Res. 39367-2025 Sala Constitucional — Constitutional Chamber orders ban on anchored FADs in sport and tourist fishingSala Constitucional ordena impedir uso de FADs anclados en pesca deportiva y turística

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Sala Constitucional

Resolución Nº 39367 - 2025

Fecha de la Resolución: 28 de Noviembre del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-021856-0007-CO

Redactado por: Aracelly Pacheco Salazar

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

PESCA.

039367-25. AMBIENTE. ACUSA EL RECURRENTE EL USO DE DISPOSITIVOS AGREGADORES DE PECES, CONOCIDOS COMO FADS O "PLANTADOS" ANCLADOS EN EL MAR, LOS CUALES SON EMPLEADOS EN PESCA DEPORTIVA Y TURÍSTICA, APESAR DE NO ESTAR LEGALMENTE AUTORIZADO. SE ORDENA AL DIRECTOR GENERAL DE LA DIVISIÓN MARÍTIMO PORTUARIA DEL MOPT, AL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INCOPESCA Y DE DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS, QUE GIREN LAS ÓRDENES PERTINENTES Y LLEVEN A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO DE TRES MESES, SE IMPIDA LA PRÁCTICA PESQUERA UTILIZANDO FADS O DISPOSITIVOS AGREGADORES DE PECES FIJADOS CON GRANDES PESOS DE HORMIGÓN A LOS FONDOS MARINOS. VCG12/2025

“(…) VI.- La protección de los recursos hidrobiológicos. Diversas razones obligan al Estado a hacer uso de sus mejores esfuerzos con el objeto de tutelar en forma adecuada sus inmensos espacios de mar territorial, de zona económica exclusiva, así como sus aguas internas. Lo mismo se puede decir acerca de su deber de evitar a toda costa convertirse en un cómplice de la degradación del medio ambiente y la biodiversidad marina fuera de sus aguas territoriales y patrimoniales. Por un lado, tiene un deber ineludible de velar por la preservación del medio ambiente, y ello por supuesto incluye la adopción de aquellas medidas necesarias para evitar daños en los ecosistemas marítimos y acuáticos en general, proteger las especies de seres vivos que habiten dichos medios, prevenir la contaminación de los mares y aguas internas, así como reaccionar con energía ante las actuaciones que atenten contra la integridad del medio ambiente acuático. Asimismo, el Estado está igualmente compelido por la Constitución Política a garantizar medios de subsistencia dignos y suficientes para todos sus habitantes, procurando un adecuado reparto de la riqueza generada. En ese contexto, debe la Administración propiciar un uso sustentable de los recursos naturales, logrando con ello que el país pueda desarrollarse económicamente, sin comprometer la integridad del medio ambiente. La pesca y la acuicultura constituyen actividades económicas lícitas y de gran importancia para la salud alimentaria de la población, generadoras de considerables beneficios para quienes a ellas se dedican y para el país, pero que por la delicadeza e importancia del medio en que se desarrollan, deben estar sometidas a una estricta regulación. Es necesario, asimismo, que se defienda el patrimonio público, en particular en lo concerniente a los recursos hidrobiológicos que le pertenecen a la Nación en su condición de bienes públicos (sentencia No. 2006-001109 de las 09:40 horas del 03 de febrero de 2006).

VII.- Sobre el caso concreto. Acusa el recurrente el uso de dispositivos agregadores de peces, conocidos como FADs o "plantados" anclados en el mar, los cuales son empleados en pesca deportiva y turística, a pesar de no estar legalmente autorizado.

Al respecto, INCOPESCA niega que haya autorizado un torneo que, expresa o implícitamente, contemple el uso de plantados o FADs anclados como técnica de pesca. También se comprueba que la regulación vigente prohíbe el uso de plantados flotantes para pesca de atún de cerco (Acuerdo A.J.D.I.P./241-99). A lo anterior se debe agregar que en dos inspecciones no se encontraron los objetos sumergidos en las coordenadas que indicó el recurrente. En concreto: 1) El 12 de junio de 2025 se realizó la primera inspección en la coordenada 1 señalada por el denunciante (08°03.235N, 083°53.2190), con participación de funcionarios de INCOPESCA y del Servicio Nacional de Guardacostas, pero no se detectaron boyas, objetos flotantes ni signos de actividad biológica atribuible a plantados sumergidos. 2) El 26 de junio de 2025, en la segunda inspección realizada en las coordenadas reportadas por el actor (08°03.235N, 083"53.219O y 07°53.328N, 084°00.4590), utilizando una embarcación de mayor autonomía, nuevamente, no se encontraron dispositivos flotantes o sumergidos, solo se observó un yate realizando pesca en movimiento (troleo) alrededor de uno de los puntos, lo que no constituye prueba de la existencia de plantados. Además, ambas inspecciones fueron comunicadas a la Fiscalía de Protección Ambiental de Osa dentro del proceso penal No. 25-000048-1111-PE que actualmente se encuentra en condición de archivo fiscal, dispuesto por resolución de las 07:15 horas del 16 de octubre de 2025, ya que el ente ministerial, con base a las pruebas aportadas, no logró acreditar la existencia de estos dispositivos ni la individualización de un presunto responsable

No obstante, es lo cierto, primeramente, que se acepta que ambas inspecciones se efectuaron sin realizar buceo ni utilizar algún equipo especial de sonar, pues Incopesca no cuenta con ese tipo de recursos. De ahí que a solicitud del Ministerio Público se consultó el 30 de junio de 2025 a la Dirección de Guardacostas (Comisionado de Guardacostas) si tienen ese equipo, pero todavía no han contestado. En segundo lugar, el recurrente en gestiones posteriores indica otras coordenadas donde asegura que hay más dispositivos y aporta unos links en internet donde operadores de pesca turística promueven la pesca sobre FADS y montes submarinos en el país. Lo anterior es aceptado por Incopesca, ya que el 15 de octubre de 2025 presentaron una denuncia ante el OIJ refiriendo que en una búsqueda en redes sociales se determinó en la red social FACEBOOK la existencia de ventas de productos pesqueros o tours de pesca no autorizados, en el cual se detallan puntos de contacto que estiman altamente importantes y necesarios de poder actuar interinstitucionalmente ante esas ventas a los efectos de incidir en su consumo y ajustar dicho actuar a la normativa vigente (véase prueba documental aportada con el segundo informe rendido en atención a una prueba para mejor resolver solicitada por esta Sala).

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha tenido la oportunidad de referirse al principio precautorio o indubio pro natura, el cual resulta esencial en la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, conforme lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política. En ese sentido, en los votos números 14180-10 de las 14:35 del 25 de agosto de 2010 y 108889-11 de las 15:22 del 16 de agosto de 2011, reiterado en la sentencia No. 2019-012746 de las 12:11 horas del 10 de julio de 2019, la Sala señaló sobre el tema en cuestión, lo siguiente:

“IV.- Sobre el principio precautorio y el desarrollo sostenible. Además de lo dicho, resulta de importancia para la resolución de este asunto, tener en cuenta dos principios de especial relevancia en materia ambiental, como lo son el principio precautorio y el principio de desarrollo sostenible. En cuanto al primero, debe indicarse que esta Sala ha reconocido que, en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, a partir de la cual el Estado tiene que disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente. Es el también llamado principio de “evitación prudente”, contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que literalmente indica:

"Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente".

En consecuencia, deben desplegarse actuaciones anticipadamente para evitar los efectos negativos de un proyecto, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas.  De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto- se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente”.

Ante ese panorama y principalmente, por la duda existente, esta Sala con sustento en el principio precautorio considera que se debe tutelar lo planteado por el recurrente, pues el hecho de que Incopesca no lo haya autorizado no significa que no se esté llevando a cabo. Máxime que se aporta prueba contundente de su ejecución. Aparte de que Incopesca acepta que las referidas inspecciones, producto de las cuales asegura no se encontraron dispositivos flotantes o sumergidos, ni siquiera se realizaron con el equipo que se estima corresponde, por lo menos buceadores. Además, se consultó a Guardacostas sí lo tienen y se indica que más de cuatro meses no han contestado. Esas insuficientes acciones para atender el problema denunciado por el recurrente, pues incluso el Director General de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes informa que su representada no tiene responsabilidad en los hechos acusados, obviando la tutela que debe brindar el Estado al ambiente en su conjunto.

VIII.- Conclusión. Por consiguiente, se declara con lugar el recurso, con los efectos que de indican en la parte dispositiva. (…)”

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Sentencias Relacionadas
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) IV.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así como, a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia No. 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible–”. Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política, se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes". Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (…)” VCG12/2025

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Coordinación

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO COORDINACIÓN

“(…) V.- Sobre la coordinación de las instituciones públicas en la protección integral al ambiente. Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar mediante sentencia No. 1999-005445 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, que: "La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de este (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector". (…)” VCG12/2025

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Precautorio

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO PRECAUTORIO

“(…) En reiteradas ocasiones este Tribunal ha tenido la oportunidad de referirse al principio precautorio o indubio pro natura, el cual resulta esencial en la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, conforme lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política. En ese sentido, en los votos números 14180-10 de las 14:35 del 25 de agosto de 2010 y 108889-11 de las 15:22 del 16 de agosto de 2011, reiterado en la sentencia No. 2019-012746 de las 12:11 horas del 10 de julio de 2019, la Sala señaló sobre el tema en cuestión, lo siguiente:

“IV.- Sobre el principio precautorio y el desarrollo sostenible. Además de lo dicho, resulta de importancia para la resolución de este asunto, tener en cuenta dos principios de especial relevancia en materia ambiental, como lo son el principio precautorio y el principio de desarrollo sostenible. En cuanto al primero, debe indicarse que esta Sala ha reconocido que, en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, a partir de la cual el Estado tiene que disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente. Es el también llamado principio de “evitación prudente”, contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que literalmente indica:

"Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente".

En consecuencia, deben desplegarse actuaciones anticipadamente para evitar los efectos negativos de un proyecto, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas.  De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto- se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente”.

Ante ese panorama y principalmente, por la duda existente, esta Sala con sustento en el principio precautorio considera que se debe tutelar lo planteado por el recurrente, pues el hecho de que Incopesca no lo haya autorizado no significa que no se esté llevando a cabo. Máxime que se aporta prueba contundente de su ejecución. Aparte de que Incopesca acepta que las referidas inspecciones, producto de las cuales asegura no se encontraron dispositivos flotantes o sumergidos, ni siquiera se realizaron con el equipo que se estima corresponde, por lo menos buceadores. Además, se consultó a Guardacostas sí lo tienen y se indica que más de cuatro meses no han contestado. Esas insuficientes acciones para atender el problema denunciado por el recurrente, pues incluso el Director General de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes informa que su representada no tiene responsabilidad en los hechos acusados, obviando la tutela que debe brindar el Estado al ambiente en su conjunto. (…)” VCG12/2025

 

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Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

IX.- RAZONES PARTICULARES DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL SOBRE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA AMBIENTAL, CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO.

Si bien coincidimos con la mayoría del Tribunal en cuanto a la estimatoria del sub iudice, consideramos pertinente determinar lo siguiente en relación con los principios constitucionales en materia ambiental.

Concerniente a los principios preventivo y precautorio, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Sala precisó:

“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)”

Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación del ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza, pues plausiblemente debe involucrar un peligro serio, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados. En consonancia con esta tesitura, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente lo que desnaturalizaría su razón de ser, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:

“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas”.

El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica. En ese sentido véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006, en la que se lee:

“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.

Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.

En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:

“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible”.

Con posterioridad a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En esa línea, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.

n suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta sobre tales perjuicios eventuales no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.ccc

Atinente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como una pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.

Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos. ccc

Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, en la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Baraona Bray vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:

“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental”.

Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).

Con igual orientación, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.

Una evolución de lo antedicho ha desembocado en la instauración del “principio pro natura”, en la cual se deja de lado la parte de “in dubio”, de manera que su ámbito de aplicación se ensancha y cubre situaciones en las cuales no necesariamente existe incertidumbre jurídica. De este modo, la aplicación del principio pro natura no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio-, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió por primera vez a este principio en la Opinión Consultiva OC-32/25 del 29 de mayo de 2025, en la cual determinó que, en el marco de protección de la naturaleza como sujeto de derechos, el principio pro natura debe interpretarse de manera armónica con el principio pro persona. Asimismo, la Corte IDH vinculó el principio pro natura con otros procesales, a saber “los principios de disponibilidad de la prueba, cooperación procesal, pro persona (…) y pro actione” como parte de las reglas probatorias a emplearse en cuanto al derecho de acceso a la justicia.

En suma, el principio pro natura estatuye que, ante cualquier conflicto jurídico, siempre debe prevalecer aquella interpretación que mejor favorezca la protección de la naturaleza y el pleno disfrute de los derechos ambientales, aun cuando no se esté ante una situación en la que medie incertidumbre. Esta pauta hermenéutica debe seguirse en toda relación entre estado, sociedad y ambiente, de manera que siempre se elija la solución que mejor proteja o más favorezca a la naturaleza.

Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental de esta manera:

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los (sic) estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (Ver igualmente las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.

De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.

Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:

“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”. En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (sentencias de la Sala Constitucional nros. 21258-2010, 17126-2006, 14293-2005)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

Ahora bien, en el sub examine se acredita la lesión a los derechos fundamentales, debido a la falta de actuación diligente, célere y coordinada de las autoridades recurridas a los efectos de impedir la actividad pesquera que emplee dispositivos agregadores de peces fijados con grandes pesos de hormigón en fondos marinos. Acerca del punto, adviértase que, en aplicación del principio precautorio, la falta de certeza absoluta de que se esté llevando a cabo ese tipo de actividad en los términos acusados en el caso de marras -lo que en todo caso deviene de la propia inercia de las autoridades recurridas para efectuar las inspecciones correspondientes con el equipo técnico necesario-, no les exime de la obligación de adoptar las medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente, toda vez que en el sub lite existen indicios suficientes de que tal actividad podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente.

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Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

PESCA.

X.- El magistrado Castillo Víquez salva el voto y declara sin lugar el recurso. A diferencia de la mayoría considero que el amparo debe ser desestimado por los siguientes motivos. Tal como se reconoce en la sentencia, INCOPESCA negó bajo la fe de juramento haber autorizado torneo alguno que expresa o implícitamente, contemple el uso de plantados o FADs anclados como técnica de pesca. De hecho, la regulación vigente prohíbe el uso de plantados flotantes para pesca de atún de cerco (Acuerdo A.J.D.I.P./241-99). De otro lado, en las dos inspecciones realizadas a los lugares señalados por el recurrente no se encontraron los objetos sumergidos en las coordenadas que este indicó. A partir de lo anterior, en criterio del suscrito, el mero hecho de que el recurrente en gestión posterior aportara unos links en internet donde operadores de pesca turística promueven ilegalmente la pesca sobre FADS y montes submarinos en el país, no conlleva necesariamente a imputar a la administración la intención que tienen terceras personas de infringir la ley a futuro. Ciertamente existe un deber de fiscalización constante de la administración para que no se infrinjan las leyes, pero considero que la aplicación del principio precautorio no puede ser llevado a extremos tan irrazonables y desproporcionados como al hecho de sancionar a la administración por intenciones de terceros de infringir la ley a futuro, cuando no se demuestra que ello haya ocurrido y menos aún sin el consentimiento o conocimiento previo de los recurridos. En este caso, estimo que el principio precautorio debe ser aplicado para que la administración, a partir de que se demuestra el conocimiento de tales intenciones, entonces sí deba adoptar medidas de fiscalización y prevención que eviten que tal situación se lleve a cabo, pero no a ser sancionados en un proceso de amparo por un hecho que no se ha constatado, del cual no se demuestra haber tenido conocimiento previo y menos aún haberlo autorizado, pues en ese sentido se llegaría al absurdo de sancionar a la administración por cada peligro que implique la mera intención de un tercero de infringir una ley ambiental o respecto de la publicación en cualquier medio vía internet de llevar a cabo tal intención. Es por lo anterior que me separo de la mayoría, declaro sin lugar el recurso con la advertencia al recurrido de que, a partir de ahora, al tener conocimiento por este amparo de lo publicado por esas terceras personas, adopte las medidas necesarias de investigación, fiscalización y prevención para evitar que tal cometido se lleve a cabo.

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Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

XI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería, su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano en cuanto a este extremo se refiere, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VCG12/2025

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Texto de la resolución

 

*250218560007CO*

Exp: 25-021856-0007-CO

Res. Nº 2025039367

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-021856-0007-CO, interpuesto por Nombre91436, mayor. cédula de identidad CED51677, contra la División Marítima Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura y el Servicio Nacional de Nombre91437 del Ministerio de Seguridad Pública.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:53 horas del 25 de julio de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra la División Marítima Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes -MOPT-, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura -INCOPESCA- y el Servicio Nacional de Nombre91437 del Ministerio de Seguridad Pública y expresa que los dispositivos agregadores de peces han evolucionado desde un simple tronco a la deriva, cuya sombra proporciona refugio a especies de peces que atraen a otras especies depredadoras, pasando por artefactos flotantes artificiales, construidos con estructuras de pvc, redes y textiles de cobertura, muy utilizados por la pesca de atún de altura, ubicados con balizas para su localización. Al agregar peces, agrega también atunes y este fenómeno es utilizado por la pesca de atún de cerco, práctica conocida como pesca de atún sobre plantados. Más recientemente se encuentran artefactos más elaborados y diseñados para pesca deportiva, esta vez artefactos fijos, consistentes en una pesa de concreto de alrededor de una tonelada denominada popularmente como “queso”, la cual se arroja al fondo marino para anclar un cable que sostiene a su vez una boya sumergida normalmente a unos 20 o 40 pies de profundidad (6 a 12 mts), en combinación con redes viejas, mallas u otros elementos que al dar sombra, sirven para que los peces se agreguen a su alrededor y con ello atraigan a especies de interés como atunes o picudos. Costa Rica ha prohibido la pesca de atún sobre plantados en el acuerdo de Nombre3504 A.J.D.I.P./241-99. Tal disposición versa sobre la pesca de atún de cerco practicada por las embarcaciones de grandes dimensiones, pesca regulada a partir del artículo 49 de la Ley de Pesca y Acuacultura No. 8436. Esta pesca es practicada enteramente por embarcaciones internacionales por no tener el país ninguna embarcación. En el acuerdo de Junta Directiva citado, para la fecha, el concepto de plantado prohibido, sólo contempla el plantado flotante usado por la pesca de atún. Actualmente, además, la LPA en su artículo 60 prohíbe la operación de estos barcos dentro de las primeras 80 millas náuticas de la Zona Económica Exclusiva. De manera que esta amplia zona de nuestra Zona Económica Exclusiva, conocida por su riqueza de atún y picudos (marlin, pez vela) y otras especies de interés como dorado, queda entonces técnicamente carente de regulación sobre plantados, precisamente por quedar sin regulación la última versión de plantado anclado antes descrita. A partir del 2008 aproximadamente, muchas iniciativas privadas de pesca deportiva (marinas, operadores de pesca deportiva y operadores de pesca comercial) han desarrollado una amplia práctica para la instalación de FADs o plantados de nueva generación, orientados a la pesca deportiva, esto es, artefactos anclados al suelo marino mediante una pesa de cemento de hasta una tonelada, la cual sostiene un cable que ancla una boya mediante un cable de acero, boya normalmente metálica que queda fijada a unos 20 o 40 pies (6 a 12 mt) de profundidad. Normalmente este tipo de instalación submarina se bota a unas 20 o 40 millas náuticas de la costa, para el caso, a partir de Herradura, de Quepos o bien de la península de Osa, en zonas poco profundas (zonas de mesetas hundidas), las cuales son suelos bentónicos con mucha biodiversidad y los cuales, dadas sus características, son llamados montes submarinos o “seamounts” en inglés, concepto que podría ser correcto en la parte sur del país, al ser estas formaciones geológicas, parte de la cadena de montes submarinos. Se evidencian dos impactos, el primero la alteración de los fondos marinos de estas estribaciones sumergidas, merced de los pesos que se lanzan al fondo y el más importante, el impacto pesquero ejercido por los operadores de pesca turística que concentran su esfuerzo pesquero en zonas determinadas alrededor de las instalaciones. Impactos realizados sobre un ecosistema diverso, pero de suma fragilidad e importancia para el pacífico costarricense. Esta configuración de FAD o plantado, permite establecer con precisión la posición del mismo, con ayuda de GPS, con lo cual, quienes han colocado el artefacto saben que pueden ir a pescar debido a la agregación de peces que se genera por la sombra. Debido a que no están explícitamente regulados, se usa normalmente el término “FAD” y también recientemente se utiliza el término “pesca en montes submarinos” o la combinación en inglés de ambos: “FAD Seamounts”. Así, innumerables anuncios de pesca deportiva en Costa Rica tanto en la zona de Quepos (Marina Los Sueños) como las marinas de Quepos y las distintas iniciativas de pesca deportiva anuncian este tipo de pesca como un atractivo para la pesca turística. Claramente a las marinas y operadores les interesa lograr que sus usuarios, normalmente turistas extranjeros con poco tiempo disponible, logren un viaje de pesca “exitoso” es decir, que puedan lograr pescar varios ejemplares, y este tipo de artefactos les brindan una pesca segura en un tiempo récord. Los agregadores de peces generan un impacto importante al cambiar el normal comportamiento de las poblaciones de peces pelágicos. Generan artificialmente una sombra que atrae a las especies pequeñas y tras de ellas vienen peces de mayor tamaño. Al estar concentrados y practicar sobre ellos ya sea la pesca deportiva o turística, o bien, la pesca comercial, se genera un impacto mucho mayor y en menor plazo sobre los ecosistemas marinos y con ello una mucho mayor afectación, además que la colocación de estas instalaciones afecta con su peso el lecho marino, además de generar ventajas pesqueras para quienes lo financian, en detrimento de quienes pescan libremente. Además de la oferta abierta de operadores de pesca deportiva (hoteles, marinas, empresas o individuos dedicados a la pesca turística) para venir a pescar en “FAD seamounts”, es decir, para pescar alrededor de estos plantados, las marinas constantemente están organizando torneos de pesca, muchos de los cuales incluyen la pesca sobre plantados o FADS, torneos que deben ser aprobados y autorizados por el INCOPESCA, institución que, hasta la fecha, no ha reparado en el uso de esta técnica, dejando una actividad sin regulación que claramente afecta ecosistemas vulnerables. Agregado a la pesca turística (marinas, operadores comerciales de empresas o individuales) muchos operadores de pesca deportiva (dueños de yates ubicados en las marinas) también usan la geolocalización de los plantados que les ofrecen las marinas, para realizar actividades de pesca. Al no haber ningún tipo de regulación, es decir, al no estar permitidos, interpretando el derecho ambiental en favor de la naturaleza, esto es, en sentido restrictivo, técnicamente están prohibidos y al ser usados como parte de las artes pesqueras, todo tipo de pesca derivada de estas instalaciones sería pesca ilegal. No obstante, a falta de una norma clara, resulta difícil para el SNG, para Nombre3504 o bien para las fiscalías de zonas portuarias, tramitar alguna denuncia relacionada con esta práctica, puesto que no podrían ser claramente tramitados al amparo los art. 142, 147 148, 150 todos de la LPA. No es posible establecer con certeza la cantidad de plantados anclados que existen, pero en más de 15 años de práctica, puede esperarse que sea considerable. No existe control alguno, trámite o permiso conocido para la utilización de estas instalaciones. No existe regulación que permita la utilización del recurso pesquero en estas condiciones. Tal vacío, claramente contrario a la legalidad y por años permitido por el Nombre3504 que claramente conoce de la práctica, ciertamente beneficia a la actividad de la pesca turística, pero a costa del recurso vulnerable del país. No existe ningún estudio, informe o criterio del Nombre3504 al respecto de esta práctica, lo cual evidencia un pésimo manejo de la actividad. Un agravante importante agregado es el hecho que, al estar a escasa profundidad (unos 20 pies o 6 metros) y ubicarse entre 20 y 40 millas náuticas de la costa, las instalaciones denominadas plantados o “FADSseamounts” podrían comprometer la navegación de las grandes embarcaciones internacionales. Téngase en cuenta que un barco de carga internacional puede tener un calado de 50 pies o más, es decir, unos 16 metros. Tanto la boya como el cable al no estar advertidos dentro de las rutas como obstáculos, podrían comprometer las hélices, generando problemas importantes de navegación. No obstante no existe ninguna regulación de vías marinas de la División Marítima del MOPT al respecto, ni ninguna disposición para el auxilio del Servicio Nacional de Nombre91437 en el control de estas instalaciones subacuáticas. No existe por parte del Nombre3504 ni de la División Marino Portuaria del MOPT, ningún criterio respecto del uso extensivo ya de esta práctica pesquera, de su impacto o peligro para los ecosistemas o para la navegación. Tampoco existe ningún estudio por parte del Nombre3504 que permita medir el impacto o beneficio de esta práctica en los ecosistemas marinos que afecta tanto los presentes en la columna de agua, como los ecosistemas bentónicos debido al peso de los llamados “quesos” o bloques de hormigón que se hunden en distintas localidades, todo lo cual nos lleva a pensar que se vulnera, además, el principio precautorio. Con la utilización libre y no regulada de los FADs o agregadores de peces, por parte de las empresas de pesca turística, marinas, operadores individuales o los operadores de pesca deportiva, ya sea de forma directa o bien a través de torneos de pesca, se violentan groseramente principios constitucionales como el derecho a un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 de nuestra Constitución Política, así como el artículo 89 de la carta magna, relacionado con la protección de las bellezas naturales y en tanto es una práctica de pesca no regulada, violenta el artículo 41 constitucional al impedir tal omisión normativa el desarrollo de acciones legales para sancionar las infracciones. En este sentido es claro el criterio constitucional contenido en la sentencia 10540-2013 en la cual la Sala Constitucional que establece tanto las obligaciones del Estado, para el caso las instituciones referidas, como la inteligencia de que estamos claramente ante una problemática ambiental. De esta manera queda meridianamente claro que en materia de uso y manejo de recursos pesqueros y ecosistemas marinos corresponde al Estado regular, proteger y conservar los recursos, encomienda constitucional que claramente no está cumpliendo ninguna de las instituciones recurridas, por cuando, hasta la fecha, los FADs o plantados se han instalado sin ningún pronunciamiento, regulación o criterio institucional y son los privados quienes hacen uso de estas instalaciones, contando incluso con aprobación de sus actividades, como es el caso de los torneos de pesca, licencias de pesca deportiva o turística o incluso con la aprobación de los desembarcos de producto pesquero por parte de la pesca comercial. Claramente, a la luz de las fuentes citadas, la práctica ya común de los distintos operadores de pesca turística y pesca deportiva entre otros, tendientes a colocar a su libre disposición los llamados FADs o agregadores de peces o instalaciones ancladas para la agregación de peces, con la finalidad de incrementar la eficacia de sus viajes de pesca, aunado a su promoción como atractivo de viajes y de torneos, resulta una práctica lesiva al principio de un ambiente sano y equilibrado, amén de ser una práctica contraria al principio de legalidad, puesto que la pesca, por ser una actividad –excepción sobre la vida silvestre (a tenor del art. 2 definición de vida silvestre de la ley 7317) es una actividad de obligatoria y estricta autorización de sus prácticas, es decir, se debe interpretar en sentido restrictivo, por lo cual lo que no esté explícitamente autorizado, deberá entenderse como prohibido, puesto que hablamos de recursos que son patrimonio natural del Estado, por tanto aplica plenamente el principio de legalidad. La pesca no es, por tanto, una actividad liberal y de libre acceso para todos y los operadores de pesca son usuarios debidamente autorizados, con artes autorizados y debidamente regulados, situación que en el caso de los FADs o plantados no ocurre y, convenientemente, Nombre3504 nunca ha querido regular esta actividad pese a que es de dominio público, como se demuestra en las publicaciones que se anexan, las cuales deben considerarse una muestra. Tampoco se ha regulado en tanto las instalaciones claramente resultan en un peligro para la navegación de grandes buques con calado mayor a los 30 pies (graneleros, portacontenedores, petroleros, etc.), porque la situación no ha sido objeto de estudio o regulación por parte de la División Marítima del MOPT. Consecuentemente, al no haber una regulación clara las prácticas no pueden relacionarse como contenido de los tipos penales 142,147, 149 a) de la Ley de Pesca y Acuacultura, limitando la acción del SNG o de las fiscalías ambientales de las zonas portuarias cercanas a las actividades. Tal situación violenta claramente el artículo 41 constitucional puesto que la actividad no puede ser denunciada como ilegal o tramitada como tal por la Administración o por el Poder Judicial. Así las cosas, solicita lo siguiente: "Con base en lo expuesto, existiendo una práctica pesquera, cual es el uso de FADS o Dispositivos agregadores de peces fijados con grandes pesos de hormigón a los fondos marinos, la cual el Nombre3504 y la División Marino Portuaria del MOPT han omitido regular y la cual no ha sido intervenida por el SNG respetuosamente se solicita. 1- Declarar inconstitucional el uso de dispositivos agregadores de peces conocidos como FADs seamounts como auxilio o recurso en la pesca ya sea como atractivo turístico para la promoción de la actividad o como uso a disposición de la pesca comercial. 2- Ordenar al Nombre3504 que en un tiempo prudencial de tres meses y antes de la próxima temporada alta de pesca, elaborar un acuerdo de Junta Directiva en el cual se prohíba todo tipo de dispositivos de agregación de peces o FADs o FADs – seamounts y se prohíba la promoción de actividades de pesca turística o deportiva en donde los agregadores de peces sean parte de la promoción. 3- Con base en ello, ordenar al Nombre3504 no emitir autorizaciones de torneos, u operaciones de pesca deportiva o turística o pesca comercial en donde los agregadores de peces o FADS -seamounts sean parte de la práctica. 4- Ordenar a la División Marino Portuaria del MOPT emitir una disposición prohibiendo la instalación de artefactos con boyas anclados a fondos marino por el peligro para la navegación nacional e internacional. 5- Ordenar al MOPT – SNG eliminar los agregadores de peces o FADS instalados cuyas coordenadas sean conocidas, así como proceder al decomiso de los elementos que sea posible extraer de los agregadores ya instalados (boyas, cables, balizas) y se prohíba el transporte o la instalación futura de tales dispositivos, por razones de seguridad de las vías marítimas".

