Res. 36174-2025 Sala Constitucional — Administrative delay in municipal environmental matter referred to contentious-administrative jurisdictionMora administrativa municipal en gestión ambiental se remite a la vía contenciosa

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Sala Constitucional

Resolución Nº 36174 - 2025

Fecha de la Resolución: 31 de Octubre del 2025 a las 09:30

Expediente: 25-032960-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-032960-0007-CO

Res. Nº 2025036174

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco .

  Recurso de amparo interpuesto por Nombre32893­­­­,  cédula de identidad número CED14993, a favor de Nombre32993; contra la MUNICIPALIDAD DE NICOYA.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala ­­­­a las  09:52   horas del  24  de octubre   de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que: “1.-) En fecha ocho de agosto y tres de setiembre ambos del dos mil veinticinco, en la cual se solicita al señor: Jorge Isaac Esquivel Jiménez, Coordinador del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nicoya, dar respuesta de los trámites número AM-1644-08-2025 p No. 17606-2025, de fecha tres de setiembre del 2025 ni el señor Esquivel Jiménez, ni la alcaldesa Gutiérrez Oviedo, han dado respuesta a lo solicitado.

 2.-) Considero que ha transcurrido más de un mes y la autoridad recurrida, no han contestado ni dado respuesta a mi gestión, por lo que, desde el punto de vista, existe una violación al derecho que tiene todo ciudadano de ser escuchado..” (sic). Considera que lo anterior lesiona su derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido.  Solicita que se ordene a la autoridad recurrida, resolver su gestión.  Además, se condene al pago de costas, daños y perjuicios.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

   I.- OBJETO DEL RECURSO.  El recurrente reclama que el 08  de agosto y 03 de setiembre de 2025, se solicitó  al Coordinador del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nicoya, dar respuesta de los trámites número AM-1644-08-2025 y número 17606-2025, del 03  de setiembre del 2025. Sin embargo, a la fecha de interposición de este amparo no le han contestado.

II.- SOBRE LA ALEGADA MORA ADMINISTRATIVA. Las gestiones formuladas por la amparada el 18 de agosto y el 03 de septiembre de 2025,  cuya falta de respuesta reclama,  no constituyen  solicitudes  de información puras y simples protegidas por el artículo 27 de la Constitución Política, en cuyo caso, el plazo de respuesta sería de 10 días hábiles conforme al artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; sino que se trata de gestiones de pronto despacho para que se resuelva el trámite 16510-2025 y se emita el informe solicitado por la Alcaldesa referente a este, a lo  cual le es aplicable lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política. Ahora bien, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008 y salvo algunas excepciones, esta Sala ha remitido este tipo de reclamos a la jurisdicción  contencioso administrativa y, precisamente, el tema aquí planteado no es una de las excepciones que esta Sala ha admitido para conocer la alegada violación al derecho a obtener justicia administrativa pronta y cumplida. En consecuencia, lo procedente es remitir a la parte recurrente a la vía contenciosa a acusar el retardo en cuestión, con fundamento en los siguientes considerandos.

III.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.

 IV.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la parte recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a la persona gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

V.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO. Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal, en el sentido que –salvo contadas excepciones- este tipo de reproches deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional. Ello conforme al ámbito de competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política. Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508 del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes del país.

VI.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. En el sub lite, visto que la situación que se reclama está relacionada con materia ambiental, estimo necesario prevenir a la parte recurrente que aporte copia con sello de recibido o comprobante de envío de todas las gestiones cuya falta de respuesta se acusa, a fin de contar con más elementos de conocimiento para acreditar o descartar una lesión de rango constitucional que amerite la intervención de la Sala. De ahí que salvo el voto y dispongo continuar la tramitación del amparo.

VII.-  DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Cruz Castro salva el voto, en relación con el artículo 41 constitucional. El magistrado Rueda Leal salva el voto y dispone continuar la tramitación del amparo.

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ronald Salazar Murillo

	

 

	

Ileana Sánchez N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 Telf2823

EXPEDIENTE N° 25-032960-0007-CO

 

Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:41:09.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on the thirty-first of October, two thousand twenty-five.

Appeal for constitutional protection (Recurso de amparo) filed by Nombre32893, identity card number CED14993, on behalf of Nombre32993; against the MUNICIPALITY OF NICOYA.

Considering (Resultando):

1.- By document filed in the Secretariat of the Chamber at 09:52 hours on October 24, 2025, the petitioner files an appeal for constitutional protection and states that: “1.-) On the eighth of August and the third of September, both of two thousand twenty-five, in which Mr. Jorge Isaac Esquivel Jiménez, Coordinator of the Environmental Management Department of the Municipality of Nicoya, was requested to respond to proceedings number AM-1644-08-2025 p No. 17606-2025, dated September 3, 2025, neither Mr. Esquivel Jiménez nor Mayor Gutiérrez Oviedo have responded to what was requested. 2.-) I consider that more than a month has passed and the respondent authority has not answered or responded to my request, so, from this point of view, there is a violation of every citizen's right to be heard.” (sic). Considers that the foregoing harms their right to a prompt and fulfilled administrative procedure. Requests that the respondent authority be ordered to resolve their request. Also, that they be ordered to pay costs, damages, and losses.

2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, including from its presentation, any petition brought to its attention that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is merely the reiteration or reproduction of an earlier, identical, or similar rejected petition.

