Res. 35727-2025 Sala Constitucional — SINAC's Refusal to Provide Inspection Report Due to Ongoing Criminal CaseNegativa de SINAC a entregar informe de inspección por existir causa penal

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 35727 - 2025

Fecha de la Resolución: 31 de Octubre del 2025 a las 09:30

Expediente: 25-028450-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución



Exp: 25-028450-0007-CO

Res. Nº 2025035727

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-028450-0007-CO, interpuesto por Nombre32587, cédula de identidad CED14629, a favor de la ASOCIACIÓN CÍVICA DE HERMOSA, contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).

Resultando:

 1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 18 de setiembre de 2025, la parte accionante interpone recurso de amparo. Manifiesta: “PRIMERO: Que en Cóbano, Puntarenas, se iniciaron construcciones de casas, piscinas, condominios y otros, en las serranías donde existen bosques, trayendo todo ello cambios en el uso del suelo que transforman el paisaje natural y causan impactos negativos a los ecosistemas y a la biodiversidad. SEGUNDO: Que los problemas de esas edificaciones y desarrollos, es que están amparadas en algunos casos en licencias ambientales cuestionables, o permisos de construcciones municipales que no cumplen los requisitos básicos y nuestro grupo ha trabajado en denuncias administrativas desde hace varios años en defensa de los bosques. TERCERO: Que uno de esos cerros, en lo que ocurre lo antes descrito, se ubica en las partes altas frente a Playa Hermosa de Cóbano, donde a diario se escuchan motosierras, se abren caminos en los bosques, sacan troncos de árboles, sube maquinaria pesada y todo ello violenta el principio de irreductibilidad de los bosques y consecuentemente también el derecho a un clima sano, para esta y las futuras generaciones. En la Opinión Consultiva de la Corte IDH 32/25 se ha expuesto sobre la protección ambiental y los bosques: (…) CUARTO: Que por este tipo de situaciones descritas y como personas que trabajamos a favor del ambiente, nos sentimos cansadas de ver que todo sigue negativamente igual a pesar de nuestras llamadas al SINAC y por ello el 17 de julio de este año, procedimos a denunciar ante los recurridos de la oficina subregional, aspectos que podrían estar generando impactos negativos al ambiente o daños ambientales incluso irreversibles por las talas, en razón de las construcciones y por la apertura de caminos en los cerros. Les señalamos, a los ahora accionados, que escuchábamos maquinaria en los cerros en mención y considerábamos que estábamos ante nuevos daños vinculados a las normas 50 y 89 constitucionales. QUINTO: Que en la denuncia ambiental del 17 de julio, les expusimos a los funcionarios del SINAC, que sabíamos que ellos habían estado en el sitio el 25 de junio del año en curso y pedíamos se nos informaran de los hallazgos y de las labores que realizaron. Expresamente les pedimos que nos dijeran si ellos habían ordenado detener obras, dado que evidentemente se trataba de trabajos en un sitio boscoso, que es usado como paso de vida silvestre, como monos, aves y diversos mamíferos y felinos. SEXTO: Como se puede ver en nuestra denuncia del 17 de julio, les explicamos que se necesitaba un informe de los hallazgos de lo encontrado el 25 de junio, para poder nosotros acudir en denuncia administrativa ante la SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL contra todos los proyectos que se realizaban y realizan en ese cerro en mención. También, como esta Autoridad puede leer, les expusimos EXPRESAMENTE a los recurridos, que para el 17 de julio de este año, estaban ocurriendo nuevas situaciones contrarias al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y les pedimos intervenir y que nos hiciera llegar un informe. Directamente les señalamos: “Incluso que sirva esta petición de informe también para exponer, que los “trabajos” en ese cerro continúan, pues se escucha la maquinaria pesada en funciones y por ello a modo de denuncia, pedimos que se presenten a realizar una nueva inspección y que nos aporten esa nueva acta… En SETENA el proyecto ha obtenido un acto habilitador ambiental, pero necesitamos de la información técnica y descriptiva que ustedes obtuvieron con la visita de campo para poder tener elementos oportunos para combatir la licencia y por ello rogamos nos aporten el informe y como hemos señalado, pedimos que se apersonen de nuevo.” (El resaltado es nuestro) SEPTIMO: Que nosotros justificamos, jurídicamente ante los recurridos, los derechos de información, derecho de participación ambiental que tenemos para tratar de obtener los datos institucionales del SINAC sobre lo encontrado. Como se puede ver en nuestro escrito, les fundamentamos todo nuestro decir con sentencias constitucionales y hasta les aportamos fotografías. (…) Entonces, como se apreciará, es fundamental que se nos hubiese aportado lo pertinente respectos a los hallazgos obtenidos el 25 de junio del año en curso, pues ello es vital para la credibilidad de la Administración Pública en materia ambiental. También era y es muy importante que se nos dijera qué había de nuevo el 17 de julio, pues las motosierras y los camiones no paraban. Incluso al día de hoy, no se justifica que no se nos aportara un nuevo informe y hasta que se detuvieran los nuevos trabajos existentes en todo el cerro y por ello nos esperamos dos meses luego de presentada la denuncia antes de acudir ante ustedes. OCTAVO: Que los recurridos nos contestan, pero nos dicen que NO nos darán información pues existe una denuncia tramitada en instancia judicial que les impide ABSOLUTAMENTE dar a conocer a nuestra organización los hallazgos en el cerro. Consideramos que como nosotros NO estábamos pidiendo información de un expediente judicial, los recurridos han incurrido en la violación del derecho constitucional de información ambiental y nos impiden que, como sociedad civil podamos hacer una gobernanza comunitaria (participación en temas ambientales) en un área de alta fragilidad por los ecosistemas boscosos existentes. NOVENO. Para que se aprecia la situación que alegamos, véase que los recurridos nos señalan al contestar nuestra denuncia: “… Sirva la presente para saludarle a la vez que le expongo la siguiente situación: la oficina del SINAC en Cóbano está trabajando para cumplir con la normativa ambiental vigente, el sitio al que hace mención mediante nota enviada a esta oficina y firmada por usted se refiere a una propiedad donde se desarrolla una causa que está bajo el expediente número 23- 000028-0611-PE… En la oficina subregional de Cóbano velamos por la conservación de los bosques y áreas de protección según dispuesto en la ley forestal No. 7575 y no podemos dar información en aquellos casos que están en vía judicial…” Es decir, que no nos darán información sobre hallazgos de daños ambientales porque existe una denuncia judicial, pero nosotros, como dijimos, no pedimos que se nos dijera si existía la causa penal, sino que pedíamos información que en nada afecta, o cambia, o altera, lo que pueda constar en el proceso penal evidentemente. Consideramos que con lo anterior se ha actuado de forma poco eficiente y poco trasparente de parte del SINAC. Esta Sala, resolviendo un caso similar, dispuso recientemente: (…) Es decir, es claro que el SINAC no ha comprendido las responsabilidades y obligaciones que tiene, pues en nuestro caso se aprecia: 1- Que ante una denuncia donde se pide informe sobre hallazgos, nos señalan que NO pueden dar información por existir una causa penal. 2- La causa penal no cambiará por entregarnos un informe sobre hallazgos de daños ambientales de lo que encontraron ese 25 de junio del año en curso. La Sala le ha señalado al SINAC en la sentencia que expusimos arriba: “es menester señalar que la judicialización de una situación ambiental no exime al SINAC de cumplir las competencias administrativas que le otorga el ordenamiento jurídico (siempre que no obstaculicen la investigación penal ni resuelvan extremos propios de ser ventilados en esta última). Voto constitucional Resolución Nº 16170 – 2025. 3- Nosotros le señalamos a los recurridos el 17 de julio de este año, que estaban ocurriendo hechos nuevos vinculados a daños ambientales, pero ellos guardaron silencio sobre esa denuncia. Esta Sala ha dispuesto en el voto que citamos: “De ahí que resulta ilegítimo que el ACLAC tome una actitud pasiva y evasiva (por haber denunciado los hechos en la vía penal y emitido órdenes de paralización en años anteriores), por cuanto la propia denuncia administrativa hace referencia a situaciones actuales que ameritan una pronta intervención…” Voto constitucional Resolución Nº 16170 – 2025. 4- Nosotros les expusimos que necesitábamos la información para acudir a SETENA en denuncia administrativa por las licencias ambientales otorgadas, pero desde SINAC no nos aportaron ningún dato, o informe sobre la inspección que hicieron el 25 de junio, alegando que la situación estaba judicializada. Esta Sala dispuso en el caso antes dicho: “la vía penal no es excluyente per se de aquellas acciones que puede llegar a ejecutar el SINAC (siempre dentro del ámbito administrativo) para resguardar el ambiente, evitar daños aún mayores, o bien, impedir repercusiones negativas adicionales a las ya denunciadas judicialmente…” Voto constitucional Resolución Nº 16170 – 2025. 5- Los recurridos, podían darnos los hallazgos de los daños ambientales en el cerro conforme a inspección que hicieron el 25 de junio, pero de una forma poco transparente optaron por el silencio en violación al derecho de información ambiental. Esta Sala ha dispuesto que la información sí puede ser dada: “… sin perjuicio de que se reserven aquellos datos o documentos dirigidos a las autoridades penales que sí estén contemplados por la privacidad de las actuaciones contemplada en el artículo 295 del Código Procesal Penal…” Voto constitucional Resolución Nº 16170 – 2025. Como vemos, la respuesta que se nos dio, contemplada en el oficio del 23 de julio de este año, No. SINAC-CARTA-ACT-OSRC-315-2025, es transgresora de: A) El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, B) Del derecho a un clima sano, pues los árboles caen, C) Del principio de irreductibilidad de los bosques, D) Del derecho de información y participación ciudadana. Incluso podríamos decir que se violenta el principio pro actione, reconocido por la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, si bien refiere a autoridades judiciales, es extrapolable a autoridades administrativas. Dispusieron los magistrados de la Corte IDH: “C.5.2. La aplicación del principio pro actione. 543. En segundo lugar, teniendo en cuenta la gravedad de los riesgos derivados de los impactos climáticos y la forma en la que éstos afectan en mayor medida a personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad, la Corte estima que la conducción de los procesos judiciales relacionados con tales riesgos y afectaciones debe guiarse por la aplicación del principio pro actione. Conforme a este principio, debe evitarse que la interpretación o aplicación de las normas procesales impida u obstaculice de forma injustificada la posibilidad de que un órgano jurisdiccional conozca y resuelva en Derecho las pretensiones que le sean sometidas, debiendo prevalecer siempre la interpretación más favorable al acceso a la jurisdicción. En consecuencia, los órganos judiciales deben interpretar y aplicar las normas pertinentes de manera que se garantice, de forma efectiva, el acceso a la justicia material de quienes lo requieran en el contexto de la emergencia climática…” Recordemos que la tala de árboles y la eliminación de cobertura boscosa son factores que inciden en el cambio climático por la perdida de fijación de carbono por ejemplo y es que, precisamente ello es lo que pretendemos nosotros evitar y por eso pedíamos información y presentamos la denuncia el 17 de julio de este año. Pero lo recurridos, evadiendo sus obligaciones y amparándose en conceptos restringidos y rígidos procesales, prefirieron negarnos datos y esto nos tiene acá alegando violaciones a derechos fundamentales y a votos constitucionales y hasta de la Corte IDH. Nótese en nuestra denuncia que incluso les pedimos a los recurridos una nueva inspección y sobre ello no hubo ninguna respuesta y los meses pasan sin actuar, mientras nuestros bosques se alteran y se pierde biodiversidad (…) PRETENSIONES Solicitamos lo siguiente: Que se diga que los recurridos violentaron nuestros derechos al negarnos acceso a información ambiental administrativa vital para tramitar denuncias ambientales ante la SETENA y ante el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. Que los recurridos no podían respondernos que nos negaban información ambiental, pues ello violenta el derecho de participación ciudadana en materia ambiental y evidencia una actividad poco transparente. Que han pasado más de dos meses desde que presentamos la denuncia y no sabemos el por qué no hicieron otra inspección conforme les habíamos pedido. Que ante la crisis climática y lo que dispone la OC 32/25 de la Corte IDH ustedes deben reconocer que dicho pronunciamiento ha sido transgredido al negarnos los derechos alegados, que colaborarían en establecer protecciones tendientes a procurar el derecho a un clima sano. Que se disponga que el alegato para rechazar darnos información responde a estándares procesales no aceptables, en materia ambiental cuando de daños al ambiente se habla. Que se diga que no existía, ni existe razón para no haber procedido a hacer una inspección nueva conforme a la denuncia presentada por nosotros en nuestro escrito del 17 de julio del año en curso. Que se diga que los recurridos tienen la obligación de aportarnos la información pertinente sobre los impactos ambientales negativos a los ecosistemas encontrados en la inspección del 25 de junio del año en curso. Ruego que se diga que los recurridos tienen 5 días hábiles luego del dictado de voto de este amparo para respondernos y aportarnos lo pedido”.  

2.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 22:25 horas de 26 de setiembre de 2025, se dio curso al proceso y se requirió informe el director ejecutivo, así como el director regional y el jefe de la oficina Subregional de Cóbano, ambos del Área de Conservación Tempisque, todos del SINAC, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 10 de octubre de 2025, informa abajo juramento Nelson Marín Mora, en su condición de director regional del Área de Conservación Tempisque del SINAC. Explica: “En relación al (sic) caso en cuestión gire (sic) las siguientes ordenes que se encuentran reflejadas bajo el informe con numero de oficio SINAC-CARTA-ACT-OSRC-394- 2025 de fecha 7 de octubre, 2025 emitido por el señor William Morales Castro, Coordinador de la Oficina subregional de Cóbano del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y adjunto a este informe indicando lo siguiente: 1-“El día 25 de junio del 2025 en compañía de las funcionarias del SINAC Karin Sthal y María José Jiménez realizamos la visita al proyecto conocido como residencias Laty para realizar inspección de seguimiento en donde se interpuso ordenes administrativas para paralización de obras por orden de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, indicado en los oficios No. 207-FAA-2025 y No. 245- FAA-2025. El informe solicitado se presenta el 1 de julio por medio de correo electrónico a la fiscala solicitante Lic. Cindy Mesén Porras. 2- El día 17 de julio del 2025 se presenta a la oficina del SINAC en Cóbano la señorita Nombre32587 a dejar un escrito sin fecha en donde nos pide información detallada sobre la inspección realizada el 25 de junio al proyecto residencia Laty. 3- El 23 de julio del 2025 se le contesta a la señorita Nombre32587 por medio de oficio SINAC-CARTA-ACT-OSRC-315-2025, que el caso por estar en un estrato judicial no se le podrá compartir la información recabada en el informe CARTA-SINAC ACT-OSRC-277-2025. Se le da respuesta por medio de un correo electrónico donde se le adjunto el oficio, SINAC-CARTA-ACT-OSRC-315-2025”. En cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional se deja constancia de las acciones realizadas por el Área de Conservación dentro del plazo establecido suscritas bajo el informe SINAC-CARTA-ACT-OSRC-394-2025 de fecha 7 de octubre, 2025 emitido por el señor William Morales Castro, Coordinador de la Oficina subregional de Cóbano del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación tal como se adjunta en la prueba aportada, por lo tanto así el accionar del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación resulta acorde a la normativa y se está atendiendo en tiempo y forma”.