2.- Mediante resolución de las 16:08 horas del 31 de julio de 2025, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe al Jefe de la División Marítima del Ministerio de Obras Públicas y Transportes -MOPT-, el director ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura -INCOPESCA- y el director del Servicio Nacional de Guardacostas, sobre los hechos alegados por la parte recurrente, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:46 horas del 05 de agosto de 2025, el recurrente manifiesta lo siguiente:

“Con el fin de aportar datos útiles, el suscrito Nombre91436, accionante en el presente proceso, se ha avocado a investigar la posición de las boyas o FADS instalados en este momento en aguas de la costa pacifica. Como es de esperar, tales datos son restringidos por quienes operan este tipo de pesca y hasta la fecha he podido dar con las siguientes posiciones, de manera que de resultar el Amparo en una declaración de inconstitucionalidad, estas posiciones y las que se puedan aportar, podrían incorporarse en una eventual orden de investigación o incluso de corte o desactivación de las mismas por parte de las autoridades correspondientes, (las primeras dos se aportaron con el escrito inicial)

Posición 1:

Latitud 08° 03.245N

Longitud 083° 531202 o

Alcance 46.59 mn

Derm 237°V

	

Posición 2:

Latitud 07° 53'.308N

Longitud 084° 00..457 o

Alcance 58.36mn

Derm 232°V




Posición 3

Latitud 08° 03..289 N

Longitud 083° 52'.595 O

	

Posición 4

Latitud 08 20 262 N

Longitud 085 28 199 o




Posición 5

Latitud 08 31 782 N

Longitud 083 56 00 O

	

 

 

4.- Informa bajo juramento Juan Carlos Alvarado Quesada, en su condición de Director General del Servicio Nacional de Nombre91437 (escrito presentado a las 13:35 horas del 06 de agosto de 2025) en los siguientes términos:

“HECHOS

UNICO: Este Servicio Nacional de Guardacostas. NO tiene injerencia directa sobre las políticas de manejo, aprovechamiento. conservación y administración de los recursos marinos, por cuanto es una competencia legal atribuida al INCOPESCA. Así la Ley N°8436, de la Ley de Pesca y Acuicultura establece en sus artículos 12. 13 y 14 lo siguiente:

"Articulo 12. -El Nombre3504 será la autoridad ejecutora de esta Ley y del Plan de Desarrollo Pesquero y Acuícola que dicte el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las atribuciones otorgadas por ley a otras instituciones del Estado, las cuales necesariamente deberán coordinar con este Instituto lo referente al sector pesquero y de acuicultura.

Artículo 13. - El Nombre3504 ejercerá el control de la actividad pesquera y acuícola que se realice en aguas marinas e interiores y brindará asistencia técnica a la actividad acuícola en aguas continentales y marinas.

Artículo 14. - Las atribuciones del INCOPESCA, además de las ordenadas en la Ley No. 7384, Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, serán las siguientes:

a) Ejecutar las políticas relativas a las investigaciones científicas y técnicas de los recursos pesqueros y acuícolas, de acuerdo con las necesidades nacionales.

b) Establecer e implementar los sistemas de control necesarias y suficientes para determinar, fehacientemente, los datos de captura, esfuerzo pesquero, captura por unidad de esfuerzo y su desembarque en ¡os puertos nacionales...

En tal sentido es Importante aclarar a la honorable Sala Constitucional, que el Servicio Nacional de Guardacostas, en todo momento ha realizado sus funciones de resguardo y vigilancia del legítimo aprovechamiento de los recursos marino y costeros, siendo garantes del respeto por el ordenamiento jurídico costarricense, y en el presente caso nuestra actuación se ha enfocado en procurar que el aprovechamiento de los recursos marinos (en cualquier parte de país, y no solamente en la zonas indicadas por el recurrente sea Quepos, Golfito o cualquier otra) se realice de conformidad con las pautas emanadas por el INCOPESCA, y en acatamiento de lo dispuesto por el numeral 133 de la citada ley el cual refiere que:

“Corresponde a las autoridades del Servicio Nacional de Nombre91437 realizar los operativos tendientes a arrestar y decomisar bienes, equipo, anos de pesca o productos pesqueros utilizados para cometer delitos e infracciones contra la legislación pesquera u obtenidos como producto de tales hechos. Tanto las naves como los demás bienes serán puestos en forma inmediata a la orden de la autoridad judicial respectiva para lo que corresponda en derecho.

El Servicio Nacional de Nombre91437 actuará de oficio o a instancia de los inspectores acreditados de Nombre3504 o de terceros.

Para el mejor cumplimiento de los fines de esta Ley, el Nombre3504 establecerá los convenios o los mecanismos necesarios de coordinación con el Servicio Nacional de Guardacostas. Para tal efecto, el Nombre3504 podrá afectar los recursos presupuestarios que se necesiten”.

Para tal efecto es el Servicio Nacional de Nombre91437 realiza patrullajes de rutina y de control efectivo, a efecto de evitar cualquier infracción en contra del ambiente y de los recursos marinos. fortaleciendo el tema ambiental y de protección del recurso pesquero para nuestras futuras generaciones.

En cuanto a los hechos que se argumentan en el presente recurso de amparo, tal y como indique, este Cuerpo Policial no tiene injerencia en el establecimiento de las políticas establecidas por Nombre3504 para el aprovechamiento de los recursos pesqueros, así como de los permisos dados por el Nombre3504 para la autorización de torneos de pesca turística o deportiva, u operadores de pesca deportiva, turística o comercial, como tampoco la tenemos en la determinación de las artes de pesca permitidas o prohibidas, por ser todas ellas actuaciones propias de dicha entidad. Siendo una potestad exclusiva de dicha institución determinar si los dispositivos de agregación de peces o FADs-seamounts son o no autorizados.

Por lo anterior. nuestra función se enfoca en hacer cumplir los preceptos establecidos en nuestra ley constitutiva (Ley No. 8000, Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas), lo dispuesto al respecto en la Ley No. 7410 y sus reformas (Ley General de Policía), la Ley No. 8436 (Ley de Pesca y Acuicultura) y demás normativa relacionada, no olvidando el velar por el cumplimiento de las disposiciones emanadas por la Junta Directiva de Incopesca, en lo que a esta materia respecta. dadas las facultades que la referida Ley de Pesca y Acuicultura le atribuye a dicha Junta Directiva.

En este sentido quiero aclarar que el Servicio Nacional de tiene una serie de competencias.

El artículo 2 de nuestra ley establece: "Son competencias del Servicio:

a) Vigilar y resguardar las fronteras marítimas del Estado y las aguas marítimas jurisdiccionales, definidas en el artículo 6° de la Constitución Política y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

b) Vigilar y resguardar las aguas interiores navegables del Estado.

c) Velar por el legítimo aprovechamiento y la protección de los recursos naturales existentes en las aguas marítimas jurisdiccionales y en las aguas interiores del Estado, según la legislación vigente, nacional e internacional.

d) Velar por la seguridad del tráfico portuario y marítimo, tanto de naves nacionales como extranjeras en las aguas jurisdiccionales del Estado.

e) Desarrollarlos operativos necesarios para rescatar a personas extraviadas o en situación de peligro en las aguas nacionales y para localizar embarcaciones extraviadas.

f) Velar por el cumplimiento efectivo del ordenamiento jurídico nacional sobre las aguas interiores y las aguas marítimas jurisdiccionales del Estado, en coordinación con las autoridades nacionales competentes.

g) Colaborar con las autoridades administrativas y judiciales encargadas de proteger los recursos naturales, luchar contra el tráfico ilícito de estupefacientes, drogas, sustancias sicotrópicas y actividades conexas, así como contra la migración ilegal, el tráfico de armas y otras actividades ilícitas.

h) Todas las acciones necesarias para el fiel cumplimiento de sus fines legales y reglamentarios. " (lo subrayado es propio)

De modo tal que si estamos en presencia de algún dispositivo que ponga en peligro la navegación segura y no cuente (el particular) con los permisos necesarios para realizar determinada actividad o aprovechamiento de recurso pesquero. estamos en la obligación de garantizar la navegación segura, según nuestras posibilidades reales (levantamiento, remoción u otros). Prueba de ello son los patrullajes que hemos realizado para la búsqueda de tales dispositivos, en compañía de personeros del INCOPESCA, ver reporte de viaje número 1605 (folios 250 y 251) correspondiente a la embarcación GC 38-10 y reporte de viaje número 2428 (folios 233 y 234) correspondiente a la embarcación GC 32-2.

En cuanto al procedimiento interno administrativo realizado por parte del Nombre3504 según su potestad administrativa, desconozco de las diligencias al ser un trámite de su competencia sin que esta Dirección5915, tenga injerencia alguna en dicha tramitología administrativa y en los resultados de la misma.

PETITORIA

Por las razones de hecho y de derecho expuestas, solicito respetuosamente a esa honorable Sala Constitucional se declare sin lugar el presente recurso de amparo interpuesto en mi contra, toda vez que de mi parte a título personal o como Director General del Servicio Nacional de Guardacostas, no se han derivado actos que pudieran significar violación o lesión a normas legales o garantías constitucionales, señaladas por el recurrente”.

 

5.- Informa bajo juramento Nelson Peña Navarro, en su condición de Presidente Ejecutivo de Nombre3504 (escrito presentado a las 16:16 horas del 06 de agosto de 2025) en los siguientes términos:

“De la interposición del recurso.

En la interposición del recurso de amparo que nos ocupa, en términos generales el recurrente argumentó la omisión del Estado costarricense para regular el uso de Dispositivos Agregadores de Peces, conocidos como FADs o "plantados" anclados en el mar, los cuales según denuncia que en apariencia son empleados en pesca deportiva y turística.

Competencias institucionales

INCOPESCA, creado mediante la Ley N.° 7384 y regido por la Ley de Pesca y Acuicultura N.° 8436, es el órgano técnico encargado de la administración, regulación y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas del país. Si bien le compete dictar normativa y otorgar licencias en materia de pesca, las funciones relativas a seguridad de la navegación y control de estructuras en el mar corresponden al MOPT y al Servicio Nacional de Nombre91437 (SNG), conforme a sus competencias legales.

Esfuerzos institucionales y coordinación interinstitucional

Contrario a lo que indica el recurrente, el Nombre3504 ha sido diligente y ha desplegado acciones concretas para verificar la posible existencia de dispositivos agregadores de peces en las coordenadas que él mismo aportó:

. Primera inspección: Realizada el 12 de junio de 2025, en la coordenada 1 señalada por el denunciante (08°03.235N, Telf7211), con participación de funcionarios de Nombre3504 y del Servicio Nacional de Guardacostas. No se detectaron boyas, objetos flotantes ni signos de actividad biológica atribuible a

plantados sumergidos.

- Segunda Inspección: Realizada el 26 de junio de 2025, en ambas coordenadas reportadas por el actor (08°03.235N, 083"53.219O y 07°53.328N, 084°00.4590), utilizando una embarcación de mayor autonomía. Nuevamente, no se encontraron dispositivos flotantes o sumergidos, únicamente se observó un yate realizando pesca en movimiento (troleo) alrededor de uno de los puntos, lo que no constituye prueba de la existencia de plantados.

Estas inspecciones fueron debidamente documentadas y comunicadas a la Fiscalía de Protección Ambiental de Osa dentro del proceso penal en curso, evidenciando el compromiso institucional con la verificación de denuncias y la protección del recurso pesquero.

Sobre las afirmaciones del actor respecto a torneos de pesca

El recurrente indica que Nombre91438 habría autorizado torneos que incluyen pesca sobre plantados. Este señalamiento carece de sustento por lo que se rechaza totalmente esta afirmación el Nombre3504 nunca ha autorizado un torneo que, expresa o implícitamente, contemple el uso de plantados o FADs anclados como técnica de pesca.

Las autorizaciones emitidas por Nombre3504 para torneos deportivos se limitan a licencias bajo las normas generales de pesca deportiva, sin incluir ni avalar prácticas como las descritas en el recurso.

En consecuencia, la afirmación del actor resulta falsa y sin respaldo probatorio, lo cual debilita sustancialmente la base fáctica del amparo interpuesto.

Existencia de proceso penal paralelo.

Cabe señalar que los hechos alegados por el actor ya han sido objeto de denuncia penal ante la Fiscalía de Protección Ambiental de Osa, expediente que actualmente tramita el Lic. Camilo Flores Pacheco.

A la fecha de esta respuesta, el proceso no cuenta con acto conclusivo, lo que confirma que la investigación se encuentra en curso y que no existen determinaciones judiciales o administrativas que confirmen las aseveraciones del recurrente.

Ausencia de omisión arbitraria y falta de prueba del actor

La regulación vigente ya prohíbe el uso de plantados flotantes para pesca de atún de cerco (Acuerdo A.J.D.I.P./241-99).

Respecto de los plantados anclados, se trata de una supuesta práctica emergente cuya regulación requiere estudios técnicos y coordinación interinstitucional. Sin embargo, debemos ser enfáticos en manifestar que esta práctica no es avalada ni autorizada por el INCOPESCA, para ninguna flota.

Además, consideramos que el actor no ha aportado prueba directa de la existencia de los plantados que denuncia, y las inspecciones realizadas resultaron negativas, lo cual demuestra que sus denuncias han sido atendidas.

En consecuencia, no puede sostenerse la existencia de una vulneración del derecho a un ambiente sano ni de otros derechos fundamentales invocados cuando no existe prueba contundente de que realmente estemos ante la presencia de estas estructuras en el fondo marino.

Conclusión

Este Instituto niega la existencia de una omisión arbitraria o violatoria de derechos fundamentales en la materia planteada. Por el contrario, se ha actuado con la debida diligencia en coordinación con otras instituciones competentes, verificando las denuncias presentadas y manteniendo la normativa pesquera vigente.

En ese giro, respetuosamente debe tenerse en cuenta por parte de esa Honorable Sala, que no existe por parte Administración recurrida dolo o una negativa expresa en brindar la información.

Por lo anteriormente expuesto se solicita el archivo del presente recurso, y la condenatoria en costas procesales para el administrado”.

 

6.- Informa bajo juramento Verny Gerardo Jiménez Rojas, en su condición de Director General de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (escrito presentado a las 10:31 horas del 08 de agosto de 2025) en los siguientes términos:

“Primero: Mediante la Ley No. 3155 del 05 de agosto de 1963 y sus reformas, numeral 2 inciso c), g) siguientes y concordantes; así como en la Reforma Organizativa y Funcional de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, dispone que:

“(…) c) Planificar, construir, mejorar y mantener los puertos de altura y cabotaje, las vías y terminales de navegación interior, los sistemas de transbordadores y similares. Regular y controlar el transporte marítimo internacional, de cabotaje y por vías de navegación interior. (…)”. (La cursiva no es del original)

Segundo: Por su parte el Decreto Ejecutivo número 45103-MOPT denominado REFORMA PARCIAL ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DE LA DIVISIÓN MARÍTIMO-PORTUARIA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 13 DEL DECRETO EJECUTIVO Nº 42454-MP-MOPT, DEL 18 DE JUNIO DEL 2020 Y DEROGATORIA DEL DECRETO EJECUTIVO Nº 40803-MOPT, DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2017, del siete días del mes de julio del año dos mil veinticinco, dispone en su numeral 2 que:

“(…) Artículo 2. - Objetivo de la División Marítimo Portuaria: Dirigir el desarrollo y ejecución de los procesos relacionados con la gestión y fiscalización de proyectos y servicios de infraestructura náutica y la navegación y seguridad acuática; a través de la evaluación de proyectos náuticos, la fiscalización de los proyectos náuticos ejecutados por terceros, la seguridad acuática, la prevención de la contaminación acuática producto del transporte marítimo, la protección marítima y la regulación de procesos relacionados con la gente de mar, permitiendo con esto fortalecer el ejercicio de la rectoría del Ministro en el subsector marítimo portuario.”. (La cursiva no es del original)

En cuanto a los hechos indicados por el señor Nombre91439:

Es menester exponer que no hay claridad en cuanto al término “Vías Marinas” utilizado por el recurrente, aspecto que es importante aclarar, por cuanto a la luz de lo dispuesto en la Ley de Concesión y Operación de marinas y atracaderos turísticos, Ley No. 7744, del 19 de diciembre de 1997, se dispone en el ordinal 2, el concepto vías de acceso de la siguiente manera:

“(…) Artículo 2.- Definiciones: Para los efectos de la presente ley, se entenderá por marina turística el conjunto de instalaciones, marítimas o terrestres, destinadas a la protección, el abrigo y la prestación de toda clase de servicios a las embarcaciones de recreo, turísticas y deportivas, de cualquier bandera e independientemente de su tamaño, así como a los visitantes y usuarios de ellas, nacionales o extranjeros; asimismo, comprende las instalaciones que se encuentren bajo la operación, la administración y el manejo de una empresa turística.

Se considerarán partes de una marina: los inmuebles, las instalaciones, las vías de acceso a las distintas áreas y los demás bienes en propiedad privada destinados, por sus dueños, a brindar servicios a la marina turística y que se hayan considerado en la concesión. Para afectar estos bienes es necesario que sus dueños acepten, en forma expresa, tal afectación, que deberá ser incorporada a la planificación del proyecto. Deberán cederse al Estado las áreas requeridas para usos públicos. La cesión será determinada por la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (Cimat), que deberá considerar lo dispuesto por el plan regulador costero de la zona que se trate.

