, through which interested persons can assert their rights or express their opinion, actively participating in matters of national or local relevance, and bringing to the Administration's attention all those anomalies or disagreements regarding a project to be developed.

Thus, the facts being, the public hearing is a typical instrument of a republican democracy, through which the participation of citizens in the process of public decision-making is fostered. Due to its significance, the hearing must be conducted in such a way as to guarantee the greatest possible participation of the people who may be affected, hence any action or omission that hinders the foregoing constitutes an open violation of the constitutional right to citizen participation (see, among others, judgment number 2009-018223 at 12:34 hours on November 27, 2009).

Regarding the participatory nature of the public hearing, as indicated, section 9 of the Political Constitution itself mandates this, because the qualification “participatory” provided therein implies, among other aspects, that the Government must be an articulator of what is defined by popular deliberation, when it is mandatory, while in the formulation of public policy, within the possibilities that the current juridical-positive framework raises, it is obligated to listen to the opinion of affected individuals or groups, whether it is binding or not.

In other words, in the current republican democracy, citizens enjoy, by constitutional mandate, no longer only the right to vote to exercise their right to participatory government, but also a multitude of instruments of diverse nature to contribute to government decision-making and political control, which enables them to exert direct influence on major public decisions.

In this context, it is of interest to highlight that this Court, in judgment no. 2018004117 at 9:15 hours on March 13, 2018, carried out a development regarding public consultation on environmental matters, emphasizing that this mechanism is a pillar in decision-making related to the environment. Also, by way of soft law, it referred to a particularly relevant instrument regarding access to environmental information and citizen participation: the “Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters,” better known as the “Aarhus Convention.” In this sense, the referenced pronouncement indicated:

“The Aarhus Convention, for its part, in article 6.2.3.4 provides:

‘2. When a decision-making process regarding the environment is initiated, the public concerned shall be informed, as appropriate, effectively and in a timely manner, by public notice or individually, as the case may be, at the beginning of the process. The information shall relate, in particular, to:

a) The proposed activity, including the corresponding application on which a decision will be taken;

b) The nature of the possible decisions or the draft decision;

c) The public authority responsible for making the decision;

d) The procedure envisaged, in particular, when this information can be provided:

i) The commencement of the procedure;

ii) The opportunities for the public to participate;

iii) The time and venue of any envisaged public hearing;

iv) The public authority from which relevant information can be obtained and where the relevant information has been deposited for examination by the public;

v) The public authority or any other official body to which comments or questions can be submitted and the time schedule for the communication of comments or questions;

vi) What environmental information relevant to the proposed activity is available; and

e) The fact that the activity is subject to a national or transboundary environmental impact assessment procedure.

3. For the different phases of the public participation procedure, reasonable time frames shall be provided allowing sufficient time to inform the public in accordance with paragraph 2 above and for the public to prepare and participate effectively during the entire environmental decision-making process.

4. Each Party shall provide for early public participation, when all options are open and effective public participation can take place.’

In accordance with the foregoing, the consultation must be fostered transparently and with the greatest possible information. This generates better administration of natural resources, contributing to transparency and the proper management of public funds. Let us recall that the environmental matter is an issue for all members of society, not only the government, therefore it also falls to each citizen to watch over the conservation of the environment and to seek sustainable development. It is for this reason that it must comprehensively encompass the different sectors of the population (…)’ (The emphasis was added).”

In addition, in the mentioned pronouncement, the Chamber underscored that the citizen hearing, as a manifestation of the democratic principle, should not become a mere formality that simply must be scheduled, although it should also not be instrumentalized as a mere obstacle to the issuance of an administrative decision.

Related to the foregoing, this Chamber has reiteratedly indicated that the Constitution is characterized by its supremacy and its direct and immediate efficacy, by virtue of which the rights and guarantees it confers are directly enforceable and binding on all Public Powers. Thus, in judgment no.

1992-3194 of 16:00 hours on October 27, 1992, it was specified:

"(...) The Political Constitution in its unanimous contemporary conception is not only 'supreme' as a criterion of validity for itself and the rest of the legal system, but also a set of fundamental, legally binding norms and principles, therefore, enforceable by themselves, against all public authorities and even private individuals, without the need for other norms or acts that develop them or make them applicable—except in qualified exceptional cases in which, without them, its application is impossible—; with the consequence that both administrative and jurisdictional authorities have the attribution-duty to directly apply the Law of the Constitution in its full sense, even in the absence of a lower-ranking norm or by disapplying those that oppose it."

For its part, in resolution No. 1995-1185 of 14:33 hours on March 2, 1995, this Tribunal confirmed:

"If the Political Constitution has a supreme normative character, it must effectively shape and condition the validity and efficacy of every inferior or subordinate norm, and serves as a parameter to legitimize or not the actions of any public authority and even of private subjects.... The principle of supremacy of the Constitution, in the Costa Rican case, is not only expressly enshrined in Article 10, but also, in a very clear manner, complemented with respect to the organ responsible for maintaining or preserving it, according to what we will analyze below. What we have expressed so far revolves around the fact that the Constitution has a direct efficacy and binds without the need for intermediation by any other norm. And it is for this reason that every authority, in general, has the capacity and power to apply, develop, and expand the fundamental rights contained in the Political Constitution. If this were not so, the entire argument about the hierarchy of constitutional norms, principles, and values would collapse, transformed into an insubsistent fantasy. It would be mere science fiction, an entelechy, in which two juridical worlds simultaneously exist, located on different planes and without communication between them."