4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 15 de octubre de 2025, la recurrente expone: “PRIMERO: Ahora que los recurridos han contestado, véase que NO señalan nada sobre la denuncia, donde les pedimos un nuevo informe de lo que ocurría en la montaña el 17 de julio. Recordemos, que esa es una (sic) área, donde el bosque está en proceso de cambio de uso del suelo y eso es MUY delicado, dado que hay un abandono de responsabilidades y sepan ustedes, que al día de hoy seguimos escuchando motosierras y entran y salen vagonetas a vista y paciencia de una comunidad. SEGUNDO: También los recurridos dicen al contestar el amparo: “El día 17 de julio del 2025 se presenta a la oficina del SINAC en Cóbano la señorita Nombre32587 a dejar un escrito sin fecha en donde nos pide información detallada sobre la inspección realizada el 25 de junio al proyecto residencia Laty…” Pero como ustedes podrán leer nuestra denuncia, sí hay fecha, pero lo relevante es que nunca pedimos ese informe DETALLADO, sino que les justificábamos que ocupábamos simplemente un informe de lo encontrado el 25 de junio del año en curso, para gestionar denuncias ambientales administrativas. Pero debe quedar claro, que nosotros no pedimos que nos informaran sobre el proceso penal o judicial, ni nada por el estilo, de ahí que no hubo antes, ni ahora existe, justificación para que no nos aporten lo pedido en materia ambiental que se nos ha negado expresamente. Ellos les señalan ahora a ustedes: “3- El 23 de julio del 2025 se le contesta a la señorita Nombre32587 por medio de oficio SINAC-CARTAACT- OSRC-315-2025, que el caso por estar en un estrato judicial no se le podrá compartir la información recabada …” (El resaltado es nuestro) También en el informe a esta Sala, el funcionario del SINAC Morales señala textualmente: “Figura 3. Respuesta enviada a la señorita Nombre32587 presidenta de ACH. De esta forma podemos demostrar que siempre se dio respuesta oportuna a la ciudadana, en las consultas realizadas a esta oficina, la información del caso en específico no se pudo trascender por estar en vía judicial…”(El resaltado es nuestro) TERCERO: Como se ve, la contestación a esta Sala contiene hechos falsos, pues seguimos en espera del informe de daños ambientales de lo encontrado el 25 de junio y del informe pedido el 17 de julio con la nueva denuncia y por ello rogamos acoger el amparo en todos los términos y ordenar que se nos deben dar los 2 informes, pues los mismos se tratan de asuntos de interés público ambiental, cubiertos por el derecho de información y lo dispuesto en el numeral 50 constitucional, donde se señala que estamos legitimadas para denunciar y por ende para recibir respuestas sobre los hallazgos que nos permitan gestionar en GOBERNANZA COMUNITARIA ante la Municipalidad y la SETENA. Esta Sala ha dispuesto al respecto: (…)”.

5.- Mediante constancia suscrita el 20 de julio de 2025 por la secretaria a. i. y el técnico judicial 3 a. i., ambos de la Sala Constitucional, se indicó que: “revisado, a las diez horas diecinueve minutos del veinte de octubre de dos mil veinticinco, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del 06 al 10 y del 10 al 15 de octubre de dos mil veinticinco respectivamente, el director ejecutivo y el jefe de la oficina subregional de cóbano, ambos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del MINAE, hayan presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las veintidós horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre de dos mil veinticinco”.

6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

 I.- CUESTIONES PREVIAS. Primeramente, debe aclararse que, a partir de la sentencia nro. 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contenciosa‑administrativa aquellos asuntos, en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos fijados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales en los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo ‑instruido de oficio o a instancia de parte‑ o conocer de los recursos administrativos correspondientes. Sin embargo, también ha contemplado casos de excepción a lo anterior, como sucede en la especie, toda vez que el agravio se refiere a una presunta denuncia ambiental. En este tipo de materia, la jurisprudencia constitucional ha estimado procedente la aplicación del control de constitucionalidad, de modo que se procede a resolver el sub iudice.

Aclarado lo anterior, en vista de que el director ejecutivo y el jefe de la oficina subregional de Cóbano, ambos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, omitieron contestar la audiencia dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso del sub lite, se procede a resolver el recurso de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y tomando en consideración los elementos probatorios que constan en los autos.

II-. OBJETO DEL RECURSO. La recurrente señala que el 17 de julio de 2025 se formuló una gestión ante el SINAC por medio de la cual se requirió información y se planteó una denuncia; sin embargo, la parte accionada se negó a atender lo peticionado al indicar que el asunto se encuentra en la vía judicial.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a)   El 25 de junio de 2025, personal del SINAC se apersonó al proyecto conocido como residencias Laty para efectuar una inspección de seguimiento a órdenes administrativas de paralización de obras por indicación de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental. (Ver prueba documental).

b)   Mediante escrito con fecha de recibido 17 de julio de 2025 cuyo encabezado se lee: “ASUNTO: PETICIÓN DE INFORME DE INSPECCIÓN EN ZONA BOSCOSA EN COBANO Y DENUNCIA NUEVA POR DAÑOS A ECOSISTEMA BOSCOSO”, la accionante señaló al SINAC: “Es de mi conocimiento que el día 25 de junio del 2025 el personal de la oficina regional de SINAC en Cóbano realizaron una inspeción (sic) en una propiedad localizada en Playa Hermosa, San Martin de Coabno (sic), en la cual se estaban realizando movimientos de tierra, tala de árboles y otros posibles daños ambientales. (…) El lugar de los hechos se encuentra en el camino hacia Playa Hermosa, después del hotel Blue Mist, en sentido Santa Teresa hacia Manzanillo, al frente de las casas de alquiler Pasha (coordenadas Google Maps 9,66343° N, 85,18587° O).  Siendo que como somos un grupo que trabajamos en materia de protección ambiental les rogamos nos aporten el informe de lo encontrado ese día, pues necesitamos dicha información a efecto de presentar unas denuncias a nivel de la SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) (…) Por lo dicho, si estamos ante casos de daños en un proyecto que obtuvo hasta una licencia ambiental, nos es vital contar con los hallazgos encontrados por ustedes. Incluso que sirva esta petición de informe también para exponer, que los "trabajos" en ese cerro continuan (sic), pues se escucha la maquinaria pesada en funciones y por ello a modo de denuncia, pedimos que se presenten a realizar una nueva inspección y que nos aporten esa nueva acta. En SETENA el proyecto ha obtenido un acto habilitador ambiental, pero necesitamos de la información técnica y descriptiva que ustedes obtuvieron con la visita de campo para poder tener elementos oportunos para combatir la licencia y por ello rogamos nos aporten el informe y como hemos señalado, pedimos que se apersonen de nuevo (…) Nótese que estamos pidiendo un informe específico que como funcionarios públicos han realizado y a la vez pedimos una inspección. Los datos que nos aporten colaboraran en detener las irregularidades y las afectaciones a diversos ecosistemas en el sitio. Nos fundamentamos en el principio de información ambiental, el precautorio, el de irreductibilidad de ecosistemas y el preventivo.  Les solicitamos que se nos diga, si ¿Existe a la fecha, alguna orden de detener obras en el sitio? Atendemos notificaciones al correo: ...54”. (Ver prueba documental).

c)    Mediante oficio SINAC-CARTA-ACT-OSRC-315-2025 del 23 de julio de 2025, el coordinador de la Oficina Subregional Cóbano del Área de Conservación Tempisque del SINAC comunicó a la accionante: “(…) la oficina del SINAC en Cóbano está trabajando para cumplir con la normativa ambiental vigente, el sitio al que hace mención mediante nota enviada a esta oficina y firmada por usted se refiere a una propiedad donde se desarrolla una causa que está bajo el expediente número 23-000028-0611-PE. La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental giró una orden (Oficio No. 207-FAA-2025) a esta oficina para detener los trabajos, por tal situación se aplicaron ordenes administrativas para detener las actividades en dicha área, de la misma forma hemos estado en continua vigilancia de que se cumplan. Por ser un caso que está en la vía judicial no podemos dar más información al respecto, agradecemos su comprensión. En la oficina subregional de Cóbano velamos por la conservación de los bosques y áreas de protección según dispuesto en la ley forestal No. 7575 y no podemos dar información en aquellos casos que están en vía judicial”. (Ver prueba documental).

d)   El 6 de octubre de 2025, el director ejecutivo del SINAC fue notificado de la resolución de curso de este proceso. (Ver acta de notificación).

e)    El 9 de octubre de 2025, el director regional del Área de Conservación Tempisque del SINAC fue notificado de la resolución de curso de este proceso. (Ver acta de notificación).

f)     El 10 de octubre de 2025, el jefe de la oficina subregional del Área de Conservación Tempisque del SINAC fue notificado de la resolución de curso de este proceso. (Ver acta de notificación).

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente señala que el 17 de julio de 2025 se formuló una gestión ante el SINAC por medio de la cual se requirió información y se planteó una denuncia; sin embargo, la parte accionada se negó a atender lo peticionado al indicar que el asunto se encuentra en la vía judicial.

La Sala comprueba que, el 25 de junio de 2025, personal del SINAC se apersonó al proyecto conocido como residencias Laty para efectuar una inspección de seguimiento a órdenes administrativas de paralización de obras por indicación de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental. Mediante escrito con fecha de recibido 17 de julio de 2025 cuyo encabezado se lee: “ASUNTO: PETICIÓN DE INFORME DE INSPECCIÓN EN ZONA BOSCOSA EN COBANO Y DENUNCIA NUEVA POR DAÑOS A ECOSISTEMA BOSCOSO”, la accionante señaló al SINAC: “Es de mi conocimiento que el día 25 de junio del 2025 el personal de la oficina regional de SINAC en Cóbano realizaron una inspeción (sic) en una propiedad localizada en Playa Hermosa, San Martin de Coabno (sic), en la cual se estaban realizando movimientos de tierra, tala de árboles y otros posibles daños ambientales. (…) El lugar de los hechos se encuentra en el camino hacia Playa Hermosa, después del hotel Blue Mist, en sentido Santa Teresa hacia Manzanillo, al frente de las casas de alquiler Pasha (coordenadas Google Maps 9,66343° N, 85,18587° O).  Siendo que como somos un grupo que trabajamos en materia de protección ambiental les rogamos nos aporten el informe de lo encontrado ese día, pues necesitamos dicha información a efecto de presentar unas denuncias a nivel de la SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) (…) Por lo dicho, si estamos ante casos de daños en un proyecto que obtuvo hasta una licencia ambiental, nos es vital contar con los hallazgos encontrados por ustedes. Incluso que sirva esta petición de informe también para exponer, que los "trabajos" en ese cerro continuan (sic), pues se escucha la maquinaria pesada en funciones y por ello a modo de denuncia, pedimos que se presenten a realizar una nueva inspección y que nos aporten esa nueva acta. En SETENA el proyecto ha obtenido un acto habilitador ambiental, pero necesitamos de la información técnica y descriptiva que ustedes obtuvieron con la visita de campo para poder tener elementos oportunos para combatir la licencia y por ello rogamos nos aporten el informe y como hemos señalado, pedimos que se apersonen de nuevo (…) Nótese que estamos pidiendo un informe específico que como funcionarios públicos han realizado y a la vez pedimos una inspección. Los datos que nos aporten colaboraran en detener las irregularidades y las afectaciones a diversos ecosistemas en el sitio. Nos fundamentamos en el principio de información ambiental, el precautorio, el de irreductibilidad de ecosistemas y el preventivo.  Les solicitamos que se nos diga, si ¿Existe a la fecha, alguna orden de detener obras en el sitio? Atendemos notificaciones al correo: ...54”. Mediante oficio SINAC-CARTA-ACT-OSRC-315-2025 del 23 de julio de 2025, el coordinador de la Oficina Subregional Cóbano del Área de Conservación Tempisque del SINAC comunicó a la accionante: “(…) la oficina del SINAC en Cóbano está trabajando para cumplir con la normativa ambiental vigente, el sitio al que hace mención mediante nota enviada a esta oficina y firmada por usted se refiere a una propiedad donde se desarrolla una causa que está bajo el expediente número 23-000028-0611-PE. La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental giró una orden (Oficio No. 207-FAA-2025) a esta oficina para detener los trabajos, por tal situación se aplicaron ordenes administrativas para detener las actividades en dicha área, de la misma forma hemos estado en continua vigilancia de que se cumplan. Por ser un caso que está en la vía judicial no podemos dar más información al respecto, agradecemos su comprensión. En la oficina subregional de Cóbano velamos por la conservación de los bosques y áreas de protección según dispuesto en la ley forestal No. 7575 y no podemos dar información en aquellos casos que están en vía judicial”.

Visto lo anterior, la Sala estima oportuno traer a colación lo indicado en la sentencia nro. 2025016170 de las 9:20 horas del 30 de mayo de 2025:

“IV.1. Sobre la gestión formulada por medio del oficio AEL-00168-2025.