Se considerarán atracaderos turísticos: los desembarcaderos, los muelles fijos o flotantes, las rampas y otras obras necesarias, a fin de permitir el atraque de embarcaciones turísticas, recreativas y deportivas, para el disfrute y la seguridad de los turistas. Formarán parte de un atracadero turístico: el inmueble, las instalaciones, las vías de acceso a las distintas áreas y los demás bienes en propiedad privada, destinados, por sus dueños, a brindar servicios al atracadero turístico y que se hayan considerado en la concesión.

Se garantiza el derecho de toda persona a usar la zona pública y disfrutar de ella en toda su extensión, sin perjuicio de las restricciones que la Cimat establezca por razones topográficas, de seguridad o salud de las personas. (Así reformado por el artículo 2° de la ley No. 8969 del 7 de julio del 2011)”. (La cursiva y negrita no es del original).

Sin embargo, no se esboza el concepto de “Vías Marinas”, lo cual deja en una posición en la que está Autoridad Marítima no pueda referirse a la misma.

Por otra parte como parte de nuestras competencias tenemos la aplicación de lo que en el Derecho Marítimo se conoce como Principio de Libertad de la Navegación, el cual es la libertad de navegación (FON por sus siglas en inglés) es un principio del derecho del mar según el cual los buques que enarbolan el pabellón de cualquier Estado soberano no sufrirán interferencias de otros Estados cuando se encuentren en aguas internacionales, salvo las excepciones previstas en el derecho internacional. Y por otra el Principio de Paso Inocente, la Ley número 7291 - J del 23 de marzo de 1992, conocida como Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR por sus siglas, en su ordinal 19 dispone:

“(…) Artículo 19 Significado de paso inocente

1.- El paso es inocente mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. Ese paso se efectuará con arreglo a esta Convención y otras normas de derecho internacional. 2.- Se considerará que el paso de un buque extranjero es perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño si ese buque realiza, en el mar territorial, alguna de las actividades que se indican a continuación

a) Cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política del Estado ribereño o que de cualquier otra forma viole los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas;

b) Cualquier ejercicio o práctica con armas de cualquier clase;

c) Cualquier acto destinado a obtener información en perjuicio de la defensa o la seguridad del Estado ribereño;

d) Cualquier acto de propaganda destinado a atentar contra la defensa o la seguridad del Estado ribereño; e) El lanzamiento, recepción o embarque de aeronaves;

f) El lanzamiento, recepción o embarque de dispositivos militares;

g) El embarco o desembarco de cualquier producto, moneda o persona, en contravención de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios del Estado ribereño;

h) Cualquier acto de contaminación intencional y grave contrario a esta Convención;

i) Cualesquiera actividades de pesca;

j) La realización de actividades de investigación o levantamientos hidrográficos; k) Cualquier acto dirigido a perturbar los sistemas de comunicaciones o cualesquiera otros servicios o instalaciones del Estado ribereño;

l) Cualesquiera otras actividades que no estén directamente relacionadas con el paso. (…)”. (La cursiva no es del original)

Por su parte, en cuanto a canales de navegación o vías de navegación se ha regulado por parte del Poder Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo número 34551 del 30 de abril del 2008, así como Reglamento de Navegación y Cabotaje en la Red de los canales del Norte Administrados por La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) publicado en el Alcance 144 de La Gaceta 155 del 23 de agosto del 2024.

Así mismo, en el portal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes se cuenta habilitada una sección denominada Ayudas a la Navegación (https://www.mopt.go.cr/destacados/infraestructura/maritimo-portuaria/avisos-navegantes) para ambos litorales.

Cabe aclarar que, ante esta División no se ha recibido solicitud o gestión alguna, que verse al respecto, promovida por el acá recurrente.

Petitoria:

En razón de los argumentos y citas de ley expuestos, al no ser competencia de esta Cartera ni de la División Marítima Portuaria, habilitar o autorizar concesiones ni estudios de factibilidad para colocar artefactos con boyas ancladas en el fondo del mar para pesca, siendo el fondo del recurso contra la regulación de la extracción de producto pesquero, sus técnicas, prácticas y autorizaciones, todas en el marco de competencias fuera del alcance del MOPT, por lo que solicito bajo el principio de legalidad con el respeto debido, se rechace por el fondo el Recurso de Amparo interpuesto por el señor Nombre91439 contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de la División Marítimo Portuaria”.

 

7.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:52 horas del 12 de agosto de 2025, el recurrente manifiesta lo siguiente:

“me apersono ante su autoridad para manifestar lo siguiente respecto a los informes de los recurridos en el presente amparo.

En primer lugar, sobre el informe del MOPT resulta más que interesante que simplemente la institución pretenda desentenderse de un asunto de esta importancia sin siquiera asumir ninguna responsabilidad. Ciertamente en el país, la ley de vías navegables o como deba llamarse, aún no se ha aprobado, de manera que, con excepción de riadas y espacios para maniobras en muelles, el MOPT realmente, en su división marítima, no se ocupa de aspectos importantes como la seguridad naviera, ni siquiera, como en este caso, ante la noticia de que existe la posibilidad de afectar las vías navegables a barcos extranjeros de gran calado. Es claro que esta dependencia aún no asume el contenido y la responsabilidad ambiental de su actividad, puesto que, conforme a lo dispuesto por la Sala Constitucional en la sentencia 10540-2013 toda actividad sobre el mar debe entenderse como una actividad ambiental, textualmente:

"Desde la Carta Mundial de la Naturaleza y con mayor influencia a partir de la Declaración de Río, los principios del Derecho Ambiental cumplen la función transversal de informar y regular la actividad económica sobre el mar. Esta rama del derecho deja de ser un mero límite externo, puesto que en adelante, toda actividad económica, social y cultural relacionada con el mar y sus riquezas naturales queda sujeta de forma creciente al Derecho Ambiental”.

No se trata simplemente entonces de una función meramente técnica sino que la responsabilidad de esta dependencia está estrechamente relacionada con el derecho ambiental y con ello a los principios que rigen la materia, en particular el principio precautorio y, como se ha planteado en el amparo como una de las líneas de reflexión, la ausencia de estudios, y para el caso, la franca ignorancia por parte de la institución, no son justificación suficiente para la inacción, mucho menos, son justificación para solicitar, como se hace, que se desestime la causa y se rechace el recursos de amparo. Desde mi punto de vista como pescador, como usuario responsable del recurso pesquero de este país, simplemente no puedo admitir una postura tan distante de los deberes institucionales de compromiso con el ambiente, compromiso que es transversal a toda actividad sobre el recurso marino en general y pesquero en particular. Precisamente en la cita que hacen del Decreto Ejecutivo número 45103-MOPT en su artículo 2, con meridiana claridad una de las atribuciones otorgadas al MOPT es precisamente la seguridad acuática, se entiende, entonces que el objeto del amparo, en tanto los FADS o plantados son objetos flotantes, invisibles a simple vista desde la superficie del mar pero que están dentro del rango del calado de los barcos de carga, debería ser, al menor, un tema de interés para la seguridad de la navegación acuática, tema que bien podrían investigar y desarrollar sea para efectivamente descartar cualquier competencia o bien para poder asumirla. Lo que no es aceptable es que simplemente se pretenda salvar la responsabilidad desde una especie de desconocimiento voluntario de la situación, más aún, desde una postura que pretende desconocer tanto la responsabilidad ambiental, como la responsabilidad en el tema de seguridad acuática o de las vías acuáticas. Es particularmente importante cuando la competencia de la dependencia recurrida, sí alcanza para ofrecer criterio sobre si existe o no peligro para la navegabilidad en este tipo de instalaciones.

Respecto al tema del informe del Servicio Nacional de Guardacostas, ciertamente esta instancia no tiene como competencia regular los recursos pesqueros, y se reconoce el esfuerzo que consignan de visitar alguna o algunas posiciones indicadas. El problema aquí es claramente un problema de aproximación oi (sic) de método: El Nombre91437 entiende perfectamente que la característica de estos objetos que se encuentran bajo la superficie, por debajo de los 6 metros y con los mismos efectos que un FAD o plantado superficial. Resulta lamentable que se inviertan recursos en los viajes, que son costosos, pero se equivoquen en lo que busquen y que afirmen no haber encontrado nada, cuando es claro, tanto para quien suscribe como para muchos otros operadores pesqueros, que los objetos están allí y funcionan tal como se han descrito, los objetos no se ven desde la superficie porque no son superficiales y se requiere un mayor esfuerzo de búsqueda, en concreto una inmersión a 6 o 7 metros. Claramente no se logra encontrar lo que no se busca.

En relación al informe de INCOPESCA, resulta más que lamentable que la institución que por ley tiene como competencia central la administración, regulación y desarrollo de los recursos pesqueros del país razone como lo hace, indicando que no encontraron FADS flotantes o sumergidos o que Nombre3504 no ha autorizado torneos que contemplen los FADS anclados como técnica de pesca y que su labor se limita a otorgar licencias, cuando es evidente según se desprende de la prueba, que la práctica es ampliamente conocida y difundida precisamente entre los oferentes de pesca deportiva, todos regulados por el Nombre3504 a través de las licencias. La práctica no puede ser ajena al Instituto, cuando es claro evidente y manifiesto que es una práctica extendida y pública que se usa para promover la pesca deportiva y turística.

Nótese que, como se indicó en el amparo, únicamente se regula el uso de plantados para la pesca atunera de altura, que la ley 8436, Ley de Pesca y Acuacultura, en su artículo 60 indica que solo se puede practicar 80 millas fuera de la costa, de manera que en este Amparo no se habla de este tipo de plantados. Es claro que la pesca deportiva usa asiduamente el mecanismo para promover la pesca y es claro que esto lo permite el hecho de que no esté debidamente regulado, o el Nombre3504 no se preocupa por regularlo, en la respuesta que el Nombre3504 hace al Fiscal Ambiental, oficio DOPA-RBGO-116-2025 el Instituto hace uso de una argumentación jurídica que simplemente no concuerda con la lógica ambiental aplicable, indica el Incopesca:

“…desde el Nombre3504 la regulación de la actividad pesquera sobre plantados está únicamente referida para la pesca de atuneros, según los acuerdos AJDIP/241-99 del 15/07/1999 y el AJIP/282-99 del 30/08/1999, en consulta realizada a asesoría jurídica , me indican que el hecho que no esté expresaste (siuc) escrito no significa que sea permitido para otras flotas como la turística, la deportiva o la comercial de palangre, el hecho que no exista una (sic) acuerdo expreso o una sanción administrativa, no indica que no se esté cometiendo una violación a la Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436 ya que se estarían realizando actos que no están permitidos y al no estar permitidos están prohibidos... no existe expresamente en la ;Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436 ningún artículo o aparte de la ley algún acuerdo desde lncopesca que dicte alguna sanción para agencias de pesca deportiva que promuevan la pesca sobre plantados, eso no significa que no se esté cometiendo una violación a la Ley de Pesca y Acuacultura , ya que estarían realizando actos que no están permitidos y al no estar permitidos están prohibidos".

En este confuso razonamiento del Instituto cuya competencia es precisamente regular el manejo de los recursos pesqueros y que tiene como instrumento fundamental la emisión de acuerdos que son obligatorios para los usuarios del recurso pesquero, simplemente intenta hacer malabares jurídicos que no pueden ser de recibo, tal argumentación, por el contrario, sólo prueba su omisión histórica, solo reguló los plantados para la pesca de atún desde 1999 y no ha emitido ninguna regulación para el uso de plantados o FADS por parte de la pesca turística o deportiva desde entonces, y tal omisión NO puede atribuirse al desconocimiento, puesto que con hacer una simple búsqueda en Internet aparecen cientos de ofertas de pesca turística sobre FADS.

Una simple búsqueda no exhaustiva en Google de pesca sobre fads costa rica arroja resultados como los siguientes (muestra):

https://www.yelu.cr/companies/fad fishing costa rica

http:llvvvmN.southerncostarica.biz/spanishlQueposlcat-pescalCosta-Rica-Fad-Fishing/1 5591

https:/lvillafirenzecr.com/fad-fishing-in-costa-rica

https://fadfishingcostarica.com

https://www.centralamerica.com/exoeriencing/traveI/fad-fishing-costa-rica

La argumentación riñe groseramente con el ejercicio de la competencia del INCOPESCA: al Instituto le compete la correcta regulación de las prácticas pesqueras, y la pesca sobre plantados, tal como se ofrece en Costa Rica y como se indicó en las pruebas, como una muestra, es un ejercicio de pesca que claramente el Nombre3504 NO HA REGULADO y al parecer, sigue evitando hacerlo, como si ir a las posiciones y no ubicar los artefactos (sin hacer inmersión) resultara una prueba de que no existen, cuando es simplemente apabullante la oferta de distintos operadores de pesca turística que de manera expresa hablan de pesca sobre FADS y montes submarinos.

El Nombre3504 se refugia en una especie de sofisma legal: lo que no esté expresamente permitido está prohibido. Claramente tal principio, aplicable ciertamente en derecho ambiental, no es usual en el ámbito privado, que es el ámbito en el que se mueven las iniciativas de pesca deportiva, y claramente, al no estar regulado, se abre un enorme portillo para el desarrollo de estas prácticas. El Nombre3504 supone que los usuarios van a evitar hacer uso de los FADS porque no hay regulación expresa que los permita, y que hasta que no haya, se van a abstener, tal argumentación, por el contrario, parece más un permiso solapado que una verdadera función institucional de regulación pesquera en donde, a la luz de lo dispuesto en la materia vigente, solo se permite lo que esté expresamente regulado o permitido, por ser la pesca un ejercicio que es excepción dentro del manejo de la vida silvestre 1 pero, en contrario sensu, se debe prohibir expresamente toda práctica tendiente a amenazar el recurso, máxime cuando no existe ningún estudio que indique cuál es el impacto de esta práctica. En este sentido, el Nombre3504 vulnera lo dispuesto en el Código de Conducta para la Pesca Responsable que indica en su artículo 6.5:

"Los Estados y las organizaciones subregionales y regionales de ordenación pesquera deberían aplicar ampliamente el criterio de precaución en la conservación, la ordenación y la explotación de los recursos acuáticos vivos con el fin de protegerlos y de presentar el medio ambiente acuático, tomando en consideración los datos científicos más fidedignos disponibles. La falta de información científica adecuada no debería utilizarse como razón para aplazar o dejar de tomar medidas para conservar las especies que son objeto de la pesca, las especies asociadas o dependientes y aquéllas que no son objeto de la pesca, así como su medio ambiente"

La misma Sala Constitucional ya desde el 2013, en la sentencia 10541-2013, sentencia de sobra conocida por el Nombre3504 y que en su momento fuera respondida con argumentos similares, indica con meridiana claridad:

1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.

2.- Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección.

3.- Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

4.- Criterio de integración: La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán incorporarse a los planes, los programas, las actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales, para los efectos de

que se integren al proceso de desarrollo. "

Estos principios, provenientes del Derecho Ambiental Internacional, son directamente aplicables a ia actividad humana sobre el mar, entre las que destaca la actividad pesquera, que a partir de entonces vino a quedar sometida a tales disposiciones por cuyo cumplimiento corresponde velar a los Estados."

Un elemento adicional importante que tiene que ver con la biología propia de las agregaciones de peces: los plantados o FAD sumergidos, algunos ubicados incluso fuera de las 80 millas, generan aglomeraciones de peces juveniles y de menor tamaño, y éstos a su vez atraen otros depredadores como atunes juveniles y en términos de unos 21 días puede haber una o 2 hectáreas (se usa el término para establecer un área aproximada) de atún juvenil mezclado con otros peces de altura. Los atuneros internacionales conocen la posición de estas boyas o FADS y lanzan sus redes capturando enormes cantidades de atún juvenil y de otras especies, para luego descartar todo lo que no es atún o lo que no tiene tamaño suficiente, descarte en donde se pierde una gran cantidad de peces precisamente por el descarte. Esta práctica la realizan precisamente por no estar debidamente regulado el uso de FADS.

Así las cosas, simplemente los informes no son de recibo, por no estar enfocados dentro de la perspectiva correcta que tanto la Sentencia Constitucional referida y otros pronunciamientos han establecido. Resulta particularmente irónico que se pretenda indicar que al no haber regulación, que claramente corresponde no ya a la Ley sino al ejercicio regulatorio de INCOPESCA, el fenómeno al que se hace referencia, concretamente la pesca sobre plantados anclados, deba mantenerse sin regulación y se pretenda indicar que deba rechazarse el amparo. Estamos ante una clara omisión institucional, pero realizada en el manejo de recursos marinos, en flagrante violación de los principios constitucionales que ya están establecidos hace más de 12 años en la materia. Que las instituciones que directamente tienen que ver con aspectos de seguridad marina y especialmente con el manejo de recursos marinos respondan como se dice popularmente "lavándose las manos" simplemente resulta más que preocupante, y mientras siguen las ofertas de pesca sobre plantados como atractivo turístico.

Mantengo respetuosamente mi solicitud de que se declare con lugar el amparo, se declaren inconstitucionales las prácticas de pesca de cualquier tipo, incluyendo la deportiva y la turística sobre plantados o "fads-samounts" y se ordene de forma inmediata al Nombre3504 realizar mediante acuerdo de Junta Directiva las regulaciones pertinentes y necesarias para que tal práctica desaparezca tanto en torneos, como en viajes de pesca. ofertas turísticas, asimismo, se ordene la desinstalación de los dispositivos existentes”.

 

8.- Mediante resolución de las 11:07 horas del 30 de octubre de 2025, como prueba para mejor resolver, la Magistrada Instructora previno a Nelson Peña Navarro, en su condición de Presidente Ejecutivo del Nombre3504 o a quien ocupe ese cargo, que informe a esta Sala lo siguiente: 1) Las labores de fiscalización que ese órgano técnico ha llevado a cabo para evitar la realización de actividades de pesca, en las que se utilicen plantados o FADs anclados como técnica de pesca. 2) Las acciones que ha tomado su representada respecto a las actividades de pesca que se promocionan en internet donde se utiliza el sistema de FADs. A modo de ejemplo, el recurrente en el último escrito indicó los siguientes links: https://www.yelu.cr/companies/fad fishing costa rica. http:llvvvmN.southerncostarica.biz/spanishlQueposlcat-pescalCosta-Rica-FadFishing/1 5591. https:/lvillafirenzecr.com/fad-fishing-in-costa-rica https://fadfishingcostarica.com. https://www.centralamerica.com/exoeriencing/traveI/fad-fishing-costa-rica.

9.- Informa bajo juramento Nelson Peña Navarro, en su condición de Presidente Ejecutivo de Nombre3504 (escrito presentado a las 16:04 horas del 03 de noviembre de 2025) en los siguientes términos:

“1) Sobre las labores de fiscalización del INCOPESCA, para evitar la realización de actividades de pesca, en las que se utilicen plantados o FADs anclados como técnica de pesca.

Se reitera que el Nombre3504 ha realizado acciones concretas para verificar la posible existencia de dispositivos agregadores de peces en las coordenadas que él actor aportó:

Primera inspección: Realizada el 12 de junio de 2025, en la coordenada 1 señalada por el denunciante (08°03.235N, Telf7211), con participación de funcionarios de Nombre3504 y del Servicio Nacional de Guardacostas. No se detectaron boyas, objetos flotantes ni signos de actividad biológica atribuible a plantados sumergidos.

Segunda inspección: Realizada el 26 de junio de 2025, en ambas coordenadas reportadas por el actor (08°03.235N, 083°53.219O y 07°53.328N, 084°00.4590), utilizando una embarcación de mayor autonomía. Nuevamente, no se encontraron dispositivos flotantes o sumergidos, únicamente se observó un yate realizando pesca en movimiento (troleo) alrededor de uno de los puntos, lo que no constituye prueba de la existencia de plantados.

Estas inspecciones fueron debidamente documentadas y comunicadas a la Fiscalía de Protección Ambiental de Osa dentro del proceso penal 25-000048-1111-PE, que actualmente se encuentra en condición de Archivo Fiscal, ya que el ente Ministerial, con base a las pruebas aportadas no logro acreditar la existencia de estos dispositivos ni la individualización de un presunto responsable.

Asimismo, como se indicó en la contestación de este recurso, pese que es el INCOPESCA, el órgano técnico encargado de la administración, regulación y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas del país, y que dentro de sus competencias le corresponde dictar normativa y otorgar licencias en materia de pesca, las funciones relativas a seguridad de la navegación y control de estructuras en el mar, de conformidad con el marco jurídico vigente recae en el MOPT, Servicio Nacional de Nombre91437 (SNG), y particularmente en el MINAE por lo cual se debe verificar y garantizar el cumplimiento marítimo y ambiental, así como el control y fiscalización por parte de estos Ministerios.

2) Sobre las acciones que Nombre3504 ha tomado respecto a las actividades de pesca que se promocionan en internet donde se utiliza el sistema FADs.

Es importante mencionar que el INCOPESCA, presentó en fecha 15 de octubre del presente año, denuncia formal, ante la Fiscalía Adjunta de Puntarenas, respecto a una búsqueda en redes sociales que determinó la existencia ventas de productos pesqueros o tours de pesca no autorizados en la red social FACEBOOK, en el cual se detallan puntos de contacto que estimamos altamente importantes y necesarios poder actuar interinstitucionalmente ante esas ventas a los efectos de incidir en su consumo y ajustar dicho actuar a la normativa vigente, lo cual se enmarca dentro del compromiso institucional por colaborar con la protección del espacio marino público.

Conclusión

Este Instituto reitera que no existe omisión arbitraria o violatoria de derechos fundamentales en la materia planteada. Por el contrario, se ha actuado con la debida diligencia en coordinación con otras instituciones competentes, verificando las denuncias presentadas y manteniendo la normativa pesquera vigente”.