In conclusion, citizen participation (participación ciudadana) constitutes a constitutional and conventional right, which stands as a quality of the democratic republican system. In this regard, the rights enshrined in the Fundamental Law, to varying degrees depending on whether their content is more or less programmatic, have a direct efficacy and bind without the need for any norm whatsoever. Even its effectiveness through infra-constitutional normative development and the application thereof is not beyond jurisdictional constitutional control, when regulations, actions, or omissions are noted that represent an injury to the hard core (Kernbereich) of that constitutional good.

2. Now then, in the sub lite, we consider the right to citizen participation to have been violated, given that, indeed, there is no record that it was in any way guaranteed by the respondent municipality (municipalidad accionada).

In that regard, it is evident that among the works to be executed based on the aforementioned agreement is the pruning or cutting of certain trees on the public road in question (in that regard, note that it was verified that at least 68 trees in that area were marked); furthermore, the petitioner states that a biological corridor essential for local fauna (especially howler monkeys) could also be affected. In addition, note even that, in light of the site visit carried out in January of the current year, the municipality issued official letter No. DDUR-UTGVM-COORD-017-2025 of January 20, 2025, through which it informed the development company that "in relation to the meeting held today on site (...) we formally and concisely request that you NOT execute road improvement work until there is clarity among all parties regarding the expansion of the right-of-way (derecho de vía) and the removal-pruning of the trees present in said right-of-way that provides access to the beach."

In this way, it is clear that the development of the road improvement project within the framework of the agreement in question has environmental implications that were not effectively communicated or consulted through any mechanism to the citizenry. In that regard, it is worth highlighting that Article 6 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) provides: "Article 6.- Participation of the inhabitants. The State and the municipalities shall promote the active and organized participation of the inhabitants of the Republic in the decision-making and actions aimed at protecting and improving the environment."

For its part, Article 17 of Executive Decree No. 40139-MOPT (Officialization of the Technical Standard for the Development and Conservation of the Cantonal Road Network) provides: "Article 17.- Socio-environmental management. The improvement works and new construction works carried out on the cantonal road network must be performed in compliance with the current environmental and social regulations, so as to ensure that said components are incorporated into municipal road management in order to contribute to sustainable development. For these purposes, and in compliance with Articles 4 and 6 of the Organic Law of the Environment, No. 7554, Article 11 of the Biodiversity Law, No. 7788, and Article 1 of the Wildlife Conservation Law, No. 7317, the municipalities must (...) b) Implement socio-environmental consultation (consulta socio ambiental) to promote citizen participation (participación ciudadana), as a fundamental element for developing projects in a sustainable manner (...)"

Thus, in consideration of the possible environmental impact of the project to be executed, the absolute absence of any citizen consultation mechanism constitutes a grievance susceptible of being declared through this constitutional avenue.

XI.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if any paper documents have been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on the Electronic File before the Judiciary," approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore (Por tanto):

The remedy is partially granted only with respect to the Municipality of Santa Cruz and the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) and regarding the accused marking of trees. David Chavarría Morales, acting director of the National System of Conservation Areas, or whoever holds that position, is ordered; as well as Jorge Arturo Alfaro Orias and Carlos Barrenechea Martínez, each in their capacity as mayor and president of the Municipal Council of Santa Cruz, or whoever holds those posts, and the officials holding the positions of head of the Maritime-Terrestrial Zone Department and head of the Environmental Management Department, all of the Municipality of Santa Cruz, to issue the pertinent orders, coordinate what is corresponding, and carry out all actions within the scope of their respective competencies, so that: 1) IMMEDIATELY, a procedure be initiated to determine the reason for and those responsible for the accused marking of trees, and the corresponding precautionary measures be issued to ensure that no tree in the area is felled without the respective authorization in accordance with the applicable ordinary regulations; 2) within a period of TWO MONTHS, counted from the notification of this pronouncement, the aforementioned procedure be concluded and the corresponding resolution be issued. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), a prison term of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within a recurso de amparo (recurso de amparo), and does not comply with it or does not have it complied with, provided that the crime is not more severely punished. The National System of Conservation Areas and the Municipality of Santa Cruz are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as a basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative proceeding. In all other respects, the remedy is dismissed. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal set forth additional reasons in relation to the right of citizen participation (participación ciudadana) and order the Municipality of Santa Cruz to adopt the corresponding measures to guarantee the right to citizen participation (participación ciudadana) prior to the execution of any work under the "Donation agreement for improvements to public street C-05-03-138" ("Convenio de donación para mejoras de calle pública C-05-03-138"). Notify.

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

President

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ana María Picado B.

 

 

Digitally Signed Document

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