Con respecto a este extremo, la Sala tiene por demostrado que el accionante, mediante oficio AEL-00168-2025 de 11 de abril de 2025 dirigido al encargado de Protección y Control del ACLAC, indicó: “Ref: Reclamo urgente por intervención indebida en humedales y bosques frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. Estimado señor: Me dirijo a usted en su calidad de Encargado de la Protección y Control del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), con el propósito de formular un enérgico reclamo y solicitar su inmediata intervención para garantizar la protección y restauración de los humedales y bosques ubicados frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. (cédula jurídica CED14630), en el sector de Santa Rosa, provincia de Limón. Resulta alarmante y de suma gravedad que, en el contexto del anunciado proyecto de construcción del nuevo Hospital de Limón en la zona de Santa Rosa, se estén llevando a cabo actividades que atentan directamente contra el equilibrio ambiental de la zona. En particular, se ha constatado el fraccionamiento de bosques, el drenaje de humedales y la tala de árboles en el área antes mencionada, acciones que contravienen flagrantemente la normativa ambiental vigente, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554), la Ley Forestal (N° 7575) y los compromisos internacionales de Costa Rica en materia de conservación de humedales, como la Convención Ramsar. El día de hoy, hemos sido testigos de la presencia de un operario realizando labores de tala de árboles dentro de un humedal y bosque colindante con el proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. Estas actividades, lejos de ser hechos aislados, sugieren una clara intención de fraccionar los bosques, alterar el uso del suelo y drenar los humedales, lo que representa un daño ambiental de difícil o imposible reparación. Tales actos no solo comprometen la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la zona, sino que también afectan los derechos fundamentales de las comunidades locales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política. En consecuencia, SOLICITO de manera inmediata las siguientes acciones: 1. La paralización total de cualquier actividad de tala, drenaje o fraccionamiento en los humedales y bosques del sector señalado. 2. Una inspección urgente por parte de las autoridades competentes de ACLAC en el área afectada, con el fin de evaluar los daños ocasionados y determinar las responsabilidades correspondientes. 3. La adopción de medidas efectivas para la restauración de los ecosistemas degradados y la sanción de los responsables de estas actividades ilícitas, conforme lo establece la legislación ambiental. 4. La presentación de un informe detallado sobre las acciones emprendidas por su oficina para atender esta denuncia, en un plazo no mayor a diez días hábiles. Don Nombre10724, su rol como Encargado de la Protección y Control le impone la ineludible obligación de velar por la conservación de los recursos naturales bajo su jurisdicción. La inacción o demora en este asunto sería no solo una omisión de sus deberes, sino también una afrenta a los principios de sostenibilidad y justicia ambiental que deben guiar la gestión pública. Sin otro particular, le reitero la urgencia de su intervención y quedo atento a cualquier comunicación”. El coordinador del programa de Prevención, Control y Protección del ACLAC, por oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 de 22 de abril de 2025 dirigido a [Nombre443 001], consignó: “ASUNTO: Respuesta AEL-00168-2025. Estimada Don [Nombre443 001], En atención a lo solicitado con respecto a la denuncia realizada por la afectación de la propiedad asociada a la Cooperativa Coopetrauto R.L, se informa lo siguiente: • Este caso actualmente se encuentra judicializado desde el 2023, en donde consta en la causa judicial 23-000011-0472-PE. • En su momento, se giro (sic) una orden de paralización de cualquier actividad que afectara el entorno ecológico de la propiedad señalada dentro del Registro Nacional de Humedales. • Por parte del SINAC, el sitio ha sido visitado, con el propósito de informar a la Fiscalía el estado actual, así como el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas. • Las medidas de restauración deberán ser solicitadas en su momento por la fiscalía, para que, por orden de un juez de la república, se le impongan a los responsables o representantes de Coopetrauto R.L. • Los informes que se elaboran para esta causa son dirigidos a la fiscalía, para que sean incorporados al expediente correspondiente. En comprensión por su preocupación por la afectación al ecosistema de humedal, se le informa que esta dependencia a (sic) realizado lo que los procedimientos requieren para identificar la ilegalidad por afectación a artículos de ley asociados a este caso”. El 19 de mayo de 2025, las autoridades recurridas fueron notificadas del curso de este proceso. El coordinador del programa de Prevención, Control y Protección del ACLAC, por oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025 de 20 de mayo de 2025 dirigido a [Nombre443 001], indicó: “ASUNTO: Aclaración y ampliación nota AEL-00168-2025. Ref. SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025. Estimado señor, A efectos de ampliar nuestros oficios SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, en respuesta a su nota AEL-00168-2025, se le remite la siguiente respuesta aclaratoria, para los cuatro puntos detallados: 1. La paralización total de cualquier actividad de tala, drenaje o fraccionamiento en los humedales y bosques del sector señalado. R/ Le indicó (sic) que en el análisis e interpretación de la ubicación de donde ocurre lo denunciado, resulta con poca claridad y ambiguo la ubicación brindada, siendo esto poco preciso en la interpretación de lo indicado “Reclamo urgente por intervención indebida en humedales y bosques frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto Nombre2881.” o “hemos sido testigos de la presencia de un operario realizando labores de tala de árboles dentro de un humedal y bosque colindante con el proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L.”. Es decir, al frente o colindante requiere de mayor exactitud puesto que resultan contradictorios. Le indico que en el análisis e interpretación de la ubicación de donde ocurre lo denunciado, resulta con poca claridad y ambigua la ubicación brindada, siendo esto poco preciso en la interpretación de lo indicado “Reclamo urgente por intervención indebida en humedales y bosques frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L.” o “hemos sido testigos de la presencia de un operario realizando labores de tala de árboles dentro de un humedal y bosque colindante con el proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L.”. Agradecemos nos brinde el sitio que usted desea reportar con mayor precisión, de manera que contemos con mayores herramientas para valorar si es requerido una nueva inspección, dado que, como se indica en este momento resulta inexacta. 2. Una inspección urgente por parte de las autoridades competentes de ACLAC en el área afectada, con el fin de evaluar los daños ocasionados y determinar las responsabilidades correspondientes. R/ A pesar de que no se cuenta con exactitud el sitio que desea reportar, le reiteramos que en función a lo solicitado en la nota AEL-00168-2025, se aclara que esta dependencia, asumiendo que al indicar “frente o colindante” interpretemos que hace referencia al costado noreste de la propiedad donde se lleva el caso de la Cooperativa Coopetrauto Nombre2881 (causa 23-000011-0472-PE); siendo así, y con el afán de facilitarle información respecto de las atenciones en cuanto a delitos ambientales en el sitio, desde las acciones del Programa de Prevención Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe, se tramitó la correspondiente denuncia por afectación al medio ambiente específicamente por el daño y modificación del ecosistema de humedal presente en la zona, dicha denuncia responde al número de causa 24-000066-472-PE, por lo que se informa lo siguiente: • Este caso actualmente se encuentra judicializado desde el 2024, en donde consta en la causa judicial 24-000066-472-PE. • En su momento, se giró una orden de paralización de cualquier actividad que afectara el entorno ecológico de la propiedad señalada dentro del Registro Nacional de Humedales y la determinación de nuevas áreas de humedal. • Por parte del SINAC, el sitio ha sido visitado, con el propósito de informar a la Fiscalía el estado actual, así como el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas. 3. La adopción de medidas efectivas para la restauración de los ecosistemas degradados y la sanción de los responsables de estas actividades ilícitas, conforme lo establece la legislación ambiental. R/ Las medidas de restauración deberán ser solicitadas en su momento por la fiscalía, para que, por orden de un juez de la república, se le impongan a los responsables o representantes de la propiedad en cuestión. 4. La presentación de un informe detallado sobre las acciones emprendidas por su oficina para atender esta denuncia, en un plazo no mayor a diez días hábiles. R/ Los informes que se elaboran para esta causa son dirigidos a la fiscalía, para que sean incorporados al expediente correspondiente. Se le recuerda en cuanto a información específica como la solicitada, que consta en una causa judicial, se debe respetar lo indicado en el Artículo 295 del Código Procesal Penal en cuanto a la privacidad de las actuaciones: “el procedimiento preparatorio no será público para terceras personas, no obstante, las actuaciones pueden ser examinadas por las partes o sus representantes. A las personas abogadas que invoquen un interés legítimo, la fiscala o el fiscal del Ministerio Público, luego de constatar ese interés, puede informar acerca de los hechos que se investigan. Así mismo, todas las partes y personas funcionarias que participaron en la investigación deben guardar secreto sobre la misma”. En comprensión por su preocupación por la afectación al ecosistema de humedal y forestal, se le informa que esta dependencia ha realizado lo que los procedimientos requieren para identificar la ilegalidad por afectación a artículos de ley asociados a este caso. Por lo que también se le solicita realizar estas denuncias ambientales en la plataforma oficial SITADA, de manera que se le pueda dar seguimiento a estos delitos”. El accionante, por oficio AEL-00224-2025 de 20 de mayo de 2025 dirigido al coordinador del programa de Prevención, Control y Protección del ACLAC, expuso: “Asunto: Respuesta al Oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046- 2025 y Solicitud de Aclaraciones Estimado señor: Me dirijo a usted en su calidad de Coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe (SINAC-ACLAC), en respuesta al oficio CARTA-SINACACLAC-PPCP-046-2025, de fecha 20 de mayo de 2025, dirigido al suscrito, que amplía los oficios SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, en relación con mi nota AEL-00168- 2025 sobre intervenciones indebidas en humedales y bosques colindantes al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. Agradezco su respuesta, pero considero que el contenido del oficio no aborda adecuadamente la gravedad de las violaciones ambientales denunciadas ni cumple con el nivel de rigurosidad esperado de un funcionario que actúa como policía ambiental, sirviendo como los “ojos” de jueces y fiscales en el campo. A continuación, detallo mis observaciones y solicitudes: 1. Insuficiencia en la Identificación del Sitio Denunciado: Su oficio califica de “ambigua” la ubicación reportada (“frente o colindante” al proyecto de la Cooperativa Coopetrauto R.L.), lo que resulta injustificado dado que las referencias proporcionadas son claras. La intervención incluye una carretera que divide un humedal y zanjas de gran tamaño que impiden su restauración, hechos que no se mencionan en su respuesta. Solicito un informe exhaustivo, acompañado de fotografías satelitales, que detalle el verdadero cuadro fáctico de estas intervenciones, permitiendo a jueces y fiscales evaluar adecuadamente la situación. 2. Omisión de Impactos Más Amplios en el Ecosistema: El oficio ignora que el ecosistema de humedal trasciende los límites de la propiedad de la Cooperativa Coopetrauto R.L. Además, no se menciona la preocupante actividad de drenajes y rellenos de humedales en la zona, especialmente ante la eventual construcción del futuro Hospital de Limón. Estas acciones, de manera inexplicable, no han sido investigadas por las autoridades de SINAC-ACLAC, lo que refleja una reacción pasiva que depende exclusivamente de gestiones de parte. 3. Falta de Rigor en el Cumplimiento de Funciones: Como Coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección, su rol exige proporcionar a las autoridades judiciales información precisa y completa. Sin embargo, el oficio no evidencia un seguimiento riguroso a la orden de paralización mencionada en la causa 24-000066-472-PE, ni detalla medidas concretas para la restauración del ecosistema afectado. Solicito que se realice una inspección urgente en el área, documentada con evidencia visual y técnica, para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y evaluar los daños. 4. Uso Inapropiado del Artículo 295 del Código Procesal Penal: La invocación del Artículo 295 para limitar la entrega de información resulta desproporcionada y obstaculiza la transparencia. Como denunciante, tengo un interés legítimo en conocer las acciones emprendidas, conforme lo permite el propio artículo. Insto a que se proporcione un informe detallado y accesible sobre las medidas tomadas, en un plazo no mayor a diez días hábiles, en cumplimiento de mi solicitud original. 5. Uso de la Plataforma SITADA: Si bien se me solicita presentar denuncias a través de la plataforma SITADA, esto no exime a SINAC-ACLAC de investigar proactivamente las violaciones ambientales reportadas, especialmente cuando se trata de ecosistemas protegidos como los humedales. Solicito que se aclare cómo se está dando seguimiento a estas denuncias en SITADA y qué medidas preventivas se han implementado en la zona. En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito: • La elaboración de un informe detallado, con evidencia satelital y fotográfica, que describa las intervenciones en el humedal (carretera, zanjas, drenajes, y rellenos) y su impacto en el ecosistema, incluyendo áreas más allá de la propiedad de la Cooperativa Coopetrauto R.L. • Una inspección inmediata y exhaustiva en el área afectada, con un reporte claro sobre el cumplimiento de las medidas cautelares de la causa 24-000066-472-PE. • La adopción de medidas urgentes para detener cualquier actividad que degrade el humedal y para iniciar la restauración del ecosistema, conforme a la legislación ambiental. • Un informe accesible sobre las acciones emprendidas, dentro de un plazo de diez días hábiles, que garantice transparencia y rendición de cuentas. Adjunto una copia de mi nota original AEL-00168-2025 para su referencia. Espero su pronta respuesta y acciones concretas para proteger los ecosistemas de humedal y bosque en la zona. Quedo a su disposición para cualquier aclaración o información adicional”.

Desde este panorama, procede declarar parcialmente con lugar lo reclamado por la parte accionante.

Ciertamente, el ACLAC contestó de forma célere la primera gestión; empero, no se observa que se haya atendido la situación denunciada. En efecto, el 11 de abril de 2025, el recurrente puso en conocimiento de tal dependencia presuntas afectaciones graves al ambiente, tales como fraccionamiento de bosques, drenaje de humedales y tala de árboles; incluso, se afirmó expresamente que ese mismo día estaba un “operario realizando labores de tala de árboles dentro de un humedal y bosque”. Pese a lo anterior, la autoridad recurrida se limitó a señalar que el caso estaba judicializado desde 2023, así como que en su momento se había girado una orden de paralización de cualquier actividad; además, que el SINAC había visitado el sitio para informar a la Fiscalía el incumplimiento de las medidas cautelares. En adición, con ocasión de este recurso de amparo, el ACLAC señaló que hubo poca claridad en cuanto a la propiedad denunciada y amplió la respuesta sobre la existencia de otra causa penal incoada en 2024; no obstante, nuevamente se limitó a señalar que el caso se encontraba judicializado y que en su momento también se había girado una orden de paralización de actividades, así como que se había visitado el sitio para informar al Ministerio Público el incumplimiento de las medidas cautelares. Asimismo, se constata que, en ambas respuestas, ante el requerimiento de un detalle de las acciones emprendidas en virtud de la denuncia, se consignó explícitamente que los informes del caso se dirigen a la fiscalía para que se incorporen al expediente.

