Res. 22181-2025 Sala Constitucional — Annulment of Gandoca-Manzanillo Refuge Management Plan due to lack of technical delimitation of State Natural HeritageAnulación del Plan de Manejo del Refugio Gandoca-Manzanillo por falta de delimitación técnica del Patrimonio Natural del Estado

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 22181 - 2025

Fecha de la Resolución: 16 de Julio del 2025 a las 09:15

Expediente: 24-001899-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Control constitucional: Sentencia estimatoria

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con nota separada

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

NO APLICA.

AMBIENTE. AUSENCIA DE DELIMITACIÓN TÉCNICA DEL REGUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE GANDOCA MANZANILLO
Expediente: 24-001899-0007-CO
Sentencia: 022181-25 del 16 de julio del 2025
Tipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad
Norma impugnada: Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (2017-2026). Publicado en La Gaceta No. 39. Plan Regulador Costero Talamanca - Distrito Cahuita. Gaceta No. 183 del 05 de octubre de 2023 y la Directriz No. 09-2023 del 17 de agosto del 2023 del MINAE.
Parte dispositiva: Se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad en los siguientes términos:
a)  En cuanto al Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo 2017-2023, del que se publicó un resumen ejecutivo en el Alcance N° 42 a La Gaceta N° 39 del 28 de febrero de 2022, por mayoría, se declara con lugar la acción y, en consecuencia, se anula por inconstitucional. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la normativa anulada. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan sus efectos para evitar serias dislocaciones al orden, la seguridad, así como daños graves e irreparables en el ambiente y se mantiene la vigencia del Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo 2017-2023 hasta por el plazo de un año a partir de la publicación íntegra de la sentencia en el diario oficial La Gaceta, dentro del cual el Sistema Nacional de Áreas de Conservación deberá corregir los vicios de inconstitucionalidad señalados en este pronunciamiento. De no producirse lo anterior, en ese plazo, se tendrá por expulsado -definitivamente- del ordenamiento jurídico el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo 2017-2023. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar la acción. La magistrada Garro Vargas da razones diferentes para declarar la inconstitucionalidad.
b) Respecto al Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, adoptado por el Concejo de la Municipalidad de Talamanca en Sesión Extraordinaria N° 89 del 26 de setiembre de 2023, Acuerdo N° 2, y publicado el 5 de octubre de 2023 en el Alcance N°193 a La Gaceta 183, por unanimidad se declara sin lugar la acción, por razones de admisibilidad.
c) En cuanto a la directriz No.09-2023 del ministro de Ambiente y Energía, de 17 de agosto de 2023 por mayoría se declara con lugar la acción y, en consecuencia, se anula por inconstitucional. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar la acción.
La magistrada Garro Vargas consigna nota y salva el voto en lo relativo a la ejecución de esta sentencia.
Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. -

 

CO01/26

... Ver más
Texto de la resolución

*CO*

Exp: 24-001899-0007-CO

Res. Nº 2025022181

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dieciséis de julio de dos mil veinticinco.

 Acción de inconstitucionalidad que se tramita en el expediente No. 24-001899-0007-CO interpuesta por [Nombre 001], cédula de identidad n.° [Valor 001], representante legal de la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación, cédula de persona jurídica n.° [Valor 002]; [Nombre 002], cédula de identidad n.° [Valor 003], y [Nombre 003], cédula de identidad n.° [Valor 004], actuando como COVIRENAS del Caribe Sur; [Nombre 004], cédula de identidad n.° [Valor 005], y [Nombre 005], cédula de identidad n.° [Valor 006]; para que se declaren inconstitucionales el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo 2017-2023, del que se publicó un resumen ejecutivo en el Alcance n° 42 a la Gaceta n° 39 del 28 de febrero de 2022; el Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, publicado el 5 de octubre de 2023 en el Alcance n.° 193 a La Gaceta n.° 183, y la Directriz n.° 09-2023 firmada el 17 de agosto de 2023 por el ministro de Ambiente y Energía.

Resultando:

    1.- Por escrito recibido en la Sala el 24 de enero de 2024, los accionantes plantean acción de inconstitucionalidad contra el Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo 2017-2026, publicado mediante resumen ejecutivo el 28 de febrero de 2022, en el Alcance n.° 42 a La Gaceta n.° 39; el Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, publicado el 5 de octubre de 2023 en el Alcance n.° 193 a La Gaceta n.° 183, y la Directriz n.° 09-2023 firmada el 17 de agosto de 2023 por el ministro de Ambiente y Energía; por estimarlos contrarios al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y los principios del derecho ambiental de objetivación, precautorio, preventivo y el principio de reserva de ley; los artículos 48, 50 y 89 de la Constitución Política e instrumentos internacionales ambientales como la Convención RAMSAR y la Convención sobre la Diversidad Biológica. Las normas se impugnan, en cuanto a lo siguiente: apuntan que el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) notificaron el oficio SINAC-CONAC-SA-250-11- 2021 del 30 de noviembre del 2021, aprobación unánime y firme de continuar el trámite para la publicación y oficialización del Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. La delimitación empleada en dicho plan corresponde al área del refugio establecida de previo a la anulación parcial de la Ley n.° 9223. Esto significa que asumió como vigentes los límites establecidos por dicha Ley, los cuales la Sala Constitucional anuló en 2019 por pretender excluir áreas boscosas y demás áreas de protección sin respaldo de estudios técnicos ni justificación ambiental. Señala que en el voto n.° 012745 del 10 de julio de 2019, la Sala Constitucional estableció que las áreas excluidas deben contar con una protección sustentada técnica y legalmente, lo cual no se cumple con la aprobación de dicho plan. El 7 de diciembre de 2021, mediante oficio R-SINAC-CONAC-044-2021, el CONAC y el SINAC acordaron continuar la publicación del Resumen Ejecutivo del Plan de Manejo del RNVS-GM. Si bien no incluye el documento íntegro del plan de manejo, sí contiene la propuesta de zonificación del REGAMA. El área geográfica que refleja el plan de manejo no representa los límites totales del área silvestre protegida, por lo que indica que, una vez que se reincorpore el área boscosa desafectada por la Ley n.° 9223 se proceda con la ampliación del plan general de manejo para contemplar dicha área que será restituida al refugio. En ese sentido, el mapa aportado en ese resumen ejecutivo presenta la misma delimitación territorial que previamente se había declarado inconstitucional por la Sala Constitucional por sentencia n.° 2019-012745. Agregan que la publicación oficial del resumen ejecutivo se realizó el 28 de febrero de 2022, en el Alcance número 42 a La Gaceta número 39 y, a la fecha de interposición de la presente acción, el Plan General de Manejo del Refugio Silvestre Gandoca Manzanillo está vigente. Recalcan que la única publicación oficial que se realizó posterior a las órdenes dictadas por la Sala Constitucional en el voto n.° 2019-012745 es el resumen ejecutivo del plan general de manejo. Es decir, el plan general vigente es el mismo publicado en 2016 para entrar a regir en el 2017. Por lo que no toma en consideración la inconstitucionalidad decretada mediante el voto constitucional indicado, lo que necesariamente incide sobre los mapas en los que se aplicaría el plan general de manejo. Lo anterior constituye una omisión procedimental, de aportar estudios técnicos que justifiquen científicamente la reducción del área pretendida mediante la Ley n.° 9223. El actual plan general de manejo indica con respecto a la delimitación del Refugio lo siguiente: “El RNVS-GM se localiza en la parte sur de la provincia de Limón, dentro del cantón de Talamanca y en los distritos de Cahuita y Sixaola. Un 69% del ASP está dentro del distrito de Cahuita y el restante 31% en el distrito de Sixaola. Consta de una sección continental de 5,091.994 ha y una sección marina de 5,360.122 ha, con una superficie total de 10,452.116 ha (Figura I-2). Los detalles del límite actual del Refugio se establecen en la Ley 9223 “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, publicada en La Gaceta N° 69, del ocho de abril de 2014”. Es decir, que el SINAC procedió a publicar el plan de manejo sin haber acatado lo ordenado por la Sala Constitucional en la sentencia N°12745-2019 en cuanto a la debida delimitación del área boscosa, mediante estudios técnicos para la respectiva continuación del proceso legalmente orientado a aprobar el plan de manejo y también el plan regulador de la zona.

Por otra parte, la parte accionante alega que el 5 de octubre de 2023, se publicó en el alcance número 193 a La Gaceta número 183, el Plan Regulador Costero Talamanca - Distrito Cahuita. Dicho plan regulador toma como base el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en cuanto utiliza sus mapas de zonificación para regular la zona. Por lo tanto, repite las afectaciones y omisiones anteriormente descritas de ese plan general de manejo. Es decir, los mapas propuestos en el plan regulador no consideran como parte del refugio las zonas de bosque (Patrimonio Natural del Estado) que la Sala Constitucional ordenó proteger mediante el voto n.° 2019-012745. Esto significa que el plan regulador las considera como parte de la Zona Marítimo Terrestre bajo administración municipal, lo que permitiría otorgar concesiones al menos en la parte que corresponde a la zona restringida (contemplado en sus artículos 1 al 13).

También alega la parte actora que mediante Directriz n.° 09-2023, firmada el 17 de agosto de 2023 por el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, se expresa que “es necesario aclarar y uniformar el criterio de aplicación de varios instrumentos legales que regulan en forma general y específica el accionar de la administración del Área de Conservación La Amistad Caribe, con énfasis en el cantón de Talamanca”. Entre los puntos varios que desarrolla la directriz, refiere específicamente que “El Patrimonio Natural del Estado, no es declarado a través de las Certificaciones sobre el Patrimonio Natural del Estado (C-PNE), ya que el SINAC únicamente corrobora en campo si existen elementos constitutivos de este régimen demanial, y es a través de las certificaciones que se pronuncia sobre dicha constatación debido a las competencias inmersas en la normativa, específicamente el artículo 16 de la Ley Forestal No.7575. (…) El documento SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, del 30 de junio de 2017, suscrito por el Director Regional Ing. Edwin Cyrus Cyrus, certifica la Delimitación del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca. Esta Certificación, fue emitida conforme a los lineamientos técnicos y legales y es el documento con carácter oficial, siendo el único vigente, a la fecha. (…) Los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son los establecidos en la Ley No.9223, Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, vigente desde el 8 de abril, 2014. No existe ninguna modificación posterior que haya sido emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía”. Para este momento, las actuaciones referentes a la zonificación del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se han sustentado en diversos documentos internos y estudios técnicos, los cuales indicó el ministro que no pueden ser utilizados para futuras actuaciones administrativas relacionadas al Refugio, por ende, desacreditándolos como fundamento científico. Entre ellos pretenden quedar invalidados el insumo técnico denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” del 13 de junio de 2021 y el oficio SINAC-ACLAC-DR-138-2023 del 11 de abril de 2023, que corresponde a la propuesta final de delimitación del refugio remitida a la Dirección Ejecutiva del SINAC y al viceministro de Ambiente MINAE. A pesar de lo indicado por el ministro Tattenbach en esta directriz, la resolución n.° 2019-12745 de la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley n.° 9223, por cuanto los límites que establece no cumplen ningún criterio técnico de delimitación por parte del SINAC. Se ordenó en dicha resolución la confección de nuevos estudios técnicos, distintos de los empleados para la aprobación de dicha Ley. En ese sentido, se dejaron sin efecto los límites establecidos mediante la Ley n.° 9223 desde la publicación de dicha resolución. En consecuencia, las distintas declaraciones efectuadas en esta directriz resultan contrarias a la orden emitida por la Sala Constitucional en el voto n.° 2019-012745, el cual es vinculante para SINAC y todas las demás instituciones involucradas en el manejo y administración del área silvestre protegida aquí referida. Ello significa que los límites que pretende preservar el ministro de Ambiente y Energía con esta directriz carecen de fundamento científico, al mismo tiempo que se pretenden descalificar y prohibir el uso de otros estudios y criterios técnicos del SINAC. Reitera que el procedimiento seguido en la Directriz n.° 09-2023 aquí impugnada resulta irregular, por cuanto prohíbe que el informe de caracterización de humedales sea utilizado para dictar futuros actos administrativos o para que el SINAC pueda utilizarlo como como insumo técnico, sin aportar ningún otro criterio técnico o justificante científicamente sustentada para descalificarlo y, por consiguiente, desaplicarlo. Además, posterior a esta directriz no se ha emitido ningún otro estudio técnico que permita identificar claramente los humedales reconocidos dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Por lo tanto, la publicación del plan general de manejo del refugio se estaría haciendo sin insumos técnicos que permitan la protección de los humedales presentes en el área silvestre protegida, lo cual es una transgresión directa a los principios ambientales que deben cubrir actuaciones de esta índole; pues el informe descalificado por el ministro Tattenbach es el único actualizado a la fecha.

Por otra parte, indican los accionantes que el 12 de octubre de 2023, la Convención RAMSAR publicó la Lista de Humedales de Importancia Internacional actualizada. En dicha lista se incluyen 12 sitios con humedales reconocidos en Costa Rica, uno de ellos el Humedal Gandoca-Manzanillo, con un área total de 9,445 hectáreas. Además, en la lista actualizada se reitera que el humedal forma parte de la lista desde el 11 de diciembre de 1995. Alega la parte actora que, resultado de los hechos expuestos en el presente apartado, a la fecha de interposición de la presente acción, los humedales que se ubican en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo se encuentran en un estado de indefensión e incertidumbre. Esto resulta de las actuaciones de descalificación del ministro de Ambiente y Energía del único estudio actualizado que identifica los sitios del área silvestre protegida que tienen presencia de humedales; por la omisión del SINAC de cumplir la orden de la Sala Constitucional en el voto n.° 2019-012745, de establecer técnicamente los límites del refugio, reconociendo áreas necesarias de protección por sus recursos naturales y por ser Patrimonio Natural del Estado; y por el incumplimiento del SINAC de las estipulaciones de la Convención RAMSAR y leyes internas del país que se refieren a la identificación, protección y restauración de los humedales. La parte actora afirma que, en una visita efectuada el 27 de octubre de 2023 a distintos puntos de la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca donde se encuentran humedales, se pudieron observar prácticas de drenaje y secado de humedales para construcción de restaurantes y hoteles. Reitera que las afectaciones y omisiones anteriormente descritas en el plan general de manejo se repiten en el plan regulador aquí impugnado con respecto a los humedales. En principio, como el plan regulador se basa en los mapas de zonificación del plan general de manejo, se concluye que no toma en consideración criterios técnicos que sustenten científicamente la identificación de polígonos con humedales. La discrepancia entre la delimitación original del Refugio de Vida Silvestre, el mapa reconocido bajo la Convención Ramsar y los mapas de zonificación utilizados en el plan general de manejo y el plan regulador, dejan en indefensión varios de los polígonos con humedales en la Zona Marítimo Terrestre. Los terrenos no considerados dentro de la zonificación oficializada del refugio suponen la posibilidad de otorgar concesiones y permisos de uso de suelo bajo administración municipal, permitiendo actividades que implicaría la destrucción total de estos ecosistemas. Entre ellas desarrollo para el turismo y comunidad, áreas residenciales y estacionamientos. En cuanto a la legitimación, los accionantes señalan que se encuentran legitimados para interponer la acción de inconstitucionalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ya que actúan en defensa de intereses difusos, como el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Con respecto a la violación de normas y principios constitucionales. I. Vicios sustanciales de procedimiento en la tramitación de las normas impugnadas: a) Falta de estudios técnicos en el procedimiento de aprobación. Argumentan falta de aportación de los estudios técnicos requeridos por el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, ya que según lo planteado en el plan de manejo aquí impugnado, se establece una reducción del Área Silvestre Protegida, por lo que no se estaría cumpliendo lo ya ordenado por la Sala Constitucional, en cuanto a que no existe el análisis técnico necesario que determine los impactos de la reducción que se estaría planteando con estas normas de rango inferior (Plan de Manejo de REGAMA y el Plan Regulador de la Zona Costera de la Municipalidad de Talamanca) lo que es contrario a lo determinado por la Sala Constitucional en cuanto a la aclaración técnica de una ley (Ley 9223) mediante los estudios pertinentes  para su aplicación en las zonas que plantean regular estas normas impugnadas. De manera que, desde el punto de vista de procedimiento, desde el inicio lo planteado por el SINAC en el plan de manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en cuanto a la reducción y por lo tanto, desprotección de zonas tanto boscosas como de humedales es ilegal. Además, no se contó con el acervo técnico necesario que considerara correcto lo pretendido en dicho plan. Lo anterior ocasiona que el vicio originario que afecta la norma desde el procedimiento seguido hasta su promulgación, provoca su nulidad. Aunado a lo anterior, en relación con el Patrimonio Natural del Estado, tanto el Plan de Manejo como el Plan Regulador, desconocen los informes técnicos que señalaron la necesidad de proteger esas hectáreas de bosque y fueron aprobados ya no sólo sin éstos, sino también sin realizar determinaciones técnicas nuevas. Indica que la aprobación precipitada y viciada tanto del Plan Regulador de Caribe Sur como del Plan de Manejo del REGAMA, obedece a una evidente falta a principios de objetivación ambiental y precautorio, cuya atención es fundamental en casos como este (cita la resolución de la Sala Constitucional 2022022606, referida a la inconstitucionalidad del articulado de la Ley del Refugio de Vida Silvestre Ostional). El principio de objetivación de la tutela ambiental, también conocido como de vinculación a la ciencia y la técnica, se refiere a la obligación de acreditar la toma de decisiones en materia ambiental mediante estudios técnicos y científicos fidedignos que garanticen el menor impacto ambiental posible. (Sala Constitucional, sentencia 13667 -2012). Teniendo clara la imperatividad de los estudios técnicos de impacto ambiental, es importante esclarecer que los susodichos principios no cumplen su función por sí solos, deben estar acompañados de las siguientes medidas: el grado del impacto ambiental de la medida en cuestión, las recomendaciones para reducir dicho impacto ambiental y la demostración de cómo la medida tomada cumple el  deber del Estado de  propiciar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Sala Constitucional, sentencia 2013-10158). Sostienen los accionantes que la negativa del SINAC de realizar estudios nuevos (incluso tras reconocer que estos son necesarios), mientras utiliza estudios, mapas y criterios de delimitación desactualizados, los cuales excluyen 9.445 hectáreas correspondientes a humedales y 374, 64 hectáreas a zona boscosa, los cuales no están siendo incluidos en la promulgación del Plan de Manejo REGAMA y por consiguiente, del Plan Regulador de Caribe Sur, causando que dichas zonas pertenecientes a Patrimonio Natural del Estado, se encuentran, hasta el momento de interposición de la acción, en un estado de indefensión total. b) Exclusión de humedales y desaplicación del único estudio técnico mediante Directriz N°09-23 “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca.” Según la Convención sobre los humedales, éstos son vitales para la supervivencia humana; siendo uno de los entornos más productivos del mundo, cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para prevalecer. Se trata de ecosistemas especialmente vulnerables ante situaciones adversas que socavan la integridad ambiental, como el cambio climático, los drenajes, sequías, talas, entre otros. Se trata de ecosistemas internacionalmente protegidos de manera celosa. Entre los mecanismos internacionales de protección de humedales está la Convención RAMSAR, la cual tiene vigencia en Costa Rica desde 1991, contando el país con 12 sitios RAMSAR reconocidos por la Convención. Obedeciendo al marco jurídico consagrado en el numeral 50 constitucional, el ordenamiento jurídico costarricense ha dotado a los humedales de esferas acérrimas de protección (Sala Constitucional, sentencia 6242-2007), según la cual, la protección de los humedales es una necesidad para la sanidad del ambiente y la propia vida de los ciudadanos. Su protección debe ser realizada por el SINAC independientemente de si se trata de humedales reconocidos o no como sitio RAMSAR. Sin embargo, en la realidad, el accionar del SINAC es lo contrario. Dada la falta de legitimación clara de los límites del REGAMA, la ejecución de los actos administrativos aquí impugnados se ejerce sin ningún control de viabilidad ambiental, ni medición de daños ambientales, menoscabando la integridad de estos ecosistemas tan importantes, dejados en indefensión debido a la omisión del SINAC de cumplir lo ordenado en la sentencia 2019-12745 de la Sala Constitucional. Aunado a esto el Ministro Tatenbach ha descartado mediante la Directriz 02-2023 el estudio “Caracterización y delimitación de los humedales en la Zona Marítimo Terrestre del litoral de Talamanca, aun cuando se requieren nuevos estudios, como así lo reconoció el propio SINAC. Concluye que existe una grave insuficiencia del acervo técnico científico presente en la promulgación de los planes impugnados en esta acción, por lo que tales actos administrativos se encuentran viciados desde su inicio, sino que su precipitada aprobación causa graves afectaciones al medio ambiente, y a la vida de los ciudadanos. II. Inconstitucionalidad por el fondo. El Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, aquí impugnado, pretende orientar a la administración en la consolidación del refugio silvestre, y busca implementar la ley N.9223 así como cumplir con la delimitación y compensación de Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, de acuerdo con lo ordenado por la Sala Constitucional en el voto 2019-12745. Sin embargo, como la delimitación realizada por el SINAC no tiene los estudios técnicos pertinentes, se violan los principios constitucionales y convencionales de tutela ambiental, los fines de creación del Refugio y demás normativa nacional sobre Áreas Silvestres Protegidas, Patrimonio Natural del Estado y protección de Humedales. En consecuencia, las disposiciones impugnadas del Plan Regulador del Caribe Sur, ratificado por la Municipalidad de Talamanca también deviene en inconstitucional por basarse en la delimitación realizada por el SINAC mediante el Plan General de Manejo. Asimismo, la Directriz N.09-2023 emitida por el ministro de Ambiente y Energía también es inconstitucional por sobrepasar sus competencias normativas respecto al rechazo de estudios técnicos para la delimitación del área de protección en cuestión. Las disposiciones impugnadas vulneran por el fondo los siguientes preceptos constitucionales: a) Violación a los artículos 48, 50, 89 de la Constitución Política. Tutela efectiva del Patrimonio Natural del Estado como bien de dominio público y el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política. Según lo dispuesto en el numeral 50 de la Constitución Política, es obligación del Estado respetar, garantizar, defender y preservar este derecho (cita la sentencia 24807-2021 de la SC). Por lo que las acciones estatales que emiten estas disposiciones de carácter general mediante planes de manejo y planes reguladores, deben orientarse de acuerdo con la protección del ambiente, como principio de rango constitucional y convencional (Sala Constitucional, sentencia 24807-2021). En el mismo sentido, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7, 11 y 48 de la Constitución Política, se incorporan, en un rango constitucional, las obligaciones convencionales contraídas por el Estado costarricense,  y en especial, aquellas obligaciones en materia de Derechos Humanos que llegan a tener un rango superior a la Constitución Política y el establecimiento de vinculatoriedad de las  Opiniones Consultivas, como ha sido establecido por la Sala Constitucional en los votos  2313-1995, 12782-2018 y 24807-2021, es de vital importancia el reconocimiento del derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado como un derecho humano, como fue desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/ 17 de 15 de noviembre de 2017, que cita parcialmente. La Sala constitucional en la sentencia 24807-2021 indicó que la opinión consultiva de la CIDH, las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dan muestra de la especial relevancia del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ya que su tutela trasciende de la protección del bien constitucional del artículo 50, pues la preservación de este derecho se constituye como un elemento vital para resguardar efectivamente otros bienes primordiales de los seres humanos, como el derecho a la vida, la salud, la propiedad, la igualdad, entre otros. Además, la tutela del medio ambiente como derecho autónomo es susceptible de protección con independencia de que exista algún riesgo en la afectación de personas individuales y colectivas. Señalan que, específicamente, el Estado ha violentado la protección al medio ambiente que se da a partir de los artículos 48 y 50 constitucional, y sus obligaciones convencionales, al aprobar un plan de manejo sin que exista una delimitación de lo ordenado por la Sala Constitucional, y en consecuencia, la inexistencia de estudios técnicos pertinentes que justifiquen esa desafectación. i) Incumplimiento de la orden dictada por la Sala Constitucional en 2019 y consecuente desprotección del Patrimonio Natural del Estado, Como consecuencia, también se ha vulnerado el numeral 89 Constitucional, al reducir, no compensar y permitir la transgresión del Patrimonio Natural del Estado, bien de dominio público, inalienable e imprescriptible, cuya conservación y gestión son responsabilidad legal del Ministerio de Ambiente y Energía, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, según lo dispuesto en la Ley Forestal, específicamente en los artículos 6 inciso a) 13 párrafo 2° y 14, así como en la Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32 párrafo 2. Está conformado por Áreas Silvestres Protegidas, creadas por ley o decreto y por los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas que cuentan con una afectación legal inmediata. Además, la competencia de su tutela la ejerce el MINAE a través del SINAC (cita la sentencia de la Sala Constitucional 17397-2019 sobre el régimen jurídico del Patrimonio Natural del Estado). La omisión del SINAC de acatar lo dictado por la Sala Constitucional en su voto 12745-2019 tiene como consecuencia la continuación de la transgresión a los requisitos esenciales para la reducción de un área silvestre protegida -los estudios técnicos y la reserva legal-. Así, la publicación del Resumen Ejecutivo del Plan de Manejo del RNVS-GM, en el que se aportan los mapas que buscan delimitar nuevamente el Área de Conservación, el cual sigue la misma delimitación aportada previamente para la aprobación de la Ley no.9223, constituyen actos del SINAC que vulneran el artículo 89 constitucional por omitir lo ordenado por la Sala Constitucional, perpetuando la inconstitucionalidad declarada mediante el voto 12745-2019. Del marco fáctico se extrae que el MINAE y el SINAC no han cumplido su deber de tutelar el Patrimonio Natural del Estado mediante el cumplimiento de lo dispuesto por la Sala Constitucional, puesto que aún no existe delimitación concreta del Área de Refugio Silvestre de Gandoca Manzanillo, como lo ha hecho ver la Procuraduría. Además, se evidencia que el SINAC ha elaborado la delimitación en el Plan de Manejo, conservando la delimitación realizada para fundamentar la ley 9223, siendo que los límites establecidos por dicha ley son inexistentes, en tanto aún no existen los estudios técnicos pertinentes para cumplir el requisito constitucional para la reducción del Patrimonio Natural del Estado y para realizar la compensación respectiva. Estas violaciones de orden legal traen consigo efectos preocupantes en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, cuyo deterioro y reducción del bosque es evidente (refieren a lo indicado en el hecho vigésimo segundo) pues existen prácticas de socola, deforestación y secado y destrucción de humedales (refieren a lo indicado en el hecho trigésimo sexto). Concluyen que es palpable la inconstitucionalidad de los actos emitidos por el SINAC, el MINAE y la Municipalidad de Talamanca. Aunado a esto, existe una omisión estatal respecto a la tutela efectiva del Patrimonio Natural de Estado, y la indeterminación actual de los límites del Área Silvestre Protegida, que da paso a las irregularidades indicadas. ii) Violación de los principios preventivo y precautorio al aprobar los planes dejando por fuera estos bosques. Alegan que la exclusión de zonas boscosas en la aprobación de los planes de manejo y regulador, objeto de esta acción obedece a un detrimento de los principales principios que rigen en materia ambiental sobre este tipo de actuaciones estatales, siendo estos principios el precautorio y el preventivo, consagrados como Principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y en el numeral 11 de la Ley de Biodiversidad (citan el voto SC 16383-2018 sobre el principio preventivo). Observando el accionar de las instituciones que, en el ejercicio de sus competencias, se encuentran con la responsabilidad de integrar los principios ambientales a su accionar, como el MINAE, SINAC, SETENA, en cuanto al REGAMA y el Plan Regulador de Caribe Sur, dichas instituciones, en una manifiesta inobservancia de sus atribuciones legales, al promulgar la reducción del área boscosa del Refugio sin estudios científicos fidedignos, lesionan ambos principios citados, al ignorarse por completo la necesidad de certeza técnica y científica en la aprobación de actos como los impugnados en la presente acción, y al no haberse realizado las acciones pertinentes de mitigación del impacto ambiental, se están produciendo daños ambientales gravísimos y difícilmente reversibles, los cuales han sido provocados por una administración que en el deber ser de las cosas, tiene la responsabilidad de proteger el ambiente. El culmen de las adversas actuaciones indicadas, se ve manifestado mediante la Directriz N°09-2023 del Ministro Franz Tattembach, la cual no sólo desacredita y ordena prescindir de los estudios técnicos existentes en cuanto a los humedales y la correcta delimitación del Patrimonio Natural del Estado, sino que, dichos estudios ahora descalificados por dicha directriz, no son ordenados a sustituirse por la mano del Ministro, ni de ningún otro funcionario del SINAC, creando una situación ambiental de total indefensión. Contrariamente se está impulsando la aprobación del Plan de Manejo y del Plan Regulador aun cuando al día de la interposición de la acción, no existen estudios técnicos avalados por el SINAC, cayendo en una situación ambiental de total indefensión, y provocando un vicio  procedimental y una manifiesta violación del principio precautorio, al prescindir de un acervo científico fidedigno a la hora de evaluar la aprobación de los planes impugnados en esta acción, contando con nula prevención de riesgo ambiental. iii) Obligación del Estado de proteger el ambiente (principio de coordinación interinstitucional). El Estado Costarricense se ha de servir de las instituciones competentes encargadas de hacer cumplir los distintos lineamientos en aras de la prevención, mitigación y reparación del daño ambiental causado, situación que es necesario recalcar, es un derecho/deber conjunto, concerniente a todo ciudadano costarricense (citan la sentencia 4790-2008) La falta de coordinación entre las instituciones, la inobservancia y omisión del deber de proteger el ambiente por parte de dichas instituciones y, la aprobación precipitada, tanto del Plan Regulador de Caribe Sur, como del Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, sin estudios técnicos eficientes y viables, socava la seguridad jurídica ambiental y trasgrede los  derechos fundamentales de los habitantes de la república. iv) Abuso del derecho e incumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional en 2019 mediante la Directriz N°09-2023. En lo que respecta a la Directriz N. 09-2023, cabe señalar que existe un abuso de competencia, bajo el entendido de que las directrices intersubjetivas, como la impugnada en este proceso, a pesar de tener alcance general y no normativo, pueden ser objeto de acciones de inconstitucionalidad, pues su eficacia eventualmente puede causar daño a derechos fundamentales. La eficacia normativa en este caso específico puede verse en la afectación que tiene sobre las disposiciones que se tuvieron para la conformación del Plan de Manejo, desencadenando en que éste no tuviera sustento técnico alguno en razón de lo encomendado en dicha directriz. Siendo sus efectos los que facultan la interposición de esta acción, a la luz de la desprotección e inobservancia de mecanismos técnicos y legales relativa a los humedales, afectando el Patrimonio Natural del Estado, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, el de reserva de ley, bajo la idea de querer reducir un Refugio de Vida Silvestre, acción a la que el ordenamiento jurídico le ha asignado requisitos como la tecnicidad, que ha hecho falta en los procesos de promulgación de los planes objeto de esta acción. El ministro, al desacreditar mediante la directriz impugnada, el informe técnico “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca”, no sólo hace caso omiso a lo ordenado por la Sala Constitucional en el resolución 12745-2019, sino que está ordenando mediante una directriz, la que no puede hacer uso de la misma para estos fines, ya que señala que el indicado estudio técnico no podrá ser utilizado para la emisión de actos administrativos oficiales, dando una orden que escapa a su competencia por este medio.  b) La violación a instrumentos internacionales ambientales. i) La Convención RAMSAR. Según el plan de manejo aprobado, impugnado en esta acción y utilizado como base para aprobar el Plan Regulador Caribe Sur, se trata de desafectar (según los mapas aportados) zonas de humedales en lo que debería ser zona protegida del refugio de vida silvestre: Cabe señalar que el Estado costarricense estaría violando los instrumentos internacionales de protección ambiental, específicamente la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención RAMSAR, aprobada mediante ley N.7224. Dentro de la lista de humedales abarcados por esta convención internacional, se encuentran los humedales ubicados dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo; los mismos, de acuerdo al estudio técnico: “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca.” -desaplicado mediante directriz del Ministro Tattenbach- y con vista de los mapas de la zona aportados, con el plan de manejo vigente, estarían desprotegidos. Lo anterior, con fundamento en el artículo 7 de la Constitución Política, viola el bloque de constitucionalidad, siendo que la protección de estos humedales estaría por encima de la misma ley. En relación con las intenciones que se desarrollan dentro del Plan de Manejo, cabe señalar que la Convención RAMSAR en sus numerales 2 y 4 expone las condiciones en las que un sitio RAMSAR que es parte de la Lista de Humedales de protección internacional, puede ser modificado (artículo 2.5, 4.1, 4.2). La convención RAMSAR exige que la reducción de los sitios incluidos dentro de las listas respectivas se de en el marco de una urgencia nacional. Ante lo cual en REGAMA se puede determinar empíricamente que esta urgencia es inexistente. Además, no se han realizado estudios técnicos que acrediten la urgencia nacional necesaria para que se pueda reducir la zona protegida de acuerdo con los lineamientos de la Convención.  Las normas impugnadas no contemplan ningún mecanismo de reposición o compensación de las zonas de humedales que están siendo excluidas del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. ii) La CDB Otro instrumento internacional que se ha transgredido con el plan de manejo ha sido la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) el cual es un tratado internacional ratificado por Costa Rica en 1994. Su objetivo principal es la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. La transgresión ocurre debido a la desprotección de los ecosistemas dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo al implementar el Plan de Manejo de dicha zona aquí impugnado, siendo que dicho documento estipula la reducción de zonas que deberían ser protegidas por su valor biológico. Solicita que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad y se anulen las disposiciones impugnadas.

2.- Por resolución de las 10:34 horas del 19 de febrero de 2024 el presidente de la Sala previno a la accionante [Nombre 001] aportar la personería jurídica vigente de la ASOCIACIÓN TALAMANQUEÑA DE ECOTURISMO Y CONSERVACIÓN, o bien, el poder correspondiente donde conste su representación legal.

3.- Por resolución de la presidencia de la Sala de las 13:37 horas del 22 de febrero de 2024, se dio curso a la presente acción y se otorgó audiencia a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), al Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), al Concejo de la Municipalidad de Talamanca, al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y al Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

4.- Por memorial incorporado a la carpeta electrónica del expediente el 1 de marzo de 2024, William Rodríguez López, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo y Ministro de Turismo, contesta la audiencia conferida en los siguientes términos: En la acción interpuesta se señala que hay Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre. Esto es un error de concepto, puesto que no puede haber Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre. Ambos conceptos no coexisten entre ellos, o existe Patrimonio Natural del Estado o existe Zona Marítimo Terrestre. La apreciación adecuada es señalar la existencia de Patrimonio Natural del Estado en la zona costera, ya que en esta puede haber presencia de diferentes regímenes: Parques Nacionales, Refugios, Humedales, áreas declaradas ciudades y Zona Marítimo Terrestre, cada uno con su propia jurisdicción e institución competente de su administración. En adición, con relación al Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (2017-2026), señala que dicho Plan no se vincula a la competencia de ICT en lo que corresponde a su elaboración, revisión, aprobación e implementación, por estar fuera de la aplicación de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; siendo que el artículo 2 de la Ley 6043 establece los límites de las facultades de la Institución que representa. Por otra parte, en lo que corresponde al Plan Regulador Costero de Talamanca-Distrito Cahuita, es pertinente señalar que este se planificó solamente para la zona marítimo terrestre. Por ello, no se incluyeron las áreas clasificadas y certificadas como Patrimonio Natural del Estado que estuvieran vigentes al momento de su elaboración. Así es que no se incluyeron las Áreas Silvestres Protegidas de acuerdo con lo indicado en el Artículo 73 de la Ley de la ZMT. Igual sucedió con las áreas definidas como territorios indígenas que se intercepten con los 200 metros del frente costero, según la información facilitada por el INDER en su momento. Se adjunta Acuerdo de Sesión Ordinaria Presencial N° 6268, Apartado 1 “Generalidades”, Articulo 5 “Propuestas de la Gerencial General”, inciso III, realizada por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo con fecha 11 de setiembre de 2023, comunicada por Oficio SJD-309-2023, que señaló lo siguiente: SE ACUERDA: A) De conformidad con los oficios N° DPD-P-107-2023 y N° DPD-P-106-2023, elaborados por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo, aprobar de manera definitiva el Plan Regulador Costero del distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, que incluye las áreas bajo aplicación de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre N° 6043, presentado por la Municipalidad de Talamanca mediante oficio N° SCMT-183-2023 de fecha 7 de setiembre de 2023. B) Señalar que la Municipalidad de Talamanca en fecha 4 de agosto de 2023, realizó el proceso de Audiencia Pública establecido en el Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, atendió las observaciones que se presentaron producto de la Audiencia Pública y realizó los ajustes a la documentación del Plan Regulador, tanto a nivel de documento como cartografía. C) Indicar que quedan fuera de esta aprobación definitiva, por no ser parte de la ZMT, las siguientes áreas: 1. Las Áreas Silvestres Protegidas definidas como Parques Nacionales según lo dispone el Artículo 73 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. 2. Las áreas clasificadas y certificadas como Patrimonio Natural del Estado que se encuentren vigentes a la fecha. 3. Las áreas definidas como territorios indígenas que se intercepten con los 200 metros del frente costero del distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, de conformidad con la información facilitada por INDER. Es claro que el acuerdo de la Junta Directiva del ICT implicaba la no zonificación de las Áreas Silvestres Protegidas definidas como Parques Nacionales según lo dispone el Artículo 73 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; las áreas clasificadas y certificadas como Patrimonio Natural del Estado que se encuentren vigentes a la fecha y las áreas definidas como territorios indígenas que se intercepten con los 200 metros del frente costero del distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, de conformidad con la información facilitada por INDER. En general, los planes reguladores se construyen sobre la información oficial disponible en un momento dado (como PNE, mojones, PN, entre otras capas de información disponible al momento). No obstante, son mutables, puesto que si en el futuro la información de base varía por la razón que sea (nuevos mojones, ampliación de límites de un parque, cambio en la clasificación de Patrimonio Natural del Estado, incluyendo humedales), la zonificación del plan regulador podrá ajustarse a esta nueva condición. Para ello hay un capítulo en el manual de planes reguladores costeros, donde la municipalidad es la encargada de aplicar el procedimiento. Por lo anterior, no observa esta representación que exista razón alguna para declarar con lugar la acción interpuesta, por lo que se solicita su rechazo.

5.- Los edictos a que se refiere el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los Boletines judiciales número 41, 42 y 43 del 04, 05 y 06 de marzo de 2024, respectivamente.

6.- Mediante memorial presentado el 15 de marzo de 2024 Iván Vinicio Vincenti Rojas, en su condición de Procurador General de la República, contesta la audiencia conferida en los siguientes términos:

I. LEGITIMACIÓN DERIVADA DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DIFUSOS. Sobre la legitimación de los accionantes, indica que la señora [Nombre 002] y el señor [Nombre 003] actúan como miembros de Covirenas (Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales) del Caribe Sur, y las señoras [Nombre 004] y [Nombre 005] a título personal. La actuación de los COVIRENAS (Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales) e inspectores ambientales ad honorem que nombra el MINAE, tiene fundamento en la Ley 7317/1992, de Conservación de la Vida Silvestre y el Decreto 39833-MINAE/2016, Reglamento para la conformación y operación de los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales y los Inspectores ambientales ad honorem, el que atribuye a esos inspectores, entre sus responsabilidades y deberes, coadyuvar en la aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental, en colaboración con las autoridades públicas correspondientes (artículo 16 inciso a). Los accionantes afirman actuar en tutela de un derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado (recursos naturales y ecosistemas) en el territorio del Caribe Sur, por su afectación con la vigencia del Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, el Plan Regulador Costero Talamanca-Cahuita y la Directriz N° 09-2023 del ministro de Ambiente y Energía; artículos 2, inciso a, de la Ley 7554 y 105 de la Ley 7788). Se estima que procede la legitimación por vía de control de constitucionalidad abstracto.

  II.- SOBRE LAS ALEGACIONES DE LOS ACCIONANTES Los accionantes solicitan declarar inconstitucionales el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo 2017-2023, del que se publicó un resumen ejecutivo en el Alcance N° 42 a la Gaceta N° 39 del 28 de febrero de 2022; el Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, publicado en el Alcance 193 a La Gaceta N° 183 del 5 de octubre de 2023; y la Directriz del Ministro del Ambiente y Energía N° 09-2023 del 17 de agosto de 2023, por considerar que contravienen el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los principios de objetivación, precautorio, preventivo, el de reserva de ley, los artículos 48, 50, 89 constitucionales y la Convención RAMSAR y la Convención sobre la Diversidad Biológica.

II.1 PLAN GENERAL DE MANEJO DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE GANDOCA-MANZANILLO (REGAMA) Sobre el Plan General de Manejo del REGAMA, los accionantes aducen: la obligación del Estado de respetar, garantizar, defender y preservar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (art 50 CP); quebranto al principio de tutela ambiental debido a la negativa del SINAC a realizar estudios nuevos, y de preferir la utilización de estudios, mapas y criterios de delimitación desactualizados, los cuales excluyen 9,445 hectáreas de humedales y 374, 64 hectáreas de zona boscosa; que el Plan General de Manejo desconoce los informes técnicos sobre la necesidad de proteger esas hectáreas de bosque y se aprobó sin contemplarlas, infringiendo los principios de objetivación ambiental y precautorio. Asimismo, estiman que la emisión de disposiciones de carácter general como los planes generales de manejo, deben velar por la protección del ambiente; que el Estado ha violentado lo dispuesto por los artículos 48, 50 y 89 de la Constitución Política y, de sus obligaciones derivadas de Convenciones Internacionales, al aprobar un Plan General de Manejo, sin que exista realmente una delimitación de lo ordenado por la Sala Constitucional en sentencia 12745-2019. Arguyen la falta de coordinación entre instituciones, la inobservancia y omisión del deber de proteger el ambiente por éstas y, la aprobación precipitada, del Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, sin estudios técnicos eficientes y viables. Al respecto, es importante destacar que los planes de manejo tienen su fundamento jurídico en el artículo 3, inciso p) del Reglamento a la Ley de Biodiversidad:

“Es el instrumento de planificación que permite orientar la gestión de un área silvestre protegida hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación a largo plazo. Se fundamenta en líneas de acción estratégicas a mediano plazo y en objetivos de manejo para los elementos naturales y culturales incluidos dentro del área, así como en la relación de estos últimos con su entorno socio ambiental. Es la base para el desarrollo de otros instrumentos de planificación y reglamentación de las Áreas Silvestres Protegidas.”

Así, la elaboración de un Plan General de Manejo es indispensable para la gestión de las Áreas Silvestres Protegidas, según lo establecido en los artículos 7 del Decreto Ejecutivo Nº 42742-MINAE, 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, 3 inciso p) del Decreto Ejecutivo Nº 34433 Reglamento a la Ley de Biodiversidad y 6 del “Convenio Conservación de Biodiversidad y Protección Áreas Silvestres” integrado a nuestro ordenamiento en la Ley N° 7433. En la sentencia 12745-2019, la Sala Constitucional estableció que la Ley 9223, del 10 de marzo de 2014, al redefinir los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, lo que hace en realidad es una reducción del área, sin cumplir los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional (certeza sobre el no deterioro del ambiente y compensación de la superficie que suprime), y sin haber claridad de si los terrenos excluidos que contienen bosque (188 hectáreas) son parte del Patrimonio Natural del Estado o terrenos privados afectos a las limitaciones previstas por el ordenamiento jurídico ambiental, en cuyo caso era innecesaria la desafectación. Ante esta duda razonable, aplicó el principio in dubio pro-natura y consideró las 188 hectáreas parte del refugio, bien demanial, siendo improcedente su exclusión sin compensar el área e inconstitucional la norma impugnada. Más aún, añadió, “las 188 hectáreas forman parte del núcleo central del refugio de vida silvestre”, por lo que “estamos en presencia de una afectación gravísima al ambiente; máxime que este caso la Ley impugnada no hace la respectiva compensación de área y carece, como se explicó supra, de estudio técnicos para realizar la reducción del citado refugio”. Sin embargo, matizó la conclusión, en el sentido de que, si hay terrenos privados dentro de esas 188 hectáreas, debe respetarse el derecho de propiedad privada de sus propietarios (artículo 45 constitucional y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). En consecuencia, declaró con lugar la acción, anuló la Ley impugnada, número 9223, Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, “únicamente en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa” y ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que procediera, dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la publicación íntegra del pronunciamiento en el Boletín Judicial, a delimitar el área antes mencionada. A partir de esa orden, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación delimitó la zona boscosa en el área excluida por la ley 9223 (denominada como zona 1 según decreto 34946), emitió un informe bajo oficio N° ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020, sin definir los terrenos que integran el Patrimonio Natural del Estado, y en el que se arriba a las siguientes conclusiones:

"El área denominada como Zona 1 del Decreto de Zonificación del REGAMA (conocida como “Llanura Costera Cocles-Manzanillo”), presenta un uso de suelo muy particular, en el cual predomina la cobertura arbolada y boscosa (233.65 hectáreas). Sin embargo, esta cobertura no cumple en buena parte de la superficie de esta zona, con la definición de “bosque” estipulada en la Ley Forestal 7575 y su Reglamento.

De acuerdo a las mediciones realizadas, se estima que existen hasta 109,5 hectáreas que serían clasificadas como bosque de acuerdo a la Ley 7575. Se debe tomar en cuenta que una porción de estas zonas de bosque se encuentra dentro de la Zona Marítimo Terrestre del área de estudio (esta superficie se estima en 20.1 hectáreas).

Por otro lado, otras 114,5 hectáreas podrían clasificarse como terrenos forestales fuertemente intervenidos, en combinación con especies agrícolas, ornamentales y ocupación humana (.).”

No obstante, la delimitación anterior, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, como órgano competente para la aprobación de los planes de las Áreas Silvestres Protegidas (Ley 7888, artículo 25 inciso 5°), por medio de la resolución 044 del 28 de febrero de 2022, publicada en la Gaceta 39 del 258 de febrero de 2022, correspondiente al resumen ejecutivo del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo, resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: Dada la necesidad y el carácter prioritario de cumplir con las diferentes disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República en cuanto a la oficialización del plan general de manejo RNVS-GM, se acuerda continuar con la publicación del presente documento, mismo que rige para el área del refugio establecida de previo a la anulación parcial de la ley N° 9223 exceptuando el área dispuesta en el voto N° 012745 del 10 de julio de 2019 de la Sala Constitucional. De conformidad a lo anterior, el área geográfica que refleja el presente plan de manejo no representa los límites totales del área silvestre protegida, siendo necesario una vez que se reincorpore el área boscosa desafectada por la ley 9223, efectuar una ampliación del PGM que contemple lo pertinente a dicha área que será restituida al refugio.” (Lo destacado es añadido).

Con esa disposición, es innegable que respecto del Plan General de Manejo REGAMA, se desnaturaliza su función como instrumento de planificación que orienta la gestión de un área silvestre protegida, hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación a largo plazo, y que sirve de base para el desarrollo de otros instrumentos de planificación y reglamentación, en primer lugar, a causa de la inexistente delimitación del área geográfica total del REGAMA, y en segundo término, porque la falta de definición, identificación y reincorporación de la totalidad de las áreas del Patrimonio Natural del Estado al REGAMA, ordenada por sentencia 12745-2019, conlleva un estado de incertidumbre sobre el uso adecuado de los terrenos y plantea conflictos de competencia entre el SINAC y la Municipalidad de Talamanca para su administración. Ambos supuestos dan lugar a una afectación importante al derecho establecido por el artículo 50 constitucional. Sobre el quebranto al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cita parcialmente las sentencias número 601-2009 y 2016-004621 de la Sala Constitucional. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que las Áreas Silvestres Protegidas son zonas geográficas delimitadas (Ley No. 7788, artículo 58), cuya administración y conservación del Patrimonio Natural del Estado tiene el Sistema de Áreas de Conservación (SINAC). Así, una deficiente e inconclusa delimitación del Área Silvestre Protegida implica el riesgo de que la Municipalidad de Talamanca, otorgue concesiones -derechos reales administrativos- sobre las 20,1 ha de terrenos clasificados como bosque y que se ubican dentro de la zona marítimo terrestre - según la delimitación de zona boscosa en el área excluida por la ley 9223, oficio N° ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020-, irrespetando las competencias y características de cada ecosistema (Ley 7554, artículos 30 inciso c y 34). Lo anterior, en clara desaplicación a lo que esa Sala ha establecido como inconstitucional en anteriores sentencias sobre los principios preventivo, precautorio y la obligación del Estado de evitar el daño ambiental, así como el mandato constitucional a la coordinación y cooperación interinstitucional para la protección del medio ambiente, derivado del principio pro natura. Y es que, en el ordenamiento internacional, ese deber de coordinación entre diferentes instituciones públicas fue reconocido en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, en su principio número 13, en que se determinó:

"A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo de modo que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su población."

Aunado a esas consideraciones, la falta de incorporación íntegra del Patrimonio Natural del Estado al REGAMA -según lo dispuesto por sentencia 12745-2019-, implica la desprotección del derecho al ambiente, supuesto que como bien lo dispuso esa Sala en voto No. 1056-2009, infringe los principios ambientales de orden constitucional, veamos:

“Además, se viola el derecho al ambiente pues la reducción de un refugio de vida silvestre claramente no sólo disminuye las posibilidades de gozar de este derecho en la zona de Gandoca-Manzanillo sino que desprotege los recursos naturales de la zona al dejar a las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo a la libre explotación sin restricciones algunas. Evidentemente no es la misma protección que recibe la propiedad cuando se trata de propiedad forestal. Sobre este tipo de propiedad recuérdese que es un tipo diferente de propiedad con características y particularidades propias y un régimen especial, pues se concibe fundamentalmente para conservar, no para producir ni ser parte del comercio de los hombres. Todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectadas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal, la cual establece un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales. De esta forma, al proceder el decreto impugnado a excluir de la propiedad forestal las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, viola el derecho al ambiente pues tales áreas quedarían fuera de los límites propios de la propiedad forestal que tienden a la conservación y no a la explotación de la propiedad y sus recursos naturales.”

Entonces, si los límites del REGAMA no están definidos en forma total, no podrían evaluarse y determinarse cuáles serán los efectos negativos que una actividad, obra o proyecto causará en el ambiente de previo a su ejecución, en el área omitida. El Ministerio de Ambiente y Energía está obligado a realizar la clasificación de los terrenos propiedad del Estado con el objetivo de identificar y delimitar aquellos territorios que constituyan Patrimonio Natural del Estado definidos como bosques y/o terrenos de aptitud forestal que pasan a ser administrados automáticamente por ese Ministerio y no por las Municipalidades. En cuanto al tema de los humedales, las accionantes invocan la transgresión de instrumentos internacionales ambientales, con valor superior a las leyes según el artículo 7 de la Constitución Política: de la Convención sobre los humedales (RAMSAR) al considerar la exclusión de humedales según el estudio técnico “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” dentro del Plan de Manejo, instrumento que sirvió como base del Plan Regulador Costero y; de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) con ocasión de la reducción de zonas dentro del REGAMA, que deben protegerse por su valor ambiental. La Ley Orgánica del Ambiente (no. 7554 de 4 de octubre de 1995) en su artículo 40 establece que los humedales son:

“los ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o salados, incluyendo las extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas marinas o arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea baja.”

A su vez, el numeral 41 de ese mismo cuerpo normativo, declara de interés público todos los humedales y su conservación, por ser de uso múltiple. Además, prohíbe el desarrollo de actividades que interrumpan los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de esos ecosistemas (artículo 45). En relación con la desprotección alegada sobre el Plan General de Manejo al omitir la inclusión de los humedales según el documento denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” del 13 de junio de 2021, la Sala valoró con base en los elementos y justificación técnica que suministraron los ministerios a los cuales se les confirió audiencia y, por sentencia N°2024- 3959 de las 09:30 horas del 16 de febrero de 2024, se pronunció respecto, resolviéndose en lo que interesa:

“VII.- En este caso en particular, la directora regional a. i. del Área de Conservación La Amistad Caribe indicó a este Tribunal, en su informe, que el documento denominado “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” no ha sido aprobado por la Dirección Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe para utilizarse como un documento de alcance general y que se trata de una guía técnica interna del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, aún sin validar ni oficializar por parte del Consejo Nacional de Áreas de Conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Asimismo, que mediante oficio No. SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 del 30 de junio de 2017 se certificó la delimitación del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del cantón de Talamanca -considerando los humedales para su protección. Por otra parte, pese a las solicitudes de ampliación de informe la única explicación ofrecida se concentra en esos dos aspectos formales puntuales: lo que se certificó como patrimonio natural del Estado en 2017 y la condición preliminar del estudio de 2021. Sin embargo, omite referirse a obstáculos de índole técnico o material para actualizar ese aspecto del patrimonio natural del Estado. Es decir, no indica a la Sala cuál es el estado actual de los humedales en el cantón de Talamanca, ni ofrece razón alguna por la cual los estudios que justificaron la decisión de 2017 son técnicamente superiores al material de 2021. O, dicho a la inversa, no se exponen los motivos por los cuales el estudio de 2021 no corresponde a la realidad o a criterios técnicos de tutela del patrimonio natural del Estado. Por lo anterior, considera este Tribunal que en aplicación del principio precautorio, al versar este amparo sobre bienes ambientalmente relevantes, constitutivos del patrimonio natural del Estado, específicamente de los humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca, debe declararse con lugar el recurso con las consecuencias expuestas en la parte dispositiva de esta sentencia.”

Por lo anterior, ese Tribunal ordenó al SINAC concluir en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esa sentencia, el trámite para complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con la “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” de junio de 2021 y, disponer lo necesario para incorporar la actualización arriba mencionada en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca. Conforme a la orden constitucional supracitada, se considera que es prematura la acción de inconstitucionalidad contra el Plan General de Manejo en lo que referente a la no inclusión del informe antedicho, sobre la caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca.

II.2  PLAN REGULADOR COSTERO TALAMANCA-DISTRITO CAHUITA. Se alega que el Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, adoptado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca en Sesión Extraordinaria N° 89 del 26 de setiembre de 2023, Acuerdo N° 2, y publicado el 5 de octubre de 2023 en el Alcance N° 193 a La Gaceta 183, toma como base el Plan General de Manejo del REGAMA, sus mapas de zonificación, y reproduce las afectaciones y omisiones descritas para éste en cuanto al área boscosa, humedales y hace una delimitación desactualizada del Área Silvestre Protegida. El plan regulador no considera parte del Refugio las zonas de bosque (Patrimonio Natural del Estado) que la Sala Constitucional ordenó proteger en el voto 12745-2019, sino de la Zona Marítimo Terrestre bajo administración municipal, lo que permitiría otorgarlas en concesión y permisos de uso en la zona restringida y el desarrollo de actividades perjudiciales a los ecosistemas; al basarse en el Plan General de Manejo, la identificación de polígonos con humedales no toma en consideración criterios técnicos que le den sustento científico, y deja varios polígonos con humedales en la zona marítimo terrestre. La discrepancia entre la delimitación original del Refugio de Vida Silvestre, el mapa reconocido bajo la Convención Ramsar, los mapas de zonificación utilizados en el Plan General de Manejo y el Plan Regulador dejan “en indefensión” varios de los polígonos con humedales en la Zona Marítimo Terrestre.

A los fines de la acción de inconstitucionalidad, respecto de la naturaleza jurídica de los planes reguladores, la Sala Constitucional que “en razón de su contenido y de su eficacia u obligatoriedad general, debe estimarse que se trata de verdaderas normas jurídicas o leyes en sentido material, en vista de que reconoce derechos y establece obligaciones para los titulares y poseedores de los inmuebles ubicados en la circunscripción territorial del respectivo cantón. Asimismo, atendiendo al procedimiento de formación de estas regulaciones, se ha considerado que se constituye en manifestación de la democracia directa, en razón de que son elaborados y aprobados por las respectivas municipalidades, las que encuentran su razón de ser, precisamente en su conformación, esto es, por los munícipes o vecinos, en una circunscripción territorial determinada cantón, para la "administración de los intereses y servicios locales " (artículos 169 de la Constitución Política y 1° del Código Municipal)”. (Sala Constitucional, votos 23330-2006, 5575-2007, 18438-2008, 12515-2009, 11946-2010, 2375-2012 y 6364-2012). Por resolución 31756-2023, de las 9 horas 30 minutos del 7 de diciembre de 2023, dictada en un recurso de amparo contra la Municipalidad de Talamanca y otros (expediente 23-16445-0007-CO), esa Sala acogió el recurso contra ésta y anuló la audiencia pública que la misma llevó a cabo el 4 de agosto de 2023 para informar a las comunidades del Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre de Cahuita (que incluye los sectores costeros de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo), a la que el Concejo Municipal ordenó convocar en la sesión ordinaria N° 161 del 21 de junio de 2023, y ordenó al Alcalde y presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Talamanca, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, “girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordinar lo necesario para que, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se programe una nueva audiencia pública para el proyecto del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca y se convoque con la debida antelación, a los miembros de la [...]”. (Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi “ADI Keköldi). La omisión de citar a estos a la audiencia pública, dijo la Sala, “es contrario al Derecho de la Constitución, sea al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional sobre los Derechos, Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, toda vez que los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio amplio no tienen el mismo alcance que aquellos que poseen y ejercen en el territorio geográfico. Por consiguiente, los efectos futuros de la aplicación del Plan Regulador Costero (IVA-PRC) de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) del Distrito de Cahuita, Talamanca, podría generar un potencial impacto positivo o negativo sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social del Territorio Indígena de Keköldi; de ahí, lo necesario de la consulta pública a tenor de lo dispuesto en el artículo 7.3 del Convenio 169 de la OIT, según el cual los ‘gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”. De acuerdo con la Ley 4240, artículo 17, previo a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, la municipalidad que lo intenta debe convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación necesaria, con antelación no menor a quince días hábiles; obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo, si el proyecto no se hubiere originado en dicha oficia o difiera del que aquélla hubiere propuesto; acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos; y publicar, en forma íntegra, en La Gaceta el aviso de adopción, con indicación de la fecha a partir de la cual se harán exigibles las correspondientes regulaciones. Estos requisitos serán igualmente observados “cuando se trate de modificar, suspender o derogar, total o parcialmente, el referido plan o cualquiera de sus reglamentos”. En lo que se refiere a la publicación, según jurisprudencia de ese Tribunal, “(…) el Plan Regulador y su Reglamento de zonificación “son actos administrativos de carácter general, que para ser eficaces deben ser publicados íntegramente” (en el Diario Oficial), con sus respectivos mapas, como forma de comunicarse a los administrados”. (SALA CONSTITUCIONAL, sentencias n.° 2000-06653, 2000-09038 y 2002-04252, entre otras. Ley de Planificación Urbana, artículo 17, inciso 4, y Ley General de la Administración Pública, artículo 240)”. Ver también de la Sala Constitucional la resolución 12973-2013. (En el caso, lo publicado en el Alcance 193 a La Gaceta N° 183 del jueves 5 de octubre de 2023, pgs. 2 a 11, es el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador Costero Talamanca, Distrito Cahuita). La audiencia pública que deben realizar los entes municipales, con anterioridad a la toma de decisión administrativa, “tiene por objeto permitir el ejercicio del derecho a la participación de la comunidad en un asunto que le afecta directamente” y, en criterio de Sala Constitucional, no se constituye “simplemente en parte de un procedimiento que por formalidad deba programarse, de manera que se pueda fijar de forma que haga nugatorio el ejercicio del derecho que pretende tutelar, al otorgarse en condiciones que se convierta en una mera formalidad, incapaz de alcanzar los objetivos que está llamada a obtener en protección del derecho a la información y participación ciudadana, aunque ciertamente tampoco debe llegar a constituirse en un obstáculo para que se emita una oportuna resolución de la gestión” (resoluciones 12242-2004, 7994-2006, 18438-2008, 21581-2010, 7962-2011, 1054-2011, etc). Cada una de las etapas del procedimiento de aprobación o modificación del Plan Regulador tienen una concatenación lógica y condicionan las siguientes. La omisión o imperfección sustancial en una de ellas da lugar a un vicio de invalidez en las etapas posteriores. En igual sentido, se ha pronunciado esa Sala: De la Ley de Planificación Urbana, artículo 17, se desprende que “para la implementación de un Plan Regulador existen varias etapas, como la realización de una audiencia con sus respectivos requisitos, la aprobación por parte del Concejo Municipal y la publicación del mismo, siendo que cada uno de los requisitos es a su vez requisito del otro acto posterior, es decir, para que un acto sea válido, es necesario que se haya cumplido debidamente el acto anterior” (voto 18358-2009). Como “la audiencia establecida en el ordinal 17 de la Ley de Planificación Urbana, no se realizó respetando los cánones establecidos en dicho numeral, se estima que dado a que se está ante un procedimiento legalmente establecido, los actos que se hayan dictado con posterioridad a la audiencia en la aprobación del Plan Regulador de la Fortuna de San Carlos también devienen en ilegítimos, por cuanto tal y como se explicó en el considerando anterior, para que un acto sea válido, el acto que lo antecede debió haberse dictado conforme a la normativa correspondiente. (…)”. Acogió la acción de inconstitucionalidad y retrotrajo el procedimiento de aprobación del Plan Regulador de la Fortuna de San Carlos a la etapa de convocatoria de la audiencia, y ordenó que se debía “proceder a cumplir correctamente con las etapas subsiguientes, entiéndase la aprobación o autorización de SETENA, la publicación, la audiencia, la aprobación definitiva ante el Concejo Municipal y la publicación, todo conforme lo establece la normativa pertinente”. (Sala Constitucional sentencia 18358-2009, reiterada en la 19747-2010). En esta última, la Sala estimó que por haberse omitido el requisito de audiencia pública se lesionó el principio constitucional de la participación ciudadana en temas que atañen la materia ambiental, declaró con lugar parcialmente el recurso de amparo, anuló el acuerdo del Concejo Municipal de “rectificar” el Plan Regulador y ordenó a la Municipalidad “retrotraer el procedimiento de modificación del Plan Regulador de Playa Dominical a la etapa de convocatoria de la audiencia pública y, por lo tanto, se deberá proceder a cumplir, correctamente, con las etapas subsiguientes”.