 

10.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

                Redacta la Magistrada Pacheco Salazar; y,

  Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que los dispositivos agregadores de peces han evolucionado desde un simple tronco a la deriva, cuya sombra proporciona refugio a especies de peces que atraen a otras especies depredadoras, pasando por artefactos flotantes artificiales, construidos con estructuras de pvc, redes y textiles de cobertura, muy utilizados por la pesca de atún de altura, ubicados con balizas para su localización. Al agregar peces, agrega también atunes y este fenómeno es utilizado por la pesca de atún de cerco, práctica conocida como pesca de atún sobre plantados. Más recientemente se encuentran artefactos más elaborados y diseñados para pesca deportiva, esta vez artefactos fijos, consistentes en una pesa de concreto de alrededor de una tonelada denominada popularmente como “queso”, la cual se arroja al fondo marino para anclar un cable que sostiene a su vez una boya sumergida normalmente a unos 20 o 40 pies de profundidad (6 a 12 mts), en combinación con redes viejas, mallas u otros elementos que al dar sombra, sirven para que los peces se agreguen a su alrededor y con ello atraigan a especies de interés como atunes o picudos. Costa Rica ha prohibido la pesca de atún sobre plantados en el acuerdo de Nombre3504 A.J.D.I.P./241-99. Tal disposición versa sobre la pesca de atún de cerco practicada por las embarcaciones de grandes dimensiones, pesca regulada a partir del artículo 49 de la Ley de Pesca y Acuacultura No. 8436. Esta pesca es practicada enteramente por embarcaciones internacionales por no tener el país ninguna embarcación. En el acuerdo de Junta Directiva citado, para la fecha, el concepto de plantado prohibido, sólo contempla el plantado flotante usado por la pesca de atún. Actualmente, además, la LPA en su artículo 60 prohíbe la operación de estos barcos dentro de las primeras 80 millas náuticas de la Zona Económica Exclusiva. De manera que esta amplia zona de nuestra Zona Económica Exclusiva, conocida por su riqueza de atún y picudos (marlin, pez vela) y otras especies de interés como dorado, queda entonces técnicamente carente de regulación sobre plantados, precisamente por quedar sin regulación la última versión de plantado anclado antes descrita. A partir del 2008 aproximadamente, muchas iniciativas privadas de pesca deportiva (marinas, operadores de pesca deportiva y operadores de pesca comercial) han desarrollado una amplia práctica para la instalación de FADs o plantados de nueva generación, orientados a la pesca deportiva, esto es, artefactos anclados al suelo marino mediante una pesa de cemento de hasta una tonelada, la cual sostiene un cable que ancla una boya mediante un cable de acero, boya normalmente metálica que queda fijada a unos 20 o 40 pies (6 a 12 mt) de profundidad. Normalmente este tipo de instalación submarina se bota a unas 20 o 40 millas náuticas de la costa, para el caso, a partir de Herradura, de Quepos o bien de la península de Osa, en zonas poco profundas (zonas de mesetas hundidas), las cuales son suelos bentónicos con mucha biodiversidad y los cuales, dadas sus características, son llamados montes submarinos o “seamounts” en inglés, concepto que podría ser correcto en la parte sur del país, al ser estas formaciones geológicas, parte de la cadena de montes submarinos. Se evidencian dos impactos, el primero la alteración de los fondos marinos de estas estribaciones sumergidas, merced de los pesos que se lanzan al fondo y el más importante, el impacto pesquero ejercido por los operadores de pesca turística que concentran su esfuerzo pesquero en zonas determinadas alrededor de las instalaciones. Impactos realizados sobre un ecosistema diverso, pero de suma fragilidad e importancia para el pacífico costarricense. Esta configuración de FAD o plantado, permite establecer con precisión la posición del mismo, con ayuda de GPS, con lo cual, quienes han colocado el artefacto saben que pueden ir a pescar debido a la agregación de peces que se genera por la sombra. Debido a que no están explícitamente regulados, se usa normalmente el término “FAD” y también recientemente se utiliza el término “pesca en montes submarinos” o la combinación en inglés de ambos: “FAD Seamounts”. Así, innumerables anuncios de pesca deportiva en Costa Rica tanto en la zona de Quepos (Marina Los Sueños) como las marinas de Quepos y las distintas iniciativas de pesca deportiva anuncian este tipo de pesca como un atractivo para la pesca turística. Claramente a las marinas y operadores les interesa lograr que sus usuarios, normalmente turistas extranjeros con poco tiempo disponible, logren un viaje de pesca “exitoso” es decir, que puedan lograr pescar varios ejemplares, y este tipo de artefactos les brindan una pesca segura en un tiempo récord. Los agregadores de peces generan un impacto importante al cambiar el normal comportamiento de las poblaciones de peces pelágicos. Generan artificialmente una sombra que atrae a las especies pequeñas y tras de ellas vienen peces de mayor tamaño. Al estar concentrados y practicar sobre ellos ya sea la pesca deportiva o turística, o bien, la pesca comercial, se genera un impacto mucho mayor y en menor plazo sobre los ecosistemas marinos y con ello una mucho mayor afectación, además que la colocación de estas instalaciones afecta con su peso el lecho marino, además de generar ventajas pesqueras para quienes lo financian, en detrimento de quienes pescan libremente. Además de la oferta abierta de operadores de pesca deportiva (hoteles, marinas, empresas o individuos dedicados a la pesca turística) para venir a pescar en “FAD seamounts”, es decir, para pescar alrededor de estos plantados, las marinas constantemente están organizando torneos de pesca, muchos de los cuales incluyen la pesca sobre plantados o FADS, torneos que deben ser aprobados y autorizados por el INCOPESCA, institución que, hasta la fecha, no ha reparado en el uso de esta técnica, dejando una actividad sin regulación que claramente afecta ecosistemas vulnerables. Agregado a la pesca turística (marinas, operadores comerciales de empresas o individuales) muchos operadores de pesca deportiva (dueños de yates ubicados en las marinas) también usan la geolocalización de los plantados que les ofrecen las marinas, para realizar actividades de pesca. Al no haber ningún tipo de regulación, es decir, al no estar permitidos, interpretando el derecho ambiental en favor de la naturaleza, esto es, en sentido restrictivo, técnicamente están prohibidos y al ser usados como parte de las artes pesqueras, todo tipo de pesca derivada de estas instalaciones sería pesca ilegal.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

Los plantados anclados se trata de una supuesta práctica emergente cuya regulación requiere estudios técnicos y coordinación interinstitucional, pero esta práctica no es avalada ni autorizada por el Nombre3504 para ninguna flota (véase informe del Presidente Ejecutivo de Incopesca).
La regulación vigente prohíbe el uso de plantados flotantes para pesca de atún de cerco (Acuerdo A.J.D.I.P./241-99) (véase informe del Presidente Ejecutivo de Incopesca).
El 12 de junio de 2025 se realizó la primera inspección en la coordenada 1 señalada por el denunciante (08°03.235N, Telf7211), con participación de funcionarios de Nombre91438 y del Servicio Nacional de Guardacostas, pero no se detectaron boyas, objetos flotantes ni signos de actividad biológica atribuible a plantados sumergidos (véanse informe del Presidente Ejecutivo de Nombre3504 y prueba documental aportada).
El 26 de junio de 2025, en la segunda inspección realizada en las coordenadas reportadas por el actor (08°03.235N, 083"53.219O y 07°53.328N, 084°00.4590), utilizando una embarcación de mayor autonomía, nuevamente, no se encontraron dispositivos flotantes o sumergidos, solo se observó un yate realizando pesca en movimiento (troleo) alrededor de uno de los puntos, lo que no constituye prueba de la existencia de plantados (véanse informe del Presidente Ejecutivo de Nombre3504 y prueba documental aportada).
Ambas inspecciones fueron comunicadas a la Fiscalía de Protección Ambiental de Osa dentro del proceso penal No. 25-000048-1111-PE que actualmente se encuentra en condición de archivo fiscal, dispuesto por resolución de las 07:15 horas del 16 de octubre de 2025, ya que el ente ministerial, con base a las pruebas aportadas, no logró acreditar la existencia de estos dispositivos ni la individualización de un presunto responsable (véanse informes del Presidente Ejecutivo de Nombre3504 y prueba documental aportada).
Ambas inspecciones se efectuaron sin realizar buceo ni utilizar algún equipo especial de sonar, pues Nombre3504 no cuenta con ese tipo de recursos. A solicitud del Ministerio Público se consultó el 30 de junio de 2025 a la Dirección de Nombre91437 (Comisionado de Guardacostas) si tienen ese equipo, pero todavía no han contestado (véase documentación aportada por el Presidente Ejecutivo de Incopesca).
Las autorizaciones emitidas por Nombre3504 para torneos deportivos se limitan a licencias bajo las normas generales de pesca deportiva, sin incluir ni avalar prácticas como las descritas en este recurso (véase informe del Presidente Ejecutivo de Incopesca).
Operadores de pesca turística promueven la pesca sobre FADS y montes submarinos en el país (véase gestión posterior presentada por el recurrente).
El 15 de octubre de 2025, Nombre3504 presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial -OIJ- refiriendo que en una búsqueda en redes sociales se determinó en la red social FACEBOOK la existencia de ventas de productos pesqueros o tours de pesca no autorizados, en el cual se detallan puntos de contacto que estiman altamente importantes y necesarios de poder actuar interinstitucionalmente ante esas ventas a los efectos de incidir en su consumo y ajustar dicho actuar a la normativa vigente, lo cual se enmarca dentro del compromiso institucional por colaborar con la protección del espacio marino público (véanse segundo informe del Presidente Ejecutivo de Nombre3504 y prueba documental aportada).

III.- Hecho no probado. Se considera indemostrado el siguiente hecho de relevancia para la resolución de este amparo.

Único: Que Nombre3504 haya autorizado un torneo que, expresa o implícitamente, contemple el uso de plantados o FADs anclados como técnica de pesca (véase informe del Presidente Ejecutivo de Incopesca).

IV.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así como, a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia No. 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible–”. Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política, se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes". Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

V.- Sobre la coordinación de las instituciones públicas en la protección integral al ambiente. Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar mediante sentencia No. 1999-005445 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, que: "La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de este (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector".

VI.- La protección de los recursos hidrobiológicos. Diversas razones obligan al Estado a hacer uso de sus mejores esfuerzos con el objeto de tutelar en forma adecuada sus inmensos espacios de mar territorial, de zona económica exclusiva, así como sus aguas internas. Lo mismo se puede decir acerca de su deber de evitar a toda costa convertirse en un cómplice de la degradación del medio ambiente y la biodiversidad marina fuera de sus aguas territoriales y patrimoniales. Por un lado, tiene un deber ineludible de velar por la preservación del medio ambiente, y ello por supuesto incluye la adopción de aquellas medidas necesarias para evitar daños en los ecosistemas marítimos y acuáticos en general, proteger las especies de seres vivos que habiten dichos medios, prevenir la contaminación de los mares y aguas internas, así como reaccionar con energía ante las actuaciones que atenten contra la integridad del medio ambiente acuático. Asimismo, el Estado está igualmente compelido por la Constitución Política a garantizar medios de subsistencia dignos y suficientes para todos sus habitantes, procurando un adecuado reparto de la riqueza generada. En ese contexto, debe la Administración propiciar un uso sustentable de los recursos naturales, logrando con ello que el país pueda desarrollarse económicamente, sin comprometer la integridad del medio ambiente. La pesca y la acuicultura constituyen actividades económicas lícitas y de gran importancia para la salud alimentaria de la población, generadoras de considerables beneficios para quienes a ellas se dedican y para el país, pero que por la delicadeza e importancia del medio en que se desarrollan, deben estar sometidas a una estricta regulación. Es necesario, asimismo, que se defienda el patrimonio público, en particular en lo concerniente a los recursos hidrobiológicos que le pertenecen a la Nación en su condición de bienes públicos (sentencia No. 2006-001109 de las 09:40 horas del 03 de febrero de 2006).

VII.- Sobre el caso concreto. Acusa el recurrente el uso de dispositivos agregadores de peces, conocidos como FADs o "plantados" anclados en el mar, los cuales son empleados en pesca deportiva y turística, a pesar de no estar legalmente autorizado.

Al respecto, Nombre3504 niega que haya autorizado un torneo que, expresa o implícitamente, contemple el uso de plantados o FADs anclados como técnica de pesca. También se comprueba que la regulación vigente prohíbe el uso de plantados flotantes para pesca de atún de cerco (Acuerdo A.J.D.I.P./241-99). A lo anterior se debe agregar que en dos inspecciones no se encontraron los objetos sumergidos en las coordenadas que indicó el recurrente. En concreto: 1) El 12 de junio de 2025 se realizó la primera inspección en la coordenada 1 señalada por el denunciante (08°03.235N, 083°53.2190), con participación de funcionarios de Nombre3504 y del Servicio Nacional de Guardacostas, pero no se detectaron boyas, objetos flotantes ni signos de actividad biológica atribuible a plantados sumergidos. 2) El 26 de junio de 2025, en la segunda inspección realizada en las coordenadas reportadas por el actor (08°03.235N, 083"53.219O y 07°53.328N, 084°00.4590), utilizando una embarcación de mayor autonomía, nuevamente, no se encontraron dispositivos flotantes o sumergidos, solo se observó un yate realizando pesca en movimiento (troleo) alrededor de uno de los puntos, lo que no constituye prueba de la existencia de plantados. Además, ambas inspecciones fueron comunicadas a la Fiscalía de Protección Ambiental de Osa dentro del proceso penal No. Telf7212 que actualmente se encuentra en condición de archivo fiscal, dispuesto por resolución de las 07:15 horas del 16 de octubre de 2025, ya que el ente ministerial, con base a las pruebas aportadas, no logró acreditar la existencia de estos dispositivos ni la individualización de un presunto responsable

 No obstante, es lo cierto, primeramente, que se acepta que ambas inspecciones se efectuaron sin realizar buceo ni utilizar algún equipo especial de sonar, pues Nombre3504 no cuenta con ese tipo de recursos. De ahí que a solicitud del Ministerio Público se consultó el 30 de junio de 2025 a la Dirección de Nombre91437 (Comisionado de Guardacostas) si tienen ese equipo, pero todavía no han contestado. En segundo lugar, el recurrente en gestiones posteriores indica otras coordenadas donde asegura que hay más dispositivos y aporta unos links en internet donde operadores de pesca turística promueven la pesca sobre FADS y montes submarinos en el país. Lo anterior es aceptado por Nombre3504, ya que el 15 de octubre de 2025 presentaron una denuncia ante el OIJ refiriendo que en una búsqueda en redes sociales se determinó en la red social FACEBOOK la existencia de ventas de productos pesqueros o tours de pesca no autorizados, en el cual se detallan puntos de contacto que estiman altamente importantes y necesarios de poder actuar interinstitucionalmente ante esas ventas a los efectos de incidir en su consumo y ajustar dicho actuar a la normativa vigente (véase prueba documental aportada con el segundo informe rendido en atención a una prueba para mejor resolver solicitada por esta Sala).

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha tenido la oportunidad de referirse al principio precautorio o indubio pro natura, el cual resulta esencial en la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, conforme lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política. En ese sentido, en los votos números 14180-10 de las 14:35 del 25 de agosto de 2010 y 108889-11 de las 15:22 del 16 de agosto de 2011, reiterado en la sentencia No. 2019-012746 de las 12:11 horas del 10 de julio de 2019, la Sala señaló sobre el tema en cuestión, lo siguiente:

“IV.- Sobre el principio precautorio y el desarrollo sostenible. Además de lo dicho, resulta de importancia para la resolución de este asunto, tener en cuenta dos principios de especial relevancia en materia ambiental, como lo son el principio precautorio y el principio de desarrollo sostenible. En cuanto al primero, debe indicarse que esta Sala ha reconocido que, en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, a partir de la cual el Estado tiene que disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente. Es el también llamado principio de “evitación prudente”, contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que literalmente indica:

"Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente".

En consecuencia, deben desplegarse actuaciones anticipadamente para evitar los efectos negativos de un proyecto, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas.  De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto- se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente”.

 

Ante ese panorama y principalmente, por la duda existente, esta Sala con sustento en el principio precautorio considera que se debe tutelar lo planteado por el recurrente, pues el hecho de que Nombre3504 no lo haya autorizado no significa que no se esté llevando a cabo. Máxime que se aporta prueba contundente de su ejecución. Aparte de que Nombre3504 acepta que las referidas inspecciones, producto de las cuales asegura no se encontraron dispositivos flotantes o sumergidos, ni siquiera se realizaron con el equipo que se estima corresponde, por lo menos buceadores. Además, se consultó a Nombre91437 sí lo tienen y se indica que más de cuatro meses no han contestado. Esas insuficientes acciones para atender el problema denunciado por el recurrente, pues incluso el Director General de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes informa que su representada no tiene responsabilidad en los hechos acusados, obviando la tutela que debe brindar el Estado al ambiente en su conjunto.

VIII.- Conclusión. Por consiguiente, se declara con lugar el recurso, con los efectos que de indican en la parte dispositiva.

IX.- RAZONES PARTICULARES DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL SOBRE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA AMBIENTAL, CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO.

Si bien coincidimos con la mayoría del Tribunal en cuanto a la estimatoria del sub iudice, consideramos pertinente determinar lo siguiente en relación con los principios constitucionales en materia ambiental.

Concerniente a los principios preventivo y precautorio, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Sala precisó:

“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)”

Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación del ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza, pues plausiblemente debe involucrar un peligro serio, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados. En consonancia con esta tesitura, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente lo que desnaturalizaría su razón de ser, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:

“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas”.

El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica. En ese sentido véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006, en la que se lee:

“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.

Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.

En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:

“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible”.

Con posterioridad a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En esa línea, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.

En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta sobre tales perjuicios eventuales no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.ccc

Atinente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como una pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.

Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos. ccc

Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, en la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Nombre78923 vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:

“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental”.

Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).

Con igual orientación, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.

Una evolución de lo antedicho ha desembocado en la instauración del “principio pro natura”, en la cual se deja de lado la parte de “in dubio”, de manera que su ámbito de aplicación se ensancha y cubre situaciones en las cuales no necesariamente existe incertidumbre jurídica. De este modo, la aplicación del principio pro natura no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio‑, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió por primera vez a este principio en la Opinión Consultiva OC-32/25 del 29 de mayo de 2025, en la cual determinó que, en el marco de protección de la naturaleza como sujeto de derechos, el principio pro natura debe interpretarse de manera armónica con el principio pro persona. Asimismo, la Corte IDH vinculó el principio pro natura con otros procesales, a saber “los principios de disponibilidad de la prueba, cooperación procesal, pro persona (…) y pro actione” como parte de las reglas probatorias a emplearse en cuanto al derecho de acceso a la justicia.

En suma, el principio pro natura estatuye que, ante cualquier conflicto jurídico, siempre debe prevalecer aquella interpretación que mejor favorezca la protección de la naturaleza y el pleno disfrute de los derechos ambientales, aun cuando no se esté ante una situación en la que medie incertidumbre. Esta pauta hermenéutica debe seguirse en toda relación entre estado, sociedad y ambiente, de manera que siempre se elija la solución que mejor proteja o más favorezca a la naturaleza.

Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental de esta manera:

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los (sic) estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (Ver igualmente las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.

De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.

Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:

“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”. En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (sentencias de la Sala Constitucional nros. 21258-2010, 17126-2006, 14293-2005)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

Ahora bien, en el sub examine se acredita la lesión a los derechos fundamentales, debido a la falta de actuación diligente, célere y coordinada de las autoridades recurridas a los efectos de impedir la actividad pesquera que emplee dispositivos agregadores de peces fijados con grandes pesos de hormigón en fondos marinos. Acerca del punto, adviértase que, en aplicación del principio precautorio, la falta de certeza absoluta de que se esté llevando a cabo ese tipo de actividad en los términos acusados en el caso de marras -lo que en todo caso deviene de la propia inercia de las autoridades recurridas para efectuar las inspecciones correspondientes con el equipo técnico necesario-, no les exime de la obligación de adoptar las medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente, toda vez que en el sub lite existen indicios suficientes de que tal actividad podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente.

X.- El magistrado Castillo Víquez salva el voto y declara sin lugar el recurso. A diferencia de la mayoría considero que el amparo debe ser desestimado por los siguientes motivos. Tal como se reconoce en la sentencia, Nombre3504 negó bajo la fe de juramento haber autorizado torneo alguno que expresa o implícitamente, contemple el uso de plantados o FADs anclados como técnica de pesca. De hecho, la regulación vigente prohíbe el uso de plantados flotantes para pesca de atún de cerco (Acuerdo A.J.D.I.P./241-99). De otro lado, en las dos inspecciones realizadas a los lugares señalados por el recurrente no se encontraron los objetos sumergidos en las coordenadas que este indicó. A partir de lo anterior, en criterio del suscrito, el mero hecho de que el recurrente en gestión posterior aportara unos links en internet donde operadores de pesca turística promueven ilegalmente la pesca sobre FADS y montes submarinos en el país, no conlleva necesariamente a imputar a la administración la intención que tienen terceras personas de infringir la ley a futuro. Ciertamente existe un deber de fiscalización constante de la administración para que no se infrinjan las leyes, pero considero que la aplicación del principio precautorio no puede ser llevado a extremos tan irrazonables y desproporcionados como al hecho de sancionar a la administración por intenciones de terceros de infringir la ley a futuro, cuando no se demuestra que ello haya ocurrido y menos aún sin el consentimiento o conocimiento previo de los recurridos. En este caso, estimo que el principio precautorio debe ser aplicado para que la administración, a partir de que se demuestra el conocimiento de tales intenciones, entonces sí deba adoptar medidas de fiscalización y prevención que eviten que tal situación se lleve a cabo, pero no a ser sancionados en un proceso de amparo por un hecho que no se ha constatado, del cual no se demuestra haber tenido conocimiento previo y menos aún haberlo autorizado, pues en ese sentido se llegaría al absurdo de sancionar a la administración por cada peligro que implique la mera intención de un tercero de infringir una ley ambiental o respecto de la publicación en cualquier medio vía internet de llevar a cabo tal intención. Es por lo anterior que me separo de la mayoría, declaro sin lugar el recurso con la advertencia al recurrido de que, a partir de ahora, al tener conocimiento por este amparo de lo publicado por esas terceras personas, adopte las medidas necesarias de investigación, fiscalización y prevención para evitar que tal cometido se lleve a cabo.   

XI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería, su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano en cuanto a este extremo se refiere, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

XII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso.  Se ordena a Verny Gerardo Jiménez Rojas, a Nelson Peña Navarro y a Juan Carlos Alvarado Quesada, respectivamente, en su condición de Director General de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura y de Director General del Servicio Nacional de Nombre91437 o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se impida la práctica pesquera utilizando FADS o Dispositivos agregadores de peces fijados con grandes pesos de hormigón a los fondos marinos. Se advierte a los recurridos, o a quienes ocupen sus cargos, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal consignan razones particulares en cuanto a los principios constitucionales en materia ambiental. El magistrado Castillo Víquez salva el voto y declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, en cuanto a la acusada violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Notifíquese.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Aracelly Pacheco S.

 

 

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:08:17.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Resolution No. 39367 - 2025**

**Date of Resolution:** November 28, 2025 at 09:20

**Case File:** 25-021856-0007-CO

**Drafted by:** Aracelly Pacheco Salazar

**Type of Matter:** Amparo action

**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL

**Judgment with Separate Note**

**Relevance Indicators**

Relevant judgment

Judgment with protected data, in accordance with current regulations

**Content of Interest:**

**Strategic Themes:** Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights

**Type of content:** Majority vote

**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS

**Topic:** ENVIRONMENT

**Subtopics:**

FISHING.

039367-25. ENVIRONMENT. THE APPELLANT CHALLENGES THE USE OF FISH AGGREGATING DEVICES, KNOWN AS FADS OR "PLANTADOS" ANCHORED AT SEA, WHICH ARE USED IN SPORT AND TOURIST FISHING, DESPITE NOT BEING LEGALLY AUTHORIZED. THE DIRECTOR GENERAL OF THE MARITIME PORT DIVISION OF THE MOPT, THE EXECUTIVE PRESIDENT OF INCOPESCA, AND THE DIRECTOR GENERAL OF THE NATIONAL COAST GUARD SERVICE ARE ORDERED TO ISSUE THE RELEVANT ORDERS AND CARRY OUT ALL ACTIONS WITHIN THE SCOPE OF THEIR COMPETENCIES SO THAT, WITHIN A PERIOD OF THREE MONTHS, FISHING USING FADS OR FISH AGGREGATING DEVICES FIXED WITH LARGE CONCRETE WEIGHTS TO THE SEABED IS PREVENTED. VCG12/2025

"(...) VI.- The protection of hydrobiological resources. Various reasons oblige the State to make its best efforts to adequately protect its immense spaces of territorial sea, exclusive economic zone, and its internal waters. The same can be said of its duty to avoid at all costs becoming an accomplice to the degradation of the marine environment and biodiversity outside its territorial and patrimonial waters. On the one hand, it has an unavoidable duty to ensure the preservation of the environment, and this of course includes adopting those measures necessary to prevent damage to maritime and aquatic ecosystems in general, protect the species of living beings that inhabit those environments, prevent the contamination of the seas and internal waters, and react vigorously against actions that threaten the integrity of the aquatic environment. Likewise, the State is equally compelled by the Political Constitution to guarantee dignified and sufficient means of subsistence for all its inhabitants, seeking an adequate distribution of the wealth generated. In that context, the Administration must promote sustainable use of natural resources, thereby enabling the country to develop economically, without compromising the integrity of the environment. Fishing and aquaculture are lawful economic activities of great importance for the food health of the population, generating considerable benefits for those engaged in them and for the country, but due to the delicacy and importance of the environment in which they develop, they must be subject to strict regulation. It is also necessary to defend public property, particularly with regard to the hydrobiological resources that belong to the Nation as public goods (judgment No. 2006-001109 of 09:40 hours on February 3, 2006).

VII.- On the specific case. The appellant challenges the use of fish aggregating devices, known as FADs or "plantados" anchored at sea, which are used in sport and tourist fishing, despite not being legally authorized.