Sobre lo anterior, es menester señalar que la judicialización de una situación ambiental no exime al SINAC de cumplir las competencias administrativas que le otorga el ordenamiento jurídico (siempre que no obstaculicen la investigación penal ni resuelvan extremos propios de ser ventilados en esta última), sin perjuicio de que posteriormente ponga en conocimiento de las autoridades penales los hechos que considere pertinentes. Máxime cuando se trata de denuncias, en las que se alude a algún criterio de urgencia y actualidad, como sucede en el sub examine donde se mencionaron acciones en curso (“tala de árboles dentro de un humedal y bosque”, así como el “drenaje de humedales”) que presuntamente se estaban ejecutando al momento de su interposición. De ahí que resulta ilegítimo que el ACLAC tome una actitud pasiva y evasiva (por haber denunciado los hechos en la vía penal y emitido órdenes de paralización en años anteriores), por cuanto la propia denuncia administrativa hace referencia a situaciones actuales que ameritan una pronta intervención. Justamente, debe mencionarse que la vía penal no es excluyente per se de aquellas acciones que puede llegar a ejecutar el SINAC (siempre dentro del ámbito administrativo) para resguardar el ambiente, evitar daños aún mayores, o bien, impedir repercusiones negativas adicionales a las ya denunciadas judicialmente. Nótese incluso que el ordenamiento jurídico nacional le otorga el carácter de autoridad de policía a los funcionarios de la Administración Forestal (artículo 54 de la Ley Forestal) y a los inspectores de Vida Silvestre (numeral 15 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre). Lo anterior tampoco exime a tal institución de dar cuentas sobre su actuar a los denunciantes administrativos (verbigracia, aquellas actuaciones de naturaleza pública sobre la atención de denuncias ambientales administrativas), sin perjuicio de que se reserven aquellos datos o documentos dirigidos a las autoridades penales que sí estén contemplados por la privacidad de las actuaciones contemplada en el artículo 295 del Código Procesal Penal

Atinente al sub iudice, la Sala, en la sentencia nro. 2024004807 de las 9:20 horas de 23 de febrero de 2024, resolvió:

“En primer lugar, la Sala observa que la solicitud planteada ante el Sinac expone la afectación al “humedal laguna Carrizal” por el levantamiento de infraestructuras y la realización de quemas, además, solicita la investigación de lo planteado y que se ejecuten acciones de control, resguardo y sanción; empero, tal órgano desconcentrado del Minae solo llevó a cabo una inspección en la zona e interpuso una denuncia ante el Ministerio Público (en la que no se abordaron la totalidad de los extremos alegados en la gestión del recurrente). Nótese que en el “Informe por daños al ambiente” enviado a la fiscalía, se aludió únicamente a construcciones y la apertura de un camino dentro del área de protección de la laguna Carrizal. En todo caso, la actuación del Sinac en sede administrativa no puede limitarse, una vez constatada alguna posible situación de relevancia ambiental, a la remisión del asunto a la fase investigativa en la vía penal. Precisamente, tal dependencia tiene potestad de instaurar los procedimientos sobre denuncias que se formulen por infracciones a la normativa ambiental y emitir actos administrativos para procurar su cumplimiento. De ahí que la omisión en atender el fondo de la situación denunciada constituye un extremo de relevancia constitucional a los efectos de procurar la tutela del numeral 50 constitucional.

En relación con lo anterior, la Ley de Biodiversidad indica:

“ARTÍCULO 22

Sistema Nacional de Áreas de Conservación Créase el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en adelante denominado Sistema, que tendrá personería jurídica propia; será un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica. Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales ejercerán sus funciones y competencias como una sola instancia, mediante la estructura administrativa del Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los que fueron establecidos. Queda incluida como competencia del Sistema la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos.

(…)

ARTÍCULO 28.-

Áreas de Conservación El Sistema estará constituido por unidades territoriales denominadas Áreas de Conservación bajo la supervisión general del Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, con competencia en todo el territorio nacional, según se trate de áreas silvestres protegidas, áreas con alto grado de fragilidad o de áreas privadas de explotación económica. Cada área de conservación es una unidad territorial del país, delimitada administrativamente, regida por una misma estrategia de desarrollo y administración, debidamente coordinada con el resto del sector público. En cada uno se interrelacionan actividades tanto privadas como estatales en materia de conservación sin menoscabo de las áreas protegidas. Las Áreas de Conservación se encargarán de aplicar la legislación vigente en materia de recursos naturales, dentro de su demarcación geográfica. Deberán ejecutar las políticas, las estrategias y los programas aprobados por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, en materia de áreas protegidas; asimismo, tendrá a su cargo la aplicación de otras leyes que rigen su materia, tales como la Ley de conservación de la vida silvestre, No. 7317, de 30 de octubre de 1992, y la Ley Forestal, No. 7575, de 13 de febrero de 1996, Ley Orgánica, No. 7554, de 4 de octubre de 1995, y la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto de 1977. Basado en las recomendaciones del Consejo, el Ministerio del Ambiente y Energía definirá la división territorial que técnicamente sea más aconsejable para las Áreas de Conservación del país, así como sus modificaciones”.
 

Asimismo, la Ley de Conservación de Vida Silvestre señala:

“Artículo 7.- El Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía tiene las siguientes funciones en el ejercicio de su competencia:

a) Establecer las medidas técnicas por seguir para el buen manejo, conservación y administración de la vida silvestre(*), objeto de esta ley y de los respectivos convenios y tratados internacionales ratificados por Costa Rica.

(*)(Modificada su denominación por el artículo 3° de la ley N° 9106 del 20 de diciembre del 2012, anteriormente decía "flora y fauna silvestre")

b) Establecer los refugios nacionales de vida silvestre y administrarlos.

c) Fomentar el establecimiento de los refugios nacionales de vida silvestre en propiedad mixta o privada.

d) Promover y ejecutar programas de educación e investigación sobre el uso adicional de los recursos naturales renovables del país, en el campo de la vida silvestre que le competen, de conformidad con esta ley.

e) Promover y ejecutar investigaciones en el campo de la vida silvestre, salvo aquellos que se refieran a recursos genéticos y bioquímicos regulados por la Ley de Biodiversidad.

f) Extender, denegar o cancelar los permisos de caza de control, extracción, investigación, colecta científica y académica y cualquier permiso para importar o exportar vida silvestre, sus partes, productos y derivados, así como aprobar, rechazar o modificar los planes de manejo y permisos de funcionamiento de los diferentes establecimientos de manejo de vida silvestres, refugio de vida silvestre y para aquellas actividades de manejo de vida silvestre que lo requieran.

g) Financiar las tesis o las investigaciones que permitan el mejor conocimiento de la vida silvestre.

h) Proteger, supervisar y administrar, con enfoque ecosistémico los humedales, así como determinar su calificación de importancia nacional o internacional.

i) Crear y gestionar los programas de manejo, control, vigilancia e investigación sobre la vida silvestre.

j) Apoyar los programas de educación formal e informal de la Comisión Interinstitucional para la Educación y la Conciencia Pública e Investigación en Biodiversidad (Ciecopi).

k) Coordinar con los otros entes competentes en la prevención, mitigación, atención y seguimiento de los daños a la vida silvestre.

l) Promover la participación responsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

m) Fomentar la conservación de ecosistemas naturales.

n) Establecer planes de contingencia para la protección de la vida silvestre, en caso de desastres naturales.

ñ) Coordinar acciones con las instituciones, públicas o privadas, nacionales o internacionales para la conservación y el manejo sostenible de la vida silvestre.

La delimitación de los humedales se hará por decreto ejecutivo, según criterios técnicos.

(Así reformado por el artículo 1 de la ley N° 9106 del 20 de diciembre de 2012)”.

En adición, el numeral 99 de la Ley Orgánica del Ambiente establece:

“Artículo 99.- Sanciones administrativas. Ante la violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones:

a) Advertencia mediante la notificación de que existe un reclamo.

b) Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios y una vez comprobados.

c) Ejecución de la garantía de cumplimiento, otorgada en la evaluación de impacto ambiental.

d) Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que originan la denuncia.

e) Clausura total o parcial, temporal o definitiva, de los actos o hechos que provocan la denuncia.

f) Cancelación parcial, total, permanente o temporal, de los permisos, las patentes, los locales o las empresas que provocan la denuncia, el acto o el hecho contaminante o destructivo.

g) Imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad biológica.

h) Modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente.

i) Alternativas de compensación de la sanción, como recibir cursos educativos oficiales en materia ambiental; además, trabajar en obras comunales en el área del ambiente.

Estas sanciones podrán imponerse a particulares o funcionarios públicos, por acciones u omisiones violatorias de las normas de esta ley, de otras disposiciones de protección ambiental o de la diversidad biológica”

En consecuencia, procede la estimatoria del recurso en cuanto al Sinac a los efectos de que, con independencia de la remisión del asunto a la vía penal, analice íntegramente la situación denunciada en la vía administrativa a la luz del ordenamiento jurídico, resuelva la totalidad de los extremos alegados y, de resultar procedente, emita los actos administrativos que correspondan.

Por otra parte, la Municipalidad de Garabito también recibió la denuncia de la parte accionante en la que solicitó la intervención del gobierno local dentro del ámbito de sus competencias, verbigracia, entre otros aspectos, en lo relativo a los permisos municipales y la afectación de las obras en el aludido humedal; sin embargo, no consta que, luego de más de dos meses, se hubiese atendido la situación denunciada ni que se hubiera notificado alguna respuesta. Máxime que, según lo autos, en la inspección efectuada por las autoridades municipales se constató la inexistencia de permisos municipales. De ahí que, al estar de por medio la posible afectación al ambiente, corresponde la estimatoria del recurso también contra el municipio accionado.

(…)

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena: 1) A David Chavarría Morales y Jeffrey Hernández Espinoza, por su orden director ejecutivo a.i. y director regional del Área de Conservación Pacífico Central, ambos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, o quienes ocupen esos cargos, que coordinen lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se analice íntegramente la situación denunciada por el accionante en la gestión de 25 de octubre de 2023, se resuelvan la totalidad de extremos alegados y, de resultar procedente, se emitan los actos administrativos que correspondan al ámbito de competencia del Sistema Nacional de Área de Conservación, todo lo cual deberá ser notificado al recurrente al medio señalado para tales efectos dentro del mismo plazo otorgado ut supra. (…)”.

En virtud de las consideraciones expuestas y tomando en consideración el precedente de cita, procede la estimatoria parcial de este extremo, en los términos que se dictarán en la parte dispositiva de este pronunciamiento” (la negrita fue añadida).

El precedente transcrito resulta aplicable al sub iudice, dado que no se encuentran motivos para variar el criterio vertido, ni razones para valorar de manera diferente la situación formulada.

De este modo, adviértase que este Tribunal ya ha indicado que la judicialización de una situación ambiental no exime al SINAC de cumplir las competencias administrativas que le otorga el ordenamiento jurídico, siempre que no se obstaculice la investigación penal ni se resuelvan aspectos propios de ser dilucidados en esa sede. Incluso, recuérdese que en el precedente transcrito se explicó que: “tampoco exime a tal institución de dar cuentas sobre su actuar a los denunciantes administrativos (verbigracia, aquellas actuaciones de naturaleza pública sobre la atención de denuncias ambientales administrativas), sin perjuicio de que se reserven aquellos datos o documentos dirigidos a las autoridades penales que sí estén contemplados por la privacidad de las actuaciones contemplada en el artículo 295 del Código Procesal Penal”.

Ahora bien, véase que en la gestión formulada por la parte accionante el 17 de julio de 2025 se plantearon tres solicitudes, por lo que lo procedente es analizar cada una de ellas de forma separada.

Primeramente, en la gestión objeto de este recurso, la parte recurrente indicó: “Es de mi conocimiento que el día 25 de junio del 2025 el personal de la oficina regional de SINAC en Cóbano realizaron una inspeción (sic) en una propiedad localizada en Playa Hermosa, San Martin de Coabno (sic), en la cual se estaban realizando movimientos de tierra, tala de árboles y otros posibles daños ambientales. (…) El lugar de los hechos se encuentra en el camino hacia Playa Hermosa, después del hotel Blue Mist, en sentido Santa Teresa hacia Manzanillo, al frente de las casas de alquiler Pasha (coordenadas Google Maps 9,66343° N, 85,18587° O).  Siendo que como somos un grupo que trabajamos en materia de protección ambiental les rogamos nos aporten el informe de lo encontrado ese día, pues necesitamos dicha información a efecto de presentar unas denuncias a nivel de la SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)”. En respuesta, por memorial SINAC-CARTA-ACT-OSRC-315-2025 del 23 de julio de 2025, el SINAC señaló: “(…) la oficina del SINAC en Cóbano está trabajando para cumplir con la normativa ambiental vigente, el sitio al que hace mención mediante nota enviada a esta oficina y firmada por usted se refiere a una propiedad donde se desarrolla una causa que está bajo el expediente número 23-000028-0611-PE. La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental giró una orden (Oficio No. 207-FAA-2025) a esta oficina para detener los trabajos, por tal situación se aplicaron ordenes administrativas para detener las actividades en dicha área, de la misma forma hemos estado en continua vigilancia de que se cumplan. Por ser un caso que está en la vía judicial no podemos dar más información al respecto, agradecemos su comprensión. En la oficina subregional de Cóbano velamos por la conservación de los bosques y áreas de protección según dispuesto en la ley forestal No. 7575 y no podemos dar información en aquellos casos que están en vía judicial” (el resaltado fue agregado).

En atención de lo anterior, el Tribunal estima que la respuesta dada por el SINAC a la parte accionante no resulta de recibo, por cuanto, si bien se indicó que la inspección respecto de la cual se requirió un informe tiene relación con una propiedad donde se desarrolla una causa ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, no menos cierto es que también se señaló que ello imposibilita “dar información en aquellos casos que están en vía judicial”; empero, no se evidencia que se haya explicado que lo peticionado por la recurrente se subsuma específicamente en lo establecido en el ordinal 295 del Código Procesal Penal en cuanto a la privacidad de las actuaciones (“ARTICULO 295.- Privacidad de las actuaciones El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave”).

Ergo, se estima el recurso en lo que a este agravio concierne, en los términos indicados en la parte dispositiva de este asunto.

V.- De segundo, nótese que, en la gestión del 17 de julio de 2025, la parte accionante también señaló: “que sirva esta petición de informe también para exponer, que los "trabajos" en ese cerro continuan (sic), pues se escucha la maquinaria pesada en funciones y por ello a modo de denuncia, pedimos que se presenten a realizar una nueva inspección y que nos aporten esa nueva acta”. De este modo, la parte recurrente formuló una denuncia por presunto daño ambiental acaecido en el sitio supraindicado, pese a ello, el SINAC se limitó a señalar que existe una causa en trámite ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental. Por ende, en el sub examine se echa de menos una actuación diligente y célere del SINAC para tramitar y resolver la denuncia en cuestión, ello a pesar de que fue interpuesta desde hace más de dos meses. En consecuencia, se acoge el asunto respecto a este extremo, según se indica en la parte dispositiva de este asunto.