De donde se sigue que al anular la Sala Constitucional la audiencia pública realizada el 4 de agosto de 2023, el Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre de Cahuita quedó insubsistente, y su impugnación en esta sede es anticipada. Adicional a lo anterior, se agrega que en otra acción de inconstitucionalidad que se planteó contra los ordinales 1 a 19 del Plan Regulador Costero de Talamanca -distrito Cahuita- (expediente 23-030219-0007-CO), esa Sala, en el voto 324-2024, de las 9 horas 15 minutos del 10 de enero de 2024, resolvió que en su sentencia 2023-31756 “se tuvo por demostrado que el plan regulador en cuestión no fue debidamente consultado a los pueblos indígenas, motivo por el cual se anuló la audiencia pública llevada a cabo el pasado 04 de agosto de 2023; y se ordenó al alcalde y presidenta del Concejo Municipal, ambos de la municipalidad de Talamanca, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordinar lo necesario para que, dentro del plazo máximo de tres meses, contado a partir de la notificación de esa sentencia, se programe una nueva audiencia pública para el proyecto del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca y se convoque con la debida antelación, a los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi “ADI Keköldi”. De manera que, el objeto de impugnación no ha sido debidamente aprobado y carece de toda validez actualmente, por lo que no resulta admisible el control de admisibilidad del mismo por prematuro. En consecuencia, lo procedente es el rechazo de plano de esta acción de inconstitucionalidad”. (Énfasis suplido). Relativo al tema de humedales, en el Recurso de Amparo contra el SINAC, INVU y la Municipalidad de Talamanca, resuelto por la Sala Constitucional en la sentencia 3954- 2024, de las 9 horas 30 minutos del 16 de febrero de 2024, la Directora Regional a. i. del Área de Conservación La Amistad Caribe informó a la Sala que el documento denominado “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca”, de junio de 2021, no ha sido aprobado por esa Dirección Regional para utilizarse como documento de alcance general, y se trata de una guía técnica interna del SINAC, aún sin validar ni oficializar por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, e hizo ver que mediante oficio SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 del 30 de junio de 2017 se certificó la delimitación del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del cantón de Talamanca - considerando los humedales para su protección, así como la condición preliminar del estudio de 2021. Ante ello, el Tribunal señaló que la informante “omite referirse a obstáculos de índole técnico o material para actualizar ese aspecto del patrimonio natural del Estado”. Con lo que “no indica a la Sala cuál es el estado actual de los humedales en el cantón de Talamanca, ni ofrece razón alguna por la cual los estudios que justificaron la decisión de 2017 son técnicamente superiores al material de 2021. O, dicho a la inversa, no se exponen los motivos por los cuales el estudio de 2021 no corresponde a la realidad o a criterios técnicos de tutela del Patrimonio Natural del Estado”. Al versar el amparo sobre bienes ambientalmente relevantes, constitutivos del patrimonio natural del Estado, los humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca, en aplicación del principio precautorio, declaró con lugar el recurso y ordenó a la Directora Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional del Áreas de Conservación, “concluir, en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, el trámite para complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con la ‘Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca’ de junio de 2021”. A la vez, ordenó al Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de Talamanca, al jefe. del Departamento de Urbanismo, y al encargado de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, ambos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, “disponer lo necesario para incorporar la actualización arriba mencionada en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca”. Es de notar que el informe de la Directora Regional del Área de Conservación Amistad Caribe, en lo de interés, es similar al dado en otro recurso de amparo resuelto mediante el voto 4692-2024, de las 9 horas 20 minutos del 23 de febrero de 2024, donde la funcionaria expresó: “La certificación de patrimonio SINACACLAC-DR-PNE-C-011-2017, del 30 de junio del 2017, es el único documento vigente con carácter oficial a la fecha”. “El documento borrador denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” del 13 de junio del 2021, nunca ha sido aprobado por la Dirección Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe para utilizarse como un documento de alcance general. Este es un insumo técnico, de carácter interno que no ha finalizado con el proceso para su validación y oficialización, conforme al artículo 6 del Decreto Ejecutivo N°42760-MINAE denominado Criterios Técnicos para la ubicación, identificación, clasificación y delimitación de ecosistemas de humedal. Por consiguiente, no es un documento oficial, ni podrá ser utilizado para emisión de actos administrativos oficiales”. (En la sentencia 4692-2024, en cuanto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, esa Sala dispuso que el recurrente debía estarse a lo resuelto en la 3959-2024). Como no ha concluido el plazo que dio la Sala para complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con la ‘Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca’ de junio de 2021 e incorporar esa actualización en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca, la acción de inconstitucionalidad resulta prematura. No obstante, es claro que dicho Plan Regulador Costero no ha de incluir bajo administración municipal sectores del Patrimonio Natural del Estado, sean estos áreas boscosas o forestales, humedales o del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, cuya administración y planificación compete al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, MINAE. (Ley 7575, arts. 13, 14 y 16; Ley 7554, art. 32, inciso e, f y pfo. final; Ley 7788, artss.22 y 58. Sala Constitucional, sentencia 12745-2019).

II. 3 DIRECTRIZ N° 09-2023 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA La Directriz N° 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía se impugna porque “desacredita” (Considerando quinto), el informe denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca, calificándolo como no oficial, sin que el SINAC haya implementado estudios técnicos fidedignos en sustitución del informe “que desaplica e impulsando la aprobación del Plan de Manejo y el Plan Regulador sin estos. La desprotección de los humedales, se dice, contradice el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que consagra el artículo 50 constitucional, el principio precautorio, el de reserva de ley y la Convención relativa a los humedales de importancia internacionales especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención Ramsar), aprobada por Ley 7224 de 1991, artículos 2 y 4. El Considerando quinto aludido indica que la “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón Talamanca, del 13 de junio de 2021 no ha sido aprobada por la Dirección Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe para utilizarse como documento de alcance general. Es un insumo técnico, de carácter interno, que no ha finalizado el proceso para su validación y oficialización por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, conforme al artículo 6° del Decreto 42.760, Criterios Técnicos para la ubicación, identificación, clasificación y delimitación de ecosistemas de humedal; no es un documento oficial, ni puede utilizarse para la emisión de actos administrativos oficiales. Ese artículo 6° de cita establece que la información del inventario generada por cada Área de Conservación debe revisarse y validarse por el Programa Nacional de Humedales y el Departamento de Información y Regularización del Territorio, instancias de la Secretaria Ejecutiva del SINAC, el que utilizará los procedimientos técnicos existentes para que la información del inventario sea publicada en el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) y en el Sistema de Información Territorial (SNIT). También se objeta el considerando sétimo de la Directriz N° 09-2023-MINAE, que dispone que los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son los establecidos en la Ley N° 9223, Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, vigente desde el 8 de abril, 2014, y no hay ninguna modificación posterior emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía. Esto, afirman los accionantes, incumple lo ordenado por la Sala Constitucional en la sentencia 12745-2019, sobrepasa las competencias del Ministerio del Ambiente y Energía respecto al rechazo de los estudios técnicos para delimitar el Refugio de Vida Silvestre en cuestión, afectando el Patrimonio Natural del Estado. Indica el representante de la Procuraduría que la Sala Constitucional ha conocido acciones de inconstitucionalidad contra directrices ministeriales (votos 12396-2004, 9572-2006, 113-2015, 14643-2017, 19485-2018 y 21969-2022). Cuando la directriz impugnada constituye un acto administrativo de aplicación general, lo procedente es publicarla (Sala Constitucional, resolución 19485-2018). Sobre la potestad de dirección y las directrices (Sala Constitucional, voto 12498-2015). En este asunto los accionantes aducen que la directriz emitida, en los aspectos de interés, es de alcance general, por sus implicaciones para la tutela del Patrimonio Natural del Estado. Los lineamientos girados en los considerandos quinto y sétimo de la Directriz N° 09- 2023 del Ministerio de Ambiente y Energía se oponen a lo resuelto por la Sala Constitucional en las sentencias 12745-2019 y 3954-2024, las que prevalecen. En el particular, sería admisible el reproche de inconstitucionalidad, en lo que hace a la protección efectiva Patrimonio Natural del Estado (REGAMA, áreas de bosque y humedales), con infracción al derecho sano y ecológicamente equilibrado y los principios de objetivación de la tutela ambiental, precautorio, preventivo y la Convención sobre humedales (Ramsar), artículos 2 y 4; y 7, 48 y 50 de la Constitución Política. La sentencia 12745-2019, se dijo, anuló la Ley 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (por reducir la superficie del refugio sin los debidos estudios técnico-científicos que descarten el daño ambiental, ni hacer compensación del área) y ordenó al SINAC delimitar el área dentro de los doce meses siguientes a su publicación. En este aspecto no puede aseverarse que los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son los que estableció dicha Ley; hay incerteza en cuanto a su delimitación.

“El patrimonio natural del estado es un bien jurídico, definido e individualizado en nuestro ordenamiento jurídico (…) Esto es materia de interés público y nacional que urge y no puede quedarse indefinidamente sin resolver.” (Sala Constitucional, sentencias 16938-2011, 2678-2012 y 12973-2013) (…) el Ministerio de Ambiente y Energía está obligado a realizar la clasificación de los terrenos propiedad del Estado con el objetivo de identificar y delimitar aquéllos territorios que constituyan Patrimonio Natural del Estado definidos como bosques y/o terrenos de aptitud forestal que pasan a ser administrados automáticamente por ese Ministerio y no por las Municipalidades y para ello el Ministerio no requiere comunicar, solicitar permiso o autorización a una entidad o empresa privada para proceder a clasificar las tierras del Estado”(Sala Constitucional, votos 15585- 2008, 16938-2011 y 2678-2012) “(…) las corporaciones municipales no tienen la competencia para elaborar y poner en marcha planes reguladores que contradigan o dejen sin efecto las zonas especiales de protección, Áreas Silvestres Protegidas y, en general, el patrimonio natural del Estado. (…) El Plan Regulador del Sector Costero Playa Nombre de Jesús y Zapotillal abarca zonas que pertenecen al patrimonio natural del Estado, por lo que resulta inconstitucional únicamente en cuanto a dichos territorios”. (Sala Constitucional, sentencias 21258-2010 y 12973-2013. El destacado no es del original)

La sentencia 3959-2024, declaró con lugar el Recurso de Amparo contra el SINAC y otros, por omitir el Plan Regulador Costero los humedales enlistados en el informe denominado “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca”, de junio de 2021, transgrediendo el derecho fundamental del artículo 50 de la Constitución y, en aplicación del principio precautorio, ordenó a la directora regional del Área de Conservación La Amistad Caribe del SINAC, órgano del MINAE, complementar la certificación del Patrimonio Natural del Estado con ese informe, dentro del plazo de tres meses, así como al INVU, en la persona de los jefes del Departamento de Urbanismo y al encargado de Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento, y a la Municipalidad de Talamanca, en la del alcalde y presidenta del Concejo, disponer lo necesario para incorporar esa actualización en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca. La Directriz del Ministerio del Ambiente y Energía que desaplica el mencionado informe para futuras actuaciones se contrapone a lo ordenado por la Sala Constitucional. La sentencia que declara procedente es ejecutable desde el momento de su dictado. (Ley de Jurisdicción Constitucional, artículo 53, y resolución 6267-2002). Las sentencias de la Sala Constitucional son vinculantes erga omnes y producen cosa juzgada; “prejuzgan sobre los extremos de constitucionalidad”. (Sala Constitucional, resolución 6267-2002). Los precedentes de la jurisdicción constitucional “son vinculantes erga omnes, dado que ofrecen la forma en que los actos sujetos al derecho público y la normativa en general, pueden entenderse conforme con el Derecho de la Constitución” (Sala Constitucional, sentencias 1185-95 y 3009-2004). Similar a lo que se dispone para los funcionarios que administran justicia (Ley 8, modificada por la 7333, art. 8), los de la Administración no pueden interpretar, ni aplicar leyes, normas o actos de cualquier naturaleza de manera contraria a los precedentes de la Sala Constitucional. Sus sentencias “son expresión del derecho constitucional y tienen, por tanto, su mismo rango frente a las decisiones de otras instancias jurisdiccionales” o administrativas. Las decisiones de esa Sala “tienen potencia constitucional para imponerse sobre las decisiones de otras instancias y resistencia constitucional para no ser modificadas o anuladas por resoluciones de otras jurisdicciones” o administrativas. En conflictos entre resoluciones, “es indiscutible que las decisiones constitucionales deberán imperar”. (Sala Constitucional, resolución 22207-2021). En virtud de “la supremacía o prioridad jerárquica de la Constitución, todos los operadores jurídicos y, en especial los jueces, están obligados a interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico de conformidad con las reglas, principios, valores constitucionales y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, elementos que, sin duda alguna, sirven como parámetros de interpretación. (Sala Constitucional, sentencias 4837-2016 y 132-2018). A partir de este principio de supremacía constitucional, se deriva, además, el carácter vinculante erga omnes de las resoluciones de la jurisdicción constitucional” y, “es obvio por tratarse del propio Tribunal Constitucional, que la jurisprudencia y los precedentes lo vinculan en tanto no encuentre razones para variar sus propias tesis o criterios”. (Sala Constitucional, resoluciones 4837-2016 y 1185-1995).

III. Conclusiones EL Órgano Asesor considera: 1. La falta de incorporación íntegra del Patrimonio Natural del Estado al REGAMA -según lo dispuesto por sentencia 12745-2019- por el Plan de Manejo, implica la desprotección del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los principios in dubio pro natura, precautorio y preventivo. 2. Como no ha concluido el plazo que dio la Sala para complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con el informe “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” de junio de 2021 e incorporar esa actualización en el Plan General de Manejo y el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca, la acción de inconstitucionalidad resulta prematura en este aspecto. 3. Los lineamientos girados en los considerandos quinto y sétimo de la Directriz N° 09- 2023 del Ministerio de Ambiente y Energía se oponen a lo resuelto por la Sala Constitucional en las sentencias 12745-2019 y 3954-2024, las que prevalecen. En el particular, por lo que sería admisible el reproche de inconstitucionalidad.

7.- Por memorial presentado el 19 de marzo de 2024, Ángela Mata Montero, en su condición de presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (en adelante INVU), contesta la audiencia conferida en los siguientes términos: En fecha 19 de marzo del 2024, mediante oficio DU-UCTOT-062-2024, el encargado de la Unidad de Criterios Técnicos y de Ordenamiento Territorial, arquitecto Daniel Brenes Arroyo, informa, entre otros aspectos, lo siguiente: cita el acápite vigésimo quinto del escrito de interposición de la acción“VIGÉSIMO QUINTO: Además de lo mencionado en hechos anteriores, se publicó oficialmente el 5 de octubre de 2023, en el Alcance número 193 a La Gaceta número 183. el Plan Regulador Costero Talamanca - Distrito Cahuita. Dicho Plan Regulador toma como base el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, en cuanto utiliza los mapas de zonificación para regular la zona. Por lo tanto, repite las afectaciones y omisiones anteriormente descritas en cuanto al Plan General de Manejo.” (…) lo indicado en este punto carece de fundamento y es una afirmación que resulta incorrecta, esto por cuanto hay diferencias importantes entre los dos instrumentos de planificación, en la Zona Marítimo Terrestre aplica un Plan Regulador Costero y en las Áreas Silvestres Protegidas operan los planes de Manejo. El desarrollo de estos proyectos ha sido delegado a las municipalidades en virtud de que son administradores de la Zona Marítimo Terrestre, para ello deben desarrollar planos de desarrollo urbanos o turísticos, que en términos de la normativa nacional (Ley de Planificación Urbana) corresponden a Planes Reguladores. “Como se puede observar, los alcances de un plan regulador costero no incluyen los espacios territoriales correspondientes a las áreas silvestres protegidas o al Patrimonio Natural del Estado, siendo que las primeras requieren otro tipo de herramienta de gestión del suelo. A ese efecto el MINAE – SINAC desarrollan Planes de Manejo que es una herramienta de planificación que orienta la gestión del territorio de un área silvestre protegida para cumplir con sus objetivos de conservación. Es más bien un plan de gestión y desarrollo que se fundamenta en líneas de acción estratégicas a mediano plazo y en objetivos de manejo para los elementos naturales y culturales incluidos dentro del área, así como en la relación de estos últimos con su entorno socio ambiental. Se debe indicar que el INVU no tiene competencias para desarrollar o aprobar planes de manejo y mucho menos para determinar sus límites, asunto que solo le compete al SINAC, el Plan Regulador Costero de Talamanca se desarrolló fuera de los límites oficiales determinados por esa instancia al momento de desarrollar la propuesta de zonificación. No se puede argumentar que se tomó como base el Plan de Manejo ya que es un instrumento que no se puede aplicar en la Zona Marítimo Terrestre, así como un plan regulador no se puede utilizar como herramienta de planificación dentro de un Áreas Silvestres Protegidas (ASP)”. Solicita se declare sin lugar la acción.

8.- Por escrito incorporado a la carpeta electrónica del expediente el 20 de marzo de 2024 Franz Tattenbach Capra, en su doble condición, de ministro de Ambiente y Energía y de Presidente del Consejo Nacional de Áreas de Conservación y David Chavarría Morales, en su condición de Director ejecutivo a.i. de Sistema Nacional de Áreas de Conservación, contestan la audiencia conferida en los siguientes términos: I. SOBRE LOS ARGUMENTOS Y MOTIVOS DE LA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDAD. A. Los accionantes solicitan que se declare inconstitucional el Plan General de Manejo (PGM) del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVS-GM) 2017- 2026, publicado mediante resumen ejecutivo el 28 de febrero de 2022, en el Alcance n.° 42 a La Gaceta N° 39. A continuación, se extractan los principales argumentos que respaldan la solicitud de los accionantes, los cuales se responden en términos sencillos y, posteriormente se ofrecen las explicaciones más amplias que pueden aclarar las confusiones de los accionantes. a) “La delimitación empleada para dicho plan corresponde al área del refugio establecida de previo a la anulación parcial de la Ley n.° 9223”. Respuesta: El considerando décimo sexto del resumen ejecutivo del PGM del RNVS-GM dice que el PGM no rige para “el área dispuesta en el voto N°012745 del 10 de julio de 2019 de la Sala Constitucional”. b) “asumió como vigentes los límites impuestos por dicha Ley, los cuales la Sala Constitucional anuló en 2019”. Respuesta: La Ley 9223 que determina los límites del RNVS-GM está vigente. c) “El área geográfica que refleja el plan de manejo no representa los límites totales del área silvestre protegida”. Respuesta: El PGM del RNVS-GM aplica a los límites establecidos por la Ley 9223. d) “el plan general que se mantiene vigente es el mismo que el publicado en 2016 para entrar a regir en el 2017”. Respuesta: El PGM vigente únicamente fue publicado como resumen ejecutivo el 28 de febrero de 2022, en el Alcance n.° 42 a La Gaceta N° 39.

1.- Respecto al Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Los accionantes incurren en inconsistencias propias del desconocimiento de la normativa oficial imperante y del funcionamiento del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC/SINAC). Las normas ambientales del país son claras en cuanto a que: “El Plan General de Manejo (PGM) es el instrumento técnico que define la ruta que debe seguir el personal del Área Silvestre Protegida (ASP) y sus aliados para mantener los valores del ASP. Es la carta de navegación para una exitosa administración y gestión integral del área protegida” (Guía del SINAC). En el caso de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre (RNVS) de Propiedad Mixta, dicho instrumento adquiere importancia, por cuanto su administración es compartida entre el personal del SINAC y los propietarios privados. Sin él, ambos actores están atados de manos, por una parte, para proteger adecuadamente los elementos focales de manejo (EFM) que sustentan la declaración y el futuro del ASP y, por la otra, para el ejercicio pleno y legal del uso de los bienes inmuebles privados incluidos dentro los límites del ASP. Hacen un recuento de los antecedentes del proceso de elaboración del Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, publicado en el Alcance No 42 a La Gaceta No 39 del 28 de febrero del 2022, según acuerdo No 12 de la Sesión Ordinaria No 04-2017 y al Acuerdo No 02 de la Sesión Extraordinaria No 11-2021 del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, mediante el cual se preserva y estimula el mantenimiento de ecosistemas, hábitats, especies y recursos hídricos superficiales y subsuperficiales, en un estado inalterado o con un impacto imperceptible, permitiendo a la vez procesos naturales o asistidos de recuperación de ecosistemas y biodiversidad. Entre otros, el Manglar y Estero de Gandoca (sitio RAMSAR), los Bosques Anegados (declarados sitios RAMSAR), las Playas de Anidación de Tortugas Marinas (sitio RAMSAR), el Humedal de Punta Mona, bosque anegado de yolillo y orey (sitio RAMSAR), La Cativera, bosque anegado de cativo (sitio RAMSAR), el bosque anegado de yolillo del Humedal Gandoca y la llanura aluvial del humedal Gandoca-Sixaola, ambos también sitios RAMSAR. Todos ellos bajo la categoría de mínima intervención, que solamente permite actividades de investigación, capacitación y ecoturismo, propias el PNE. De la misma forma, el ACLAC/SINAC administra y tutela el resto del Patrimonio Natural del Estado del litoral de Talamanca el cual, en su conjunto ocupa el 69,29% de ese litoral. 

2.- Sobre la Ley N.º 9223 “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” del 20 de marzo del 2014. En primer término, se refieren a los antecedentes históricos de importancia de la indicada ley, publicada en La Gaceta Oficial No 69 del 8 de abril del 2014, vigente a partir de esa fecha. La Ley N.º 9223 “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” del 20 de marzo del 2014, consta de un único artículo que establece los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVS-GM).  Indican que los límites del RNVS-GM establecidos por la Ley 9223, fueron los propuestos por el SINAC en el Informe Técnico rendido a la Asamblea Legislativa por Rafael Gutiérrez, entonces Director del SINAC, mediante oficio SINAC-DE-1972 del 26 de agosto del 2013 (folio 1390 del Expediente Legislativo de la Ley). La ley N.9223 fue impugnada ante la Sala Constitucional por acción de inconstitucionalidad tramitada bajo expediente 14-019174. Se refieren a las objeciones planteadas por la señora Procuradora General Adjunta, Dra. Magda Inés Rojas, como por su acompañante, la Procuradora Susana Fallas durante la audiencia de vista, convocada por la Sala Constitucional el 28 de febrero 2019, respecto a la preocupación de la PGR, que versa sobre la posibilidad de estar desprotegiendo un área de propiedad estatal, con “cobertura boscosa”. Cita parcialmente el voto 2019- 012745, y manifiestan 2.6  que el Tribunal Constitucional ratificó la Ley 9223, anulando su aplicación por un plazo de 12 meses, contado a partir del 12 de febrero del 2020, otorgado al SINAC y a la PGR, para esclarecer el régimen de propiedad de los terrenos comprendidos dentro del ¨área boscosa” estimada por la PGR. 2.7- y estableció un claro procedimiento a seguir con los resultados obtenidos por el SINAC y la PGR, una vez cumplidas las disposiciones ordenadas. En el caso de encontrarse bienes de dominio público (no bienes de dominio privado), en el área con “cobertura boscosa” desafectada por la Ley 9223, “el SINAC, en conjunto con el Abogado de Estado, deberá ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público”. 2.8- En cuanto a los bienes de dominio privado, en el área con “cobertura boscosa” desafectada por la Ley 9223, “lo que corresponde es que las autoridades competentes impongan a las propiedades las limitaciones de interés social correspondientes en aras de la protección al ambiente”. Hacen un recuento de las actuaciones del SINAC y la Procuraduría General de la República en relación con el cumplimiento del Voto 2019-012745, y, se refieren a la metodología utilizada para la identificación y delimitación de la cobertura boscosa en una sección del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca-Manzanillo, en cumplimiento del voto No 2019-012745 de la Sala Constitucional, cuyos resultados fueron comunicados a la Sala Constitucional con fecha 12 de febrero 2021, junto con el informe ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020 titulado: “Identificación y delimitación de la cobertura boscosa en una sección del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca-Manzanillo en cumplimiento del voto No 2019-012745 de la Sala Constitucional de Costa Rica”. Dicho informe concluye que ‘’La consecuencia de lo anterior es que, al observar una fotografía aérea de la zona y analizar cobertura y densidad de copas, se puede llegar la conclusión de que el sitio se encuentra dominado por cobertura forestal. Sin embargo, debajo del dosel principal se oculta un uso de suelo completamente diferente, que no es compatible con la definición de bosque establecida en la Ley Forestal y su Reglamento’’. En resumen: Tanto el SINAC, como la Procuraduría General de la República cumplieron con lo ordenado por la Sala en tiempo y forma, al delimitar el “área boscosa” objeto de la disposición, y determinar el régimen de propiedad de los terrenos incluidos dentro de tales áreas. En conclusión, los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son los establecidos en la Ley No.9223, Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, vigente desde el 8 de abril, 2014. No existe ninguna modificación posterior que haya sido emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía.

B.- Los accionantes solicitan que se declare inconstitucional el Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita, cantón de Talamanca (PRCT) publicado el 5 de octubre de 2023, en el Alcance número 193 a La Gaceta número 183. A continuación se extractan y responden los principales argumentos que respaldan la solicitud de los accionantes, y se ofrecen las explicaciones que pueden aclarar las confusiones de los accionantes. … el PRCT “toma como base el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, en cuanto utiliza los mapas de zonificación para regular la zona”. R/. Completamente falso. Los accionantes premeditadamente y de mala fe combinan dos instrumentos técnicos legales, los cuales aplican para situaciones diferentes: El Plan Regulador Costero, es un instrumento de planificación territorial que se aplica en la Zona Marítimo Terrestre. Su objetivo es ordenar y regular el uso del suelo en esta área costera. El Plan Regulador define cómo se pueden utilizar los terrenos, las restricciones y las condiciones para el desarrollo de actividades en la ZMT. Se define un Plan Regulador Costero como el instrumento legal y técnico para alcanzar los objetivos de las políticas de ordenamiento territorial en procura de un desarrollo económico, social y ambiental equilibrado en la Zona Marítimo Terrestre y áreas adyacentes. El Plan General de Manejo de un Área Silvestre Protegida, es el instrumento de planificación que permite orientar la gestión de un área silvestre protegida hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación a largo plazo. Se fundamenta en líneas de acción estratégicas a mediano plazo y en objetivos de manejo para los elementos naturales y culturales incluidos dentro del área, así como en la relación de estos últimos con su entorno socio ambiental. Es la base para el desarrollo de otros instrumentos de planificación y reglamentación de las Áreas Silvestres Protegidas (artículo 2 inciso f) Decreto No. 25721-MINAE) … “los mapas propuestos en el plan regulador no consideran como parte del refugio las zonas de bosque (Patrimonio Natural del Estado) que la Sala Constitucional ordenó proteger mediante el voto n.° 2019-012745”. R/. Falso. El PRCT sí contempla el patrimonio Natural del Estado (PNE), tal y como consta en la certificación No 011-2017, SINAC-ACLAC- PNE-C-011- 2017 del 30 de junio del 2017. Respecto a la Clasificación y Delimitación del Patrimonio Natural del Estado del Litoral del Cantón de Talamanca del 2017, se amplía lo siguiente: Posteriormente a la aprobación de la Ley 9223, en marzo del 2014, la Municipalidad de Talamanca suscribe un convenio con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismos (INVU), para la elaboración de un plan regulador costero del cantón. De acuerdo con lo dispuesto en el Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre ICT- INVU, el procedimiento exige la delimitación del Patrimonio Natural del Estado (PNE), y la emisión de la certificación correspondiente por parte del MINAE. A solicitud de la Municipalidad, el Sistema de Áreas de Conservación (SINAC) emitió la certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) de la ZMT del cantón de Talamanca, mediante resolución No 011-2017, SINAC-ACLAC- PNE-C-011-2017 del 30 de junio del 2017, suscrita por el Director del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC-SINAC). Patrimonio Natural del Estado (PNE): El Patrimonio Natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública; excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio, éstas áreas de Patrimonio Natural del Estado no son incluidas ni reglamentadas por no ser parte de la administración municipal, según el Pronunciamiento C-297-2004 del 19 de octubre del 2004, emitido por la Procuraduría General de la República. La Certificación sobre Patrimonio Natural del Estado, fue emitida por el Director del Área de Conservación. Una vez emitida la Certificación, ésta no podrá ser modificada por otro funcionario de rango inferior, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No.36786- MINAE, vigente desde el 11 de noviembre de 2011. C.- Los accionantes solicitan que se declare inconstitucional la Directriz n.° 09-2023, firmada el 17 de agosto de 2023 por el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra. A continuación, se extractan y responden los principales argumentos que respaldan la solicitud de los accionantes, y se ofrecen las explicaciones que pueden aclarar las confusiones de los accionantes. …que mediante la Directriz n.° 09-2023, firmada el 17 de agosto de 2023 por el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, pretende invalidar “el insumo técnico denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” del 13 de junio de 2021”. Son diversas y abundantes las razones por las cuales la Directriz califica el Informe SINAC- ACC-OT-of-698-2021, del 13 de junio 2021 como sigue: “El documento insumo técnico denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” del 13 de junio, 2021, no ha sido aprobado por la Dirección Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe para utilizarse como un documento de alcance general. Este es un insumo técnico, de carácter interno que no ha finalizado con el proceso para su validación y oficialización por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación del Sistema Nacional del Áreas de Conservación, conforme al artículo 6 del Decreto Ejecutivo No.42.760-MINAE, Criterios Técnicos para la ubicación, identificación, clasificación y delimitación de ecosistemas de humedal. Por consiguiente, no es un documento oficial, ni podrá ser utilizado para emisión de actos administrativos oficiales”. A continuación, las razones principales: 1.- El informe ¨Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca¨ (oficio SINAC-ACC-OT-of-698-2021, del 13 de junio 2021), es resultado de una inspección de campo realizada por el Bach. Oscar A. Fonseca R., encargado del Programa de Recurso Hídrico de la Oficina Subregional Turrialba-Jiménez del Área de Conservación Central, con la colaboración del Geógrafo Francisco Domínguez B. del Área de Conservación La Amistad Caribe. En adelante referido como el oficio SINAC-ACC- OT-of-698- 2021. Dice el informe que el objetivo de la inspección de campo es “Delimitar y clasificar los Humedales presentes en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) del cantón del litoral de Talamanca, por solicitud de la Oficina Sub regional Limón del Área de Conservación Amistad Caribe del SINAC”. Se utilizó la “Guía práctica para la identificación y delimitación de los suelos hidromórficos asociados a los ecosistemas de Humedal” así como la identificación in situ de la composición florística y las características hídricas del área de estudio. Detalla la metodología y los resultados del informe, que aumentan significativamente las afectaciones por supuestos ecosistemas de humedal en áreas sensibles y críticas, urbanas y suburbanas del litoral de Talamanca, detalla ejemplos. 2.- Las carencias conceptuales y técnico-científicas del informe ¨Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca¨ (oficio SINAC-ACC-OT-of-698- 2021, del 13 de junio 2021). Señalan que el informe ¨Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca¨ (oficio SINAC-ACC-OT-of-698-2021, del 13 de junio 2021), adolece de los criterios técnicos y metodológicos fundamentales para caracterizar y delimitar ecosistemas de humedal. Describe las herramientas técnicas y normativas utilizadas en ese informe y apunta que el informe oficio SINAC-ACC-OT-of-698-2021 no aplica la identificación taxonómica de los suelos, exigible en el caso de estudios especiales y áreas de estudio críticas, como el caso del litoral talamanqueño. Indican que el informe Fonseca 2021, en el Punto 4 de la metodología, bajo el título de “estudios Especiales” dice: “En caso de que se requiera, y en relación con la importancia del estudio (áreas significativas, estudios detallados, conflictos de uso), se debe realizar una identificación taxonómica de los principales suelos presentes en el área de estudio, a través de la descripción de calicatas, consistente en la apertura de fosas de aproximadamente 1,5 m de ancho x 1,5 m de largo y entre 1,5 y 2 m de profundidad. Su finalidad primordial es la de realizar una caracterización detallada de cada uno de los horizontes genéticos de los suelos: grosor de los horizontes, color, textura, estructura, consistencia en húmedo, porosidad, contenido de raíces, limite. También se definen características importantes como la ubica- ción georreferenciada, fisiografía, pedregosidad, uso actual, tipo de drenaje y erosión. De estos perfiles modales se deben tomar las muestras respectivas para los análisis físicos y químicos de laboratorio, aprobados por el MAG (Schwizer et al. 1980). Señalan que el informe Fonseca 2021 no aplicó ninguna de las exigencias para la identificación taxonómica de los suelos del área de estudio, ni su autor está calificado como profesional competente en el área de suelos. Seguidamente se refiere a que el informe oficio SINAC-ACC-OT-of-698-2021 no cumple con el tipo y nivel de detalle para el levantamiento de suelos exigible para la caracterización y delimitación de humedales, de acuerdo con la Guía práctica para la caracterización y delimitación de suelos hidromórficos asociados a los ecosistemas de humedal. En resumen, no existe duda en cuanto a que la inspección de campo que sustenta el informe Fonseca 2021, no muestra ningún parámetro válido que permita la caracterización de suelos de humedal. Sostienen que el informe oficio SINAC-ACC-OT-of-698-2021 no cumple con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 35803-MINAET, referido a la metodología para lo que respecta a la identificación y clasificación de los humedales dentro de la zona marítima terrestre, como se desprende del capítulo de Metodología del informe Fonseca 2021. Por otra parte, en la actualidad, el informe Fonseca 2021 tampoco podría ser validado, por cuanto incumple con la rigurosidad científica requerida, y con los procedimientos actuales dispuestos en el Decreto Ejecutivo 42760-MINAE, en su artículo 5 y 7 inciso d). El Decreto Ejecutivo N°35803-MINAET del 7 de enero del 2010, fue derogado integralmente por el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 42760- MINAE del 7 de marzo del 2022. Es evidente que el informe Fonseca 2021 no cumplió con el acápite de d) del artículo 8 anterior. En otras palabras, dicho informe no está validado ni oficializado por las autoridades competentes del SINAC/MINAE. No nació́ a la vida jurídica de los actos administrativos, como se definió en la Directriz No 09-2023 del Ministro de Ambiente y Energía. Posteriormente, en el acápite “2.5.- El informe oficio SINAC-ACC-OT-of-698-2021 adolece de otras consideraciones propias de una pericia sobre territorios urbanos y semiurbanos, de clara importancia socioeconómica y de consecuencias altamente complejas para la población y el Estado.”. Señala que, como lo advierte la Guía práctica para la caracterización y delimitación de suelos hidromórficos asociados a los ecosistemas de humedal, de la cual los suscribientes del informe Fonseca 2021 tenían pleno conocimiento, sus criterios de levantamiento de la información, análisis de resultados y elaboración de conclusiones, deberían obedecer a normas de primer orden. Al haber incumplido con las observaciones y muestreos mínimos, el no haber sometido las muestras a los análisis físico-químicos de rigor, y la no consideración de los detalles geológicos exigibles resulta altamente arriesgado e irresponsable pretender caracterizar y delimitar como ecosistemas de humedal grandes espacios litorales de asentamientos humanos como, por ejemplo, el tramo Punta Uva-Manzanillo, sin muestreos mínimos, sin análisis físico-químicos, sin conocimientos geológicos y sedimentológicos, es totalmente inaceptable. Detallan exhaustivamente otras omisiones y deficiencias técnicas del indicado estudio

II.- SOBRE LOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD. Según los recurrentes la normativa es impugnada por considerarla contraria al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y los principios del derecho ambiental de objetivación, precautorio, preventivo y el principio de reserva de ley artículos 48, 50 y 89 de la Constitución Política e instrumentos internacionales ambientales como la convención RAMSAR y la Convención de Biodiversidad. Indican que los reglamentos son actos de alcance general con carácter normativo conforme con las disposiciones de los artículos 6, 28, 120, 121 de la Ley General de la Administración Pública. Sin que este instituto jurídico se agoten las facultades y actuaciones de la Administración en la construcción normativa, , ya que también existen numerosos instrumentos y herramientas jurídicas y metodológicas que son oficializadas por el Poder Ejecutivo en aras de la seguridad jurídica y objetivación de la utilización de la ciencia y la técnica. Entre estos instrumentos se incluyen las metodologías para la elaboración de los planes de manejo de las áreas silvestres protegidas, de los planes de visitación, turismo y uso público y otros que son definidos por el ordenamiento jurídico como herramientas de planificación científica de la gestión pública. A estas se unen las metodologías de identificación y caracterización del patrimonio natural del Estado y de los ecosistemas de humedal entre muchas otras. La oficialización de éstas garantiza la seguridad jurídica para el operador del derecho y vincula la actuación de la administración pública con la aplicación de las reglas de la ciencia y la técnica en sus labores científicas y de gestión pública reforzando además los principios de trasparencia, rendición de cuentas y control interno de las administraciones públicas. Las potestades reglamentarias del Poder Ejecutivo al igual que la facultad para el dictado de esas otras herramientas y metodologías de uso interno, tiene como límites, conforme con la misma Ley General de la Administración Pública actuar con apego a las reglas de la ciencia y la técnica, según dispone el artículo 16 de ese cuerpo normativo, así como el Principio de Legalidad regulado en los artículos 11 IBID y el 11 de la Constitución Política. Es importante rescatar que las normas administrativas deberán interpretarse siempre de la forma en que mejor garantice el fin público a que se dirigen y eso incluye a la herramientas y metodologías señaladas. Este Ministerio rechaza la acusada violación de las normas y principios constitucionales con la actuación administrativa impugnada. Como ha quedado demostrado del amplio y detallado informe rendido por la Dirección Regional del Área de Conservación Amistad Caribe y ratificado por estos Despachos, la actuación de la Administración y la oficialización de los documentos correspondientes al Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo 2017-2026, publicado mediante resumen ejecutivo el 28 de febrero de 2022, en el Alcance No. 42 a La Gaceta No. 39; el Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, publicado el 5 de octubre de 2023 en el Alcance No. 193 a La Gaceta No. 183, y la Directriz No. 09-2023 firmada el 17 de agosto de 2023, se encuentran respaldadas en estudios técnicos que incluyen levantamiento de información de campo, información de línea base, y, que además cumplen con las metodologías y procedimientos oficializadas por el Estado Costarricense y han arrojado datos científicos concluyentes para decidir que el levantamiento de los humedales de la zona en el año 2017 es el correcto. De manera que el argumento de los recurrentes relacionado con que lo correcto era la utilización del informe del 2021 resulta falso y carente de pruebas técnicas, por el simple hecho de ser de fecha más reciente no basta para llegar a esa conclusión, cuando realizada la valoración esos estudios resulta que estos no cumplieron con el rigor científico ni metodológico oficializado por el Estado, lo que lo hace incorrecto e inútil para cumplir con el fin público e imposible de superar el procedimiento de validación interna. El Estado costarricense no tiene dudas sobre cuáles son los estudios que, sí cumplen técnicamente y con la metodología, puesto que para ello se han realizado múltiples revisiones y valoraciones por los funcionarios públicos asignados de conformidad con la disposición del artículo 302 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que la toma de la decisión se encuentra fundamentada en estos estudios y por lo tanto no violenta los invocados Principios Precautorio, preventivo, reserva de ley, objetivación de la tutela ambiental. No se ha violentado con los actos impugnadas tampoco la normativa constitucional, ni las convenciones internacionales señaladas por el recurrente. Reitero que todas las actuaciones se encuentran fundamentadas en estudios técnicos y en las leyes, con la utilización de metodologías e instrumentos que descartan la violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y muy por el contrario brindan seguridad jurídica. El recurrente con su argumentación falaz pretende hacer al Estado incurrir en error y mantener una situación de incertidumbre sobre el tema que violenta la seguridad jurídica e interfiere con la realización del fin público. Las actuaciones impugnadas corresponden a herramientas de planificación y gestión dinámicas y que por su naturaleza deben estar en actualización periódica, de forma que los ejercicios metodológicos ejecutados para realizar esas actualizaciones se encuentren estandarizados y sea aplicados de forma objetiva y medible (o comparable) en garantía de la seguridad jurídica y sin que los cambios que resulten producto de esas actualizaciones implique violación de los principios constitucionales señalados. El darle valor a un ejercicio de actualización que no cumplió con las metodologías y procedimientos internos resulta contrario a la seguridad jurídica. Es importante resaltar que la decisión es totalmente técnica por lo que corresponde a la Administración activa. Como puede verse en este caso lo que se presenta es una disconformidad de los recurrentes con los criterios técnicos estatales utilizados, sin contar con pruebas que demuestren que con ello se hace una incorrecta tutela del derecho a un ambiente sano. Por las razones y análisis jurídico expuesto consideran que los motivos de inconstitucionalidad invocados por el recurrente deben rechazarse ya que el ejercicio de las potestades de la Administración ha sido en total respeto a los límites legales y constitucionales.

9.- En memorial presentado el 1 de abril de 2024, Luis Diego Marín Schumacher, cédula de identidad número 107530303, en su condición de presidente de la Asociación Preserve Planet, y Javier Rodríguez Fonseca, cédula de identidad número 105460710, solicitan se les tenga como coadyuvantes en la presente acción de inconstitucionalidad, por contar con un interés legítimo y directo en el desarrollo y la planificación territorial de la zona marítimo terrestre, como ciudadanos costarricenses, ya que en este asunto se involucran los intereses difusos ambientales de la presente y las futuras generaciones, en tanto se alega la inobservancia al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la violación al principio de progresividad, el principio precautorio, al principio de no regresión, al principio de tutela científica entre otros. Por su parte las disposiciones impugnadas son normas de carácter general que dirigen el quehacer institucional y municipal al momento de hacer ordenamiento territorial Describen las características de la costa caribe costarricense, indicando que en el caribe sur el litoral es esencialmente coralino. Asociados a los arrecifes coralinos, pero ecosistema aparte, son los pastos marinos, muy importantes para especies como los pepinos de mar y el manatí ya amenazados por el exceso de sedimentación. Explican los impactos principales que afectan estos ecosistemas. Se refieren a la biodiversidad marina en el caribe sur, que presenta casos de especies muy particulares y relevantes, como la langosta espinosa del Caribe (Panulirus argus). El sábalo (Megalops atlanticus), la tortuga baula (Dermochelys coriácea), el manatí (Trichechus manatus), el delfín de Guyana. En cuanto a los posibles impactos al ambiente de las medidas de ordenamiento cuestionadas. Señala que los impactos ambientales son incalculables. Aporta tres ejemplos de ecosistemas directamente afectados por el modelo de desarrollo que plantea la Administración, el  cual no se puede desligar de la falta de servicios públicos de calidad, principalmente relacionados a la gestión integral del recurso hídrico y los residuos sólidos. Citan al biólogo Isaac Baldizón en el Estudio de impacto ambiental para el proyecto de saneamiento en Puerto Viejo de Talamanca, Limón, Costa Rica, Segundo informe de avance: Evaluación ambiental marina y describen las afectaciones negativas y directas que la zonificación establecida en el Plan Regulador Costero de la Municipalidad de Talamanca y el ICT, según las láminas extraídas del Plan Regulador, publicado el 5 de octubre de 2023, tendrá en el arrecife del sistema Puerto-Viejo-Punta Mona, el humedal frente a Puerto Viejo (humedal coralino). Señalan que no se puede separar la zonificación terrestre de lo establecido en las medidas de ordenamiento de los espacios marinos, especialmente cuando las que existen son para la conservación de estos. Las mismas deben ser consideradas y concordantes entre sí. Señalan que el manejo de la zona, por ser de alta fragilidad ambiental y encontrarse situada entre áreas marinas y terrestres de alto interés para la conservación, debe permear toda medida de ordenamiento en la Zona Marítimo Terrestre y zonas aledañas. En cuanto a las amenazas a la gestión integral del recurso hídrico, indican que a partir de la revisión de ambos instrumentos de ordenamiento territorial, no se identifica que en ellos se establezcan previsiones para la instalación de plantas de tratamiento de aguas para las comunidades entre Cocles y a lo interno del refugio. La falta de gestión de los residuos humanos puede acarrear como consecuencia la destrucción completa de los arrecifes debido a la proliferación masiva de las algas causada por el vertimento de coliformes humanos en el mar. Adicionalmente, según el informe técnico elaborado por La Intendencia de Agua de la ARESEP (ARESEP-IN-0036-IA-2023) confirma que el Caribe Sur y Talamanca presenta un déficit hídrico importante comprobado en la zona, sino que tampoco existe ninguna previsión para el manejo y la gestión del mismo frente a las amenazas del cambio climático y las urgentes medidas de mitigación y adaptación requeridas. En cuanto a la porción marina del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, indican que, según lo establece el Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA, el área marina actual del RNVS-GM comprende un polígono de 2.5 km de ancho, delimitado por las desembocaduras del río Cocles al norte y del río Sixaola al sur, con una superficie total de 5,360.12 ha. Las dos zonas marinas de intervención propuestas para el RNVS-GM son: 1. Zona de Mínima Intervención. El área marítima entre Manzanillo y Cocles se encuentra sometida a un régimen de protección ambiental con el fin de preservar y estimular el mantenimiento de ecosistemas, hábitat y especies, en un estado inalterado o con un impacto imperceptible, permitiendo a la vez procesos naturales o asistidos de recuperación de ecosistemas y biodiversidad (p.48 PGM REGAMA). Los ecosistemas, hábitats y especies que busca resguardar con estas medidas de ordenamiento ambiental se encuentran en las praderas de pastos marinos, los arrecifes de coral costeros y de profundidad, y áreas de agregación de mamíferos acuáticos, a cuya importancia ambiental se hizo referencia al inicio del documento. Sostienen que la reducción del Refugio Gandoca Manzanillo realizada mediante la Ley 9223 ocasionó la desprotección de ecosistemas de gran relevancia para el sano equilibrio de la biodiversidad, situación que se ha visto agravada por la falta de delimitación del Patrimonio Natural del Estado en el que ha incurrido el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. La situación se ha vuelto crítica para estos ecosistemas, los cuales sin duda alguna son altamente frágiles por encontrarse en la Zona Marítimo Terrestre, a causa del modelo de desarrollo que ha intentado establecer la Municipalidad de Talamanca en conjunto con el Instituto Costarricense de Turismo y los desarrolladores de la zona. Adicionalmente la relación entre los impactos de las actividades terrestres y los ecosistemas marinos ha sido completamente obviada a pesar de que un alto porcentaje del área marítima frente a la costa se encuentra protegido como Parque Nacional o Refugio Nacional de Vida Silvestre. Resalta que las especies descritas son de vital importancia para los ecosistemas marinos y, por ende para las personas, en un sentido ecosistémico e incluyendo la salud. Pero también son de gran relevancia social, económica y cultural para la región caribeña y, en particular, para las comunidades del Caribe Sur. Dichas comunidades dependen en un alto porcentaje de la actividad turística asociada a los ecosistemas marinos y costeros. Dichas especies y ecosistemas se encuentran parcialmente protegidos por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, como lo son el Parque Nacional Cahuita y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, así como otras áreas declaradas por dichas autoridades como Patrimonio Natural del Estado (PNE). Pero los alrededores de todas estas áreas deben mantener un mínimo de condiciones naturales para que las ASP y AMP puedan cumplir su misión de forma efectiva. Esta parte es responsabilidad directa de las municipalidades y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Lamentablemente, planes reguladores y costeros impugnados no están en consonancia con esa función conjunta de las instituciones gubernamentales en apoyo coordinado con el gobierno local, en función de una adecuada conservación de la Naturaleza y de garantizar la seguridad de las áreas protegidas en general recordando que las presentes y futuras generaciones cuentan con y dependen de eso. Piden se acojan las pretensiones de los accionantes. Además se establezcan medidas provisionales de protección de los derechos fundamentales que se acusan lesionados por las disposiciones cuestionadas, como la suspensión del otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones para el cambio de uso de suelo y/o la construcción de cualquier infraestructura en la zona marítimo terrestre y se prohíba  a la Municipalidad de Talamanca continuar aplicando el Plan Regulador Costero por ser este contrario a lo que dispone la ciencia y carente de sustento técnico lo que general vicios de inconstitucionalidad.    

10.- Por escrito presentado el 18 de abril de 2024 Yahaira Mora Blanco, en su condición de Regidora Propietaria, en ejercicio de la Presidencia del Concejo Municipal del Cantón de Talamanca, contesta la audiencia conferida en los siguientes términos: del análisis de los hechos y fundamentos expuestos en la presente acción de inconstitucionalidad no encuentra la Municipalidad de Talamanca que nos encontremos ante ningún tipo de violación al derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política, ni infracción constitucional alguna relacionada con el Plan Regulador Costero del Distrito Cahuita del Cantón de Talamanca. La Municipalidad de Talamanca se encuentra en proceso de implementación del Plan Regulador Costero del Distrito Cahuita del Cantón de Talamanca, el desarrollo de estos proyectos ha sido delegado a las municipalidades en virtud de que son administradores de la Zona Marítimo Terrestre, según lo determina la Ley N°6043, para ello deben desarrollar planos de desarrollo urbanos o turísticos, que en términos de la normativa nacional (Ley de Planificación Urbana). Los alcances de un plan regulador costero no incluyen los espacios territoriales correspondientes a las Áreas Silvestres Protegidas o al Patrimonio Natural del Estado, siendo que las primeras requieren otro tipo de herramienta de gestión del suelo. A ese efecto el MINAE - SINAC desarrollan Planes de Manejo que es una herramienta de planificación que orienta la gestión del territorio de un Área Silvestre Protegida para cumplir con sus objetivos de conservación. Es más bien un plan de gestión y desarrollo que se fundamenta en líneas de acción estratégicas a mediano plazo y en objetivos de manejo para los elementos naturales y culturales incluidos dentro del área, así como en la relación de estos últimos con su entorno socio ambiental. Desarrollar o aprobar planes de manejo y determinar sus límites, es un asunto que solo le compete al SINAC, el Plan Regulador Costero de Talamanca se desarrolló fuera de los límites oficiales determinados por esa instancia al momento de desarrollar la propuesta de zonificación. No se puede argumentar que se tomó como base el Plan de Manejo ya que es un instrumento que no se puede aplicar en la Zona Marítimo Terrestre, así como un plan regulador no se puede utilizar como herramienta de planificación dentro de Áreas Silvestres Protegidas (ASP). En lo que corresponde al Plan Regulador Costero de Talamanca - Distrito Cahuita, es pertinente señalar que este se planificó solamente para la zona marítimo terrestre. Por ello, no se incluyeron las áreas clasificadas y certificadas como Patrimonio Natural del Estado que estuvieran vigentes al momento de su elaboración. Así es que no se incluyeron las Áreas Silvestres Protegidas de acuerdo a lo indicado en el Artículo 73 de la Ley de la ZMT. Igual sucedió con las áreas definidas como territorios indígenas que se intercepten con los 200 metros del frente costero, según la información facilitada por el INDER en su momento. En general los planes reguladores se construyen sobre la información oficial disponible en un momento dado (como PNE, mojones, PN, entre otras capas de información disponible al momento). No obstante, son mutables puesto que si en el futuro la información de base varía por la razón que sea (nuevos mojones, ampliación de límites de un parque, cambio en la clasificación de Patrimonio Natural del Estado, incluyendo humedales), la zonificación del plan regulador podrá ajustarse a esta nueva condición. Para ello hay un capítulo en el manual de planes reguladores costeros, donde la municipalidad es la encargada de aplicar el procedimiento.

11.- Mediante resolución de las 10:40 horas del 02 de mayo de 2024, el presidente de la Sala rechazó la gestión de coadyuvancia a nombre de Asociación Preserve Planet y tuvo a los gestionantes Luis Diego Marín Schumacher y a Javier Rodríguez Fonseca, como coadyuvantes activos en esta acción. Además, dio por concluido el plazo para las audiencias, y turnó este asunto a la oficina de la magistrada Hess Herrera.

12.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 05 de julio de 2024, Rodolfo Goodman Grenald, cédula de residente permanente N.159100011005 en su condición de presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo Limón (ADIM), solicita se tenga a su representada como coadyuvante en la presente acción. Manifiesta que la Junta Directiva de la ADIM, acordó apersonarse a este proceso en la sesión de 4 de julio de 2024 en Manzanillo de Talamanca, Limón. La asociación tiene interés legítimo en lo que se resuelva en esta acción, pues la misma persigue el objetivo de promover el desarrollo sostenible para la comunidad de Manzanillo y sus alrededores, siendo una de las pocas poblaciones nacionales inserta y colindante con un área protegida (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo de propiedad Mixto, de gran importancia social económica y ambiental del caribe. Agrega que la comunidad ha participado de forma activa en la formulación de los Planes de Manejo del Refugio y el Plan Regulador Costero del cantón, y en general, del valioso Caribe Sur costarricense. En aplicación del interés difuso que le otorga a toda persona el artículo 50 de la Constitución Política en asuntos ambientales, además de ser interesados directos en esta acción, cuyo objetivo afectaría a sus hogares y bienestar, así como su cultura y tradiciones como población autóctona costera.

13.- Mediante escrito incorporado a la carpeta electrónica del expediente el 09 de julio de 2024, Jennifer Vega Alvarado, cédula de identidad 113110380, en su condición de secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, Limón se apersona y solicita ser tenida como coadyuvante en esta acción de inconstitucionalidad. Indica que pertenece a la tercera generación de una familia residente en Manzanillo y que la comunidad ha participado de forma activa en la formulación de los Planes de Manejo del Refugio y el Plan Regulador Costero del cantón, y en general, del valioso Caribe Sur costarricense. Considera que tiene interés directo en lo que se discute en esta acción pues puede afectar su hogar y el bienestar de su familia y sus tradiciones como población costera. Indica que participaron apoyando al SINAC y a la Municipalidad de Talamanca defendiendo sus derechos sobre sus tierras y un ordenamiento territorial que asegure una vida digna en armonía con el ambiente. En la misma fecha y en los mismos términos se apersona Gloriela Junior Williams Rodríguez, cédula de identidad 901010398 miembro de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo Limón y solicita ser tenida como coadyuvante en este proceso.

14.- Mediante escrito incorporado a la carpeta electrónica del expediente el 24 de julio de 2024 Reynaldo Alfonso Mathews Morgan, cédula de identidad 700880429 se apersona al proceso y solicita se le incluya en este proceso y se le notifique, por considerar que le afecta directamente lo que aquí se resuelve. Manifiesta que su familia fue una de las fundadoras de Grape Point, conocido por el Estado como Punta Uva del Distrito Cahuita. Su abuela nació en 1915 en Punta Uva donde hoy vive con su familia, en la misma finca establecida por sus abuelos. Su abuela conservó recibos del Instituto de Tierras y Colonización desde los años 60 y luego obtuvo planos topográficos otorgados por el IDA en 1996. Señala que la comunidad ha participado activamente en la formulación de los varios Planes de Manejo del Refugio, desde el primer Plan realizado por profesionales especialistas de la UCR en los años 1990's, cuando recién establecido el área protegida y el proyecto BIRF de titulación para asegurar la tenencia de sus tierras, la biodiversidad que han cuidado, en convivencia y aprovechándola de manera sostenible. Manifiesta que después de años de defender sus raíces afros, su cultura, idioma y sus hogares, se logra firmar la Ley 9223 "Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur" en abril de 2014. Sin embargo, pocos días después de su alegría y alivio, las mismas personas, apoyadas por este grupo de no-residentes del área afectada, paralizaron su seguridad jurídica de contar con nuestras tierras ancestrales debidamente inscritas para el bienestar y un futuro de vida digna para las familias de la comunidad. Indica que han colaborado apoyando a las entidades estatales que trabajaron en el desarrollo del PGM más reciente sobre el Refugio, que por fin se publicó en el 2022. Así como con el INVU para que contara con la información necesaria para deseñar un Plan Regulador Costero que cumple con las leyes del país para fortalecer a su cantón. Las herramientas de zonificación y planificación son muy necesarias para regularizar las actividades y tenencia de tierra dentro de la pequeña franja de la ZMT fuera de zonas protegidas en Talamanca y así poder proteger el patrimonio natural en equilibro con el desarrollo sostenible de nuestro pueblo del Caribe Sur Costarricense. Indica que por el desorden y caos que ha existido sin la debida regulación, los habitantes legítimos, son los perdedores mientras que otros aprovechan y lucran de la misma incertidumbre. Considera que le asiste un interés difuso que otorga a toda persona el artículo 50 de la Constitución Política para garantizar el equilibrio ambiental. Indica que se apersona a este proceso también como representante del sector de comercio turístico nombrada al Consejo Local Ambiental de Manzanillo a coadyuvar en la defensa con el ACLACSINAC.

15.- Mediante memorial incorporado al expediente electrónico el 23 de abril de 2025 [Nombre 001], representante legal de la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación, [Nombre 002], y [Nombre 003],  actuando como COVIRENAS del Caribe Sur; [Nombre 004], y [Nombre 005], quienes figuran como accionantes en este proceso realizan réplica a la contestación presentada por el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Talamanca.

16.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.

17- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.

 

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

 I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN Y LEGITIMACIÓN DE LOS ACCIONANTES. La acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que deben ser satisfechas a efecto de que la Sala pueda conocer el fondo de la impugnación. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional contiene los presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad, y regula tres situaciones distintas. En el párrafo primero exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial -en el que se incluyen los recursos de hábeas corpus o de amparo- o en la administrativa, únicamente en el procedimiento de agotamiento de esta vía, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada como medio razonable de amparar el derecho que se considera lesionado en el asunto principal. Por su parte, en los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa, aquella que no requiere de asunto base, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) cuando se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto y, c) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes en asuntos  de su competencia.

En el presente caso, los accionantes fundamentan su legitimación en la defensa de intereses difusos, según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Al respecto, este Tribunal ha indicado lo siguiente:

“(…) En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal número 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres)

"… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter".

En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación – como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales; lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo "Estado de derechos", que –como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial. Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de intereses "que atañen a la colectividad en su conjunto", se refiere a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa” (ver sentencia No. 2007-01145).

Según lo indicado, la Sala ha admitido dentro de los supuestos de legitimación de los intereses difusos, la defensa del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derivado del artículo 50 constitucional, en la forma de su uso y disfrute de toda la población actual o potencial que es, precisamente, lo que se discute con la impugnación del Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo 2017-2023, el Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, y la Directriz N° 09-2023 firmada el 17 de agosto de 2023 por el ministro de Ambiente y Energía.

Por consiguiente, los accionantes ostentan legitimación suficiente para impugnar las disposiciones indicadas. Por otra parte, las objeciones de inconstitucionalidad que se plantean, tratan en efecto, de materia cuya constitucionalidad procede revisar en esta vía. Finalmente, se han cumplido los requisitos estipulados en los numerales 78 y 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que la acción es admisible en los términos indicados.

II.- SOBRE LAS COADYUVANCIAS. El artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece:

“En los quince días posteriores a la primera publicación del aviso a que alude el párrafo segundo del artículo 81, las partes que figuren en los asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse dentro de esta, a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa”.

Al respecto, en el presente asunto, por escrito incorporado a la carpeta electrónica del expediente el 01 de abril de 2024, Luis Diego Marín Schumacher, cédula de identidad número 107530303, quien dice acudir en su condición de Presidente de la Asociación Preserve Planet y, Javier Rodríguez Fonseca, cédula de identidad número 105460710, solicitan que se les tenga como coadyuvantes activos en esta acción. El magistrado presidente, mediante resolución de las 10:40 horas del 02 de mayo de 2024, dispuso, respecto al gestionante Luis Diego Marín Schumacher, que de acuerdo con la personería jurídica que aporta, emitida a las 11:23 horas del 18 de marzo de 2024, su nombramiento como Presidente de la Asociación Preserve Planet se encuentra vencido desde el 31 de octubre de 2023, sin que conste un nuevo nombramiento o prórroga de este. En consecuencia, rechazó la gestión de coadyuvancia a nombre de Asociación Preserve Planet, por cuanto el gestionante Luis Diego Marín Schumacher, carece de la debida legitimación para actuar en nombre de dicha persona jurídica. Asimismo, dado que, la primera publicación del aviso se dio el 04 de marzo de 2024, dispuso que lo procedente es tener a los gestionantes, como coadyuvantes dentro de este asunto, únicamente, como personas físicas, precisamente, en virtud del interés difuso que se reconoce en materia ambiental.

En cuanto a las siguientes gestiones, presentadas el 05 de julio de 2024, por Rodolfo Goodman Grenald, cédula de residente permanente N.159100011005, el 09 de julio de 2024, por Jennifer Vega Alvarado, cédula de identidad 113110380, en su condición de secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, Limón, el 09 de julio de 2024 por Gloriela Junior Williams Rodríguez, cédula de identidad 901010398 miembro de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo Limón y el  24 de julio de 2024 Reynaldo Alfonso Mathews Morgan, cédula de identidad 700880429, como se indicó, la primera publicación del aviso se realizó el 4 de marzo de 2024, por lo que, según lo dispuesto en el numeral 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, deben ser rechazadas por extemporáneas.

III.- OBJETO DE LA IMPUGNACIÓN. Los accionantes piden que se declare la inconstitucionalidad del Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo 2017-2023, cuyo resumen ejecutivo se publicó en el Alcance N° 42 a la Gaceta N° 39 del 28 de febrero de 2022; el Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, publicado en el Alcance 193 a La Gaceta N° 183 del 5 de octubre de 2023; y la Directriz del Ministro del Ambiente y Energía N° 09-2023 del 17 de agosto de 2023, por considerar que contravienen el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los principios de objetivación, precautorio, preventivo, el de reserva de ley, los artículos 48, 50, 89 constitucionales y la Convención RAMSAR y la Convención sobre la Diversidad Biológica. Seguidamente se transcriben las disposiciones cuestionadas:

1)    El Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo 2017-2023, del que se publicó un resumen ejecutivo en el Alcance N° 42 a la Gaceta N° 39 del 28 de febrero de 2022;

Por resolución N.044 del 28 de febrero de 2022 el Sistema Nacional de Áreas de Conservación emitió el Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo, cuyo resumen ejecutivo se publicó en el Alcance N° 42 a la Gaceta N° 39 del 28 de febrero de 2022, y dispone: 

 

 “Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo

SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN

SECRETARÍA EJECUTIVA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

 

Resumen Ejecutivo del Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo

Sistema Nacional de Áreas de Conservación

R-SINAC-CONAC-044-2021. El Consejo Nacional de Áreas de Conservación, de conformidad al Acuerdo Nº 12 de la Sesión Ordinaria Nº 04-2017 y al Acuerdo Nº 02 de la Sesión extraordinaria Nº 11-2021 y en cumplimiento del artículo 12 inciso d) del Reglamento a la Ley de Biodiversidad Nº 7788, Decreto Ejecutivo Nº 34433-MINAE, aprueba y emite el presente:

Resumen Ejecutivo del Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo

RESULTANDO:

PRIMERO: Que de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad número 7788 del 27 de mayo de 1998, se crea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con personería jurídica propia, como un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integra las competencias en materia forestal, vida silvestre y áreas protegidas, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica.