Drafted by Judge Araya García; and,

Considering (Considerando):

I.- OBJECT OF THE APPEAL. The petitioner claims that on August 8 and September 3, 2025, the Coordinator of the Environmental Management Department of the Municipality of Nicoya was requested to respond to proceedings number AM-1644-08-2025 and number 17606-2025, dated September 3, 2025. However, as of the date this appeal was filed, they have not been answered.

II.- ON THE ALLEGED ADMINISTRATIVE DELAY. The requests made by the protected party on August 18 and September 3, 2025, the lack of response to which they claim, do not constitute pure and simple requests for information protected by Article 27 of the Political Constitution, in which case the response deadline would be 10 business days according to Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction; rather, they are requests for prompt dispatch so that proceeding 16510-2025 is resolved and the report requested by the Mayor regarding it is issued, to which the provisions of Article 41 of the Political Constitution are applicable. Now, based on vote number 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, and with some exceptions, this Chamber has referred this type of claim to the contentious-administrative jurisdiction, and precisely, the issue raised here is not one of the exceptions that this Chamber has admitted to hear the alleged violation of the right to obtain prompt and fulfilled administrative justice. Consequently, it is appropriate to refer the petitioner to the contentious-administrative route to challenge the delay in question, based on the following recitals.

III.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE, A SWIFT AND FULFILLED MECHANISM FOR THE PROTECTION OF ADMINISTERED PARTIES' SUBSTANTIVE LEGAL SITUATIONS. The Constitutional Chamber, since its foundation, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantive legal situations grounded in the infra-constitutional legal system or legality parameter, which have an indirect connection with fundamental rights and Constitutional Law. In this regard, it must not be lost from perspective that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate effectiveness, provides indirect foundation for any imaginable substantive legal situation of persons. However, upon better consideration and given the enactment of the Contentious-Administrative Procedural Code (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force starting January 1, 2008, it has become evident that the parties now have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expeditious and swift due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of deadlines for carrying out the various procedural acts, the breadth of standing, precautionary measures, the numerus apertus of deducible claims, orality –and its sub-principles of concentration, immediacy, and swiftness-, the single instance with appeal only in expressly limited situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential proceeding process or “amparo de legalidad”, processes of pure law, the new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial enforcement, seizure of assets from the fiscal domain and some from the public domain), the broad powers of the body of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutes have the manifest purpose and objective of achieving procedural economy, swiftness, promptness, and the effective or fulfilled protection of the administered parties' substantive legal situations, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle. In summary, the new contentious-administrative jurisdiction is an ideal channel, due to its new characteristics of simplicity, swiftness, and promptness, for the protection and effective safeguarding of the administered parties' substantive legal situations where evidence gathering or defining certain ordinary legality questions is required.

IV.- VERIFICATION OF THE DEADLINES PRESCRIBED BY LAW TO RESOLVE ADMINISTRATIVE PROCEDURES: AN EVIDENT QUESTION OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration complies or not with the deadlines prescribed by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the appropriate administrative appeals, is an evident question of ordinary legality which, henceforth, can be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction with the application of the principles that nourish constitutional jurisdiction, such as vicarious standing, the possibility of material defense –that is, appearing without legal representation– and gratuity for the petitioner. Consequently, outright rejection is imposed, and the petitioner must be informed that, if they so wish, they may resort to the contentious-administrative jurisdiction.

V.- DISSENTING VOTE OF JUDGE CRUZ CASTRO. Although in the past I have sustained the majority criterion of the Court, under a better ponderation of the fundamental rights claimed, I consider that administrative delay constitutes an injury to a fundamental procedural guarantee, which is why I change the criterion I had expressed, admitting the possible infringement of the right to prompt and fulfilled administrative justice, separating myself from the majority view of the Court, in the sense that –save rare exceptions– this type of reproach must be resolved in the contentious-administrative jurisdiction. On the contrary, I consider that one of the rights this jurisdiction is called upon to protect is that of prompt and fulfilled justice, expressly enshrined in Article 41 of the Constitution. This is in accordance with the scope of competence assigned to this Court regarding the protection of fundamental rights, in attention to the provisions of Articles 10 and 48 of the Political Constitution. While I understand the importance of the reforms to the contentious-administrative jurisdiction following the entry into force of Law 8508 of April twenty-fourth, two thousand six, the fact is that this situation does not justify referring to that instance matters dealing with issues that fall under the competence of this Chamber, which has demonstrated over the years that it is a swift and effective means for the protection of the fundamental rights of the country's inhabitants.

VI.- DISSENTING VOTE OF JUDGE RUEDA LEAL. In the sub lite case, seeing that the situation claimed is related to environmental matters, I consider it necessary to warn the petitioner to provide a copy with a receipt stamp or proof of sending of all the requests whose lack of response is alleged, in order to have more elements of knowledge to accredit or rule out an injury of constitutional rank that merits the intervention of the Chamber. Hence, I dissent and order the continuation of the processing of this appeal.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The petitioner is warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore (Por tanto):

The appeal is rejected outright. Judge Cruz Castro dissents, in relation to Article 41 of the Constitution. Judge Rueda Leal dissents and orders the continuation of the processing of this appeal.

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ronald Salazar Murillo

Ileana Sánchez N.

Digitally Signed Document

-- Verification code --

*9KK68TVASVO61*

Telf2823

EXPEDIENTE N° 25-032960-0007-CO

Telephones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:41:09.
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