VI.- Finalmente, en la gestión bajo estudio se consignó: “Les solicitamos que se nos diga, si ¿Existe a la fecha, alguna orden de detener obras en el sitio?”. Acerca de esto, véase que en el oficio de respuesta SINAC-CARTA-ACT-OSRC-315-2025 del 23 de julio de 2025 se indicó “La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental giró una orden (Oficio No. 207-FAA-2025) a esta oficina para detener los trabajos, por tal situación se aplicaron ordenes administrativas para detener las actividades en dicha área, de la misma forma hemos estado en continua vigilancia de que se cumplan”. De este modo, de previo a la formulación de este asunto, el SINAC atendió la consulta en cuestión formulada por la parte accionante, motivo por el cual no se estima el recurso en cuanto a este agravio.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Considero pertinente advertir que, desde la sentencia nro. 2019002355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:

“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre32579 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.

En la especie, de los autos se colige que existe una relación esencial entre la persona natural y la persona jurídica, por lo que estimo procedente analizar por el fondo el asunto a fin de determinar la vulneración o no del derecho fundamental presuntamente agraviado.

VIII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:

La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en cuanto a la falta de atención debida de la gestión del 17 de julio de 2025 respecto a “Es de mi conocimiento que el día 25 de junio del 2025 el personal de la oficina regional de SINAC en Cóbano realizaron una inspeción (sic) en una propiedad localizada en Playa Hermosa (…) les rogamos nos aporten el informe de lo encontrado ese día” y “que sirva esta petición de informe también para exponer, que los "trabajos" en ese cerro continuan (sic), pues se escucha la maquinaria pesada en funciones y por ello a modo de denuncia, pedimos que se presenten a realizar una nueva inspección y que nos aporten esa nueva acta”. Se le ordena a Nelson Marín Mora, en su condición de director regional del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, así como a quienes desempeñen los puestos de director ejecutivo y jefe de la oficina Subregional de Cópano del Área de Conservación Tempisque, ambos del SINAC, que coordinen lo necesario y lleven a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias, a los efectos de que: i) en el plazo máximo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se atienda conforme a derecho corresponda a la parte recurrente lo peticionado en la gestión del 17 de julio de 2025 en cuanto a “Es de mi conocimiento que el día 25 de junio del 2025 el personal de la oficina regional de SINAC en Cóbano realizaron una inspeción (sic) en una propiedad localizada en Playa Hermosa (…) les rogamos nos aporten el informe de lo encontrado ese día” y se le notifique lo correspondiente, para lo cual se deberá tomar en cuenta lo indicado en el considerando IV de esta sentencia; ii) en el plazo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se resuelva de manera definitiva la denuncia planteada por la accionante respecto a “que sirva esta petición de informe también para exponer, que los "trabajos" en ese cerro continuan (sic), pues se escucha la maquinaria pesada en funciones y por ello a modo de denuncia, pedimos que se presenten a realizar una nueva inspección y que nos aporten esa nueva acta” y se notifique lo correspondiente a la parte denunciante. Todo lo anterior salvaguardando los datos personales de acceso restringido, confidenciales y sensibles, de acuerdo con la normativa vigente. En caso de incurrirse en algún costo producto de las copias requeridas, el mismo correrá a cargo de la parte interesada. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Rueda Leal consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Notifíquese.

 

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ronald Salazar Murillo

	

 

	

Ileana Sánchez N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 INOS1ZZIRIA61

EXPEDIENTE N° 25-028450-0007-CO

 

Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:40:31.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 35727 - 2025

Date of Resolution: October 31, 2025 at 9:30 a.m.

Expediente: 25-028450-0007-CO

Drafted by: Paul Rueda Leal

Type of matter: Amparo action

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Text of the resolution

Exp: 25-028450-0007-CO

Res. No. 2025035727

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes of October thirty-first, two thousand twenty-five.

An amparo action processed in expediente number 25-028450-0007-CO, filed by Nombre32587, identity card CED14629, on behalf of ASOCIACIÓN CÍVICA DE HERMOSA, against SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).

Resultando:

1.- By written brief incorporated into the digital file on September 18, 2025, the petitioner files an amparo action. States: "FIRST: That in Cóbano, Puntarenas, construction of houses, swimming pools, condominiums, and others began in the mountainous areas where forests exist, all of which brought about land-use changes (cambios en el uso del suelo) that transform the natural landscape and cause negative impacts to ecosystems and biodiversity. SECOND: That the problem with these buildings and developments is that they are protected, in some cases, by questionable environmental licenses, or municipal construction permits that do not meet basic requirements, and our group has worked on administrative complaints for several years in defense of the forests. THIRD: That one of those hills, where the above-described events are occurring, is located in the highlands facing Playa Hermosa in Cóbano, where chainsaws are heard daily, roads are opened in the forests, tree trunks are removed, heavy machinery climbs up, and all of this violates the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of forests and consequently also the right to a healthy climate, for this and future generations. In Advisory Opinion 32/25 of the Inter-American Court of Human Rights, it was stated regarding environmental protection and forests: (...) FOURTH: That due to this type of situation described and as people who work in favor of the environment, we feel tired of seeing that everything continues to be negatively the same despite our calls to SINAC, and therefore, on July 17 of this year, we proceeded to file a complaint before the respondents of the subregional office regarding aspects that could be generating negative environmental impacts or even irreversible environmental damage due to logging, by reason of the constructions and the opening of roads in the hills. We pointed out to the now-respondents that we heard machinery in the mentioned hills and we considered that we were facing new damages linked to constitutional norms 50 and 89. FIFTH: That in the environmental complaint of July 17, we explained to the SINAC officials that we knew they had been at the site on June 25 of the current year and we asked to be informed of the findings and the tasks they carried out. We expressly asked them to tell us if they had ordered works to stop, given that it evidently involved work in a forested (boscoso) area, which is used as a wildlife corridor for monkeys, birds, and various mammals and felines. SIXTH: As can be seen in our complaint of July 17, we explained to them that a report of the findings from what was found on June 25 was needed so that we could file an administrative complaint before SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL against all the projects that were and are being carried out on that hill in question. Also, as this Authority can read, we EXPRESSLY explained to the respondents that, as of July 17 of this year, new situations contrary to the right to a healthy and ecologically balanced environment were occurring, and we asked them to intervene and to send us a report. We directly pointed out to them: 'Even let this request for a report also serve to explain that the "works" on that hill continue, since heavy machinery operating can be heard, and therefore, by way of complaint, we ask that you appear to conduct a new inspection and provide us with that new official record... At SETENA, the project has obtained an environmental enabling act, but we need the technical and descriptive information that you obtained from the field visit to be able to have timely elements to challenge the license, and therefore we beg you to provide us with the report and, as we have indicated, we ask that you appear again.' (Emphasis ours) SEVENTH: That we legally justified before the respondents the rights to information and the right to environmental participation that we have to try to obtain the institutional data from SINAC about what was found. As can be seen in our written brief, we substantiated everything we said with constitutional judgments and we even provided them with photographs. (...) Then, as will be appreciated, it is fundamental that they had provided us with the pertinent information regarding the findings obtained on June 25 of the current year, because that is vital for the credibility of the Public Administration in environmental matters. It was and is also very important that they told us what was new on July 17, because the chainsaws and trucks did not stop. Even today, it is not justified that they did not provide us with a new report and even order the stop of the new works existing on the entire hill, and for that reason we waited two months after filing the complaint before going to you. EIGHTH: That the respondents answered us, but they told us that they will NOT give us information because there is a complaint being processed in a judicial instance that ABSOLUTELY prevents them from making known to our organization the findings on the hill. We consider that since we were NOT requesting information from a judicial file, the respondents have incurred in a violation of the constitutional right to environmental information and prevent us, as civil society, from achieving community governance (participation in environmental matters) in an area of high fragility due to the existing forested (boscosos) ecosystems. NINTH: So that the situation we allege can be appreciated, see that the respondents pointed out to us when answering our complaint: '... This letter serves to greet you while also explaining the following situation: the SINAC office in Cóbano is working to comply with current environmental regulations, the site you mention by means of a note sent to this office and signed by you refers to a property where a case is being developed that is under expediente number 23-000028-0611-PE... At the subregional office of Cóbano, we ensure the conservation of forests and protection areas as provided in Ley Forestal No. 7575 and we cannot give information in those cases that are in judicial channels...' That is, they will not give us information on findings of environmental damages because a judicial complaint exists, but we, as we said, did not ask to be told whether the criminal case existed, but rather we asked for information that in no way affects, or changes, or alters, what may evidently be contained in the criminal process. We consider that with the above, SINAC has acted inefficiently and non-transparently. This Chamber, resolving a similar case, recently provided: (...) That is, it is clear that SINAC has not understood the responsibilities and obligations it has, since in our case it is observed: 1- That faced with a complaint requesting a report on findings, they pointed out that they CANNOT give information because a criminal case exists. 2- The criminal case will not change by giving us a report on findings of environmental damages from what they found on June 25 of the current year. The Chamber has pointed out to SINAC in the judgment we set out above: 'it is necessary to point out that the judicialization of an environmental situation does not exempt SINAC from fulfilling the administrative competencies that the legal system grants it (provided they do not obstruct the criminal investigation nor resolve matters that are proper to be aired therein).' Constitutional vote Resolution Nº 16170 – 2025. 3- We pointed out to the respondents on July 17 of this year that new events linked to environmental damages were occurring, but they remained silent about that complaint. This Chamber has provided in the vote we cite: 'Hence, it is illegitimate for the ACLAC to take a passive and evasive attitude (for having reported the events in the criminal channel and issued stop orders in previous years), since the administrative complaint itself refers to current situations that merit a prompt intervention...' Constitutional vote Resolution Nº 16170 – 2025. 4- We explained to them that we needed the information to go to SETENA with an administrative complaint regarding the environmental licenses granted, but SINAC did not provide us with any data, or report on the inspection they conducted on June 25, alleging that the situation was judicialized. This Chamber provided in the aforementioned case: 'the criminal channel is not per se exclusionary of those actions that SINAC may execute (always within the administrative sphere) to protect the environment, avoid even greater damages, or prevent additional negative repercussions to those already judicially reported...' Constitutional vote Resolution Nº 16170 – 2025. 5- The respondents could have given us the findings of the environmental damages on the hill pursuant to the inspection they conducted on June 25, but in a non-transparent manner they opted for silence in violation of the right to environmental information. This Chamber has provided that the information may indeed be given: '... without prejudice to withholding those data or documents directed to criminal authorities that are indeed covered by the privacy of proceedings contemplated in Article 295 of the Criminal Procedure Code...' Constitutional vote Resolution Nº 16170 – 2025. As we see, the response given to us, contained in official letter of July 23 of this year, No. SINAC-CARTA-ACT-OSRC-315-2025, is a transgression of: A) The right to a healthy and ecologically balanced environment, B) The right to a healthy climate, as trees fall, C) The principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of forests, D) The right to information and citizen participation. We could even say that the pro actione principle, recognized by Advisory Opinion 32/25 of the Inter-American Court of Human Rights, which, although referring to judicial authorities, is extrapolatable to administrative authorities, is violated. The judges of the Inter-American Court provided: 'C.5.2. The application of the pro actione principle. 543. Secondly, considering the seriousness of the risks derived from climate impacts and the way these affect to a greater extent persons and groups in particularly vulnerable situations, the Court considers that the conduct of judicial proceedings related to such risks and impacts must be guided by the application of the pro actione principle. According to this principle, the interpretation or application of procedural norms must be avoided if it unjustifiably impedes or hinders the possibility of a judicial body hearing and resolving in Law the claims submitted to it, with the most favorable interpretation for access to jurisdiction always prevailing. Consequently, judicial bodies must interpret and apply the relevant norms in such a way as to effectively guarantee access to material justice for those who require it in the context of the climate emergency...' Let us remember that tree felling and the elimination of forest cover (cobertura boscosa) are factors that impact climate change due to the loss of carbon fixation, for example, and precisely that is what we seek to avoid, and that is why we requested information and filed the complaint on July 17 of this year. But the respondents, evading their obligations and shielding themselves under restricted and rigid procedural concepts, preferred to deny us data, and this has us here alleging violations of fundamental rights, constitutional votes, and even those of the Inter-American Court. Note in our complaint that we even asked the respondents for a new inspection, and there was no response regarding this, and months pass without action, while our forests are altered and biodiversity is lost (...) PRETENSIONS We request the following: That it be stated that the respondents violated our rights by denying us access to vital administrative environmental information to process environmental complaints before SETENA and the Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. That the respondents could not respond to us that they denied us environmental information, as this violates the right to citizen participation in environmental matters and demonstrates non-transparent activity. That more than two months have passed since we filed the complaint and we do not know why they did not conduct another inspection as we had requested. That given the climate crisis and what Advisory Opinion 32/25 of the Inter-American Court provides, you must recognize that said pronouncement has been transgressed by denying us the rights alleged, which would help establish protections tending to procure the right to a healthy climate. That it be ordered that the argument to refuse giving us information responds to unacceptable procedural standards in environmental matters when speaking of environmental damages. That it be stated that there was not, nor does there exist, a reason for not having proceeded to conduct a new inspection in accordance with the complaint presented by us in our written brief of July 17 of the current year. That it be stated that the respondents have the obligation to provide us with the pertinent information on the negative environmental impacts on the ecosystems found in the inspection of June 25 of the current year. I beg that it be stated that the respondents have 5 business days after the issuance of the vote on this amparo to answer us and provide us with what was requested."

2.- By means of a resolution from the Presidency of the Chamber at 22:25 hours on September 26, 2025, the process was given course and a report was requested from the executive director, as well as the regional director and the head of the Subregional Office of Cóbano, both of the Área de Conservación Tempisque, all of SINAC, regarding the facts alleged by the petitioner.