SEGUNDO: Que es política prioritaria del SINAC facilitar y promover acciones que conlleven a la protección, conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad presentes en las Áreas Silvestres Protegidas, en adelante las ASP, de las Áreas de Conservación.

TERCERO: Que es competencia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación a través de cada Área de Conservación, la administración y protección de las Áreas Silvestres Protegidas a lo largo de todo el territorio nacional.

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 23 y 28 de la Ley de Biodiversidad Nº 7788 y los artículos 9 y 21 de su reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 34433-MINAE, publicado en la Gaceta Nº 68 del 8 de abril de 2008, el Área de Conservación La Amistad Caribe, en adelante denominada ACLAC, es parte de la organización del SINAC y se encarga de aplicar la legislación vigente en materia de recursos naturales, dentro de su demarcación geográfica.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante decreto ejecutivo Nº 16614-MAG publicado en La Gaceta Nº 206 de fecha 29 de octubre de 1985 se creó el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en adelante por sus siglas de RNVS-GM.

SEGUNDO: Que el decreto ejecutivo Nº 16614-MAG fue ratificado exceptuando el artículo 5°, por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34043 del 11 de setiembre del 2007. Artículo que a su vez la Sala Constitucional anuló por conexidad, mediante resolución N° 1056 del 28 de enero del 2009, únicamente en tanto no excluyó, además, al artículo 6 de este cuerpo legal.

TERCERO: Que la Contraloría General de la República, emitió el Informe N.° DFOE-AE-IF-03-2011 del 31 de mayo de 2011, el cual detalla los resultados del estudio sobre la zonificación del RNVSGM con las siguientes disposiciones de acatamiento obligatorio:

"a) Al Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones

Proceder con la oficialización y publicación de los ajustes que procedan al Reglamento de Zonificación, con base en la propuesta que el SINAC le remita, en cumplimiento de la disposición b) siguiente. Comunicar a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de enero de 2013, el decreto y número de La Gaceta en que tales ajustes fueron publicados. b) A la Directora Ejecutiva del SINAC

Revisar y ajustar el Reglamento de Zonificación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, conforme a la técnica y la legalidad, considerando la elaboración de estudios técnicos de campo a una escala geográfica detallada, y en observancia de lo estipulado en los artículos 18 y 19 de la Ley Nro. 7575, así como del cumplimiento de los fines de creación de ese Refugio; y posteriormente remitirlo a la SETENA para trámite de la viabilidad ambiental correspondiente.

Cumplido lo anterior, remitir lo actuado para consideración del Ministro a más tardar el 30 de noviembre de 2012.

c) A la Comisión Plenaria de la SETENA:

Abstenerse de otorgar viabilidades ambientales en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, hasta tanto no esté oficializado el Reglamento de Zonificación de acuerdo con la revisión y los ajustes antes indicados. Remitir a esta Contraloría General, copia del acuerdo de la Comisión Plenaria en donde se giren las instrucciones pertinentes, a más tardar el 30 de julio de 2011"

CUARTO: Que mediante oficio N.° 2713 (DFOE-AE-0087) del 18 de febrero de 2015, la Contraloría General de la República procedió a modificar dos de las disposiciones establecidas en el informe DFOE-AE-IF-03-2011 según se expresa de seguido:

"Al respecto, se modifican las disposiciones a) y b) del informe nro. DFOE-AE-IF-03-2011 en el siguiente sentido:

a) Al Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, en su calidad de Ministro de Ambiente y Energía o a quien en su lugar ocupe el cargo

Conocer y emitir el Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, que le remita el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, según la disposición b) de este oficio. Comunicar a la Contraloría General el número de Decreto Ejecutivo y de La Gaceta en que dicho Plan se publique, en el trascurso de los dos meses calendario posteriores al recibo del Plan que le remita el Consejo Nacional de Áreas de Conservación.

b) Al Consejo Nacional de Áreas de Conservación

Ajustar y aprobar el Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, de manera que la zonificación que se determine sea conforme a la técnica y la legalidad, estudios técnicos de campo y en observancia de lo estipulado en los artículos 18 y 19 de la Ley Nro. 7575, así como, del cumplimiento de los fines de creación del Refugio. Remitir el Plan de Manejo y a la secretaria técnica Nacional Ambiental para trámite de la viabilidad ambiental; ello a más tardar el 18 de diciembre de 2015. Una vez obtenida la viabilidad ambiental remitir el Plan de Manejo al Ministro de Ambiente y Energía para el trámite de emisión, a más tardar el 15 de abril de 2016.

Remitir a la Contraloría General copia del oficio mediante el cual envía el Plan de Manejo al Ministro de Ambiente y Energía, a mas tardar el 22 de abril de 2016.

También, se emiten nuevas disposiciones que se agregan al informe nro. DFOE-AE-IF-03-2011 en el siguiente sentido:

d) A la Comisión Plenaria de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental

Establecer los parámetros que permitan la valoración ambiental de los planes de manejo de las Areas Silvestres Protegidas, clasificadas en la categoría a la cual pertenece el Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Certificar a la Contraloría General el cumplimiento de lo dispuesto, a más tardar el 30 de julio de 2015.

e) A la Comisión Plenaria de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental

Resolver acerca de la viabilidad ambiental del Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, que le remita el Consejo Nacional de Áreas de Conservación. Comunicar a la Contraloría General lo resuelto acerca de la viabilidad ambiental, a más tardar el 31 de marzo de 2016".

QUINTO: Que el Plan de Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) es el instrumento orientador para una efectiva administración y manejo de los elementos naturales y culturales presentes en dichas áreas y de la dinámica socio ambiental ligada a éstos. Además, es la herramienta técnica por medio de la cual cada ASP establece las directrices de manejo para el uso de los gestores, administradores y grupos de interés, por lo tanto, la primera instancia que debe realizar la validación de la propuesta de manejo son las autoridades del Área de Conservación, así como las instancias oficiales de participación social establecidas en ellas, sean estas los Consejos Regionales y Comités Locales, de conformidad con la Ley de Biodiversidad Nº 7788.

SEXTO: Que el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), aprobó el "Manual de Procedimientos para la Publicación de los Planes de Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación", mediante Acuerdo Nº 17, tomado en Sesión Extraordinaria Nº 06-2008 del 04 de agosto del 2008.

SÉTIMO: Que el CONAC en Acuerdo Nº 8 de la Sesión Extraordinaria Nº 02-2011 del 02 de mayo del 2011 acordó modificar el Acuerdo Nº 17 de la Sesión Extraordinaria Nº 06-2008 del 04 de agosto del 2008, para que la zonificación definida en el Plan General de Manejo se publique integralmente.

OCTAVO: Que el Comité Técnico del Área de Conservación La Amistad Caribe avaló el Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, según Acuerdo Nº 10 en su sesión ordinaria 03-2017, celebrada el día 21 de marzo del 2017.

NOVENO: Que el Plan de Manejo fue aprobado por el Consejo Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe (CORACLAC), mediante Acuerdo N°7 tomado en sesión ordinaria 001-2017 efectuada el 24 de marzo del 2017, visible en el acta N° 003-2017.

DECIMO: Que el CONAC conoció el Plan General de Manejo del RNVS-GM, y mediante el Acuerdo Nº 12 de la Sesión Ordinaria Nº 04-2017 efectuada el 24 de abril del 2017, lo aprobó e instruyó a la Secretaría Ejecutiva del SINAC y a la Dirección del ACLAC para que procedieran con el trámite para su publicación y oficialización según el procedimiento institucional.

DÉCIMO PRIMERO: Que mediante resolución número 793-2021-SETENA, de las 10 horas 35 minutos del 20 de mayo del 2021, la Comisión Plena de la Secretaría Técnica Ambiental dispuso otorgar la viabilidad ambiental, a la Inclusión de la Variable Ambiental del Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, corregida en cuanto a errores materiales por la resolución de la misma Secretaría 934-2021-SETENA, de las 11 horas 20 minutos del 16 de junio del 2021.

DÉCIMO SEGUNDO: Que los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo fueron reducidos mediante la promulgación de la Ley N°9223 publicada en la Gaceta Nº 69 del 08 de abril del 2014, denominada "Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur", instrumento jurídico que desafectó del régimen de área silvestre protegida un área total de 406,52 hectáreas.

DÉCIMO TERCERO: Que la Ley N°9223 fue parcialmente anulada mediante resolución de la Sala Constitucional N° 012745 del 10 de julio de 2019, "únicamente en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa, conforme lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en sus informes", ordenando al SINAC la delimitación de dicha zona y en conjunto con la PGR ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público.

DÉCIMO CUARTO: Que en total acatamiento de lo ordenado por la Sala Constitucional, el SINAC procedió a delimitar la zona boscosa en el área desafectada por la ley 9223 del RNVS-GM, al respecto se emitió un informe cuyo traslado a la Secretaría Ejecutiva del SINAC se efectuó mediante el oficio N° ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020 y que dentro de sus conclusiones se expresó:

"(.) presenta un uso de suelo muy particular, en el cual predomina la cobertura arbolada y boscosa (233.65 hectáreas). Sin embargo, esta cobertura no cumple en buena parte de la superficie de esta zona, con la definición de "bosque" estipulada en la Ley Forestal 7575 y su Reglamento.

De acuerdo a las mediciones realizadas, se estima que existen hasta 109,5 hectáreas que serían clasificadas como bosque de acuerdo a la Ley 7575. Se debe tomar en cuenta que una porción de estas zonas de bosque se encuentra dentro de la Zona Marítimo Terrestre del área de estudio (esta superficie se estima en 20.1 hectáreas).

Por otro lado, otras 114,5 hectáreas podrían clasificarse como terrenos forestales fuertemente intervenidos, en combinación con especies agrícolas, ornamentales y ocupación humana (.)."

DÉCIMO QUINTO: Que el SINAC debe definir los límites del área boscosa previamente desafectada del RNVS-GM por la ley N° 9223, de tal forma que se reincorporen al área silvestre protegida las zonas boscosas identificadas con base en las conclusiones del informe descrito en el considerando décimo cuarto de la presente resolución.

DÉCIMO SEXTO: Que el CONAC conoció la presente resolución, y mediante el Acuerdo Nº 02 de la Sesión extraordinaria Nº 11-2021 efectuada el 30 de noviembre del 2021, aprobó continuar con el trámite para la publicación y oficialización del presente plan general de manejo, mismo que rige para el área del refugio establecida de previo a la anulación parcial de la Ley N°9223, exceptuando el área dispuesta en el voto N°012745 del 10 de julio de 2019 de la Sala Constitucional.

Por tanto,

LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL

CONSEJO NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION

RESUELVE:

PRIMERO: Dada la necesidad y el carácter prioritario de cumplir con las diferentes disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República en cuanto a la oficialización del plan general de manejo del RNVS- GM, se acuerda continuar con la publicación del presente documento, mismo que rige para el área del refugio establecida de previo a la anulación parcial de la ley N° 9223 exceptuando el área dispuesta en el voto N° 012745 del 10 de julio de 2019 de la Sala Constitucional. De conformidad a lo anterior, el área geográfica que refleja el presente plan de manejo no representa los límites totales del área silvestre protegida, siendo necesario una vez que se reincorpore el área boscosa desafectada por la ley 9223, efectuar una ampliación del PGM que contemple lo pertinente a dicha área que será restituida al refugio.

SEGUNDO: Publicar el siguiente resumen ejecutivo del plan general de manejo del RNVS-GM, en el diario oficial La Gaceta:” (texto completo con doce mapas en http://196.40.56.11/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=96433&nValor3=129135&strTipM=TC

1- Objetivo general del Plan General de Manejo.

- Orientar a la Administración en el proceso de consolidación del Refugio, brindando lineamientos estratégicos que permitan una adecuada gestión de la biodiversidad, el recurso humano y financiero, los bienes y los servicios ecosistémicos, la relación con las comunidades, la reducción de amenazas y la adaptación del ASP a los impactos del cambio climático.

2- Elementos Focales de Manejo.

Los elementos representativos de la diversidad biológica definidos para el RNVS-GM o Elementos Focales de Manejo (EFM) son: (i) Bosques Anegados, (ii) Bosques Lomas de Manzanillo, (iii) Estero Gandoca, (iv) Praderas de Pastos Marinos, (v) Arrecifes de Coral, (vi) Playas de Anidación de Tortugas Marinas y (vii) Áreas de Agregación de Mamíferos Acuáticos.

El EFM Bosques Anegados se considera en "Muy Buen Estado de Conservación". Los EFM Estero Gandoca y Arrecifes de Coral (de profundidad) se consideran en "Buen Estado de Conservación".

Los EFM Playas de anidación de Tortugas Marinas, Arrecifes de Coral (costeros), Praderas de Pastos Marinos, Áreas de Agregación de Mamíferos Acuáticos y Bosques Lomas de Manzanillo se consideran en "Estado de Conservación Regular".

La integridad ecológica estimada del RNVS-GM es "Buena" en su sección continental y "Regular" en su sección marina.

3-Categorias de Zonificación del ASP.

La zonificación se realizó de conformidad con las cuatro categorías de intervención establecidas por el SINAC, zona mínima intervención, zona baja intervención, zona mediana intervención y la zona alta intervención.

Zonas de Intervención propuestas para el RNVS-GM

El RNVS-GM tiene una sección continental y una sección marina, por lo que la zonificación propuesta tiene también dichas dos secciones. Para cada zona de intervención se presenta su objetivo, descripción general y actividades permitidas. La regulación específica se presenta en el Reglamento de Uso Público del RNVS-GM.

Las cuatro zonas terrestres de intervención propuestas para el RNVS-GM son (Figura III-1):

1. Zona de Mínima Intervención

2. Zona de Baja Intervención

3. Zona de Mediana Intervención

4. Zona de Alta Intervención

Las dos zonas marinas de intervención propuestas para el RNVS-GM son (Figura III-1):

1. Zona de Mínima Intervención

2. Zona de Baja Intervención

Figura III-1. Zonificación terrestre y marina propuesta para el RNVS-GM. Fuente: Elaboración propia, 2016 (…)

ZONIFICACIÓN DEL ÁREA TERRESTRE DEL RNVS-GM

ZONA TERRESTRE DE MÍNIMA INTERVENCIÓN

Objetivo

Preservar y estimular el mantenimiento de ecosistemas, hábitat, especies y recurso hídrico superficial y subsuperficial, en un estado inalterado o con un impacto imperceptible, permitiendo a la vez procesos naturales o asistidos de recuperación de ecosistemas y biodiversidad.

Descripción General

Esta zona representa el 49.82% (2.546.46 ha) de la sección continental del RNVS-GM (5,091.97 ha) (Figura 1). Está compuesta en su mayoría por terrenos PNE y algunas propiedades privadas. Presenta un relieve regular, humedales, áreas intervenidas y ecosistemas con una composición original de especies nativas y endémicas. Se encuentran grandes áreas sin senderos o rutas marcadas. La zona tiene suficiente tamaño como para mantener la provisión de servicios ecosistémicos.

Los EFM presentes son:

"Estero Gandoca" con una viabilidad considerada buena, aunque se llevan a cabo actividades de pesca deportiva, de consumo doméstico y comercial, y turísticas y recreativas. No hay presencia institucional dentro del estero para control y protección. La calidad del agua no parece verse afectada por la presencia de plaguicidas. Las presiones a las que está sometido este EFM son: cambio climático (alta), sobrepesca y prácticas inadecuadas pesqueras (media), tránsito acuático (media), extracción de fauna (media) y acumulación de residuos sólidos (baja).

"Bosques Anegados" con una viabilidad considerada muy buena. Son sistemas declarados sitios RAMSAR, mayormente PNE, el manglar de Gandoca es el más extenso ymenos alterado de la costa Caribe y triplicó su superficie desde 1976 al 2013. Las presiones a las que está sometido este EFM son: cambio climático (alta), extracción de fauna (media) y extracción de madera (baja).

"Playas de Anidación de Tortugas Marinas" con una viabilidad considerada regular. Se evidencia transgresión marina, reduciendo el área de anidación disponible. Además, hay una relación frágil ente SINAC - pobladores, lo que es esencial ya que han sido los "protectores" históricos de este recurso. Las presiones a las que está sometido este EFMson: cambio climático (muy alta), extracción de fauna (saqueo de huevos y cacería de tortugas; media), erosión y sedimentación (media) y acumulación de residuos sólidos (baja).

Esta zona se divide en seis subzonas - los humedales mantienen su nombre según denominación Sitios Ramsar :

Humedal Punta Mona (bosque anegado de yolillo y orey)

La Cativera (bosque anegado de cativo)

Playas de Anidación de Tortugas Marinas

Manglar y Estero Gandoca

Humedal Gandoca (bosque anegado de yolillo)

Humedal Gandoca - Sixaola (llanura aluvial del río Sixaola)

Subzona Humedal Punta Mona (Bosque anegado de yolillo y orey)

Conforma el humedal más extenso dentro del Refugio con una superficie de 661.82 ha (13.00%de la sección terrestre del Refugio), la mitad de las cuales (324.73 ha) está cubierta por yolillo (Raphia taedigera) y orey (Camnosperma panamensis); el resto son bosques periféricos. La capacidad de uso del suelo sólo reúne condiciones para protección (clase VIII d).

El humedal es de propiedad mixta y, desde 1996, tiene declaratoria parcial de humedal RAMSAR, correspondiente al código Xf, Humedales Boscosos de Agua Dulce.

Acorde con la condición ecológica del territorio, esta es una zona de compatibilidad condicionada grado I. La vulnerabilidad de esta subzona frente a amenazas naturales es media. La amenaza sísmica es alta, la susceptibilidad a la remoción en masa es baja, la probabilidad de inundación es baja y no hay vulnerabilidad frente a tsunamis. Por otro lado, los acuíferos tienenuna vulnerabilidad media-alta a la contaminación.

Subzona La Cativera (bosque anegado de cativo)

En este sector el área boscosa más importante es un rodal de cativo de 327.18 ha (6.43% de la sección terrestre del Refugio), con un alto porcentaje del área en condiciones primarias. El suelose encuentra anegado la mayor parte del año, especialmente durante las épocas lluviosas. La especie dominante es el cativo (Prioria copaifera), también hay presencia de sangrillo (Pterocarpus officinale) y caobilla (Carapa guianensis). Alrededor del 42% es de propiedad estatal y el resto está en manos privadas. Parcialmente tiene declaratoria de humedal RAMSAR correspondiente al código Xf, Humedales Boscosos de Agua Dulce.

Acorde con la condición ecológica del territorio, esta es una zona de compatibilidad condicionada grado I. La vulnerabilidad de esta subzona frente a amenazas naturales es baja. La amenaza sísmica es alta, la susceptibilidad a la remoción en masa es baja, la probabilidad de inundación es baja y no hay vulnerabilidad frente a tsunamis. Por otro lado, los acuíferos tienen una vulnerabilidad alta a la contaminación.

Subzona Playas de Anidación de Tortugas Marinas

Está ubicada desde Punta Mona hasta la desembocadura del Río Sixaola, constituida por una porción litoral que va desde la marea ordinaria hasta la berma de playa. Son playas abiertas con un gran banco de arena y oleaje fuerte donde desovan las tortugas carey (Eretmochelys imbricata), caguama (Dermochelys caretta), lora (Lepidochelys olivacea), baula (Dermochelys coriacea) y verde del Caribe (Chelonia mydas) (EFM).

Tiene una extensión de 60.67 ha (1.19% de la sección terrestre del Refugio), es de propiedad estatal y tiene declaratoria de humedal RAMSAR correspondiente al código E, Playas de Arena o de Guijarros.

Acorde con la condición ecológica del territorio, esta es una zona de compatibilidad condicionada grado III. La vulnerabilidad de esta subzona frente a amenazas naturales es baja y media. La amenaza sísmica es alta, la susceptibilidad a la remoción en masa es muy baja a media, la probabilidad de inundación es baja a media y es vulnerable frente a tsunamis.

Subzona Manglar y Estero Gandoca

Es el manglar más extenso de la costa Caribe costarricense ubicado alrededor del estero Gandoca (más conocido como laguna Gandoca). Está formado por mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle caballero (Rhizopora racemosa), mangle salado (Avicennia germinans), mangle blanco (Laguncularia racemosa) y mangle botón (Conocarpus erecta). En la periferia son comunes la varilla negra (Dolvergia brownei) y el helecho de manglar (Acrostichum aureum y Acrostichum danaefolium)

En el estero Gandoca se encuentran las únicas poblaciones naturales de ostra de manglar (Crassostrea rhizophorea) y constituye uno de los principales criaderos de sábalo (Megalops atlanticus). Tiene una extensión de 222.53 has (4.39% de la sección terrestre del Refugio), de las cuales 12.5 ha corresponden al estero Gandoca (2015). Es de propiedad mixta. Tiene declaratoria de humedal RAMSAR correspondiente a los códigos I, Humedales intermareales Arbolados y J, Lagunas Costeras Salobres/Saladas.

Acorde con la condición ecológica del territorio, esta es una zona de compatibilidad condicionada grado I. La vulnerabilidad de esta subzona frente a amenazas naturales es baja, media y alta. La amenaza sísmica es alta, la susceptibilidad a la remoción en masa es baja, la probabilidad de inundación es moderada y es vulnerable frente a tsunamis en el sector del Estero Gandoca.

Subzona Humedal Gandoca (bosque anegado de yolillo)

Se ubica en la margen izquierda de la Boca del Río Sixaola y su formación está directamente asociada a la influencia de esa corriente fluvial. Su conservación es fundamental para mantenerel ciclo hidrológico y para la estabilidad de las playas donde anidan las tortugas marinas. Permanece inundada la mayor parte del año y alberga dos especies principales de palmas: yolillo (Raphia taedigera) y orey (Comnosperma panamensis). Tiene una extensión de 486,38 has (9.455 de la sección terrestre del Refugio), tiene ocupación humana y ha sido declarada humedal RAMSAR correspondiente al código Tp, Pantanos/Esteros/Charcas Permanentes de Agua Dulce.

Acorde con la condición ecológica del territorio, esta zona se estima como de compatibilidad condicionada grado III (aunque no hay EFM). La vulnerabilidad de esta subzona frente a amenazas naturales es media y muy alta. La amenaza sísmica es alta, la susceptibilidad a la remoción en masa es muy baja salvo en las márgenes del río Sixaola donde es muy alta, la probabilidad de inundación es moderada y no es vulnerable frente a tsunamis. Por otro lado, los acuíferos tienen una vulnerabilidad media a la contaminación. El Cuadro III-5 presenta las medidas propuestas para mitigar las amenazas identificadas en esta subzona.

Subzona Humedal Gandoca - Sixaola (llanura aluvial del río Sixaola)

Corresponde a parte de la llanura aluvial del Río Sixaola limítrofe con Panamá. Mantiene una buena cobertura forestal en la parte interior del área. Tiene una extensión de 777.88 ha (15.28%de la sección terrestre del Refugio). Es de propiedad estatal en una elevada proporción y tiene declaratoria de humedal RAMSAR correspondiente al código Xf, Humedales de Agua Dulce.

Acorde con la condición ecológica del territorio, esta zona se estima como de compatibilidad condicionada grado II (aunque no hay EFM). La vulnerabilidad de esta subzona frente a amenazas naturales es media y muy alta. La amenaza sísmica es alta, la susceptibilidad a la remoción en masa es muy baja salvo en las márgenes del río Sixaola donde es muy alta, la probabilidad de inundación es moderada y no es vulnerable frente a tsunamis. Por otro lado, los acuíferos tienen una vulnerabilidad media a la contaminación.

Actividades permitidas

Las actividades permitidas en las subzonas de la zona terrestre de mínima intervención son las siguientes (Cuadro III-7): (…)

Cuadro III-7. Actividades permitidas en las subzonas de la zona de terrestre de mínima intervención del RNVS-GM.

Fuente:Elaboración propia, 2016 (…)

1. Zona de Mínima Intervención

2. Zona de Baja Intervención

TERRESTRE DE BAJA INTERVENCIÓN

Objetivo

Promover los atractivos del RNVS-GM y conservar la biodiversidad en buen estado de salud, de forma que los procesos ecológicos se mantengan con la presencia de actividades humanas de bajo impacto.

Descripción

Esta zona ocupa el 1.75% (89.32 ha) de la sección continental del RNVS-GM y se localiza en los 200 metros que equivaldrían a la Zona Marítimo Terrestre de Punta Mona. Las actividades humanas son de bajo impacto, no reducen la integridad presente y permiten la recuperación de sistemas alterados. Es un área apta para el ecoturismo, con redes de senderosactuales o futuros.

Entre el Willie Creeck y "la cueva" existe un camino que tiene fines turísticos y de interconexión vecinal entre Gandoca y Manzanillo, para peatones y bestias. Atraviesa cacaotales con cobertura forestal y un sitio de interés cultural. Éste es el sector de mayor visitación turística del RNVS- GM, cuenta con un centro de visitación y un sistema de senderos. El sendero de Punta Mona tiene infraestructura (mirador, sitios de descanso, puente, etc.), atraviesa una ruta de uso históricocultural antiguo, no tiene elementos focales de manejo y sus alrededores tienen intervención humana.

En un pequeño sector en la base de los acantilados de Punta Mona, hay una serie de pequeñas playas donde anida la tortuga Carey (Eretmochelys imbricada).

El EFM presente en esta zona es "Playas de Anidación de Tortugas Marinas" con una viabilidad considerada regular. Las presiones a las que está sometido este EFM son: cambio climático (muy alta), extracción de fauna (saqueo de huevos y cacería de tortugas; media), erosión y sedimentación (media) y acumulación de residuos sólidos (baja).

Acorde con la condición ecológica del territorio, esta es una zona de compatibilidad condicionada grado III. La vulnerabilidad de esta zonafrente a amenazas naturales es baja. La amenaza sísmica es alta, la susceptibilidad a la remoción en masa es muy baja a media pudiendo haber erosión, la probabilidad de inundación es baja y es vulnerable frente a tsunamis. Por otro lado,los acuíferos tienen una vulnerabilidad a la contaminación media a alta.

Actividades permitidas

Las actividades permitidas en la zona terrestre de baja intervención son las siguientes (CuadroIII-9): (…)

Cuadro III-9. Actividades permitidas en la zona de terrestre de baja intervención delRNVS-GM. Fuente: Elaboración propia (…)

ZONA TERRESTRE DE MEDIANA INTERVENCIÓN

Objetivo

Contar con espacios donde se pueda preservar y estimular el mantenimiento de los ecosistemas nativos en convivencia con el aprovechamiento de recursos, con impactos controlables y límites razonables establecidos con normas estrictas.

Descripción

Esta zona ocupa el 45.26% (2,304.45 ha) de la sección continental del RNVS-GM. Tiene 162 parcelas privadas, dos estatales y 17 con un vacío de información de tenencia. El área tiene suficiente tamaño como para mantener la provisión de servicios ecosistémicos.

El EFM presente es "bosques Lomas de Manzanillo" con una considerada regular, sobre todo debido a las amenazas: cambio climático (alta), extracción de fauna (media) y extracción de madera (baja). Se divide en dos subzonas: (i) Lomas de Punta Mona y (ii) Lomas de Manzanillo.

Subzona Lomas de Punta Mona

Son lomas de no más de 10 metros de elevación, desarrolladas sobre plataformas calcáreas ubicadas detrás de los acantilados de Punta Mona. El sector mantiene aproximadamente el 50% de su cobertura vegetal natural. El bosque es alto alcanzando los 30 m de alto, encontrándose algunos árboles emergentes que miden hasta 50 m. Esta subzona ocupa el 6.78% (345.04 ha) de la sección continental del RNVS-GM. Son terrenos de propiedad privada, muchos de ellos con alta cobertura forestal. Algunas propiedades reciben Pago por Servicios Ambientales.

Acorde con la condición ecológica del territorio, esta es una subzona de compatibilidad condicionada grado III. La vulnerabilidad de esta zona frente a amenazas naturales es baja y media. La amenaza sísmica es media y alta, la susceptibilidad a la remoción en masa es media a baja pudiendo haber erosión, la probabilidad de inundación es baja y no es vulnerable frente a tsunamis. Por otro lado, los acuíferos tienen una vulnerabilidad a la contaminación de media a alta.

Subzona Lomas de Manzanillo

Esta subzona ocupa el 38.349 % (1,959.31 ha) de la sección continental del RNVS-GM (Figura 1). Presenta un relieve irregular con valles y lomas que no alcanzan los 200 msnm, con pocos remantes del bosque original, áreas de cacaotales activos y abandonados con cobertura forestal, actividad agropecuaria de consumo doméstico y baja intensidad, antiguas explotaciones forestales de alta intensidad, fincas con viviendas permanentes y recreativas e infraestructura complementaria. La atraviesan calles públicas lastreadas, así como numerosos caminos privados de acceso a las fincas. Son terrenos de propiedad privada. Buena parte de las propiedades está inscrita en el Registro Nacional y cuenta con plano catastrado. Algunas reciben Pago por Servicios Ambientales.

Acorde con la condición ecológica del territorio, esta es una subzona de compatibilidad condicionada grado III. La vulnerabilidad de esta zona frente a amenazas naturales es media, alta y muy alta. La amenaza sísmica es media y alta, la susceptibilidad a la remoción en masa es media y alta, la probabilidad de inundación es baja y no es vulnerable frente a tsunamis. Por otro lado, los acuíferos tienen una vulnerabilidad a la contaminación media y alta.

Cuadro III-12. Actividades permitidas en la zona de terrestre de mediana intervención del RNVS-GM. Fuente: Elaboración propia (…)

ZONA TERRESTRE DE ALTA INTERVENCIÓN

Objetivo

Esta zona da soporte a la gestión del uso público y operación administrativa del Refugio, a la habitación humana y al soporte del ecoturismo local, por lo que la conservación de los recursos naturales es indirecta. Estas son áreas más modificadas desde el punto de vista ecológico y, aunque su integridad es una condición importante, se acepta unamayor densidad habitacionalcon su consecuente intervención al medio.

Descripción

Esta zona abarca el 3.19% (161.84 ha) de la sección continental del RNVS-GM. El entorno biofísico sigue siendo natural, aunque se percibe de manera constante la actividad y presencia humana. El paisaje contiene una mezcla de rasgos naturales y artificiales.

Es una zona clave para la vivienda, el soporte del turismo, la promoción de las actividades turísticas, académicas y científicas y es segura para la permanencia constante de personas. Es una zona de uso antrópico que promueve el bienestar humano y desarrollo social, económico, político y ecológico de sus pobladores (Decreto No 16614-MAG). Esta zona incluye parte de las comunidades costeras de Manzanillo, Punta Uva y Cocles y fincas vecinas con asentamientos humanos y viviendas dispersas de baja densidad. Las propiedades están debidamente catastradas e inscritas en el Registro.

A partir de la ruta Nacional N° 256 se generan algunos caminos públicos, vecinales, municipalesy servidumbres agrícolas y de paso, que consisten en calles lastreadas para tránsito de vehículos. Buena parte de esta red cuenta con los servicios públicos de electricidad, comunicaciones, agua y disposición de aguas servidas.

Aunque al 2016, la zona tiene mediana intensidad de intervención, se prevé que se dé una expansión demográfica acorde con su cercanía a la Ruta Nacional N° 256. La vulnerabilidad de esta zona frente a amenazas naturales es media, alta y muy alta. La amenaza sísmica es alta, la susceptibilidad a la remoción en masa es media a baja,la probabilidad de inundación es baja y no es vulnerable frente a tsunamis. Por otro lado, los acuíferos tienen una vulnerabilidad a la contaminación media a alta.

Actividades permitidas

Los terrenos presentes en esta zona son aptos para las siguientes actividades (Cuadro III-14):

Cuadro III-14. Actividades permitidas y su regulación en la zona terrestre de altaintervención del RNVS-GM. Fuente: Elaboración propia, 2016. (…)

ZONIFICACIÓN DEL ÁREA MARINA DEL RNVS-GM

El área marina actual del RNVS-GM comprende un polígono de 2,5 km de ancho, delimitado por las desembocaduras del río Cocles al norte y del río Sixaola al sur, con una superficie total de 5,360.12 ha.

Las dos zonas marinas de intervención propuestas para el RNVS-GM son:

1. Zona de Mínima Intervención

2. Zona de Baja Intervención

Zona Marina de Mínima Intervención

Objetivo

Preservar y estimular el mantenimiento de ecosistemas, hábitat y especies, en un estado inalterado o con un impacto imperceptible, permitiendo a la vez procesos naturales o asistidosde recuperación de ecosistemas y biodiversidad.

Descripción General

Esta zona representa el 6.90% (369.81) de la sección marina del RNVS-GM (5,360.12 ha) (Figura 7).

Los EFM presentes en esta zona (y que la constituyen exclusivamente) son:

"Praderas de pastos marinos" con una viabilidad considerada regular. Ciertos parches estánen mejor condición que otros, por ejemplo, Boca Cócles y Punta Uva la condición es regular; entre Manzanillo y Punta Mona la condición es buena; mientras que entre Punta Mona y la bocadel río Sixaola la condición es pobre. La cobertura de pastos marinos se ha reducido posiblemente por las presiones a las que está sometido, que son: cambio climático (muy alta), pez León (especie introducida invasora; alta), contaminación del agua producida por aguas residuales (media) y erosión y sedimentación (media).

"Arrecifes de coral costeros y de profundidad" que se dividen en cinco tipos: 1) Rampas escalonadas distales (Manzanillo y Punta Mona), 2) Arrecifes marginales (Punta Cocles, Punta Uva y Manzanillo), 3) Parches de arrecifes (Punta Mona), 4) Bancos carbonatados someros (Punta Uva, Manzanillo y Punta Mona) y Arrecife de base angosta (frente al pueblo de Manzanillo). Los arrecifes costeros tienen una viabilidad regular, mientras que los arrecifes de profundidad tienen una viabilidad buena. A escala espacial regional, los arrecifes de la Cuenca del Caribe experimentan un patrón general de degradación en forma de una reducciónen la cobertura de coral vivo, de un incremento en la extensión temporal y espacial de macroalgas, y de una disminución de la diversidad física y biológica. Este EFM está sometido a la presión de las siguientes amenazas: cambio climático (muy alta), pez León (especie introducida invasora; alta), contaminación del agua producida por aguas residuales (media), tránsito acuático (ruido, velocidad, anclaje; baja), sobrepesca y prácticas inadecuadas pesqueras (media) y erosión y sedimentación (baja).

Acorde con la condición ecológica del territorio, esta es una zona de compatibilidad condicionada grado II en los arrecifes de coral de profundidad y grado III en los arrecifes de coral costeros y las praderas de pastos marinos.

Actividades permitidas

Las actividades permitidas en la zona marina de mínima intervención pueden verse en elCuadro III-16:

Cuadro III-16. Actividades permitidas y su regulación en la zona marina de mínimaintervención del RNVS-GM. Fuente: Elaboración propia, 2016 (…)

Actividades no permitidas

Todas aquellas que generen una amenaza existente o nueva a algún EFM.

El fondeo.

El nado en busca de contacto con la fauna silvestre.

La pesca de cualquier tipo.

La extracción de fauna y flora marina para exhibición, sin permisos del SINAC.

Arrojar directa o indirectamente residuos o desechos líquidos, sólidos, gaseosos, radiactivos o no radiactivos, aguas negras, combustibles en cualquier estado, hidrocarburos, desechos tóxicos, sustancias químicas o de cualquier naturaleza, que alterando características químicas y biológicas del agua la hagan peligrosa parala salud de las personas, de la fauna y de la flora acuática.

El tránsito de jet skies, salvo para actividades de control y salvamento, realizado por entes autorizados.

La introducción de animales o plantas introducidas invasoras.

Introducir especies vivas declaradas por el Estado perjudiciales para los recursos pesqueros.

Capturar ejemplares de especies de talla inferior a la estipulada en el Plan de Ordenamiento Pesquero del RNVS-GM.

Transitar a más de 4 nudos (equivalentes a 7 km/h), salvo en casos de emergencias.

Zona Marina de Baja Intervención

Objetivo

En esta zona se desea mantener ecosistemas y comunidades marinos en muy buen estado de salud, con presencia y tránsito de especies locales y pelágicas de forma que los procesos evolutivos y ecológicos se mantengan en combinación con las actividades permitidas en la zona.Se desea mantener esta zona en condiciones de muy buena salud o bien que se avance en su recuperación hasta dicho estado.

Descripción

Esta zona representa el 93.10% (4,990.32 ha) de la sección marina del RNVS-GM (Figura III-7).Contiene recursos marinos de alto valor ecológico. Se observa un alto grado de naturalidad e integridad ecológica, al igual que el desarrollo de procesos ecológicos y una composición de especies nativas y endémicas en buen estado de salud.

El EFM presente en esta zona (y que la constituye exclusivamente) es "Áreas de agregación de mamíferos acuáticos" con una viabilidad considerada regular. Está área se destaca por la presencia con alta residencia y fidelidad del delfín de Guyana (Sotalia guianensis) y del delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) con solapamiento de hábitats y posibilidad de híbridos.

Este EFM está sometido a la presión de las siguientes amenazas: cambio climático (alta), sobrepesca y prácticas inadecuadas pesqueras (media), tránsito acuático x ruido (media) y erosión y Sedimentación (media). Esta zona presenta aptitud para: a) el tránsito de lanchas, b) la práctica de deportes acuáticos no motorizados de superficie y submarinos, c) el turismo de observación y aventura, d) la extracción pesquera de subsistencia o consumo doméstico artesanal estrictamente regulada y e) la instalación de un atracadero para el desembarco de visitantes y pescadores con permisos para desembarco.

Actividades permitidas

Las actividades permitidas en la zona marina de baja intervención pueden verse en el Cuadro III-17. (…)

Cuadro III-17. Actividades permitidas y su regulación en la zona marina de bajaintervención del RNVS-GM. Fuente: Elaboración propia, 2016 (…)

Actividades no permitidas

El nado en busca de contacto con la fauna silvestre.

La pesca comercial de mediana escala, avanzada, semi-industrial o industrial.

La extracción de fauna y flora marina para exhibición, sin permisos del SINAC.

Arrojar directa o indirectamente residuos o desechos líquidos, sólidos, gaseosos, radiactivos o no radiactivos, aguas negras, combustibles en cualquier estado, hidrocarburos, desechos tóxicos, sustancias químicas o de cualquier naturaleza, que alterando características químicas y biológicas del agua la hagan peligrosa parala salud de las personas, de la fauna y de la flora acuática.

El tránsito de jet skies, salvo para actividades de control y salvamento, realizado por entes autorizados.

La introducción de animales o plantas introducidas invasoras.

Introducir especies vivas declaradas por el Estado perjudiciales para los recursos pesqueros.

Capturar ejemplares de especies de talla inferior a la estipulada en el Plan de Ordenamiento Pesquero del RNVS-GM.

Transitar a más de 8 nudos (equivalentes a 15 km/h), salvo en casos de emergencias.

Zona de influencia

La zona de influencia consiste en algunos poblados seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: comunidades que obtienen beneficios directos e indirectos del ASP, comunidades con prácticas de alto impacto negativo para el ASP (v.g. cazadores, tala, comercio de vida silvestre, uso de agroquímicos, erosión, contaminación, etc.) y comunidades vinculadas a corredores biológicos relevantes para el ASP.

Descripción

En la zona de influencia, los poblados de Puerto Viejo, Cócles, Playa Chiquita, Punta Uva, Manzanillo, San Rafael, San Miguel, Mata Limón, Bonifé y Gandoca, tienen una dinámica de vida propia de cualquier comunidad o pueblo. En estas poblaciones suceden relaciones productivas, comerciales, recreativas, organizativas, de acción social, de conservación, educativas y de cualquier orden que tienen que ver con la cotidianidad del ser humano. Esta convivencia humana genera relaciones con los recursos naturales presentes en su entorno inmediato e influye directa o indirectamente sobre el bienestar de los ecosistemas protegidos y la Visión del ASP. En esta zona se espera encontrar condiciones adecuadas de bienestar humano, de manera que esa estabilidad facilite las buenas relaciones de gestión, uso racional y conservación de los recursos naturales protegidos.

El trabajo de la Administración en la zona de influencia (fomentando de forma directa e indirecta una población con buenos índices de desarrollo humano y conciencia ecológica), facilitará el logro de la Visión del ASP en, al menos, los siguientes ámbitos:

Reforzar la gestión para el mantenimiento de la viabilidad e integridad de los ecosistemas del ASP.

Reducir la presión del ser humano sobre los recursos protegidos.

Aumentar la percepción del valor social del recurso natural por parte de la persona.

Facilitar la participación social en el manejo del área protegida.

En esta zona la gestión se proyecta usando modelos basados en incentivos, compensaciones, negociaciones, etc., ya que está fuera de la jurisdicción que regula las actividades humanas en el interior del área protegida.

Según la zonificación de fragilidad ambiental se regularán los desarrollos e infraestructuras con base en los planes reguladores de la zona.

4-PLAZO DE EJECUCION

El presente PGM se construye con una vigencia de 10 años y deberá ser revisado en el año cinco, para posteriormente iniciar el segundo quinquenio de implementación con un Plan ajustado a la realidad del ASP.

TERCERO: Publicar en la página Web institucional del SINAC, http://www.sinac.go.cr, el documento completo del Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo.

CUARTO: Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.”

 

Con respecto al Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo,

Los accionantes alegan que es inconstitucional por: 1) infracción al numeral 50 de la Constitución Política, por el incumplimiento de la obligación del Estado de respetar, garantizar, defender y preservar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, quebranto al principio de tutela ambiental debido a la negativa del SINAC a realizar estudios nuevos, y de preferir la utilización de estudios, mapas y criterios de delimitación desactualizados, los cuales excluyen 9,445 hectáreas de humedales y 374, 64 hectáreas de zona boscosa; 2) que el Plan General de Manejo desconoce los informes técnicos sobre la necesidad de proteger esas hectáreas de bosque y se aprobó sin contemplarlas, infringiendo los principios de objetivación ambiental y precautorio; 3)  que el Estado ha violentado lo dispuesto por los artículos 48, 50 y 89 de la Constitución Política y sus obligaciones derivadas de Convenciones Internacionales, al aprobar un Plan General de Manejo, sin que exista realmente una delimitación de lo ordenado por la Sala Constitucional en sentencia 12745-2019. Arguyen la falta de coordinación entre instituciones, la inobservancia y omisión del deber de proteger el ambiente por éstas y la aprobación precipitada del Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, sin estudios técnicos eficientes y viables; 4) con respecto a los humedales los accionantes invocan la transgresión de instrumentos internacionales ambientales, con valor superior a las leyes según el artículo 7 de la Constitución Política: de la Convención sobre los humedales (RAMSAR) al considerar la exclusión de humedales según el estudio técnico “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” dentro del Plan de Manejo, instrumento que sirvió como base del Plan Regulador Costero y de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) con ocasión de la reducción de zonas dentro del REGAMA, que deben protegerse por su valor ambiental -humedales-.

La Procuraduría General de la República:  conforme a lo dispuesto por la Sala Constitucional en la sentencia 12745-2019, que anuló la Ley número 9223, “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, “únicamente en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa” y ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que procediera, dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la publicación íntegra del pronunciamiento en el Boletín Judicial, a delimitar el área antes mencionada, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación delimitó la zona boscosa en el área excluida por la ley 9223 (denominada como zona 1 según decreto 34946) y emitió un informe bajo oficio N° ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020, sin definir los terrenos que integran el Patrimonio Natural del Estado. No obstante, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación por resolución 044 del 28 de febrero de 2022, publicada en la Gaceta 39 del 258 de febrero de 2022, correspondiente al resumen ejecutivo del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo, resolvió que el plan de manejo rige para el área del refugio establecida de previo a la anulación parcial de la ley N° 9223 exceptuando el área dispuesta en el voto N° 012745 del 10 de julio de 2019 de la Sala Constitucional. Por ello, el área geográfica que refleja el plan de manejo no representa los límites totales del área silvestre protegida, siendo necesario una vez que se reincorpore el área boscosa desafectada por la ley 9223, efectuar una ampliación del PGM que contemple lo pertinente a dicha área que será restituida al refugio. Esa disposición desnaturaliza la función del Plan General de Manejo REGAMA, de instrumento de planificación que orienta la gestión de un área silvestre protegida, hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación a largo plazo, y que sirve de base para el desarrollo de otros instrumentos de planificación y reglamentación, en primer lugar, a causa de la inexistente delimitación del área geográfica total del REGAMA, y en segundo término, porque la falta de definición, identificación y reincorporación de la totalidad de las áreas del Patrimonio Natural del Estado al REGAMA, ordenada por sentencia 12745-2019, conlleva un estado de incertidumbre sobre el uso adecuado de los terrenos y plantea conflictos de competencia entre el SINAC y la Municipalidad de Talamanca para su administración. Ambos supuestos dan lugar a una afectación importante al derecho establecido por el artículo 50 constitucional porque una deficiente e inconclusa delimitación del Área Silvestre Protegida implica el riesgo de que la Municipalidad de Talamanca, otorgue concesiones -derechos reales administrativos- sobre las 20,1 ha de terrenos clasificados como bosque y que se ubican dentro de la zona marítimo terrestre - según la delimitación de zona boscosa en el área excluida por la ley 9223, oficio N° ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020-, irrespetando las competencias y características de cada ecosistema, en clara desaplicación a lo que esa Sala ha establecido como inconstitucional en anteriores sentencias sobre los principios preventivo, precautorio y la obligación del Estado de evitar el daño ambiental, así como el mandato constitucional a la coordinación y  cooperación interinstitucional para la protección del medio ambiente, derivado del principio pro natura. La falta de incorporación íntegra del Patrimonio Natural del Estado al REGAMA -según lo dispuesto por sentencia 12745-2019-, implica la desprotección del derecho al ambiente: si los límites del REGAMA no están definidos en forma total, no podrían evaluarse y determinarse cuáles serán los efectos negativos que una actividad, obra o proyecto causará en el ambiente de previo a su ejecución, en el área omitida. El Ministerio de Ambiente y Energía está obligado a realizar la clasificación de los terrenos propiedad del Estado con el objetivo de identificar y delimitar aquellos territorios que constituyan Patrimonio Natural del Estado definidos como bosques y/o terrenos de aptitud forestal que pasan a ser administrados automáticamente por ese Ministerio y no por las Municipalidades.

El ministro de Ambiente y Energía y el director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación: se refieren en forma conjunta a las tres diferentes disposiciones objeto de esta acción, y rechazan la acusada violación de las normas y principios constitucionales con las actuaciones administrativas impugnadas. La actuación de la Administración y la oficialización de los documentos correspondientes al Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo 2017-2026, publicado mediante resumen ejecutivo el 28 de febrero de 2022, en el Alcance No. 42 a La Gaceta No. 39; el Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, publicado el 5 de octubre de 2023 en el Alcance No. 193 a La Gaceta No. 183, y la Directriz No. 09-2023 firmada el 17 de agosto de 2023, se encuentran respaldadas en estudios técnicos que incluyen levantamiento de información de campo, información de línea base, y, que además cumplen las metodologías y procedimientos oficializadas por el Estado costarricense y han arrojado datos científicos concluyentes para decidir que el levantamiento de los humedales de la zona en el año 2017 es el correcto. Sostienen que no es de recibo el argumento de los accionantes en el sentido de que debía utilizarse el informe del 2021, afirmación que es carente de pruebas técnicas, pues el simple hecho de ser de fecha más reciente no basta para llegar a esa conclusión, cuando realizada la valoración esos estudios, resulta que estos no cumplieron con el rigor científico ni metodológico oficializado por el Estado, lo que lo hace incorrecto e inútil para cumplir con el fin público e imposible de superar el procedimiento de validación interna. Señalan que la administración no tiene dudas sobre cuáles son los estudios que sí cumplen técnicamente y con la metodología, puesto que para ello se han realizado múltiples revisiones y valoraciones por los funcionarios públicos asignados, por lo que la toma de la decisión se encuentra fundamentada en estos estudios y por lo tanto no violenta los  principios precautorio, preventivo, reserva de ley, objetivación de la tutela ambiental, la normativa constitucional ni las convenciones internacionales señaladas por el recurrente. Todas las actuaciones se encuentran fundamentadas en estudios técnicos y en las leyes, con la utilización de metodologías e instrumentos que descartan la violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que, por el contrario, brindan seguridad jurídica. Las actuaciones impugnadas corresponden a herramientas de planificación y gestión dinámicas que, por su naturaleza, deben estar en actualización periódica, de forma que los ejercicios metodológicos ejecutados para realizar esas actualizaciones se encuentren estandarizados y sean aplicados de forma objetiva y medible (o comparable) en garantía de la seguridad jurídica y sin que los cambios que resulten producto de esas actualizaciones impliquen violación de los principios constitucionales señalados. En este caso. lo que se presenta es una disconformidad de los recurrentes con los criterios técnicos estatales utilizados, sin contar con pruebas que demuestren que con ello se hace una incorrecta tutela del derecho a un ambiente sano. Consideran que la acción de inconstitucionalidad debe rechazarse, ya que el ejercicio de las potestades de la Administración ha sido en total respeto a los límites legales y constitucionales.

  El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo: señala que el plan regulador costero es un instrumento de planificación en la zona marítimo terrestre, mientras que en las áreas silvestres protegidas operan los planes de manejo. El desarrollo del plan regulador costero ha sido delegado a las municipalidades, pues son administradoras de la zona marítimo terrestre, y para ello deben desarrollar planes de desarrollo urbanos o turísticos conforme a la Ley de Planificación Urbana. Los alcances de un plan regulador costero no incluyen los espacios territoriales correspondientes a las áreas silvestres protegidas o al Patrimonio Natural del Estado, siendo que las primeras requieren otro tipo de herramienta de gestión del suelo. A ese efecto el MINAE – SINAC desarrolla planes de manejo que son herramientas de planificación que orientan la gestión del territorio de un área silvestre protegida para cumplir sus objetivos de conservación. Es más bien un plan de gestión y desarrollo que se fundamenta en líneas de acción estratégicas a mediano plazo y en objetivos de manejo para los elementos naturales y culturales incluidos dentro del área, así como en la relación de estos últimos con su entorno socio ambiental. El INVU no tiene competencia para desarrollar o aprobar planes de manejo y mucho menos para determinar sus límites, asunto que solo le compete al SINAC. El Plan Regulador Costero de Talamanca se desarrolló fuera de los límites oficiales determinados por esa instancia al momento de desarrollar la propuesta de zonificación. No se puede argumentar que se tomó como base el Plan de Manejo ya que es un instrumento que no se puede aplicar en la Zona Marítimo Terrestre, así como un plan regulador no se puede utilizar como herramienta de planificación dentro de Áreas Silvestres Protegidas (ASP). Solicita se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad.

El Instituto Costarricense de Turismo: con relación al Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo 2017-2026, señala que dicho plan no se vincula a la competencia de ICT en lo que corresponde a su elaboración, revisión, aprobación e implementación, por estar fuera de la aplicación de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (artículo 2 de la Ley 6043).

La Municipalidad de Talamanca: el Plan Regulador Costero del Distrito Cahuita del Cantón de Talamanca no viola el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política. La Municipalidad de Talamanca se encuentra en proceso de implementación de dicho plan. Las municipalidades son administradoras de la Zona Marítimo Terrestre, según lo determina la Ley N°6043 y para ello deben desarrollar planos de desarrollo urbanos o turísticos, en términos de la normativa nacional (Ley de Planificación Urbana). Los alcances de un plan regulador costero no incluyen los espacios territoriales correspondientes a las Áreas Silvestres Protegidas o al Patrimonio Natural del Estado, siendo que las primeras requieren otro tipo de herramienta de gestión del suelo. A ese efecto el MINAE - SINAC desarrolla planes de manejo, herramienta de planificación que orienta la gestión del territorio de un Área Silvestre Protegida para cumplir sus objetivos de conservación. En general, los planes reguladores se construyen sobre la información oficial disponible en un momento dado (como PNE, mojones, PN, entre otras capas de información disponible al momento). No obstante, son mutables puesto que si en el futuro la información de base varía por la razón que sea (nuevos mojones, ampliación de límites de un parque, cambio en la clasificación de Patrimonio Natural del Estado, incluyendo humedales), la zonificación del plan regulador podrá ajustarse a esta nueva condición; para ello hay un capítulo en el manual de planes reguladores costeros, donde la municipalidad es la encargada de aplicar el procedimiento.

2)    El Reglamento Municipal 89-A del 26 de setiembre de 2023: “Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita”, publicado el 5 de octubre de 2023 en el Alcance n.° 193 a La Gaceta n.° 183, dispone: (ver documento completo en https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=100404)

“Plan Regulador Costero Talamanca- Distrito Cahuita (Reglamento de zonificación)

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA

De conformidad con el Acuerdo N°2 tomado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca mediante la Sesión Extraordinaria N° 89 del 26 de setiembre de 2023, mediante el cual se acuerda adoptar formalmente el Plan Regulador Costero Talamanca- Distrito Cahuita, autoriza su publicación de conformidad con la Ley de Planificación Urbana y el Manual de Planes Reguladores Costeros siendo que dicho Plan cuenta con la Variable Ambiental según Resolución N 025-23 SETENA, la aprobación por parte del Instituto Costarricense de Turismo en la Sesión Ordinaria Presencial N° 6268 realizada por la Junta Directiva en el Apartado 1 "Generalidades", Articulo 5 "Propuestas de la Gerencial General", inciso III, celebrada el lunes 11 de setiembre de 2023, y la aprobación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, según oficio de la Dirección de Urbanismo y Vivienda número DU-417-09-2023 del 21 de setiembre del 2023.

1 REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN

CONSIDERANDOS

1. Que, de acuerdo a la normativa existente, es necesaria la inclusión de parámetros y disposiciones establecidos en normas generales y vinculantes en la materia.

2. Que, de acuerdo a lo indicado en el Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros, se incluye dentro de este reglamento, lo relacionado a cambio climático; mismo que deberá considerarse dentro del componente ambiental.

3. Que la Ley de Planificación Urbana Nº 4240, así como su Reglamento de Construcciones, contienen disposiciones que se relacionan con la Ley Nº 6043, y que deben necesariamente incluirse dentro de los reglamentos integrales del Plan Regulador.

4. Por lo anterior, se incluye dentro de este reglamento lo relacionado a cambio climático, así como conceptos y disposiciones de necesaria aplicación conexa a lo ya indicado en el Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros.

Artículo 1. Definiciones generales

a) Zona Marítimo Terrestre: es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deja el mar en descubierto en la marea baja. La zona marítimo terrestre se compone de la zona pública y la zona restringida.

b) Zona Pública: Zona delimitada por los mojones del Instituto Geográfico Nacional (IGN), es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja. Los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar corresponden a la zona pública.

c) Zona Restringida: constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes, o por los demás terrenos en caso de islas.

Artículo 2. Distribución de Zonificaciones

(…)

Artículo 3. Área Núcleo Para La Comunidad (CAN)

a) Definición: Áreas en donde se deben preservar las instalaciones públicas y comerciales para los pobladores locales. Incluye la dotación de servicios públicos, seguridad, recreación y otros relacionados, necesarios para el funcionamiento de los poblados o comunidades locales.

b) Función: Mantener y/o preservar las instalaciones públicas para los pobladores locales.

c) Usos permitidos: Instalaciones destinadas a servicios públicos, escuelas, iglesia, seguridad, bomberos, recreación y otros necesarios para el funcionamiento de los poblados o comunidades locales cuando estos existan.

d) Usos no permitidos: Vivienda y cualquier otro que no esté indicado en los permitidos.

e) Área mínima y máxima: Mínimo 200 m², Máximo 5,000 m² Cada lote

f) Cobertura: Hasta un 50%.

g) Densidad: NA

h) Altura: 2 pisos en 10 metros de altura máximo al punto más alto de la edificación.

i) Retiros: Los retiros laterales, posteriores y anteriores, se regirán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.

Artículo 4. Área Residencial Comunitaria (CAR)

a) Definición: Áreas destinadas a cubrir las necesidades de vivienda de los pobladores locales. En estas áreas se considera viable la permanencia y operación de pequeños negocios integrados a las viviendas.

b) Función: Cubrir las necesidades de vivienda de los pobladores locales. En estas áreas se considera viable la permanencia y operación de pequeños comercios integrados a las viviendas.

c) Usos permitidos: Vivienda unifamiliar para pobladores locales, pequeños comercios integrados a las viviendas. Uso comunal: Se permiten parques recreativos, centros de cultura, cuando estén asociados a centros de población o actividades comunales

d) Usos no permitidos: Alojamiento con fines comerciales, alojamiento para alquiler y cualquier otro que no esté indicado en los permitidos.

e) Área mínima y máxima: Las áreas mínima y máxima por cada lote, se regirán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.

f) Cobertura: Hasta un 70%.

g) Densidad: Vivienda: Una vivienda por lote. Cuando existan varias viviendas en un mismo lote, la densidad será de una vivienda unifamiliar cada 200 metros de terreno.

h) Altura: 2 pisos en 10 metros de altura máximo al punto más alto de la edificación.

i) Retiros: Los retiros laterales, posteriores y anteriores, se regirán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.

Artículo 5. Base Para Pescadores Artesanales (CBP)

a) Definición: Áreas para la ubicación estratégica de terrenos para una base para pescadores artesanales, tales como un centro de acopio y un punto de servicios para el atraque para los botes de pescadores artesanales.

b) Función: Proveer espacio para una base para pescadores artesanales.

c) Usos permitidos: Centros de acopio y puntos de atraque para los botes.

d) Usos no permitidos: Empresas turísticas, actividades turísticas, viviendas y cualquier otro que no esté indicado en los permitidos.

e) Área mínima y máxima: Mínimo 300 m², Máximo 5,000 m² Cada lote.

f) Cobertura: Hasta un 70%.

g) Densidad: NA.

h) Altura: 1 pisos en 5 metros de altura máximo al punto más alto de la edificación.

i) Retiros: Los retiros laterales, posteriores y anteriores, se regirán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.

Artículo 6. Pueblo Costero (EPC)

a) Definición: Son áreas especiales donde habitan comunidades locales con arraigo histórico en la costa, (no menos de 20 años de establecida la comunidad al momento de elaborar el plan regulador del sector), que ha moldeado una realidad que se expresa en diversas manifestaciones culturales, sociales y ambientales. En la medida de las posibilidades, estas áreas se mantendrán en los sitios ya consolidados respetándose la delimitación espacial actual, en caso que durante el proceso de planificación se determine que la zona especial presente condiciones de riesgo por procesos naturales, se deberá valorar su reubicación a sitios con mejores condiciones.

b) Función: Estas áreas están dedicadas principalmente a la pesca artesanal o actividades afines, la extracción sostenible de recursos marinos, el turismo de pequeñas empresas familiares, el comercio, los servicios y otras actividades productivas. Como parte de la planificación son áreas destinadas a la preservación de la cultura, las costumbres y las tradiciones de las comunidades locales y el mejoramiento de su calidad de vida en plena armonía con la protección del ambiente y los ecosistemas naturales.

c) Usos permitidos: Bancos, iglesias, guardia rural, bomberos, cruz roja, centros de cultura, escuelas, servicios sanitarios y médicos y otros servicios necesarios para el funcionamiento de una comunidad, parques recreativos, canchas deportivas, juegos infantiles, parqueos, y todas aquellas áreas que sirvan de esparcimiento y encuentro social para las personas de la comunidad.

También se incluyen las Empresas turísticas con la declaratoria turística emitida por el ICT. (Hoteles, cabinas, etc.)

Café, sodas, tiendas, restaurante, consultorios médicos, fuentes de soda, artesanías, panaderías, suvenir, pequeños comercios y abarrotes, y todas aquellas actividades comerciales que puedan dar soporte a una comunidad. Vivienda familiar para personas de la comunidad y pescadores.

d) Usos no permitidos: Cualquier otro que no esté indicado en los permitidos.

e) Área mínima y máxima:

Servicios Básicos: mínimo 200 m²; máximo 5,000 m², cada lote. Esparcimiento: mínimo 200 m²; máximo 10,000 m², cada lote.

Uso turístico: mínimo 250 m2; máximo 10,000 m² cada lote.

Comercial: mínimo 200 m²; máximo 2,000 m², cada lote.

Uso vivienda: Las áreas mínima y máxima por cada lote, se regirán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.

Instalaciones destinadas a servicios públicos: mínimo 200 m²; máximo 5,000 m².

f) Cobertura: Hasta el 80%, dependiendo del uso y dimensiones de la parcela. Cuando se cuente con una red de alcantarillado sanitario público y sistema de recolección de aguas pluviales, se podrá utilizar el 85% de cobertura.

g) Densidad:

Turismo: Hasta 50 habitaciones / hectárea.

Comercio: de una a tres unidades comerciales por lote.

Vivienda: Una vivienda por lote. Cuando existan varias viviendas en un mismo lote, la densidad será de una vivienda unifamiliar cada 200 metros cuadrados de terreno con una cobertura máxima de 70%.

h) Altura: Máximo hasta 3 pisos en 14 metros al punto más alto de la edificación.

i) Retiros: Los retiros laterales, posteriores y anteriores, se regirán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.

j) Planteamientos para infraestructura de adaptación al cambio climático y resiliencia al riesgo por amenazas naturales: Debido a que algunos de los puntos de afectación por cambio climático y riesgos por amenazas naturales se encuentran en estos sectores, se deberá aplicar estrategias de resiliencia territorial, bioclimáticas, climáticas-pasivas y acciones de adaptación al cambio climático según se indica en el artículo 15 del presente reglamento, de forma que el sector vaya adaptándose al cambio climático o sea resiliente ante riesgos por amenazas naturales desde aspectos de infraestructura verde, edilicia y urbana.