In this regard, INCOPESCA denies having authorized a tournament that, expressly or implicitly, contemplates the use of anchored plantados or FADs as a fishing technique. It is also verified that current regulations prohibit the use of floating plantados for purse-seine tuna fishing (Agreement A.J.D.I.P./241-99). To the above, it must be added that in two inspections, the submerged objects were not found at the coordinates indicated by the appellant. Specifically: 1) On June 12, 2025, the first inspection was conducted at coordinate 1 indicated by the complainant (08°03.235N, 083°53.2190), with the participation of officials from INCOPESCA and the National Coast Guard Service, but no buoys, floating objects, or signs of biological activity attributable to submerged plantados were detected. 2) On June 26, 2025, in the second inspection conducted at the coordinates reported by the actor (08°03.235N, 083"53.219O and 07°53.328N, 084°00.4590), using a vessel with greater autonomy, again, no floating or submerged devices were found; only a yacht performing moving fishing (trolling) was observed around one of the points, which does not constitute proof of the existence of plantados. Furthermore, both inspections were communicated to the Environmental Protection Prosecutor's Office of Osa within criminal process No. 25-000048-1111-PE, which is currently in a prosecutorial archiving status, ordered by resolution at 07:15 hours on October 16, 2025, since the prosecutorial entity, based on the evidence provided, could not prove the existence of these devices or the identification of an alleged responsible party.

However, it is true, first of all, that it is accepted that both inspections were carried out without conducting diving or using any special sonar equipment, as Incopesca does not have that type of resources. Hence, at the request of the Public Prosecutor's Office, the Coast Guard Directorate (Coast Guard Commissioner) was consulted on June 30, 2025, as to whether they have such equipment, but they have not yet responded. Secondly, in later proceedings, the appellant indicates other coordinates where they assert there are more devices and provides some internet links where sport fishing operators promote fishing over FADs and seamounts in the country. The above is accepted by Incopesca, since on October 15, 2025, they filed a complaint with the OIJ, stating that a search on social media determined the existence on the social network FACEBOOK of sales of unauthorized fishery products or fishing tours, detailing contact points they consider highly important and necessary to act upon inter-institutionally regarding these sales to influence their consumption and bring such conduct into line with current regulations (see documentary evidence provided with the second report rendered in response to evidence for a better resolution requested by this Chamber).

On repeated occasions, this Court has had the opportunity to refer to the precautionary principle or in dubio pro natura, which is essential in the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, pursuant to Article 50 of the Political Constitution. In that sense, in votes numbers 14180-10 of 14:35 on August 25, 2010, and 108889-11 of 15:22 on August 16, 2011, reiterated in judgment No. 2019-012746 of 12:11 hours on July 10, 2019, the Chamber stated on the matter in question, the following:

"IV.- On the precautionary principle and sustainable development. In addition to what has been said, it is important for the resolution of this matter to consider two principles of special relevance in environmental matters, namely the precautionary principle and the principle of sustainable development. Regarding the former, it must be noted that this Chamber has recognized that, in the protection of our natural resources, a preventive attitude must exist, from which the State must provide everything that is necessary – within the scope permitted by law – to prevent irreversible damage to the environment. It is also called the principle of 'prudent avoidance,' contained in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which literally states:

\"Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation\".

Consequently, actions must be deployed in advance to avoid the negative effects of a project and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. Thus, if there is a risk of serious or irreversible damage—or a doubt in this regard—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. This is because, in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance but will hardly compensate for the damage caused to the environment."

In view of this panorama and mainly because of the existing doubt, this Chamber, based on the precautionary principle, considers that what has been raised by the appellant must be protected, since the fact that Incopesca has not authorized it does not mean that it is not being carried out. Especially when compelling evidence of its execution is provided. Apart from the fact that Incopesca accepts that the referred inspections, as a result of which it asserts that no floating or submerged devices were found, were not even carried out with the equipment deemed appropriate, at least divers. Furthermore, the Coast Guard was consulted about whether they have it, and it is indicated that they have not responded for more than four months. These are insufficient actions to address the problem reported by the appellant, since even the Director General of the Maritime Port Division of the Ministry of Public Works and Transport reports that his represented entity has no responsibility for the accused facts, overlooking the protection that the State must provide to the environment as a whole.

VIII.- Conclusion. Consequently, the appeal is granted, with the effects indicated in the operative part. (...)"

In that line, the international jurisdictional body reiterates "that the right to a healthy environment 'constitutes a universal interest' and 'is a fundamental right for the existence of humanity,' and that 'as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is about protecting nature,' not only for its 'utility' or 'effects' with respect to human beings, 'but for its importance to the other living organisms with whom we share the planet.' The foregoing does not preclude, of course, that other human rights may be violated as a consequence of environmental damage." Precisely, in developing the conceptualization of the environmental right, the Inter-American Court of Human Rights (Corte IDH) clearly details the state obligations in the face of possible environmental damage, such as the duty of prevention, the precautionary principle (principio de precaución), the obligation of cooperation, and access to information.

In sum, the application of the precautionary principle implies that when there are indicators that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible environmental damage, the lack of absolute scientific certainty or evidence regarding such potential harm does not exempt from the obligation to adopt all efficient and effective measures to prevent an environmental violation.

Regarding the preventive principle (principio preventivo), in the first UN report on the state of international environmental law, document A/73/419 of November 30, 2018, prepared by its Secretary-General in compliance with the General Assembly resolution of May 10, 2018 (No. A/72/L.51), it is conceptualized as a normative guideline of customary international law "confirmed by the relevant practice in many treaties relating to the environment and the main codification projects."

Now, although the aforementioned report emphasizes the prevention of transboundary harm, the truth is that this general principle of law, as is well stated in the document '95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development' (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of session No. 28-2020 of May 25, 2020), has a much broader scope, given that, as a hermeneutical guide, it leads to "the causes and sources of environmental problems being addressed in a prioritized and integrated manner, trying to prevent the negative effects that may occur on the environment. The criterion of prevention will prevail, then, over any other in the public and private management of the environment and natural resources." The foregoing makes complete sense, as it is consistent with the duty to prevent the consummation of environmental damage, and not merely to decide on the reparation of the already corroborated harmful consequences, even ordering the cessation of the damaging effects.

Such an institute is reflected, among other norms, in ordinals 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through Law No. 7291) and 5 and Annex II (Anexo II) of the United Nations Agreement on Straddling and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through Law No. 8059), as well as in constitutional jurisprudence (see rulings Nos. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, and 2018016383 of 5:00 p.m. on September 28, 2018, among many others) and in conventional jurisprudence, for example, in Advisory Opinion No. OC-23/17 of November 15, 2017, paragraphs: 127 to 174 and subsections a) and b) of paragraph 242, and the judgment of November 24, 2022, Baraona Bray vs. Chile. Precisely, in the latter, the Corte IDH expressly states:

"208. Without prejudice to the foregoing, in specific environmental matters, it should be noted that the principle of prevention of environmental damage forms part of customary international law, and entails the obligation of States to carry out the necessary measures ex ante the occurrence of environmental damage, taking into consideration that, due to its particularities, it will frequently not be possible, after such damage has occurred, to restore the previously existing situation. By virtue of the duty of prevention, the Court has indicated that 'States are obliged to use all means at their disposal to avoid activities carried out under their jurisdiction from causing significant damage to the […] environment.' This obligation must be fulfilled under a standard of due diligence, which must be appropriate and proportional to the degree of risk of environmental damage. On the other hand, although it is not possible to make a detailed list of all the measures that States could take to fulfill this duty, some can be pointed out, relating to potentially harmful activities: i) regulate; ii) supervise and control; iii) require and approve environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental); iv) establish contingency plans, and v) mitigate in cases of occurrence of environmental damage."

For its part, the in dubio pro natura principle means, according to the 'World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the Rule of Law in Environmental Matters,' that "in case of doubt, all processes before courts, administrative bodies, and other decision-makers must be resolved in a way that favors the protection and conservation of the environment, giving preference to the least harmful alternatives. Actions shall not be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived from them" (see principle V).

With the same orientation, according to the document '95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development' (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of session No. 28-2020 of May 25, 2020), "Every operator of environmental norms must always keep in mind the pro natura principle, according to which risks will be avoided, general collective interests will be privileged over private ones, the preservation of the environment will be favored, and in case of doubt, the interpretation that most broadly protects the environment will be preferred."

An evolution of the foregoing has led to the establishment of the "pro natura principle (principio pro natura)," in which the "in dubio" part is set aside, so that its scope of application is broadened and covers situations in which legal uncertainty does not necessarily exist. Thus, the application of the pro natura principle does not depend on there being a danger of serious or irreversible damage—as occurs with the precautionary principle—but implies a "general rule of conduct, for the relationship of the State—and society in general—with the environment, applicable to all areas of decisions where there is a risk of affecting the environment, and which obliges us to avoid opting for those behaviors that may cause environmental damage, when other options exist" (Olivares and Lucero, 2018).

The Inter-American Court of Human Rights referred for the first time to this principle in Advisory Opinion OC-32/25 of May 29, 2025, in which it determined that, within the framework of protecting nature as a subject of rights, the pro natura principle must be interpreted harmoniously with the pro persona principle. Likewise, the Corte IDH linked the pro natura principle with other procedural principles, namely "the principles of availability of evidence, procedural cooperation, pro persona (…) and pro actione" as part of the evidentiary rules to be used regarding the right of access to justice.

In sum, the pro natura principle establishes that, in the face of any legal conflict, that interpretation which best favors the protection of nature and the full enjoyment of environmental rights must always prevail, even when not facing a situation involving uncertainty. This hermeneutical guideline must be followed in every relationship between the state, society, and the environment, so that the solution that best protects or most favors nature is always chosen.

On the other hand, in ruling No. 2012013367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012, this Constitutional Court referred to the principles of progressivity (principios de progresividad) and non-regression (no regresión) in environmental matters in this way:

"V. On the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is contained in Articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, with special consideration for those which, like the right to the environment (Art. 11 of the Protocol), require multiple positive actions from the State for their protection and full enjoyment by all their holders. From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, contained in numeral 34 of the Magna Carta, the principle of non-regressivity or irreversibility of the benefits or protection achieved is derived. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportional justification, the situation of the rights achieved up to that point. This principle does not imply absolute irreversibility, as all States experience national situations, of an economic, political, social nature, or due to natural causes, which negatively impact the achievements made up to that point and force a downward reconsideration of the new level of protection. In those cases, the law of the Constitution and the principles under examination require justifying, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, the reduction of protection levels. In this sense, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has expressed in its jurisprudence, regarding the right to health: '…according to the PRINCIPLE OF NON-REGRESSIVITY, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of openness to access to medicines, it cannot—and much less through an International Treaty—reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting commerce. (Ruling of the Constitutional Chamber No. 9469-07). In relation to the right to the environment, it said: "The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment according to the Law of the Constitution, which does not admit a regression to its detriment." (Ruling of the Constitutional Chamber No. 18702-10)." (The highlighting does not correspond to the original). (See also rulings 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 and 2019-017397)."

Thus, according to the principle of progressivity, the State assumes the obligation to increase, as far as possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, the application of the principle of non-regression consists of a guarantee that constrains the State to refrain from adopting measures, policies, or norms that worsen, without a reasonable and proportional justification, the degree of protection of fundamental rights already achieved, and that, if necessary, the corresponding compensation measures must be weighed.

Finally, this Court explained the principle of objectification of environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental) in these terms:

"Regarding the environment, the object of the fundamental right set forth, our Magna Carta further requires it to be 'healthy.' The requirement 'healthy' leads us to 'regenerative capacity' and 'succession capacity' to guarantee life. From both requirements: 'healthy' and 'balanced,' the need for sustainable and enduring development emerges; quality of life and environmental quality depend on it. Now, with the concepts of 'environment,' 'healthy,' 'ecologically balanced,' the constitutional norm introduced science and technology into environmental decisions, whether legislative or administrative, such that, under the terms of ordinals 16 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) and 38 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), state actions in environmental matters must be based on and cannot contradict the unequivocal rules of science and technology in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, furthermore, a 'greater well-being for all the inhabitants of the country.' Regarding the subjection of legislative and administrative decisions to the unequivocal rules of science and technology, the Chamber has called it the principle of objectification of environmental protection: 'From the objectification of environmental protection (…) it is a principle that in no way can be confused with the previous one [precautionary principle or 'principle of prudent avoidance'], insofar as, derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration, it translates into the need to support decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and general provisions—both legal and regulatory—from which the requirement of linkage to science and technology is derived, thereby conditioning the Administration's discretion in this matter. So that, in light of the results derived from those technical studies—such as environmental impact assessments—if an objective technical criterion is evidenced that denotes the probability of evident damage to the environment, natural resources, or people's health, it is mandatory to reject the proposed project, work, or activity; and in case of a "reasonable doubt," it is mandatory to make decisions in favor of the environment (pro natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.' (Rulings of the Constitutional Chamber Nos. 21258-2010, 17126-2006, 14293-2005)" (the highlighting was added). (Resolution No. 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012).

Now, in the sub examine, the violation of fundamental rights is proven, due to the lack of diligent, swift, and coordinated action by the respondent authorities for the purpose of preventing fishing activity that employs fish aggregating devices fixed with large concrete weights on the seabed. On this point, it should be noted that, in application of the precautionary principle, the lack of absolute certainty that this type of activity is being carried out in the terms alleged in the instant case—which in any case arises from the very inertia of the respondent authorities in carrying out the corresponding inspections with the necessary technical equipment—does not exempt them from the obligation to adopt efficient and effective measures to prevent a violation of the environment, given that in the sub lite there are sufficient indications that such activity could cause serious and irreversible environmental damage.

VCG12/2025

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Content Type: Separate Note

Branch of Law: 4. PROTECTION MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

FISHING.

X.- Judge Castillo Víquez dissents and declares the appeal without merit. Unlike the majority, I consider that the amparo must be dismissed for the following reasons. As acknowledged in the ruling, INCOPESCA denied under oath having authorized any tournament that expressly or implicitly contemplates the use of anchored plantados or FADs as a fishing technique. In fact, current regulations prohibit the use of floating plantados for purse-seine tuna fishing (Agreement A.J.D.I.P./241-99). On the other hand, in the two inspections carried out at the locations indicated by the appellant, the submerged objects were not found at the coordinates he indicated. Based on the foregoing, in my opinion, the mere fact that the appellant, in a subsequent filing, provided some internet links where sport fishing operators illegally promote fishing over FADS and seamounts in the country, does not necessarily lead to imputing to the administration the intention that third parties have to break the law in the future. Certainly, there is a duty of constant oversight on the part of the administration so that laws are not broken, but I consider that the application of the precautionary principle cannot be taken to such unreasonable and disproportionate extremes as to sanction the administration for the intentions of third parties to break the law in the future, when it has not been demonstrated that this has occurred, and even less so without the prior consent or knowledge of the respondents. In this case, I believe that the precautionary principle should be applied so that the administration, once knowledge of such intentions is demonstrated, must then adopt oversight and prevention measures that prevent such a situation from taking place, but not to be sanctioned in an amparo proceeding for a fact that has not been verified, for which no prior knowledge has been shown, and even less so for having authorized it, since in that sense, the absurdity of sanctioning the administration for every danger implied by the mere intention of a third party to break an environmental law, or regarding the publication in any medium via the internet to carry out such intention, would be reached. It is for the foregoing reasons that I separate from the majority, declaring the appeal without merit, with the warning to the respondent that, from now on, being aware through this amparo of what has been published by those third persons, it must adopt the necessary investigation, oversight, and prevention measures to prevent such an endeavor from taking place.

VCG12/2025

 

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Content Type: Separate Note

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 050- Environment

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

XI.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO. The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution, but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Organic Law of the Environment, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional control from legality control. In this regard, it is my opinion that this Chamber, via amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the matter must be raised and discussed through the legality channel. Therefore, the simple non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard through the legality channel—administrative or jurisdictional—where, with much greater breadth, the alleged non-compliances or omissions can be scrutinized. It must be kept in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and rapid process, such that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in exercise of its powers, and processes a procedure, with the issuance of administrative acts, its cognizance falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. For this reason, the review of administrative actions carried out regarding an environmental matter that requires, for its correct assessment, a full knowledge process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria developed under the current legal or regulatory norms, or with the gathering of new and greater elements of conviction necessary for the contrasting or review of criteria already present in the administrative file of the case. The opposite would imply transforming the amparo into an ordinary full-knowledge process, thereby denaturing it and making the purposes for which it was designed nugatory, causing it to lose its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I believe that when a public entity or body has intervened, in various ways, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its cognizance and oversight correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the jurisdiction of the legality channel. Consequently, this appeal should have been dismissed outright in relation to this aspect, since its object is a matter inherent to being discussed, analyzed, and resolved in the legality channel. However, as it was not done so, the appropriate course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the question raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conducts conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal system at the statutory level, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

VCG12/2025

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Text of the Resolution

 

*250218560007CO*

Exp: 25-021856-0007-CO

Res. No. 2025039367

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-eighth of November of two thousand twenty-five.

Amparo appeal processed in file number 25-021856-0007-CO, filed by Nombre91436, of legal age, identity card CED51677, against the Maritime Port Division of the Ministry of Public Works and Transport, the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, and the National Service of Nombre91437 of the Ministry of Public Security.

Findings:

1.- By written submission received in the Secretariat of the Chamber at 4:53 p.m. on July 25, 2025, the appellant files an amparo appeal against the Maritime Port Division of the Ministry of Public Works and Transport -MOPT-, the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture -INCOPESCA-, and the National Service of Nombre91437 of the Ministry of Public Security, and states that fish aggregating devices have evolved from a simple drifting log, whose shade provides refuge to fish species that attract other predatory species, to artificial floating artifacts, built with PVC structures, nets, and covering textiles, widely used by high-seas tuna fishing, located with beacons for their localization. By aggregating fish, it also aggregates tunas, and this phenomenon is used by purse-seine tuna fishing, a practice known as tuna fishing on plantados. More recently, more elaborate artifacts designed for sport fishing are found, this time fixed artifacts, consisting of a concrete weight of about one ton, popularly called "queso," which is thrown onto the seabed to anchor a cable that in turn holds a submerged buoy, normally about 20 or 40 feet deep (6 to 12 mts), in combination with old nets, meshes, or other elements that, by providing shade, serve for fish to aggregate around them, and thereby attract species of interest such as tunas or billfish. Costa Rica has prohibited tuna fishing on plantados in the agreement of Nombre3504 A.J.D.I.P./241-99. Such provision concerns purse-seine tuna fishing practiced by large vessels, fishing regulated under Article 49 of the Fishing and Aquaculture Law No. 8436. This fishing is practiced entirely by international vessels since the country does not have any vessel. In the cited Board of Directors agreement, at the time, the concept of prohibited plantado only contemplated the floating plantado used by tuna fishing. Currently, furthermore, the Fishing and Aquaculture Law, in its Article 60, prohibits the operation of these boats within the first 80 nautical miles of the Exclusive Economic Zone. So, this vast area of our Exclusive Economic Zone, known for its richness in tuna and billfish (marlin, sailfish) and other species of interest such as mahi-mahi, is then technically lacking regulation on plantados, precisely because the latest version of the anchored plantado described above remains unregulated. From approximately 2008, many private sport fishing initiatives (marinas, sport fishing operators, and commercial fishing operators) have developed a widespread practice for the installation of FADs or new-generation plantados, oriented towards sport fishing, that is, artifacts anchored to the seabed by means of a cement weight of up to one ton, which holds a cable that anchors a buoy via a steel cable, a buoy normally metallic that remains fixed at about 20 or 40 feet (6 to 12 mt) deep. Normally, this type of submarine installation is dropped about 20 or 40 nautical miles from the coast, in this case, from Herradura, from Quepos, or from the Osa Peninsula, in shallow areas (sunken plateau zones), which are benthic soils with high biodiversity and which, given their characteristics, are called seamounts or "seamounts" in English, a concept that could be correct in the southern part of the country, as these geological formations are part of the seamount chain. Two impacts are evident: the first, the alteration of the marine floors of these submerged foothills, due to the weights dropped onto the bottom, and the most important, the fishing impact exerted by the sport fishing operators who concentrate their fishing effort in specific zones around the installations. Impacts made on a diverse ecosystem but of utmost fragility and importance for the Costa Rican Pacific. This FAD or plantado configuration allows the position of the same to be precisely established, with the help of GPS, with which those who have placed the artifact know they can go fishing due to the aggregation of fish generated by the shade. Because they are not explicitly regulated, the term "FAD" is normally used, and the term "seamount fishing" or the combination of both in English is also recently used: "FAD Seamounts." Thus, countless sport fishing advertisements in Costa Rica, both in the Quepos area (Marina Los Sueños) and the Quepos marinas, and the different sport fishing initiatives, advertise this type of fishing as an attraction for tourism fishing. Clearly, it is in the interest of marinas and operators to ensure that their clients, normally foreign tourists with little time available, have a "successful" fishing trip, that is, they can manage to catch several specimens, and these types of artifacts provide them with secure fishing in record time. Fish aggregating devices generate a significant impact by changing the normal behavior of pelagic fish populations. They artificially generate a shade that attracts small species, and after them come larger fish. By being concentrated and practicing either sport or tourism fishing on them, or commercial fishing, a much greater impact is generated in a shorter period on marine ecosystems, and with it a much greater effect, in addition to the placement of these installations affecting the seabed with their weight, and generating fishing advantages for those who finance them, to the detriment of those who fish freely.