3.- By written brief incorporated into the digital file on October 10, 2025, Nelson Marín Mora reports under oath, in his capacity as regional director of the Área de Conservación Tempisque of SINAC. Explains: "In relation to the case in question I issued the following orders that are reflected in the report under official letter number SINAC-CARTA-ACT-OSRC-394-2025 dated October 7, 2025, issued by Mr. William Morales Castro, Coordinator of the Oficina subregional de Cóbano of the Área de Conservación Tempisque of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, and attached to this report indicating the following: 1- 'On June 25, 2025, accompanied by SINAC officials Karin Sthal and María José Jiménez, we conducted a visit to the project known as residencias Laty to perform a follow-up inspection where administrative orders for the stoppage of works were issued by order of the Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, indicated in official letters No. 207-FAA-2025 and No. 245-FAA-2025. The requested report was submitted on July 1 by email to the requesting prosecutor, Ms. Cindy Mesén Porras. 2- On July 17, 2025, Miss Nombre32587 appeared at the SINAC office in Cóbano to leave a written submission without a date in which she asked us for detailed information about the inspection conducted on June 25 at the proyecto residencia Laty. 3- On July 23, 2025, Miss Nombre32587 was answered by means of official letter SINAC-CARTA-ACT-OSRC-315-2025, that because the case was in a judicial stratum we could not share the information gathered in the report CARTA-SINAC ACT-OSRC-277-2025. A response was given to her via an email to which the official letter SINAC-CARTA-ACT-OSRC-315-2025 was attached'. In compliance with what was ordered by the Sala Constitucional, a record is hereby made of the actions carried out by the Área de Conservación within the established period, subscribed under the report SINAC-CARTA-ACT-OSRC-394-2025 dated October 7, 2025, issued by Mr. William Morales Castro, Coordinator of the Oficina subregional de Cóbano of the Área de Conservación Tempisque of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación as attached in the evidence provided, therefore, the actions of the Área de Conservación Tempisque of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación are in accordance with the regulations and are being attended to in a timely and proper manner."

4.- By written brief incorporated into the digital file on October 15, 2025, the petitioner states: "FIRST: Now that the respondents have answered, note that they say NOTHING about the complaint where we asked them for a new report on what was occurring in the mountain on July 17. Let us remember that this is an area where the forest is in a process of land-use change (cambio de uso del suelo) and this is VERY delicate, given that there is an abandonment of responsibilities, and you should know that to this day we continue to hear chainsaws and wagons enter and leave in plain sight and with the tolerance of a community. SECOND: Also, the respondents say when answering the amparo: 'On July 17, 2025, Miss Nombre32587 appeared at the SINAC office in Cóbano to leave a written submission without a date in which she asked us for detailed information about the inspection conducted on June 25 at the proyecto residencia Laty...' But as you can read in our complaint, there IS a date, but what is relevant is that we never asked for that DETAILED report, but rather we justified that we simply needed a report on what was found on June 25 of the current year, to process administrative environmental complaints. But it must be clear that we did not ask to be informed about the criminal or judicial process, or anything of the sort; hence, there was no justification before, nor is there now, for not providing us with what we requested in environmental matters, which has been expressly denied to us. They now point out to you: '3- On July 23, 2025, Miss Nombre32587 was answered by means of official letter SINAC-CARTAACT-OSRC-315-2025, that because the case was in a judicial stratum, the information gathered could not be shared...' (Emphasis ours) Also, in the report to this Chamber, SINAC official Morales textually points out: 'Figure 3. Response sent to Miss Nombre32587 president of ACH. In this way, we can demonstrate that the citizen was always given a timely response to the queries made to this office; the information of the specific case could not be divulged because it is in judicial channels...' (Emphasis ours) THIRD: As seen, the answer to this Chamber contains false facts, because we are still waiting for the report on environmental damages from what was found on June 25, and for the report requested on July 17 with the new complaint, and therefore we beg that the amparo be granted in all its terms and it be ordered that we must be given the 2 reports, since they deal with matters of public environmental interest, covered by the right to information and the provisions of constitutional numeral 50, where it is indicated that we are legitimated to denounce and therefore to receive responses on the findings that allow us to manage in COMMUNITY GOVERNANCE before the Municipality and SETENA. This Chamber has provided in that regard: (...)".

5.- By means of a record signed on July 20, 2025, by the acting secretary and acting judicial technician 3, both of the Sala Constitucional, it was indicated that: "reviewed, at ten hours nineteen minutes of October twenty, two thousand twenty-five, in the SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES the CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS AND THIS EXPEDIENTE, it did not appear that from October 6 to 10 and from October 10 to 15 of two thousand twenty-five respectively, the executive director and the head of the subregional office of Cóbano, both of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) of MINAE, had filed any written submission or document whatsoever, in order to render the report that was requested of them in the resolution issued at twenty-two hours twenty-five minutes of September twenty-six, two thousand twenty-five."

6.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,

Considerando:

I.- PRELIMINARY MATTERS. Firstly, it must be clarified that, based on judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours of February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction those matters in which it is disputed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or the sectoral laws in special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —processed ex officio or at the request of a party— or to hear the corresponding administrative remedies. However, it has also contemplated cases of exception to the above, as occurs in this case, since the grievance refers to a presumed environmental complaint. In this type of matter, constitutional jurisprudence has considered the application of constitutional control to be appropriate, and therefore we proceed to resolve the sub iudice.

Having clarified the above, given that the executive director and the head of the subregional office of Cóbano, both of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, omitted to answer the hearing within the deadline set by this Court in the resolution giving course to the sub lite, the amparo action shall be resolved in accordance with article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional and taking into consideration the evidentiary elements contained in the case file.

II.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner points out that on July 17, 2025, a petition was filed before SINAC through which information was requested and a complaint was made; however, the respondent party refused to address what was petitioned by indicating that the matter is in judicial channels.

III.- PROVEN FACTS. Deemed duly proven for the decision of this matter are the following facts:

a) On June 25, 2025, personnel from SINAC appeared at the project known as residencias Laty to carry out a follow-up inspection of administrative orders for the stoppage of works at the instruction of the Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental. (See documentary evidence).

b) Through a written submission with a received date of July 17, 2025, whose heading reads: "ASUNTO: PETICIÓN DE INFORME DE INSPECCIÓN EN ZONA BOSCOSA EN COBANO Y DENUNCIA NUEVA POR DAÑOS A ECOSISTEMA BOSCOSO", the petitioner stated to SINAC: "It is of my knowledge that on June 25, 2025, personnel from the regional office of SINAC in Cóbano conducted an inspection on a property located in Playa Hermosa, San Martin de Coabno, in which earthworks (movimientos de tierra), tree felling, and other possible environmental damages were being carried out. (...) The location of the events is on the road to Playa Hermosa, after the Blue Mist hotel, heading from Santa Teresa towards Manzanillo, opposite the Pasha rental houses (Google Maps coordinates 9.66343° N, 85.18587° W). As we are a group that works in environmental protection matters, we beg you to provide us with the report of what was found that day, as we need said information in order to file complaints before the SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) (...) Therefore, if we are facing cases of damages in a project that even obtained an environmental license, it is vital for us to have the findings found by you. Even let this request for a report also serve to expose that the 'works' on that hill continue, since heavy machinery operating is heard, and therefore by way of complaint, we ask that you appear to conduct a new inspection and provide us with that new official record. At SETENA, the project has obtained an environmental enabling act, but we need the technical and descriptive information that you obtained from the field visit to be able to have timely elements to challenge the license, and therefore we beg you to provide us with the report and, as we have indicated, we ask that you appear again (...) Note that we are requesting a specific report that, as public officials, you have made and at the same time we request an inspection. The data you provide will help stop the irregularities and the impacts on various ecosystems at the site. We base ourselves on the principle of environmental information, the precautionary, the principle of ecosystem lifetime tenure (irreductibilidad de ecosistemas), and the preventive principle. We request that you tell us, is there, to date, any order to stop works at the site? We receive notifications at the email: ...54". (See documentary evidence).

c) Through official letter SINAC-CARTA-ACT-OSRC-315-2025 of July 23, 2025, the coordinator of the Oficina Subregional Cóbano of the Área de Conservación Tempisque of SINAC communicated to the petitioner: "(...) the SINAC office in Cóbano is working to comply with current environmental regulations, the site you mention through a note sent to this office and signed by you refers to a property where a case is being developed under expediente number 23-000028-0611-PE. The Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental issued an order (Official Letter No. 207-FAA-2025) to this office to stop the works, due to this situation, administrative orders were applied to stop the activities in said area, and we have likewise been in continuous monitoring to ensure compliance. Because it is a case that is in judicial channels, we cannot give more information in this regard; we appreciate your understanding. At the subregional office of Cóbano, we ensure the conservation of forests and protection areas as provided in Ley Forestal No. 7575 and we cannot give information in those cases that are in judicial channels." (See documentary evidence).

d) On October 6, 2025, the executive director of SINAC was notified of the resolution giving course to this process. (See notification record).

e) On October 9, 2025, the regional director of the Área de Conservación Tempisque of SINAC was notified of the resolution giving course to this process. (See notification record).

f) On October 10, 2025, the head of the subregional office of the Área de Conservación Tempisque of SINAC was notified of the resolution giving course to this process. (See notification record).

IV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the petitioner points out that on July 17, 2025, a petition was filed before SINAC through which information was requested and a complaint was made; however, the respondent party refused to address what was petitioned by indicating that the matter is in judicial channels.

The Chamber verifies that, on June 25, 2025, personnel from SINAC appeared at the project known as residencias Laty to carry out a follow-up inspection of administrative orders for the stoppage of works at the instruction of the Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental. Through a written submission with a received date of July 17, 2025, whose heading reads: "ASUNTO: PETICIÓN DE INFORME DE INSPECCIÓN EN ZONA BOSCOSA EN COBANO Y DENUNCIA NUEVA POR DAÑOS A ECOSISTEMA BOSCOSO", the petitioner stated to SINAC: "It is of my knowledge that on June 25, 2025, personnel from the regional office of SINAC in Cóbano conducted an inspection on a property located in Playa Hermosa, San Martin de Coabno, in which earthworks (movimientos de tierra), tree felling, and other possible environmental damages were being carried out. (...) The location of the events is on the road to Playa Hermosa, after the Blue Mist hotel, heading from Santa Teresa towards Manzanillo, opposite the Pasha rental houses (Google Maps coordinates 9.66343° N, 85.18587° W). As we are a group that works in environmental protection matters, we beg you to provide us with the report of what was found that day, as we need said information in order to file complaints before the SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) (...) Therefore, if we are facing cases of damages in a project that even obtained an environmental license, it is vital for us to have the findings found by you. Even let this request for a report also serve to expose that the 'works' on that hill continue, since heavy machinery operating is heard, and therefore by way of complaint, we ask that you appear to conduct a new inspection and provide us with that new official record. At SETENA, the project has obtained an environmental enabling act, but we need the technical and descriptive information that you obtained from the field visit to be able to have timely elements to challenge the license, and therefore we beg you to provide us with the report and, as we have indicated, we ask that you appear again (...) Note that we are requesting a specific report that, as public officials, you have made and at the same time we request an inspection.

The data you provide us will help stop the irregularities and the impacts on various ecosystems at the site. We base our actions on the principle of environmental information, the precautionary principle, the principle of lifetime tenure of ecosystems (irreductibilidad de ecosistemas), and the preventive principle. We request that you tell us: Is there, to date, any order to stop works at the site? We receive notifications at the email address: ...54”. By means of official letter SINAC-CARTA-ACT-OSRC-315-2025 of July 23, 2025, the coordinator of the Cóbano Subregional Office of the Tempisque Conservation Area of SINAC informed the petitioner: “(…) the SINAC office in Cóbano is working to comply with current environmental regulations. The site you refer to in the note sent to this office and signed by you concerns a property where a case is being developed under case file number 23-000028-0611-PE. The Adjunta Agrario Ambiental Prosecutor's Office issued an order (Official Letter No. 207-FAA-2025) to this office to stop the works; due to this situation, administrative orders were issued to stop the activities in said area. In the same way, we have been continuously monitoring compliance. As this is a case that is in the judicial process, we cannot provide further information in this regard; we appreciate your understanding. In the Cóbano subregional office, we ensure the conservation of forests and protection areas as provided in Forest Law No. 7575, and we cannot provide information in cases that are in the judicial process.”

In view of the foregoing, this Chamber deems it appropriate to cite what was indicated in judgment No. 2025016170 of 9:20 a.m. on May 30, 2025:

“IV.1. Regarding the request made through official letter AEL-00168-2025.