Artículo 7. Área Para Desarrollo Futuro (FAD)

a) Definición: Áreas reservadas para desarrollo futuro. Para decidir si las FAD pueden ser o no utilizadas para desarrollo, es necesario revisar el plan general de uso de la tierra.

b) Función: Áreas reservadas para desarrollo futuro en la ZMT. Estas áreas podrán reconvertirse a cualquiera de los usos contemplados en este manual en futuros procesos de actualización y/o modificación del plan en cuestión.

c) Usos permitidos: NA.

Artículo 8. Área Mixta Para El Turismo y La Comunidad (MIX)

a) Definición: Áreas para el desarrollo de empresas turísticas de mediana densidad en actividades de hospedaje, restaurantes, comercio, hospedaje con tiendas para acampar y otros negocios relacionados con el turismo. El desarrollo en estas áreas debe permitir la integración de las áreas comunitarias existentes (vivienda e instalaciones públicas) y pequeños negocios al desarrollo futuro. Como resultado de esto, se induciría el desarrollo mixto de turismo y comunidad a densidades relativamente medias o altas. Las empresas de hospedaje que se instalen en esta área deberán contar con la respectiva declaratoria turística emitida por el ICT y a tal efecto deberán observar lo señalado en el Reglamento de Empresas de Hospedaje Turístico.

b) Función: Área para inducir el desarrollo mixto de turismo y comunidad a densidades relativamente medias o altas. La parte de desarrollo turístico deberá observar lo señalado en el Reglamento de empresas de hospedaje turístico.

c) Usos permitidos:

Uso turístico:

Empresas turísticas con la declaratoria turística emitida por el ICT.

El tipo, características y servicios complementarios de las empresas corresponderán a los incluidos en el Reglamento de las empresas y actividades turísticas, y el Reglamento de empresas de hospedaje turístico, ambos dictados por el ICT.

Hospedaje con tiendas para acampar:

Recepción, duchas, servicios sanitarios, guardarropa, parqueo para usuarios, espacio para instalación de tiendas de campaña, circulaciones internas.

Uso Residencial:

Vivienda de recreo sin fines comerciales para uso del concesionario y su familia.

Viviendas de alquiler con área administrativa y de mantenimiento.

Comercio:

Tiendas, abarrotes, sodas, cafeterías, suvenir y pequeños comercios.

d) Usos no permitidos: Para turismo: Cualquier tipo de actividad que no corresponda con empresas de hospedaje y restaurante según el Reglamento de las empresas y actividades turísticas, y el Reglamento de empresas de hospedaje turístico, ambos dictados por el ICT. Y cualquier otro que no esté indicado en los permitidos.

e) Área mínima y máxima:

(…)

f) Cobertura: Hasta un máximo de 70%

g) Densidad:

Turismo: Hasta 50 habitaciones / hectárea.

Hospedaje con tiendas para acampar: No aplica

Vivienda: Una vivienda por lote. Cuando existan varias viviendas en un mismo lote, la densidad será de una vivienda unifamiliar cada 200 metros cuadrados de terreno con una cobertura máxima de 70%.

Comercio: Una unidad comercial por lote.

h) Altura: 2 pisos en 10 metros de altura máximo. Para las zonas de hospedaje con tiendas de acampar: 1 piso en 5 metros de altura al punto más alto de la edificación.

i) Retiros: Los retiros laterales, posteriores y anteriores, se regirán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.

j) Planteamientos para infraestructura de adaptación al cambio climático y resiliencia al riesgo por amenazas naturales: Debido a que algunos de los puntos de afectación por cambio climático y riesgos por amenazas naturales se encuentran en estos sectores, se deberá aplicar estrategias de resiliencia territorial, bioclimáticas, climáticas-pasivas y acciones de adaptación al cambio climático según se indica en el artículo 15 del presente reglamento, de forma que el sector vaya adaptándose al cambio climático o sea resiliente ante riesgos por amenazas naturales desde aspectos de infraestructura verde, edilicia y urbana.

Artículo 9. Área Para Cooperativas (OAC)

a) Definición: Áreas para fines de esparcimiento, descanso y vacaciones a cooperativas de turismo, agrupaciones gremiales o asociaciones de profesionales, sindicatos de trabajadores, federaciones de estudiantes, federaciones o confederaciones sindicales, juntas progresistas, asociaciones comunes o de desarrollo de la comunidad, o entidades de servicio social o clubes de servicio, todas ellas sin ánimo de lucro.

b) Función: Instalaciones de recreo, esparcimiento, descanso y vacaciones de agrupaciones sin fines de lucro.

c) Usos permitidos: Instalaciones de hospedaje, alimentación, piscinas, áreas recreativas y similares.

d) Usos no permitidos: Cualquier actividad comercial que tenga fines de lucro.

e) Área mínima y máxima: Las áreas mínimas y máxima por cada lote de cooperativas, se regirá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.

f) Cobertura: Hasta un 60%.

g) Densidad: De 20 a 50 habitaciones/hectárea.

h) Altura: 2 pisos en 10 metros de altura máximo al punto más alto de la edificación.

i) Retiros: Los retiros laterales, posteriores y anteriores, se regirán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.

Artículo 10. Área Para Vialidades (OAV)

a) Definición: Esta área incluye las vías públicas de acceso que conectan la ZMT con el sistema vial del país, sea nacional o cantonal y las vías públicas que corren dentro del área restringida de la ZMT.

b) Función: Acceso vehicular, peatonal y estacionamientos que permitan la circulación interna en el área planificada.

c) Usos permitidos: Calles principales, calles secundarias, senderos peatonales, estacionamientos.

d) Usos no permitidos: Cualquiera que no sea vialidad.

e) Área mínima y máxima:

De 14 metros de derecho de vía con 9 metros de calzada.

De 11 metros de derecho de vía con 7 metros de calzada.

De 8.5 metros de derecho de vía con 6 metros de calzada.

Senderos peatonales de 6 metros de ancho.

Cada área para estacionamiento: mínimo 300 m²; máximo 10,000 m²

f) Retiros: Los retiros laterales, posteriores y anteriores, se regirán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.

Artículo 11. Área Para Protección (PA)

a) Definición: Áreas que debido a su condición actual (natural, histórica, arqueológica) amerita una necesidad de protección en función de: la puesta en valor o conservación de atractivos turísticos, la seguridad de turistas y visitantes, mantenimiento de procesos ecológicos para la estabilidad de la dinámica costera.

b) Función: Protección de: franjas a ambos lados de ríos, quebradas o arroyos; áreas que bordeen nacientes permanentes; sitios arqueológicos; áreas de riesgo para la integridad personal. El establecimiento de estas áreas debe estar sustentado en los resultados de los análisis de la variable ambiental.

c) Usos permitidos: Senderos peatonales, miradores, áreas de estar, reforestación y otros similares.

d) Usos no permitidos: Hospedaje, residencias, comercio, y en general, cualquier tipo de planta e infraestructura pesada de carácter permanente.

Artículo 12. Área Núcleo Para Atracciones Turísticas (TAN)

a) Definición: Es el Centro de la zona turística, con servicios que faciliten el disfrute público del espacio turístico. Estas áreas incluirán instalaciones comerciales, parques recreativos y los servicios públicos que en su conjunto establezcan las condiciones para asegurar el disfrute público del espacio turístico

b) Función: Es el Centro de la zona turística, con servicios que faciliten el disfrute público del espacio turístico.

c) Usos permitidos: Servicios básicos: Guardarropa, sanitarios, duchas, salvamento, médico, información, comunicaciones, parqueos.

Esparcimiento público: Canchas deportivas, juegos infantiles, zonas de descanso, parques recreativos.

Comerciales turísticas: Café, soda, restaurante, fuentes de soda, tiendas, artesanías, panaderías, servicios y abarrotes.

d) Usos no permitidos: Alojamiento turístico, piscina, vivienda y cualquier otro que no esté indicado en los permitidos.

e) Concesión: Deberá cumplirse con lo que establece la Ley 6043 y su Reglamento al otorgarse las concesiones.

f) Área mínima y máxima

Servicios básicos: Mínimo: 200 m², Máximo: 5 000 m² cada lote

Esparcimiento: Mínimo: 200 m², Máximo: 10 000 m², cada lote.

Comerciales: Mínimo 200 m², Máximo 5 000 m², cada lote

g) Cobertura: Hasta un máximo de 75%

h) Densidad: N/A

i) Altura:

Servicios básicos: 1 piso en 7.5 metros máximo, al punto más alto de la edificación.

Esparcimiento público: 1 piso en 7.5 metros máximo, al punto más alto de la edificación.

Comerciales: 2 pisos en 10 metros máximo, al punto más alto de la edificación.

j) Retiros: Los retiros laterales, posteriores y anteriores, se regirán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.

Artículo 13. Área Planificada Para El Desarrollo Turístico Baja Densidad (TAP-BD)

a) Definición: Son áreas destinadas al desarrollo de empresas turísticas de hospedaje y restaurantes, en densidades bajas. Se favorece en estas áreas la asignación de lotes grandes de terreno y la dotación de infraestructura para atraer la inversión privada. Las empresas que se instalen en estas áreas deberán contar necesariamente con la declaratoria turística emitida por el ICT y para esto deberán observar lo dispuesto en el Reglamento de las empresas y actividades turísticas, y el Reglamento de Empresas de Hospedaje Turístico, ambos dictados por el ICT.

b) Función: Promover el desarrollo de empresas turísticas en baja densidad.

c) Usos permitidos: Empresas turísticas con la declaratoria turística emitida por el ICT. El tipo, características y servicios complementarios de las empresas corresponderán a los incluidos en el Reglamento de las empresas y actividades turísticas, y el Reglamento de empresas de hospedaje turístico, ambos dictados por el ICT.

d) Usos no permitidos: Cualquier tipo de actividad que no corresponda con empresas incluidas en el Reglamento de las empresas y actividades turísticas, y el Reglamento de empresas de hospedaje turístico, ambos dictados por el ICT.

e) Área mínima y máxima:

Empresas hospedaje: mínimo 2,500 m²; máximo 60,000 m², cada lote.

Otro tipo de empresa: mínimo 1,000 m²; máximo 3,000 m².

f) Cobertura: Hasta un máximo de 70%

g) Densidad: Hasta 50 habitaciones / hectárea.

h) Altura: Hasta tres pisos en 14 metros de altura máximo, al punto más alto de la edificación.

Cuando se pretenda la construcción de edificaciones en terrenos medianamente ondulados y se requiera el uso de basamentos o sócalos, pilotes o estructura similar, ésta no podrá exceder la altura de 1.5 metros verticales entre el nivel de terreno natural y el nivel de piso terminado.

i) Retiros: Los retiros laterales, posteriores y anteriores, se regirán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.

j) Planteamientos para infraestructura de adaptación al cambio climático y resiliencia al riesgo por amenazas naturales: Debido a que algunos de los puntos de afectación por cambio climático y riesgos por amenazas naturales se encuentran en estos sectores, se deberá aplicar estrategias de resiliencia territorial, bioclimáticas, climáticas-pasivas y acciones de adaptación al cambio climático según se indica en el artículo 15 del presente reglamento, de forma que el sector vaya adaptándose al cambio climático o sea resiliente ante riesgos por amenazas naturales desde aspectos de infraestructura verde, edilicia y urbana.

Artículo 14. Zona Pública (ZPU)

La Zona Pública no podrá ser objeto de ocupación alguna. Estará dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de personas. No se permitirá el paso de vehículos automotores ni de animales de carga.

El desalojo progresivo de aquellas edificaciones o instalaciones ilegales y su remoción, forman parte del programa de ordenamiento de la ZMT. Se utilizarán como senderos peatonales aquellas vías en Zona Pública donde sea suprimido el tránsito vehicular. En la zona pública está prohibida toda actividad tendiente a modificar el estado natural de la misma, entre ellas la chapia y la práctica de raleo de bosque.

El concesionario colindante con la Zona Pública deberá colaborar con el mantenimiento, protección y mejoramiento de los recursos naturales existentes en ella, aportando recursos a la Municipalidad para que sean utilizados en el sector. Estas acciones deberán ser apoyadas, asesoradas y fiscalizadas por el Instituto Costarricense de Turismo y la Municipalidad de Talamanca.

Artículo 15. Manejo de residuos

a) Hasta tanto no se cuente con planta de tratamiento general en la zona del plan regulador, los proyectos de desarrollo deberán contar con plantas de tratamiento individuales a fin de ajustarse a las regulaciones establecidas por el Ministerio de Salud en la normativa vigente para cada caso en particular.

b) Se deberá tomar las disposiciones del Reglamento de Desarrollo Sostenible en cuanto al manejo y gestión de residuos.

c) Todas las edificaciones que se encuentren dentro del área de cobertura de la planta de tratamiento pública, deberán conectarse al sistema. En el caso de las edificaciones existentes previo al funcionamiento, deberán conectarse posteriormente.

Artículo 16. Planteamientos para infraestructura de adaptación al cambio climático y resiliencia al riesgo por amenazas naturales

Es necesario que en los puntos que se presentan afectaciones por riesgos de amenazas naturales y por cambio climático en aspectos de incremento de temperatura, aumento de nivel del mar e inundación, erosión costera e incremento precipitaciones, se aplique la Línea Estratégica de Reducción del riesgo asociado al clima y estrategias de resiliencia al riesgo por amenazas naturales. Para ello, en las futuras edificaciones, proyectos urbanos, remodelaciones, ampliaciones, o cualquier modificación que se requiera se deberá solicitar de los siguientes aspectos, los necesarios según previo análisis y solicitud de la Municipalidad como parte de las consideraciones para aprobar los permisos de construcción:

Acciones de edificabilidad y materiales

a) Procurar uso de materiales autóctonos

b) uso de materiales naturales para el aislante térmico como petatillos y cedazo o incorporar materiales con un alto nivel de reflectancia en las fachadas que lo requieran y uso de techos blancos

c) uso de pilotes en zonas propensas a inundación o de nivel freático elevado

d) alturas de entre piso y techo igual o superior a 3 metros para un mejor manejo del calor,

e) estrategias de diseño bioclimático para edificaciones y espacio público, manejo de diseño bioclimático con estrategias climáticas pasivas para un mejor manejo de las condiciones climáticas del sector

f) emplazamiento y disposición de las edificaciones según el soleamiento y la ventilación natural, como acciones climáticas para una conveniencia en la localización del proyecto para aprovechar las condiciones climáticas favorables mitigando la incidencia en zona de islas de calor o riesgos climáticos

g) Diseño y construcción que tome en cuenta la utilización de infraestructura verde como fachadas, paredes verdes, paneles solares, zonas de infiltración en áreas verdes como parques o jardines o captadores de lluvia

h) Para proyectos turísticos, incorporación de Infraestructura y mecanismos de protección ante eventos hidrometeorológicos extremos para aumentar la resiliencia

Acciones estratégicas ecológicas y de urbanismo

a) realización de canales naturales para el manejo del agua en zonas de inundación

b) Fomentar sumideros de CO2, implementando medidas de restauración de zonas naturales o ampliar zonas verdes, incrementando del porcentaje de la zona verde con cobertura arbórea nativa, respecto al porcentaje de cobertura edilicia

c) En zonas con erosión costera, aplicar la siembra arbórea en contorno para formar obstáculos al agua de escorrentía, o incorporar bordes tipo muros en el diseño en el caso de erosiones costeras que afecte con aumento del ingreso del mar en Zona Marítimo Terrestre.

d) Para zona de pescadores, integrar iniciativas sostenibles para el aprovechamiento de los recursos pesqueros y marinos, además del adecuado manejo de los residuos.

e) En proyectos turísticos, promover el desarrollo de corredores de biodiversidad e implementación de iniciativas ecológicas y de descarbonización

Artículo 17. Municipalidad podrá negar permisos de construcción en aquella área con una evidente afectación de erosión costera o inundación, previo a análisis, que demuestren que se imposibilita mediante acciones edilicias la habilitación del sitio para construcción, esto con el fin de resguardar vidas humanas y las condiciones de infraestructura que se podrían ver afectadas ante un evento extremo o continuidad de las condiciones y efectos erosivos presentes en la zona.

Artículo 18. Con el fin de ampliar la incorporación de criterios de reducción de vulnerabilidad actual en procesos de reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento de infraestructura y de nuevas construcciones, la Municipalidad podrá desarrollar un reglamento de incentivos para aquellas construcciones que se encuentren dentro o fuera de las áreas de afectación por cambio climático o riesgos por amenazas naturales y que se apeguen a las disposiciones del artículo 15 del presente reglamento. Recordando que es obligatoria la aplicación del artículo 15 para las zonas afectadas por riesgos por amenazas naturales y cambio climático según se indican en el presente Plan Regulador Costero.

Artículo 19. Modificación al Reglamento y vigencia.

Las modificaciones y variantes que se deseen introducir al presente Reglamento, serán sometidas al criterio técnico del Instituto Costarricense de Turismo y del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; la tramitación prevista en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana N° 4240 del 15 de noviembre de 1968, a solicitud expresa del gobierno local, de conformidad con las disposiciones del dictamen C- 011-99 de la Contraloría General de la República

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y queda derogada toda disposición municipal anterior que se oponga a sus normas.

TRANSITORIOS

 Transitorio I. Todas las concesiones que hayan sido otorgadas por la Municipalidad de Talamanca con base en disposiciones reglamentarias anteriores, y se encuentren debidamente inscritas en el Registro Nacional de Concesiones, podrán perpetuar los derechos legales concedidos por el contrato de concesión hasta el vencimiento de éste. Una vez finalizado el contrato, deberán observarse, en forma completa, todas las disposiciones dictadas en el presente Reglamento.

Transitorio II.- Toda solicitud o trámite administrativo que haya sido presentado antes de la vigencia de este reglamento será tramitada de acuerdo a las normas vigentes a la fecha de la solicitud y de acuerdo a los procedimientos internos definidos por el Departamento de Urbanismo de la Municipalidad. Una vez resueltas y comunicadas todas estas solicitudes a los permisionarios, este procedimiento anterior quedará derogado.

Transitorio III.- Todas las licencias y patentes aprobadas se regirán en cuanto a su vigencia por los plazos establecidos por la municipalidad.

Transitorio IV. - En función de lo establecido por la Ley 9242 Ley para la Regularización de las Construcciones Existentes en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre, Artículo N°3, las construcciones existentes en la Zona Restringida deberán ajustarse a lo establecido en este reglamento, aquellas que en el momento de la publicación del Plan Regulador no cumplan con lo indicado en este reglamento, deberán proceder con lo planteado en el PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN Y GESTIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 9242, que para efectos de la gestión del plan la Municipalidad tendrá un plazo no mayor a 6 meses para su promulgación y publicación.

ANEXOS

Anexo 1

DOCUMENTO ANEXO AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR COSTERO DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE (ZMT) DEL DISTRITO DE CAHUITA, CANTÓN DE TALAMANCA

ANTECEDENTES:

La Municipalidad de Talamanca, tomando en cuenta que la población del cantón de Talamanca y principalmente los habitantes costeros del distrito Cahuita, representados en su momento por la Cámara de Turismo del Caribe Sur, las asociaciones de desarrollo Integral de las comunidades de Manzanillo, Puerto Viejo , Hone Creek y Cahuita de forma individual, quienes desde hace muchos años han venido luchando por defender sus intereses legales y culturales sobre los terrenos habitados antes de la promulgación de la Ley de Zona Marítima terrestre N° 6043, a quienes se les ha pretendido atropellar sus derechos mediante interpretaciones y resoluciones de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República, al grado de causar inestabilidad e inseguridad sobre la permanencia de los habitantes costeros del distrito de Cahuita, al dar instrucciones a la Municipalidad de Talamanca para que iniciara procesos administrativos para el desalojo de familias y sus negocios ya construidos con permisos de esta Municipalidad.

Ante esas amenazas la Municipalidad acudió a los señores(as) Diputados y al Poder Ejecutivo para solicitar su apoyo a través de la promulgación de leyes protegieran a los habitantes costeros de Talamanca y resolviera legalmente su ocupación; naciendo diferentes proyectos de ley que fueron aprobados por la asamblea legislativa y refrendados por el poder ejecutivo, entre los que mencionamos la Ley de Moratoria de Áreas Especiales por un plazo de dos años, siendo que dicha ley a la fecha de hoy es la N° 9577 "Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales" misma que vence en julio del 2024 (Conocida popularmente como la Ley de la Moratoria). Otras leyes que fueron promulgadas son la Ley de los Derechos de los Habitantes Costeros del Caribe Sur, Ley de Declaratoria de las Zonas Urbanas Litorales y la Ley de Regularización de las Construcciones Existentes en la Zona Restringida de la Zona Marítima Terrestre, misma que ha permitido la construcción de este Plan Regulador.

Sin embargo para el cumplimento de las leyes mencionadas anteriormente es necesario que la Municipalidad cuente con un Plan Regulador Costero, por lo que a petición de la Municipalidad, la cámara de turismo y las asociaciones de desarrollo antes mencionadas, por medio de un diputado se presentó la moción en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa para que se aprobara una partida específica a nombre de la Municipalidad de Talamanca para financiar la realización del Plan Regulador, con lo establecido en Condigo Municipal Ley N° 7794 del 30 de abril del 2008 y se solicitó al Ministro de Hacienda el giro de dichos recursos.

La Municipalidad de Talamanca, producto de la presión de desalojos y demoliciones en la Zona Marítima Terrestre priorizo el uso de dichos recursos para la construcción del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita, iniciando su proceso en el año 2014, con una sesión con los representantes de las organizaciones formales existentes a esa fecha y representantes de las comunidades de Cahuita, Puerto viejo y Manzanillo, a quienes se les informo de las intenciones de la Municipalidad, logrando la conformación de grupos de trabajo en cada una de las comunidades a efectos de iniciar el proceso de identificación del Patrimonio Natural del Estado, la construcción de los primeros mapas de zonificación, la realización del diagnóstico hidrogeológico de la zona de estudio y finalmente después de varias reuniones establecer un convenio de cooperación entre el INVU y la Municipalidad, para que fuera esta entidad pública la que se encargara de la construcción del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita, convenio que fue firmado en el año 2017 y donde se establecieron las condiciones que debería cumplir el Plan Regulador Costero del distrito de Cahuita y las obligaciones de las partes.

La Municipalidad de Talamanca siguiendo con las acciones en la búsqueda de la protección de los derechos de los habitantes costeros del distrito Cahuita, por lo que el Concejo Municipal en la sesión extraordinaria N° 121 del 19 de junio 2014, toma el acuerdo N° 4 producto de la moción presentada por el regidor George Brown Hudson, el cual dice en el punto 2 de la Moción lo siguiente:

"Como segundo punto, que según lo dispuesto en la Ley 9221, Ley Reguladora de las Zonas Urbanas Litorales, en su artículo 5, inicio A) dispone que el Concejo municipal debe tomar un acuerdo mediante el cual solicita la declaratoria de las zonas urbanas litorales costeras ante la CIZUL, por lo que se tome dicho acuerdo que diga lo siguiente: El Concejo Municipal de Talamanca acuerda solicitar formalmente a la CIZUL la declaratoria de las Zonas Urbanas Litorales costeras de Cahuita, puerto Viejo y Manzanillo del cantón de Talamanca con base en el artículo 5 inciso A) de la Ley 9221, Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial, acuerdo aprobado por Unanimidad"

La Municipalidad de Talamanca en el pleno uso de sus facultades abrió un proceso participativo con organizaciones sociales y actores sociales de los pueblos costeros del distrito Cahuita en el año 2014 y 2015, realizando reuniones por medio de la Comisión de Ordenamiento Territorial creada por el Concejo Municipal, con la integración de miembros del Concejo municipal, funcionarios Municipales, representación del SINAC-ACLAC y de las organizaciones sociales vigentes al momento, con quienes durante los años 2014 y 2015 se sostuvieron un total de 17 reuniones y sesiones informativas, donde podemos rescatar la conformación de los comités locales de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, quienes de la mano con el SINAC-ACLAC trabajaron INSITU en la identificación del Patrimonio Natural del Estado, logrando además la participación de estudiantes que realizaron su Trabajo Comunal Universitario con la entrega de Volantes Informativos sobre la Propuesta de Construcción de un Plan Regulador Costero.

Una vez firmado el convenio con el INVU en el año 2017, se procedió en el año 2018 a realizar 3 talleres informativos sobre la propuesta del Plan Regulador en las comunidades de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, incorporando la identificación del Patrimonio Natural del Estado que fue certificado en el año 2017 por la Dirección del SINAC-ACLAC. Durante el año 2018 se sostuvieron 9 reuniones con grupos focales que tienen una injerencia directa tanto en el modelo de desarrollo turístico-cultural como ambiental de la Zona de estudio.

Estos talleres fueron liderados por el INVU con el acompañamiento en unos casos de la Municipalidad de Talamanca.

Con la licencia ambiental otorgada por la SETENA, la aprobación inicial de la junta directiva del ICT y la entrega por parte del INVU de la documentación de la Propuesta de Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita, mismo que fue construido de acuerdo a lo establecido en el Manual para la Elaboración de Planes reguladores en Zona Marítimo Terrestre, la Municipalidad realizo un total de 11 charlas informativas en las comunidades de Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo, Punta Uva y Playa Chiquita, brindando información a la población en general y publicando en la página web de la Municipalidad y redes sociales de la Municipalidad la documentación referida al Plan regulador, así como la apertura de un correo electrónico específico para recibir documentos de observaciones a la propuesta de Plan regulador, igualmente atendiendo en las oficinas municipales a la población que así lo quisiera para obtener información más detallada.

Durante dichas charlas se realizaron 3 de ellas específicamente con población afrodescendiente en el idioma Creole Limonense, 1 de ellas con pobladores de otras nacionalidades en idioma inglés, una reunión con la comisión de pesca de la Municipalidad de Talamanca que aglutina a las asociaciones de pescadores de la zona costera de Talamanca y una reunión con la Comisión Municipal de asuntos de la Población Afrodescendiente del cantón de Talamanca, en cada de las 11 reuniones se entregó mediante un brochure con información de la Propuesta de Plan Regulador. Todas estas actividades se realizaron entre el 15 de junio del 2023 y el 27 de julio del 2023 con único objetivo de que la población tuviera la información necesaria antes de la audiencia pública.

Por acuerdo del Concejo Municipal el cual fue publicado en el diario oficial la gaceta, se realizó la audiencia pública el 4 de agosto del 2023, durante dicha audiencia se presentó por arte del INVU de forma oficial la Propuesta de Plan Regulador a las 406 personas que asistieron a dicha audiencia. Siendo entonces por así estar dispuesto en el reglamento de la audición publica se mantuvo un espacio de 15 días hábiles para recibir observaciones de los pobladores, dando un espacio desde el inicio de las charlas el 15 de junio del 2023 al cierre de la recepción de observaciones a la Propuesta del Plan Regulador costero del distrito de Cahuita el 28 de agosto del 2023, se le brindo a la población un total de 74 días naturales para poder opinar y presentar sus observaciones a la propuesta.

CONSIDERANDO:

1-Que en aplicación de lo previsto en el Artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana, número 4240 del 15 de noviembre de 1968, se reconoce la competencia y autoridad de los Gobiernos Municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su jurisdicción territorial.

2-Que es función del Estado, las municipalidades y demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos, las actividades económicas y sociales, el desarrollo general, con el fin de lograr mayor bienestar de la población, así como el aprovechamiento de los recursos naturales, y la conservación del ambiente.

3-Que conforme lo establecen los Artículo 59 y 60 de la Ley de Planificación Urbana, conformar la Comisión Local de Planificación, cuyo coordinador deberá tener conocimiento y experiencia en la materia, para que junto con los funcionarios del Instituto realicen la propuesta del plan regulador cantonal, cumpliendo con la normativa urbanística y ambiental vigentes. Dicho coordinador someterá el producto final a conocimiento del Concejo Municipal para efectos de aprobación según lo estipula el Artículo 17 de la mencionada Ley.

4-Que El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales del año 1989 es un tratado internacional, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989. El Convenio refleja el consenso logrado por los mandantes tripartitos de la OIT en relación con los derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de los Estados-nación en los que viven y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos. Este convenio está fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo.

5-Que el objetivo del Convenio 169 es Superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. Este convenio cuenta con los principios fundamentales de consulta y participación constituyen la piedra angular del Convenio. Además, el Convenio cubre una amplia gama de cuestiones relativas a al derecho al empleo y la formación profesional, la educación, la seguridad social y la salud, el derecho consuetudinario, las instituciones tradicionales, las lenguas, las creencias religiosas y la cooperación a través de las fronteras.

6-Que el Decreto Ejecutivo N° 43191-MP-MCJ declara de interés público a la población Afrocostarricense, su identidad cultural, idioma, tradición histórica, cultura y cosmovisión y creación de la mesa para el proceso de reconocimiento de pueblos tribales Afrocostarricenses. De igual forma el Artículo 5º- Se faculta a las dependencias del Sector Público y se insta a las Instituciones Autónomas y otros Poderes de la República, para que, dentro del marco legal respectivo, colaboren en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus fines y competencias, con los objetivos del presente Decreto Ejecutivo.

7-Que el Decreto Ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP sobre la Constatación del Autorreconocimiento de la población Afrocostarricense como pueblo tribal, en su Artículo 1º- Se constata el autorreconocimiento de la población Afrocostarricense como pueblo tribal Afrocostarricense de acuerdo a su identidad cultural, idioma, tradición histórica, cultura y cosmovisión.

8-Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca, mediante sesión ordinaria Nº 202, celebrada el día 18 de julio de 2014, adoptó Acuerdo Nº 05, aprobando el Reglamento de la Comisión Local de Planificación y Ordenamiento territorial, mismo que fue publicado en el diario oficial la gaceta N° 170 del 4 de setiembre del 2014.

9-Que La Municipalidad reconoce la presencia ancestral de la población afrodescendiente en los poblados de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, declarando a dichas comunidades, como comunidades afrodescendientes. Lo anterior mediante el acuerdo 04 de la sesión ordinaria N° 114 de agosto del 2012.

10-Que la Municipalidad de Talamanca mediante el acuerdo 04 de sesión extraordinaria N° 121 del 19 de junio del 2014, acordó solicitar formalmente a la CIZUL la declaratoria de las urbanas costeras de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo del cantón de Talamanca con base en el artículo 5, inciso A) de la ley 9221, Ley Marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento.

11-Que la Municipalidad de Talamanca sustentada en el cuaderno 3 sobre el Diseño e implementación de políticas públicas inclusivas del proyecto de Fortalecimiento de la Gobernabilidad e institucionalidad del sector cultura, en el Caribe de Nicaragua y Costa Rica, apegado a los artículos 4 y 5 del Código Municipal Ley 7794, auspiciado por la Unión Europea por medio del grupo AMADILLA y ejecutado por la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo (2013). Acoge peticiones puntuales de la población Tribal de los poblados de Cahuita, Puerto Viejo Y Manzanillo, respaldados por la Comisión Municipal para Asuntos de la Población Afrodescendiente del Cantón de Talamanca, conformada mediante el acuerdo N° 3 de la sesión ordinaria N° 63 del 6 de agosto del 2021.

12-Que la Ley 9242 establece que las construcciones deben adecuarse a la cantidad de habitaciones y densidad establecida según su zonificación, siendo entonces que el modelo de desarrollo turístico de las comunidades de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo fue implementado por los mismos pobladores sin apoyo directo de las entidades estatales y que muchas de las construcciones existen antes de la promulgación de la Ley de Regularización de Construcciones en la ZMT.

13-Que el Concejo Municipal de Talamanca mediante sesión ordinaria N° 24 del 16 de octubre del 2020, adopto el acuerdo N°2 que Modifica el artículo 1 y 2 y último párrafo del artículo 13 del reglamento de la Comisión Local de Planificación y Ordenamiento Territorial del cantón de Talamanca, publicado en la gaceta 257 del 23 de octubre del 2020.

14-Que el Concejo Municipal de Talamanca en sesión ordinaria 138 del 11 de enero del 2023 en su acuerdo 4 inciso 9 ratifica la condición Multiétnica y Pluricultural del cantón de Talamanca.

15-Que la Municipalidad de Talamanca por medio de la Comisión Local de Planificación y Ordenamiento Territorial del cantón de Talamanca, inicio un proceso participativo desde el año 2014, proceso que culminó el 4 de agosto del 2023 con la audiencia pública convocada en tiempo y forma, como el instrumento participativo más representativo del proceso participativo y de consulta de la propuesta del plan regulador costero de la zona marítimo terrestre del distrito de Cahuita, cantón de Talamanca.

16-Que el Concejo Municipal de Talamanca mediante acuerdo 3 de la sesión ordinaria 169 del 16 de agosto del 2023, en cumplimiento de lo establecido el punto 13.5 del artículo 13 del Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros mayo 2021 Alcance No 139 a La Gaceta No 135, miércoles 14 de julio 2021 y lo establecido en el artículo 17 Reglamento de la audiencia pública del Plan Regulador de la Zona Marítima Terrestre del Distrito Cahuita del cantón de Talamanca, publicado en la Gaceta N° 98 del 2 de junio del 2023. Procedió al nombramiento de los funcionarios municipales que serán parte de la Comisión tripartita.

17-Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca mediante Sesión Extraordinaria #87 del 18 de agosto de 2023, adoptó el acuerdo #01, para la inclusión a la Comisión tripartita (INVU-ICT-MUNIT) para el análisis de las propuestas, observaciones y apoyo de la propuesta de Plan Regulador costero del distrito Cahuita, proceso de abierto hasta el 28 de agosto del 2023, de los funcionarios del ICT y el INVU.

18-Que en cumplimiento de los artículos 16 y 17 del reglamento de audiencia pública del plan regulador de la zona marítima terrestre del distrito de Cahuita del cantón de Talamanca, así normada por la ley 6043, aprobado por el concejo Municipal en la sesión ordinaria 156 del 17 de mayo del 2023 y publicada en la gaceta N° 98 el 2 de junio del 2023, la comisión tripartita sostuvo 3 reuniones, donde se procedió a la revisión, análisis y construcción de las respuestas a las observaciones realizadas por diferentes personas, organizaciones y grupos sociales, a la propuesta de Plan regulador.

19-Que, ante la Comisión tripartita, habitantes de las comunidades de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, aportaron para análisis y consideración de dicha comisión, mapas oficiales históricos de la creación y condición de sus poblados antes de 1.977, mismos que de acuerdo a la zonificación planteada en el plan regulador costero del Distrito de Cahuita, son parte de los pueblos costeros acogidos por la Municipalidad en sendos acuerdos, como parte del patrimonio cultural de dichas comunidades.

20-Que la Comisión Tripartita en la fecha 30 de agosto del 2023, emite informe de recomendación de las respuestas propuestas a los 221 documentos recibidos y analizados, revisión que se realiza posterior a la celebración de la audiencia pública y al vencimiento del plazo dado para la recepción de observaciones.

21-Que el INVU mediante oficio DU-UCTOT-271-2023 con fecha 30 de agosto del 2023, hace entrega de la última versión de los productos del Plan Regulador una vez incorporados los ajustes solicitados y consensuados por la comisión tripartita.

22-Que entre los acuerdos de la Comisión tripartita (Municipalidad de Talamanca-INVUICT) está el construir por parte de la Municipalidad y el INVU un documento anexo al Reglamento de la Zonificación del Plan regulador costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca, a efectos de crear los mecanismos necesarios en base a la autonomía de la Municipalidad de Talamanca, para la aplicación de aspectos solicitados por diferentes personas, organizaciones y grupo sociales enviados para ser analizadas, valoradas e incorporadas al Plan Regulador.

23-Que el Reglamento De Desarrollo Sostenible del plan regulador costero de Talamanca, así validado por la resolución ambiental 025-2023 de la SETENA, establece una serie de pautas para el desarrollo de la ocupación sostenible de la Zona Marítimo Terrestre.

Por lo anterior se anexa al Reglamento de Zonificación del Plan Regulador Costero de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) del distrito de Cahuita, cantón de Talamanca lo siguiente:

1- Sobre la Zona Publica: Para determinar la formalidad de la ocupación, o si las mismas existen desde antes de la promulgación de la Ley de la Zona Marítima terrestre y que las condiciones actuales las colocan en la zona publica, y cuando exista Duda razonable por lo que se puede tratar de reconstruir la referencia histórica de la línea costera para determinar la condición.

1.1 Coordinar con catastro y registro nacional para verificar la existencia de algún documento histórico que colocan a dichos predios en una condición diferente siempre y cuando logre determinar que algún momento tuvo algún derecho y ver la existencia histórica de planos. Así como ver los elementos históricos disponibles y la titulación existente en algunos predios en zona pública.

1.2 En la zona pública se desarrollarán proyectos de preservación de la cultura Afrocostarricense de Talamanca, pudiendo establecer museos en edificaciones existentes de carácter patrimonial declarado por la Municipalidad, paseos culturales afro, así como cualquier otra actividad que sirva para la promoción, fortalecimiento y reconocimiento de los aportes de la cultura afrodescendiente.

1.3 En relación al reconocimiento del legado y aporte histórico de la cultura afrodescendiente del cantón de Talamanca, quienes formaron los poblados actuales, se procederá con la tramitología requerida para devolver a dichas comunidades sus nombres originarios, así como a las calles y avenidas que forman parte del Zona de vialidad, el reconocimiento de sitios históricos.

1.4 El ordenamiento y recuperación de la zona de viabilidad que se encuentre invadida u obstruida por alguna estructura, la municipalidad condicionará el otorgamiento de concesión al poseedor del predio de donde se esté incumpliendo con el respeto del ancho del derecho de vía. Siendo obligación de los poseedores de predios frente a calle publica la construcción de acera y cordón de caño bajo las recomendaciones de la Municipalidad de Talamanca.

2- Sobre el manejo de los residuos sólidos y residuos valorizables (reciclaje): Que los negocios cuenten con un programa de manejo de residuos tal y como lo establece la normativa. Le corresponderá al Ministerio de Salud como ente rector velar porque cada negocio cuente con este programa y lo aplique de manera tal que cumpla con cada una de sus obligaciones.

2.1 La Municipalidad implementará y presentará al Ministerio de Salud un protocolo de cumplimiento y seguimiento por parte de los establecimientos comerciales.

2.2 La municipalidad verificará a través del departamento ambiental el cumplimiento de los establecimientos comerciales de la implementación del programa de manejo de residuos, cuando corresponda se les realizará el debido proceso para el cumplimiento de la normativa.

2.3 Los concesionarios de las zonas costeras donde se aplica el plan regulador deberán cumplir con las responsabilidades establecidas en la Ley 8839 y su reglamento, así como con las responsabilidades establecidas en el reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Talamanca (Respetar horarios de recolección de residuos sólidos ordinarios, almacenar temporalmente los residuos generados de tal forma, que no causen ningún impacto ambiental y/o riesgo a su salud o de otras personas de la comunidad, en las zonas, donde la Municipalidad ofrece el servicio de recolección separada de materiales valorizables ya sea directamente o bien a través de algún ente autorizado, los mismos tienen que ser separados desde su generación y puestos por separado al servicio de la recolección, etc.)

2.4 La municipalidad realizará campañas de reciclaje y campañas de sensibilización para el buen manejo de residuos.

3- Sobre las aguas residuales: La Municipalidad de Talamanca dispone lo siguiente:

3.1. Para los nuevos proyectos exigirá sistemas de tratamiento de aguas residuales basados en la condición hidrogeológica del sitio de acuerdo al estudio hidrogeológico del Plan Regulador, y de acuerdo al tamaño del proyecto a desarrollar, su nivel de impacto de cobertura y densidad, así mismo de ser necesario la SETENA determinará el proceso de evaluación ambiental que se requiera y si el mismo incluye una caracterización hidrogeológica.

3.2. En los proyectos menores de 500 metros cuadrados no se solicitará licencia ambiental, con excepción de las áreas que estén en alta vulnerabilidad hidrogeológica y alta recarga. En ningún caso la Municipalidad no permitirán la construcción de tanques sépticos regulares, únicamente tanques sépticos de doble fase para todos los usos permitidos en las zonificaciones ya establecidas. Salvo proyectos de alto volumen como hoteles y otros que requerirán sistemas de tratamiento que se determinarán por medio de los estudios de impacto ambiental y cualquier otro requerido por las instancias competentes.

3.3. En el caso de las construcciones ya existentes y que no cuentan con tanques sépticos de doble fase, la Municipalidad de Talamanca dará un plazo hasta de 18 meses constados a partir del otorgamiento de la concesión para que el concesionario ajuste el tanque séptico a las condiciones de doble fase.

4) Sobre la conservación de los rasgos culturales: En materia de construcciones se incorporará en los requisitos de los permisos de construcción para que las nuevas construcciones, que estas presenten elementos de acabado y diseños vernáculos propios de la cultura afrodescendiente como pueden ser los colores de las paredes, estilos de techos, ventanas y precintas, a efectos de no contrariar el entorno sociocultural del entorno.

4.1. Se incentivará a los concesionarios de predios con construcciones existentes, que incluyan algunas de las disposiciones dictadas en el párrafo anterior, cuando soliciten permisos de reparación o remodelación.

4.2. De igual forma la municipalidad mediante la emisión de una disposición basada en el Reglamento de Desarrollo Sostenible Artículo 24. Paisaje, establecerá las condiciones o características del levantamiento de muros de concreto o malla en la zona restringida, procurando la combinación de elementos vivos con el material que el concesionario defina.

5- Sobre los paseos turísticos: La municipalidad habilitara La ruta vieja de Puerto Viejo - Manzanillo, el camino a la desembocadura del rio Hone Creek y el área del antiguo muelle en Cahuita, para integrar un paseo de movilidad activa como proyectos posteriores a la implementación del plan regulador. Y la municipalidad estará evaluando la apertura de otras.

5.1. Mejorar la superficie y las condiciones de movilidad.

5.2. Prohibir el tránsito vehicular mediante la colocación de bolardos o similares, que permita únicamente el paso peatonal o en bicicleta.

5.3. Garantizar el acceso y uso de la zona pública.

6- La municipalidad deberá instrumentar una herramienta para la aplicación y gestión de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 9242.

6.1. El Concejo Municipal instruirá a la administración que elabore un estudio donde determine cuáles son los ocupantes con construcciones en la zona restringida que no cumplen con lo establecido en el Plan Regulador; junto con las características de cada caso, entiéndase: área de terreno, porcentaje de cobertura, uso actual, condición de patente, densidad de habitaciones por hectárea, retiros y altura.

6.2. La administración presentará al Concejo Municipal un Plan de trabajo para realizar dicha labor en un plazo no mayor a un mes.

6.3. La administración desarrollará el estudio en un plazo no mayor a los 4 meses.

6.4. Una vez estudiada la situación y teniendo el listado de los ocupantes y las características de las distintas construcciones, se deberá desarrollar el protocolo para la aplicación y gestión de lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 9242, para lo cual se tendrá un plazo no mayor a 2 meses.

6.5. A partir de la publicación del protocolo se deberá proceder a prevenir a los interesados como lo indica la Ley 9242.

7- La municipalidad emitirá un reglamento que regule el traspaso de concesiones y la constitución de predios en condominio.

7.1. Crear una unidad de gestión del Plan Regulador a cargo de, entre otras cosas, tramitar las solicitudes de concesión, llevar el registro de las concesiones que se vayan otorgando y el control de estas.

7.2. La unidad de gestión también llevará control de las concesiones que se encuentren desarrolladas bajo el régimen de condominios.

7.3. La unidad de gestión formulará los protocolos de funcionamiento de sus diferentes operaciones y la tramitología que deberán seguir los interesados.

8- En relación al abastecimiento de agua potable, responsabilidad del AyA, la Municipalidad de Talamanca, con recursos provenientes del Canon reservara recursos para la implementación de un convenio de cooperación con el AyA a efectos de apoyar a dicha institución en garantizar el abastecimiento de agua potable en las comunidades costeras.

8.1. Se verificará la disponibilidad de agua que emita el AyA para nuevas construcciones.

8.2. Fomentar permanentemente el uso racional del agua mediante programas de sensibilización dirigidos a la población local y flotante.

8.3. Se procurará que los dueños de piscinas no utilicen el servicio regular de suministro de agua potable para el llenado de las mismas.

8.4. Gestionar la conformación de un Concejo Local en base a la Ley de la Biodiversidad para la conservación y vigilancia y protección de los cuerpos de agua superficiales y denunciar prácticas indebidas o fugas en los sistemas de distribución de agua potable.

Consejo que deberá ser conformado por la Municipalidad, 8 habitantes de las comunidades costeras, Acueductos y Alcantarillados, dirección de aguas del SINAC. Ciudad de Bribrí, Talamanca, 29 de setiembre de 2023.

P/ Concejo Municipal

Yorleni Obando Guevara

Secretaria

Instituto Costarricense de Turismo

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo”

Los accionantes alegan que el Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, publicado el 5 de octubre de 2023 en el Alcance N° 193 a La Gaceta 183, toma como base el Plan General de Manejo del REGAMA, sus mapas de zonificación, y reproduce las afectaciones y omisiones descritas para éste en cuanto al área boscosa, humedales y hace una delimitación desactualizada del Área Silvestre Protegida. El plan regulador no considera parte del refugio las zonas de bosque (Patrimonio Natural del Estado) que la Sala Constitucional ordenó proteger en el voto 12745-2019, sino de la Zona Marítimo Terrestre bajo administración municipal, lo que permitiría otorgarlas en concesión y permisos de uso en la zona restringida y el desarrollo de actividades perjudiciales a los ecosistemas. Al basarse en el Plan General de Manejo, la identificación de polígonos con humedales no toma en consideración criterios técnicos que le den sustento científico, y deja varios polígonos con humedales en la zona marítimo terrestre. La discrepancia entre la delimitación original del Refugio de Vida Silvestre, el mapa reconocido bajo la Convención Ramsar, y los mapas de zonificación utilizados en el Plan General de Manejo y el Plan Regulador Costero dejan “en indefensión” varios de los polígonos con humedales en la Zona Marítimo Terrestre. Indican que la aprobación precipitada y viciada tanto del Plan Regulador de Caribe Sur como del Plan de Manejo del REGAMA, obedece a una evidente falta a principios de objetivación ambiental y precautorio, cuya atención es fundamental en casos como este.

La Procuraduría General de la República señala que, por resolución 31756-2023 de las 9:30 horas del 7 de diciembre de 2023, la Sala Constitucional acogió el recurso  de amparo respecto a la Municipalidad de Talamanca y anuló la audiencia pública que llevó a cabo el 4 de agosto de 2023 para informar a las comunidades del Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre de Cahuita (que incluye los sectores costeros de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo), a la que el Concejo Municipal ordenó convocar en la sesión ordinaria N° 161 del 21 de junio de 2023, y ordenó al Alcalde y presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Talamanca, en el plazo de tres meses, se programe una nueva audiencia pública para el proyecto del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca y se convoque con la debida antelación, a los miembros de la [...]”. (Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi “ADI Keköldi). Al anular  la Sala Constitucional la audiencia pública realizada el 4 de agosto de 2023, el Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre de Cahuita quedó insubsistente, y su impugnación en esta sede es anticipada. Agrega que así lo señaló la Sala Constitucional en el voto 324-2024, de las 9:15 horas del 10 de enero de 2024, que resolvió otra acción de inconstitucionalidad planteada contra el Plan Regulador Costero de Talamanca -distrito Cahuita-. Allí se indicó que, según lo dispuesto en la sentencia 2023-31756 el objeto de impugnación no había sido debidamente aprobado y carecía de toda validez, por lo que no resulta admisible el control de admisibilidad del mismo por prematuro. Relativo al tema de humedales, señala que en la sentencia 3954-2024, de las 9:30 horas del 16 de febrero de 2024, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso el recurso de amparo, y ordenó a la Directora Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe del SINAC,“concluir, en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, el trámite para complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con la “Caracterización y delimitación de humedales en la  zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” de junio de 2021”. A la vez, ordenó al alcalde y presidente del Concejo Municipal de Talamanca, al jefe del Departamento de Urbanismo, y al encargado de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de ordenamiento Territorial, ambos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, “disponer lo necesario para incorporar la actualización arriba mencionada en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca”. Como no ha concluido el plazo que dio la Sala para complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con la “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” de junio de 2021 e incorporar esa actualización en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca, la acción de inconstitucionalidad resulta prematura.

El ministro de Ambiente y Energía y el director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación: solicitan se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad en todos sus extremos con fundamento en los argumentos consignados en el acápite referido al Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo.

El Instituto Costarricense de Turismo: señala que el “Plan Regulador Costero de Talamanca-Distrito Cahuita” se planificó solamente para la zona marítimo terrestre. Por ello, no se incluyeron las áreas clasificadas y certificadas como Patrimonio Natural del Estado que estuvieran vigentes al momento de su elaboración; no se incluyeron las Áreas Silvestres Protegidas de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 73 de la Ley de la ZMT. Igual sucedió con las áreas definidas como territorios indígenas que se intercepten con los 200 metros del frente costero, según la información facilitada por el INDER en su momento -Acuerdo de Sesión Ordinaria Presencial N° 6268, Apartado 1 “Generalidades”, Artículo 5 “Propuestas de la Gerencial General”, inciso III, realizada por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo el 11 de setiembre de 2023, comunicada por Oficio SJD-309-2023-. En general, los planes reguladores se construyen sobre la información oficial disponible en un momento dado (como PNE, mojones, PN, entre otras capas de información disponible al momento). No obstante, son mutables, puesto que si en el futuro la información de base varía por la razón que sea (nuevos mojones, ampliación de límites de un parque, cambio en la clasificación de Patrimonio Natural del Estado, incluyendo humedales), la zonificación del plan regulador podrá ajustarse a esta nueva condición. Para ello hay un capítulo en el manual de planes reguladores costeros, donde la municipalidad es la encargada de aplicar el procedimiento

3) La Directriz No.09-2023 del ministro de Ambiente y Energía, de 17 de agosto de 2023, que dispone:

“El MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGIA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 inciso 8) de la Constitución Política; las atribuciones que le confieren los artículos 25 inciso 2), 28 inciso 1) y 2) acápites a) y j), 99 y 100 de la Ley General de la Administración Pública No.6227; y numerales 1 y 7 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente y Energía, Decreto Ejecutivo No.35669-MINAE y el Principio de Coordinación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que de conformidad con el artículo 28 inciso 1) y 2) acápite a) de la Ley General de la Administración Pública No.6227, corresponde exclusivamente al Ministro del Ambiente y Energía, como órgano jerárquico superior, dirigir y coordinar todos los servicios del Ministerio.

SEGUNDO: Que de conformidad con la Directriz 1-2022 y DM-494-2023 del 28 de junio, 2023, el criterio oficial de la Dirección de Asesoría Jurídica institucional es único y oficial, para efectos de uniformar la posición legal del Ministerio de Ambiente y Energía, el cual se encuentra incorporado en esta disposición.

TERCERO: Que los artículos 27 y 28 de la Ley General de Administración Pública, en relación con el numeral 140, inciso 8, de la Constitución Política, le atribuyen al Ministro la responsabilidad por el buen y eficiente funcionamiento de los servicios administrativos bajo su despacho. Esta disposición constituye el Principio de Coordinación, que es un eje ordenatorio de la organización y actividad administrativa, que debe conceptualizarse como uno de los principios rectores de la función y organización administrativas, conexo con los principios de eficiencia y eficacia, el alcanza aún a los órganos desconcentrados, como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. CUARTO: Que se hace necesario aclarar y uniformar el criterio de aplicación de varios instrumentos legales que regulan en forma general y específica el accionar de la administración del Área de Conservación la Amistad Caribe, con énfasis en el cantón de Talamanca.

POR TANTO, se emite:

DIRECTRIZ DIRIGIDA A LA DIRECCION Y FUNCIONARIOS SOBRE EL ALCANCE DE INSTRUMENTOS LEGALES QUE REGULAN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE, CON ENFASIS EN EL CANTÓN DE TALAMANCA.

PRIMERO: La Certificación sobre Patrimonio Natural del Estado (C-PNE) que emite el Sistema Nacional del Áreas de Conservación (SINAC), no es un acto declaratorio de derechos, sino un acto de constatación. El Patrimonio Natural del Estado, no es declarado a través de las Certificaciones sobre el Patrimonio Natural del Estado (C-PNE), ya que el SINAC únicamente corrobora en campo si existen elementos constitutivos de este régimen demanial, y es a través de las certificaciones que se pronuncia sobre dicha constatación debido a las competencias inmersas en la normativa, específicamente el artículo 16 de la Ley Forestal No.7575.

SEGUNDO: La Certificación sobre Patrimonio Natural del Estado (C-PNE) será emitida por el Director del Área de Conservación. Una vez emitida la Certificación, ésta no podrá ser modificada por otro funcionario de rango inferior, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No.36786-MINAE, vigente desde el 11 de noviembre, 2011.

TERCERO: Que se encuentra en revisión la Directriz SINAC-IRT-001-2016; que contempla un proceso para modificar, ampliar o complementar las Certificaciones de Patrimonio Natural del Estado (C-PNE) que efectúa el Sistema Nacional del Áreas de Conservación. Al respecto se emitió el criterio jurídico SINAC-SE-AJ-CJ-49 del 13 de octubre, 2022 del Área Jurídica del SINAC, que aclara la naturaleza de las Certificaciones de Patrimonio Natural del Estado que efectúa el Sistema Nacional del Áreas de Conservación, siendo este criterio legal el que debe observarse ante cualquier duda sobre alguna Certificación (C-PNE) emitida, mientras se concluye la revisión de la Directriz SINAC-IRT-001-2016. Se deberá establecer la coordinación con la Jefatura del Departamento Legal del SINAC, de la Secretaría Ejecutiva.

CUARTO: El documento SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, del 30 de junio, 2017, suscrito por el Director Regional Ing. Edwin Cyrus Cyrus, Certifica la Delimitación del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca. Esta Certificación, fue emitida conforme a los lineamientos técnicos y legales y es el documento con carácter oficial, siendo el único vigente, a la fecha.

QUINTO: El documento insumo técnico denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” del 13 de junio, 2021, no ha sido aprobado por la Dirección Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe para utilizarse como un documento de alcance general. Este es un insumo técnico, de carácter interno que no ha finalizado con el proceso para su validación y oficialización por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación del Sistema Nacional del Áreas de Conservación, conforme al artículo 6 del Decreto Ejecutivo No.42.760-MINAE, Criterios Técnicos para la ubicación, identificación, clasificación y delimitación de ecosistemas de humedal. Por consiguiente, no es un documento oficial, ni podrá ser utilizado para emisión de actos administrativos oficiales.

SEXTO: La Ley de Zona Marítimo Terrestre, Ley No.6043 en su artículo 73 excluye de su ámbito las Áreas Silvestres Protegidas y las sujetas a su propia legislación. El resto de las áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de los litorales estarán bajo la administración del Ministerio de Ambiente y Energía/SINAC y se rigen por su normativa específica (Ley Forestal, artículo 13 y concordantes) y el Voto de la Sala Constitucional 4587-97. SÉTIMO: Los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son los establecidos en la Ley No.9223, Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, vigente desde el 8 de abril, 2014. No existe ninguna modificación posterior que haya sido emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía.

OCTAVO: Las zonas urbanas que fueron segregadas del Refugio de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo pasarán a jurisdicción de la Municipalidad de Talamanca, conforme al voto constitucional No.2019-012745.

NOVENO: El Plan Regulador Costero de la Zona de Talamanca, cuenta con la Viabilidad Ambiental emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del MINAE. Una vez que el mismo entre en vigencia, la zonificación establecida bajo este Plan será de competencia Municipal. El Plan Regulador Costero es el instrumento legal y técnico de planificación y por el carácter normativo que tiene, es obligatoria su aplicación una vez puesto en vigencia (PGR- Dictámenes C-070-93 del 20 de mayo de 1993 y C-181-94 del 23 de noviembre, 1994, C- C-254-2012 del 5 de noviembre, 2012).

DÉCIMO: Los documentos de carácter interno que no cuenten con la oficialización que le corresponde, no pueden ser utilizados como tales, siendo responsable el funcionario que haga un uso indebido y genere expectativas de derecho, que son improcedentes.

DÉCIMO PRIMERO: Las disposiciones expuestas son de aplicación obligatoria para la Dirección y funcionarios del Área de Conservación La Amistad Caribe, a partir de su notificación. Franz Tattenbach Capra Ministro”

Los accionantes alegan que la Directriz N° 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía se impugna porque “desacredita” (considerando quinto), el informe denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca”, calificándolo como no oficial, sin que el SINAC haya implementado estudios técnicos fidedignos en sustitución del informe que desaplica e impulsando la aprobación del Plan de Manejo y el Plan Regulador sin éstos. Indican que la desprotección de los humedales, contradice el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que consagra el artículo 50 constitucional, el principio precautorio, el de reserva de ley y la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención Ramsar), aprobada por Ley 7224 de 1991, artículos 2 y 4. También se objeta el considerando sétimo de la Directriz N° 09-2023-MINAE, que dispone que los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo  son los establecidos en la Ley N° 9223,”Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, de 8 de abril de 2014, y no hay ninguna modificación posterior emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía. Esto incumple lo ordenado por la Sala Constitucional en la sentencia 12745-2019 y sobrepasa las competencias del Ministerio del Ambiente y Energía respecto al rechazo de los estudios técnicos para delimitar el refugio de vida silvestre en cuestión, afectando el Patrimonio Natural del Estado.

La Procuraduría General de la República argumenta que los lineamientos girados en los considerandos quinto y sétimo de la Directriz N° 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía se oponen a lo resuelto por la Sala Constitucional en las sentencias 12745-2019 y 3954-2024, las que prevalecen. En el particular, sería admisible el reproche de inconstitucionalidad, en lo que hace a la protección efectiva Patrimonio Natural del Estado (REGAMA, áreas de bosque y humedales), con infracción al derecho sano y ecológicamente equilibrado y los principios de objetivación de la tutela ambiental, precautorio, preventivo y la Convención sobre humedales (Ramsar), artículos 2 y 4; y 7, 48 y 50 de la Constitución Política. La sentencia 12745-2019, se dijo, anuló la Ley 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (por reducir la superficie del refugio sin los debidos estudios técnico-científicos que descarten el daño ambiental, ni hacer compensación del área) y ordenó al SINAC delimitar el área dentro de los doce meses siguientes a su publicación. En este aspecto no puede aseverarse que los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son los que estableció dicha Ley; hay incerteza en cuanto a su delimitación. Además, la sentencia 3959-2024, declaró con lugar el recurso de amparo contra el SINAC y otros, por omitir el Plan Regulador Costero los humedales enlistados en el informe denominado “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca”, de junio de 2021, transgrediendo el derecho fundamental del artículo 50 de la Constitución y, en aplicación del principio precautorio, ordenó a la directora regional del Área de Conservación La Amistad Caribe del SINAC, complementar la certificación del Patrimonio Natural del Estado con ese informe, dentro del plazo de tres meses, así como al INVU, en la persona de los jefes del Departamento de Urbanismo y al encargado de Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento, y a la Municipalidad de Talamanca, en la del alcalde y presidenta del Concejo, disponer lo necesario para incorporar esa actualización en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca. La Directriz del Ministerio del Ambiente y Energía que desaplica el mencionado informe para futuras actuaciones se contrapone a lo ordenado por la Sala Constitucional. Agrega que, conforme a lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, la sentencia que declara procedente un recurso de amparo es ejecutable desde el momento de su dictado. Además, las sentencias de la Sala Constitucional son vinculantes erga omnes y producen cosa juzgada; “prejuzgan sobre los extremos de constitucionalidad” y “tienen potencia constitucional para imponerse sobre las decisiones de otras instancias y resistencia constitucional para no ser modificadas o anuladas por resoluciones de otras jurisdicciones” o administrativas. En conflictos entre resoluciones, “es indiscutible que las decisiones constitucionales deberán imperar”. (Sala Constitucional, resolución 22207-2021). Por lo anterior sostiene que los lineamientos girados en los considerandos quinto y sétimo de la Directriz N° 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía se oponen a lo resuelto por la Sala Constitucional en las sentencias 12745-2019 y 3954-2024, las que prevalecen. Estima que sería admisible el reproche de inconstitucionalidad.

IV.- SOBRE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA AMBIENTAL. Concerniente a los principios preventivo y precautorio, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Sala precisó:

“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)”

Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación del ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza, pues plausiblemente debe involucrar un peligro serio, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados. En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente  lo que desnaturalizaría su razón de ser, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:

“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas”

El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006, en la que se lee:

“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.

Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece:

“(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.

En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:

“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible”

Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.

En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.

Concerniente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.

Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020) , tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos.

Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, e la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Baraona Bray vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:

“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”200. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental201. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental202”.

Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).

En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.

El principio in dubio pro natura, entonces, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio-, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018).

Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)

De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.

Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:

“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”. En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

V. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS HUMEDALES. Adicionalmente a lo dicho anteriormente, Costa Rica suscribió la denominada "Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", llamada también "Convención de Ramsar" (firmada en Ramsar el 2 de febrero de 1971). En su artículo 4 se establece: "Cada parte contratante fomentará la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas creando reservas naturales en los humedales, estén o no inscritos en la " Lista ", y atenderá de manera adecuada su manejo y cuidado...". La Convención define a los humedales como: "extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros". Los humedales se encuentran formados por una serie de componentes físicos, biológicos, químicos, que corresponden a suelos, agua, especies animales y vegetales y nutrientes. Los procesos que se producen entre estos componentes y dentro de cada uno de ellos, permite que el humedal realice ciertas funciones, positivas en la zona en que se ubica, tales como el control de inundaciones y la protección contra fenómenos naturales como las tormentas. Genera también productos en beneficio de las personas y de la sociedad en general, tales como: mantenimientos de la vida silvestre, pesquería y recursos forestales. La importancia de los humedales estriba, entonces, en el sostenimiento de gran cantidad y variedad de especies, con impactos socioeconómicos favorables para ciertos sectores de la población que se dediquen a una explotación racional y la aparición de un singular paisaje identificable plenamente por su gran belleza y diversidad en cuanto a la vida silvestre que forman parte de su patrimonio cultural, fuente importante para el turismo de un país o región. Al respecto se ha pronunciado este Tribunal, en el siguiente sentido, en la sentencia No. 2013-7934 de las 9:05 horas del 14 de junio de 2013, reiterada en la sentencia No.2024-3959 de las 9:30 horas del 16 de febrero de 2024.:

“V.- Sobre la protección a los humedales. Esta Sala se ha referido a la relevancia de estos ecosistemas y su protección, en las sentencias 2001-12817 de las 10:28 horas del 14 de diciembre del 2001 y 2007-6246 de las 19:30 horas del 8 de mayo del 2007, entre otras, señalando que los humedales son considerados como los ecosistemas más productivos del mundo. En Costa Rica, el artículo 40 de la Ley Orgánica del Ambiente los ha definido como: “Ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o salados, incluyendo extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas o arrecifes, o en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea baja”. Sobre la importancia de estos ecosistemas, en la resolución No. 2009-014288 de las 15:19 horas del 09 de setiembre de 2009, este Tribunal señaló:

“La importancia de los humedales no lo es sólo en función de la biodiversidad y de las que se desarrollan a escala ecológica, sino porque proveen de funciones de apoyo y productos esenciales para las comunidades humanas en el mundo en desarrollo e industrializado.

Según la doctrina y estudios científicos, el término humedales comprende una gran variedad de ecosistemas, con características muy distintas, se pueden clasificar en siete unidades paisajísticas: estuarios, costas abiertas, llanuras de inundación, pantanos de agua dulce, lagos, turberas y bosques de inundación; o en humedales de agua salada, de agua dulce o humedales artificiales. Cada uno está formado por una serie de componentes físicos, químicos y biológicos, tales como suelos, agua, especies de animales, vegetales y nutrimentos. Los procesos entre estos componentes y dentro de cada uno de ellos, permiten que el humedal desempeñe funciones, como el control de inundaciones y la protección contra tormentas, y que se generen productos, como la vida silvestre, pesquería y recursos forestales, purifican el agua y estabilizan la línea de la costa. No todas las características están presentes en cada humedal, pocos desempeñan todas las funciones de la misma manera.

 Además, presentan atributos muy valiosos como la diversidad biológica y la singularidad del patrimonio cultural. Es la combinación de estas funciones, productos y atributos de los ecosistemas la que hace que los humedales sean importantes para la sociedad. Mediante el almacenamiento de las precipitaciones y la liberación uniforme de la escorrentía, los humedales pueden disminuir la embestida destructiva de las crecidas y los ríos, por lo que la conservación de los depósitos naturales puede evitar la construcción de presas y embalses. Su vegetación puede estabilizar la línea costera mediante la reducción de la energía de las olas, corrientes u otras fuerzas de erosión, al mismo tiempo que con las raíces de las plantas, sostiene los sedimentos del fondo en su lugar, lo que puede prevenir tanto la erosión de valiosas tierras agrícolas o habitadas, como el daño a la propiedad. Los humedales que remueven nutrientes, mejoran la calidad del agua y ayudan a prevenir la eutrofización, lo que puede evitar la necesidad de construir sistemas de tratamiento del agua. Por otro lado, muchos sostienen la vida de densas poblaciones de peces, ganado o vida silvestre, que se alimentan de sus aguas ricas en nutrientes o de su sustrato, o bien comen en sus exuberantes pastizales. Los ciclos hidrológicos, de nutrientes y de materia, y los flujos de energía de los humedales, pueden estabilizar las condiciones climáticas locales, en particular, las precipitaciones y las temperaturas, lo que influye tanto en las actividades agrícolas como en aquellas basadas en los recursos naturales, como en la estabilidad de los ecosistemas naturales y en el mismo humedal. Coadyuvan además en la recreación, pesquerías, recurso agrícola y el turismo, así como en el aprovechamiento directo de los recursos forestales que generan en un importante número de bienes, que van desde leña, madera para la construcción y corteza,

entre los productos maderables, hasta resinas y medicinas, que son productos forestales “secundarios´ no maderables. Son incluso importantes como reserva genética de ciertas especies vegetales -como el arroz-.”

Varios instrumentos internacionales, entre los que destaca la Convención sobre los Humedales o Convención de Ramsar, suscrita por nuestro país según Ley No. 7224 el 9 de abril de 1991 y publicada en La Gaceta el 8 de mayo de ese mismo año, se ocupan de su protección. En la Convención de Ramsar, el humedal es definido como: “Extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. La Convención proclama el deber de los Estados de proteger -en aras no solamente de sus propios intereses, sino de intereses internacionales- estos ecosistemas, por lo que los países tienen la obligación de desarrollar políticas nacionales tendentes a la conservación de estos ambientes en sus políticas del uso de la tierra. En cuanto a las obligaciones adquiridas por los países signatarios, que son de diversa índole, se encuentra la designación de al menos un humedal de importancia internacional para ser incluido en la Lista de Sitios Ramsar, cuya selección deberá basarse en su interés internacional desde el punto de vista ecológico, botánico, zoológico, limnológico o hidrológico, por lo que es un compromiso referido a la protección de sitios específicos (artículo 2). Además, se adquieren obligaciones no relacionadas con sitios específicos, como elaborar y aplicar sus planes de gestión de forma que favorezcan el uso racional de los humedales de su territorio (artículo 3). También se obliga a fomentar la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas creando reservas naturales en los humedales, estén o no inscritos en la Lista” (artículo 4). Por último, los países firmantes deben coordinar sus políticas y regulaciones relativas a la conservación de los humedales, de su flora y de su fauna (artículo 5). Así, las partes instauran un sistema de protección de las zonas húmedas, en primer lugar a través de una lista de humedales de importancia internacional (sitios Ramsar), y en segundo lugar, procurando el uso racional de todos los humedales en su territorio. Asimismo, en los “Lineamientos para la Aplicación del Concepto de Uso Racional de la Convención”, adoptados por la Recomendación 4.10, se indica que “las disposiciones sobre el uso racional se aplican a todos los humedales y a los sistemas que los sustentan dentro del territorio de una Parte Contratante, tanto los incluidos en la Lista, como todos los demás.” Según la Secretaría de la Convención de Ramsar, la Política Nacional de Humedales debe contemplar como objetivo: “Evitar nuevas pérdidas de los humedales que aún existan y alentar la rehabilitación de los humedales del país manteniendo su integridad, conservando su diversidad genética y velando por que su disfrute y aprovechamiento económico sean sostenibles.” Y debería “abarcar todos los tipos de humedales”. Es claro entonces que según la Convención de Ramsar, todo ecosistema que reúna las características de humedal, debe ser utilizado de forma racional y sostenible en los términos que la Convención y la Conferencia de las Partes han definido.” (ver sentencia No. 2013-7934 de las 9:05 horas del 14 de junio de 2013, reiterada en la sentencia No.2024-3959 de las 9:30 horas del 16 de febrero de 2024).

En nuestro país, son áreas que forman parte del patrimonio natural del Estado y pertenecen a la zona pública. La ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, respecto de los manglares y esteros dispone:

“Artículo 11.- Zona pública es también, sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional”.

Las municipalidades administran la zona marítimo terrestre, que incluye tanto la zona pública como la zona restringida. No obstante, los manglares están excluidos de esa administración, aunque se ubiquen en dichas áreas, ya que competen al MINAE, según la Ley Forestal:

“Artículo 13.- Constitución y administración

El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio.

El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por medio de la Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado.

Las organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o del erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre de este.”

Artículo 18.- Autorización de labores

En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro del Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley.”

Así lo consigna el Reglamento de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, en el artículo 4 y el artículo 2, inciso 23) del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre:

“Artículo 4º.- De acuerdo con el decreto Nº 7210-A de 19 de julio de 1977, los manglares o bosques salados que existen en los litorales continentales o insulares y esteros del territorio nacional, y que forman parte de la zona pública en la zona marítimo terrestre, constituyen Reserva Forestal y están afectos a la Ley Forestal y a todas las disposiciones de ese decreto. Partiendo de la línea de vegetación a la orilla de los esteros y del límite de los manglares o bosques salados cuando éstos se extiendan por más de 50 metros de la pleamar ordinaria, comienza la zona restringida”.

“23) MANGLAR: Ecosistema dominado por grupos de especies vegetales pantropicales y típicamente arbóreas, arbustivas y vegetación asociada, las cuales cuentan con adaptaciones morfológicas, fisiológicas y reproductivas que permiten colonizar áreas sujetas al intercambio de mareas. El paisaje general está dominado por la presencia de bosques de diferentes especies de mangle, esteros y canales. Las concentraciones de salinidad varían según la estación climática y al aporte de aguas continentales encontrándose valores de concentración de sales desde muy bajos hasta muy altos”.

De este modo, el Patrimonio Natural del Estado es un bien jurídico, definido e individualizado en nuestro ordenamiento jurídico.

VI.- SOBRE EL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE MIXTO GANDOCA MANZANILLO. ANTECEDENTES. El Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo, fue creado mediante decreto ejecutivo no.16614-MAG del 29 de octubre de 1985. Luego de su creación, mediante los artículos 3, 4, 5 y 7 del Decreto número 34043-MINAE publicado en La Gaceta número 202 del 22 de octubre de 2007 se pretendió reducir el área del refugio. Este último decreto fue objeto de una acción de inconstitucionalidad, que fue resuelta mediante el voto número 2009-001056 de las 14:59 horas del 28 de enero del 2009, declarándose con lugar la acción y procediéndose a anular dichos artículos, por cuanto, se violentó el principio de reserva legal y el derecho al ambiente. Luego de haberse declarado inconstitucional la reducción del Refugio realizada vía decreto, el día 21 de julio del 2011 fue presentado a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 18.207, para redefinir los límites del refugio. Una vez aprobado en primer debate, es enviado a la Sala Constitucional en consulta facultativa, la cual es resuelta mediante el voto número 2012-13367 del 21 de setiembre del 2012, encontrándose inconstitucional el proyecto de ley consultado, por violación del artículo 50 de la Constitución Política, debido a que la reducción del área del Refugio en cuestión se sustentó en un estudio incompleto al no determinar técnica y científicamente el impacto en el ambiente. Posteriormente, la Comisión de Agropecuarios aprobó moción el 20 de agosto del 2013 para solicitar al SINAC la elaboración del informe técnico ambiental correspondiente, el cual se presentó en ese mismo año. El proyecto fue aprobado y la ley n°9223 entró a regir el 8 de abril del 2014. Contra la referida ley, que contiene un único artículo que redefine los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, se presentó una acción de inconstitucionalidad, resuelta por voto 2019-012745 de las 12:10 horas del 10 de julio de 2019, en el cual, por mayoría, se declara con lugar la acción, anulando la Ley n° 9223 “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” únicamente en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa, conforme lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en sus informes. En virtud de lo anterior, se ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que proceda, dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la publicación íntegra del pronunciamiento en el Boletín Judicial, a delimitar el área antes mencionada y, en conjunto con la Procuraduría General de la República, ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público. 

Partiendo de la premisa de que, la ley n°9223, al redefinir los límites, del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, lo que hace, en realidad, es reducir el área de dicho Refugio, fundamentó la mayoría de la Sala su decisión en las siguientes consideraciones:

“(…) Con base en lo anterior, un área protegida solo se puede reducir si se hace mediante Ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se da una compensación del área suprimida con otra de igual tamaño o en la medida de lo posible.

 Ahora bien, en el caso específico, la Procuraduría General de la República cuestiona que en el informe técnico que sirvió de fundamento a la Ley impugnada, no se justifica adecuadamente la exclusión de 406,32 hectáreas de la Llanura Costera Cocles-Manzanillo que se ordena. Asimismo, no se explica las razones por las que no se excluyeron únicamente los cuadrantes urbanos, sino, además, 188 hectáreas con cobertura de bosque, que quedan excluidas del Patrimonio Natural del Estado, ni forman parte de la Zona Marítimo Terrestre. En el informe remitido mediante oficio número SINAC-DE-0286 del 7 de marzo de 2019, la directora ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación explica que las 188 hectáreas que menciona la Procuraduría General de la República no constituyen un bosque compacto, sino estructuras forestales de tipo bosque que, en su mayoría, se encuentran en propiedad privada. Sobre el particular, la explicación que da la directora ejecutiva resulta insuficiente para descartar la objeción externada por la Procuraduría General de la República, pues del estudio del expediente legislativo y la prueba aportada a los autos, no logra demostrarse fehacientemente que el área antes mencionada efectivamente esté conformada por terrenos de naturaleza privada, ya que, de ser así, no habría razón alguna para que dichos terrenos fueran sometidos a una desafectación. Así, cabe recordar que los únicos terrenos que podrían ser desafectados son aquellos que son catalogados como bienes de dominio público, de ahí que hay una contradicción lógica cuando se sostiene que se trata de inmuebles de naturaleza privada que deben ser desafectados, tal y como lo afirma la autoridad recurrida en su informe. El anterior razonamiento se refuerza con base en lo que preceptúa el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley n.° 7554 de 4 octubre de 1995, cuando dispone lo siguiente:

“Artículo 37.- Facultades del Poder Ejecutivo.  Al establecer áreas silvestres protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, queda facultado para incluir, dentro de sus límites,  las fincas o partes de fincas particulares necesarias para cumplir con  los objetivos señalados en esta ley y para instrumentarlos de acuerdo con el respectivo plan de manejo o crear las servidumbres legales para la protección ecológica y el cumplimiento de la presente ley.

Cuando se trate de parques nacionales, reservas biológicas o refugios nacionales de vida silvestre estatales, los terrenos serán adquiridos por compra, expropiación o ambos procedimientos, previa indemnización. En los casos de reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre mixtos y humedales, los predios o sus partes también podrán comprarse o expropiarse, salvo que, por requerimiento del propietario, se sometan voluntariamente al régimen forestal. Esa sujeción será inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como una afectación al inmueble, que se mantendrá durante el tiempo establecido en el plan de manejo.

Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos”.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 72, inciso c) de la Ley Forestal, N° 7575 del 13 de febrero de 1996, que a su vez fue reformado por el 114 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788 de 30 de abril de 1998)

No hay que ser un observador muy agudo para concluir que, con base en la normativa legal vigente, las propiedades privadas no son parte del refugio -si las hubiese-, de ahí que resulta un contrasentido el desafectar áreas que son privadas. Estaríamos, pues, ante la existencia de una Ley irracional, si ese fuese el caso.

Ergo, si bien hay un informe técnico que justifica la promulgación de la Ley, lo cierto es que dicho estudio no logra descartar que la desafectación de los terrenos no vaya a provocar un daño al medio ambiente -lo no referente a los cuadrantes urbanos-. Desde una perspectiva lógica y acorde con el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas), lo procedente era disponer únicamente la desafectación de los terrenos que conforman los pueblos que se ubican en la zona -pueblos originarios u otros asentamientos de población- o, eventualmente, excluir otras áreas de dominio público, siempre y cuando se acreditara que no se provocaría una afectación al medio ambiente y se diera la respectiva compensación. En ese sentido, tal y como se externó líneas atrás, no hay claridad sobre los terrenos que contienen bosque -si son parte del Patrimonio Natural del Estado o terrenos privados afectos a las limitaciones que prevé el ordenamiento jurídico ambiental, en cuyo caso era innecesaria la desafectación-, y que la Ley desafectó.  O una de dos: si trata de bienes privados sujetos a las limitaciones ambientales previstas por la legislación, la desafectación está demás; si se trata de un bien dominio público, la desafectación es insuficiente, porque no hay certeza sobre el no deterioro del ambiente y no se da la respectiva compensación del área. Ante esta duda razonable, lo que corresponde es aplicar el principio de in dubio pro natura, por lo que debe de considerarse a las 188 hectáreas como parte del refugio -bien demanial-, por lo que resulta improcedente su exclusión sin la respectiva compensación. Todo lo anterior, sin lugar a duda, resulta contrario de lo previsto por esta Sala en su jurisprudencia, de ahí que la norma legal impugnada resulte inconstitucional. Empero, la anterior conclusión debe matizarse, en el sentido de que, si hay terrenos privados dentro de esas 188 hectáreas, no es posible, a tenor de lo dispuesto en el numeral 45 constitucional y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vulnerar el derecho de propiedad de sus propietarios. Más aún, las 188 hectáreas forman parte del núcleo central de refugio de vida silvestre, el que está vinculado a un derecho fundamental reconocido a favor de quienes conforman la Nación costarricense -los que fueron, somos y serán-, así como los demás habitantes,  por lo que estamos en presencia de una afectación gravísima al ambiente; máxime que este caso la Ley impugnada no hace la respectiva compensación de área y carece, como se explicó supra, de estudio técnicos para realizar la reducción del citado refugio.

Por otra parte, hay que aclarar que, de conformidad con la información que consta en el expediente, tanto legislativo como el judicial, no toda la normativa legal que se impugna es contraria al Derecho de la Constitución, toda vez que sí resulta procedente la exclusión del refugio de los cuadrantes urbanos -pueblos originarios o personas que incluso estaban ahí antes de que se creara el refugio-, por lo que no tendría sentido hacer una declaratoria de inconstitucionalidad de toda la normativa. Más bien, y para lograr un justo equilibrio entre la protección del ambiente y las necesidades socioeconómicas de las personas, lo procedente es declarar la acción de inconstitucionalidad incoada, anulando de la norma únicamente en lo referente a los territorios comprendidos en la zona boscosa -188 hectáreas-, según lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en sus informes y, por consiguiente, ordenar al SINAC que proceda a delimitar el área antes mencionada. En el caso que se determine de que se trata de bienes de dominio público -no bienes de dominio privado-, el SINAC, en conjunto con el Abogado de Estado, deberá ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público. En lo que atañe a los derechos de propiedad- si se llegasen a determinar- lo que corresponde es que las autoridades competentes impongan a las propiedades las limitaciones de interés social correspondientes en aras de la protección al ambiente.” (voto 2019-012745 de las 12:10 horas del 0 de julio de 2019).

Cabe recalcar que, en la sentencia citada, la mayoría de la Sala determinó que la ley N°9223 no es inconstitucional en cuanto a la exclusión del refugio de los cuadrantes urbanos- pueblos originarios o personas que estaban en ese territorio antes de que se creara el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Sin embargo, al tenerse como acreditada una reducción del refugio que excede los terrenos que corresponden a los supuestos indicados, y que el informe técnico que justifica la promulgación de la Ley, “no logra descartar que la desafectación de los terrenos no vaya a provocar un daño al medio ambiente -lo no referente a los cuadrantes urbanos-.”, declaró la nulidad parcial de la Ley N°9223, “únicamente en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa, conforme lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en sus informes. En virtud de lo anterior, se ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que proceda, dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, a delimitar el área antes mencionada y, en conjunto con la Procuraduría General de la República, ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público.” Tomando en cuenta lo anterior, y la jurisprudencia de este Tribunal que desarrolla las normas y principios constitucionales relativos a la protección del ambiente, procede analizar los cuestionamientos de constitucionalidad planteados en esta acción, sobre el Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, el Plan Regulador Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, y la Directriz N° 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía.

VII.- SOBRE LA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PLAN GENERAL DE MANEJO DEL REFUGIO MIXTO DE VIDA SILVESTRE GANDOCA MANZANILLO. Según el numeral 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, ley N°7554 del 4 de octubre de 1995, el Ministerio de Ambiente y Energía puede establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan, y en las siguientes: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales. Estas categorías de manejo, con excepción de los monumentos naturales -de administración municipal- serán administrados por el Ministerio de Ambiente y Energía. Por otra parte, en Costa Rica, los planes de manejo, son instrumentos de planificación que permiten orientar la gestión de un Área Silvestre Protegida hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación a largo plazo. Se fundamentan en líneas de acción estratégicas a mediano plazo y en objetivos de manejo para los elementos naturales y culturales incluidos dentro del área, así como en la relación de estos últimos con su entorno socio ambiental. Asimismo, son la base para el desarrollo de otros instrumentos de planificación y reglamentación de las Áreas Silvestres Protegidas -artículo 3 inciso p del Reglamento a la Ley de Biodiversidad-. De allí que la elaboración del Plan General de Manejo es indispensable para la gestión de las Áreas Silvestres Protegidas, como se desprende del Reglamento a la ley de Biodiversidad y la Ley Orgánica del Ambiente.

Ahora bien, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, órgano competente para la aprobación de los planes de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas, por resolución 044 del 28 de febrero de 2022, publicada en la Gaceta 39 del 258 de febrero de 2022, correspondiente al resumen ejecutivo del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo, dispuso en su parte considerativa, en lo que interesa:

“DÉCIMO SEGUNDO: Que los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo fueron reducidos mediante la promulgación de la Ley N°9223 publicada en la Gaceta Nº 69 del 08 de abril del 2014, denominada "Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur", instrumento jurídico que desafectó del régimen de área silvestre protegida un área total de 406,52 hectáreas.

DÉCIMO TERCERO: Que la Ley N°9223 fue parcialmente anulada mediante resolución de la Sala Constitucional N° 012745 del 10 de julio de 2019, "únicamente en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa, conforme lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en sus informes", ordenando al SINAC la delimitación de dicha zona y en conjunto con la PGR ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público.

DÉCIMO CUARTO: Que, en total acatamiento de lo ordenado por la Sala Constitucional, el SINAC procedió a delimitar la zona boscosa en el área desafectada por la ley 9223 del RNVS-GM, al respecto se emitió un informe cuyo traslado a la Secretaría Ejecutiva del SINAC se efectuó mediante el oficio N° ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020 y que dentro de sus conclusiones se expresó:

"(.) presenta un uso de suelo muy particular, en el cual predomina la cobertura arbolada y boscosa (233.65 hectáreas). Sin embargo, esta cobertura no cumple en buena parte de la superficie de esta zona, con la definición de "bosque" estipulada en la Ley Forestal 7575 y su Reglamento.

De acuerdo a las mediciones realizadas, se estima que existen hasta 109,5 hectáreas que serían clasificadas como bosque de acuerdo a la Ley 7575. Se debe tomar en cuenta que una porción de estas zonas de bosque se encuentra dentro de la Zona Marítimo Terrestre del área de estudio (esta superficie se estima en 20.1 hectáreas).

Por otro lado, otras 114,5 hectáreas podrían clasificarse como terrenos forestales fuertemente intervenidos, en combinación con especies agrícolas, ornamentales y ocupación humana (.)."

DÉCIMO QUINTO: Que el SINAC debe definir los límites del área boscosa previamente desafectada del RNVS-GM por la ley N° 9223, de tal forma que se reincorporen al área silvestre protegida las zonas boscosas identificadas con base en las conclusiones del informe descrito en el considerando décimo cuarto de la presente resolución.

DÉCIMO SEXTO: Que el CONAC conoció la presente resolución, y mediante el Acuerdo Nº 02 de la Sesión extraordinaria Nº 11-2021 efectuada el 30 de noviembre del 2021, aprobó continuar con el trámite para la publicación y oficialización del presente plan general de manejo, mismo que rige para el área del refugio establecida de previo a la anulación parcial de la Ley N°9223, exceptuando el área dispuesta en el voto N°012745 del 10 de julio de 2019 de la Sala Constitucional.”

Y, resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: Dada la necesidad y el carácter prioritario de cumplir con las diferentes disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República en cuanto a la oficialización del plan general de manejo RNVS-GM, se acuerda continuar con la publicación del presente documento, mismo que rige para el área del refugio establecida de previo a la anulación parcial de la ley N° 9223 exceptuando el área dispuesta en el voto N° 012745 del 10 de julio de 2019 de la Sala Constitucional. De conformidad a lo anterior, el área geográfica que refleja el presente plan de manejo no representa los límites totales del área silvestre protegida, siendo necesario una vez que se reincorpore el área boscosa desafectada por la ley 9223, efectuar una ampliación del PGM que contemple lo pertinente a dicha área que será restituida al refugio.” (Lo destacado es añadido).

La Sala concuerda con la Procuraduría General de la República, en que una disposición como la analizada, imposibilita que el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA) cumpla su función como instrumento de planificación que orienta la gestión de un área silvestre protegida, hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación a largo plazo, por la falta de una delimitación completa del área geográfica del REGAMA. Es evidente que la falta de definición, identificación y reincorporación de la totalidad de las áreas del Patrimonio Natural del Estado al REGAMA, ordenada por sentencia 12745-2019 de esta Sala, supone un estado de incertidumbre sobre el uso adecuado de los terrenos y plantea conflictos de competencia entre el SINAC y la Municipalidad de Talamanca para su administración. En ese escenario, se genera una afectación importante al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado tutelado en el artículo 50 constitucional, según el cual, es obligación del Estado respetar, garantizar, defender y preservar el ambiente, por lo que las disposiciones de carácter general, como el plan de manejo que aquí se impugna, deben orientarse al cumplimiento de los postulados antes enunciados referentes a los principios de derecho ambiental. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que las áreas silvestres protegidas, según la normativa vigente en nuestro país, son zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, humedales y porciones de mar, que han sido declaradas como tales por representar significado especial por sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la repercusión en la reproducción y otras necesidades y por su significado histórico y cultural. Estas áreas estarán dedicadas a la conservación y protección de la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de los ecosistemas en general. Enfatiza el reglamento a la Ley de Biodiversidad en que son espacios geográficos definidos, declarados oficialmente y designados con una categoría de manejo en virtud de su importancia natural, cultural y/o socioeconómica, para cumplir con determinados objetivos de conservación y de gestión (artículos 58 de la Ley de Biodiversidad y numeral 3 inciso a) de su Reglamento). Coincide la Sala en que una deficiente e inconclusa delimitación del Área Silvestre Protegida implica el riesgo de que la Municipalidad de Talamanca, otorgue concesiones -derechos reales administrativos- sobre las 20,1 hectáreas de terrenos clasificados como bosque y que se ubican dentro de la zona marítimo terrestre - según la delimitación de zona boscosa en el área excluida por la ley n°9223, que señala el oficio N° ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020- citado en la parte considerativa de la disposición impugnada, irrespetando las competencias y características de cada ecosistema y en infracción de los principios preventivo, precautorio y la obligación del Estado de evitar el daño ambiental, así como el mandato constitucional a la coordinación y cooperación interinstitucional para la protección del medio ambiente, derivado del principio pro natura. Es evidente que, si los límites del REGAMA no están definidos en su totalidad, como señala el Plan de Manejo aquí cuestionado, no podrían evaluarse y determinarse cuáles serán los efectos negativos que una actividad, obra o proyecto causará en el ambiente de previo a su ejecución, en el área omitida. Es por ello que el ordenamiento jurídico establece expresamente que el Ministerio de Ambiente y Energía está obligado a realizar la clasificación de los terrenos propiedad del Estado con el objetivo de identificar y delimitar aquellos territorios que constituyan Patrimonio Natural del Estado definidos como bosques y/o terrenos de aptitud forestal, que pasan a ser administrados automáticamente por ese Ministerio y no por las Municipalidades, como parte de sus obligaciones derivadas del numeral 50 constitucional, por lo que la exclusión de aplicación del Plan de Manejo del REGAMA, señalada en su artículo primero, por la falta de delimitación del “área dispuesta en el voto 012745 del 10 de julio de 2019 de la Sala Constitucional”, consignando que “el área geográfica que refleja el presente plan de manejo no representa los límites totales del área silvestre protegida, siendo necesario una vez que se reincorpore el área boscosa desafectada por la ley 9223, efectuar una ampliación del PGM que contemple lo pertinente a dicha área que será restituida al refugio.” constituye una flagrante infracción al derecho al ambiente sano  ecológicamente equilibrado, al principio de objetivación de la tutela ambiental y al principio precautorio.

Es preciso agregar, que en la sentencia 2024026300 de las 13:10 horas del 10 de setiembre de 2024, por mayoría, este tribunal declaró ha lugar a la gestión de desobediencia de la sentencia 2019012745 de las 12:10 horas del 10 de julio de 2019, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“A partir de lo transcrito, se observa que, según la primera orden, al Sinac le corresponde delimitar el área de terrenos comprendidos en zona boscosa. Una vez hecho eso, de acuerdo con la segunda orden, también debe, en conjunto con la Procuraduría General de la República, ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público.

Ahora bien, se informa que el SINAC procedió a emitir el informe ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020 del 7 de noviembre de 2020 (informe de campo sobre la delimitación de la cobertura boscosa, superado y actualizado posteriormente por el estudio técnico dado por oficio de fecha 11 de abril de 2023); procedió a emitir el documento denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca”, del 13 de junio de 2021; procedió a emitir el oficio SINAC-ACLAC-OR-138-2023, que propone los derroteros de los polígonos identificados como áreas de bosque que deben reincorporarse al Refugio, una nueva delimitación de dicha Área Silvestre Protegida e identifica siete bloques de bosque que fueron desafectados con la ley N°9223. Además, según informe SINAC-ACLAC-OR-138-2023, del 11 de abril de 2023 la Comisión conformada remitió la propuesta técnica al Viceministro de Ambiente y Energía. Sin embargo, es lo cierto que se constata la inexistencia actual de la delimitación oficial de los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA) en los términos en que esta Sala ordenó en sentencia n°2019-012745 de las 12:10 horas del 10 de julio del 2019. Esa delimitación debe ser técnica, pero además oficial, cumplir con los trámites necesarios para tenerse como la determinación normativa de los límites del REGAMA, y cumpliendo con la identificación en la materialidad, formal y normativa ordenadas en dicha sentencia.

Tal y como se desprende del escrito del procurador general de la República de 4 de julio de 2024, no existe una delimitación oficial actualizada de los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (Regama), lo cual genera “incerteza técnico jurídica en las acciones para recuperar áreas que integran el Patrimonio Natural del Estado en la sede contencioso administrativa, e incluso para su defensa en los procesos de información posesoria y otros”. Es decir, la Procuraduría General de la República no ha podido cumplir lo de su competencia debido a la inacción del Sinac de delimitar el área correspondiente. De ahí que se verifica una desobediencia relevante a los efectos de esta jurisdicción constitucional.

A partir de lo expuesto, en este momento resulta improcedente que esta Sala se pronuncie sobre los restantes alegatos del gestionante y demás partes apersonadas al proceso, toda vez que, prima facie, se debe disponer el cumplimiento de la primera orden por parte del Sinac, para que, a partir de ese momento y dentro del plazo otorgado, en conjunto con la Procuraduría General de la República, se ejecute la segunda. En lo concerniente a las manifestaciones sobre posibles lesiones al derecho al ambiente sano o a la propiedad, estas deben ser declaradas no ha lugar a los efectos de este expediente, toda vez que en este proceso solo resulta plausible conocer lo relativo de manera directa a la desobediencia a la orden dictada. Lo anterior, sin perjuicio de que, si a bien lo tiene la persona interesada, formule los procedimientos administrativos o los procesos judiciales que estime pertinentes.

III.- En conclusión, dado que la sentencia de fondo nro. 2019-012745 de las 12:10 horas del 10 de julio de 2019 dispuso lo siguiente:

“…se ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que proceda, dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, a delimitar el área antes mencionada y, en conjunto con la Procuraduría General de la República, ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público”.

Al verificarse el incumplimiento de lo dispuesto ut supra, pues no se observa se haya emitido un Decreto con las nuevas delimitaciones, lo procedente es reiterar la citada orden con las demás consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta resolución.”

Y, en consecuencia, dispuso la mayoría de la Sala:

“1) se declara el incumplimiento de la sentencia nro. 2019-012745 de las 12:10 horas de 10 de julio de 2019 y se ordena a David Chavarría Morales y Franz Tattenbach Capra, en sus condiciones respectivas de director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y ministro de Ambiente y Energía, o a quienes ejerzan esos cargos, que dispongan lo necesario, coordinen lo pertinente y tomen las medidas que correspondan dentro del ámbito de sus competencias respectivas, para que, de inmediato, tal resolución sea acatada;

2) se ordena a David Chavarría Morales y Franz Tattenbach Capra, en sus condiciones respectivas de director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y ministro de Ambiente y Energía, o a quienes ejerzan esos cargos, remitir informes mensuales a este expediente sobre el cumplimiento de lo aquí dispuesto;

3) se ordena a Iván Vinicio Vincenti Rojas, en su condición de procurador General de la República, o a quien ejerza ese cargo, que disponga lo necesario, coordine lo pertinente y tome las medidas que correspondan dentro del ámbito de sus competencias, para que, una vez que el Sinac delimite el área correspondiente, en conjunto con esa institución se ejerzan las acciones legales pertinentes en defensa del patrimonio público; (…) “

De manera que en ese fallo se verificó que persistía la situación de incerteza técnica y jurídica, respecto a la delimitación de la zona boscosa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, en detrimento del ambiente.

VIII.- SOBRE LA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PLAN DE MANEJO DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE GANDOCA MANZANILLO POR LA DESPROTECCIÓN DE HUMEDALES. Los accionantes invocan la transgresión de instrumentos internacionales ambientales, con valor superior a las leyes según el artículo 7 de la Constitución Política, como la Convención sobre los humedales (RAMSAR) y la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) con ocasión de la reducción de zonas dentro del REGAMA, que deben protegerse por su valor ambiental, al  considerar la exclusión de humedales según el estudio técnico “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” dentro del Plan de Manejo. Con respecto a los humedales, como se analizó en el considerando V, se trata de ecosistemas de elevado valor ambiental. Según el numeral 40 de la Ley Orgánica del Ambiente, son los ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o salados, incluyendo las extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas marinas o arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea baja. El artículo 41 del mismo cuerpo normativo declara de interés público todos los humedales y su conservación, por ser de uso múltiple. Además, prohíbe el desarrollo de actividades que interrumpan los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de esos ecosistemas -artículo 45-.

Con respecto a los anteriores reproches, se evidencia que la resolución del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, N°044 del 28 de febrero de 2022, publicada en la Gaceta 39 del 258 de febrero de 2022, correspondiente al resumen ejecutivo del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo, emite el Plan de Manejo con fundamento en la Certificación de Patrimonio Natural del Estado No. SINAC-ACLAC-DRPNE- C-011-2017 del 30 de junio de 2017, que certificó la delimitación del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca. Respecto a tal documento, como se detalló en la sentencia de este Tribunal 2024010951 de las 9:20 horas del 26 de abril de 2024, diferentes funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en su oportunidad, señalaron inconsistencias y omisiones, recomendando su revisión. En efecto, el jefe a.i. del Departamento de Prevención, Protección y Control de la Secretaría Ejecutiva del Sinac, en el oficio SINAC-SE-PPC-320-2017 de 28 de noviembre de 2017 dirigido al director del Área de Conservación La Amistad-Caribe (Aclac), en sus conclusiones y recomendaciones indica: “• El mapeo y certificación del PNE en los terrenos demaniales de la ZMT entre Pta. Cocles y Pta. Uva podría estar incompleto, por lo que se sugiere una revisión más detallada del sector. • Hay polígonos de bosques certificados como PNE que solo se supeditaron a la zona pública, lo cual es incorrecto, faltando poner atención a los ecosistemas boscosos en la zona restringida. • Hay humedales en el sector que no fueron certificados como PNE. • Hay ocupación irregular y anómala dentro de eventuales bosques que se sugiere son PNE, de no ser finalmente certificados como PNE, su jurisdicción es municipal, no obstante requieren permisos de construcción municipales y EsIA para otorgar viabilidad de impacto ambiental por parte de SETENA. • En playa Chiquita hay nueva infraestructura hotelera que requeriría EsIA para viabilidad ambiental por parte de SETENA y que se asegure la jurisdicción municipal del predio de no ser PNE. • No se encontraron ilícitos que se considere tala ilegal o tenencia ilegal de vida silvestre. • La indefinición adecuada del PNE potencia los ilícitos de cambio de uso del suelo y la tala ilegal. • No obstante la viabilidad ambiental es otorgada por SETENA para la nueva infraestructura, aunado a los permisos de construcción municipales, podría estarse dando cambio de uso del suelo en PNE no certificado aun lo que genera confusión a los usuarios respecto a competencias y jurisdicción institucional en la administración de la ZMT demanial, inalienable, inembargable e imprescriptible. • Solicitar criterio a la Comisión Institucional de Inspecciones Generales (CIIG) presidida por SETENA sobre los EsIA requeridos por para el desarrollo hotelero en el sector evaluado”. También, el coordinador de Patrimonio Natural del Estado del Aclac, mediante oficio SINAC-ACLAC-DR-PNE-145-2020 de 13 de octubre de 2020, dirigido al director regional de esa área de conservación, señaló: “Una vez recibido y analizado el Oficio sin número suscrito por la Licda. Silvia Solís Dávila, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, referente a la revisión y las modificaciones que sean pertinentes de los bloques delimitados como Patrimonio Natural del Estado (PNE) en la Zona Marítima Terrestre (ZMT) del Cantón de Talamanca, le indico lo siguiente. De acuerdo a (sic) lo estipulado en el inciso b) y c) del punto 3.2 de la Directriz SINAC-IRT-001-2016, el oficio sin número mencionado anteriormente solicita la revisión y las modificaciones que sean pertinentes de los bloques delimitados en el año 2017 (SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017) como PNE en la ZMT de Talamanca. Es importante indicar que dicha revisión y posibles modificaciones se sustentan en las denuncias que se han interpuesto en la Fiscalía de Bribri como en la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, por situaciones de desconocimiento de los límites del PNE o de áreas que no fueron contempladas en dicha certificación. Casos concretos suscitados con el bloque de humedal delimitado en Playa Negra de Puerto Viejo o el área de humedal no incluida en Punta Uva, para citar casos indicados. Ante lo indicado, se le recomienda realizar la modificación y corrección de la certificación original (SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017) en la totalidad de los bloques (12) delimitados como PNE en ZMT de Talamanca. Esta solicitud se realiza como parte de las recomendaciones indicadas por la Fiscalía, así como de la valoración de la delimitación de los bloques respectivos y áreas adyacentes con características de PNE no contempladas inicialmente en el año 2017”. En similar sentido, el Área de Conservación La Amistad Caribe, en la resolución SINAC-ACLAC-DR-R-03-2021 de las 9:37 horas de 17 de marzo de 2021, resolvió: “POR TANTO EL DIRECTOR DEL AREA DE CONSERVACION (sic) AMISTAD CARIBE DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS (sic) DE CONSERVACION (sic) MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA (sic) RESUELVE PRIMERO: De conformidad con los considerandos anteriores y de acuerdo a (sic) lo estipulado en el inciso d) del punto 3.2 de la Directriz SINAC-IRT-001-2016. Solicitar al Coordinador Regional de PNE de ACLAC la revisión y modificación de todos los bloques determinados como PNE en la ZMT de Talamanca en la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, de acuerdo con lo estipulado en el inciso f) del punto 3.2 de la Directriz SINAC-IRT-001-2016”. Adicionalmente, el 13 de junio de 2021 se emitió el oficio SINAC-ACC-OT-of-698-2021 titulado “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca”. En julio de 2021 se creó el documento denominado “REVISIÓN, MODIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO (PNE) EN LA ZONA MARITIMO TERRESTRE (ZMT) DEL CANTÓN DE TALAMANCA RESOLUCIÓN SINAC-ACLAC-DR-R-003-2021”, en el que participaron: “Elaboración documento final: Coordinación técnica ACLAC Lic. Francisco Domínguez Barros Coordinador Programa Patrimonio Natural del Estado ACLAC Colaboración técnica: Humedales: Bach. Oscar Fonseca Rivera Enlace ACC Programa de Humedales SINAC Cobertura Forestal y TAF ACLAC: Ing. For. Joan Montero Eduarte Ing. For. Alexis Salas Rodríguez Funcionarios ACLAC Revisión técnica ACLAC Ing. For. Eduardo Pearson Palmer Director Recursos Forestales y Vida Silvestre ACLAC Revisión final ACLAC M.Sc. Mario Cerdas Gómez Director Regional a.i. ACLAC”. Además, se consignaron los siguientes objetivos: “4.1. General Revisar y corregir la delimitación del PNE realizada en el año 2017 (SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011- 2017) del sector del litoral del cantón de Talamanca, de acuerdo a (sic) la Resolución SINAC-ACLAC-DRR003-2021, como insumo para la continuación del proceso de formulación del plan regulador costero. 4.2. Específicos • Realizar la revisión del PNE en la ZMT del cantón de Talamanca, para cumplir con lo establecido en el DE-36786-MINAET y la Directriz SINAC-IRT-01-2016, así como la Resolución SINAC-ACLACDR-R-003-2021. • Delimitar los componentes de PNE presentes en la ZMT del cantón de Talamanca para poder cumplir con lo establecido en la jurisprudencia y directrices institucionales. • Elaborar y discutir con las diferentes instancias técnicas, el documento final con las correcciones de PNE en la ZMT para que sea entregado oficialmente a la Municipalidad de Talamanca para la continuación del PRC”; y se dictaron las siguientes conclusiones y recomendaciones: “8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8.2. CONCLUSIONES En cada uno de las unidades geográficas se estimó un área total que incluye los 50 metros de la zona pública y se estableció un área efectiva de muestreo que corresponde a los 150 metros restantes de la ZMT. El área considerada para el desarrollo del Plan Regulador del litoral de Talamanca y/o franja costera que conforma la Zona Marítimo Terrestre del sitio, ha venido variando según se deja ver; en grado de sensibilidad por alteraciones antrópicas, provocadas por un desarrollo costero que se ha practicando (sic) en el lugar. Esta sensibilidad del área se ha dado, quizá, por un crecimiento desordenado de la población; en parte por no existir regulaciones estrictas in situ para su manejo, por la recurrencia de fenómenos naturales (llenas) y en parte por otras características físicas. Estas últimas podrían relacionarse con la morfología continental o insular (propia del sitio), con la configuración de la línea de costa, con la exposición al mar, con los factores climáticos y con la escorrentía a través de los ríos y quebradas del área. Por uno u otro factor de afectación, lo cierto del caso es que, el área de interés se encuentra probablemente en la escala de factores que afectan su sensibilidad por el acelerado desarrollo del lugar. Geográficamente está ubicada en un sitio de muy fácil accesibilidad y en una situación de encrucijada entre importantes centros de población, lo cual le guarda ciertas ventajas, pues se constituye en una importante área para desarrollo de proyectos turísticos y otros de baja escala como aquellos interés para las economías familiares. Por su parte también se guardan algunas desventajas, pues las áreas clasificadas para la protección de ecosistemas y/o de interés para el MINAE-SINAC como Patrimonio Natural del Estado, llámeseles áreas de interés social por su valor ecológico, quedarían en vecindad inmediata con un desarrollo "abierto" del cual "dependerá" el juzgamiento hacia éstas y su posterior aporte hacia una verdadera conservación y desarrollo sostenible de la franja sometida al Plan Regulador. En el componente de cobertura de bosque se incorpora como sitio de bosque lo definido como sitio 1. Existen áreas en las cuales la corta constante de la vegetación baja, ha impedido el crecimiento del soto bosque y por ende de la regeneración forestal, por lo que a la fecha de hoy y basándose en el concepto de bosque por la legislación, los sitios 2, 3, 5 y 6 no pueden definirse como bosque. El sitio 7 se considera se incorpore por características de Terreno de Aptitud Forestal (TAF). No obstante en algunos de los humedales referenciados, existen puntos con construcciones que se han realizado tanto fuera como dentro de la ZMT que definitivamente han requerido de rellenos y canales de drenaje. En otros puntos se evidencian construcciones en proceso en sitios que pudieran ser parte de los humedales señalados en el presente estudio. Tipo de Suelo El área presenta terrenos de pendiente plana, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente. Al cubrirse regularmente una parte de agua, el suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres. Se evidencia por la poca profundidad efectiva, el manto freático alto, bajo procesos de oxidación y reducción. Alto contenido de materia orgánica y espejo de agua superficial. Además se utiliza la “Tabla de Colores de Suelo Munsell” como una evidencia más que nos lleva a la clasificación del suelo Hídrico o Hidromórficos. Encontramos suelos de los órdenes Inceptisol, Entisol y Histosol Vegetación: La vegetación presente en su gran mayoría es hidrófila cuyo índice de prevalencia va desde obligadas hasta facultativas, distribuidas en 14 familias (ARACEAE, ARECACEAE, ANACARDIACEAE, CYCLANTHACEAE, CYPERACEAE, DAVALLALIACEAE, EUPHORBIACEAE, FABACEAE, MALVACEAE, MARANTHACEAE, MENYANTHACEAE, PIPERACEAE, POACEAE, ZINGIBERACEAE) Régimen hídrico ácuico: En esta condición de humedad, el suelo se presenta saturado con agua y sin oxígeno durante un tiempo suficientemente largo (no conocido aún) como para presentar evidencias de condiciones de reducción. Se delimitan 13 polígonos considerados como humedales del sistema palustrino, incluidos los dos humedales descritos según informes SINAC-ACLAC-DR-PNE-150-2020 y SINAC-ACLAC-DR-PNE189-2020 (correspondiente al humedal contiguo a la estación de bombeo - polígono 5) y el polígono 8 correspondiente al humedal descrito en informe SINAC-ACLAC-DR-PNE-004-2020, en respuesta a la Causa Judicial 20-000028-0597-PE. El área total de los 13 polígonos suman 1651230,72 m² (165,12 Ha), lo que constituye un 34% de la superficie total de la ZMT (4853765,74 m²). Cada uno de los polígonos cumplen con las características Florísticas, edáficas e hidrológicas para ser catalogadas como ecosistemas de humedal del sistema palustrino, de acuerdo a (sic) los criterios descritos en el Artículo 8º del Decreto Nº 35803–MINAET CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN y CONSERVACIÓN DE HUMEDALES. Se definen éstos como humedales de tipo no mareal, con las siguientes características: 1) pueden contener cobertura vegetal o no, la vegetación puede estar representada por dominancia de árboles, arbustos, vegetación arbustiva, vegetación emergente, musgos y/o líquenes. 2) Los niveles de profundidad en las depresiones no exceden dos metros. 3) Los valores de salinidad derivadas de sales oceánicas no exceden de 0.5% (yolillales, bosques anegados de agua dulce, pantanos). 8.3. RECOMENDACIONES • Promover a nivel de escuelas y colegios e instituciones locales la conservación in situ de los recursos presentes en el área. • Continuación del proceso de certificación del PNE en el litoral de Talamanca y la elaboración de los debidos planos catastrados con los bloques definidos en el presente estudio. • Estas áreas deben mantenerse tal cual fueron descritas en los resultados del documento. • Los sitios 4, 5 y 6 se debe considerar realizar una valoración debido a que hay presencia de edificios de los cuales no se sabe si fueron legalmente construidos. • Seguimiento a las denuncias planteadas en las instancias judiciales y a la vez solicitar acompañamiento para que sean resueltas lo más pronto posible. • Recordar a la Municipalidad de Talamanca que los sitios determinados como PNE son administración del SINAC-MINAE, por ende para el aprovechamiento de estas áreas se requiere contar con un permiso de uso como lo indica el Artículo 18 de la Ley Forestal Nº7575”.

Con fundamento en todo lo anterior, la mayoría de la Sala en la referida sentencia, 2024-10951 concluyó:

“Sobre el particular, se observa que, con posterioridad a la delimitación del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del cantón de Talamanca efectuada en 2017 (certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017), se expuso en múltiples ocasiones ante el director del Aclac la necesidad de revisar y modificar tal documento, debido a problemas de ocupación, indefinición y desconocimiento de los límites del PNE, así como humedales omitidos, entre otros aspectos. Incluso, consta en el expediente que, desde 2021, el director del Aclac gestionó expresamente “la revisión y modificación de todos los bloques determinados como PNE en la ZMT de Talamanca en la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017”; empero, pese a que constan varias actuaciones, entre ellas, el oficio SINAC-ACC-OT-of-698-2021 titulado “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” y el documento de ese mismo año denominado “REVISIÓN, MODIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO (PNE) EN LA ZONA MARITIMO TERRESTRE (ZMT) DEL CANTÓN DE TALAMANCA RESOLUCIÓN SINAC-ACLAC-DR-R-003-2021”, no menos cierto es que, según el informe rendido bajo juramento, al 12 de marzo de 2024, la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 de 30 de junio de 2017 era el único documento vigente con carácter oficial. (…)

“Justamente, se constata que el Aclac, ante las situaciones referidas ut supra relacionadas tanto con el PNE como con la ZMT, no ha actuado de forma diligente para procurar una adecuada protección del ambiente, los humedales y los bienes demaniales, lo cual lesiona el artículo 50 constitucional, la obligación internacional de proteger los humedales establecida en la Convención de Ramsar y el principio constitucional en materia ambiental precautorio.

En cuanto a este último, la inexistencia de un criterio técnico actualizado en relación con la certificación de PNE de 2017 (pese a las múltiples gestiones que advertían supuestas inconsistencias), constituye una amenaza plausible al ambiente que involucra un nivel razonable de incerteza científica que podría implicar que, en la actualidad, existan zonas de PNE (humedales) sin protección o sobre las cuales se estén desarrollando actividades sin tomar en consideración su naturaleza, con la consecuente posibilidad de que se generen daños graves o irreversibles. De ahí que, en atención al principio precautorio, además de las obligaciones de abstención y suspensión que conllevan su aplicación, es imprescindible adoptar con eficiencia y efectividad medidas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Precisamente, ante peligros de daños graves o irreversibles, la falta de certeza no constituye una razón válida para postergar la adopción de tales medidas.”

De manera que el Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo, en tanto se funda en la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 de 30 de junio de 2017, es inconstitucional por infracción del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el principio precautorio en materia ambiental, derivados de los artículos 50 y 89 de la Constitución Política. Además, es contrario a las obligaciones adquiridas por el Estado costarricense al ratificar la "Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", llamada también "Convención de Ramsar" , que en su artículo 4 establece: "Cada parte contratante fomentará la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas creando reservas naturales en los humedales, estén o no inscritos en la " Lista ", y atenderá de manera adecuada su manejo y cuidado..." . En consecuencia, es inconstitucional también por las indicadas razones.

IX. SOBRE EL PLAN REGULADOR COSTERO TALAMANCA-DISTRITO CAHUITA. Se alega que el Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, adoptado por el Concejo de la Municipalidad de Talamanca en Sesión Extraordinaria N° 89 del 26 de setiembre de 2023, Acuerdo N° 2, y publicado el 5 de octubre de 2023 en el Alcance N°193 a La Gaceta 183, toma como base el Plan General de Manejo del REGAMA, sus mapas de zonificación, y reproduce las afectaciones y omisiones descritas para éste en cuanto al área boscosa, humedales y hace una delimitación desactualizada del Área Silvestre Protegida. El plan regulador no considera parte del Refugio las zonas de bosque (Patrimonio Natural del Estado) que la Sala Constitucional ordenó proteger en el voto 12745-2019, sino de la Zona Marítimo Terrestre bajo administración municipal, lo que permitiría otorgarlas en concesión y permisos de uso en la zona restringida y el desarrollo de actividades perjudiciales a los ecosistemas, al basarse en el Plan General de Manejo, la identificación de polígonos con humedales no toma en consideración criterios técnicos que le den sustento  científico, y deja varios polígonos con humedales en la zona marítimo terrestre. La discrepancia entre la delimitación original del Refugio de Vida Silvestre, el mapa reconocido bajo la Convención Ramsar, los mapas de zonificación utilizados en el Plan General de Manejo y el Plan Regulador dejan “en indefensión” varios de los polígonos con humedales en la Zona Marítimo Terrestre.

Es criterio de la Sala que, conforme lo dispuesto en la sentencia 31756-2023, de las 9:30 horas del 7 de diciembre de 2023, que anuló la audiencia pública que la Municipalidad de Talamanca llevó a cabo el 4 de agosto de 2023 para informar a las comunidades del Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre de Cahuita (que incluye los sectores costeros de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo), a la que el Concejo Municipal ordenó convocar en la sesión ordinaria N° 161 del 21 de junio de 2023, y ordenó al Alcalde y presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Talamanca, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, “girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordinar lo necesario para que, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se programe una nueva audiencia pública para el proyecto del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca y se convoque con la debida antelación, a los miembros de la [...]”. (Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi “ADI Keköldi). La omisión de citar a estos a la audiencia pública, dijo la Sala, “es contrario al Derecho de la Constitución, sea al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional sobre los Derechos, Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, toda vez que los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio amplio no tienen el mismo alcance que aquellos que poseen y ejercen en el territorio geográfico. Por consiguiente, los efectos futuros de la aplicación del Plan Regulador Costero (IVA-PRC) de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) del Distrito de Cahuita, Talamanca, podría generar un potencial impacto positivo o negativo sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social del Territorio Indígena de Keköldi; de ahí, lo necesario de la consulta pública a tenor de lo dispuesto en el artículo 7.3 del Convenio 169 de la OIT, según el cual los “gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”.

Visto que la Ley de Planificación Urbana N.4240, establece un procedimiento para la adopción o modificación de un Plan Regulador, en el cual las etapas del procedimiento de aprobación o modificación del Plan Regulador tienen una concatenación lógica y condicionan las siguientes, la omisión o imperfección sustancial en una de ellas da lugar a un vicio de invalidez en las etapas posteriores. De allí que al anular esta Sala la audiencia pública realizada el 4 de agosto de 2023, el Plan Regulador Costero Talamanca, Distrito Cahuita, quedó insubsistente. En  ese sentido, este Tribunal, por voto 324-2024, de las 9:15 horas del 10 de enero de 2024, dictado en otra acción de inconstitucionalidad que se planteó contra los numerales  1 a 19 del Plan Regulador Costero de Talamanca Distrito Cahuita, que se tramitó bajo expediente 23-030219-0007-CO, indicó que en la sentencia 2023-31756 “se tuvo por demostrado que el plan regulador en cuestión no fue debidamente consultado a los pueblos indígenas, motivo por el cual se anuló la audiencia pública llevada a cabo el pasado 04 de agosto de 2023; y se ordenó al alcalde y presidenta del Concejo Municipal, ambos de la municipalidad de Talamanca, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordinar lo necesario para que, dentro del plazo máximo de tres meses, contado a partir de la notificación de esa sentencia, se programe una nueva audiencia pública para el proyecto del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca y se convoque con la debida antelación, a los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi “ADI Keköldi”. De manera que, el objeto de impugnación no ha sido debidamente aprobado y carece de toda validez actualmente, por lo que no resulta admisible el control de admisibilidad del mismo por prematuro. En consecuencia, lo procedente es el rechazo de plano de esta acción de inconstitucionalidad”.

A mayor abundamiento, en el voto 35187-2024 de las 9:35 horas del 26 de noviembre de 2024, este Tribunal Constitucional acogió una gestión de desobediencia, en razón de que no se acreditó que la audiencia realizada el 08 de marzo de 2024, cumpliera con el procedimiento y los principios que conlleva la realización de una Consulta Indígena, por lo que se mantiene la falta de aprobación del Plan Regulador Costero y la falta de validez señalada como motivo de inadmisibilidad de una acción de inconstitucionalidad formulada en su contra.

En mérito de lo expuesto, respecto al Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, la acción resulta inadmisible por cuanto el objeto de impugnación es inexistente.

X.- SOBRE LA ACUSADA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DIRECTRIZ N° 09-2023 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. La Directriz N° 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía se impugna porque “desacredita” (Considerando quinto), el informe denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca”, calificándolo como no oficial, sin que el SINAC haya implementado estudios técnicos fidedignos en sustitución del informe “que desaplica e impulsando la aprobación del Plan de Manejo y el Plan Regulador sin estos. La desprotección de los humedales, se afirma, contradice el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que consagra el artículo 50 constitucional, el principio precautorio, el de reserva de ley y la Convención relativa a los humedales de importancia internacionales especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención Ramsar), aprobada por Ley 7224 de 1991, artículos 2 y 4.

La directriz 09-2023 del Ministro de Ambiente y Energía, aquí impugnada, establece que el documento SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, suscrito por el Director Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe, certifica la Delimitación del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca; certificación que fue emitida conforme a los lineamientos técnicos y legales y “es el documento con carácter oficial, siendo el único vigente, a la fecha” (Considerando cuarto). El documento denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” del 13 de junio, 2021, no ha sido aprobado por la Dirección Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe para utilizarse como un documento de alcance general. Este es un insumo técnico, de carácter interno que no ha finalizado con el proceso para su validación y oficialización por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación del Sistema Nacional del Áreas de Conservación (Considerando quinto). Y que “Los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son los establecidos en la Ley No.9223, Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, vigente desde el 8 de abril, 2014. No existe ninguna modificación posterior que haya sido emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía” (Considerando sétimo).

Por otra parte, los lineamientos girados en los considerandos quinto y sétimo de la Directriz N° 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía se oponen a lo resuelto en las sentencias 12745-2019 y 3954-2024, de esta Sala, las que prevalecen. En virtud de “la supremacía o prioridad jerárquica de la Constitución, todos los operadores jurídicos y, en especial los jueces, están obligados a interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico de conformidad con las reglas, principios, valores constitucionales y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, elementos que, sin duda alguna, sirven como parámetros de interpretación. (Sala Constitucional, sentencias 4837-2016 y 132-2018). A partir de este principio de supremacía constitucional, se deriva, además, el carácter vinculante erga omnes de las resoluciones de la jurisdicción constitucional”. En atención a las indicadas consideraciones, la Directriz N°09-2023 del Ministro de Ambiente y Energía infringe el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y los principios de objetivación de la tutela ambiental, precautorio y la Convención sobre humedales (Ramsar), artículos 2 y 4; y 7, 48 y 50 de la Constitución Política, por lo que hace a la protección efectiva Patrimonio Natural del Estado (REGAMA, áreas de bosque y humedales). En consecuencia, en este extremo la acción debe ser estimada.

XI.- CONCLUSIÓN. En mérito de las consideraciones externadas, se concluye lo siguiente:  a) el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo 2017-2023, del que se publicó un resumen ejecutivo en el Alcance N° 42 a la Gaceta N° 39 del 28 de febrero de 2022 es inconstitucional por vulnerar los artículos 50 y 89 de la Constitución Política y la "Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", llamada también "Convención de Ramsar"; b) La Directriz No.09-2023 del Ministro de Ambiente y Energía, de 17 de agosto de 2023 es inconstitucional, por lesionar los numerales 50 y 89 de la Constitución Política, c) En cuanto al Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, adoptado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca en Sesión Extraordinaria N° 89 del 26 de setiembre de 2023, Acuerdo N° 2, y publicado el 5 de octubre de 2023 en el Alcance N°193 a La Gaceta 183, la acción se declara sin lugar por razones de admisibilidad, ya que no ha sido debidamente aprobado y carece de toda validez actualmente.  

XII.- DIMENSIONAMIENTO. Si bien los defectos apuntados al Plan de Manejo lo vician de inconstitucionalidad y su consecuencia inmediata implicaría la nulidad de este; lo cierto es que tal situación podría acarrear eventuales daños ambientales que fueron advertidos por los intervinientes en esta acción, lo que dejaría expuestas zonas de interés ambiental a tutelar.

Por otro lado, debe tomarse en consideración, que aún con los defectos apuntados, el plan de manejo significaba una mayor garantía para el ambiente que el hecho de que no haya ninguna regulación. De esta forma, corresponde disponer el dimensionamiento de los efectos de esta declaratoria de inconstitucionalidad en aplicación del principio precautorio que rige en materia ambiental, optando por mantener la vigencia del plan regulador impugnado por un tiempo determinado, a efecto de que se rectifique el vicio apuntado o se sustituya dicha normativa. Esto a efectos de no reducir el nivel de protección al ambiente que se resguarda actualmente. De ahí que lo pertinente a la luz de lo dispuesto en el numeral 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea mantener la vigencia del plan impugnado por un plazo de un año a partir de la publicación íntegra en el Boletín Judicial de esta sentencia, dentro del cual deberán corregirse las inconstitucionalidades señaladas. Al final de dicho plazo, si dicha condición no se cumple, inexorablemente el plan perderá vigencia por el vicio apuntado.   

XIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 

 Se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad en los siguientes términos: a)  En cuanto al Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo 2017-2023, del que se publicó un resumen ejecutivo en el Alcance N° 42 a La Gaceta N° 39 del 28 de febrero de 2022, por mayoría, se declara con lugar la acción y, en consecuencia, se anula por inconstitucional. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la normativa anulada. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan sus efectos para evitar serias dislocaciones al orden, la seguridad, así como daños graves e irreparables en el ambiente y se mantiene la vigencia del Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo 2017-2023 hasta por el plazo de un año a partir de la publicación íntegra de la sentencia en el diario oficial La Gaceta, dentro del cual el Sistema Nacional de Áreas de Conservación deberá corregir los vicios de inconstitucionalidad señalados en este pronunciamiento. De no producirse lo anterior, en ese plazo, se tendrá por expulsado -definitivamente- del ordenamiento jurídico el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo 2017-2023. La magistrada Garro Vargas da razones diferentes para declarar la inconstitucionalidad. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar la acción. b) Respecto al Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, adoptado por el Concejo de la Municipalidad de Talamanca en Sesión Extraordinaria N° 89 del 26 de setiembre de 2023, Acuerdo N° 2, y publicado el 5 de octubre de 2023 en el Alcance N°193 a La Gaceta 183, por unanimidad se declara sin lugar la acción, por razones de admisibilidad. c) En cuanto a la directriz No.09-2023 del ministro de Ambiente y Energía, de 17 de agosto de 2023 por mayoría se declara con lugar la acción y, en consecuencia, se anula por inconstitucional. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar la acción. La magistrada Garro Vargas consigna nota y salva el voto en lo relativo a la ejecución de esta sentencia. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.-

 




 




 




Fernando Castillo V.

Presidente

 




 

	

 




 

	

 




 

	

 




 

Fernando Cruz C.

 

	

 

Luis Fdo. Salazar A.




 

	

 




 

	

 




 

	

 




 

Jorge Araya G.

 

	

 

Anamari Garro V.

 




 

	

 




 

	

 




 

	

 




 

Ingrid Hess H.

 

	

 

José Roberto Garita N.