Beyond the open offer by sport-fishing operators (hotels, marinas, companies, or individuals dedicated to tourist fishing) to come fish at "FAD seamounts," that is, to fish around these fish aggregating devices (plantados), marinas are constantly organizing fishing tournaments, many of which include fishing on fish aggregating devices or FADs, tournaments that must be approved and authorized by INCOPESCA, an institution that, to date, has not addressed the use of this technique, leaving an activity without regulation that clearly affects vulnerable ecosystems. Added to tourist fishing (marinas, commercial operators of companies or individuals), many sport-fishing operators (owners of yachts located in the marinas) also use the geolocation of the fish aggregating devices (plantados) that the marinas offer them, to carry out fishing activities. In the absence of any type of regulation, that is, since they are not permitted, interpreting environmental law in favor of nature, meaning in a restrictive sense, they are technically prohibited, and when used as part of fishing gear (artes pesqueras), all types of fishing derived from these installations would be illegal fishing. However, in the absence of a clear norm, it is difficult for the SNG, for Nombre3504, or for the prosecutors' offices (fiscalías) in port zones, to process any complaint related to this practice, since they could not be clearly processed under the protection of Art. 142, 147, 148, 150, all of the LPA. It is not possible to establish with certainty the number of anchored fish aggregating devices (plantados) that exist, but in more than 15 years of practice, it can be expected to be considerable. There is no control whatsoever, known procedure, or permit for the use of these installations. There is no regulation that allows the use of the fishery resource under these conditions. Such a vacuum, clearly contrary to legality and for years permitted by Nombre3504, which is clearly aware of the practice, certainly benefits the tourist fishing activity, but at the expense of the country's vulnerable resource. There is no study, report, or opinion from Nombre3504 regarding this practice, which demonstrates extremely poor management of the activity. A significant added aggravating factor is the fact that, being at shallow depth (about 20 feet or 6 meters) and located between 20 and 40 nautical miles from the coast, the installations called fish aggregating devices (plantados) or "FADsseamounts" could compromise the navigation of large international vessels. It should be borne in mind that an international cargo ship can have a draft of 50 feet or more, that is, about 16 meters. Both the buoy and the cable, not being warned of as obstacles within the routes, could compromise the propellers, generating significant navigation problems. However, there is no regulation of maritime waterways (vías marinas) by the MOPT Maritime Division in this regard, nor any provision for the assistance of the National Nombre91437 Service in the control of these underwater installations. There exists, from neither Nombre3504 nor the Maritime Port Division of the MOPT, any opinion regarding the already extensive use of this fishing practice, its impact, or its danger to ecosystems or navigation. Nor is there any study by Nombre3504 that allows measuring the impact or benefit of this practice on the marine ecosystems it affects, both those present in the water column and benthic ecosystems due to the weight of the so-called "cheeses" (quesos) or concrete blocks that are sunk in different locations, all of which leads us to think that the precautionary principle (principio precautorio) is also violated. With the free and unregulated use of FADs or fish aggregating devices, by tourist fishing companies, marinas, individual operators, or sport-fishing operators, whether directly or through fishing tournaments, constitutional principles are grossly violated, such as the right to a healthy and balanced environment, enshrined in Article 50 of our Political Constitution, as well as Article 89 of the magna carta, related to the protection of natural beauties, and insofar as it is an unregulated fishing practice, it violates Article 41 of the Constitution, since such regulatory omission prevents the development of legal actions to sanction the infractions. In this sense, the constitutional criterion contained in ruling 10540-2013 is clear, in which the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) establishes both the obligations of the State, in this case the referred institutions, and the understanding that we are clearly facing an environmental problem. Thus, it is abundantly clear that in matters of use and management of fishery resources and marine ecosystems, it is the responsibility of the State to regulate, protect, and conserve the resources, a constitutional mandate that none of the appealed institutions are clearly fulfilling, since, to date, the FADs or fish aggregating devices (plantados) have been installed without any pronouncement, regulation, or institutional opinion and it is private parties who make use of these installations, even having approval for their activities, as is the case with fishing tournaments, sport or tourist fishing licenses, or even with the approval of landings of fishery products by commercial fishing. Clearly, in light of the cited sources, the already common practice of the different tourist fishing and sport-fishing operators, among others, aimed at placing at their free disposal the so-called FADs or fish aggregating devices or anchored installations for fish aggregation, for the purpose of increasing the efficiency of their fishing trips, coupled with their promotion as an attraction for trips and tournaments, constitutes a practice harmful to the principle of a healthy and balanced environment, besides being a practice contrary to the principle of legality (principio de legalidad), since fishing, being an activity—an exception regarding wildlife (pursuant to Art. 2 definition of wildlife of Law 7317)—is an activity requiring mandatory and strict authorization of its practices, that is, it must be interpreted in a restrictive sense, for which reason whatever is not explicitly authorized must be understood as prohibited, since we are talking about resources that are natural heritage of the State, therefore the principle of legality fully applies. Fishing is not, therefore, a liberal activity with free access for all, and fishing operators are duly authorized users, with authorized and duly regulated fishing gear (artes), a situation that in the case of FADs or fish aggregating devices (plantados) does not occur and, conveniently, Nombre3504 has never wanted to regulate this activity even though it is in the public domain, as demonstrated in the publications annexed, which must be considered a sample. Nor has it been regulated insofar as the installations clearly result in a danger to the navigation of large vessels with a draft greater than 30 feet (bulk carriers, container ships, tankers, etc.), because the situation has not been the object of study or regulation by the MOPT Maritime Division. Consequently, in the absence of clear regulation, the practices cannot be related as content of the criminal types 142, 147, 149 a) of the Fishing and Aquaculture Law, limiting the action of the SNG or the environmental prosecutors' offices (fiscalías ambientales) of the port zones near the activities. Such a situation clearly violates Article 41 of the Constitution since the activity cannot be reported as illegal or processed as such by the Administration or by the Judicial Branch. That being the case, the following is requested: "Based on the foregoing, an existing fishing practice, which is the use of FADs or Fish Aggregating Devices fixed with large concrete weights to the seabed, which Nombre3504 and the Maritime Port Division of the MOPT have omitted to regulate and which has not been intervened by the SNG, respectfully it is requested. 1- To declare unconstitutional the use of fish aggregating devices known as FADs seamounts as an aid or resource in fishing, whether as a tourist attraction for the promotion of the activity or as a use at the disposal of commercial fishing. 2- To order Nombre3504, within a reasonable time of three months and before the next high fishing season, to prepare a Board of Directors agreement (acuerdo de Junta Directiva) in which all types of fish aggregation devices or FADs or FADs – seamounts are prohibited and the promotion of tourist or sport fishing activities where fish aggregators are part of the promotion is prohibited. 3- Based on that, to order Nombre3504 not to issue authorizations for tournaments, or sport or tourist fishing operations, or commercial fishing where fish aggregators or FADs -seamounts are part of the practice. 4- To order the Maritime Port Division of the MOPT to issue a provision prohibiting the installation of devices with buoys anchored to the seabed due to the danger to national and international navigation. 5- To order the MOPT – SNG to eliminate the installed fish aggregators or FADs whose coordinates are known, as well as to proceed with the seizure (decomiso) of the elements that can be extracted from the already installed aggregators (buoys, cables, beacons) and to prohibit the transportation or future installation of such devices, for reasons of safety of the maritime waterways".\n\n2.- By resolution at 4:08 p.m. on July 31, 2025, the Presidency of the Chamber (Sala) gave course to this amparo and a report was requested from the Chief of the Maritime Division of the Ministry of Public Works and Transport -MOPT-, the Executive Director of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture -INCOPESCA-, and the Director of the National Coast Guard Service, regarding the facts alleged by the petitioner.\n\n3.- Through a writing received at the Secretariat of the Chamber (Sala) at 4:46 p.m. on August 5, 2025, the petitioner states the following:\n\n"In order to provide useful data, the undersigned Nombre91436, petitioner in the present process, has undertaken to investigate the position of the buoys or FADs installed at this moment in waters of the Pacific coast. As is to be expected, such data are restricted by those who operate this type of fishing and to date I have been able to locate the following positions, so that should the Amparo result in a declaration of unconstitutionality, these positions and those that can be provided, could be incorporated in an eventual order of investigation or even cutting or deactivation of them by the corresponding authorities, (the first two were provided with the initial writing)\n\nPosition 1:\n\nLatitude 08° 03.245N\n\nLongitude 083° 531202 W\n\nRange 46.59 mn\n\nBearing 237°T\n\n\t\n\nPosition 2:\n\nLatitude 07° 53'.308N\n\nLongitude 084° 00..457 W\n\nRange 58.36mn\n\nBearing 232°T\n\n\n\n\nPosition 3\n\nLatitude 08° 03..289 N\n\nLongitude 083° 52'.595 W\n\n\t\n\nPosition 4\n\nLatitude 08 20 262 N\n\nLongitude 085 28 199 W\n\n\n\n\nPosition 5\n\nLatitude 08 31 782 N\n\nLongitude 083 56 00 W\n\n\t\n\n \n\n \n\n4.- Juan Carlos Alvarado Quesada, in his capacity as General Director of the National Nombre91437 Service, reports under oath (writing submitted at 1:35 p.m. on August 6, 2025) in the following terms:\n\n"FACTS\n\nONLY: This National Coast Guard Service. DOES NOT have direct interference in the policies of management, sustainable use (aprovechamiento), conservation, and administration of marine resources, since it is a legal competence attributed to INCOPESCA. Thus, Law No. 8436, the Fishing and Aquaculture Law, establishes in its Articles 12, 13, and 14 the following:\n\n"Article 12. - Nombre3504 shall be the executing authority of this Law and of the Fisheries and Aquaculture Development Plan issued by the Executive Branch, without prejudice to the powers granted by law to other State institutions, which must necessarily coordinate with this Institute regarding the fishery and aquaculture sector.\n\nArticle 13. - Nombre3504 shall exercise control over the fisheries and aquaculture activity carried out in marine and inland waters and shall provide technical assistance to aquaculture activity in continental and marine waters.\n\nArticle 14. - The powers of INCOPESCA, in addition to those ordered in Law No. 7384, Creation of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, shall be the following:\n\na) Execute policies related to scientific and technical research of fishery and aquaculture resources, in accordance with national needs.\n\nb) Establish and implement the necessary and sufficient control systems to determine, reliably, the catch data, fishing effort, catch per unit of effort, and its landing in national ports...\n\nIn this sense, it is important to clarify to the Honorable Constitutional Chamber (Sala Constitucional), that the National Coast Guard Service has at all times carried out its functions of safeguarding and vigilance over the legitimate sustainable use (aprovechamiento) of marine and coastal resources, being guarantors of respect for the Costa Rican legal system, and in the present case our action has been focused on ensuring that the sustainable use (aprovechamiento) of marine resources (in any part of the country, and not only in the areas indicated by the petitioner, be it Quepos, Golfito, or any other) is carried out in accordance with the guidelines issued by INCOPESCA, and in compliance with the provisions of numeral 133 of the cited law which states that:\n\n"It is the responsibility of the authorities of the National Nombre91437 Service to carry out operations aimed at arresting and seizing (decomisar) goods, equipment, fishing gear (artes de pesca), or fishery products used to commit crimes and infractions against fisheries legislation or obtained as a product of such acts. Both the vessels and the other goods shall be placed immediately at the disposal of the respective judicial authority for whatever corresponds in law.\n\nThe National Nombre91437 Service shall act ex officio or at the request of the accredited inspectors of Nombre3504 or third parties.\n\nFor the better fulfillment of the purposes of this Law, Nombre3504 shall establish the necessary agreements or coordination mechanisms with the National Coast Guard Service. For this purpose, Nombre3504 may allocate the necessary budgetary resources."\n\nFor this purpose, the National Nombre91437 Service carries out routine and effective control patrols, in order to avoid any infraction against the environment and marine resources, strengthening the environmental issue and protection of the fishery resource for our future generations.\n\nRegarding the facts argued in the present amparo appeal, as I indicated, this Police Force has no interference in the establishment of the policies established by Nombre3504 for the sustainable use (aprovechamiento) of fishery resources, as well as the permits given by Nombre3504 for the authorization of tourist or sport fishing tournaments, or sport, tourist, or commercial fishing operators, nor do we have it in the determination of the permitted or prohibited fishing gear (artes de pesca), as all of these are actions proper to said entity. It is an exclusive power of said institution to determine whether fish aggregation devices or FADs-seamounts are authorized or not.\n\nTherefore. our function focuses on enforcing the precepts established in our founding law (Law No. 8000, Law for the Creation of the National Coast Guard Service), the provisions in this regard in Law No. 7410 and its reforms (General Police Law), Law No. 8436 (Fishing and Aquaculture Law), and other related regulations, not forgetting ensuring compliance with the provisions issued by the Board of Directors of Incopesca, in what concerns this matter. given the powers that the referred Fishing and Aquaculture Law attributes to said Board of Directors.\n\nIn this sense I want to clarify that the National Service has a series of competences.\n\nArticle 2 of our law establishes: "The competences of the Service are:\n\na) To monitor and safeguard the maritime borders of the State and the jurisdictional maritime waters, defined in Article 6 of the Political Constitution and the United Nations Convention on the Law of the Sea.\n\nb) To monitor and safeguard the navigable inland waters of the State.\n\nc) To ensure the legitimate sustainable use (aprovechamiento) and protection of the natural resources existing in the jurisdictional maritime waters and in the inland waters of the State, in accordance with current national and international legislation.\n\nd) To ensure the safety of port and maritime traffic, of both national and foreign vessels in the jurisdictional waters of the State.\n\ne) To develop the necessary operations to rescue missing persons or persons in danger in national waters and to locate missing vessels.\n\nf) To ensure the effective compliance with the national legal system over the inland waters and jurisdictional maritime waters of the State, in coordination with the competent national authorities.\n\ng) To collaborate with administrative and judicial authorities responsible for protecting natural resources, combating illicit trafficking of narcotics, drugs, psychotropic substances, and related activities, as well as illegal migration, arms trafficking, and other illicit activities.\n\nh) All necessary actions for the faithful fulfillment of its legal and regulatory purposes." (the underlining is mine)\n\nIn such a way that if we are in the presence of any device that endangers safe navigation and the (individual) does not have the necessary permits to carry out a specific activity or sustainable use (aprovechamiento) of fishery resources. we are obliged to guarantee safe navigation, according to our real possibilities (survey, removal, or others). Proof of this are the patrols we have carried out to search for such devices, in the company of representatives of INCOPESCA, see trip report number 1605 (folios 250 and 251) corresponding to the vessel GC 38-10 and trip report number 2428 (folios 233 and 234) corresponding to the vessel GC 32-2.\n\nAs for the internal administrative procedure carried out by Nombre3504 according to its administrative power, I am unaware of the proceedings as it is a process of its competence without this Directorate5915 having any interference in said administrative processing and in the results thereof.\n\nPETITION\n\nFor the reasons of fact and law stated, I respectfully request this Honorable Constitutional Chamber (Sala Constitucional) to declare the present amparo appeal filed against me without merit, since on my part personally or as General Director of the National Coast Guard Service, no acts have derived that could mean violation or injury to legal norms or constitutional guarantees, as indicated by the petitioner".\n\n \n\n5.- Nelson Peña Navarro, in his capacity as Executive President of Nombre3504, reports under oath (writing submitted at 4:16 p.m. on August 6, 2025) in the following terms:\n\n"Regarding the filing of the appeal.\n\nIn the filing of the amparo appeal at hand, in general terms the petitioner argued the omission of the Costa Rican State to regulate the use of Fish Aggregating Devices, known as FADs or "plantados" anchored at sea, which, according to the complaint, are apparently used in sport and tourist fishing.\n\nInstitutional Competences\n\nINCOPESCA, created through Law No. 7384 and governed by the Fishing and Aquaculture Law No. 8436, is the technical body in charge of the administration, regulation, and sustainable development of the country's fishery and aquaculture resources. While it is responsible for issuing regulations and granting fishing licenses, the functions relating to navigation safety and control of structures at sea correspond to the MOPT and the National Nombre91437 Service (SNG), in accordance with their legal competences.\n\nInstitutional efforts and inter-institutional coordination\n\nContrary to what the petitioner indicates, Nombre3504 has been diligent and has deployed concrete actions to verify the possible existence of fish aggregating devices at the coordinates that he himself provided:\n\n. First inspection: Carried out on June 12, 2025, at coordinate 1 indicated by the complainant (08°03.235N, Telf7211), with participation of officials from Nombre3504 and the National Coast Guard Service. No buoys, floating objects, or signs of biological activity attributable to submerged fish aggregating devices (plantados) were detected.\n\n- Second Inspection: Carried out on June 26, 2025, at both coordinates reported by the actor (08°03.235N, 083"53.219W and 07°53.328N, 084°00.459W), using a vessel with greater autonomy. Again, no floating or submerged devices were found; only a yacht was observed fishing in motion (trolling) around one of the points, which does not constitute proof of the existence of fish aggregating devices (plantados).\n\nThese inspections were duly documented and communicated to the Environmental Protection Prosecutor's Office of Osa within the ongoing criminal process, demonstrating the institutional commitment to the verification of complaints and the protection of the fishery resource.\n\nRegarding the actor's claims about fishing tournaments\n\nThe petitioner indicates that Nombre91438 would have authorized tournaments that include fishing on fish aggregating devices (plantados). This claim lacks support, and therefore this statement is totally rejected. Nombre3504 has never authorized a tournament that, expressly or implicitly, contemplates the use of anchored fish aggregating devices (plantados) or FADs as a fishing technique.\n\nThe authorizations issued by Nombre3504 for sport tournaments are limited to licenses under the general sport fishing rules, without including or endorsing practices such as those described in the appeal.\n\nConsequently, the actor's claim is false and without evidentiary support, which substantially weakens the factual basis of the amparo filed.\n\nExistence of a parallel criminal process.\n\nIt should be noted that the facts alleged by the actor have already been the subject of a criminal complaint before the Environmental Protection Prosecutor's Office of Osa, case file that is currently being processed by Lic. Camilo Flores Pacheco.\n\nAs of the date of this response, the process does not have a final act (acto conclusivo), which confirms that the investigation is underway and that there are no judicial or administrative determinations confirming the petitioner's assertions.\n\nAbsence of arbitrary omission and lack of proof by the actor\n\nThe current regulation already prohibits the use of floating fish aggregating devices (plantados) for purse-seine tuna fishing (Agreement A.J.D.I.P./241-99).\n\nRegarding anchored fish aggregating devices (plantados), it is an alleged emerging practice whose regulation requires technical studies and inter-institutional coordination. However, we must be emphatic in stating that this practice is not endorsed or authorized by INCOPESCA, for any fleet.\n\nIn addition, we consider that the actor has not provided direct proof of the existence of the fish aggregating devices (plantados) he denounces, and the inspections carried out were negative, which demonstrates that his complaints have been addressed.\n\nConsequently, the existence of a violation of the right to a healthy environment or other invoked fundamental rights cannot be sustained when there is no compelling proof that we are truly in the presence of these structures on the seabed.\n\nConclusion\n\nThis Institute denies the existence of an arbitrary omission or a violation of fundamental rights in the matter raised. On the contrary, it has acted with due diligence in coordination with other competent institutions, verifying the complaints filed and maintaining the current fishing regulations.\n\nIn this vein, it must respectfully be taken into account by this Honorable Chamber (Sala) that there is no malice (dolo) or an express refusal on the part of the appealed Administration to provide the information.\n\nTherefore, the archiving of this appeal is requested, as well as the award of procedural costs (costas procesales) against the administered party."\n\n \n\n6.- Verny Gerardo Jiménez Rojas, in his capacity as General Director of the Maritime Port Division of the Ministry of Public Works and Transport, reports under oath (writing submitted at 10:31 a.m. on August 8, 2025) in the following terms:\n\n"First: Through Law No. 3155 of August 5, 1963, and its reforms, numeral 2 subsection c), g) following and concordant; as well as in the Organizational and Functional Reform of the Maritime Port Division of the Ministry of Public Works and Transport, it provides that:\n\n"(...) c) Plan, build, improve and maintain deep-water and cabotage ports, inland navigation waterways and terminals, ferry systems, and the like. Regulate and control international maritime, cabotage, and inland waterway transportation. (...)". (Italics are not from the original)\n\nSecond: For its part, Executive Decree number 45103-MOPT called PARTIAL ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL REFORM OF THE MARITIME PORT DIVISION OF THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT, REPEAL OF ARTICLE 13 OF EXECUTIVE DECREE NO. 42454-MP-MOPT, OF JUNE 18, 2020, AND REPEAL OF EXECUTIVE DECREE NO. 40803-MOPT, OF DECEMBER 12, 2017, dated the seventh day of the month of July of the year two thousand twenty-five, provides in its numeral 2 that:\n\n"(...) Article 2. - Objective of the Maritime Port Division: To direct the development and execution of the processes related to the management and oversight of nautical infrastructure projects and services and aquatic navigation and safety; through the evaluation of nautical projects, the oversight of nautical projects executed by third parties, aquatic safety, prevention of aquatic pollution resulting from maritime transport, maritime protection, and regulation of processes related to seafarers, thereby allowing the strengthening of the exercise of the Minister's stewardship in the maritime port subsector.". (Italics are not from the original)\n\nRegarding the facts indicated by Mr. Nombre91439:\n\nIt is necessary to state that there is no clarity regarding the term "Maritime Waterways" (Vías Marinas) used by the petitioner, an aspect that is important to clarify, since in light of the provisions of the Law on Concession and Operation of Tourist Marinas and Docks, Law No. 7744, of December 19, 1997, the concept of access ways (vías de acceso) is provided for in ordinal 2 as follows:\n\n"(...) Article 2.- Definitions: For the purposes of this law, a tourist marina shall be understood as the set of installations, maritime or terrestrial, destined for the protection, shelter, and provision of all kinds of services to recreational, tourist, and sport vessels, of any flag and regardless of their size, as well as to the visitors and users of them, national or foreign; likewise, it includes the installations that are under the operation, administration, and management of a tourist company.\n\nThe following shall be considered parts of a marina: the real estate, the installations, the access ways (vías de acceso) to the distinct areas, and the other privately owned goods destined, by their owners, to provide services to the tourist marina and that have been considered in the concession. To affect these goods it is necessary that their owners accept, expressly, such affectation, which must be incorporated into the project planning. The areas required for public uses must be ceded to the State. The cession shall be determined by the Interinstitutional Commission of Tourist Marinas and Docks (Cimat), which must consider the provisions of the coastal regulatory plan (plan regulador costero) of the zone in question.\n\nThe following shall be considered tourist docks: the landing places, the fixed or floating docks, the ramps, and other necessary works, in order to allow the docking of tourist, recreational, and sport vessels, for the enjoyment and safety of tourists. The following shall form part of a tourist dock: the real estate, the installations, the access ways (vías de acceso) to the distinct areas, and the other privately owned goods destined, by their owners, to provide services to the tourist dock and that have been considered in the concession.\n\nThe right of every person to use the public zone and enjoy it in its full extent is guaranteed, without prejudice to the restrictions that Cimat establishes for topographic reasons, security, or health of persons. (As amended by Article 2 of Law No. 8969 of July 7, 2011)". (Italics and bold are not from the original).\n\nHowever, the concept of "Maritime Waterways" (Vías Marinas) is not outlined, which leaves this Maritime Authority in a position where it cannot refer to it.\n\nOn the other hand, as part of our competences we have the application of what in Maritime Law is known as the Principle of Freedom of Navigation, which is the freedom of navigation (FON) is a principle of the law of the sea according to which ships flying the flag of any sovereign State shall not suffer interference from other States when they are in international waters, except for the exceptions provided for in international law.

And on the other hand, the Principle of Innocent Passage, Law number 7291 - J of March 23, 1992, known as the United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS for its acronym, in its article 19 provides:

“(…) Article 19 Meaning of innocent passage

1.- Passage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State. Such passage shall take place in conformity with this Convention and with other rules of international law. 2.- Passage of a foreign ship shall be considered to be prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State if in the territorial sea it engages in any of the following activities

a) Any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or political independence of the coastal State, or in any other manner in violation of the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations;

b) Any exercise or practice with weapons of any kind;

c) Any act aimed at collecting information to the prejudice of the defence or security of the coastal State;

d) Any act of propaganda aimed at affecting the defence or security of the coastal State; e) The launching, landing or taking on board of aircraft;

f) The launching, landing or taking on board of any military device;

g) The loading or unloading of any commodity, currency or person contrary to the customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations of the coastal State;

h) Any act of wilful and serious pollution contrary to this Convention;

i) Any fishing activities;

j) The carrying out of research or hydrographic survey activities; k) Any act aimed at interfering with any systems of communication or any other facilities or installations of the coastal State;

l) Any other activity not having a direct bearing on passage. (…)”. (Italics not in original)

For its part, regarding navigation channels or waterways, this has been regulated by the Executive Branch through Executive Decree number 34551 of April 30, 2008, as well as the Navigation and Cabotage Regulations on the Network of Northern Canals Administered by the Board of Port Administration and Economic Development of the Atlantic Slope (Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, JAPDEVA) published in Supplement 144 to La Gaceta 155 of August 23, 2024.

Likewise, on the portal of the Ministry of Public Works and Transport, an enabled section called Aids to Navigation (https://www.mopt.go.cr/destacados/infraestructura/maritimo-portuaria/avisos-navegantes) is available for both coastlines.

It should be clarified that, at this Division, no application or procedure whatsoever, dealing with this matter, promoted by the appellant herein, has been received.

Prayer for Relief:

By reason of the arguments and legal citations set forth, since it is not within the competence of this Ministry nor of the Port Maritime Division to enable or authorize concessions or feasibility studies for placing devices with buoys anchored to the seabed for fishing, the substance of the appeal being against the regulation of the extraction of fishery products, their techniques, practices, and authorizations, all within the framework of competencies beyond the scope of the MOPT, I therefore request, under the principle of legality and with due respect, that the Amparo Appeal filed by Mr. Nombre91439 against the Ministry of Public Works and Transport and the Port Maritime Division be rejected on the merits”.

 
7.- By a writing received in the Secretariat of the Chamber at 09:52 hours on August 12, 2025, the appellant states the following:

“I appear before your authority to state the following regarding the reports from the respondents in this amparo.