Regarding this point, the Chamber deems it proven that the petitioner, by means of official letter AEL-00168-2025 of April 11, 2025, addressed to the head of Protection and Control of ACLAC, stated: “Ref: Urgent complaint for improper intervention in wetlands and forests in front of the urban development project of the Cooperative Coopetrauto R.L. Dear Sir: I address you in your capacity as Head of the Protection and Control of the Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC), for the purpose of filing an emphatic complaint and requesting your immediate intervention to guarantee the protection and restoration of the wetlands and forests located in front of the urban development project of the Cooperative Coopetrauto R.L. (legal ID CED14630), in the Santa Rosa sector, province of Limón. It is alarming and extremely serious that, in the context of the announced construction project for the new Limón Hospital in the Santa Rosa zone, activities are being carried out that directly threaten the environmental balance of the area. In particular, forest subdivision (fraccionamiento de bosques), wetland drainage, and tree felling have been verified in the aforementioned area, actions that flagrantly contravene current environmental regulations, including the Organic Environmental Law (No. 7554), the Forest Law (No. 7575), and Costa Rica's international commitments on wetland conservation, such as the Ramsar Convention. Today, we have witnessed the presence of a worker carrying out tree felling within a wetland and forest adjacent to the urban development project of the Cooperative Coopetrauto R.L. These activities, far from being isolated events, suggest a clear intention to subdivide the forests, alter land use (uso del suelo), and drain the wetlands, representing environmental damage that is difficult or impossible to repair. Such acts not only compromise the biodiversity and ecosystem services of the area but also affect the fundamental rights of local communities to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article 50 of the Political Constitution. Consequently, I IMMEDIATELY request the following actions: 1. The total halt of any felling, drainage, or subdivision activity in the wetlands and forests of the indicated sector. 2. An urgent inspection by the competent authorities of ACLAC in the affected area, in order to evaluate the damages caused and determine the corresponding responsibilities. 3. The adoption of effective measures for the restoration of the degraded ecosystems and the sanction of those responsible for these illicit activities, as established by environmental legislation. 4. The submission of a detailed report on the actions undertaken by your office to address this complaint, within a period not exceeding ten business days. Mr. Nombre10724, your role as Head of Protection and Control imposes upon you the unavoidable obligation to ensure the conservation of natural resources under your jurisdiction. Inaction or delay in this matter would be not only an omission of your duties but also an affront to the principles of sustainability and environmental justice that must guide public management. Without further ado, I reiterate the urgency of your intervention and remain attentive to any communication.” The coordinator of the Prevention, Control, and Protection program of ACLAC, by official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 of April 22, 2025, addressed to [Nombre443 001], stated: “SUBJECT: Response AEL-00168-2025. Dear Sir [Nombre443 001], In response to the request regarding the complaint filed concerning the impact on the property associated with the Cooperative Coopetrauto R.L, the following is reported: • This case is currently in the judicial process since 2023, recorded in judicial case 23-000011-0472-PE. • At the time, an order was issued to halt any activity that would affect the ecological environment of the property identified in the National Wetland Registry. • On behalf of SINAC, the site has been visited for the purpose of informing the Prosecutor's Office about the current status, as well as the non-compliance with the ordered precautionary measures. • Restoration measures must be requested in due course by the Prosecutor's Office, so that, by order of a judge of the republic, they are imposed on those responsible or representatives of Coopetrauto R.L. • The reports prepared for this case are addressed to the Prosecutor's Office, so that they may be incorporated into the corresponding file. In understanding of your concern regarding the impact on the wetland ecosystem, you are informed that this unit has carried out what the procedures require to identify the illegality due to violations of articles of law associated with this case.” On May 19, 2025, the respondent authorities were notified of the course of this process. The coordinator of the Prevention, Control, and Protection program of ACLAC, by official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025 of May 20, 2025, addressed to [Nombre443 001], stated: “SUBJECT: Clarification and amplification of note AEL-00168-2025. Ref. SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025. Dear Sir, In order to expand upon our official letters SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, in response to your note AEL-00168-2025, the following clarifying response is sent to you for the four detailed points: 1. The total halt of any felling, drainage, or subdivision activity in the wetlands and forests of the indicated sector. R/ I inform you that in the analysis and interpretation of the location where the reported incident occurs, the location provided is unclear and ambiguous, being imprecise in the interpretation of what was indicated: 'Urgent complaint for improper intervention in wetlands and forests in front of the urban development project of the Cooperative Coopetrauto Nombre2881.' or 'we have witnessed the presence of a worker carrying out tree felling within a wetland and forest adjacent to the urban development project of the Cooperative Coopetrauto R.L.'. That is, 'in front of' or 'adjacent' requires greater accuracy since they are contradictory. I inform you that in the analysis and interpretation of the location where the reported incident occurs, the location provided is unclear and ambiguous, being imprecise in the interpretation of what was indicated: 'Urgent complaint for improper intervention in wetlands and forests in front of the urban development project of the Cooperative Coopetrauto R.L.' or 'we have witnessed the presence of a worker carrying out tree felling within a wetland and forest adjacent to the urban development project of the Cooperative Coopetrauto R.L.'. We appreciate you providing the site you wish to report with greater precision, so that we have better tools to assess whether a new inspection is required, given that, as indicated at this moment, it is inaccurate. 2. An urgent inspection by the competent authorities of ACLAC in the affected area, in order to evaluate the damages caused and determine the corresponding responsibilities. R/ Despite not having the exact site you wish to report, we reiterate that in response to what was requested in note AEL-00168-2025, it is clarified that this unit, assuming that by indicating 'in front of or adjacent' we interpret that it refers to the northeastern side of the property where the case of the Cooperative Coopetrauto Nombre2881 is being handled (case 23-000011-0472-PE); this being so, and with the aim of providing you with information regarding the actions taken concerning environmental crimes at the site, from the actions of the Prevention, Control, and Protection Program of the Amistad Caribe Conservation Area, the corresponding complaint was processed for environmental impact, specifically for the damage and modification of the wetland ecosystem present in the zone. Said complaint corresponds to case number 24-000066-472-PE, so the following is reported: • This case is currently in the judicial process since 2024, recorded in judicial case 24-000066-472-PE. • At the time, an order was issued to halt any activity that would affect the ecological environment of the property identified in the National Wetland Registry and the determination of new wetland areas. • On behalf of SINAC, the site has been visited for the purpose of informing the Prosecutor's Office about the current status, as well as the non-compliance with the ordered precautionary measures. 3. The adoption of effective measures for the restoration of the degraded ecosystems and the sanction of those responsible for these illicit activities, as established by environmental legislation. R/ Restoration measures must be requested in due course by the Prosecutor's Office, so that, by order of a judge of the republic, they are imposed on those responsible or representatives of the property in question. 4. The submission of a detailed report on the actions undertaken by your office to address this complaint, within a period not exceeding ten business days. R/ The reports prepared for this case are addressed to the Prosecutor's Office, so that they may be incorporated into the corresponding file. You are reminded that regarding specific information such as that requested, which is part of a judicial case, the provisions of Article 295 of the Criminal Procedure Code regarding the privacy of the proceedings must be respected: 'the preparatory procedure shall not be public for third parties; however, the proceedings may be examined by the parties or their representatives. To attorneys who invoke a legitimate interest, the prosecutor of the Public Ministry, after verifying that interest, may report on the facts being investigated. Likewise, all parties and public officials who participated in the investigation must maintain secrecy regarding it.' In understanding of your concern regarding the impact on the wetland and forest ecosystem, you are informed that this unit has carried out what the procedures require to identify the illegality due to violations of articles of law associated with this case. Therefore, you are also requested to file these environmental complaints on the official SITADA platform, so that follow-up can be given to these crimes.” The petitioner, by official letter AEL-00224-2025 of May 20, 2025, addressed to the coordinator of the Prevention, Control, and Protection program of ACLAC, stated: “Subject: Response to Official Letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025 and Request for Clarifications Dear Sir: I address you in your capacity as Coordinator of the Prevention, Control, and Protection Program of the Amistad Caribe Conservation Area (SINAC-ACLAC), in response to official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025, dated May 20, 2025, addressed to the undersigned, which expands upon official letters SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, in relation to my note AEL-00168-2025 regarding improper interventions in wetlands and forests adjacent to the urban development project of the Cooperative Coopetrauto R.L. I appreciate your response, but I consider that the content of the official letter does not adequately address the seriousness of the reported environmental violations, nor does it meet the level of rigor expected from an official who acts as environmental police, serving as the 'eyes' of judges and prosecutors in the field. Below, I detail my observations and requests: 1. Insufficiency in the Identification of the Reported Site: Your official letter qualifies the reported location ('in front of or adjacent' to the project of the Cooperative Coopetrauto R.L.) as 'ambiguous,' which is unjustified given that the references provided are clear. The intervention includes a road that divides a wetland and large ditches that prevent its restoration, facts that are not mentioned in your response. I request an exhaustive report, accompanied by satellite photographs, detailing the true factual picture of these interventions, allowing judges and prosecutors to properly assess the situation. 2. Omission of Broader Impacts on the Ecosystem: The official letter ignores that the wetland ecosystem transcends the boundaries of the property of the Cooperative Coopetrauto R.L. Furthermore, the concerning activity of drainage and filling of wetlands in the area is not mentioned, especially in light of the eventual construction of the future Limón Hospital. These actions, inexplicably, have not been investigated by the SINAC-ACLAC authorities, reflecting a passive reaction that depends exclusively on actions by interested parties. 3. Lack of Rigor in the Fulfillment of Duties: As Coordinator of the Prevention, Control, and Protection Program, your role requires providing judicial authorities with accurate and complete information. However, the official letter does not evidence rigorous follow-up to the halt order mentioned in case 24-000066-472-PE, nor does it detail concrete measures for the restoration of the affected ecosystem. I request that an urgent inspection be carried out in the area, documented with visual and technical evidence, to guarantee compliance with the precautionary measures and evaluate the damages. 4. Inappropriate Use of Article 295 of the Criminal Procedure Code: Invoking Article 295 to limit the delivery of information is disproportionate and hinders transparency. As a complainant, I have a legitimate interest in knowing the actions undertaken, as permitted by the article itself. I urge that a detailed and accessible report be provided on the measures taken, within a period not exceeding ten business days, in compliance with my original request. 5. Use of the SITADA Platform: While I am asked to file complaints through the SITADA platform, this does not exempt SINAC-ACLAC from proactively investigating the reported environmental violations, especially when it involves protected ecosystems such as wetlands. I request that it be clarified how follow-up is being given to these complaints in SITADA and what preventive measures have been implemented in the area. By virtue of the foregoing, I respectfully request: • The preparation of a detailed report, with satellite and photographic evidence, describing the interventions in the wetland (road, ditches, drainage, and fills) and their impact on the ecosystem, including areas beyond the property of the Cooperative Coopetrauto R.L. • An immediate and exhaustive inspection in the affected area, with a clear report on compliance with the precautionary measures of case 24-000066-472-PE. • The adoption of urgent measures to stop any activity that degrades the wetland and to initiate ecosystem restoration, in accordance with environmental legislation. • An accessible report on the actions undertaken, within a period of ten business days, guaranteeing transparency and accountability. I attach a copy of my original note AEL-00168-2025 for your reference. I await your prompt response and concrete actions to protect the wetland and forest ecosystems in the area. I remain at your disposal for any clarification or additional information.”

From this perspective, it is appropriate to partially grant the claim sought by the petitioner.

Certainly, ACLAC responded quickly to the first request; however, it is not observed that the reported situation was addressed. Indeed, on April 11, 2025, the appellant brought to the attention of that unit alleged serious environmental impacts, such as forest subdivision, wetland drainage, and tree felling; it was even expressly stated that on that same day there was a 'worker carrying out tree felling within a wetland and forest.' Despite the foregoing, the respondent authority merely pointed out that the case had been in the judicial process since 2023, and that at the time an order had been issued to halt any activity; furthermore, that SINAC had visited the site to inform the Prosecutor's Office of the non-compliance with precautionary measures. Additionally, on the occasion of this amparo proceeding, ACLAC indicated that there was a lack of clarity regarding the reported property and expanded the response regarding the existence of another criminal case initiated in 2024; however, it again merely pointed out that the case was in the judicial process and that at the time an order to halt activities had also been issued, as well as that the site had been visited to inform the Public Ministry of the non-compliance with precautionary measures. Likewise, it is verified that, in both responses, when faced with the request for details of the actions undertaken in light of the complaint, it was explicitly stated that the case reports are sent to the Prosecutor's Office to be incorporated into the file.

Regarding the foregoing, it is necessary to point out that the judicialization of an environmental situation does not exempt SINAC from fulfilling the administrative competencies granted to it by the legal system (provided they do not hinder the criminal investigation or resolve matters that should be properly addressed in the latter), without prejudice to subsequently bringing facts it deems pertinent to the attention of criminal authorities. This is especially true when dealing with complaints that allude to some criterion of urgency and currentness, as occurs in the sub examine where ongoing actions were mentioned ('tree felling within a wetland and forest,' as well as 'wetland drainage') that were allegedly being executed at the time of filing. Hence, it is illegitimate for ACLAC to adopt a passive and evasive attitude (because the facts were reported in the criminal process and halt orders were issued in previous years), since the administrative complaint itself refers to current situations that warrant prompt intervention. Precisely, it must be mentioned that the criminal process is not per se exclusive of those actions that SINAC may carry out (always within the administrative sphere) to protect the environment, prevent even greater damages, or prevent additional negative repercussions beyond those already reported judicially. It should even be noted that the national legal system grants the status of police authority to officials of the Forest Administration (Article 54 of the Forest Law) and to Wildlife inspectors (section 15 of the Wildlife Conservation Law). The foregoing also does not exempt such institution from accounting for its actions to administrative complainants (for example, those actions of a public nature regarding the handling of administrative environmental complaints), without prejudice to withholding those data or documents addressed to criminal authorities that are indeed covered by the privacy of proceedings contemplated in Article 295 of the Criminal Procedure Code.

Regarding the sub iudice, the Chamber, in judgment No. 2024004807 of 9:20 a.m. on February 23, 2024, resolved:

“Firstly, the Chamber observes that the request filed before SINAC describes the impact on the 'Carrizal lagoon wetland' due to the erection of infrastructure and the carrying out of burning; it also requests an investigation of what was presented and that control, protection, and sanction actions be executed; however, this decentralized body of MINAE only carried out an inspection in the area and filed a complaint before the Public Ministry (which did not address all the points alleged in the appellant's request). Note that in the 'Report on environmental damages' sent to the Prosecutor's Office, only constructions and the opening of a road within the protection area of the Carrizal lagoon were mentioned. In any case, the action of SINAC in the administrative venue cannot be limited, once any possible environmentally relevant situation is verified, to referring the matter to the investigative phase in the criminal process. Precisely, this unit has the power to initiate proceedings on complaints filed for violations of environmental regulations and to issue administrative acts to ensure compliance. Hence, the omission to address the substance of the reported situation constitutes a matter of constitutional relevance for the purposes of seeking protection under section 50 of the Constitution.

In relation to the foregoing, the Biodiversity Law states:

“ARTICLE 22

National System of Conservation Areas The National System of Conservation Areas is hereby created, hereinafter referred to as the System, which shall have its own legal personality; it shall be a decentralized and participatory institutional management and coordination system that will integrate competencies in forestry, wildlife, protected areas, and the Ministry of Environment and Energy, in order to issue policies, plan, and execute processes aimed at achieving sustainability in the management of Costa Rica's natural resources. In accordance with the foregoing, the General Directorate of Wildlife, the State Forest Administration, and the National Parks Service shall exercise their functions and competencies as a single instance, through the administrative structure of the System, without prejudice to the objectives for which they were established. The protection and conservation of the use of watersheds and water systems are included within the System's competencies.

(…)

ARTICLE 28.-

Conservation Areas The System shall be constituted by territorial units called Conservation Areas under the general supervision of the Ministry of Environment and Energy, through the National Council of Conservation Areas, with competence throughout the national territory, whether concerning protected wild areas, areas with a high degree of fragility, or private areas of economic exploitation. Each conservation area is a territorial unit of the country, administratively delimited, governed by the same development and administration strategy, duly coordinated with the rest of the public sector. In each one, both private and state activities in conservation matters are interrelated without detriment to protected areas. The Conservation Areas shall be responsible for applying current legislation on natural resources within their geographical demarcation. They must execute the policies, strategies, and programs approved by the National Council of Conservation Areas in matters of protected areas; likewise, they shall be responsible for the application of other laws governing their subject matter, such as the Wildlife Conservation Law, No. 7317, of October 30, 1992, and the Forest Law, No. 7575, of February 13, 1996, Organic Law, No. 7554, of October 4, 1995, and the Law Creating the National Parks Service, No. 6084, of August 24, 1977. Based on the Council's recommendations, the Ministry of Environment and Energy shall define the territorial division that is technically most advisable for the country's Conservation Areas, as well as their modifications.”


Furthermore, the Wildlife Conservation Law states:

“Article 7.- The National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy has the following functions in the exercise of its competence:

a) Establish the technical measures to be followed for the proper management, conservation, and administration of wildlife(*), subject to this law and the respective international conventions and treaties ratified by Costa Rica.