Exp. 24-001899-0007-CO

 

VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CASTILLO VÍQUEZ, SALAZAR ALVARADO Y LA MAGISTRADA GARRO VARGAS ÚNICAMENTE RESPECTO A LA ACUSADA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DIRECTRIZ DEL MINAE NRO. 09-2023, DEL 17 DE AGOSTO DE 2023, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Con el debido respeto de la Mayoría nos separamos parcialmente de los criterios expuestos en la sentencia, respecto de la acusada inconstitucionalidad de la directriz nro. 09-2023 emitida por el ministro de Ambiente y Energía el 17 de agosto de 2023, por cuanto, en criterio del accionante, esta desobedece lo resuelto por este Tribunal en la sentencia nro. 2024-3959, respecto de la debida actualización y protección de los humedales. En primer término, por cuanto basta con constatar las fechas para determinar que la directriz fue emitida cuando este Tribunal ni siquiera se había pronunciado en la sentencia nro. 2024-3959, de las 9:30 horas del 16 de febrero de 2024. De manera que, no podría hablarse técnicamente de desobediencia de una orden que no existía en aquel momento. En segundo término, por cuanto en la misma sentencia de Mayoría (considerando VIII) se indica que, para el momento en que fue planteada esta acción, resultaba prematuro tal argumento. En efecto, adviértase que la interposición de esta acción se produjo el -24 de enero de 2024-, cuando ni siquiera había sido emitida la orden en cuestión -16 de febrero de 2024-, menos aún había transcurrido el plazo otorgado a la administración para verificar lo ordenado. Finalmente, por cuanto estimamos que debe contextualizarse lo que resolvió este Tribunal en aquel recurso de amparo en el que se emitió la sentencia nro. 2024-3959, de las 9:30 horas del 16 de febrero de 2024, en donde la estimatoria partió de la inseguridad técnica producto de las manifestaciones del informe rendido por la recurrida que le surgieron a la Sala en aquel momento. Esto se evidencia claramente en la cita que expone la misma Mayoría, frente a la disyuntiva que existía entre dos documentos, uno emitido en el 2017 y otro no aprobado de 2021:

“…el documento denominado “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” no ha sido aprobado por la Dirección Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe para utilizarse como un documento de alcance general y que se trata de una guía técnica interna del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, aún sin validar ni oficializar por parte del Consejo Nacional de Áreas de Conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Asimismo, que mediante oficio No. SINAC-ACLACDR-PNE-C-011-2017 del 30 de junio de 2017 se certificó la delimitación del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del cantón de Talamanca -considerando los humedales para su protección.

Es decir, no indica a la Sala cuál es el estado actual de los humedales en el cantón de Talamanca, ni ofrece razón alguna por la cual los estudios que justificaron la decisión de 2017 son técnicamente superiores al material de 2021. O, dicho a la inversa, no se exponen los motivos por los cuales el estudio de 2021 no corresponde a la realidad o a criterios técnicos de tutela del patrimonio natural del Estado”.

             

Producto de ello, este Tribunal ordenó en esa sentencia lo siguiente:

 

“…Se ordena: i) a Maylin Mora Arias, en su condición de directora regional a. i. del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional del Áreas de Conservación, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, concluir, en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, el trámite para complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con la “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” de junio de 2021; ii) a Delio Antonio Robles Loaiza, en su condición de jefe a. i. del Departamento de Urbanismo, y a Daniel Brenes Arroyo, encargado de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, ambos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como a Rugeli Morales Rodríguez, alcalde, y a Yahaira Mora Blanco, presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Talamanca, disponer lo necesario para incorporar la actualización arriba mencionada en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca…”

 

En las audiencias concedidas a las autoridades del ministerio de Ambiente y Energía en esta acción, los funcionarios fueron enfáticos en señalar lo siguiente:

 

“se encuentran respaldadas en estudios técnicos que incluyen levantamiento de información de campo, información de línea base, y, que además cumplen las metodologías y procedimientos oficializadas por el Estado Costarricense y han arrojado datos científicos concluyentes para decidir que el levantamiento de los humedales de la zona en el año 2017 es el correcto. Sostienen que no es de recibo el argumento de los accionantes en el sentido de que lo correcto era la utilización del informe del 2021, afirmación que es carente de pruebas técnicas, pues el simple hecho de ser de fecha más reciente no basta para llegar a esa conclusión, cuando realizada la valoración esos estudios, resulta que estos no cumplieron con el rigor científico ni metodológico oficializado por el Estado, lo que lo hace incorrecto e inútil para cumplir con el fin público e imposible de superar el procedimiento de validación interna. Señalan que la administración no tiene dudas sobre cuáles son los estudios que sí cumplen técnicamente y con la metodología, puesto que para ello se han realizado múltiples revisiones y valoraciones por los funcionarios públicos asignados, por lo que la toma de la decisión se encuentra fundamentada en estos estudios y por lo tanto no violenta los  principios precautorio, preventivo, reserva de ley, objetivación de la tutela ambiental, la normativa constitucional ni las convenciones internacionales señaladas por el recurrente”.

 

En ese sentido, sí existe un criterio técnico emitido por las autoridades técnicas competentes, que, una vez verificados ambos documentos determinaron que la información recogida en el informe de 2017, en cuanto al reconocimiento de los humedales, es el correcto, y no el de 2021 que no fue finalmente oficializado, según las técnicas, metodologías y procedimientos oficializadas por el Estado Costarricense. Se trata de datos científicos concluyentes donde no hay una duda y, por ende, no consideramos que estemos frente a la aplicación del principio precautorio. En su oportunidad, este Tribunal lo que dispuso fue que se verificara y actualizara la información de manera correcta, no necesariamente oficializar un documento que, una vez revisado, lo ahí establecido no cumpliera con el rigor científico ni metodológico oficializado por el Estado. Tampoco esta es la sede para cuestionar si la decisión finalmente adoptada por las autoridades técnicas es o no la correcta. Así las cosas, estimamos que el argumento esbozado por el accionante en cuanto a este extremo es improcedente. Por ello salvamos parcialmente el voto y declaramos sin lugar la acción respecto del cuestionamiento realizado, en relación con la directriz impugnada.

 

 

 

 

Fernando Castillo V.

 

 

Luis Fdo. Salazar A.     Anamari Garro V.

 




Expediente N° 24-001899-0007-CO

Voto salvado del magistrado Salazar Alvarado

Con el respeto acostumbrado, el suscrito magistrado salva el voto en cuanto a lo determinado por el Tribunal sobre el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo 2017-2023. Lo anterior, conforme a la estrecha relación que existe entre esas disposiciones y la Ley N° 9223 del 10 de marzo de 2014, la que para todos los efectos, consideré constitucional en la Sentencia N° 2019-12745 de las 12:10 horas del 10 de julio de 2019, junto a otros magistrados de la Sala. En aquella oportunidad, diferimos con la mayoría sobre los alcances, contenidos, y efectos, de la Ley N° 9223 del 10 de marzo de 2014, pues, estimamos que el legislador sí cumplió con el propósito de abarcar, no solo los derechos fundamentales al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino que otros, también del mismo orden en favor del ser humano, que estarían materializados en un conjunto de estudios y análisis, y no en una u otra valoración que la mayoría consideró faltante. Como se explica en todo el voto salvado, especialmente en los párrafos 23, 24, 25, y 26, contesta a lo que la mayoría achacó en la Sentencia N° 2019-12745 como una omisión del legislador, por un comportamiento presuntamente -indeterminado o vacilante- con los límites del refugio, y a lo que, en la minoría se estimó que nada de ello eximiría a los pobladores y autoridades públicas pertinentes, de la observancia plena de las obligaciones legales de claro interés público de la Ley Forestal, y en otros supuestos, de la normativa internacional aplicable en la República.

En la disidencia se estableció, con suma claridad, que:

“VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ Y LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y ARAYA GARCÍA CON REDACCION DE LA PRIMERA:

         

          Nos separamos de la decisión tomada por la mayoría del Tribunal y declaramos sin lugar la acción planteada con la explicación que se dirá, todo con fundamento en las siguientes consideraciones: el objeto de la acción es la ley número 9223 mediante la que la Asamblea Legislativa, redefinió los límites territoriales de un territorio sometido a la categoría de manejo denominada “refugio de vida Silvestre”. Con ello dejó por fuera de tal categoría a determinadas zonas urbanas y tierras aledañas en la zona de Caribe Sur, lo cual ha originado fundamentalmente un reclamo por lesión al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, la condición histórica de los asentamientos urbanos en la región, reconocida por el Estado desde en el propio decreto de creación, las particularidades de todo el actuar estatal en relación con la zona específica -incluyendo las intervenciones anteriores de este Tribunal- y las conclusiones y criterios técnicos, en los que se ha apoyado la decisión legislativa, permiten sostener, desde nuestra perspectiva, la legitimidad constitucional del balance realizado por el legislador respecto de los distintos derechos constitucionales en conflicto. No se incumple tampoco con lo estatuido en el Convenio 169 de la OIT ni las obligaciones contenidas en la normativa internacional vigente en Costa Rica sobre la protección de las zonas de manglares y -desde esa perspectiva- nada obsta para que las autoridades estatales competentes, cumplan con su poder-deber, y ejecuten las acciones necesarias para para reivindicar las tierras que se encuentren ilegalmente ocupadas en la zona protegida, de conformidad con lo establecido en nuestro ordenamiento. Las razones para esta conclusión son las siguientes:


         A. Aspectos fácticos relevantes.

       

         1. De los diferentes documentos aportados tanto a este expediente judicial como, en su momento, al expediente legislativo, ha quedado demostrado que para el año 1985, mediante decreto Ejecutivo número 16614-MAG del 20 de octubre de 1985, (en adelante solamente Decreto 16614)  las autoridades del Poder Ejecutivo, decretaron la creación de lo que hoy se conoce como Refugio de Vida Salvaje Gandoca Manzanillo, (en adelante RVS-GM o simplemente “el refugio”) y delimitaron sus linderos.

2.- Dicho acto se concretó bajo el marco provisto por el artículo 18 de la Ley de Fauna Silvestre número 6919 de 17 de noviembre de 1983, que se encontraba vigente a la fecha y autorizaba tales decisiones del Ejecutivo:

“Artículo 18.- Son refugios nacionales de fauna silvestre los que el Poder Ejecutivo declare como tales, para la protección y la investigación de la flora y la fauna silvestre, en especial de aquella en vías de extinción.

Queda autorizado el Poder Ejecutivo para establecer, dentro de las reservas forestales y en terrenos particulares, áreas bajo la clasificación de refugios nacionales de fauna silvestre, las que, para efectos de conservación de la fauna silvestre, quedarán bajo la administración del Departamento de Vida Silvestre de la Dirección General Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El Poder Ejecutivo exonerará del impuesto territorial los terrenos sometidos a este régimen.

El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, queda autorizado para expropiar aquellos terrenos de particulares que, por la importancia de la fauna y la flora contenidas en ellos, muestren las condiciones necesarias e idóneas para el establecimiento de los refugios nacionales de fauna silvestre.”

3.- También ha quedado totalmente demostrado que desde muchos años antes y para el momento de dicha declaración, existían consistentes núcleos de población viviendo a lo largo de toda la franja costera del área demarcada como zona protegida por el decreto 16614. Estas poblaciones no solo ocupaban la zona, sino que además desarrollaban, y desarrollan aún, distintas actividades como la pesca, la agricultura y el comercio en sus distintas formas. Más aún, también se puede afirmar que las diferentes instituciones públicas, tanto de asistencia como de servicios, operaban en aquel momento, y aun operan, brindando sus servicios a tales poblaciones en condiciones normales.

4.- Tal situación particular y especial en parte del territorio abarcado por la la (sic) declaratoria de Refugio, fue reconocida por las autoridades estatales quienes, en el propio decreto original (el decreto 16614), definieron el camino a seguir para la atención de la situación de estos pobladores, a través de dos mecanismos: a) se autorizó un programa de “titulación” en las zonas cubiertas por la declaratoria de refugio, para permitir a los ocupantes legitimar su estatus de ocupantes y poseedores de la tierra (artículo 5); y b) se dejaron excluidas de la declaratoria de Refugio, varias de las áreas urbanas preexistentes y se ordenó al Instituto de Vivienda y Urbanismo su delimitación concreta (artículo 6):

“Artículo 5°—La Dirección General de Catastro Nacional está autorizada para realizar el levantamiento de la cartografía catastral y el registro de oficio de los planos individuales necesarios para desarrollar el proyecto de titulación dentro del área del Refugio y el de las comunidades aledañas de Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo y Puerto Viejo.” (el destacado no es del original)

“Artículo 6°- Las áreas que, de acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, estén comprendidos dentro de las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, no estarán sometidas a las regulaciones del presente Decreto.” (el destacado no es del original)

5.- En resumen, puede señalarse que para 1985 el Estado estimó que los objetivos de protección ambiental perseguidos en aquel momento con la creación  del Refugio quedaban bien servidos,  no solo con independencia del régimen jurídico de tenencia de la tierra (ver artículo 5 que autorizó la titulación en la zona del refugio), sino también con la exclusión de las áreas comprendidas en las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, las cuales fueron efectivamente dejadas fuera del alcance de la declaratoria contenida en el Decreto 16614.

6.- A lo largo de los años siguientes, se presenta una sucesión de decretos ejecutivos que abordan las cuestiones de titulación (artículo 5) y exclusión de áreas urbanas (artículo 6), derogando y reactivando tales normas; así;

-el Decreto 23069-MINAE del año 1994, emite reglas para ordenar la visitación para el avistamiento de tortugas y de paso, deroga el artículo 6 del decreto original, Empero deja vigente el numeral 5 que autorizaba a que se hiciera levantamiento catastral para efectos de “titulación”

-posteriormente, el Decreto número 29019-MINAE de 2000 reforma ampliamente el decreto antes dicho (23069) en el tema de la visitación y explotación y por ello al final de su texto -de manera general- deroga el decreto 23069.

-para el año 2005 se emite el Decreto Ejecutivo 32753- que se justifica señalando que debe entrar a regular de nuevo la cuestión de la titulación en la zona del Refugio, así como la exclusión de las áreas urbanas de éste, por entender que -consecuencia las ratificaciones y derogatorias recogidas en los dos decretos antes citados se ha reactivado la exclusión original contenida, es decir la ordenada en el artículo 6 del Decreto 16614. Agrega que, la exclusión reactivada se estima una reducción contraria a la ley Orgánica del Ambiente porque no se hizo con estudios técnicos, por lo que se emite una “ratificación” del decreto original (16614) pero quitándole los artículos 5 y 6 originales. (arriba transcritos)

7.- Esta “ampliación” de los terrenos abarcados por la declaratoria, que se operó en el decreto 32753, fue cuestionada ante la Sala, quien a través de la sentencia número 2006-2975 señaló su validez al tratarse de una ampliación y no de una reducción del “patrimonio forestal del Estado”.

8.- Dos años después en el año 2007 se emite el Decreto 34043, donde se retoma de nuevo el tema, con una línea más favorable a la protección de los habitantes de la zona y decreta -de nuevo- la exclusión de las áreas urbanas, según la versión original del Decreto 16614, pero haciendo unas aclaraciones para no incluir a los asuntos en litigio, y se dictan algunas reglas para ordenar la administración de las áreas urbanas.

9.- Este último decreto fue anulado por la Sala Constitucional dos años después, en el año 2009 mediante la sentencia 2009-1056. En esencia, el argumento de la Sala para la anulación, puede encontrarse en el siguiente extracto:

 “VII.- Sobre la inconstitucionalidad de los artículos 3°, 4°, 5° y 7° del Decreto n°34043-MINAE.- Tal como se expuso, al derogarse artículo 6º del Decreto Ejecutivo, N° 16614-MAG (mediante el artículo 2° del Decreto Ejecutivo no. 32753 del 16 de mayo del 2005) se incluyeran las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Sin embargo, mediante el artículo 3° del Decreto impugnado, que vuelve a traer a la vida jurídica el derogado artículo 6º, las áreas urbanas de dichas comunidades quedaban nuevamente excluidas de los límites del Refugio, lo que implicó su reducción. Esta situación, no sólo violenta el principio de reserva legal sino el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”

10.- Posteriormente, y en atención a los criterios emitidos en esa resolución, se impulsó un proyecto de ley, -el número 18207; se intenta con ello una nueva delimitación de los linderos del parque, con el declarado fin de satisfacer los derechos constitucionales y legales de los pobladores de la zona y asegurar a la vez, la efectiva protección ambiental. Al respecto, resulta muy relevante el resumen que sobre este punto hace la exposición de motivos:

“(…)

Como se indicó, los esfuerzos para la determinación científica de los recursos naturales del recién creado Refugio, tanto los marinos, como los continentales, se llevan a cabo a partir de la declaración. Numerosas instituciones de Gobierno (Mirenem, MAG, IDA, IGN, GAR, INVU, UCR, UNA), así como organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales (UICN, Jessie Smith Noyes Foundation, WWF, ASDI, Cooperación Holandesa, CRS, TNC, ANAI, CATIE, ICFID-Cidesa, Asacode, CBTC, entre otras), viertes sus resultados en “capacitación y propuestas de alternativas para el desarrollo sostenible pretendido”. Todos los estudios técnicos y científicos de este proceso, confirmaron la perfecta compatibilidad entre la ubicación y vocación de las áreas de asentamientos humanos preexistentes y aquellas de los recursos naturales a proteger.  (anexos 11 a 13) (el subrayado no es del original)

Este singular proceso, difícilmente igualado en ninguna otra área silvestre protegida del país, culmina con una planificación o Plan de Manejo, de acuerdo con los términos exigidos por la Ley, gestionado por el Minae al amparo del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre el Gobierno de la República y el BID (Proyecto ATN/JF-3917-CR).  El Minae abre un concurso internacional que es ganado por el Programa de Estudios Ambientales (ProAmbi) de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica.  Esta organización efectúa el diagnóstico más profundo y detallado realizado hasta el momento en el país para un área silvestre protegida, ejecutado por un numeroso equipo de reconocidos científicos de la Universidad de Costa Rica, durante cerca de dos años.  Este diagnóstico también contó con la participación y colaboración de todos los técnicos y especialistas del Área de Conservación Amistad Caribe/Minae.  (anexos 14 a 16) (el destacado no es del original)

 

La reglamentación correspondiente se oficializa mediante el Decreto Ejecutivo N.º 34946-Minaet, publicado en el Alcance N.º 55 a La Gaceta N.º 248,de 23 de diciembre de 2008, después de que el Plan de Manejo es conocido y aprobado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (Conac), el Consejo Regional del Área de Conservación Amistad Caribe (Corac) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), según lo dispone la Ley de Biodiversidad N.º 7788, particularmente en sus artículos 25, 30 y 22, párrafo 1º. (anexo 17)  (el destacado no es del original)

 

 Al igual que todos los estudios y diagnósticos anteriores, los realizados por la Universidad de Costa Rica avalaron y respetaron la condición de origen de que las comunidades de Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo y Puerto Viejo estaban consideradas como aledañas al Refugio.  Por ello, ante la persistencia del error en la definición de los límites (artículo 1º del Decreto N.º 16614-MAG), respecto a los asentamientos humanos de Manzanillo, se dio una planificación y uso típicamente urbanos con alto contenido ambiental (usos: residencial, residencial urbano, residencial recreativo, hotelera turística, hotelera especial, comercial, comercial urbana, institucional, etc.), reconociendo sus derechos y previendo la eventual, necesaria e inminente corrección del error.  Las restantes 14 zonas en que fue dividido el Refugio son planificadas con base en el cuidadoso manejo y uso sostenible de los recursos naturales marinos y terrestres. (Anexo 18)” (el destacado no es del original)

11.- Como parte del proceso legislativo, los señores Diputados tuvieron oportunidad de analizar un primer criterio técnico emitido el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) como autoridad técnica competente, el cual fue declarado insuficiente por esta Sala en resolución 2012-13367 y a raíz de ello se dispuso la realización de una nueva justificación técnica para corregir los errores allí detectados. Por lo demás, este último estudio fue sometido a variedad de criterios de distintas entidades sobre las consecuencias, en ámbito ambiental, de la decisión legislativa,

12.- Finalmente, las Diputadas y Diputados aprobaron el proyecto que se convierte en ley de la República con el número 9223 y que ahora se discute ante esta sede, por entenderse que con su emisión se han lesionado el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los convenios internacionales sobre humedales y el convenio 169 de la OIT por falta de consulta a las comunidades indígenas.

13.- A la fecha de hoy, toda la zona -incluidos los territorios al amparo del régimen de protección del RVS-GM y las zonas urbanas y a los terrenos aledaños, demarcados por la ley impugnada- están exhaustivamente controlados en relación con las actividades permitidas, por el Decreto Ejecutivo 34946-Minaet, publicado en el Alcance N.º 55 a La Gaceta N.º 248,de 23 de diciembre de 2008, que puso en vigencia un Plan de Manejo concordado por todos los diversos sectores involucrados, según se explica en la exposición de motivos del proyecto legislativo.

B. Sobre el fondo del caso.

B-1 El enfoque apropiado para la resolución del reclamo relativo a la lesión al derecho a un ambiento sano y ecológicamente equilibrado.

14.- En un caso como éste con tantas aristas, es clave delimitar con claridad el enfoque que debe asumir el Tribunal constitucional, especialmente para evitar una interferencia de la Sala Constitucional en las tareas constitucionalmente asignadas a otros poderes de la República. En concreto, en cuanto a la posible lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se reclama la insuficiencia del estudio técnico ofrecido dentro del proceso legislativo para sustentar algunos aspectos de las disposiciones legislativas aprobadas. Sin embargo, según nuestro criterio, la jurisprudencia de esta Sala, bien entendida (ver la sentencia 2012-13367) no impone un listado de condiciones formales esenciales para la emisión de este tipo actos estatales, sino una guía que asegure, según las particularidades de cada caso, que el informe técnico es pertinente y no simplemente el cumplimiento de una mera formalidad.

15.- En este punto comienza entonces nuestra disidencia con la mayoría de la Sala. Concordamos con que la protección constitucional del derecho al ambiente exige que la actividad estatal para reducir el alcance de una modalidad de protección ambiental formalmente provista para cierta área, impone el requisito de un estudio técnico que la soporte, no como mero ejercicio formal, sino como justificación pertinente para demostrar la no afectación del derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero el Tribunal no debe convertirse en contralor de cualquier tipo de falencia (que por lo demás existirá en cualquier y todos los estudios tal calibre), pues su trabajo es verificar que la autoridad estatal provea la mejor protección posible al ambiente en la situación particular, sin desatender inapropiadamente los demás derechos constitucionales en juego. En particular sobre este tema, es oportuno explicitar nuestra posición respecto de la exigencia de lo que el accionante describe como “el principio constitucional de compensación” es decir “…compensar el área suprimida con otra de igual tamaño” en los términos expuestos en la sentencia 2014-12887. Estimamos al respecto, que una lectura sistemática de la jurisprudencia del Tribunal sobre este aspecto determinado no permite concluir que dicha exigencia es absolutamente imprescindible y requerida para lograr un aseguramiento apropiado del derecho a disfrutar de un ambiente equilibrado. Por el contrario, es perfectamente posible y constitucionalmente válido, que una apropiada protección estatal al ambiente pueda lograrse sin que resulte siempre necesario mantener una cantidad específica de terreno bajo concreta modalidad de protección; en este tema, la cantidad de tierra destinada a protección puede resultar una cuestión inconexa (según sea el caso) y ajena al logro de la protección estatal del ambiente y de los demás derechos en juego.

16.- La perspectiva de análisis y el tipo de escrutinio que se propone para este caso ya ha sido expuesta por este Tribunal en varias sentencias de la Sala y en concreto en la propia sentencia 2012-13367 arriba citada, que resolvió justamente la consulta legislativa sobre el proyecto de ley que se convirtió en la ley 9223 impugnada: de ella son los siguientes extractos:

“II. Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (…)(L)a persona forma parte del Ambiente, lo integra, de allí que su protección, supone la conservación del contexto esencial para la vida humana y por el contrario, una conducta con efectos negativos sobre él, supone un peligro para la propia existencia humana y una reducción o pérdida del “mayor bienestar” de todos. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado que “el ser humano no se desenvuelve de manera autárquica, sino que su bienestar guarda inmediata relación con la naturaleza que le rodea. Esa interdependencia entre el ser humano y la naturaleza comprende aspectos que exceden la mera preservación de recursos para garantizar el desarrollo económico de la sociedad humana. En realidad, la interacción “naturaleza-ser humano” conforma un fenómeno unitario, un proceso único de influencia recíproca, en el que uno actúa sobre el otro y simultáneamente ambos necesitan uno del otro para su propia supervivencia.” (Sentencia de la Sala Constitucional No. 2012-004620). El “ambiente” objeto del derecho fundamental, no es la suma o yuxtaposición de recursos, más bien se refiere a las interrelaciones y equilibrios, a la idea de sistema. La ecología como ciencia nos enseña que la naturaleza debe ser concebida como un sistema. La naturaleza consiste en las relaciones de los organismos con el mundo exterior en la lucha por su existencia. En lugar determinado se da una biocenosis (vida común) o comunidad de vida, que involucra un cierto número de especies e individuos que se influyen mutuamente. (…) Así que en la comunidad se da un cierto orden que trae un resultado beneficioso para cada especie, porque genera la productividad y estabilidad máxima del conjunto. Como todo sistema se caracteriza no solo por la interacción entre sus elementos, sino también porque produce un resultado global o general relativo a todo el sistema: su propia existencia, que es lo que podemos llamar equilibrio dinámico, comprendido dentro del concepto de “equilibrio” que exige la Constitución…”

17.- Más precisa y reciente en esta línea de pensamiento resulta incluso  la sentencia número 2016-000811 de 20 de enero de 2016 en donde la Sala tuvo que confrontar una disyuntiva jurídico-constitucional similar, a saber, la necesidad de sopesar los derechos constitucionales al ambiente y al disfrute de los bienes demaniales (en particular la zona pública de la zona marítimo terrestre), frente a los derechos constitucionales históricamente consolidados de una gran cantidad de personas que durante muchos años han habitado esas zonas en los litorales del país.

18.- En dicha resolución de manera acertada se plasma una visión correcta de la tarea de la Sala en estos casos tan particulares; lejos de la unilateralidad y de un el exceso en el escrutinio de las condiciones de hecho y otros temas infraconstitucionales, lo que debe privar es la justa valoración global de toda la situación, incluida obviamente la necesidad de asegurar un equilibrio ambiental frente a la condición de las personas involucradas, desde que –precisamente, tanto la Constitución Política, como la Sala en su papel de garante- le deben protección a aquellos contra quienes el Estado ha ejercido sus potestades de manera abusiva (aún cuando lo haga de con la mejor de las intenciones).  De la citada sentencia se resaltan entonces los siguientes pasajes, por su claridad, relevancia y similitud para el abordaje de este nuevo caso: 

 “A.- Todo lo anterior, ofrece la oportunidad de replantear el tema, a la luz de las nuevas soluciones a las problemáticas sociales que quedaron más que evidenciados en la vista que realizó esta Sala, especialmente cuando por la naturaleza de la norma, se pueden otorgar derechos reales administrativos con implicaciones sobre el Derecho urbanístico y ambiental, lo que involucra algunos temas que han ocupado a este Tribunal. Además, estamos ante una ley para solucionar una problemática social que a diario viven los pobladores de la zona marítimo terrestre, la que ejerce presión sobre los recursos naturales, y que requiere, necesariamente, de una ponderación de los derechos fundamentales en juego y de una adaptación del aparato institucional. (…).”

“B.- Sobre el control a posteriori de constitucionalidad.- (…) El punto que debe dilucidar este Tribunal Constitucional radica en determinar si tales efectos sobre el área pública necesariamente implican una inconstitucionalidad insalvable, esta vez interpretado a la luz de la necesidad imperiosa del Estado de ejercer una tutela sobre las políticas de un ordenamiento territorial, que de solución a los problemas de aglomeración de las personas en núcleos de población de hecho, y del derecho a una vivienda digna contenido en los artículos 50, 51 y 65 constitucionales, así como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el numeral 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el numeral 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el 8 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.”

  “C.- El ordenamiento territorial como garantía de defensa del ambiente y del ser humano.- …(T)enemos que reconocer que el Derecho urbanístico difícilmente puede concebirse hoy en día desvinculado de los criterios de defensa del medio ambiente, pues más allá de la finalidad de crear mejores relaciones entre la naturaleza y los habitantes de un lugar, al establecer normas de higiene y de la salubridad pública, o mejoramiento de los cuadrantes de una ciudad, se busca, sobre todo,  una sostenibilidad ambiental mientras se desenvuelve una determinada comunidad. ¿Pero qué sucede cuando en países de ingreso medio a bajo, especialmente en algunas áreas costeras yacen comunidades marginales o excluidas de los beneficios del desarrollo de nuestro país, donde el habitante que se asienta ahí lo ha hecho desde muchos años y porque le aporta medios escasos para subsistir? No desconoce esta Sala los problemas que trae para los pobladores la búsqueda de soluciones a sus problemas de falta de vivienda digna, junto a un abaratamiento de los costos para poder edificarla, así como la de utilizar inconvenientemente las formas de crecimiento vegetativo de viviendas a lo largo de las calles públicas o, en este caso, dentro de la zona pública donde ejercen la actividad principal de vida, etc.  De ahí que la realidad obliga a diseñar una normativa que intenta conciliar el Derecho ambiental con varios derechos económicos, sociales y culturales (…). No olvida esta Sala que el cambio de régimen implica para aquellas personas que han venido ocupando el área pública de la zona marítimo terrestre el ejercicio informal de sus derechos económicos, sociales y culturales, y también para las personas que podrían ser afectadas dentro del área restringida.”

“De este modo, el legislador procura las condiciones para asegurar mediante las regulaciones urbanísticas una determinada estabilidad jurídica y los efectos positivos que procura el Derecho urbanístico, ante una situación de hecho, toda vez que a pesar del régimen actual, éste actúa más en beneficio del crecimiento urbano incontrolado pues hay vacíos normativos que el Estado no ha podido solucionar, pero que demanda de una solución al estar involucrados derechos fundamentales.  En el caso, se debate entre una tesis absolutista frente a otra relativa en la que consideramos que existen recursos de protección que lograrían producirse por medio de la planificación urbana. En opinión de la Sala, al procurar un balance adecuado en esta delicada materia, las diferentes disciplinas jurídicas se nutren de la ciencia y la técnica, sea del derecho ambiental y urbanístico, como también del Derecho público y administrativo, para dar  una solución a una problemática social muy antigua.

“(…) En efecto, el Derecho ambiental no es suficiente para dar una solución integral. (…)  Si de hecho se ha producido una situación social que el Estado no ha podido resolver en más de cincuenta años, la solución no reside en la prohibición, sino en la utilización de los mecanismos legales que racionalicen el uso de esos bienes a través de una solución integral. (…) Precisamente, ese es el tema que se intenta abordar con la legislación que se impugna, pues acceder a la pretensión de anular la norma impugnada profundizaría los problemas apuntados arriba, en especial de aquellos pobladores que se encuentran en un estado de vulnerabilidad social, dada su condición de pobreza y que cuentan con medios de subsistencia muy precarios, los cuales viven en una permanente zozobra de que en cualquier momento pueden ser desalojados de sus viviendas.  Por el contrario, los pobladores ahora tienen un instrumento para presionar a sus autoridades municipales para regularizar aquellas situaciones de su interés.” 

“El punto medular de la presente acción de inconstitucionalidad radica en el cambio de régimen jurídico de lo que tradicionalmente la Ley 6043 denominaba como área pública de la zona marítimo-terrestre, hacia un  régimen de excepción, que establece la Ley No. 9221, donde el legislador reconoce a este bien demanial un cometido social, que permite reconocer jurídicamente el estatus a ciertos asentamientos históricamente establecidos en los litorales; véase que no se trata de situaciones individuales de habitantes, sino que hay un sentido de colectividad en la legislación….” 

“D.- La cláusula del Estado social de Derecho . No hay duda alguna que el Estado de Costa Rica es un Estado social de Derecho, aunque no se diga de forma expresa en la Constitución Política. En efecto, de la relación lógica y necesaria entre el párrafo primero del numeral 50 y 74 se extrae esta conclusión necesaria.  Hay, pues, un mandato constitucional hacia el Estado de que debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes de la República, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Además, de conformidad con el numeral 74 y con los instrumentos internacionales de derechos humanos, el Estado está en la obligación de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales a la población, así como otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley, a través de la prestación de una serie de servicios básicos. En esta dirección,  Sala Constitucional ha enfatizado, en su jurisprudencia, que Costa Rica es un Estado social de Derecho. (…)   

       “Así las cosas, este Tribunal debe, por la vía de excepción, al estar en juego derechos fundamentales –el derecho al ambiente, el derecho a la vivienda digna y el derecho a un medio de subsistencia digno que le garantice a la persona el satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, de realizar una ponderación entre esos derechos fundamentales.”

“El derecho a la vivienda digna.- Debe tomarse en consideración para resolver la presente acción, la tendencia natural y lógica del ser humano de asentarse en un lugar que le proporcione cercanía con aquellas actividades sobre las que gira su vida, como las fuentes de trabajo o aquellas que son su medio principal para subsistir, las que luego se manifiestan en las diferentes formas de cohesión social y en el asentamiento territorial (constituidas por las ciudades, sean jurídicamente reconocidas o de hecho). En este punto, es importante hacer referencia al rol orientador y precursor del Estado de políticas en esta materia.  Por sentencia No. 2011-13436 de las quince horas trece minutos del cinco de octubre de dos mil once, esta Sala señaló, respecto de este tema, lo siguiente:

“El Estado debe conjuntar esfuerzos para que las personas puedan acceder al derecho a una vivienda adecuada, en condiciones de legalidad, seguridad, de paz y de igualdad.  Este derecho, por supuesto, es un derecho relativo que dependerá de las condiciones sociales e individuales; la norma constitucional se refiere a un contenido más que todo programático, aunque debe estar conforme a la progresividad de los derechos sociales. En general, el Estado debe ser un facilitador responsable del cambio social en esta materia, lo cual no solo debe ser entendido en un nivel esencial mínimo, sino también debe proporcionar los mecanismos jurídicos para que todas las personas puedan acceder a una vivienda digna, sea ésta arrendada o adquirida, mediante los programas asistenciales y de créditos a personas que califiquen con tasas preferenciales, o en condiciones de un mercado libre para poseer o adquirir una vivienda acorde con sus condiciones personales. La obligación de un Estado plenamente responsable no cesa con programas asistenciales para un primer nivel de necesidad dirigida a los más vulnerables, sino que debe desarrollar una política más general, no discriminatoria que responda a una demanda de vivienda o a una proyección de la necesidad de la vivienda en general” 

“Ahora bien, cuando el artículo 65 constitucional establece que “ El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador”, se refiere a ese primer nivel del derecho a una vivienda digna; pero debemos admitir que éste no se agota en sí mismo, porque de conformidad con la interpretación de la Sala junto a otros numerales de la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos, comprende otras modalidades con un sentido más amplio que las meras formalidades patrimoniales (…) Los artículos 50 y 51 constitucionales además permitirían al Estado ser promotor del bienestar general, especialmente a favor de los desposeídos o personas en situaciones de desventaja, o donde la familia tiene derecho a la protección especial del Estado.  A esto agregamos los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el numeral 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el numeral 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el 8 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. (…)” 

“La normativa anterior, proporciona el entramado normativo para entender que el derecho a una vivienda digna no estaría reservado solo a la esfera patrimonial y civil, sino que también tiene una dimensión en la personalidad y dignidad del ser humano que debe ser tutelado por el Estado. No podemos dejar de advertir que la legislación persigue solucionar un problema fundamental que por décadas ha venido existiendo (incluso que se viene arrastrando desde antes de la promulgación de la Ley 6043), pero que rescata el derecho humano a la vivienda digna, que debe ir de la mano de políticas estables del Estado para hacer efectivo no solo la norma constitucional (art. 65), sino las otras disposiciones sobre derechos humanos regulados internacionalmente y las declaraciones señaladas arriba.  El derecho humano a la vivienda es un  derecho de tercera generación, de solidaridad humana, que es facilitado por el Estado sí otorga las condiciones para su disfrute; (…)  Por las razones dichas arriba, debemos concluir que de la relación de los artículos 50, 51 y 65 de la Constitución Política se puede extraer el derecho a una vivienda digna, que otorga un espacio de desenvolvimiento de la persona humana dentro de un ámbito íntimo, que le provee tanto dignidad como permanencia a la unidad familiar con su uso más o menos prolongado.  Véase, que no se trata de una tutela de un derecho individual, sino de un derecho colectivo, como es el que regula el Derecho urbanístico, que se ocuparía de la cohesión social de hecho y territorial existente, teniendo en cuenta este contenido de derecho fundamental. 

“Por ello, este Tribunal Constitucional reconoce que los efectos de la interpretación de esta Sala sobre el área pública de sostener su intangibilidad en forma general –sin excepciones- crearía una norma pétrea frente a las necesidades reales de la población costera de nuestro país, y condena a la inmovilidad del derecho, lo que tiene serias consecuencias en la vida de muchos ciudadanos, especialmente aquellos de origen más humilde, que viven en pobreza y de las actividades relacionados con el mar. En el caso emanan temas de justicia social que pueden responderse desde la cúspide del ordenamiento jurídico, que deben ponderarse, como también se produce una necesidad de que este Tribunal bajo una mejor ponderación, aún teniendo en cuenta la copiosa jurisprudencia, tome en consideración el resguardo de determinados derechos, especialmente los sociales, si del examen se puede concluir un beneficio para las poblaciones, particularmente a aquellas en desventaja y vulnerabilidad.”

La cita anterior contiene de manera fácilmente apreciable un hilo conductor y es la necesidad de que la Sala haga una ponderación de derechos, la actividad estatal y particularmente la legislativa cuando se trata de solucionar problemas que por décadas han afectado los legítimos derechos constitucionales de habitantes de zonas relegadas en nuestro país.

19.- Resulta evidente la relación de pertinencia entre esa posición y la situación que debe resolverse en este caso, donde también nos encontramos con un (sic) grupo de población que, muchos años antes de la intervención estatal, había consolidado proyectos de vida claros y contentivos de ejercicios concretos del derecho a desarrollarse como personas, así como a buscar y obtener una vida y una vivienda dignas; todo esto –se insiste-  mucho antes de que el Estado intentara aplicar en la zona mecanismos de protección del ambiente.

20.- También resulta una obviedad señalar que –en el caso particular- ha sido el propio Estado el que no ha sabido proveer a los pobladores originarios de la zona con una apropiada respuesta, vale decir, una solución coherente y respetuosa de todos los derechos constitucionales en juego; y es que a pesar de que eso fue lo que se trató de hacer en un principio con las reglas de exclusión y titulación del decreto original, tal enfoque apropiado no pudo mantenerse y la situación derivó en favor de la protección al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado con una grosera desatención de las legítimas condiciones  y aspiraciones de las personas habitantes de la zona, la cual, lamentablemente, fue avalada por este propio Tribunal.

21.- En este punto, es relevante hacerse eco de lo que se ha sostenido por las distintas partes en este expediente y repetido incluso por la propia representación del SINAC, en el sentido de que la situación del Refugio Gandoca Manzanillo fue y es diferente de los casos tradicionales, dado que no se trata de proteger a personas invasoras que han intentado establecerse con posterioridad a la declaratoria de refugio y que pretenden sacar provecho de los descuidos estatales o de la falta de vigilancia. Si se tratara de tal situación, es decir, se estuviéramos frente a personas que forma deliberada han violentado los límites y reglas de manejo del refugio para instalarse allí después de su declaratoria, el Estado estaría facultado de forma amplia para ejercicio de su poder-deber de proteger el ambiente, de acuerdo a los ordenado en tal sentido por las normas jurídicas aplicables al caso. Sin embargo, en este caso los elementos de juicio apuntan a que fue el Estado el que –quizás armado de las mejores intenciones respecto del derecho al ambiente- pretendió establecer un refugio absolutamente sui generis por abarcar zonas en una estrechísima interacción con los territorios de los pobladores que, al momento de la declaratoria, ya vivían y prosperaban en la zona.

22. Y fue el mismo Estado según lo describe este propio Tribunal el que luego, abandonó esa posición por una mucho más desatenta con la situación de las zonas urbanas y sus habitantes, a las que decidió sumar al refugio a través sin ningún estudio ni justificación técnica y menos aún sin determinar el aporte específico que -en materia de protección medioambiental- darían las zonas urbanas al Refugio RVS-GM, y sin definir, y menos aún, respetar el estatus jurídico de los quienes ocupaban en calidad de poseedores las tierras en dicha zona, tal como lo exigía el artículo 37 la Ley Orgánica del Ambiente, misma que desarrolla directamente el artículo 45 Constitucional y estaba ya vigente cuando se hizo la última inclusión de zonas urbanas en el año 2005, según lo afirmó en su momento la propia Sala:

“VI (…) Sin embargo, posteriormente el Poder Ejecutivo emitió el DE-32753-MINAE de 16 de mayo del 2005, el cual derogó expresamente el artículo 6 del DE-16614 ; nuevamente las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo pasan a formar parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, situación que se mantiene a la fecha” (sentencia 2009-1056)

23.- La confirmación de las anteriores condiciones particulares debe  incidir en la manera en que esta Sala –como Tribunal investido de poder para la protección de los derechos constitucionales de las personas- debe valorar las supuestas carencias que -desde la perspectiva ambiental- pueda tener el estudio técnico presentado para sustentar una decisión legislativa que pretende solucionar el problema concreto que se ha presentado por años en la zona. A ese respecto y tal como se indicó en la sentencia 2012-13367 arriba citada, la tarea de la Sala es verificar de general y comprensiva posible la existencia de un equilibrio ecológico en la propuesta, lo cual se demuestra por todo el conjunto de estudios y análisis y no por la falta de una u otra valoración de algún tema concreto. Desde este modo, ninguna de las “faltas” apuntadas por la Procuraduría, tienen el peso suficiente para convencernos que la Sala debe dejar desvalidas, nuevamente, a los habitantes de la zona, declarando que la ley emitida resulta constitucionalmente insostenible. Por el contrario, el estudio técnico realizado luego de la sentencia emitida por la Sala, se esfuerza en valorar las particulares variables medioambientales que han entrado en juego en este caso y luego de su análisis, ha concluido que –en una sumatoria de ventajas y desventajas- las medidas legislativas propuestas, resguardan el equilibrio ecológico y ambiental y respetan el mandato constitucional de proveer a los habitantes de nuestro país con un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

24.- En particular, y en lo referido a la existencia de “zonas boscosas” que supuestamente quedarían huérfanas de protección ambiental, el informe rendido por la SINAC a petición de la Sala como prueba para mejor proveer, explica que las posibles zonas boscosas excluidas por la ley, no han perdido y no podrían perder su régimen de protección, pues –en tanto se trate de bosques según la definición de la Ley Forestal- quedan amparados por sus normas protectoras, aún cuando se lleguen a encontrar incluso en terrenos privados. Igualmente, se afirma que los arrecifes de las zonas costeras no van a sufrir con la medida, más deterioro del que actualmente sufren, porque su afectación se genera con los materiales que aportan los ríos desde zonas tierra adentro. También se afirma que las dos zonas de manglares que han quedado excluidas del refugio tampoco sufren de forma relevante en su régimen de protección porque continúan plenamente amparados por las obligaciones internacionales para su defensa y protección, las cuáles han sido aceptadas por Costa Rica en las convenciones internacionales relativas a la materia y que por ende no sufrirán cambios cualitativos.

25.- También debe atenderse lo expuesto por el SINAC al señalar que algunas de las objeciones de la Procuraduría no tienen relación con el tema ambiental sino con eventuales carencias de la ley, como es el caso de que no se indique cuál es en particular el régimen jurídico con el que cada uno de los habitantes ostentan la tenencia de la tierra en la zona y tampoco le corresponde al informe técnico ambiental, aportar elementos para juzgar si el objetivo de la ley, respecto de “reconocer los derechos de los habitantes del Caribe Sur” exige constitucionalmente un estudio de la situación actual de tales habitantes al respecto. Tales aspectos, aunque pudieran llegar a demostrar posibles defectos de la ley, no entran dentro del ámbito competencial de la Sala, quien no tiene dentro de sus facultades anular una ley por ausencia de un apropiado sustento respecto de la finalidad perseguida, sino en este caso, únicamente si se comprueba que la reducción o readecuación de límites, viola por sí mismo el derecho a un amiente sano y ecológicamente equilibrado.

26.- En resumen -y esto resulta ser clave para la decisión que aquí se toma-, frente a la inseguridad jurídica y el daño en los legítimos derechos de los habitantes del Caribe Sur, que se originó desde el momento mismo de la emisión del primer decreto de creación del Refugio y que prácticamente podrían perpetuarse con una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley discutida, estimados (sic) que el informe técnico cumple de forma adecuada su finalidad propia y específica y permite entender que las innovaciones de la ley no afectarán de forma relevante el equilibrio ecológico y por ende el derecho a un ambiente sano del que son titulares las personas en nuestro país. Dicho informe es claro en señalar que, dadas las circunstancias particulares de creación del refugio y la forma en que este ha venido operando en la realidad, el replanteamiento de la forma jurídica en el régimen de protección ambiental de la zona, no conlleva afectaciones relevantes para el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en cambio, como sostuvo la Sala en la sentencia número 2016-000811 arriba citada, la medida legislativa se aviene apropiadamente con el desarrollo de derechos constitucionales de los habitantes, igualmente relevantes y dignos de consideración y valoración al hacer el análisis constitucional de esta decisión legislativa.

27.- La situación ampliamente expuesta de las poblaciones y el desarrollo urbano de las áreas del Caribe Sur, radicadas mucho tiempo antes de la declaratoria del Refugio y lesionadas por ésta última en sus derechos, hace que no pueda hablarse de una lesión a los principios constitucionales precautorio y de no regresión en materia ambiental (dentro de los cuales se subsumen otros que el accionante menciona pero que no tienen el alcance propio de principios propios y autónomos que se les quiere dar, como el que él denomina de “irreductibilidad” o el de compensación). La razón es que la exclusión de áreas establecidas en la ley, busca dar forma jurídica apropiada a unas condiciones preexistentes a la declaratoria de refugio, pero además, no podría nunca entenderse que las zonas excluidas quedan liberadas y a merced de la omnímoda voluntad de sus dueños, respecto a su destino, tal como pareciera entenderse, y ello todavía menos en el caso de las zonas boscosas protegidas por la Ley Forestal. Justamente a la inversa, tales terrenos, incluyendo los terrenos excluidos por la ley impugnada, que contienen áreas de bosque, nacientes o quebradas; o bien abarcados por la zona marítimo-terrestre, e incluso las demás tierras habitadas que conforman las zonas excluidas, están y seguirán estando sometidas a las reglas protectoras del ambiente que existen en la Ley Forestal, la Ley Orgánica del Ambiente, o la Ley sobre protección a la Biodiversidad solo para mencionar unas cuantas. En todas ellas –y muchas otras más que podrían llegar a ser aplicables- se provee al Estado de un amplio marco jurídico en competencias, instrumentos y potestades, para asegurar que no exista ningún deterioro del equilibrio ecológico. Es más, -y tal como se acentuó con vigor en la sentencia 2016-00811-,  en este caso concreto ya existe y está vigente un minucioso plan regulador recogido en el Decreto número  34946-MINAET que ha tomado en cuenta –sin que pudiera ser de otra forma-  todas las variables ambientales, para la regulación de las actividades a desarrollar a lo largo de todo el territorio de la zona, incluyendo zonas urbanas, y la zona marítimo terrestre, así como las restantes áreas con los diferentes ámbitos de protección. Lo anterior debería permitir entender a la Sala que aún cuando el régimen jurídico de protección en las zonas excluidas por la ley ha cambiado por disposición legal, ello no ha implicado –en este caso- una desmejora del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado que la Constitución ordena proteger. Por otra parte, es necesario recordar que si existen casos concretos de violación a la normativa ambiental, invasiones o usurpaciones de tierra, construcciones ilegales, etc, es obligación de las autoridades estatales, ejercer sus competencias legales, para presentar los reclamos judiciales, realizar las denuncias penales que resulten necesarias y tomar las acciones administrativas concretas para reestablecer la legalidad.

B-2 En relación con el reclamo por falta de consulta a los pueblos indígenas. 

28. En otro de los reclamos planteados se alega la inobservancia de lo previsto por el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, que establece la necesidad jurídica de una consulta a los pueblos indígenas cuando se planteen acciones estatales que puedan llegar a afectarles en sus legítimos derechos. En este caso, coincidimos con la observación de la Procuraduría General, en el sentido de que la legislación que se cuestiona no presenta las condiciones particulares que la jurisprudencia de esta Sala ha fijado para hacer exigible el proceso de consulta. En efecto, la mayoría de esta Sala, ha entendido que la exigencia del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT es un mecanismo eficaz para lograr la participación y la toma de criterio de los pueblos originarios, en los casos en que el Estado pretenda tomar disposiciones que los afecten como grupo distinguible y en su calidad de integrantes de esa colectividad. Materias como reglas de tenencia de la tierra en zonas indígenas, autorizaciones de explotación de recursos en las tierras otorgadas a ellos, las condiciones para su educación y para ordenar sus formas de organización, son temas tradicionalmente reconocidos como objeto de necesaria consulta. Sin embargo, en este caso, las decisiones legislativas no van dirigidas a moldear la situación jurídica de poblaciones indígenas en cuanto tales, sino solamente de aquellos indígenas que eventualmente –y junto con muchos otras personas no indígenas- puedan resultar ser habitantes del territorio abarcado o excluido por la fijación de límites para el refugio RVS-GM: Por esa razón no existía ninguna obligación de que la Asamblea cumpliera con ese requisito establecido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y por ello en este punto también la acción debe ser declarada sin lugar.

B-3 En relación con el reclamo por violación al artículo 7 constitucional al desatenderse las obligaciones de Costa Rica en relación con humedales protegidos por el Refugio.

29.- El accionante alega de forma general y sin mayor precisión que los manglares y humedales existentes en la zona del Refugio se ven afectados por la ley en el sentido de que por disposición de la Asamblea Legislativa quedarían desprotegidos, con grave lesión de las obligaciones legales de Costa Rica. Sobre este punto el SINAC afirma de forma categórica que el principal ecosistema de mangle que contiene el Refugio es la laguna de Gandoca, con 200 hectáreas, el cual es patrimonio Natural del Estado y se ubica muchos kilómetros al sur de las zonas excluidas por la ley.  Se agrega que existen además dos áreas que menciona la Procuraduría de dos mil y tres mil metros que se ubican en la desembocadura de dos quebradas. Afirma que dichas áreas están protegidas por ser parte del Patrimonio natural del Estado, y –además- bajo la tutela de disposiciones sobre zona pública marítimo terrestre. Tales afirmaciones resultan ampliamente suficientes para descartar alguna puesta en peligro de las obligaciones de Costa Rica, derivadas de los convenios sobre humedales de los que nuestro país es parte.

Corolario.

30. En virtud de todo lo expuesto, no se ha configurado ninguna lesión constitucional al derecho contenido en el artículo 50 de la Constitución Política, pues el equilibro ecológico no ha sufrido menoscabo con las disposiciones de la Ley impugnada, la cual tampoco infringe las obligaciones internacionales aceptadas por nuestro país en el tema de los humedales y zonas de manglar. Asimismo, con vista del alcance de las disposiciones legales impugnadas, no resultaba exigible formalmente el proceso de consulta contenido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.  Al contrario, el Estado mantiene intactas sus potestades en el ámbito de protección ambiental y defensa de los bienes públicos y debe, según nuestro criterio, actuar de manera consistente tomando las acciones necesarias para reivindicar las tierras que se encuentren ilegalmente ocupadas en las zonas protegidas conforme lo indica la ley” (lo subrayado y resaltado es del original).

 

Entonces, para la minoría no era inconstitucional la Ley N° 9223 del 10 de marzo de 2014, de tal modo que, tampoco procedería la anulación del Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo 2017-2023, con su resumen ejecutivo en el Alcance N° 42 a La Gaceta N° 39 del 28 de febrero de 2022. Ello en cuanto refleja el acatamiento de los límites del Refugio Nacional realizados con la Ley N° 9223, lo que se hizo en mi criterio sin alterar las obligaciones del Estado respecto del régimen de defensa del Patrimonio Natural del Estado -claramente- no han mutado con o sin el pronunciamiento de la Sentencia N° 2019-12745 de las 12:10 horas del 10 de julio de 2019. No se puede suponer, que las obligaciones y normas protectoras del ambiente han desaparecido, por una presunta falla legislativa, estas, claramente se mantienen y sus infracciones pueden ser procesadas, toda vez que persiste la máxima legal de protección de los bosques en terrenos públicos y privados.  Además, aquella falla legislativa podría resumirse en un problema de la técnica legislativa, la que normalmente no es abordada por la Sala, como bien se explicó.

Dejo así, mi disidencia y declaro sin lugar la acción, en cuanto a este extremo.-

 

 

 

Luis Fdo. Salazar A.

Magistrado

 

 

 

Exp: 24-001899-0007-CO

Res. n.°2025-022181

RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS

De previo

De previo a consignar mis razones diferentes, es preciso destacar que en este proceso de control de constitucionalidad se impugnaron tres diferentes instrumentos En primer término, el Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo, adoptado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) mediante resolución n.°044 de 28 de febrero de 2022. Sobre este extremo, aclaro que –respetuosa del criterio de la mayoría– opté por consignar mis propias razones para declarar la inconstitucionalidad de dicho plan. Además, salvé mi voto en lo relativo a la fase de ejecución de sentencia a efecto de que esta etapa se lleve a cabo ante el Juzgado de Ejecución de Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo.

Como segundo punto de la acción, se cuestionó el Plan Regulador Costero Talamanca– Distrito Cahuita (Reglamento de zonificación) dictado por la Municipalidad de Talamanca, reglamento municipal n.°89 del 26 de setiembre de 2023. En cuanto a este punto coincidí con el Pleno en declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad –por unanimidad– por razones de admisibilidad.

Finalmente, el reproche contra la directriz n.°09-2023 del ministro de Ambiente y Energía de 17 de agosto de 2023, lo desestimé juntamente con los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado toda vez que la directriz en cuestión fue emitida de previo a la sentencia n.°2024-3959 de las 9:30 hrs. del 16 de febrero de 2024 y, por lo tanto, no se puede concluir que los lineamiento dictados sean contrarios a esa sentencia.

 

Sobre la inconstitucionalidad del Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo (REGAMA)

Como recién apunté, respetuosa del criterio de la mayoría, opté por consignar mis propias razones para declarar la inconstitucionalidad del Plan General de Manejo del REGAMA 2017-2023.

Sobre este agravio, me corresponde ceñirme a mis propias conclusiones respecto del incumplimiento acreditado en la acción de inconstitucionalidad tramitada en el expediente n.°14-019174-0007-CO, relativo a la orden impartida por este Tribunal en la sentencia n.°2019-012745.

Sobre el particular, en la sentencia n.°2024-026300, determiné que efectivamente las autoridades del SINAC incurrieron en una conducta omisiva de realizar una delimitación total y formal del refugio en cuestión, cumpliendo con una evaluación concreta sobre 188 hectáreas de cobertura forestal en las que había duda sobre la titularidad de los inmuebles, pues de determinarse que existían bienes de dominio público –no bienes de dominio privado–, el SINAC, en conjunto con el Abogado de Estado, debían ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público.

Por tanto, al acreditarse el incumplimiento de esa delimitación y constatarse que el plan de manejo se definió en función de los límites del refugio –que no tenían incorporados los resultados de la delimitación–, es evidente que la conclusión a la que ha de llegarse es que ese plan está –del mismo modo– incompleto.

En este punto es esencial evidenciar que el entramado jurídico ambiental y de protección de todas las áreas silvestres protegidas se basa en una correcta definición del plan de manejo que se le imponga a la respectiva área resguardada. En ese sentido, es reconocido que el plan de manejo de las áreas silvestres protegidas es el instrumento orientador para una efectiva administración y manejo de los elementos naturales y culturales presentes en dichas áreas y de la dinámica socio ambiental que se desarrolla en el sitio. Al respecto, los arts. 32 y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente disponen lo siguiente:

Áreas silvestres protegidas

Art. 32.- Clasificación de las áreas silvestres protegidas. El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que se señalan a continuación:

a) Reservas forestales.

b) Zonas protectoras.

c) Parques nacionales.

d) Reservas biológicas.

e) Refugios nacionales de vida silvestre.

f) Humedales.

g) Monumentos naturales.

Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben colaborar en la preservación de estas áreas.

 

Art. 37.- Facultades del Poder Ejecutivo. Al establecer áreas silvestres protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, queda facultado para incluir, dentro de sus límites, las fincas o partes de fincas particulares necesarias para cumplir con los objetivos señalados en esta ley y para instrumentarlos de acuerdo con el respectivo plan de manejo o crear las servidumbres legales para la protección ecológica y el cumplimiento de la presente ley.

Cuando se trate de parques nacionales, reservas biológicas o refugios nacionales de vida silvestre estatales, los terrenos serán adquiridos por compra, expropiación o ambos procedimientos, previa indemnización. En los casos de reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre mixtos y humedales, los predios o sus partes también podrán comprarse o expropiarse, salvo que, por requerimiento del propietario, se sometan voluntariamente al régimen forestal. Esa sujeción será inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como una afectación al inmueble, que se mantendrá durante el tiempo establecido en el plan de manejo.

Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 72, inciso c) de la Ley Forestal, N° 7575 del 13 de febrero de 1996, que a su vez fue reformado por el 114 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788 de 30 de abril de 1998)

Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, realice las expropiaciones, contempladas en este artículo, de conformidad con lo establecido en la Ley de expropiaciones No. 7495, del 3 de mayo de 1995. (Lo destacado no es del original).

 

Además, en el caso concreto, al tratarse de presuntas áreas de bosque, corresponde citar lo que al efecto dice la Ley Forestal que justamente viene a definir y evidenciar la importancia de la rigurosidad de los planes de manejo forestales. A tales efectos, el art. 3 los define en el siguiente sentido:

Art. 3.- Definiciones

Para los efectos de esta ley, se considera:

(…)

e) Plan de manejo forestal: Conjunto de normas técnicas que regularán las acciones por ejecutar en un bosque o plantación forestal, en un predio o parte de este con el fin de aprovechar, conservar y desarrollar la vegetación arbórea que exista o se pretenda establecer, de acuerdo con el principio del uso racional de los recursos naturales renovables que garantizan la sostenibilidad del recurso.

 

Como se aprecia, el plan de manejo es una herramienta esencial para definir las actividades permitidas en la respectiva área de protección, guiadas por el principio del uso racional de los recursos naturales que garanticen la sostenibilidad del recurso. De modo que si el plan de manejo no incluye de forma apropiada las zonas a delimitar y el tipo de actividades que se pueden ejecutar se provoca una desprotección de los recursos naturales que, a todas luces, resulta inadmisible.

Esto quedó reflejado –como ya apunté– en mis consideraciones de la sentencia n.°2024-026300 en la que realicé las siguientes conclusiones:

“Al respecto, de la prueba aportada se tiene que con el afán de dar cumplimiento a una serie de órdenes de la Contraloría General de la República se procedió a dictar el plan general de manejo del REGAMA, pero este plan no contempla la protección sobre las hectáreas que fueron desafectadas con la ley, pues dispone lo siguiente:

 

‘Dada la necesidad y el carácter prioritario de cumplir con las diferentes disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República en cuanto a la oficialización del plan general de manejo del RNVS- GM, se acuerda continuar con la publicación del presente documento, mismo que rige para el área del refugio establecida de previo a la anulación parcial de la ley N°9223 exceptuando el área dispuesta en el voto N°012745 del 10 de julio de 2019 de la Sala Constitucional. De conformidad a lo anterior, el área geográfica que refleja el presente plan de manejo no representa los límites totales del área silvestre protegida, siendo necesario una vez que se reincorpore el área boscosa desafectada por la ley 9223, efectuar una ampliación del PGM que contemple lo pertinente a dicha área que será restituida al refugio’. (Lo destacado no corresponde al original).

 

Esto apunta ‒es apenas un indicio‒ a que no hay un plan general de manejo que vele adecuadamente por las zonas que fueron desafectadas con la ley n.°9223, es decir, luce que tampoco se impusieron las limitaciones de interés ambiental para resguardar las propiedades privadas aledañas al refugio y que tenían importante cobertura forestal o son verdaderamente bosque en los términos de la Ley Forestal”.

 

Del extracto anterior corresponde destacar lo dispuesto en el propio instrumento: el área geográfica que refleja el presente plan de manejo no representa los límites totales del área silvestre protegida, siendo necesario una vez que se reincorpore el área boscosa desafectada por la ley 9223, efectuar una ampliación del plan general de manejo que contemple lo pertinente a dicha área que será restituida al refugio.

Una vez constatado ese dato fáctico, es preciso destacar la conclusión de la Procuraduría General de la República –la cual comparto–:

“Con esa disposición, es innegable que respecto del Plan General de Manejo REGAMA, se desnaturaliza su función como instrumento de planificación que orienta la gestión de un área silvestre protegida, hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación a largo plazo, y que sirve de base para el desarrollo de otros instrumentos de planificación y reglamentación, en primer lugar, a causa de la inexistente delimitación del área geográfica total del REGAMA, y en segundo término, porque la falta de definición, identificación y reincorporación de la totalidad de las áreas del Patrimonio Natural del Estado al REGAMA, ordenada por sentencia 12745-2019, conlleva un estado de incertidumbre sobre el uso adecuado de los terrenos y plantea conflictos de competencia entre el SINAC y la Municipalidad de Talamanca para su administración. Ambos supuestos dan lugar a una afectación importante al derecho establecido por el artículo 50 constitucional”. (Lo destacado no corresponde al original).

 

Además, es preciso poner de relieve las consecuencias que esto implica:

“En ese sentido, debe tenerse en cuenta que las Áreas Silvestres Protegidas son zonas geográficas delimitadas (Ley No. 7788, artículo 58), cuya administración y conservación del Patrimonio Natural del Estado tiene el Sistema de Áreas de Conservación (SINAC).