In the first place, regarding the MOPT's report, it is more than interesting that the institution simply intends to disengage from a matter of this importance without even assuming any responsibility. Certainly, in the country, the law on waterways, or whatever it should be called, has not yet been approved, so that, with the exception of anchorages and maneuvering spaces at docks, the MOPT really, in its maritime division, does not deal with important aspects such as navigational safety, not even, as in this case, when faced with news that there is a possibility of affecting the navigable routes of large-draft foreign vessels. It is clear that this agency still does not assume the content and environmental responsibility of its activity, since, in accordance with what was ordered by the Constitutional Chamber in judgment 10540-2013, all activity on the sea must be understood as an environmental activity, textually:

"Since the World Charter for Nature and with greater influence since the Rio Declaration, the principles of Environmental Law fulfill the transversal function of informing and regulating economic activity on the sea. This branch of law ceases to be a mere external limit, since henceforth, all economic, social, and cultural activity related to the sea and its natural resources is increasingly subject to Environmental Law."

It is not simply a matter, then, of a merely technical function, but rather that the responsibility of this agency is closely related to environmental law and with it to the principles governing the matter, in particular the precautionary principle and, as has been raised in the amparo as one of the lines of reflection, the absence of studies, and in this case, the frank ignorance on the part of the institution, are not sufficient justification for inaction, much less are they justification for requesting, as is done, that the cause be dismissed and the amparo appeal rejected. From my point of view as a fisherman, as a responsible user of the fishery resource of this country, I simply cannot accept a posture so distant from the institutional duties of commitment to the environment, a commitment that is transversal to all activity on marine resources in general and fishery resources in particular. Precisely in the citation they make of Executive Decree number 45103-MOPT in its article 2, with crystal clarity, one of the attributions granted to the MOPT is precisely aquatic safety; it is understood, then, that the object of the amparo, insofar as the FADs or fish aggregating devices (plantados) are floating objects, invisible to the naked eye from the sea surface but which are within the draft range of cargo ships, should be, at the very least, a topic of interest for the safety of aquatic navigation, a topic they could well investigate and develop either to effectively rule out any competence or to be able to assume it. What is not acceptable is that they simply try to avoid responsibility from a kind of voluntary ignorance of the situation, even more so, from a posture that intends to disregard both environmental responsibility and responsibility regarding aquatic safety or aquatic routes. It is particularly important when the competence of the respondent agency does extend to offering a criterion on whether or not there is a danger to navigability from this type of installation.

Regarding the matter of the report from the National Coast Guard Service, it is true that this entity does not have the competence to regulate fishery resources, and the effort they record of visiting one or some of the indicated positions is recognized. The problem here is clearly a problem of approximation or (sic) of method: Nombre91437 perfectly understands the characteristic of these objects that are below the surface, below 6 meters, and with the same effects as a surface FAD or fish aggregating device (plantado). It is unfortunate that resources are invested in trips, which are costly, but they are mistaken in what they are looking for and that they affirm having found nothing, when it is clear, both to the undersigned and to many other fishing operators, that the objects are there and function as described; the objects cannot be seen from the surface because they are not on the surface, and a greater search effort is required, specifically a dive to 6 or 7 meters. Clearly, one cannot find what one is not looking for.

In relation to the INCOPESCA report, it is more than lamentable that the institution that by law has as its central competence the administration, regulation, and development of the country's fishery resources reasons as it does, indicating that they found no floating or submerged FADs or that Nombre3504 has not authorized tournaments that contemplate anchored FADs as a fishing technique, and that its work is limited to granting licenses, when it is evident, as can be deduced from the evidence, that the practice is widely known and disseminated precisely among sport fishing outfitters, all regulated by Nombre3504 through licenses. The practice cannot be unknown to the Institute, when it is clear, evident, and manifest that it is a widespread and public practice used to promote sport and tourist fishing.

Note that, as indicated in the amparo, only the use of fish aggregating devices (plantados) for high-seas tuna fishing is regulated; that Law 8436, the Fisheries and Aquaculture Law, in its article 60 indicates that it can only be practiced 80 miles off the coast, so this Amparo does not speak of this type of fish aggregating device (plantado). It is clear that sport fishing assiduously uses the mechanism to promote fishing, and it is clear that this is allowed by the fact that it is not duly regulated, or Nombre3504 does not bother to regulate it. In the response that Nombre3504 makes to the Environmental Prosecutor, official letter DOPA-RBGO-116-2025, the Institute uses a legal argumentation that simply does not align with the applicable environmental logic; INCOPESCA indicates:

“…from Nombre3504, the regulation of fishing activity on fish aggregating devices (plantados) is solely referred to for tuna fishing, according to agreements AJDIP/241-99 of 07/15/1999 and AJIP/282-99 of 08/30/1999. In a consultation made to the legal advisory office, they indicate to me that the fact that it is not expressly (sic) written does not mean it is permitted for other fleets such as tourist, sport, or commercial longline fleets; the fact that there is no (sic) express agreement or administrative sanction does not indicate that a violation of the Fisheries and Aquaculture Law No. 8436 is not being committed, since acts that are not permitted would be being carried out, and by not being permitted, they are prohibited... there does not expressly exist in the Fisheries and Aquaculture Law No. 8436 any article or part of the law, any agreement from INCOPESCA that dictates any sanction for sport fishing agencies that promote fishing on fish aggregating devices (plantados); that does not mean that a violation of the Fisheries and Aquaculture Law is not being committed, since they would be carrying out acts that are not permitted, and by not being permitted, they are prohibited."

In this confused reasoning of the Institute, whose competence is precisely to regulate the management of fishery resources and whose fundamental instrument is the issuance of agreements that are mandatory for users of the fishery resource, it simply attempts legal juggling that cannot be accepted. Such argumentation, on the contrary, only proves its historical omission; it only regulated fish aggregating devices (plantados) for tuna fishing since 1999 and has not issued any regulation for the use of fish aggregating devices (plantados) or FADs by tourist or sport fishing since then. And such omission CANNOT be attributed to ignorance, since just doing a simple search on the Internet yields hundreds of offers for tourist fishing on FADs.

A simple, non-exhaustive Google search for "pesca sobre fads costa rica" yields results like the following (sample):

https://www.yelu.cr/companies/fad fishing costa rica

http:llvvvmN.southerncostarica.biz/spanishlQueposlcat-pescalCosta-Rica-Fad-Fishing/1 5591

https:/lvillafirenzecr.com/fad-fishing-in-costa-rica

https://fadfishingcostarica.com

https://www.centralamerica.com/exoeriencing/traveI/fad-fishing-costa-rica

The argumentation clashes grossly with the exercise of INCOPESCA's competence: the Institute is responsible for the correct regulation of fishing practices, and fishing on fish aggregating devices (plantados), as offered in Costa Rica and as indicated in the attached evidence, as a sample, is a fishing activity that clearly Nombre3504 HAS NOT REGULATED, and it seems it continues to avoid doing so, as if going to the positions and not locating the devices (without making a dive) turned out to be proof that they do not exist, when the offer from various tourist fishing operators that expressly speak of fishing on FADs and submarine mountains is simply overwhelming.

Nombre3504 takes refuge in a kind of legal sophism: what is not expressly permitted is prohibited. Clearly, such a principle, certainly applicable in environmental law, is not usual in the private sphere, which is the sphere in which sport fishing initiatives operate, and clearly, by not being regulated, an enormous loophole opens up for the development of these practices. Nombre3504 assumes that users will avoid using FADs because there is no express regulation permitting them, and that until such regulation exists, they will abstain. Such argumentation, on the contrary, seems more like a concealed permit than a true institutional function of fisheries regulation wherein, in light of the provisions of the current matter, only what is expressly regulated or permitted is allowed, because fishing is an activity that is an exception within the management of wildlife, but, on the contrary, any practice tending to threaten the resource must be expressly prohibited, especially when there is no study indicating what the impact of this practice is. In this sense, Nombre3504 violates the provisions of the Code of Conduct for Responsible Fisheries, which indicates in its article 6.5:

"States and subregional and regional fisheries management organizations should apply widely the precautionary approach to the conservation, management and exploitation of living aquatic resources in order to protect them and preserve the aquatic environment, taking into account the best scientific evidence available. The absence of adequate scientific information should not be used as a reason for postponing or failing to take measures to conserve target species, associated or dependent species and non-target species and their environment."

The same Constitutional Chamber, as far back as 2013, in judgment 10541-2013, a judgment well known to Nombre3504 and which at the time was answered with similar arguments, indicates with crystal clarity:

1.- Preventive criterion: It is recognized that it is vitally important to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats.

2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura: When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and to the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures.

3.- Criterion of public environmental interest: The use of the elements of biodiversity must guarantee the development options of future generations, food security, the conservation of ecosystems, the protection of human health, and the improvement of the quality of life of citizens.

4.- Criterion of integration: The conservation and sustainable use of biodiversity must be incorporated into cross-sectoral and sectoral plans, programs, activities, and strategies, in order that they become integrated into the development process."

These principles, originating from International Environmental Law, are directly applicable to human activity on the sea, among which fishing activity stands out, which from then on came to be subject to such provisions, for whose compliance the States are responsible for ensuring."

An additional important element has to do with the biology specific to fish aggregations: submerged fish aggregating devices (plantados) or FADs, some located even beyond the 80-mile limit, generate agglomerations of juvenile and smaller fish, and these in turn attract other predators such as juvenile tuna, and in terms of about 21 days there can be 1 or 2 hectares (the term is used to establish an approximate area) of juvenile tuna mixed with other pelagic fish. International tuna vessels know the position of these buoys or FADs and cast their nets, capturing enormous quantities of juvenile tuna and other species, in order to then discard everything that is not tuna or that is not of sufficient size, a discarding in which a great quantity of fish is lost precisely because of the discarding. They carry out this practice precisely because the use of FADs is not duly regulated.

This being the case, the reports are simply not acceptable, for not being focused within the correct perspective that both the referred Constitutional Judgment and other pronouncements have established. It is particularly ironic that it is intended to indicate that, since there is no regulation, which clearly corresponds not to the Law but to the regulatory exercise of INCOPESCA, the phenomenon referred to, specifically fishing on anchored fish aggregating devices (plantados), must remain unregulated, and it is intended to indicate that the amparo must be rejected. We are faced with a clear institutional omission, but one carried out in the management of marine resources, in flagrant violation of the constitutional principles that have already been established for more than 12 years on the matter. That the institutions that are directly involved with aspects of marine safety and especially with the management of marine resources respond, as is popularly said, by "washing their hands," is simply more than worrying, and meanwhile, the offers of fishing on fish aggregating devices (plantados) continue as a tourist attraction.

I respectfully maintain my request that the amparo be declared with merit, that fishing practices of any type, including sport and tourist fishing, on fish aggregating devices (plantados) or "fads-seamounts" be declared unconstitutional, and that an immediate order be given to Nombre3504 to carry out, through a Board of Directors' agreement, the pertinent and necessary regulations so that such practice disappears both in tournaments and in fishing trips, tourist offers; likewise, that the deinstallation of existing devices be ordered.”

 
8.- By means of a ruling at 11:07 hours on October 30, 2025, as evidence for better resolution, the Instructing Magistrate ordered Nelson Peña Navarro, in his capacity as Executive President of Nombre3504 or whoever holds that position, to inform this Chamber of the following: 1) The oversight work that this technical body has carried out to prevent fishing activities in which anchored fish aggregating devices (plantados) or FADs are used as a fishing technique. 2) The actions that his represented body has taken regarding the fishing activities promoted on the Internet where the FADs system is used. By way of example, the appellant in the last writing indicated the following links: https://www.yelu.cr/companies/fad fishing costa rica. http:llvvvmN.southerncostarica.biz/spanishlQueposlcat-pescalCosta-Rica-FadFishing/1 5591. https:/lvillafirenzecr.com/fad-fishing-in-costa-rica https://fadfishingcostarica.com. https://www.centralamerica.com/exoeriencing/traveI/fad-fishing-costa-rica.

9.- Nelson Peña Navarro reports under oath, in his capacity as Executive President of Nombre3504 (writing submitted at 16:04 hours on November 3, 2025) in the following terms:

“1) On the oversight work of INCOPESCA to prevent fishing activities in which anchored fish aggregating devices (plantados) or FADs are used as a fishing technique.

It is reiterated that Nombre3504 has carried out concrete actions to verify the possible existence of fish aggregating devices at the coordinates provided by the plaintiff:

First inspection: Carried out on June 12, 2025, at coordinate 1 indicated by the complainant (08°03.235N, Telf7211), with the participation of officials from Nombre3504 and the National Coast Guard Service. No buoys, floating objects, or signs of biological activity attributable to submerged fish aggregating devices (plantados) were detected.

Second inspection: Carried out on June 26, 2025, at both coordinates reported by the plaintiff (08°03.235N, 083°53.2190 and 07°53.328N, 084°00.4590), using a vessel with greater autonomy. Again, no floating or submerged devices were found; only a yacht was observed fishing in motion (trolling) around one of the points, which does not constitute proof of the existence of fish aggregating devices (plantados).

These inspections were duly documented and communicated to the Environmental Protection Prosecutor's Office of Osa within criminal process 25-000048-1111-PE, which is currently in a condition of Prosecutorial Archive, since the Public Ministry, based on the evidence provided, could not prove the existence of these devices or identify a presumed responsible party.

Likewise, as indicated in the response to this appeal, even though it is INCOPESCA, the technical body in charge of the administration, regulation, and sustainable development of the country's fishery and aquaculture resources, and that within its competencies it is responsible for issuing regulations and granting fishing licenses, the functions related to navigation safety and control of structures at sea, in accordance with the current legal framework, fall to the MOPT, the National Service of Nombre91437 (SNG), and particularly to the MINAE, for which reason maritime and environmental compliance must be verified and guaranteed, as well as control and oversight by these Ministries.

2) On the actions that Nombre3504 has taken regarding the fishing activities promoted on the Internet where the FADs system is used.

It is important to mention that INCOPESCA filed, on October 15 of this year, a formal complaint before the Deputy Prosecutor's Office of Puntarenas, regarding a search on social media that determined the existence of unauthorized sales of fishery products or fishing tours on the social network FACEBOOK, in which contact points are detailed that we consider highly important and necessary in order to be able to act inter-institutionally before these sales for the purpose of influencing their consumption and adjusting such actions to the current regulations, which falls within the institutional commitment to collaborate with the protection of the public marine space.

Conclusion

This Institute reiterates that there is no arbitrary omission or violation of fundamental rights in the matter raised. On the contrary, it has acted with due diligence in coordination with other competent institutions, verifying the complaints filed and maintaining the current fishing regulations.”

 
10.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

                Prepared by Magistrate Pacheco Salazar; and,

 Whereas:

I.- Object of the appeal. The appellant claims that fish aggregating devices have evolved from a simple drifting log, whose shade provides refuge to fish species that attract other predatory species, through artificial floating devices, built with PVC structures, nets, and covering textiles, widely used by high-seas tuna fishing, located with beacons for their location. By aggregating fish, it also aggregates tuna, and this phenomenon is used by purse-seine tuna fishing, a practice known as tuna fishing on fish aggregating devices (plantados). More recently, more elaborate devices designed for sport fishing are found, this time fixed devices, consisting of a concrete weight of around one ton popularly called a "cheese" (queso), which is thrown to the seabed to anchor a cable that in turn holds a submerged buoy normally at about 20 or 40 feet deep (6 to 12 meters), in combination with old nets, mesh, or other elements that, by providing shade, serve for fish to aggregate around them and thereby attract species of interest such as tuna or billfish. Costa Rica has prohibited tuna fishing on fish aggregating devices (plantados) in the agreement of Nombre3504 A.J.D.I.P./241-99. Such provision deals with purse-seine tuna fishing carried out by large vessels, fishing regulated under article 49 of the Fisheries and Aquaculture Law No. 8436. This fishing is practiced entirely by international vessels because the country has no such vessels. In the cited Board of Directors agreement, at that date, the concept of a prohibited fish aggregating device (plantado) only contemplated the floating fish aggregating device (plantado) used by tuna fishing. Currently, in addition, the Fisheries and Aquaculture Law, in its article 60, prohibits the operation of these vessels within the first 80 nautical miles of the Exclusive Economic Zone. So this wide area of our Exclusive Economic Zone, known for its richness in tuna and billfish (marlin, sailfish) and other species of interest such as mahi-mahi (dorado), is then technically lacking in regulation on fish aggregating devices (plantados), precisely because the latest version of an anchored fish aggregating device (plantado) described above is left unregulated. Starting around 2008, many private sport fishing initiatives (marinas, sport fishing operators, and commercial fishing operators) have developed a widespread practice for the installation of FADs or new-generation fish aggregating devices (plantados), oriented to sport fishing, that is, devices anchored to the seafloor using a cement weight of up to one ton, which holds a cable that anchors a buoy via a steel cable, normally a metallic buoy that is fixed at about 20 or 40 feet (6 to 12 meters) deep. Normally, this type of underwater installation is dropped about 20 or 40 nautical miles from the coast, in the present case, from Herradura, from Quepos, or from the Osa Peninsula, in shallow areas (sunken plateau areas), which are benthic soils with great biodiversity and which, given their characteristics, are called submarine mountains or "seamounts" in English, a concept that could be correct in the southern part of the country, as these geological formations are part of the chain of submarine mountains. Two impacts are evidenced, the first being the alteration of the seafloor of these submerged foothills, due to the weights that are dropped to the bottom, and the most important, the fishing impact exerted by the tourist fishing operators who concentrate their fishing effort in specific zones around the installations. Impacts carried out on a diverse ecosystem of utmost fragility and importance for the Costa Rican Pacific. This configuration of FAD or fish aggregating device (plantado) allows its position to be established precisely with the help of GPS; thus, those who have placed the device know they can go fishing due to the aggregation of fish generated by the shade. Because they are not explicitly regulated, the term "FAD" is normally used, and recently the term "fishing on submarine mountains" or the combination in English of both: "FAD Seamounts" is also used. Thus, countless sport fishing advertisements in Costa Rica, both in the Quepos area (Los Sueños Marina) and the marinas of Quepos, and the various sport fishing initiatives, advertise this type of fishing as an attraction for tourist fishing. Clearly, marinas and operators are interested in ensuring that their users, normally foreign tourists with little time available, have a “successful” fishing trip, that is, that they manage to catch several specimens, and this type of device provides them with safe fishing in record time. Fish aggregating devices generate a significant impact by changing the normal behavior of pelagic fish populations. They artificially generate shade that attracts small species, and behind them come larger fish. By being concentrated and by practicing sport or tourist fishing, or commercial fishing, on them, a much greater impact is generated in a shorter period on marine ecosystems, and with it much greater harm; in addition, the placement of these installations affects the seabed with their weight, as well as generating fishing advantages for those who finance them, to the detriment of those who fish freely. In addition to the open offer from sport fishing operators (hotels, marinas, companies, or individuals dedicated to tourist fishing) to come and fish in “FAD seamounts,” that is, to fish around these fish aggregating devices (plantados), the marinas are constantly organizing fishing tournaments, many of which include fishing on fish aggregating devices (plantados) or FADs, tournaments that must be approved and authorized by INCOPESCA, an institution that, to date, has not addressed the use of this technique, leaving an activity without regulation that clearly affects vulnerable ecosystems. Added to tourist fishing (marinas, commercial operators, whether companies or individuals), many sport fishing operators (owners of yachts located in the marinas) also use the geolocation of the fish aggregating devices (plantados) offered to them by the marinas to carry out fishing activities.

Since there is no type of regulation, that is, since they are not permitted, interpreting environmental law in favor of nature, that is, in a restrictive sense, they are technically prohibited and, when used as part of fishing gear, any type of fishing derived from these installations would be illegal fishing.

II.- Proven facts. The following facts are deemed duly proven as being of importance for the decision of this matter, either because they have been accredited as such or because the respondents have omitted to refer to them as provided in the initial order:

Anchored fish aggregating devices (plantados anclados) are a supposedly emerging practice whose regulation requires technical studies and inter-institutional coordination, but this practice is neither endorsed nor authorized by Incopesca for any fleet (see report of the Executive President of Incopesca).
The current regulation prohibits the use of floating fish aggregating devices (plantados flotantes) for purse seine tuna fishing (Agreement A.J.D.I.P./241-99) (see report of the Executive President of Incopesca).
On June 12, 2025, the first inspection was conducted at coordinate 1 indicated by the complainant (08°03.235N, Telf7211), with the participation of officials from the National Coast Guard Service and Incopesca, but no buoys, floating objects, or signs of biological activity attributable to submerged fish aggregating devices (plantados sumergidos) were detected (see report of the Executive President of Incopesca and documentary evidence provided).
On June 26, 2025, in the second inspection conducted at the coordinates reported by the plaintiff (08°03.235N, 083"53.219W and 07°53.328N, 084°00.4590), using a vessel with greater autonomy, again, no floating or submerged devices were found; only a yacht was observed fishing while underway (trolling) around one of the points, which does not constitute proof of the existence of fish aggregating devices (plantados) (see report of the Executive President of Incopesca and documentary evidence provided).
Both inspections were communicated to the Environmental Protection Prosecutor's Office of Osa within criminal process No. 25-000048-1111-PE, which is currently in a prosecutorial archive status, ordered by resolution at 7:15 a.m. on October 16, 2025, since the prosecuting body, based on the evidence provided, was unable to prove the existence of these devices or the individualization of a presumed responsible party (see reports of the Executive President of Incopesca and documentary evidence provided).
Both inspections were carried out without conducting diving or using any special sonar equipment, as Incopesca does not have that type of resources. At the request of the Public Prosecutor's Office, the Directorate of the National Coast Guard Service (Coast Guard Commissioner) was consulted on June 30, 2025, as to whether they have such equipment, but they have not yet responded (see documentation provided by the Executive President of Incopesca).
The authorizations issued by Incopesca for sport fishing tournaments are limited to licenses under the general rules of sport fishing, without including or endorsing practices such as those described in this appeal (see report of the Executive President of Incopesca).
Tourist fishing operators promote fishing on FADs and seamounts in the country (see subsequent submission presented by the appellant).
On October 15, 2025, Incopesca filed a complaint with the Judicial Investigation Agency -OIJ- reporting that a search on social media determined the existence, on the social network FACEBOOK, of sales of unauthorized fishing products or fishing tours, detailing contact points that are considered highly important and necessary for inter-institutional action against said sales in order to influence their consumption and bring said actions into compliance with current regulations, which is part of the institutional commitment to collaborate with the protection of the public marine space (see second report of the Executive President of Incopesca and documentary evidence provided).

III.- Unproven fact. The following fact of relevance for the resolution of this amparo is considered unproven.

Sole: That Incopesca has authorized a tournament that, expressly or implicitly, contemplates the use of anchored fish aggregating devices (plantados) or FADs as a fishing technique (see report of the Executive President of Incopesca).

IV.- On the right to a healthy and ecologically balanced environment. It must first be noted that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution), as well as through applicable international regulations in Costa Rica. In this regard, in judgment No. 2006-005928 of 3:00 p.m. on May 2, 2006, this Court resolved: "The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Likewise, the right to health finds its basis in that provision of the political charter, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Now, public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in Articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution. Specifically, Article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Court has resorted to the use of the notion of 'environmental quality' as a parameter, precisely, of the quality of life of people, which is combined with other elements such as health, food, work, and housing, referring to the fact that every person has the right to use the environment for their own development but not in an unlimited manner, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations –principle of sustainable development–". Likewise, from Article 50 of the Political Constitution derives the obligation of the State to protect the environment. A provision that establishes to that effect: "The State shall strive for the greatest well-being of all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions." This corroborates that the various public authorities have the unavoidable duty to preserve, defend, and guarantee the fundamental right of every person to health and to a healthy and ecologically balanced environment.