(*)(Name modified by Article 3 of Law No. 9106 of December 20, 2012; previously stated 'wild flora and fauna')

b) Establish national wildlife refuges and administer them.

c) Promote the establishment of national wildlife refuges on mixed or private property.

d) Promote and execute education and research programs on the additional use of the country's renewable natural resources in the field of wildlife under its competence, in accordance with this law.

e) Promote and execute research in the field of wildlife, except those referring to genetic and biochemical resources regulated by the Biodiversity Law.

f) Issue, deny, or cancel control hunting, extraction, research, scientific and academic collection permits, and any permit to import or export wildlife, its parts, products, and derivatives, as well as approve, reject, or modify management plans and operating permits for the different wildlife management establishments, wildlife refuges, and for those wildlife management activities that require it.

g) Finance theses or research that allows for a better knowledge of wildlife.

h) Protect, supervise, and administer wetlands with an ecosystem approach, as well as determine their classification of national or international importance.

i) Create and manage management, control, surveillance, and research programs on wildlife.

j) Support the formal and informal education programs of the Inter-Institutional Commission for Education and Public Awareness and Research in Biodiversity (Ciecopi).

k) Coordinate with other competent entities in the prevention, mitigation, response to, and follow-up of damages to wildlife.

l) Promote the responsible participation of individuals, individually or collectively, in the preservation and restoration of ecological balance and the protection of the environment.

m) Promote the conservation of natural ecosystems.

n) Establish contingency plans for the protection of wildlife in the event of natural disasters.

ñ) Coordinate actions with institutions, public or private, national or international, for the conservation and sustainable management of wildlife.

The delimitation of wetlands shall be done by executive decree, according to technical criteria.

(As amended by Article 1 of Law No. 9106 of December 20, 2012).”

In addition, section 99 of the Organic Environmental Law establishes:

“Article 99.- Administrative sanctions.

In the event of a violation of environmental protection regulations or environmentally harmful conduct clearly established in this law, the Public Administration shall apply the following protective measures and sanctions:

a) Warning by means of a notification that a complaint exists.

b) Reprimand commensurate with the seriousness of the violating acts, once they have been proven.

c) Execution of the performance bond, granted in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental).

d) Partial or total restrictions, or an order for the immediate cessation of the acts giving rise to the complaint.

e) Total or partial, temporary or permanent closure of the acts or events causing the complaint.

f) Partial, total, permanent, or temporary cancellation of the permits, patents, premises, or businesses causing the complaint, the polluting or destructive act or event.

g) Imposition of compensatory or stabilizing obligations for the environment or biological diversity.

h) Modification or demolition of constructions or works that damage the environment.

i) Alternative means of commuting the sanction, such as attending official environmental education courses; furthermore, performing community work in the environmental field.

These sanctions may be imposed on private individuals or public officials, for actions or omissions violating the norms of this law or other provisions for the protection of the environment or biological diversity."

Consequently, the appeal is to be granted with regard to SINAC for the purpose of, regardless of the referral of the matter to the criminal channel, fully analyzing the situation reported in the administrative channel in light of the legal system, resolving all of the alleged points, and, if appropriate, issuing the corresponding administrative acts.

Furthermore, the Municipality of Garabito also received the complaint from the petitioner requesting the intervention of the local government within the scope of its powers, for instance, among other aspects, regarding municipal permits and the impact of the works on the aforementioned wetland; however, there is no record that, after more than two months, the reported situation had been addressed or that any response had been notified. This is especially true given that, according to the record, the inspection carried out by the municipal authorities confirmed the absence of municipal permits. Hence, since potential environmental damage is at stake, the appeal is also to be granted against the respondent municipality.

(…)

Therefore:

The appeal is granted. It is ordered: 1) To David Chavarría Morales and Jeffrey Hernández Espinoza, in their order as acting executive director and regional director of the Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central), both from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), or whoever holds those positions, that they coordinate whatever is necessary, issue the pertinent orders, and carry out all actions within the scope of their powers so that, within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, the situation reported by the petitioner in the filing of October 25, 2023, is fully analyzed, all the alleged points are resolved, and, if appropriate, the administrative acts corresponding to the sphere of competence of the National System of Conservation Areas are issued, all of which must be notified to the appellant through the means indicated for such purposes within the same period granted ut supra. (…)".

By virtue of the considerations set forth and taking into consideration the cited precedent, the partial granting of this point is appropriate, under the terms to be set forth in the operative part of this ruling" (bold text added).

The transcribed precedent is applicable to the sub iudice, given that no grounds are found to vary the expressed criterion, nor reasons to assess the formulated situation differently.

In this way, it should be noted that this Court has already indicated that the judicialization of an environmental situation does not exempt SINAC from fulfilling the administrative powers granted to it by the legal system, provided that the criminal investigation is not obstructed nor are aspects appropriate to be elucidated in that venue resolved. Indeed, it should be recalled that in the transcribed precedent, it was explained that: "neither does it exempt such an institution from rendering accounts of its actions to the administrative complainants (for instance, those actions of a public nature regarding the handling of administrative environmental complaints), without prejudice to the reservation of data or documents directed to the criminal authorities that are indeed subject to the privacy of proceedings provided for in Article 295 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal)."

Now, it should be seen that in the filing made by the petitioner on July 17, 2025, three requests were made, so it is appropriate to analyze each one separately.

Firstly, in the filing that is the subject of this appeal, the appellant stated: "It has come to my knowledge that on June 25, 2025, the staff of the regional office of SINAC in Cóbano conducted an inspection (sic) on a property located in Playa Hermosa, San Martin de Cóbano (sic), where earthworks (movimientos de tierra), tree felling, and other possible environmental damages were being carried out. (...) The location of the events is on the road to Playa Hermosa, after the Blue Mist hotel, heading from Santa Teresa towards Manzanillo, in front of the Pasha rental houses (Google Maps coordinates 9.66343° N, 85.18587° W). Since we are a group working in the area of environmental protection, we request that you provide us with the report of what was found that day, as we need this information for the purpose of filing complaints at the level of the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, SETENA)." In response, by memorandum SINAC-CARTA-ACT-OSRC-315-2025 of July 23, 2025, SINAC stated: "(...) the SINAC office in Cóbano is working to comply with current environmental regulations; the site you mention via a note sent to this office and signed by you refers to a property where a case is being developed under file (expediente) number 23-000028-0611-PE. The Deputy Agrarian Environmental Prosecutor's Office (Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental) issued an order (Official Communication No. 207-FAA-2025) to this office to stop the works; due to this situation, administrative orders were applied to halt activities in said area, and we have likewise been continuously monitoring compliance. Because this is a case being processed in the judicial channel, we cannot provide further information in this regard; we appreciate your understanding. At the subregional office of Cóbano, we ensure the conservation of forests and protection areas as provided in the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575, and we cannot provide information in cases that are in the judicial channel" (highlighting added).

In consideration of the foregoing, the Court considers that the response given by SINAC to the petitioner is unacceptable, because, although it was stated that the inspection for which a report was requested is related to a property where a case is being developed before the Deputy Agrarian Environmental Prosecutor's Office, it is no less true that it was also stated that this makes it impossible to "provide information in cases that are in the judicial channel"; however, there is no evidence that it was explained that what the appellant requested is specifically subsumed under the provisions of Article 295 of the Code of Criminal Procedure regarding the privacy of proceedings ("ARTICLE 295.- Privacy of proceedings. The preparatory procedure shall not be public to third parties. The proceedings may only be examined by the parties, directly or through their representatives. Attorneys invoking a legitimate interest shall be informed by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) about the fact being investigated and about any accused or detainees that exist, so that they may decide whether to accept participation in the case. The parties, the officials participating in the investigation, and any other persons who, for any reason, have knowledge of the completed proceedings, shall have the obligation to maintain secrecy. Failure to comply with this obligation shall be considered a serious offense").

Ergo, the appeal is granted insofar as this grievance is concerned, under the terms indicated in the operative part of this matter.

V.- Secondly, note that, in the filing of July 17, 2025, the petitioner also stated: "let this request for information also serve to point out that the 'works' on that hill continue (sic), since heavy machinery in operation can be heard, and therefore, as a complaint, we request that you appear to conduct a new inspection and provide us with that new record." In this way, the appellant filed a complaint for alleged environmental damage occurring at the site indicated above; despite this, SINAC merely stated that there is a case pending before the Deputy Agrarian Environmental Prosecutor's Office. Therefore, in the sub examine, a diligent and expeditious action by SINAC to process and resolve the complaint in question is lacking, even though it was filed more than two months ago. Consequently, the matter is accepted regarding this point, as indicated in the operative part of this matter.

VI.- Finally, in the filing under study, it was stated: "We request that you tell us, if [sic] as of today, is there any order to stop works at the site?" Regarding this, it should be seen that in the response communication SINAC-CARTA-ACT-OSRC-315-2025 of July 23, 2025, it was stated: "The Deputy Agrarian Environmental Prosecutor's Office issued an order (Official Communication No. 207-FAA-2025) to this office to stop the works; due to this situation, administrative orders were applied to halt activities in said area, and we have likewise been continuously monitoring compliance." In this way, prior to the formulation of this matter, SINAC addressed the query in question made by the petitioner, which is why the appeal is not granted regarding this grievance.

VII.- NOTE BY JUDGE RUEDA LEAL. I consider it pertinent to warn that, since judgment No. 2019002355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, my position has been the following regarding amparo appeals when these have been filed on behalf of a legal person:

"in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition to legal persons under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the fact is that 'Article 1.2 of the American Convention enshrines rights only in favor of natural persons, so legal persons are not holders of the rights enshrined in said treaty.' Furthermore, in the same advisory opinion, the Inter-American Court stated that, in certain specific contexts, natural persons may exercise their rights through legal persons (for instance, through a media outlet, as occurred in the case Nombre32579 et al. against Venezuela); however, for this to be tutelable before the inter-American system, 'the exercise of the right through a legal person must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal person through which the violation occurred, since a simple link between the two persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons are effectively being protected and not those of legal persons. Indeed, proof beyond the mere participation of the natural person in the typical activities of the legal person is required, such that said participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.' (emphasis added) (OC. 22/16)". 

In this case, it can be deduced from the record that an essential relationship exists between the natural person and the legal person; therefore, I consider it appropriate to analyze the matter on its merits in order to determine whether or not the fundamental right allegedly aggrieved has been violated.

VIII.- DISSENTING VOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. With all due respect, I dissent from the majority vote that grants the appeal, based on the following reasons:

The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is protected not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review from legality review. In this sense, it is the undersigned's criterion that this Chamber, by way of amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality channel. For this reason, the simple breach of obligations and duties legally imposed on various public administrations in environmental matters is properly for hearing in the legality channel—administrative or jurisdictional—where, with much greater breadth, the alleged breaches or omissions can be scrutinized. It must be borne in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and expeditious process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and processes a procedure, issuing administrative acts, its knowledge becomes foreign to the sphere of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out regarding an environmental topic that requires, for its proper assessment, a full evidentiary proceeding is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with contrasting or reviewing technical or legal criteria developed under current legal or regulatory norms, or with the production of new and additional evidence necessary for contrasting or reviewing the criteria already contained in the administrative file of the case. To do otherwise would imply transforming the amparo into an ordinary process with a full evidentiary stage, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, which would cause it to lose its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the above, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its knowledge and scrutiny correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is precisely the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the competence of the legality channel. Consequently, this appeal should have been rejected outright, as its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved in the legality channel. However, since this was not done, it is appropriate to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conducts conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal system of statutory rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are advised that, if any paper document, objects, or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology device have been provided, these must be withdrawn within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not collected within that period will be destroyed, based on the "Regulation on the Electronic File before the Judiciary" (approved by the Full Court in Article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012) and in Article LXXXI of the session of the Superior Council of the Judiciary No. 43-12 of May 3, 2012.

Therefore:

The appeal is partially granted, only regarding the lack of due attention to the filing of July 17, 2025, concerning "It has come to my knowledge that on June 25, 2025, the staff of the regional office of SINAC in Cóbano conducted an inspection (sic) on a property located in Playa Hermosa (...) we request that you provide us with the report of what was found that day" and "let this request for information also serve to point out that the 'works' on that hill continue (sic), since heavy machinery in operation can be heard, and therefore, as a complaint, we request that you appear to conduct a new inspection and provide us with that new record." Nelson Marín Mora, in his capacity as regional director of the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque) of the National System of Conservation Areas, or whoever in his stead holds that position, as well as those holding the positions of executive director and head of the Subregional Office of Cóbano of the Tempisque Conservation Area, both of SINAC, are ordered to coordinate everything necessary and carry out all actions within the scope of their powers, for the purposes of: i) within a maximum period of FIVE DAYS, counted from the notification of this ruling, addressing, in accordance with the law, what the appellant petitioned in the filing of July 17, 2025, regarding "It has come to my knowledge that on June 25, 2025, the staff of the regional office of SINAC in Cóbano conducted an inspection (sic) on a property located in Playa Hermosa (...) we request that you provide us with the report of what was found that day" and notifying the corresponding outcome, for which the indications in recital (considerando) IV of this judgment must be taken into account; ii) within a period of TWO MONTHS, counted from the notification of this ruling, definitively resolving the complaint filed by the petitioner regarding "let this request for information also serve to point out that the 'works' on that hill continue (sic), since heavy machinery in operation can be heard, and therefore, as a complaint, we request that you appear to conduct a new inspection and provide us with that new record" and notifying the corresponding outcome to the complainant. All of the above, safeguarding restricted-access, confidential, and sensitive personal data, in accordance with applicable regulations. If any cost is incurred as a result of the required copies, it shall be borne by the interested party. The foregoing is ordered with the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on those who receive an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo appeal, and who do not comply with it or do not ensure its compliance, provided that the offense is not more severely punished. The National System of Conservation Areas is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the contentious-administrative judgment. On all other points, the appeal is dismissed. Judge Rueda Leal records a note. Judge Salazar Alvarado dissents and declares the appeal without merit, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conducts conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal system of statutory rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Notify.

 

 

 

	

Fernando Cruz C.

Acting President

	

 



Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.



Jorge Araya G.

	

 

	

Ingrid Hess H.



Ronald Salazar Murillo

	

 

	

Ileana Sánchez N.

 

 

Digitally Signed Document

-- Verification Code --



 INOS1ZZIRIA61

EXPEDIENTE N° 25-028450-0007-CO

 

Telephones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

 

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 11:40:31.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República