Así, una deficiente e inconclusa delimitación del Área Silvestre Protegida implica el riesgo de que la Municipalidad de Talamanca, otorgue concesiones –derechos reales administrativos– sobre las 20,1 ha de terrenos clasificados como bosque y que se ubican dentro de la zona marítimo terrestre, según la delimitación de zona boscosa en el área excluida por la ley 9223, oficio N°ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020-, irrespetando las competencias y características de cada ecosistema (Ley 7554, artículos 30 inciso c y 34). Lo anterior, en clara desaplicación a lo que esa Sala ha establecido como inconstitucional en anteriores sentencias sobre los principios preventivo, precautorio y la obligación del Estado de evitar el daño ambiental, así como el mandato constitucional a la coordinación y cooperación interinstitucional para la protección del medio ambiente, derivado del principio pro natura”. (Lo destacado no corresponde al original).

 

En adición, sobre la protección de la zona boscosa dicho informe apunta lo siguiente:

“[S]i los límites del REGAMA no están definidos en forma total, no podrían evaluarse y determinarse cuáles serán los efectos negativos que una actividad, obra o proyecto causará en el ambiente de previo a su ejecución, en el área omitida. El Ministerio de Ambiente y Energía está obligado a realizar la clasificación de los terrenos propiedad del Estado con el objetivo de identificar y delimitar aquellos territorios que constituyan Patrimonio Natural del Estado definidos como bosques y/o terrenos de aptitud forestal que pasan a ser administrados automáticamente por ese Ministerio y no por las Municipalidades”. (Lo destacado no corresponde al original).

 

En conclusión, considero que efectivamente el plan de manejo –que es el instrumento de regulación por excelencia de las áreas silvestres protegidas– es inconstitucional porque en su propio origen consta una omisión que implicaba que las autoridades del MINAE realizaran una evaluación completa de los terrenos a incluir en dicho plan. Si se dejaron por fuera terrenos, esto supone colocarlos en estado de desprotección en evidente contradicción de lo dispuesto en los arts. 50 y 89 constitucionales en lo relativo a la protección de las bellezas naturales.

Matiz respecto de la reincorporación de las áreas boscosas al refugio

Me corresponde realizar un matiz respecto de las siguientes afirmaciones realizadas por la mayoría de esta Sala:

“La Sala concuerda con la Procuraduría General de la República, en que una disposición como la analizada, imposibilita que el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA) cumpla su función como instrumento de planificación que orienta la gestión de un área silvestre protegida, hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación a largo plazo, por la falta de una delimitación completa del área geográfica del REGAMA. Es evidente que la falta de definición, identificación y reincorporación de la totalidad de las áreas del Patrimonio Natural del Estado al REGAMA, ordenada por sentencia 12745-2019 de esta Sala, supone un estado de incertidumbre sobre el uso adecuado de los terrenos y plantea conflictos de competencia entre el SINAC y la Municipalidad de Talamanca para su administración”. (Lo destacado no corresponde al original).

 

Sobre el particular, debo aclarar que –según mis consideraciones– la reincorporación no era de suyo obligada. Al respecto, realicé las siguientes reflexiones:

“A partir del análisis de los antecedentes, se advierte que esta Sala no declaró la inconstitucionalidad de la totalidad de la ley n.°9223, “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, sino únicamente en lo relativo a 188 hectáreas de cobertura forestal en las que había duda sobre la titularidad de los inmuebles y, por lo tanto, la mayoría de la Sala dispuso delimitar y luego ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público.

A mi juicio ‒pese a que no integré la Sala cuando se resolvió este asunto‒ la parte dispositiva de la sentencia no puede verse separada de su parte considerativa, la cual dejó muy clara su voluntad en el siguiente sentido:

‘Más bien, y para lograr un justo equilibrio entre la protección del ambiente y las necesidades socioeconómicas de las personas, lo procedente es declarar la acción de inconstitucionalidad incoada, anulando de la norma únicamente en lo referente a los territorios comprendidos en la zona boscosa –188 hectáreas–, según lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en sus informes y, por consiguiente, ordenar al SINAC que proceda a delimitar el área antes mencionada. En el caso que se determine de que se trata de bienes de dominio público –no bienes de dominio privado–, el SINAC, en conjunto con el Abogado de Estado, deberá ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público. En lo que atañe a los derechos de propiedad- si se llegasen a determinar- lo que corresponde es que las autoridades competentes impongan a las propiedades las limitaciones de interés social correspondientes en aras de la protección al ambiente”. (Lo destacado no corresponde al original).

 

Es decir, la voluntad de la Sala no fue incorporar automáticamente estos terrenos al REGAMA, sino delimitarlos y ponderar en cada caso su situación concreta, de modo que si se trataba de terrenos públicos procedía la “la defensa del patrimonio público” y, si eran privados, correspondía imponer las limitaciones de interés social para la protección del medio ambiente. No podría ahora la Sala a través de una gestión posterior cambiar la voluntad allí expresada. Es verdad que, de conformidad con el art. 12 de la LJC, en los procesos de ejecución de sentencia se pueden dictar adiciones o aclaraciones oficiosas para dar un cabal cumplimiento al fallo, pero reitero que una medida de ese tipo no puede trastocar la voluntad de lo resuelto en su oportunidad.

 

Tómese en cuenta que tanto mayoría como minoría coincidieron en la necesidad de resguardar las zonas urbanas ‒por voluntad del propio legislador‒ procurando un sano equilibrio ente los derechos de los poseedores históricos de la zona y la protección ambiental. El quid de la cuestión está en esas 188 hectáreas de cobertura boscosa ‒así declarado o detectado para el momento de la estimatoria de la sentencia‒ que no estaba clarificado como una zona urbana, que supuestamente era área de bosque y que sufrió una desafectación. Estos concretos terrenos eran los que debían delimitarse producto de la sentencia de este expediente”.

 

De modo que, reitero, la delimitación sí es imprescindible como criterio técnico. Si no está completa la delimitación y definición de cuáles terrenos deben quedar cubiertos por el plan de manejo hay ausencia de elementos técnicos para fundarlo apropiadamente. Sin embargo, la reincorporación total del área boscosa no era automática. Según mi criterio, la voluntad de la Sala no fue incorporar automáticamente estos terrenos al REGAMA, sino delimitarlos y que las autoridades competentes ponderaran en cada caso su situación concreta, de modo que si se trataba de terrenos públicos procedieran a la “la defensa del patrimonio público” y, si eran privados, impusieran las limitaciones de interés social para la protección del medio ambiente.

Conclusión

Corolario de las consideraciones realizadas, concluyo que el plan de manejo cuestionado –debido a la ausencia de delimitación de los terrenos que debía contemplar– es inconstitucional.

 

 

 

Anamari Garro V.

 

 

 

 

NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS

Sobre los intereses colectivos

Respecto de la sentencia principal, he considerado necesario precisar que las líneas jurisprudenciales más recientes de la Sala Constitucional han aclarado los supuestos de admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad en atención a la legitimación que se invoque.

En concreto, en lo atinente al art. 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el párrafo segundo alude a la defensa de intereses “que atañen a la colectividad en su conjunto”. Sobre ese punto, este Tribunal ha enfatizado que ello alude a la a la legitimación que ostenta una entidad corporativa, cuando actúa por intermedio de sus representantes en defensa de los derechos e intereses de las personas que conforman su base asociativa y siempre y cuando se trate del cuestionamiento de normas o disposiciones que incidan en aquel núcleo de derechos o intereses que constituye la razón de ser y el factor aglutinante de la agrupación. En la nota a la sentencia n.°2025-012850 realicé las siguientes consideraciones:

“En primer lugar, corresponde delimitar que cuando la Ley de la Jurisdicción Constitucional alude a los intereses que atañen a la colectividad en su conjunto, se refiere a los intereses colectivos, que  son aquellos que ostentan un grupo corporativo cuando actúa como tal por intermedio de sus representantes, en defensa de los derechos e intereses de las personas que conforman su base asociativa, pero además en tanto lo cuestionado sean normas o disposiciones que inciden en aquel núcleo de derecho o intereses que constituyen la razón de ser y el factor aglutinante de la agrupación. Así, se puede consultar la sentencia n.°2024-010031 que en conducente realizó las siguientes consideraciones:

‘Los accionantes argumentan, expresamente, que están legitimados para formular la presente acción de inconstitucionalidad con sustento en el artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto se acciona “en defensa de intereses que atañen a la colectividad en su conjunto”. Indican, los propios accionantes, que conocen que esta Sala ha precisado que la frase “intereses que atañen a la colectividad en su conjunto” se refiere “a los intereses colectivos, que son aquellos que ostentan un grupo corporativo cuando actúa como tal por intermedio de sus representantes, en defensa de los derechos e intereses de las personas que conforman su base asociativa, pero además en tanto lo cuestionado sean normas o disposiciones que inciden en aquel núcleo de derecho o intereses que constituyen la razón de ser y el factor aglutinante de la agrupación”. Señalan que, en este caso, el reclamo “versa puntualmente sobre los intereses colectivos de trabajadores del sector público” y se pretende impugnar “actos o normas específicas..., las cuales lesionan intereses de este determinado sector a través de la representación que el suscrito diputado puede ofrecer”. Luego añaden que pueden formular la presente acción “en defensa de intereses colectivos por la legitimidad que ostenta el diputado de la República’.

 

En cuyo caso, debe señalarse que, efectivamente, esta Sala ha venido precisando –en diversos votos– que, a través de la expresión “intereses que atañen a la colectividad en su conjunto”, contenida en el citado ordinal 75, párrafo segundo, el “legislador quiso referirse a la legitimación que ostenta una entidad corporativa, cuando actúa por intermedio de sus representantes en defensa de los derechos e intereses de las personas que conforman su base asociativa y siempre y cuando se trate del cuestionamiento de normas o disposiciones que incidan en aquel núcleo de derechos o intereses que constituye la razón de ser y el factor aglutinante de la agrupación” (sentencia nro. 2014-20446 de las 09:30 horas del 17 de diciembre de 2014; en igual sentido –entre varios– votos nro. 2017-000152 de las 9:05 horas del 11 de enero de 2017 y nro. 2020-020839 de las 9:20 horas del 28 de octubre de 2020)”.

 

Sobre el plexo normativo a efecto de ejercer control de constitucionalidad

En anteriores notas (véanse las sentencias 2014-004630, 2016-018351 y 2020-013316, entre muchas otras) he hecho algunas consideraciones en relación con el ejercicio del control de constitucionalidad y los instrumentos internacionales como parámetro de valoración. Al respecto, en lo conducente y en resumen, indiqué lo siguiente:

“La función de controlar la conformidad de las leyes y disposiciones generales con los tratados y convenios no está expresamente prevista en el texto constitucional sino sólo en el art. 73.d) LJC, pero no es contraria a aquél, pues permite garantizar la eficacia del art. 7 CP. Esa función de controlar dicha conformidad es una función distinta de la que ejerce la Sala en razón del art. 10 CP –el control de constitucionalidad– y de la establecida en el art. 48 CP –garantizar jurisdiccionalmente los derechos constitucionales y los de carácter fundamental establecidos en instrumentos internacionales sobre derechos humanos–.

Cuando esta Sala ejerce su función de control de constitucionalidad, no corresponde que eche mano de tratados y los utilice de hecho como si integraran el parámetro de constitucionalidad. Tales instrumentos, y sólo si están debidamente ratificados, pueden erigirse en parámetro de conformidad de las normas legales e infralegales con ellos mismos, en razón de lo establecido en el art. 7 CP y 73.d) LJC. Esto es conteste con una interpretación sistemática de la Constitución y la LJC y con el respeto a la separación de poderes, principio basilar de todo Estado democrático de Derecho”. (Lo resaltado no corresponde a los votos originales).

 

En el caso concreto, hay referencias a la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos n.°23/17 del 15 de noviembre de 2017, las sentencias de esa corte de las “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina” y “Baraona Bray vs. Chile” y el primer informe de la Organización de Naciones Unidas sobre el estado del derecho ambiental internacional –documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018–, entre otros. Estas resoluciones, opinión consultiva e instrumentos internacionales son de suma relevancia, pero no son formalmente parámetros de constitucionalidad. Para aludir a la vigencia de los principios constitucionales citados (precautorio y preventivo) basta aludir a los instrumentos internacionales formalmente aprobados por Costa Rica mediante los mecanismos dispuestos en nuestra Constitución Política. En tal sentido, cabe recordar que la ausencia del carácter vinculante de las normas del soft law, aunque no lo parezca a primera vista, obedece al respeto del ethos democrático que impregna la producción de normas jurídicas.

Sobre la sentencia n.°2023-31756

Me corresponde advertir en autos que no integré el tribunal para la adopción de la sentencia n.°2023-31756 de las 09:30 hrs. de 7 de diciembre de 2023, mediante la cual se anuló la audiencia pública llevada a cabo el 4 de agosto de 2023 y se ordenó a las autoridades de la Municipalidad de Talamanca coordinar lo necesario para programar una nueva audiencia pública para el proyecto del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca.

 

Sobre la protección ambiental de los humedales

Debo destacar la especial protección que reflejan mis posturas en relación con la importancia y tutela de los ecosistemas de humedal. Al respecto, basta aludir a las sentencias números 2020-0013836 en la que salvé mi voto y declaré la inconstitucionalidad de la ley n.º9610 de 17 de octubre de 2018 denominada “Modificación de límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río  Tempisque y Comunidades Costeras”; y la 2021-017783 en la que se realizó una interpretación conforme del decreto ejecutivo n.°39838-MINAE de 27 de julio de 2016, denominado “Faculta al Sistema Nacional de Conservación para autorizar la intervención controlada a ecosistemas de humedal en virtud de proyectos de reparación y mantenimiento, construcción o ampliación de infraestructura pública estatal previamente declarados de conveniencia nacional”. Sin embargo, me corresponde precisar que –a mi juicio– y conforme a esta última sentencia, no es técnicamente correcto afirmar que todos los humedales forman parte del Patrimonio Natural del Estado. En la sentencia 2021-017783 se concluyó, en lo conducente, lo siguiente:

“En primer lugar, la definición de humedales viene dada por sus características físicas —ecosistemas predominantemente acuáticos― (art. 1 de la Convención Ramsar y art. 40 de la LOA), pero ello no implica necesariamente que todos los humedales estén catalogados, a su vez, como áreas silvestres protegidas, que estén incluidos dentro del PNE, ni mucho menos que todos los humedales del territorio nacional estén inscritos en la Lista Ramsar por su importancia internacional. Debe señalarse que para estos supuestos se deben seguir reglas de intervención mucho más severas, atendiendo justamente a su específica inclusión en estas categorías de protección reforzadas y a la respectiva categoría de manejo impuesto, la cual no puede ser desconocida de forma arbitraria por parte de las propias autoridades del MINAE. Igualmente, si un determinado humedal está específicamente incluido dentro del PNE –atendiendo a la definición del art. 13 de la Ley Forestal– la legislación únicamente admite “labores de investigación, capacitación y ecoturismo, así como actividades necesarias para el aprovechamiento de agua para consumo humano”.  

 

En dicha resolución se incluyó un análisis normativo de las cualidades del PNE y se concluyó lo siguiente:

Igualmente, la inclusión en el PNE responde a determinadas características y cualidades que ameritan su inventario por parte del MINAE y restringe las actividades que se pueden llevar a cabo en dichos terrenos, justamente, en aras de proteger el recurso forestal. Sobre el particular, conviene citar en lo conducente lo señalado por la Ley Forestal, norma que es la que define y delimita las cualidades del PNE:

Art. 13.- Constitución y administración. El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio.

 El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por medio de la Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado.

Las organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o del erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre de este.

 

Art.14.- Condición inembargable e inalienable del patrimonio natural Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.

 

Art. 16.- Linderos

El Ministerio del Ambiente y Energía delimitará, en el terreno, los linderos de las áreas que conforman el patrimonio natural del Estado. El procedimiento de deslinde se fijará en el reglamento de esta ley.

 

(…)

 

A partir del análisis normativo así como los informes de las autoridades informantes, incluso, de la propia autoridad promotora del decreto (el MINAE), se tiene que el decreto ejecutivo en cuestión está previsto para su aplicación en “ecosistemas de humedal” excluyéndose de dicha conceptualización aquellas áreas especialmente protegidas por otras normas que determinan categorías específicas de manejo y fijan regulaciones específicas para su inscripción, manejo y aprovechamiento.

En consecuencia, se insiste, en las áreas silvestres protegidas su administración está delimitada por la correspondiente categoría de manejo impuesta, siendo que no puede haber una reducción de estas áreas a través de disposiciones o medidas infra legales; la inclusión de un humedal como un Sitio Ramsar responderá a su importancia internacional y, como se examinó, su reducción solamente se podría realizar a través de medidas gravosas establecidas en la Convención; finalmente la determinación de un humedal como parte del PNE responde a una delimitación realizada por el MINAE, órgano competente para fijar sus linderos, y en ellos solamente se pueden  admitir las actividades expresamente previstas y autorizadas por el legislador”.

 

A la luz de lo anterior, reitero la transcendencia ambiental de los humedales, pero es menester aclarar que dicho ecosistema como tal no forma parte –de modo automático– del PNE conforme a la definición legal prevista en la Ley Forestal.

 

 

Anamari Garro V.

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS EN LO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE ESTA SENTENCIA

En el sub lite este Tribunal está ordenando la inconstitucionalidad del Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo 2017-2023 con un dimensionamiento a efecto de que las autoridades competentes del SINAC procedan –en el plazo de un año contado a partir de la publicación íntegra de la sentencia en el Boletín Judicial– a corregir los vicios de inconstitucionalidad señalados en este pronunciamiento. En ese sentido, corregir los vicios de inconstitucionalidad señalados implica una revisión material y técnica sobre la delimitación de las áreas boscosas que quedaron por fuera y determinar si procede su incorporación al refugio a efecto de dar una cabal protección medio ambiental.

Tal y como se aprecia, no se trata de una orden sencilla de evaluar por parte de este Tribunal y es por ese motivo –procurando ser garante del deber estatal de proteger el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado– que estimo que lo más idóneo es residenciar la ejecución de esta sentencia ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA).

La posibilidad de remitir a la jurisdicción contencioso-administrativa la ejecución de determinadas órdenes de la Sala Constitucional está contemplada ciertamente para los recursos de amparo, según lo señalado en el art. 56 de la LJC, que dispone lo siguiente:

Art. 56. La ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción. (Lo destacado no corresponde al original).

 

En el proyecto de ley de discusión de la LJC se preveía originalmente lo que a continuación se transcribe:

Art. 56. Las sentencias favorables al recurrente se ejecutarán en la vía contencioso-administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley Reguladora de esa Jurisdicción.

 

Sin embargo, el texto fue modificado vía moción, para que fuera coincidente con lo regulado en el art. 153 de la Constitución Política, pero se realizó la siguiente explicación:

“EL SECRETARIO:

        Moción No. 68 (32-19) del diputado Chacón Jiménez:

“artículo 57 (antes 56): para que el texto se lea así: “la ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones o responsabilidades pecuniarias en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción”.

 

EL PRESIDENTE:

        En discusión la moción leída?

 

Doctor Piza Escalante:

         Aquí había una contradicción con la tesis genérica de que son los Tribunales los que ejecutan sus sentencias y enviaba la Jurisdicción Contencioso Administrativo toda la ejecución; entonces quedaban al aire los otros artículos que le permitían a la Sala ejecutarlos.

 

Diputado Corrales Bolaños:

           En esa parte dice: “o en otros aspectos que la propia Sala considere del aso…”, a qué se está refiriendo?

 

Doctor Piza Escalante:

         La idea es que la Sala, en la vía de ejecución de sentencia, resuelva lo que ella considere que le corresponde. Lo que demás, lo envía a la vía Contencioso Administrativa.  [sic]

 

EL SECRETARIO:

        Se considera suficientemente discutida la moción?

 

EL PRESIDENTE:

        Discutida. Aprobada (unanimidad, cinco señores diputados presentes)” (Ver actas de aprobación de la LJC. Lo destacado no corresponde al original).

 

A partir de lo anterior, está claro que la propia LJC autoriza a esta Sala a que –también en lo que respecta a la ejecución– resuelva lo que ella considera que le atañe y podría, de justificarlo así, derivar en la jurisdicción contencioso-administrativa los aspectos que estime que así corresponde.

En el caso concreto, en virtud de la magnitud y complejidad de la orden, a mi juicio, a efecto de dar un adecuado seguimiento, lo más idóneo es residenciar la fase de ejecución del asunto en la jurisdicción contencioso-administrativa. Lo anterior, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige a esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una orden que reviste aspectos técnicos de gran complejidad.

Como se apuntó supra, si bien dicha norma (art. 56 de la LJC) está ubicada en el título relativo a los procesos de garantías –recursos de amparo– lo cierto es que, a partir de una lectura e interpretación integral de los arts. 7, 13 y 91 de la LJC, se podría aplicar la referida habilitación a los procesos de control de constitucionalidad. Las disposiciones en mención establecen lo siguiente:

Art. 7. Le corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional resolver sobre su propia competencia, así como conocer de las cuestiones incidentales que surjan ante ella y de las prejudiciales conexas.

 

Art. 13. La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma.

 

Art. 91. La declaración de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia del acto o de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.

La sentencia constitucional de anulación podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que éste produzca graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales. (Lo destacado no corresponde al original).

 

En consecuencia, en aras de evitar una grave dislocación a la “seguridad, la justicia o la paz sociales” es necesario acudir a este mecanismo de mantener la vigencia de la norma, mientras se cumple con el requisito de constitucionalidad que se echa de menos. Además, el carácter vinculante de la jurisprudencia y de los precedentes de la jurisdicción constitucional, y la posibilidad de dictar las “reglas necesarias” y “resolver sobre su propia competencia”, autorizan a la Sala Constitucional a aplicar lo dispuesto en el art. 56 de la LJC a los procesos de control de constitucionalidad. Esto al constatar que para estos asuntos se carece de una norma de similar naturaleza que prevea la posibilidad de remitir un determinado extremo a la fase de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

Justamente ante esa ausencia cabría hacer una integración normativa y aplicar por analogía el art. 56 de la LJC a las acciones de inconstitucionalidad, tal como en otros casos, por ejemplo, la Sala ha aplicado normas relativas a los recursos de amparos a los hábeas corpus (ver, v. gr., las siguientes sentencias: 2020-15696, que aplica la figura del desistimiento del recurso de amparo a los habeas corpus; 2012-10005, que ordena la aplicación supletoria de la condenatoria prevista en el art. 52 de la LJC a los procesos de habeas corpus; 2020-8410, mediante la cual la Sala reconoce que los informes rendidos en los procesos de habeas corpus tienen las mismas características que los informes rendidos en los amparos (art. 44 de la LJC)). De manera que, ante la ausencia de una disposición como la prevista en los recursos de amparo sobre la ejecución de sentencias, la Sala bien podría hacer una integración y aplicación supletoria de la misma para los procesos de control de constitucionalidad, cuando –como el presente caso– la declaratoria de inconstitucionalidad no conlleva una simple expulsión de la norma sin más, sino que exige la constatación de una condición de complejo cumplimiento para determinar si tal expulsión efectivamente debe consumarse. Lo anterior, incluso, tomando en consideración lo señalado en el art. 14 de la LJC que ordena:

Art. 14. La Sala Constitucional y su jurisdicción estarán sometidas únicamente a la Constitución y a la ley. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios del Derecho Constitucional, así como los del Derecho Público y Procesal generales, o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario, y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y los Códigos Procesales. (Lo destacado no corresponde al original).

 

Es preciso sumar que la necesidad de residenciar el cumplimiento de esta decisión en la jurisdicción contenciosa administrativa –a partir de la expresa habilitación que concede el art. 56 de la LJC– se da en virtud de la inexistencia de mecanismos adecuados en la LJC para dar seguimiento a una sentencia que reviste un particular interés público y aspectos técnicos de gran complejidad que exceden las posibilidades que tiene la jurisdicción constitucional. No se pueden obviar las ventajas de lo dispuesto por el CPCA en materia de ejecución de sentencia (art. 155 y siguientes) que son evidentes y adecuadas a un caso como el sub examine. En ese sentido, el art. 155 señala:

Art. 155.-

1)                  El Tribunal tendrá un cuerpo de jueces ejecutores, encargados de la ejecución de sus sentencias y demás resoluciones firmes.

 

2)                  En la fase de ejecución de sentencia, el juez ejecutor tendrá todos los poderes y deberes necesarios para su plena efectividad y eficacia.

 

3) Firme la sentencia, el juez ejecutor dictará o dispondrá, a solicitud de parte, las medidas adecuadas y necesarias para su pronta y debida ejecución.

 

A partir de la lectura de dicha norma se observa que la referida jurisdicción cuenta con un cuerpo de jueces ejecutores que ostentan todos los poderes necesarios para velar por la plena efectividad y eficacia de las resoluciones firmes, incluso las vinculantes de la jurisdicción constitucional, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Todo esto claramente asegura la verdadera ejecución de las sentencias.

Hay otro elemento digno de mencionar. Si este agravio, en lugar de haberse interpuesto directamente ante la Sala (mediante la presente acción de inconstitucionalidad) se hubiera planteado en la jurisdicción contencioso-administrativa (a través de un juicio ordinario) pretendiendo velar por la legalidad de la función administrativa en los términos del art. 49 y a la luz de las exigencias del art. 50 –ambos de la Constitución Política–, al juez ejecutor le hubiese correspondido llevar a cabo el mismo procedimiento que ahora, en este voto salvado, estimo que a la Sala corresponde ordenarle que cumpla. De manera que en tal orden no habría una asignación de competencias ilegítimas, sino que lo requerido hace parte de su quehacer habitual: velar por el cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales firmes –y esta resolución sin duda lo es (art. 13 de la LJC supra citado)– custodiando, en último término, la legalidad y la constitucionalidad de la función administrativa.

Independientemente de lo anterior, también era posible que este asunto fuera conocido por el fondo en la jurisdicción constitucional, tal como se hizo. Fue entonces cuando se acreditó que la normativa carece de un requisito esencial que lo invalida y lo hace inconstitucional por infringir el art. 50 de la Constitución Política. Sin embargo, como he dicho, ello no es un obstáculo para que la Sala, consciente de las características del objeto de esta acción y de las características de la orden dispuesta en la sentencia –y también de sus potestades y de sus limitaciones– opte por residenciar el control de su cumplimiento en el área de ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Finalmente, lo que –según mi parecer– la Sala Constitucional debió resolver a partir de la relación normativa mencionada y concretamente la posibilidad de que esta decida su propia competencia (art. 7 de la LJC), debe ser acatado por la jurisdicción contencioso-administrativa, pues es inadmisible que una jurisdicción inferior sostenga competencia con una superior (art. 170 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Al respecto, esta Sala en la sentencia n.°2016-4837, dispuso lo siguiente:

“A tal efecto, debe considerar el recurrente que, como ya se indicó, de conformidad con principio de supremacía constitucional y la fuerza vinculante de la Jurisdicción Constitucional (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), la jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes salvo para sí misma. En consecuencia, si ya existe un antecedente de este Tribunal que definió la competencia en este caso concreto, no podría el órgano jurisdiccional designado declinar su competencia de nuevo hacia la Sala Constitucional siendo que de conformidad con el artículo 7 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional exclusivamente la Sala Constitucional define su propia competencia. Nótese, que de conformidad con los artículos 45 del Código Procesal Civil y 170 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los tribunales no pueden sostener competencias con los superiores que ejerzan jurisdicción sobre ellos (ver, sobre el particular, la sentencia de esta Sala No. 15311-2011 de las 16:46 hrs. de 8 de noviembre de 2011). De esta forma, lo resuelto por el Tribunal Contencioso resulta inoponible frente a la delimitación de competencia realizada por esta Sala” (Lo destacado no corresponde al original).

 

Esta postura la mantuve en la sentencia n.°2020-023743 mediante la cual se declaró la inconstitucionalidad de la aprobación del “Plan GAM 2013-2030 Actualización del Plan Regional de la Gran Área Metropolitana” por omitir incluir la variable ambiental. En lo conducente, salvé mi voto y ordené lo siguiente:

“La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto del dimensionamiento de los efectos de esta sentencia y de conformidad el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, indica que el Poder Ejecutivo deberá proceder a someter el plan previsto en el mencionado decreto al proceso de evaluación ambiental estratégica u otro estudio que incorpore la variable ambiental ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, la que deberá dictar una resolución que corresponda. Todo anterior deberá estar concluido dentro del plazo máximo de treinta y seis meses contado a partir de la publicación integra de esta sentencia en el Boletín Judicial. La ejecución de este pronunciamiento se realizará ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia del Código Procesal Contencioso Administrativo. Durante el plazo otorgado el decreto se mantendrá vigente. En caso de no cumplirse con la obligación aquí impuesta dentro del plazo indicado, la declaración de nulidad surtirá plenos efectos jurídicos. Remítasele copia de la sentencia al Área de Ejecución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para que inicie los procedimientos de ejecución de este fallo”.

 

Y, al respecto, señalé lo siguiente:

“[D]ebe tenerse presente que, por las particularidades de la declaratoria de inconstitucionalidad en el caso concreto, se requiere que la norma cuestionada tenga ultraactividad durante un plazo razonable, a fin de que se integre la variable ambiental. Dejar sin vigencia el Plan GAM, sin mayores precisiones o ajustes, produciría una grave dislocación en la paz social y seguridad jurídica en los términos que justamente procura evitar el art. 91de la LJC (tal como la mayoría de la Sala y el Magistrado Castillo Víquez en su nota lo consignan). Estas dislocaciones o el posible caos ante la ausencia de normativa que regule el ordenamiento territorial se darían igualmente si, al cabo del plazo otorgado, no se cumple la orden de la Sala. Por tanto, hay una especialísima necesidad de evitar que esto suceda y este es un motivo calificado adicional que justifica acudir residualmente al art. 56 de la LJC, que otorga a la Sala un margen de discrecionalidad judicial para remitir este concreto extremo ante la jurisdicción contencioso-administrativa a fin de que, con todas las herramientas –abundantes y probadamente eficaces– de las que ahí se dispone, se verifique y controle el cumplimiento del requisito omitido.

 

(…)

 

A partir de las argumentaciones dichas, concluyo que existen suficientes elementos fácticos, normativos y jurisprudenciales que justifican a esta Sala a modular la orden de esta acción de inconstitucionalidad. De este modo, en lugar de anular la norma, se opta por mantener la vigencia por un plazo que se estima razonable –treinta y seis meses– a efecto de que el Poder Ejecutivo someta el Plan GAM al proceso de evaluación ambiental que determine la SETENA.

Asimismo, por las características apuntadas, corresponde ordenar que el cumplimiento de lo dispuesto se realice ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia del CPCA.

Y, tanto como la mayoría, considero que solamente en caso de no cumplirse con la obligación aquí impuesta dentro del plazo indicado, la declaración de nulidad surtiría plenos efectos jurídicos”.

 

Tales consideraciones son igualmente aplicables al caso concreto, pues se mantiene la vigencia del Plan General de Manejo del REGAMA 2017-2023 hasta por el plazo de un año con el propósito de que las autoridades administrativas competentes cumplan el proceso de delimitación previamente ordenado por este Tribunal. A mi juicio, el control de esa apropiada delimitación debería delegarse en el área de ejecución de sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

 

 

 

Anamari Garro V.

EXPEDIENTE N° 24-001899-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).



Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL

votado con boleta

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 07:18:53.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 22181 - 2025

Date of Resolution: July 16, 2025 at 09:15

Case File: 24-001899-0007-CO

Drafted by: Ingrid Hess Herrera

Type of Matter: Action of unconstitutionality

Constitutional Review: Granting judgment

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL



Judgment with Dissenting Vote

Judgment with Separate Note

Judgment with protected data, in accordance with current regulations


Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

ENVIRONMENT. ABSENCE OF TECHNICAL DELIMITATION OF THE GANDOCA MANZANILLO NATIONAL WILDLIFE REFUGE
Case File: 24-001899-0007-CO
Judgment: 022181-25 of July 16, 2025
Type of matter: Action of unconstitutionality
Challenged norm: General Management Plan of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (2017-2026). Published in La Gaceta No. 39. Talamanca Coastal Regulatory Plan - Cahuita District. Gaceta No. 183 of October 5, 2023, and Directive No. 09-2023 of August 17, 2023, of MINAE.
Operative part: The present action of unconstitutionality is resolved in the following terms:
a)  Regarding the General Management Plan of the Gandoca Manzanillo Mixed Wildlife Refuge 2017-2023, of which an executive summary was published in Supplement No. 42 to La Gaceta No. 39 of February 28, 2022, by majority, the action is granted, and consequently, it is annulled as unconstitutional. This judgment has declaratory and retroactive effects to the date of effectiveness of the annulled regulation. However, in accordance with the provisions of Article 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction, its effects are dimensioned to avoid serious disruptions to order, security, as well as serious and irreparable damage to the environment, and the validity of the General Management Plan of the Gandoca Manzanillo Mixed Wildlife Refuge 2017-2023 is maintained for a period of up to one year from the full publication of the judgment in the official gazette La Gaceta, within which the National System of Conservation Areas must correct the defects of unconstitutionality indicated in this pronouncement. If this is not done within that period, the General Management Plan of the Gandoca Manzanillo Mixed Wildlife Refuge 2017-2023 shall be considered definitively expelled from the legal system. Judge Salazar Alvarado dissents and declares the action without merit. Judge Garro Vargas gives different reasons for declaring the unconstitutionality.
b) Regarding the Talamanca Coastal Regulatory Plan-Cahuita District, adopted by the Council of the Municipality of Talamanca in Extraordinary Session No. 89 of September 26, 2023, Agreement No. 2, and published on October 5, 2023, in Supplement No. 193 to La Gaceta 183, unanimously, the action is declared without merit, for reasons of admissibility.
c) Regarding Directive No. 09-2023 of the Minister of Environment and Energy, of August 17, 2023, by majority, the action is granted, and consequently, it is annulled as unconstitutional. Judges Castillo Víquez, Salazar Alvarado, and Judge Garro Vargas dissent and declare the action without merit.
Judge Garro Vargas records a note and dissents regarding the execution of this judgment.
This pronouncement shall be summarized in the Official Gazette La Gaceta and published in full in the Judicial Bulletin. Notify. -



*CO*

Exp: 24-001899-0007-CO

Res. No. 2025022181


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes on July sixteen, two thousand twenty-five.

 Action of unconstitutionality processed in case file No. 24-001899-0007-CO filed by [Name 001], identity card No. [Value 001], legal representative of the Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación, legal entity identification No. [Value 002]; [Name 002], identity card No. [Value 003], and [Name 003], identity card No. [Value 004], acting as COVIRENAS of the South Caribbean; [Name 004], identity card No. [Value 005], and [Name 005], identity card No. [Value 006]; seeking a declaration of unconstitutionality against the General Management Plan of the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge 2017-2023, of which an executive summary was published in Supplement No. 42 to La Gaceta No. 39 of February 28, 2022; the Talamanca Coastal Regulatory Plan-Cahuita District, published on October 5, 2023, in Supplement No. 193 to La Gaceta No. 183; and Directive No. 09-2023 signed on August 17, 2023, by the Minister of Environment and Energy.

Whereas:

    1.- By brief received at the Sala on January 24, 2024, the plaintiffs file an action of unconstitutionality against the General Management Plan of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge 2017-2026, published by executive summary on February 28, 2022, in Supplement No. 42 to La Gaceta No. 39; the Talamanca Coastal Regulatory Plan-Cahuita District, published on October 5, 2023, in Supplement No. 193 to La Gaceta No. 183; and Directive No. 09-2023 signed on August 17, 2023, by the Minister of Environment and Energy; considering them contrary to the right to a healthy and ecologically balanced environment and the environmental law principles of objectification, precautionary, preventive, and the principle of legal reserve; Articles 48, 50, and 89 of the Political Constitution, and international environmental instruments such as the RAMSAR Convention and the Convention on Biological Diversity. The norms are challenged regarding the following: they point out that the National Council of Conservation Areas (Consejo Nacional de Áreas de Conservación, CONAC) and the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) notified official communication SINAC-CONAC-SA-250-11-2021 of November 30, 2021, of unanimous and firm approval to continue the procedure for the publication and officialization of the General Management Plan of the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge. The delimitation used in said plan corresponds to the refuge area established prior to the partial annulment of Law No. 9223. This means it assumed as valid the boundaries established by said Law, which the Sala Constitucional annulled in 2019 for attempting to exclude forested areas and other protection areas without the support of technical studies or environmental justification. It indicates that in vote No. 012745 of July 10, 2019, the Sala Constitucional established that the excluded areas must have technically and legally supported protection, which is not met with the approval of said plan. On December 7, 2021, through official communication R-SINAC-CONAC-044-2021, CONAC and SINAC agreed to continue the publication of the Executive Summary of the Management Plan of the RNVS-GM. Although it does not include the full document of the management plan, it does contain the proposed zoning for the REGAMA. The geographic area reflected in the management plan does not represent the total boundaries of the protected wilderness area, so it indicates that, once the forest area disaffected by Law No. 9223 is reincorporated, the general management plan shall be extended to contemplate said area that will be restored to the refuge. In this sense, the map provided in that executive summary presents the same territorial delimitation that had previously been declared unconstitutional by the Sala Constitucional through judgment No. 2019-012745. They add that the official publication of the executive summary was carried out on February 28, 2022, in Supplement Number 42 to La Gaceta Number 39, and, as of the date of filing this action, the General Management Plan of the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge is in force. They emphasize that the only official publication made after the orders issued by the Sala Constitucional in vote No. 2019-012745 is the executive summary of the general management plan. That is, the current general management plan is the same one published in 2016 to take effect in 2017. Therefore, it does not take into consideration the unconstitutionality decreed through the indicated constitutional vote, which necessarily affects the maps on which the general management plan would be applied. The foregoing constitutes a procedural omission to provide technical studies that scientifically justify the reduction of the area intended through Law No. 9223. The current general management plan indicates regarding the delimitation of the Refuge the following: "The RNVS-GM is located in the southern part of the province of Limón, within the canton of Talamanca and in the districts of Cahuita and Sixaola. 69% of the ASP is within the district of Cahuita and the remaining 31% in the district of Sixaola. It consists of a continental section of 5,091,994 ha and a marine section of 5,360,122 ha, with a total surface area of 10,452,116 ha (Figure I-2). The details of the current boundary of the Refuge are established in Law 9223 'Recognition of the Rights of the Inhabitants of the South Caribbean,' published in La Gaceta No. 69, of April eight, two thousand fourteen." That is, SINAC proceeded to publish the management plan without having complied with what was ordered by the Sala Constitucional in Judgment No. 12745-2019 regarding the due delimitation of the forested area through technical studies for the respective continuation of the legally oriented process to approve the management plan and also the regulatory plan for the zone.

Furthermore, the plaintiffs allege that on October 5, 2023, the Talamanca Coastal Regulatory Plan - Cahuita District was published in supplement number 193 to La Gaceta number 183. Said regulatory plan takes as its basis the General Management Plan of the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge, insofar as it uses its zoning maps to regulate the zone. Therefore, it repeats the impacts and omissions previously described of that general management plan. That is, the maps proposed in the regulatory plan do not consider as part of the refuge the forest zones (Natural Heritage of the State) that the Sala Constitucional ordered to be protected through vote No. 2019-012745. This means that the regulatory plan considers them as part of the Maritime Terrestrial Zone under municipal administration, which would allow granting concessions at least in the part corresponding to the restricted zone (contemplated in its articles 1 to 13).

The plaintiffs also allege that through Directive No. 09-2023, signed on August 17, 2023, by the Minister of Environment and Energy, Franz Tattenbach Capra, it is stated that "it is necessary to clarify and standardize the criterion for the application of several legal instruments that regulate in a general and specific manner the actions of the administration of the La Amistad Caribe Conservation Area, with emphasis on the canton of Talamanca." Among the various points developed in the directive, it specifically states that "The Natural Heritage of the State is not declared through the Certifications on the Natural Heritage of the State (C-PNE), since SINAC only verifies in the field whether there are constitutive elements of this public domain regime, and it is through the certifications that it pronounces on said verification due to the competencies inherent in the regulations, specifically Article 16 of the Forestry Law No. 7575. (...) The document SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, of June 30, 2017, signed by the Regional Director, Eng. Edwin Cyrus Cyrus, certifies the Delimitation of the Natural Heritage of the State in the Maritime Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca. This Certification was issued in accordance with technical and legal guidelines and is the document with official character, being the only one in force to date. (...) The official boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge are those established in Law No. 9223, Recognition of the Rights of the Inhabitants of the South Caribbean, in force since April 8, 2014. There is no subsequent modification that has been issued by the Ministry of Environment and Energy." At this time, the actions referring to the zoning of the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge have been based on various internal documents and technical studies, which the minister indicated cannot be used for future administrative actions related to the Refuge, therefore discrediting them as a scientific basis. Among them, the technical input called "Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime Terrestrial Zone of the Littoral of the Canton of Talamanca" dated June 13, 2021, and official communication SINAC-ACLAC-DR-138-2023 of April 11, 2023, which corresponds to the final proposal for the delimitation of the refuge sent to the Executive Directorate of SINAC and the Vice Minister of Environment of MINAE, are intended to be invalidated. Despite what was indicated by Minister Tattenbach in this directive, Resolution No. 2019-12745 of the Sala Constitucional declared the unconstitutionality of Law No. 9223, inasmuch as the boundaries it establishes do not meet any technical criteria for delimitation by SINAC. Said resolution ordered the preparation of new technical studies, different from those used for the approval of said Law. In this sense, the boundaries established by Law No. 9223 were rendered without effect from the publication of said resolution. Consequently, the various declarations made in this directive are contrary to the order issued by the Sala Constitucional in vote No. 2019-012745, which is binding for SINAC and all other institutions involved in the management and administration of the protected wilderness area referred to here. This means that the boundaries that the Minister of Environment and Energy seeks to preserve with this directive lack scientific basis, while simultaneously attempting to disqualify and prohibit the use of other technical studies and criteria from SINAC. It reiterates that the procedure followed in Directive No. 09-2023 challenged here is irregular, since it prohibits the wetland characterization report from being used to dictate future administrative acts or for SINAC to use it as technical input, without providing any other technical criteria or scientifically supported justification to disqualify it and, consequently, disapply it. Furthermore, subsequent to this directive, no other technical study has been issued that allows for clearly identifying the recognized wetlands within the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge. Therefore, the publication of the general management plan of the refuge would be done without technical inputs that allow the protection of the wetlands present in the protected wilderness area, which is a direct transgression of the environmental principles that must cover actions of this nature; since the report disqualified by Minister Tattenbach is the only one updated to date.

On the other hand, the plaintiffs indicate that on October 12, 2023, the RAMSAR Convention published the updated List of Wetlands of International Importance. Said list includes 12 sites with recognized wetlands in Costa Rica, one of them being the Gandoca-Manzanillo Wetland, with a total area of 9,445 hectares. Furthermore, the updated list reiterates that the wetland has been part of the list since December 11, 1995. The plaintiffs allege that, as a result of the facts set forth in this section, as of the date of filing this action, the wetlands located in the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge are in a state of defenselessness and uncertainty. This results from the disqualifying actions of the Minister of Environment and Energy of the only updated study that identifies the sites in the protected wilderness area that have the presence of wetlands; from the omission by SINAC to comply with the order of the Sala Constitucional in vote No. 2019-012745 to technically establish the boundaries of the refuge, recognizing areas necessary for protection due to their natural resources and for being Natural Heritage of the State; and from SINAC's non-compliance with the stipulations of the RAMSAR Convention and internal laws of the country that refer to the identification, protection, and restoration of wetlands. The plaintiffs state that, in a visit made on October 27, 2023, to different points of the Maritime Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca where wetlands are located, drainage and drying practices of wetlands for the construction of restaurants and hotels could be observed. It reiterates that the impacts and omissions previously described in the general management plan are repeated in the regulatory plan challenged here with respect to wetlands. In principle, as the regulatory plan is based on the zoning maps of the general management plan, it is concluded that it does not take into consideration technical criteria that scientifically support the identification of polygons with wetlands. The discrepancy between the original delimitation of the Wildlife Refuge, the map recognized under the Ramsar Convention, and the zoning maps used in the general management plan and the regulatory plan leaves several of the polygons with wetlands in the Maritime Terrestrial Zone defenseless. The lands not considered within the officialized zoning of the refuge imply the possibility of granting concessions and land use (uso de suelo) permits under municipal administration, allowing activities that would entail the total destruction of these ecosystems. Among them, development for tourism and community, residential areas, and parking lots. Regarding standing, the plaintiffs state that they have standing to file the action of unconstitutionality, in accordance with the provisions of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, since they act in defense of diffuse interests, such as the right to a healthy and ecologically balanced environment. Regarding the violation of constitutional norms and principles. I. Substantial procedural defects in the processing of the challenged norms: a) Lack of technical studies in the approval procedure. They argue a lack of provision of the technical studies required by Article 38 of the Organic Law of the Environment, since according to what is proposed in the management plan challenged here, a reduction of the Protected Wilderness Area is established, thus failing to comply with what was already ordered by the Sala Constitucional, in that there is no necessary technical analysis that determines the impacts of the reduction that would be proposed with these lower-ranking norms (Management Plan of REGAMA and the Coastal Zone Regulatory Plan of the Municipality of Talamanca), which is contrary to what was determined by the Sala Constitucional regarding the technical clarification of a law (Law 9223) through the pertinent studies for its application in the zones that these challenged norms intend to regulate. Thus, from a procedural point of view, from the outset, what was proposed by SINAC in the management plan of the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge, regarding the reduction and, therefore, lack of protection of both forest and wetland areas, is illegal. Furthermore, the necessary technical body of knowledge that considered what was intended in said plan to be correct was not available. The foregoing means that the original defect that affects the norm from the procedure followed to its enactment causes its nullity. In addition to the above, in relation to the Natural Heritage of the State, both the Management Plan and the Regulatory Plan ignore the technical reports that indicated the need to protect those hectares of forest and were approved not only without them but also without making new technical determinations. It indicates that the hasty and flawed approval of both the South Caribbean Regulatory Plan and the Management Plan of the REGAMA is due to an evident lack of principles of environmental objectification and precaution, the attention of which is fundamental in cases like this (cites Sala Constitucional resolution 2022022606, referring to the unconstitutionality of the articles of the Law of the Ostional Wildlife Refuge). The principle of objectification of environmental protection, also known as linkage to science and technique, refers to the obligation to support decision-making in environmental matters through reliable technical and scientific studies that guarantee the least possible environmental impact (Sala Constitucional, judgment 13667-2012). Having clear the imperativeness of technical environmental impact studies, it is important to clarify that the aforementioned principles do not fulfill their function by themselves; they must be accompanied by the following measures: the degree of environmental impact of the measure in question, the recommendations to reduce said environmental impact, and the demonstration of how the measure taken fulfills the State's duty to promote a healthy and ecologically balanced environment (Sala Constitucional, judgment 2013-10158). The plaintiffs argue that SINAC's refusal to carry out new studies (even after recognizing that these are necessary), while using outdated studies, maps, and delimitation criteria—which exclude 9,445 hectares corresponding to wetlands and 374.64 hectares to forested areas—which are not being included in the enactment of the REGAMA Management Plan and, consequently, the South Caribbean Regulatory Plan, means that said areas belonging to the Natural Heritage of the State find themselves, as of the moment of filing the action, in a state of total defenselessness. b) Exclusion of wetlands and disapplication of the only technical study through Directive No. 09-23 "Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime Terrestrial Zone of the Littoral of the Canton of Talamanca." According to the Convention on Wetlands, these are vital for human survival; they are one of the most productive environments in the world, cradles of biological diversity and sources of water and primary productivity on which countless plant and animal species depend for their prevalence. These are ecosystems that are especially vulnerable to adverse situations that undermine environmental integrity, such as climate change, drainage, droughts, logging, among others. They are ecosystems that are internationally and zealously protected. Among the international mechanisms for the protection of wetlands is the RAMSAR Convention, which has been in force in Costa Rica since 1991, with the country having 12 RAMSAR sites recognized by the Convention. Obeying the legal framework enshrined in Article 50 of the Constitution, the Costa Rican legal system has endowed wetlands with very strong spheres of protection (Sala Constitucional, judgment 6242-2007), according to which the protection of wetlands is a necessity for the health of the environment and the very life of citizens. Their protection must be carried out by SINAC regardless of whether they are wetlands recognized or not as a RAMSAR site. However, in reality, SINAC's actions are the opposite. Given the lack of clear legitimacy of the boundaries of the REGAMA, the execution of the administrative acts challenged here is carried out without any environmental viability control nor measurement of environmental damages, impairing the integrity of these very important ecosystems, left defenseless due to SINAC's omission to comply with what was ordered in judgment 2019-12745 of the Sala Constitucional. In addition to this, Minister Tattenbach has discarded through Directive 02-2023 the study "Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime Terrestrial Zone of the Littoral of Talamanca," even though new studies are required, as SINAC itself recognized. It concludes that there is a serious insufficiency of the technical-scientific body of knowledge present in the enactment of the plans challenged in this action, such that these administrative acts are flawed from their inception, and their hasty approval causes serious damage to the environment and to the lives of citizens. II. Unconstitutionality on the merits. The Management Plan of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, challenged here, aims to guide the administration in the consolidation of the wildlife refuge, and seeks to implement Law 9223, as well as comply with the delimitation and compensation of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, in accordance with what was ordered by the Sala Constitucional in vote 2019-12745. However, since the delimitation carried out by SINAC lacks the pertinent technical studies, the constitutional and conventional principles of environmental protection, the purposes of creation of the Refuge, and other national regulations on Protected Wilderness Areas, Natural Heritage of the State, and protection of Wetlands are violated. Consequently, the challenged provisions of the South Caribbean Regulatory Plan, ratified by the Municipality of Talamanca, also become unconstitutional for being based on the delimitation carried out by SINAC through the General Management Plan. Likewise, Directive No. 09-2023 issued by the Minister of Environment and Energy is also unconstitutional for exceeding his regulatory powers regarding the rejection of technical studies for the delimitation of the protection area in question. The challenged provisions violate on the merits the following constitutional precepts: a) Violation of Articles 48, 50, and 89 of the Political Constitution. Effective protection of the Natural Heritage of the State as a public domain asset and the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment. The fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment is enshrined in Article 50 of the Political Constitution. According to the provisions of Article 50 of the Political Constitution, it is the State's obligation to respect, guarantee, defend, and preserve this right (cites judgment 24807-2021 of the SC). Therefore, state actions that issue these general provisions through management plans and regulatory plans must be oriented in accordance with the protection of the environment, as a principle of constitutional and conventional rank (Sala Constitucional, judgment 24807-2021). In the same sense, by virtue of the provisions of Articles 7, 11, and 48 of the Political Constitution, the conventional obligations contracted by the Costa Rican State are incorporated at a constitutional rank, especially those obligations regarding Human Rights that come to have a rank superior to the Political Constitution, and the establishment of the binding nature of Advisory Opinions, as has been established by the Sala Constitucional in votes 2313-1995, 12782-2018, and 24807-2021, the recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment as a human right is of vital importance, as was developed by the Inter-American Court of Human Rights in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, which they partially cite. The Sala Constitucional in judgment 24807-2021 indicated that the advisory opinion of the IACHR, and the resolutions of the UN Human Rights Council, demonstrate the special relevance of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, since its protection transcends the protection of the constitutional right of Article 50, as the preservation of this right constitutes a vital element to effectively safeguard other fundamental rights of human beings, such as the right to life, health, property, equality, among others. Furthermore, the protection of the environment as an autonomous right is susceptible to protection independently of the existence of any risk to the rights of individual and collective persons. They point out that, specifically, the State has violated the protection granted to the environment under Articles 48 and 50 of the Constitution, and its conventional obligations, by approving a management plan without there being a delimitation as ordered by the Sala Constitucional, and, consequently, without the existence of pertinent technical studies that justify that disaffection. i) Non-compliance with the order issued by the Sala Constitucional in 2019 and consequent lack of protection of the Natural Heritage of the State. As a consequence, Article 89 of the Constitution has also been violated, by reducing, not compensating, and allowing the transgression of the Natural Heritage of the State, a public domain asset, inalienable and imprescriptible, the conservation and management of which are the legal responsibility of the Ministry of Environment and Energy, through the National System of Conservation Areas, as provided in the Forestry Law, specifically in Articles 6, subparagraph a), 13, paragraph 2, and 14, as well as in the Organic Law of the Environment, Article 32, paragraph 2. It is comprised of Protected Wilderness Areas, created by law or decree, and by other forests and forest lands or lands of forest aptitude of the State and public institutions that have an immediate legal affectation.

Furthermore, its guardianship competence is exercised by MINAE through SINAC (citing Constitutional Chamber ruling 17397-2019 on the legal regime of the State Natural Heritage). SINAC's failure to comply with what was ordered by the Constitutional Chamber in its vote 12745-2019 results in the continued violation of the essential requirements for reducing a protected wilderness area—the technical studies and the legal reserve. Thus, the publication of the Executive Summary of the Management Plan for the RNVS-GM, which provides maps seeking to newly delimit the Conservation Area and which follows the same delimitation previously provided for the approval of Law No. 9223, constitutes acts by SINAC that violate Article 89 of the Constitution by omitting what was ordered by the Constitutional Chamber, perpetuating the unconstitutionality declared through vote 12745-2019. From the factual framework it is evident that MINAE and SINAC have not fulfilled their duty to safeguard the State Natural Heritage by complying with what was ordered by the Constitutional Chamber, since there is still no concrete delimitation of the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge Area, as the Attorney General's Office has pointed out. Moreover, it is evident that SINAC has prepared the delimitation in the Management Plan, preserving the delimitation conducted to support Law 9223, given that the boundaries established by said law are nonexistent, as the pertinent technical studies to fulfill the constitutional requirement for reducing the State Natural Heritage and for carrying out the respective compensation still do not exist. These legal violations bring with them worrying effects on the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo), whose deterioration and reduction of forest is evident (they refer to what is indicated in factual allegation twenty-two) as there are practices of clearing (socola), deforestation (deforestación), and the drying and destruction of wetlands (they refer to what is indicated in factual allegation thirty-six). They conclude that the unconstitutionality of the acts issued by SINAC, MINAE, and the Municipality of Talamanca (Municipalidad de Talamanca) is palpable. Added to this, there is a state omission regarding the effective guardianship of the State Natural Heritage, and the current indeterminacy of the boundaries of the Protected Wilderness Area, which gives way to the irregularities indicated. ii) Violation of the preventive and precautionary principles by approving the plans while leaving out these forests. They allege that the exclusion of forested zones in the approval of the management and regulatory plans that are the subject of this action is due to a detriment to the principal principles governing environmental matters regarding these types of state actions, these principles being the precautionary and preventive principles, enshrined as Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development and in numeral 11 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) (they cite constitutional vote 16383-2018 on the preventive principle). Observing the actions of the institutions that, in the exercise of their competencies, have the responsibility of integrating environmental principles into their actions, such as MINAE, SINAC, SETENA, regarding the REGAMA and the South Caribbean Regulatory Plan (Plan Regulador de Caribe Sur), said institutions, in a manifest disregard of their legal powers, by promulgating the reduction of the forested area of the Refuge without reliable scientific studies, injure both cited principles, by completely ignoring the need for technical and scientific certainty in the approval of acts such as those challenged in this action, and by not having carried out the pertinent actions to mitigate the environmental impact, extremely serious and difficult-to-reverse environmental damage is being produced, which has been caused by an administration that, in the proper scheme of things, has the responsibility to protect the environment. The culmination of the adverse actions indicated is manifested through Directive (Directriz) No. 09-2023 of Minister Franz Tattenbach, which not only discredits and orders dispensing with the existing technical studies regarding the wetlands and the correct delimitation of the State Natural Heritage, but rather, those studies now disqualified by said directive are not ordered to be replaced by the hand of the Minister, nor by any other SINAC official, creating an environmental situation of total defenselessness. Conversely, the approval of the Management Plan and the Regulatory Plan is being pushed forward even though, on the date of filing the action, there are no technical studies endorsed by SINAC, falling into an environmental situation of total defenselessness, and causing a procedural defect and a manifest violation of the precautionary principle, by dispensing with a reliable scientific body of knowledge at the time of evaluating the approval of the plans challenged in this action, having absolutely no environmental risk prevention. iii) Obligation of the State to protect the environment (principle of inter-institutional coordination). The Costa Rican State must avail itself of the competent institutions responsible for enforcing the various guidelines for the sake of prevention, mitigation, and repair of the environmental damage caused, a situation that must be emphasized is a joint right/duty concerning every Costa Rican citizen (they cite ruling 4790-2008). The lack of coordination among the institutions, the disregard for and omission of the duty to protect the environment by said institutions, and the precipitate approval of both the South Caribbean Regulatory Plan and the Management Plan for the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, without efficient and viable technical studies, undermines environmental legal certainty and violates the fundamental rights of the inhabitants of the republic. iv) Abuse of right and non-compliance with what was ordered by the Constitutional Chamber in 2019 through Directive No. 09-2023. Regarding Directive No. 09-2023, it should be noted that there is an abuse of competence, under the understanding that intersubjective directives, such as the one challenged in this proceeding, despite having general and non-normative scope, may be subject to unconstitutionality actions, since their effectiveness may eventually cause harm to fundamental rights. The normative effectiveness in this specific case can be seen in the impact it has on the provisions that were intended for the formation of the Management Plan, triggering the situation that it had no technical support whatsoever by reason of what was mandated in said directive. Its effects being what empower the filing of this action, in light of the lack of protection and disregard for technical and legal mechanisms relating to the wetlands, affecting the State Natural Heritage, the right to a healthy and ecologically balanced environment, and the principle of legal reserve (reserva de ley), under the idea of wanting to reduce a Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre), an action to which the legal system has assigned requirements such as technical rigor, which has been lacking in the promulgation processes of the plans subject to this action. The minister, by discrediting through the challenged directive the technical report "Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime Terrestrial Zone of the Coast of the Canton of Talamanca" ("Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca"), not only ignores what was ordered by the Constitutional Chamber in resolution 12745-2019, but is also ordering through a directive, which cannot be used for these purposes, since it states that the indicated technical study may not be used for the issuance of official administrative acts, giving an order that escapes his competence by this means. b) The violation of international environmental instruments. i) The RAMSAR Convention. According to the approved management plan, challenged in this action and used as a basis to approve the South Caribbean Regulatory Plan, it involves disaffecting (according to the maps provided) wetland zones in what should be the protected area of the wildlife refuge: It should be noted that the Costa Rican State would be violating international environmental protection instruments, specifically the Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat (RAMSAR Convention, approved by Law No. 7224). Within the list of wetlands covered by this international convention are the wetlands located within the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo); these, according to the technical study: "Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime Terrestrial Zone of the Coast of the Canton of Talamanca" —rendered inapplicable through the directive of Minister Tattenbach— and in view of the maps of the area provided, with the current management plan, would be unprotected. The foregoing, based on Article 7 of the Political Constitution, violates the block of constitutionality, given that the protection of these wetlands would prevail over the law itself. In relation to the intentions developed within the Management Plan, it should be noted that the RAMSAR Convention, in its numerals 2 and 4, sets forth the conditions under which a RAMSAR site that is part of the List of Wetlands of international protection may be modified (Articles 2.5, 4.1, 4.2). The RAMSAR Convention requires that the reduction of sites included within the respective lists occur within the framework of a national urgency. In view of this, in REGAMA it can be empirically determined that this urgency is nonexistent. Moreover, no technical studies have been conducted that verify the national urgency necessary to reduce the protected zone in accordance with the guidelines of the Convention. The challenged rules do not contemplate any mechanism for replacement or compensation of the wetland zones that are being excluded from the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge. ii) The CBD Another international instrument that has been violated by the management plan is the Convention on Biological Diversity (CBD), which is an international treaty ratified by Costa Rica in 1994. Its main objective is the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components, and the fair and equitable sharing of benefits arising from the use of genetic resources. The violation occurs due to the lack of protection of the ecosystems within the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge by implementing the Management Plan for said area challenged herein, given that said document stipulates the reduction of zones that should be protected for their biological value. It requests that the unconstitutionality action be granted and that the challenged provisions be annulled.

2.- By resolution at 10:34 a.m. on February 19, 2024, the President of the Chamber cautioned the petitioner [Name 001] to provide the current legal capacity of the TALAMANCA ASSOCIATION OF ECOTOURISM AND CONSERVATION (ASOCIACIÓN TALAMANQUEÑA DE ECOTURISMO Y CONSERVACIÓN), or the corresponding power of attorney attesting to its legal representation.

3.- By resolution of the Presidency of the Chamber at 1:37 p.m. on February 22, 2024, this action was admitted and a hearing was granted to the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), the Ministry of Environment and Energy (MINAE), the National System of Conservation Areas (SINAC), the National Council of Conservation Areas (CONAC), the Council of the Municipality of Talamanca (Concejo de la Municipalidad de Talamanca), the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), and the Costa Rican Tourism Institute (ICT).