V.- On the coordination of public institutions in the comprehensive protection of the environment. There is an obligation for the State -as a whole- to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or inappropriate use of natural resources, which endanger the health of the governed. In this task, a public institution is understood to mean the Central Administration -Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health-, which, by reason of the subject matter, have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized departments on the matter. Likewise, the municipalities have great responsibility in this task with respect to their territorial jurisdiction. Due to the diversity of actors that may intervene, one might think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management. Therefore, in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships between the various departments of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions entrusted to them. This Chamber has already referred to the principle of coordination of public departments with the municipalities in the achievement of common goals, stating in judgment No. 1999-005445 of 2:30 p.m. on July 14, 1999, that: "Coordination is the ordering of relations between these various independent activities, which takes charge of that concurrence in a single object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. Since there is no hierarchical relationship between decentralized institutions, nor between the State itself and the municipalities, it is not possible to impose certain behaviors on the latter, which gives rise to the essential inter-institutional 'concert', in the strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one plays a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relations of the municipalities with other public entities can only be carried out on a level of equality, resulting in agreed forms of coordination, with the exclusion of any imperative form to the detriment of their autonomy, that would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the latter (through the 'administrative oversight' of the State, and specifically, in the function of legality control that the State has, with general oversight powers over the entire sector").

VI.- The protection of hydrobiological resources. Various reasons compel the State to use its best efforts to adequately protect its immense spaces of territorial sea, exclusive economic zone, and its internal waters. The same can be said of its duty to avoid at all costs becoming an accomplice to the degradation of the environment and marine biodiversity outside its territorial and patrimonial waters. On the one hand, it has an unavoidable duty to ensure the preservation of the environment, and this of course includes adopting those measures necessary to avoid damage to maritime and aquatic ecosystems in general, protect the species of living beings that inhabit those environments, prevent the pollution of the seas and internal waters, as well as react forcefully against actions that threaten the integrity of the aquatic environment. Likewise, the State is equally compelled by the Political Constitution to guarantee dignified and sufficient means of subsistence for all its inhabitants, seeking an adequate distribution of the wealth generated. In this context, the Administration must promote the sustainable use of natural resources, thereby enabling the country to develop economically without compromising the integrity of the environment. Fishing and aquaculture are lawful economic activities of great importance for the dietary health of the population, generating considerable benefits for those engaged in them and for the country, but which, due to the delicacy and importance of the environment in which they are carried out, must be subject to strict regulation. It is also necessary to defend the public domain, particularly with regard to the hydrobiological resources that belong to the Nation as public domain goods (judgment No. 2006-001109 of 9:40 a.m. on February 3, 2006).

VII.- On the specific case. The appellant accuses the use of fish aggregating devices, known as FADs or "plantados" anchored in the sea, which are used in sport and tourist fishing, despite not being legally authorized.

In this regard, Incopesca denies having authorized a tournament that, expressly or implicitly, contemplates the use of anchored fish aggregating devices (plantados) or FADs as a fishing technique. It is also proven that the current regulation prohibits the use of floating fish aggregating devices (plantados flotantes) for purse seine tuna fishing (Agreement A.J.D.I.P./241-99). To the above, it must be added that in two inspections, the submerged objects were not found at the coordinates indicated by the appellant. Specifically: 1) On June 12, 2025, the first inspection was conducted at coordinate 1 indicated by the complainant (08°03.235N, 083°53.2190), with the participation of officials from Incopesca and the National Coast Guard Service, but no buoys, floating objects, or signs of biological activity attributable to submerged fish aggregating devices (plantados sumergidos) were detected. 2) On June 26, 2025, in the second inspection conducted at the coordinates reported by the plaintiff (08°03.235N, 083"53.219W and 07°53.328N, 084°00.4590), using a vessel with greater autonomy, again, no floating or submerged devices were found; only a yacht was observed fishing while underway (trolling) around one of the points, which does not constitute proof of the existence of fish aggregating devices (plantados). Furthermore, both inspections were communicated to the Environmental Protection Prosecutor's Office of Osa within criminal process No. Telf7212, which is currently in a prosecutorial archive status, ordered by resolution at 7:15 a.m. on October 16, 2025, since the prosecuting body, based on the evidence provided, was unable to prove the existence of these devices or the individualization of a presumed responsible party.

 However, it is true, firstly, that it is accepted that both inspections were carried out without conducting diving or using any special sonar equipment, as Incopesca does not have that type of resources. Hence, at the request of the Public Prosecutor's Office, the Directorate of the National Coast Guard Service (Coast Guard Commissioner) was consulted on June 30, 2025, as to whether they have such equipment, but they have not yet responded. Secondly, in subsequent submissions, the appellant indicates other coordinates where they affirm there are more devices and provides internet links where tourist fishing operators promote fishing on FADs and seamounts in the country. The foregoing is accepted by Incopesca, since on October 15, 2025, they filed a complaint with the OIJ reporting that a search on social media determined the existence, on the social network FACEBOOK, of sales of unauthorized fishing products or fishing tours, detailing contact points that are considered highly important and necessary for inter-institutional action against said sales in order to influence their consumption and bring said actions into compliance with current regulations (see documentary evidence provided with the second report rendered in response to an order for better proof requested by this Chamber).

On repeated occasions, this Court has had the opportunity to refer to the precautionary principle or in dubio pro natura, which is essential in the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, as stipulated in Article 50 of the Political Constitution. In that sense, in votes number 14180-10 of 2:35 p.m. on August 25, 2010, and 108889-11 of 3:22 p.m. on August 16, 2011, reiterated in judgment No. 2019-012746 of 12:11 p.m. on July 10, 2019, the Chamber stated on the subject in question, the following:

"IV.- On the precautionary principle and sustainable development. In addition to the above, it is of importance for the resolution of this matter to take into account two principles of special relevance in environmental matters, namely the precautionary principle and the principle of sustainable development. Concerning the first, it must be noted that this Chamber has recognized that, in the protection of our natural resources, a preventive attitude must exist, from which the State must arrange everything necessary – within the scope permitted by law – to prevent irreversible damage to the environment. It is also called the principle of 'prudent avoidance', contained in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which literally states:

'Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.'

Consequently, actions must be deployed in advance to avoid the negative effects of a project, and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. Thus, if there is a risk of serious or irreversible damage -or a doubt in this regard- a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. This is because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but will hardly compensate for the damages caused to the environment."

 

In view of this situation, and mainly due to the existing doubt, this Chamber, based on the precautionary principle, considers that the appellant's claims must be protected, since the fact that Incopesca has not authorized it does not mean that it is not being carried out. Especially since compelling evidence of its execution is provided. Apart from the fact that Incopesca accepts that the referred inspections, as a result of which it claims no floating or submerged devices were found, were not even conducted with the equipment deemed appropriate, at least divers. Furthermore, the National Coast Guard Service was consulted as to whether they have such equipment, and it is indicated that they have not responded for more than four months. These actions are insufficient to address the problem denounced by the appellant, since even the Director General of the Maritime-Port Division of the Ministry of Public Works and Transport reports that his represented entity has no responsibility for the accused acts, disregarding the protection that the State must provide to the environment as a whole.

VIII.- Conclusion. Therefore, the appeal is granted, with the effects indicated in the operative part.

IX.- PARTICULAR REASONS OF MAGISTRATES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL ON THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES IN ENVIRONMENTAL MATTERS, WITH WRITING BY THE LATTER.

While we agree with the majority of the Court regarding the granting of the sub iudice, we consider it pertinent to determine the following in relation to the constitutional principles in environmental matters.

Concerning the preventive and precautionary principles, in judgment No. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber stated:

"In this line of thought, specialized doctrine has indicated that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined risks identified at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle states that, where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle starts from reasonable scientific uncertainty combined with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work may cause. While in the former such certainty exists, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies (...)"

Precisely, the precautionary principle must be understood as contemplated in principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: "Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." That is, it is not about the requirement to have scientific studies to arrive at the 'absolute certainty' of the innocuousness of an activity for the environment (as a matter of principle, total safety is hardly achievable), but rather that, although the danger of serious or irreversible damage to the environment is not entirely assured, such uncertainty will never justify or excuse postponing the execution of effective measures to prevent environmental degradation. In this regard, note, on the one hand, that we are not dealing with any type of threat, since it must plausibly involve a serious danger, and, on the other hand, that the measure demands an effective and efficient use of the resources employed. Consistent with this position, even though the precautionary principle is linked to a certain level of scientific uncertainty, this does not imply that it can be used unrestrictedly with the argument that any activity could generate damage to the environment, which would denature its raison d'être; rather, it is necessary that there be a certain degree of identification of the dangers of serious or irreversible damage that could be generated, whose determination varies according to the specific particularities of the case. Thus, when faced with a situation that requires the application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new application or modification that reasonably entails a serious risk; they are even obliged to suspend activities that are being carried out. At the same time, they must efficiently and effectively adopt all necessary measures for the preservation of a healthy and ecologically balanced environment.

The referred principle is likewise encompassed in a hard law legal source, as principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change, ratified by Costa Rica through law No. 7414 of June 13, 1994, and by all OAS member states, stipulates:

"3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To that end, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties."

The precautionary principle is also provided for in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which is ratified by 32 OAS Member States, including Costa Rica. In that sense, see law No. 8538 of August 23, 2006, which reads:

"ARTICLE 1 Objective Mindful of the precautionary approach as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (...)."

Similarly, this principle is contemplated in the Convention on Biological Diversity, ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through law No. 7416 of June 30, 1994, whose preamble establishes: "(...) Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of significant reduction or loss of biological diversity at source. Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (...)."

In accordance with the referenced regulations in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also referred to the precautionary principle in Advisory Opinion OC 23/17 of November 15, 2017:

"180. (...) Therefore, this Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle for the protection of the right to life and to physical integrity, in cases where there are plausible indications that an activity could cause serious and irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty. Therefore, States must act with due caution to prevent possible damage. Indeed, in the context of protecting the rights to life and to physical integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle, and therefore, even in the absence of scientific certainty, they must adopt measures that are 'effective' to prevent serious or irreversible damage."

Subsequent to that resolution and through a judgment in Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, the Inter-American Court of Human Rights ruled on February 6, 2020, as follows: "the right to a healthy environment 'must be considered included among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention,' given the obligation of States to achieve the 'integral development' of their peoples, which arises from Articles 30, 31, 33, and 34 of the Charter." Of high significance, it must be emphasized that, in this pronouncement, the Inter-American Court of Human Rights refers to Advisory Opinion No. OC-23/17 for the purpose of developing the content and scope of that right, by virtue of which the legal considerations of the latter have logically come to attain the legal binding force of a judgment. Along these lines, the international jurisdictional body reiterates "that the right to a healthy environment 'constitutes a universal interest' and 'is a fundamental right for the existence of humanity,' and that 'as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence about the risk to individual persons. It is about protecting nature,' not only for its 'utility' or 'effects' regarding human beings, 'but for its importance to the other living organisms with whom the planet is shared.' The foregoing does not prevent, of course, that other human rights may be violated as a consequence of environmental damage." Precisely, in developing the conceptualization of the right to the environment, the Inter-American Court of Human Rights clearly details the State obligations in the face of possible environmental damage, such as the duty of prevention, the precautionary principle, the obligation of cooperation, and access to information.

In summary, the application of the precautionary principle implies that when there are indicators that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible damage to the environment, the lack of absolute scientific certainty or evidence about such eventual harm does not exempt from the obligation to adopt all those efficient and effective measures to prevent a violation of the environment.

Regarding the preventive principle, in the first UN report on the state of international environmental law, document A/73/419 of November 30, 2018, prepared by its Secretary-General pursuant to the General Assembly resolution of May 10, 2018 (No.

A/72/L.51), it is conceptualized as a normative guideline of customary international law “confirmed by the relevant practice in many environmental treaties and major codification projects.”

Now, although the aforementioned report emphasizes the prevention of transboundary harm, the truth is that this general principle of law, as well stated in the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the 19th Edition of the Ibero-American Judicial Summit‑2018 and by the Full Court in Article XIX of session No. 28-2020 of May 25, 2020), has a much broader scope, since, as a hermeneutical guide, it leads to “the causes and sources of environmental problems being addressed in a priority and integrated manner, trying to prevent the negative effects on the environment that may occur. The criterion of prevention will therefore prevail over any other in the public and private management of the environment and natural resources.” The foregoing makes complete sense, as it is consistent with the duty to prevent the occurrence of environmental damage, and not limit itself to deciding on the reparation of harmful consequences already confirmed, including ordering the cessation of the harmful effects. ccc

This institute is reflected, among other norms, in articles 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through Law No. 7291) and 5 and Annex II of the United Nations Agreement on Straddling and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through Law No. 8059), as well as in constitutional jurisprudence (see rulings No. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, and No. 2018016383 of 5:00 p.m. on September 28, 2018, among many others) and in conventional jurisprudence, for example, in advisory opinion No. OC-23/17 of November 15, 2017, paragraphs: 127 to 174 and subsections a) and b) of paragraph 242, and the judgment of November 24, 2022, Nombre78923 vs. Chile. Precisely, in the latter, the Inter-American Court of Human Rights expressly states:

“208. Notwithstanding the foregoing, in specific environmental matters, it must be emphasized that the principle of prevention of environmental damage forms part of customary international law, and entails the obligation of States to carry out the measures that are necessary ex ante to the production of environmental damage, taking into consideration that, due to its particularities, it will frequently not be possible, after such damage has occurred, to restore the previously existing situation. By virtue of the duty of prevention, the Court has indicated that ‘States are obliged to use all means at their disposal to prevent activities carried out under their jurisdiction from causing significant damage to the […] environment.’ This obligation must be fulfilled under a standard of due diligence, which must be appropriate and proportional to the degree of risk of environmental damage. On the other hand, while it is not possible to make a detailed enumeration of all the measures States could take to fulfill this duty, some can be pointed out, relating to potentially harmful activities: i) regulate; ii) supervise and monitor; iii) require and approve environmental impact studies; iv) establish contingency plans; and v) mitigate in cases of occurrence of environmental damage.”

For its part, the principle in dubio pro natura means, according to the ‘World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the Rule of Law in Environmental Matters,’ that “in case of doubt, all proceedings before courts, administrative bodies, and other decision-makers shall be resolved in such a way as to favor the protection and conservation of the environment, giving preference to less harmful alternatives. Actions shall not be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived from them” (see principle V).

With the same orientation, according to the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the 19th Edition of the Ibero-American Judicial Summit‑2018 and by the Full Court in Article XIX of session No. 28-2020 of May 25, 2020), “Every operator of environmental norms must always keep in mind the pro natura principle, according to which risks shall be avoided, general collective interests shall be privileged over private ones, the preservation of the environment shall be favored, and in case of doubt, the interpretation that more broadly protects the environment shall be preferred.”

An evolution of the foregoing has led to the establishment of the “pro natura principle,” in which the “in dubio” part is set aside, so that its scope of application is widened and covers situations in which legal uncertainty does not necessarily exist. In this way, the application of the pro natura principle does not depend on there being a danger of serious or irreversible damage—as occurs with the precautionary principle—but implies a “general rule of behavior for the relationship of the State—and society in general—with the environment, applicable to all areas of decisions where there is a risk of affecting the environment, and which obliges us to avoid choosing those conducts that may cause damage to the environment when other options exist” (Olivares and Lucero, 2018).

The Inter-American Court of Human Rights referred to this principle for the first time in Advisory Opinion OC-32/25 of May 29, 2025, in which it determined that, within the framework of protecting nature as a subject of rights, the pro natura principle must be interpreted in harmony with the pro persona principle. Likewise, the Inter-American Court linked the pro natura principle with other procedural principles, namely “the principles of availability of evidence, procedural cooperation, pro persona (…) and pro actione” as part of the evidentiary rules to be employed regarding the right of access to justice.

In summary, the pro natura principle establishes that, in any legal conflict, the interpretation that best favors the protection of nature and the full enjoyment of environmental rights must always prevail, even when not facing a situation involving uncertainty. This hermeneutical guideline must be followed in every relationship between the state, society, and the environment, so that the solution that best protects or most favors nature is always chosen.

On the other hand, in ruling No. 2012013367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012, this Constitutional Court referred to the principles of progressivity and non-regression in environmental matters in this manner:

“V. On the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is contained in Articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under the protection of these norms, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, especially those, such as the right to the environment (Art. 11 of the Protocol), that require multiple positive actions from the State for their protection and full enjoyment by all their holders. From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of laws to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, contained in Article 34 of the Constitution, the principle of non-regressivity or irreversibility of the benefits or protection achieved is derived. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportional justification, the situation of the rights achieved up to that point. This principle does not imply absolute irreversibility because all States experience national situations, of an economic, political, social nature, or caused by nature, that negatively impact the achievements made up to then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In those cases, the Law of the Constitution and the principles under examination oblige the justification, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, of the reduction in levels of protection. In this sense, the Constitutional Chamber has expressed in its jurisprudence, regarding the right to health: ‘…in accordance with the PRINCIPLE OF NON-REGRESSIVITY, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus then, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of openness to access to medicines, it cannot—much less through an International Treaty—reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting commerce. (Ruling of the Constitutional Chamber No. 9469-07). Regarding the right to the environment, it stated: "The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment in accordance with the Law of the Constitution, which does not admit a regression to its detriment." (Ruling of the Constitutional Chamber No. 18702-10).’ (The highlighting is not from the original). (See also rulings 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745, and 2019-017397).”

Thus, in accordance with the principle of progressivity, the State assumes the obligation to increase, as far as possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, the application of the principle of non-regression consists of a guarantee that constrains the State to refrain from adopting measures, policies, or norms that worsen, without reasonable and proportional justification, the degree of protection of fundamental rights already achieved, and that, if such is the case, corresponding compensation measures must be weighed.

Finally, this Tribunal explained the principle of objectification of environmental protection in these terms:

“Regarding the environment, object of the fundamental right stated, our Constitution also requires it to be ‘healthy.’ The requirement ‘healthy’ leads us to ‘regenerative capacity’ and ‘succession capacity’ to guarantee life. From both requirements: ‘healthy’ and ‘balanced,’ the need for sustainable and sustained development is derived; quality of life and environmental quality depend on it. Now, with the concepts of ‘environment,’ ‘healthy,’ ‘ecologically balanced,’ the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, be they legislative or administrative, such that, in the terms of Articles 16 of the General Law of Public Administration and 38 of the Organic Law of the Environment, state actions in environmental matters must be based on, and cannot contradict, the unambiguous rules of science and technique in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, additionally, a ‘greater well-being for all the inhabitants of the country.’ Regarding the submission of legislative and administrative decisions to the unambiguous rules of science and technique, the Chamber has called it the principle of objectification of environmental protection: ‘From the objectification of environmental protection (…) it is a principle that in no way can be confused with the previous one [precautionary principle or "principle of prudent avoidance"], insofar as, derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration, it translates into the need to accredit decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and provisions of a general nature—both legal and regulatory—from which the requirement of linkage to science and technique is derived, thereby conditioning the Administration's discretion in this matter. So that, in attention to the results derived from those technical studies—such as environmental impact studies—if objective technical criteria are evidenced denoting the probability of evident damage to the environment, natural resources, or people's health, it is then obligatory to discard the proposed project, work, or activity; and in the case of "reasonable doubt," it is obligatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which can translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.' (rulings of the Constitutional Chamber Nos. 21258-2010, 17126-2006, 14293-2005)” (emphasis added). (Resolution No. 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012).

Now, in the sub examine, the injury to fundamental rights is proven, due to the lack of diligent, swift, and coordinated action by the respondent authorities for the purpose of preventing fishing activity that uses fish aggregating devices fixed with large concrete weights on the seabed. Regarding this point, it should be noted that, in application of the precautionary principle, the lack of absolute certainty that this type of activity is being carried out in the terms alleged in the case at hand—which in any case stems from the respondent authorities' own inertia in carrying out the corresponding inspections with the necessary technical equipment—does not exempt them from the obligation to adopt efficient and effective measures to prevent a violation of the environment, since in the sub lite there are sufficient indications that such activity could cause serious and irreversible damage to the environment.

X.- Judge Castillo Víquez dissents and declares the appeal without merit. Unlike the majority, I consider that the amparo must be dismissed for the following reasons. As recognized in the judgment, Nombre3504 denied under oath having authorized any tournament that expressly or implicitly contemplates the use of anchored plantados or FADs as a fishing technique. In fact, current regulations prohibit the use of floating plantados for purse-seine tuna fishing (Agreement A.J.D.I.P./241-99). Furthermore, in the two inspections carried out at the locations indicated by the appellant, the submerged objects at the coordinates he indicated were not found. Based on the above, in the undersigned's opinion, the mere fact that the appellant, in a subsequent filing, provided some internet links where sport-fishing operators illegally promote fishing on FADs and seamounts in the country, does not necessarily lead to imputing to the administration the intention that third parties have to violate the law in the future. Certainly, there is a duty of constant oversight by the administration to ensure laws are not violated, but I believe that the application of the precautionary principle cannot be taken to such unreasonable and disproportionate extremes as the act of sanctioning the administration for the intentions of third parties to violate the law in the future, when it is not demonstrated that this has occurred and, even less so, without the prior consent or knowledge of the respondents. In this case, I consider that the precautionary principle must be applied so that the administration, once the knowledge of such intentions is demonstrated, must then indeed adopt oversight and prevention measures to prevent such a situation from occurring, but not to be sanctioned in an amparo proceeding for a fact that has not been verified, of which it is not demonstrated to have had prior knowledge, and even less to have authorized it, because in that sense, one would reach the absurdity of sanctioning the administration for every danger implied by the mere intention of a third party to violate an environmental law or regarding the publication on any internet medium of carrying out such intention. It is for the foregoing that I separate from the majority, declare the appeal without merit with the warning to the respondent that, from now on, having knowledge through this amparo of what was published by those third parties, it must adopt the necessary investigation, oversight, and prevention measures to prevent such a goal from being carried out.

XI.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO. The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution, but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Organic Law of the Environment, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on the Procedures for Environmental Impact Assessment (EIA), to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review from legality review. In this sense, it is the undersigned's criterion that this Chamber, through an amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and that directly affects a specific person or community. Otherwise, the matter must be raised and discussed through the legality process. Therefore, the simple breach of obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly within the purview of the legality process –administrative or jurisdictional– where, with much greater breadth, the breaches or omissions alleged can be scrutinized. It must be kept in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and rapid process, such that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and conducts a procedure, issuing administrative acts, its cognizance falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. For this reason, the review of administrative actions carried out regarding an environmental matter that requires, for its correct assessment, a full evidentiary proceeding, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or reviewing of technical or legal criteria developed under the protection of current legal or regulatory norms or with the taking of new and additional elements of proof necessary for contrasting or reviewing the criteria already appearing in the administrative case file. The opposite would imply transforming the amparo into an ordinary plenary proceeding, thereby denaturalizing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, losing its status as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its cognizance and oversight corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the jurisdiction of the legality process. Consequently, this appeal should have been summarily dismissed concerning this aspect, since its object is a matter properly belonging to the legality process to be discussed, analyzed, and resolved. However, as this was not done, the appropriate course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the actions and administrative conducts accused conform or not, in substance, to the provisions of the legal system, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

XII.- Documentation provided to the case file. The parties are advised that, if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch," approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is declared with merit. It is ordered that Verny Gerardo Jiménez Rojas, Nelson Peña Navarro, and Juan Carlos Alvarado Quesada, respectively, in their capacity as General Director of the Maritime Port Division of the Ministry of Public Works and Transport, Executive President of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, and General Director of the National Service of Nombre91437, or whoever holds those positions, issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their authority so that, within a period of three months, counted from the notification of this judgment, the practice of fishing using FADs or Fish Aggregating Devices fixed with large concrete weights to the seabed is prevented. Respondents, or whoever holds their positions, are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison term of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be carried out or enforced, issued within an amparo appeal, and does not carry it out or fails to have it carried out, provided the offense is not more severely penalized. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Judges Cruz Castro and Rueda Leal record particular reasons regarding constitutional principles in environmental matters. Judge Castillo Víquez dissents and declares the appeal without merit. Judge Salazar Alvarado dissents and declares the appeal without merit, regarding the alleged violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Notify.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

	

Aracelly Pacheco S.

 

 

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