4.- By brief filed in the electronic case file on March 1, 2024, William Rodríguez López, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Tourism Institute and Minister of Tourism, responds to the hearing granted in the following terms: In the action filed, it is stated that there is State Natural Heritage in the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre). This is a conceptual error, since there cannot be State Natural Heritage in the Maritime Terrestrial Zone. Both concepts do not coexist with each other; either there is State Natural Heritage or there is a Maritime Terrestrial Zone. The appropriate assessment is to indicate the existence of State Natural Heritage in the coastal zone, since different regimes may be present there: National Parks, Refuges, Wetlands, areas declared cities, and the Maritime Terrestrial Zone, each with its own jurisdiction and institution competent for its administration. In addition, in relation to the General Management Plan of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (2017-2026), he states that said Plan is not linked to the competence of ICT insofar as its preparation, review, approval, and implementation are concerned, as it is outside the application of the Maritime Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre); given that Article 2 of Law 6043 establishes the limits of the powers of the Institution he represents. On the other hand, regarding the Coastal Regulatory Plan of Talamanca-Cahuita District (Plan Regulador Costero de Talamanca-Distrito Cahuita), it is pertinent to note that this was planned only for the maritime terrestrial zone. Therefore, areas classified and certified as State Natural Heritage that were in force at the time of its preparation were not included. Thus, Protected Wilderness Areas were not included in accordance with what is indicated in Article 73 of the ZMT Law. The same occurred with areas defined as indigenous territories that intersect with the 200 meters of the coastal front, according to information provided by INDER at the time. Attached is the Agreement of Ordinary In-Person Session No. 6268, Section 1 "General Matters," Article 5 "Proposals from the General Management," subsection III, made by the Board of Directors of the Costa Rican Tourism Institute on September 11, 2023, communicated by Official Letter SJD-309-2023, which stated the following: IT IS AGREED: A) In accordance with official letters No. DPD-P-107-2023 and No. DPD-P-106-2023, prepared by the Planning and Development Directorate, to definitively approve the Coastal Regulatory Plan of the district of Cahuita, canton of Talamanca, which includes the areas under application of the Maritime Terrestrial Zone Law No. 6043, submitted by the Municipality of Talamanca through official letter No. SCMT-183-2023 dated September 7, 2023. B) To note that the Municipality of Talamanca, on August 4, 2023, carried out the Public Hearing process established in Article 17 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), addressed the observations submitted as a result of the Public Hearing, and made adjustments to the documentation of the Regulatory Plan, both at the document and cartographic levels. C) To indicate that the following areas are excluded from this definitive approval, as they are not part of the ZMT: 1. Protected Wilderness Areas defined as National Parks according to the provisions of Article 73 of the Maritime Terrestrial Zone Law. 2. Areas classified and certified as State Natural Heritage that are currently in force. 3. Areas defined as indigenous territories that intersect with the 200 meters of the coastal front of the district of Cahuita, canton of Talamanca, in accordance with the information provided by INDER. It is clear that the agreement of the ICT Board of Directors implied the non-zoning of Protected Wilderness Areas defined as National Parks according to the provisions of Article 73 of the Maritime Terrestrial Zone Law; areas classified and certified as State Natural Heritage that are currently in force; and areas defined as indigenous territories that intersect with the 200 meters of the coastal front of the district of Cahuita, canton of Talamanca, in accordance with the information provided by INDER. In general, regulatory plans are built upon the official information available at a given time (such as PNE, boundary markers, PN, among other layers of information available at the time). However, they are mutable, since if in the future the base information changes for whatever reason (new boundary markers, expansion of park boundaries, change in the classification of State Natural Heritage, including wetlands), the zoning of the regulatory plan may be adjusted to this new condition. For this purpose, there is a chapter in the manual of coastal regulatory plans, where the municipality is responsible for applying the procedure. Therefore, this representation does not observe any reason to grant the action filed, and its rejection is requested.

5.- The notices referred to in Article 81 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional) were published in Judicial Bulletins numbers 41, 42, and 43 of March 4, 5, and 6, 2024, respectively.

6.- Through a brief filed on March 15, 2024, Iván Vinicio Vincenti Rojas, in his capacity as Attorney General of the Republic (Procurador General de la República), responds to the hearing granted in the following terms:

I. STANDING DERIVED FROM THE DEFENSE OF COLLECTIVE INTERESTS. Regarding the standing of the petitioners, he indicates that Ms. [Name 002] and Mr. [Name 003] act as members of Covirenas (Natural Resources Monitoring Committee) of the South Caribbean, and Ms. [Name 004] and Ms. [Name 005] act in a personal capacity. The actions of the COVIRENAS (Natural Resources Monitoring Committees) and ad honorem environmental inspectors appointed by MINAE are based on Law 7317/1992, Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), and Decree 39833-MINAE/2016, Regulations for the formation and operation of Natural Resources Monitoring Committees and ad honorem Environmental Inspectors (Reglamento para la conformación y operación de los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales y los Inspectores ambientales ad honorem), which attributes to these inspectors, among their responsibilities and duties, assisting in the application and enforcement of environmental legislation, in collaboration with the corresponding public authorities (Article 16, subsection a). The petitioners claim to act in guardianship of a right to a healthy and ecologically balanced environment (natural resources and ecosystems) in the territory of the South Caribbean, due to its being affected by the validity of the General Management Plan of the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge, the Coastal Regulatory Plan Talamanca-Cahuita, and Directive No. 09-2023 of the Minister of Environment and Energy; Articles 2, subsection a, of Law 7554 and 105 of Law 7788). It is deemed that standing via abstract constitutionality review is appropriate.

II.- REGARDING THE ALLEGATIONS OF THE PETITIONERS The petitioners seek to declare unconstitutional the General Management Plan of the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge 2017-2023 (Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo), of which an executive summary was published in Supplement No. 42 to Gazette No. 39 of February 28, 2022; the Coastal Regulatory Plan Talamanca-Cahuita District, published in Supplement 193 to The Gazette No. 183 of October 5, 2023; and the Directive of the Minister of Environment and Energy No. 09-2023 of August 17, 2023, on the grounds that they contravene the right to a healthy and ecologically balanced environment, the principles of objectivity, precaution, prevention, the principle of legal reserve, Articles 48, 50, and 89 of the Constitution, and the RAMSAR Convention and the Convention on Biological Diversity.

II.1 GENERAL MANAGEMENT PLAN OF THE GANDOCA-MANZANILLO NATIONAL WILDLIFE REFUGE (REGAMA) Regarding the General Management Plan of the REGAMA, the petitioners allege: the obligation of the State to respect, guarantee, defend, and preserve the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 CP); violation of the principle of environmental guardianship due to SINAC's refusal to conduct new studies and its preference for using outdated studies, maps, and delimitation criteria, which exclude 9,445 hectares of wetlands and 374.64 hectares of forested areas; that the General Management Plan disregards technical reports on the need to protect those forested hectares and was approved without considering them, infringing the principles of environmental objectivity and precaution. Likewise, they consider that the issuance of general provisions such as general management plans must ensure environmental protection; that the State has violated the provisions of Articles 48, 50, and 89 of the Political Constitution and its obligations derived from International Conventions by approving a General Management Plan without there actually being a delimitation as ordered by the Constitutional Chamber in ruling 12745-2019. They argue a lack of coordination among institutions, the disregard for and omission of the duty to protect the environment by them, and the precipitate approval of the Management Plan for the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge without efficient and viable technical studies. In this regard, it is important to highlight that management plans have their legal basis in Article 3, subsection p) of the Regulations to the Biodiversity Law (Reglamento a la Ley de Biodiversidad):

"It is the planning instrument that allows guiding the management of a protected wilderness area toward the fulfillment of its long-term conservation objectives. It is based on medium-term strategic action lines and management objectives for the natural and cultural elements included within the area, as well as the relationship of the latter with their socio-environmental surroundings. It is the basis for developing other planning and regulatory instruments for Protected Wilderness Areas."

Thus, the preparation of a General Management Plan is essential for the management of Protected Wilderness Areas, as established in Articles 7 of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 42742-MINAE, 37 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), 3 subsection p) of Executive Decree No. 34433 Regulations to the Biodiversity Law, and 6 of the "Agreement on Biodiversity Conservation and Protection of Wilderness Areas" integrated into our legal system through Law No. 7433. In ruling 12745-2019, the Constitutional Chamber established that Law 9223, of March 10, 2014, by redefining the boundaries of the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge, actually accomplishes a reduction of the area, without fulfilling the requirements demanded by constitutional jurisprudence (certainty regarding non-deterioration of the environment and compensation for the area suppressed), and without clarity as to whether the excluded lands containing forest (188 hectares) are part of the State Natural Heritage or private lands subject to the limitations provided by environmental legal regulations, in which case the disaffection would have been unnecessary. Faced with this reasonable doubt, it applied the in dubio pro natura principle and considered the 188 hectares as part of the refuge, a public domain asset (bien demanial), rendering their exclusion without compensating the area improper and the challenged rule unconstitutional. Furthermore, it added, "the 188 hectares form part of the central core of the wildlife refuge," therefore "we are in the presence of extremely serious harm to the environment; especially since in this case the challenged Law does not provide the respective area compensation and lacks, as explained above, technical studies to carry out the reduction of the cited refuge." However, it qualified the conclusion, in the sense that if there are private lands within those 188 hectares, the private property rights of their owners must be respected (Article 45 of the Constitution and 21 of the American Convention on Human Rights). Consequently, it granted the action, annulled the challenged Law, number 9223, Recognition of the rights of the inhabitants of the South Caribbean, "only with respect to the territories comprised within the forested zone," and ordered the National System of Conservation Areas to proceed, within a twelve-month period counting from the full publication of the ruling in the Judicial Bulletin, to delimit the aforementioned area. Based on that order, the National System of Conservation Areas delimited the forested zone in the area excluded by Law 9223 (designated as zone 1 according to Decree 34946), issued a report under official letter No. ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020, without defining the lands that make up the State Natural Heritage, and in which the following conclusions are reached:

"The area designated as Zone 1 of the Zoning Decree for the REGAMA (known as the 'Cocles-Manzanillo Coastal Plain'), presents a very particular land use, in which tree and forest cover (cobertura boscosa) predominates (233.65 hectares). However, this cover does not meet the definition of 'forest' (bosque) stipulated in the Forestry Law (Ley Forestal) 7575 and its Regulations across a large part of the area of this zone.

According to the measurements taken, it is estimated that up to 109.5 hectares exist that would be classified as forest according to Law 7575. It must be taken into account that a portion of these forest zones is located within the Maritime Terrestrial Zone of the study area (this area is estimated at 20.1 hectares).

On the other hand, another 114.5 hectares could be classified as heavily intervened forest lands, in combination with agricultural, ornamental species, and human occupation (.)."

Notwithstanding the previous delimitation, the National Council of Conservation Areas, as the body competent for the approval of plans for Protected Wilderness Areas (Law 7888, Article 25, subsection 5), by means of resolution 044 of February 28, 2022, published in Gazette 39 of February 28, 2022, corresponding to the executive summary of the Management Plan for the Gandoca Manzanillo Mixed Wildlife Refuge, resolved the following:

"FIRST: Given the need and the priority nature of complying with the various provisions issued by the Comptroller General of the Republic regarding the formalization of the general management plan RNVS-GM, it is agreed to continue with the publication of this document, which governs the refuge area established prior to the partial annulment of Law No. 9223, excepting the area provided in vote No. 012745 of July 10, 2019, of the Constitutional Chamber. In accordance with the foregoing, the geographical area reflected in this management plan does not represent the total boundaries of the protected wilderness area, it being necessary, once the forested area disaffected by Law 9223 is reincorporated, to effect an expansion of the PGM that contemplates the pertinent matters for said area that will be restored to the refuge." (Emphasis added).

With that provision, it is undeniable that regarding the General Management Plan REGAMA, its function as a planning instrument that guides the management of a protected wilderness area toward the fulfillment of its long-term conservation objectives, and that serves as a basis for developing other planning and regulatory instruments, is distorted, firstly, due to the nonexistent delimitation of the total geographical area of the REGAMA, and secondly, because the lack of definition, identification, and reincorporation of the entirety of the State Natural Heritage areas into the REGAMA, ordered by ruling 12745-2019, entails a state of uncertainty regarding the appropriate use of the lands and raises conflicts of competence between SINAC and the Municipality of Talamanca for its administration. Both scenarios give rise to a significant impact on the right established by Article 50 of the Constitution. Regarding the violation of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, it partially cites rulings number 601-2009 and 2016-004621 of the Constitutional Chamber. In this sense, it must be kept in mind that Protected Wilderness Areas are delimited geographical zones (Law No. 7788, Article 58), whose administration and conservation of the State Natural Heritage belongs to the System of Conservation Areas (SINAC). Thus, a deficient and incomplete delimitation of the Protected Wilderness Area implies the risk that the Municipality of Talamanca may grant concessions —administrative rights in rem— over the 20.1 hectares of lands classified as forest and located within the maritime terrestrial zone — according to the delimitation of the forested zone in the area excluded by Law 9223, official letter No. ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020—, disregarding the competencies and characteristics of each ecosystem (Law 7554, Articles 30 subsection c and 34). The foregoing, in clear non-application of what this Chamber has established as unconstitutional in previous rulings on the preventive, precautionary principles and the State's obligation to avoid environmental harm, as well as the constitutional mandate for inter-institutional coordination and cooperation for environmental protection, derived from the pro natura principle. And indeed, in international law, that duty of coordination among different public institutions was recognized in the Stockholm Declaration on the Human Environment, in its principle number 13, which determined:

"In order to achieve a more rational management of resources and thus to improve the environment, States should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve environment for the benefit of their population."

Added to these considerations, the failure to fully incorporate the State Natural Heritage into the REGAMA —as ordered by ruling 12745-2019— implies the lack of protection of the right to the environment, a scenario that, as this Chamber well provided in vote No.

1056-2009, violates environmental principles of constitutional rank, let us see:

“Furthermore, the right to the environment is violated because the reduction of a wildlife refuge clearly not only diminishes the possibilities of enjoying this right in the Gandoca-Manzanillo zone but also leaves the natural resources of the area unprotected by abandoning the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo to free exploitation without any restrictions whatsoever. Evidently, the protection received by property is not the same when it comes to forest property (propiedad forestal). Regarding this type of property, it should be recalled that it is a different type of property with its own characteristics and particularities and a special regime, since it is conceived fundamentally to conserve, not to produce or be part of the commerce of men. All lands considered national reserves are immediately affected for the purposes of forestry regulations, which establishes a special regime applicable to all forest resources. Thus, when the challenged decree proceeds to exclude from forest property the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo, it violates the right to the environment because such areas would fall outside the proper limits of forest property, which tend toward conservation and not the exploitation of the property and its natural resources.”

Therefore, if the boundaries of the REGAMA are not fully defined, it would be impossible to evaluate and determine, prior to execution, what negative effects an activity, work, or project will cause on the environment in the omitted area. The Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía) is obligated to carry out the classification of state-owned lands with the objective of identifying and delimiting those territories that constitute the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), defined as forests and/or lands of forestry aptitude (terrenos de aptitud forestal) that automatically pass to be administered by that Ministry and not by the Municipalities. Regarding the issue of wetlands, the plaintiffs invoke the transgression of international environmental instruments, with a value superior to laws according to Article 7 of the Political Constitution: the Convention on Wetlands (RAMSAR), when considering the exclusion of wetlands according to the technical study “Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Coast of the Canton of Talamanca” within the Management Plan, an instrument that served as the basis for the Coastal Regulatory Plan; and the Convention on Biological Diversity (CBD) on the occasion of the reduction of zones within the REGAMA, which must be protected for their environmental value. The Organic Environmental Law (No. 7554 of October 4, 1995), in its Article 40, establishes that wetlands are:

“ecosystems dependent on aquatic regimes, natural or artificial, permanent or temporary, lentic or lotic, fresh, brackish, or saline, including marine extensions up to the posterior limit of marine phanerogams or coral reefs or, in their absence, up to six meters in depth at low tide.”

In turn, numeral 41 of that same regulatory body declares all wetlands and their conservation to be of public interest, due to their multiple use. Furthermore, it prohibits the development of activities that interrupt the natural cycles of wetland ecosystems, such as the construction of dikes that prevent the flow of marine or continental waters, drainage, desiccation, filling, or any other alteration that causes the deterioration and elimination of those ecosystems (Article 45). In relation to the alleged lack of protection regarding the General Management Plan for omitting the inclusion of wetlands according to the document called “Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Coast of the Canton of Talamanca” of June 13, 2021, the Chamber assessed based on the elements and technical justification provided by the ministries that were granted a hearing and, by judgment No. 2024-3959 of 09:30 hours on February 16, 2024, ruled on the matter, resolving in what is of interest:

“VII.- In this particular case, the acting regional director of the La Amistad Caribe Conservation Area indicated to this Court, in her report, that the document called ‘Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coast of the canton of Talamanca’ has not been approved by the Regional Directorate of the La Amistad Caribe Conservation Area to be used as a document of general scope and that it is an internal technical guide of the National System of Conservation Areas, not yet validated or made official by the National Council of Conservation Areas of the National System of Conservation Areas. Likewise, that through official communication No. SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 of June 30, 2017, the delimitation of the State Natural Heritage in the Maritime-Terrestrial Zone of the canton of Talamanca was certified —considering wetlands for their protection. On the other hand, despite requests for an expanded report, the only explanation offered concentrates on those two specific formal aspects: what was certified as state natural heritage in 2017 and the preliminary condition of the 2021 study. However, it fails to refer to technical or material obstacles to updating that aspect of the state natural heritage. That is, it does not indicate to the Chamber what the current state of the wetlands in the canton of Talamanca is, nor does it offer any reason why the studies that justified the 2017 decision are technically superior to the 2021 material. Or, said inversely, the reasons why the 2021 study does not correspond to reality or to technical criteria for the protection of the state natural heritage are not set forth. For the foregoing, this Court considers that in application of the precautionary principle, since this amparo concerns environmentally relevant assets, constituting the state natural heritage, specifically the wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coast of the canton of Talamanca, the recourse must be declared with merit with the consequences set forth in the operative part of this judgment.”

For the foregoing, that Court ordered SINAC to conclude, within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of that judgment, the procedure to complement the certification of State Natural Heritage in the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca with the “Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coast of the canton of Talamanca” of June 2021 and to take the necessary measures to incorporate the aforementioned update into the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) of the Canton of Talamanca. In accordance with the aforementioned constitutional order, it is considered that the unconstitutionality action against the General Management Plan is premature regarding the non-inclusion of the aforesaid report on the characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coast of the canton of Talamanca.

II.2 COASTAL REGULATORY PLAN TALAMANCA-CAHUITA DISTRICT. It is alleged that the Coastal Regulatory Plan Talamanca-Cahuita District, adopted by the Municipal Council of the Municipality of Talamanca in Extraordinary Session No. 89 of September 26, 2023, Agreement No. 2, and published on October 5, 2023, in Supplement No. 193 to La Gaceta 183, takes as its basis the General Management Plan of the REGAMA, its zoning maps, and reproduces the adverse effects and omissions described for it regarding the forested area, wetlands, and makes an outdated delimitation of the Protected Wild Area (Área Silvestre Protegida). The regulatory plan does not consider the forest zones (State Natural Heritage) that the Constitutional Chamber ordered to protect in vote 12745-2019 as part of the Refuge, but rather as part of the Maritime-Terrestrial Zone under municipal administration, which would allow granting them in concession and use permits in the restricted zone and the development of activities harmful to ecosystems; by being based on the General Management Plan, the identification of polygons with wetlands does not take into consideration technical criteria that give it scientific support, and leaves several polygons with wetlands in the maritime-terrestrial zone. The discrepancy between the original delimitation of the Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre), the map recognized under the Ramsar Convention, the zoning maps used in the General Management Plan, and the Regulatory Plan leaves several of the polygons with wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone “in a state of defenselessness.”

For the purposes of the unconstitutionality action, regarding the legal nature of regulatory plans, the Constitutional Chamber has held that “by reason of their content and their general effectiveness or mandatory nature, they must be considered true legal norms or laws in a material sense, given that they recognize rights and establish obligations for the titleholders and possessors of real estate located in the territorial circumscription of the respective canton. Likewise, in view of the procedure for the formation of these regulations, it has been considered that they constitute a manifestation of direct democracy, because they are elaborated and approved by the respective municipalities, which find their reason for being precisely in their composition, that is, by the citizens or residents, in a specific territorial circumscription, canton, for the ‘administration of local interests and services’ (Articles 169 of the Political Constitution and 1 of the Municipal Code).” (Constitutional Chamber, votes 23330-2006, 5575-2007, 18438-2008, 12515-2009, 11946-2010, 2375-2012, and 6364-2012). By resolution 31756-2023, of 9 hours 30 minutes on December 7, 2023, issued in an amparo action against the Municipality of Talamanca and others (file 23-16445-0007-CO), that Chamber granted the recourse against it and annulled the public hearing that it held on August 4, 2023, to inform the communities of the Coastal Regulatory Plan of the Maritime-Terrestrial Zone of Cahuita (which includes the coastal sectors of Cahuita, Puerto Viejo, and Manzanillo), to which the Municipal Council ordered to convene in ordinary session No. 161 of June 21, 2023, and ordered the Mayor and the president of the Municipal Council, both of the Municipality of Talamanca, or whoever holds those positions in their stead, to “issue the orders within the scope of their competencies and coordinate what is necessary so that, within a maximum period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, a new public hearing is scheduled for the Coastal Regulatory Plan project for the District of Cahuita of the Canton of Talamanca and the members of the [...] are convened with due advance notice.” (Integral Development Association of the Indigenous Territory of Keköldi “ADI Keköldi”). The omission to summon them to the public hearing, said the Chamber, “is contrary to the Law of the Constitution, that is, to Convention 169 of the International Labour Organization, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the American Convention on Human Rights, since the rights of indigenous peoples over their broad territory do not have the same scope as those they possess and exercise in the geographic territory. Consequently, the future effects of the application of the Coastal Regulatory Plan (IVA-PRC) of the Maritime-Terrestrial Zone (ZMT) of the District of Cahuita, Talamanca, could generate a potential positive or negative impact on the social, economic, environmental, or cultural conditions that constitute the basis of the social cohesion of the Indigenous Territory of Keköldi; hence, the necessity of the public consultation pursuant to the provisions of Article 7.3 of Convention 169 of the ILO, according to which ‘governments shall ensure that, whenever appropriate, studies are carried out, in cooperation with the peoples concerned, to assess the social, spiritual, and cultural impact and the impact on the environment that the planned development activities may have on those peoples. The results of these studies shall be considered as fundamental criteria for the execution of the activities mentioned.’” In accordance with Law 4240, Article 17, prior to implementing a regulatory plan or any of its parts, the municipality that intends to do so must convene a public hearing by means of the Official Gazette and necessary dissemination, with advance notice of no less than fifteen business days; obtain the approval of the Directorate of Urbanism (Dirección de Urbanismo), if the project did not originate in that office or differs from what it had proposed; agree to its formal adoption, by absolute majority of votes; and publish, in full, in La Gaceta the notice of adoption, indicating the date from which the corresponding regulations will become enforceable. These requirements shall be equally observed “when it comes to modifying, suspending, or derogating, totally or partially, the referred plan or any of its regulations.” Regarding publication, according to the jurisprudence of that Court, “(...) the Regulatory Plan and its Zoning Regulation ‘are administrative acts of a general nature, which to be effective must be published in full’ (in the Official Gazette), with their respective maps, as a form of communication to the administered.” (CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgments No. 2000-06653, 2000-09038, and 2002-04252, among others. Urban Planning Law, Article 17, subsection 4, and General Law of Public Administration, Article 240).” See also Constitutional Chamber resolution 12973-2013. (In this case, what was published in Supplement 193 to La Gaceta No. 183 of Thursday, October 5, 2023, pages 2 to 11, is the Zoning Regulation of the Coastal Regulatory Plan Talamanca, Cahuita District). The public hearing that municipal entities must hold, prior to making an administrative decision, “has the purpose of allowing the exercise of the right to community participation in a matter that directly affects them” and, in the opinion of the Constitutional Chamber, does not constitute “simply part of a procedure that, as a formality, must be scheduled, in such a way that it can be set in a manner that renders the exercise of the right it seeks to protect nugatory, by being granted under conditions that turn it into a mere formality, incapable of achieving the objectives it is called upon to obtain in protection of the right to information and citizen participation, although it certainly should not become an obstacle to the issuance of a timely resolution of the proceeding” (resolutions 12242-2004, 7994-2006, 18438-2008, 21581-2010, 7962-2011, 1054-2011, etc.). Each of the stages of the procedure for approval or modification of the Regulatory Plan has a logical concatenation and conditions the following ones. The omission or substantial imperfection in one of them gives rise to a defect of invalidity in the subsequent stages. In the same vein, that Chamber has pronounced: From the Urban Planning Law, Article 17, it follows that “for the implementation of a Regulatory Plan there are several stages, such as holding a hearing with its respective requirements, approval by the Municipal Council, and publication thereof, with each of the requirements being, in turn, a requirement of the subsequent act, that is, for an act to be valid, the prior act must have been duly fulfilled” (vote 18358-2009). Since “the hearing established in ordinal 17 of the Urban Planning Law was not held respecting the canons established in that numeral, it is considered that, given that this is a legally established procedure, the acts that may have been issued subsequent to the hearing in the approval of the Regulatory Plan of La Fortuna de San Carlos are also rendered illegitimate, because, as explained in the preceding whereas, for an act to be valid, the act that precedes it must have been issued in accordance with the corresponding regulations. (...).” It granted the unconstitutionality action and reverted the approval procedure of the Regulatory Plan of La Fortuna de San Carlos to the stage of the hearing call, and ordered that “the subsequent stages must be correctly complied with, meaning the approval or authorization of SETENA, publication, the hearing, final approval before the Municipal Council, and publication, all in accordance with the pertinent regulations.” (Constitutional Chamber judgment 18358-2009, reiterated in 19747-2010). In the latter, the Chamber considered that by having omitted the public hearing requirement, the constitutional principle of citizen participation in matters concerning environmental matters was infringed, it partially granted the amparo recourse, annulled the Municipal Council’s agreement to “rectify” the Regulatory Plan, and ordered the Municipality to “revert the modification procedure of the Regulatory Plan of Playa Dominical to the stage of the public hearing call and, therefore, the subsequent stages must be correctly complied with.”

From which it follows that when the Constitutional Chamber annulled the public hearing held on August 4, 2023, the Coastal Regulatory Plan of the Maritime-Terrestrial Zone of Cahuita became insubsistent, and its challenge in this forum is premature. In addition to the above, it is added that in another unconstitutionality action filed against ordinals 1 to 19 of the Coastal Regulatory Plan of Talamanca - Cahuita District - (file 23-030219-0007-CO), that Chamber, in vote 324-2024, of 9 hours 15 minutes on January 10, 2024, resolved that in its judgment 2023-31756 “it was held as proven that the regulatory plan in question was not duly consulted with the indigenous peoples, reason for which it annulled the public hearing held on August 4, 2023; and ordered the mayor and the president of the Municipal Council, both of the municipality of Talamanca, to issue the orders within the scope of their competencies and coordinate what is necessary so that, within a maximum period of three months, counted from the notification of that judgment, a new public hearing is scheduled for the Coastal Regulatory Plan project for the District of Cahuita of the Canton of Talamanca and the members of the Integral Development Association of the Indigenous Territory of Keköldi ‘ADI Keköldi’ are convened with due advance notice.” Thus, the object of challenge has not been duly approved and currently lacks all validity, so the admissibility control thereof is not admissible as premature. Consequently, the outright rejection of this unconstitutionality action is appropriate.” (Emphasis supplied). Regarding the issue of wetlands, in the Amparo Action against SINAC, INVU, and the Municipality of Talamanca, resolved by the Constitutional Chamber in judgment 3954-2024, of 9 hours 30 minutes on February 16, 2024, the Acting Regional Director of the La Amistad Caribe Conservation Area informed the Chamber that the document called “Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coast of the canton of Talamanca,” of June 2021, has not been approved by that Regional Directorate to be used as a document of general scope, and is an internal technical guide of SINAC, still without validation or officialization by the National Council of Conservation Areas of the National System of Conservation Areas, and pointed out that through official communication SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 of June 30, 2017, the delimitation of the State Natural Heritage in the Maritime-Terrestrial Zone of the canton of Talamanca was certified —considering wetlands for their protection, as well as the preliminary condition of the 2021 study. In response, the Court noted that the informant “fails to refer to technical or material obstacles to updating that aspect of the state natural heritage.” Thus, “it does not indicate to the Chamber what the current state of the wetlands in the canton of Talamanca is, nor does it offer any reason why the studies that justified the 2017 decision are technically superior to the 2021 material. Or, said inversely, the reasons why the 2021 study does not correspond to reality or to technical criteria for the protection of the State Natural Heritage are not set forth.” As the amparo concerned environmentally relevant assets, constitutive of the state natural heritage, the wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coast of the canton of Talamanca, in application of the precautionary principle, it declared the recourse with merit and ordered the Regional Director of the La Amistad Caribe Conservation Area of the National System of Conservation Areas to “conclude, within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the procedure to complement the certification of State Natural Heritage in the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca with the ‘Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coast of the canton of Talamanca’ of June 2021.” At the same time, it ordered the Mayor and President of the Municipal Council of Talamanca, the head of the Department of Urbanism (Departamento de Urbanismo), and the person in charge of the Unit of Technical and Operative Criteria for Territorial Planning, both of the National Institute of Housing and Urbanism, to “take the necessary measures to incorporate the aforementioned update into the Coastal Regulatory Plan of the Canton of Talamanca.” It is notable that the report of the Regional Director of the La Amistad Caribe Conservation Area, in what is of interest, is similar to that given in another amparo recourse resolved through vote 4692-2024, of 9 hours 20 minutes on February 23, 2024, where the official stated: “The heritage certification SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, of June 30, 2017, is the only official document in force to date.” “The draft document called ‘Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Coast of the Canton of Talamanca’ of June 13, 2021, has never been approved by the Regional Directorate of the La Amistad Caribe Conservation Area to be used as a document of general scope. This is a technical input, of an internal nature, that has not finalized the process for its validation and officialization, pursuant to Article 6 of Executive Decree No. 42760-MINAE called Technical Criteria for the location, identification, classification, and delimitation of wetland ecosystems. Consequently, it is not an official document, nor may it be used for the issuance of official administrative acts.” (In judgment 4692-2024, regarding the National System of Conservation Areas, that Chamber ordered that the petitioner should abide by what was resolved in 3959-2024). Since the period granted by the Chamber to complement the certification of State Natural Heritage in the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca with the ‘Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coast of the canton of Talamanca’ of June 2021 and to incorporate that update into the Coastal Regulatory Plan of the Canton of Talamanca has not concluded, the unconstitutionality action is premature. Nevertheless, it is clear that said Coastal Regulatory Plan must not include under municipal administration sectors of the State Natural Heritage, be they forested or forestry areas, wetlands, or the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo), whose administration and planning falls to the National System of Conservation Areas, MINAE. (Law 7575, Arts. 13, 14, and 16; Law 7554, Art. 32, subsection e, f, and final paragraph; Law 7788, Arts. 22 and 58. Constitutional Chamber, judgment 12745-2019).

II. 3 DIRECTIVE No. 09-2023 OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY Directive No. 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy is challenged because it “discredits” (Whereas Five), the report called “Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Coast of the Canton of Talamanca,” classifying it as unofficial, without SINAC having implemented reliable technical studies to substitute the report “that it disapplies and promoting the approval of the Management Plan and the Regulatory Plan without these. The lack of protection for the wetlands, it is said, contradicts the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article 50 of the Constitution, the precautionary principle, the principle of legal reserve, and the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention), approved by Law 7224 of 1991, Articles 2 and 4. The aforementioned Whereas Five indicates that the “Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Coast of the Canton Talamanca, of June 13, 2021, has not been approved by the Regional Directorate of the La Amistad Caribe Conservation Area to be used as a document of general scope. It is a technical input, of an internal nature, that has not finalized the process for its validation and officialization by the National Council of Conservation Areas of the National System of Conservation Areas, pursuant to Article 6 of Decree 42,760, Technical Criteria for the location, identification, classification, and delimitation of wetland ecosystems; it is not an official document, nor may it be used for the issuance of official administrative acts.” That Article 6 cited establishes that the inventory information generated by each Conservation Area must be reviewed and validated by the National Wetlands Program and the Department of Information and Territory Regularization, bodies of the Executive Secretariat of SINAC, which will use existing technical procedures so that the inventory information is published in the National Environmental Information System (SINIA) and in the Territorial Information System (SNIT). Also challenged is the Seventh Whereas of Directive No. 09-2023-MINAE, which provides that the official limits of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge are those established in Law No. 9223, Recognition of the rights of the inhabitants of the South Caribbean, in force since April 8, 2014, and there is no subsequent modification issued by the Ministry of Environment and Energy. This, the plaintiffs affirm, fails to comply with what was ordered by the Constitutional Chamber in judgment 12745-2019, exceeds the competencies of the Ministry of Environment and Energy regarding the rejection of technical studies to delimit the Wildlife Refuge in question, affecting the State Natural Heritage. The representative of the Attorney General’s Office indicates that the Constitutional Chamber has heard unconstitutionality actions against ministerial directives (votes 12396-2004, 9572-2006, 113-2015, 14643-2017, 19485-2018, and 21969-2022). When the challenged directive constitutes an administrative act of general application, the appropriate course is to publish it (Constitutional Chamber, resolution 19485-2018). Regarding the power of direction and directives (Constitutional Chamber, vote 12498-2015). In this matter, the plaintiffs argue that the issued directive, in the aspects of interest, is of general scope, due to its implications for the protection of the State Natural Heritage. The guidelines issued in the fifth and seventh whereas clauses of Directive No. 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy oppose what was resolved by the Constitutional Chamber in judgments 12745-2019 and 3954-2024, which prevail. In this particular, the reproach of unconstitutionality would be admissible, as it concerns the effective protection of the State Natural Heritage (REGAMA, forest areas, and wetlands), with infringement of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the principles of objectivization of environmental protection, precautionary, preventive, and the Convention on Wetlands (Ramsar), Articles 2 and 4; and 7, 48, and 50 of the Political Constitution. Judgment 12745-2019, it was said, annulled Law 9223 with respect to the territories comprised in the forested zone (for reducing the surface of the refuge without the due technical-scientific studies to rule out environmental damage and without compensating the area) and ordered SINAC to delimit the area within the twelve months following its publication.

In this regard, it cannot be asserted that the official boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge are those established by said Law; there is uncertainty as to its delimitation.

"The natural heritage of the State (patrimonio natural del estado) is a legal asset, defined and individualized in our legal system (…) This is a matter of public and national interest that is urgent and cannot remain indefinitely unresolved." (Constitutional Chamber, rulings 16938-2011, 2678-2012 and 12973-2013) (…) the Ministry of Environment and Energy is obligated to carry out the classification of lands owned by the State with the objective of identifying and delimiting those territories that constitute Natural Heritage of the State defined as forests and/or lands of forest aptitude (terrenos de aptitud forestal) that automatically come to be administered by that Ministry and not by the Municipalities, and for this purpose the Ministry does not need to notify, request permission or authorization from any entity or private company in order to proceed with classifying the lands of the State" (Constitutional Chamber, votes 15585-2008, 16938-2011 and 2678-2012) "(…) municipal corporations do not have the competence to prepare and implement regulatory plans (planes reguladores) that contradict or nullify special protection zones, Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas) and, in general, the natural heritage of the State. (…) The Regulatory Plan for the Coastal Sector of Playa Nombre de Jesús and Zapotillal covers zones that belong to the natural heritage of the State, and is therefore unconstitutional only with respect to those territories." (Constitutional Chamber, rulings 21258-2010 and 12973-2013. The emphasis is not from the original)

Ruling 3959-2024 declared the Amparo Appeal (Recurso de Amparo) against SINAC and others admissible, because the Coastal Regulatory Plan omitted the wetlands listed in the report called "Characterization and delimitation of wetlands in the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of the coastline of the canton of Talamanca", dated June 2021, violating the fundamental right established in article 50 of the Constitution and, in application of the precautionary principle, ordered the regional director of the La Amistad Caribe Conservation Area of SINAC, an agency of MINAE, to supplement the certification of the Natural Heritage of the State with that report, within a period of three months, as well as ordered INVU, in the persons of the heads of the Urban Planning Department and the person in charge of the Unit of Technical Criteria and Operational Planning (Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento), and the Municipality of Talamanca, in the persons of the mayor and the president of the Council, to make the necessary arrangements to incorporate that update into the Coastal Regulatory Plan of the Canton of Talamanca. The Directive of the Ministry of Environment and Energy that sets aside the aforementioned report for future actions contradicts what was ordered by the Constitutional Chamber. A ruling that declares an action admissible is enforceable from the moment it is issued. (Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de Jurisdicción Constitucional), article 53, and resolution 6267-2002). The rulings of the Constitutional Chamber are binding erga omnes and constitute res judicata; they "pre-judge on the issues of constitutionality." (Constitutional Chamber, resolution 6267-2002). The precedents of the constitutional jurisdiction "are binding erga omnes, given that they offer the way in which acts subject to public law and the regulations in general can be understood in conformity with the Law of the Constitution" (Constitutional Chamber, rulings 1185-95 and 3009-2004). Similar to what is provided for officials who administer justice (Law 8, amended by Law 7333, art. 8), those of the Administration cannot interpret or apply laws, norms, or acts of any nature in a manner contrary to the precedents of the Constitutional Chamber. Its rulings "are an expression of constitutional law and therefore have the same rank against the decisions of other jurisdictional" or administrative instances. The decisions of that Chamber "have constitutional power to prevail over the decisions of other instances and constitutional resistance not to be modified or annulled by resolutions from other jurisdictions" or administrative bodies. In conflicts between resolutions, "it is indisputable that constitutional decisions must prevail." (Constitutional Chamber, resolution 22207-2021). By virtue of "the supremacy or hierarchical priority of the Constitution, all legal operators and, especially judges, are obligated to interpret and apply the legal system in accordance with the rules, principles, constitutional values and the jurisprudence of the Constitutional Chamber, elements which, without any doubt, serve as parameters of interpretation. (Constitutional Chamber, rulings 4837-2016 and 132-2018). From this principle of constitutional supremacy derives, furthermore, the binding erga omnes nature of the resolutions of the constitutional jurisdiction" and, "it is obvious since it concerns the Constitutional Court itself, that the jurisprudence and precedents bind it as long as it finds no reasons to vary its own theses or criteria." (Constitutional Chamber, resolutions 4837-2016 and 1185-1995).

III. Conclusions The Advisory Body considers: 1. The failure to fully incorporate the Natural Heritage of the State into REGAMA -as ordered by ruling 12745-2019- through the Management Plan (Plan de Manejo), implies the lack of protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, and the principles of in dubio pro natura, precautionary and preventive. 2. Since the deadline given by the Chamber to supplement the certification of Natural Heritage of the State in the Maritime Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca with the report "Characterization and delimitation of wetlands in the maritime terrestrial zone of the coastline of the canton of Talamanca" dated June 2021 and to incorporate that update into the General Management Plan and the Coastal Regulatory Plan of the Canton of Talamanca has not expired, the unconstitutionality action is premature in this regard. 3. The guidelines issued in the fifth and seventh considerandos of Directive No. 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy oppose what was resolved by the Constitutional Chamber in rulings 12745-2019 and 3954-2024, which prevail. Specifically, the reproach of unconstitutionality would therefore be admissible.

7.- By brief filed on March 19, 2024, Ángela Mata Montero, in her capacity as executive president of the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, hereinafter INVU), answers the hearing granted in the following terms: On March 19, 2024, by official letter DU-UCTOT-062-2024, the person in charge of the Unit of Technical Criteria and Territorial Planning (Unidad de Criterios Técnicos y de Ordenamiento Territorial), architect Daniel Brenes Arroyo, reports, among other aspects, the following: cites the twenty-fifth section of the brief initiating the action "TWENTY-FIFTH: In addition to what was mentioned in previous facts, the Coastal Regulatory Plan Talamanca - Cahuita District was officially published on October 5, 2023, in Supplement number 193 to La Gaceta number 183. Said Regulatory Plan is based on the General Management Plan of the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge, in that it uses the zoning maps to regulate the zone. Therefore, it repeats the impacts and omissions previously described regarding the General Management Plan." (…) what is indicated in this point lacks foundation and is an assertion that is incorrect, because there are important differences between the two planning instruments; in the Maritime Terrestrial Zone a Coastal Regulatory Plan applies, and in Protected Wild Areas the Management Plans operate. The development of these projects has been delegated to the municipalities by virtue of the fact that they are administrators of the Maritime Terrestrial Zone, for which purpose they must develop urban or tourism development plans, which in terms of national regulations (Urban Planning Law) correspond to Regulatory Plans. "As can be observed, the scope of a coastal regulatory plan does not include the territorial spaces corresponding to protected wild areas or the Natural Heritage of the State, given that the former require a different type of land management tool. For this purpose, MINAE – SINAC develop Management Plans, which is a planning tool that guides the management of the territory of a protected wild area to fulfill its conservation objectives. It is rather a management and development plan based on medium-term strategic lines of action and management objectives for the natural and cultural elements included within the area, as well as on the relationship of the latter with their socio-environmental surroundings. It should be noted that INVU does not have the competence to develop or approve management plans, much less to determine their boundaries, a matter that only corresponds to SINAC. The Coastal Regulatory Plan of Talamanca was developed outside the official boundaries determined by that agency at the time of developing the zoning proposal. It cannot be argued that it was based on the Management Plan since it is an instrument that cannot be applied in the Maritime Terrestrial Zone, just as a regulatory plan cannot be used as a planning tool within a Protected Wild Area (ASP)." It requests that the action be declared without merit.

8.- By document incorporated into the electronic folder of the file on March 20, 2024, Franz Tattenbach Capra, in his dual capacity as Minister of Environment and Energy and as President of the National Council of Conservation Areas (Consejo Nacional de Áreas de Conservación), and David Chavarría Morales, in his capacity as a.i. Executive Director of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), answer the hearing granted in the following terms: I. REGARDING THE ARGUMENTS AND GROUNDS FOR THE ALLEGED UNCONSTITUTIONALITY. A. The claimants request that the General Management Plan (Plan General de Manejo, PGM) of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (RNVS-GM) 2017-2026, published via executive summary on February 28, 2022, in Supplement No. 42 to La Gaceta No. 39, be declared unconstitutional. Below, the main arguments supporting the claimants' request are extracted and answered in simple terms, and subsequently, broader explanations are offered that can clarify the claimants' confusions. a) "The delimitation used for said plan corresponds to the refuge area established prior to the partial annulment of Law No. 9223". Answer: The sixteenth considerando of the executive summary of the PGM of the RNVS-GM states that the PGM does not govern for "the area mandated in vote No. 012745 of July 10, 2019, of the Constitutional Chamber". b) "it assumed as valid the boundaries imposed by said Law, which the Constitutional Chamber annulled in 2019". Answer: Law 9223, which determines the boundaries of the RNVS-GM, is in force. c) "The geographical area reflected in the management plan does not represent the total boundaries of the protected wild area". Answer: The PGM of the RNVS-GM applies to the boundaries established by Law 9223. d) "the general plan that remains in force is the same one published in 2016 to come into effect in 2017". Answer: The in-force PGM was only published as an executive summary on February 28, 2022, in Supplement No. 42 to La Gaceta No. 39.

1.- Regarding the General Management Plan of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. The claimants incur in inconsistencies typical of a lack of knowledge of the prevailing official regulations and the operation of the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC/SINAC). The country's environmental regulations are clear in that: "The General Management Plan (PGM) is the technical instrument that defines the route that personnel of the Protected Wild Area (ASP) and its allies must follow to maintain the values of the ASP. It is the navigation chart for the successful administration and integral management of the protected area" (SINAC Guide). In the case of Mixed-Ownership National Wildlife Refuges (Refugios Nacionales de Vida Silvestre, RNVS), this instrument becomes important, as their administration is shared between SINAC personnel and private owners. Without it, both actors are bound hand and foot, on the one hand, to adequately protect the focal management elements (elementos focales de manejo, EFM) that support the declaration and the future of the ASP and, on the other, for the full and legal exercise of the use of private real estate included within the boundaries of the ASP. They provide a recount of the background of the process of preparing the General Management Plan of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, published in Supplement No. 42 to La Gaceta No. 39 of February 28, 2022, according to Agreement No. 12 of Regular Session No. 04-2017 and Agreement No. 02 of Extraordinary Session No. 11-2021 of the National Council of Conservation Areas, by which the preservation and stimulation of the maintenance of ecosystems, habitats, species, and surface and subsurface water resources is achieved, in an unaltered state or with an imperceptible impact, while allowing natural or assisted recovery processes of ecosystems and biodiversity. Among others, the Gandoca Mangrove and Estuary (RAMSAR site), the Flooded Forests (Bosques Anegados) (declared RAMSAR sites), the Sea Turtle Nesting Beaches (RAMSAR site), the Punta Mona Wetland, flooded forest of yolillo and orey (RAMSAR site), La Cativera, flooded forest of cativo (RAMSAR site), the flooded forest of yolillo of the Gandoca Wetland and the alluvial plain of the Gandoca-Sixaola wetland, both also RAMSAR sites. All of them under the category of minimal intervention, which only allows research, training, and ecotourism activities, characteristic of the PNE. In the same way, ACLAC/SINAC administers and oversees the rest of the Natural Heritage of the State of the Talamanca coastline, which, as a whole, occupies 69.29% of that coastline.

2.- Regarding Law No. 9223 "Recognition of the rights of the inhabitants of the South Caribbean" of March 20, 2014. First, they refer to the historical background of importance of the indicated law, published in La Gaceta Oficial No. 69 of April 8, 2014, in force from that date. Law No. 9223 "Recognition of the rights of the inhabitants of the South Caribbean" of March 20, 2014, consists of a single article that establishes the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (RNVS-GM). They indicate that the boundaries of the RNVS-GM established by Law 9223 were those proposed by SINAC in the Technical Report rendered to the Legislative Assembly by Rafael Gutiérrez, then Director of SINAC, via official letter SINAC-DE-1972 of August 26, 2013 (folio 1390 of the Legislative File of the Law). Law No. 9223 was challenged before the Constitutional Chamber by an unconstitutionality action processed under file 14-019174. They refer to the objections raised by the Deputy Attorney General, Dr. Magda Inés Rojas, as well as by her companion, Attorney Susana Fallas during the hearing of views, convened by the Constitutional Chamber on February 28, 2019, regarding the concern of the PGR, which deals with the possibility of de-protecting an area of state property with "forest cover (cobertura boscosa)". They partially cite vote 2019-012745, and state 2.6 that the Constitutional Court ratified Law 9223, annulling its application for a period of 12 months, counted from February 12, 2020, granted to SINAC and the PGR to clarify the property regime of the lands comprised within the "forested area" estimated by the PGR. 2.7- and established a clear procedure to follow with the results obtained by SINAC and the PGR, once the ordered provisions were fulfilled. In the event of finding public domain assets (not private domain assets) in the area with "forest cover" disaffected by Law 9223, "SINAC, together with the State Attorney, must exercise the corresponding legal actions in defense of public property." 2.8- Regarding private domain assets, in the area with "forest cover" disaffected by Law 9223, "what corresponds is that the competent authorities impose the corresponding social interest limitations on the properties for the sake of environmental protection." They provide a recount of the actions of SINAC and the Office of the Attorney General of the Republic in relation to compliance with Vote 2019-012745, and refer to the methodology used for the identification and delimitation of forest cover in a section of the Gandoca-Manzanillo Mixed Wildlife Refuge, in compliance with vote No. 2019-012745 of the Constitutional Chamber, the results of which were communicated to the Constitutional Chamber on February 12, 2021, together with report ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020 titled: "Identification and delimitation of forest cover in a section of the Gandoca-Manzanillo Mixed Wildlife Refuge in compliance with vote No. 2019-012745 of the Constitutional Chamber of Costa Rica". Said report concludes that "The consequence of the foregoing is that, when observing an aerial photograph of the zone and analyzing cover and crown density, one can reach the conclusion that the site is dominated by forest cover. However, beneath the main canopy a completely different land use is hidden, which is not compatible with the definition of forest established in the Forestry Law (Ley Forestal) and its Regulations." In summary: Both SINAC and the Office of the Attorney General of the Republic complied with what was ordered by the Chamber in a timely manner, by delimiting the "forested area" subject to the provision and determining the property regime of the lands included within such areas. In conclusion, the official boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge are those established in Law No. 9223, Recognition of the rights of the inhabitants of the South Caribbean, in force since April 8, 2014. There is no subsequent modification that has been issued by the Ministry of Environment and Energy.

B.- The claimants request that the Coastal Regulatory Plan of the District of Cahuita, canton of Talamanca (PRCT), published on October 5, 2023, in Supplement number 193 to La Gaceta number 183, be declared unconstitutional. Below, the main arguments supporting the claimants' request are extracted and answered, and explanations are offered that can clarify the claimants' confusions. … the PRCT "is based on the General Management Plan of the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge, in that it uses the zoning maps to regulate the zone". A/. Completely false. The claimants premeditatedly and in bad faith combine two technical-legal instruments, which apply to different situations: The Coastal Regulatory Plan is a territorial planning instrument that applies to the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre). Its objective is to order and regulate land use in this coastal area. The Regulatory Plan defines how lands can be used, the restrictions, and the conditions for the development of activities in the ZMT. A Coastal Regulatory Plan is defined as the legal and technical instrument to achieve the objectives of territorial planning policies in pursuit of balanced economic, social, and environmental development in the Maritime Terrestrial Zone and adjacent areas. The General Management Plan of a Protected Wild Area is the planning instrument that allows guiding the management of a protected wild area toward the fulfillment of its long-term conservation objectives. It is based on medium-term strategic lines of action and management objectives for the natural and cultural elements included within the area, as well as on the relationship of the latter with their socio-environmental surroundings. It is the basis for the development of other planning and regulatory instruments for Protected Wild Areas (article 2, subsection f) Decree No. 25721-MINAE) … "the maps proposed in the regulatory plan do not consider the forest zones (Natural Heritage of the State) that the Constitutional Chamber ordered protected through vote No. 2019-012745 as part of the refuge". A/. False. The PRCT does contemplate the Natural Heritage of the State (PNE), as stated in certification No. 011-2017, SINAC-ACLAC-PNE-C-011-2017 of June 30, 2017. Regarding the Classification and Delimitation of the Natural Heritage of the State of the Coastline of the Canton of Talamanca of 2017, the following is expanded upon: Subsequent to the approval of Law 9223 in March 2014, the Municipality of Talamanca entered into an agreement with the National Institute of Housing and Urbanism (INVU) for the preparation of a coastal regulatory plan for the canton. In accordance with the provisions of the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the Maritime Terrestrial Zone ICT-INVU, the procedure requires the delimitation of the Natural Heritage of the State (PNE), and the issuance of the corresponding certification by MINAE. At the request of the Municipality, the National System of Conservation Areas (SINAC) issued the certification of the Natural Heritage of the State (PNE) of the ZMT of the canton of Talamanca, through resolution No. 011-2017, SINAC-ACLAC-PNE-C-011-2017 of June 30, 2017, signed by the Director of the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC-SINAC). Natural Heritage of the State (PNE): The Natural Heritage of the State will consist of the forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration; except for real estate that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its assets; these areas of Natural Heritage of the State are not included or regulated because they are not part of the municipal administration, according to Pronouncement C-297-2004 of October 19, 2004, issued by the Office of the Attorney General of the Republic. The Certification on Natural Heritage of the State was issued by the Director of the Conservation Area. Once the Certification is issued, it cannot be modified by another lower-ranking official, in accordance with the provisions of Executive Decree No. 36786-MINAE, in force since November 11, 2011. C.- The claimants request that Directive No. 09-2023, signed on August 17, 2023, by the Minister of Environment and Energy, Franz Tattenbach Capra, be declared unconstitutional. Below, the main arguments supporting the claimants' request are extracted and answered, and explanations are offered that can clarify the claimants' confusions. …that through Directive No. 09-2023, signed on August 17, 2023, by the Minister of Environment and Energy, Franz Tattenbach Capra, he seeks to invalidate "the technical input called 'Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime Terrestrial Zone of the Coastline of the Canton of Talamanca' of June 13, 2021". The reasons why the Directive qualifies Report SINAC-ACC-OT-of-698-2021 of June 13, 2021, as follows are diverse and abundant: "The technical input document called 'Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime Terrestrial Zone of the Coastline of the Canton of Talamanca' of June 13, 2021, has not been approved by the Regional Directorate of the La Amistad Caribe Conservation Area to be used as a document of general scope. This is a technical input of an internal nature that has not concluded the process for its validation and officialization by the National Council of Conservation Areas of the National System of Conservation Areas, in accordance with article 6 of Executive Decree No. 42,760-MINAE, Technical Criteria for the location, identification, classification, and delimitation of wetland ecosystems. Consequently, it is not an official document, nor may it be used for the issuance of official administrative acts." Below, the main reasons: 1.- The report "Characterization and delimitation of wetlands in the maritime terrestrial zone of the coastline of the canton of Talamanca" (official letter SINAC-ACC-OT-of-698-2021 of June 13, 2021), is the result of a field inspection carried out by Bach. Oscar A. Fonseca R., in charge of the Water Resource Program of the Turrialba-Jiménez Subregional Office of the Central Conservation Area, with the collaboration of Geographer Francisco Domínguez B. of the La Amistad Caribe Conservation Area. Hereinafter referred to as official letter SINAC-ACC-OT-of-698-2021. The report states that the objective of the field inspection is to "Delimit and classify the Wetlands present in the Maritime Terrestrial Zone (ZMT) of the canton of the coastline of Talamanca, at the request of the Limón Subregional Office of the La Amistad Caribe Conservation Area of SINAC". The "Practical guide for the identification and delimitation of hydromorphic soils associated with Wetland ecosystems" was used, as well as the in situ identification of the floristic composition and the hydric characteristics of the study area. It details the methodology and the results of the report, which significantly increase the impacts from supposed wetland ecosystems in sensitive and critical urban and suburban areas of the Talamanca coastline, and details examples. 2.- The conceptual and technical-scientific deficiencies of the report "Characterization and delimitation of wetlands in the maritime terrestrial zone of the coastline of the canton of Talamanca" (official letter SINAC-ACC-OT-of-698-2021 of June 13, 2021). They point out that the report "Characterization and delimitation of wetlands in the maritime terrestrial zone of the coastline of the canton of Talamanca" (official letter SINAC-ACC-OT-of-698-2021 of June 13, 2021), lacks the fundamental technical and methodological criteria to characterize and delimit wetland ecosystems. They describe the technical and normative tools used in that report and note that the report, official letter SINAC-ACC-OT-of-698-2021, does not apply the taxonomic identification of soils, which is required in the case of special studies and critical study areas, such as the case of the Talamanca coastline. They indicate that the Fonseca 2021 report, in Point 4 of the methodology, under the title of "Special Studies," states: "In the event that it is required, and in relation to the importance of the study (significant areas, detailed studies, land-use conflicts (conflictos de uso)), a taxonomic identification of the main soils present in the study area must be carried out, through the description of test pits, consisting of the opening of pits approximately 1.5 m wide x 1.5 m long and between 1.5 and 2 m deep. Its primary purpose is to carry out a detailed characterization of each of the genetic horizons of the soils: horizon thickness, color, texture, structure, wet consistency, porosity, root content, limit. Important characteristics are also defined such as the georeferenced location, physiography, stoniness, current use, type of drainage, and erosion. From these modal profiles, the respective samples must be taken for physical and chemical laboratory analysis, approved by the MAG (Schwizer et al. 1980). They point out that the Fonseca 2021 report did not apply any of the requirements for the taxonomic identification of the soils of the study area, nor is its author qualified as a competent professional in the area of soils. Then, they refer to the fact that the report, official letter SINAC-ACC-OT-of-698-2021, does not comply with the type and level of detail for the soil survey required for the characterization and delimitation of wetlands, according to the Practical guide for the characterization and delimitation of hydromorphic soils associated with wetland ecosystems. In summary, there is no doubt that the field inspection supporting the Fonseca 2021 report does not show any valid parameter that allows the characterization of wetland soils. They maintain that the report, official letter SINAC-ACC-OT-of-698-2021, does not comply with the provisions of article 8 of Decree 35803-MINAET, referring to the methodology regarding the identification and classification of wetlands within the maritime terrestrial zone, as can be deduced from the Methodology chapter of the Fonseca 2021 report. On the other hand, at present, the Fonseca 2021 report could also not be validated, because it fails to comply with the required scientific rigor and with the current procedures set forth in Executive Decree 42760-MINAE, in its articles 5 and 7 subsection d). Executive Decree No. 35803-MINAET of January 7, 2010, was comprehensively repealed by article 19 of Executive Decree 42760-MINAE of March 7, 2022. It is evident that the Fonseca 2021 report did not comply with subsection d) of the former article 8. In other words, said report is neither validated nor officialized by the competent authorities of SINAC/MINAE. It was not born to the legal life of administrative acts, as defined in Directive No. 09-2023 of the Minister of Environment and Energy. Subsequently, in the section "2.5.- The report, official letter SINAC-ACC-OT-of-698-2021, suffers from other considerations typical of an expert appraisal on urban and semi-urban territories, of clear socioeconomic importance and of highly complex consequences for the population and the State."

It points out that, as warned by the Practical Guide for the Characterization and Delimitation of Hydromorphic Soils Associated with Wetland Ecosystems, of which the signatories of the Fonseca 2021 report were fully aware, their criteria for gathering information, analyzing results, and drawing conclusions should have followed first-order standards. By failing to comply with the minimum observations and samplings, not subjecting samples to the required physicochemical analyses, and disregarding the required geological details, it is highly risky and irresponsible to attempt to characterize and delimit large coastal areas of human settlements as wetland ecosystems—for example, the Punta Uva-Manzanillo stretch—without minimum samplings, without physicochemical analyses, without geological and sedimentological knowledge; it is totally unacceptable. They detail exhaustively other omissions and technical deficiencies of the indicated study.

II.- REGARDING THE GROUNDS FOR UNCONSTITUTIONALITY. According to the appellants, the regulation is challenged because it is considered contrary to the right to a healthy and ecologically balanced environment and the environmental law principles of objectification, precautionary, preventive, and the principle of legal reserve, articles 48, 50, and 89 of the Political Constitution, and international environmental instruments such as the RAMSAR Convention and the Convention on Biological Diversity. They indicate that regulations are acts of general scope with a normative character in accordance with the provisions of articles 6, 28, 120, and 121 of the General Public Administration Act. This legal institute does not exhaust the Administration's powers and actions in normative construction, since there are also numerous legal and methodological instruments and tools that are officially adopted by the Executive Branch for the sake of legal certainty (seguridad jurídica) and the objectification of the use of science and technique. Among these instruments are included the methodologies for preparing management plans for protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), visitation, tourism, and public use plans, and others that are defined by the legal system as scientific planning tools for public management. Alongside these are the methodologies for identifying and characterizing the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) and wetland ecosystems, among many others. The official adoption of these guarantees legal certainty (seguridad jurídica) for the law operator and binds the actions of the public administration to the application of the rules of science and technique in its scientific and public management tasks, further reinforcing the principles of transparency, accountability, and internal control of public administrations. The regulatory powers of the Executive Branch, as well as the power to issue these other tools and methodologies for internal use, are limited, in accordance with the same General Public Administration Act, to acting in compliance with the rules of science and technique, as provided in article 16 of that normative body, as well as the Principle of Legality regulated in articles 11 IBID and 11 of the Political Constitution. It is important to highlight that administrative norms must always be interpreted in the way that best guarantees the public purpose they address, and this includes the indicated tools and methodologies. This Ministry rejects the alleged violation of constitutional norms and principles by the challenged administrative action. As has been demonstrated by the broad and detailed report issued by the Regional Directorate of the Amistad Caribe Conservation Area (Área de Conservación Amistad Caribe) and ratified by these Offices, the Administration's action and the official adoption of the documents corresponding to the General Management Plan for the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge 2017-2026, published via executive summary on February 28, 2022, in Supplement No. 42 to La Gaceta No. 39; the Talamanca-Cahuita District Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero), published on October 5, 2023, in Supplement No. 193 to La Gaceta No. 183; and Directive No. 09-2023 signed on August 17, 2023, are supported by technical studies that include field data collection, baseline information, and that, furthermore, comply with the methodologies and procedures officially adopted by the Costa Rican State and have yielded conclusive scientific data to decide that the 2017 survey of the area's wetlands is the correct one. So, the appellants' argument that the correct approach was to use the 2021 report is false and lacks technical evidence; the mere fact that it is of a more recent date is not sufficient to reach that conclusion, when upon assessment, those studies prove not to have met the scientific or methodological rigor officially adopted by the State, which makes it incorrect and useless for fulfilling the public purpose and impossible to pass the internal validation procedure. The Costa Rican State has no doubts about which studies do technically and methodologically comply, since multiple reviews and assessments have been carried out by the assigned public officials in accordance with the provision of article 302 of the General Public Administration Act, and therefore the decision is based on these studies and thus does not violate the invoked Precautionary, Preventive, Legal Reserve, or Objectification of Environmental Protection principles. Nor has the challenged act violated constitutional norms or the international conventions cited by the appellant. I reiterate that all actions are based on technical studies and on laws, using methodologies and instruments that rule out the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment and, on the contrary, provide legal certainty (seguridad jurídica). The appellant, with their fallacious argument, intends to cause the State to err and maintain a situation of uncertainty on the issue that violates legal certainty (seguridad jurídica) and interferes with the realization of the public purpose. The challenged actions correspond to dynamic planning and management tools that, by their nature, must be periodically updated, so that the methodological exercises carried out to make these updates are standardized and applied objectively and measurably (or comparably) to guarantee legal certainty (seguridad jurídica), and without the changes resulting from these updates implying a violation of the indicated constitutional principles. Attributing value to an update exercise that did not comply with internal methodologies and procedures is contrary to legal certainty (seguridad jurídica). It is important to emphasize that the decision is entirely technical, so it corresponds to the active Administration. As can be seen in this case, what is presented is a disagreement by the appellants with the state technical criteria used, without having evidence demonstrating that this results in an incorrect protection of the right to a healthy environment. For the reasons and legal analysis set forth, they consider that the grounds for unconstitutionality invoked by the appellant must be rejected since the exercise of the Administration's powers has been in total respect of legal and constitutional limits.

9.- In a brief filed on April 1, 2024, Luis Diego Marín Schumacher, identity card number 107530303, in his capacity as president of the Preserve Planet Association, and Javier Rodríguez Fonseca, identity card number 105460710, request to be considered as coadjuvants in this action of unconstitutionality, having a legitimate and direct interest in the development and territorial planning of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), as Costa Rican citizens, since this matter involves the diffuse environmental interests of present and future generations, insofar as it alleges the disregard of the right to a healthy and ecologically balanced environment, the violation of the principle of progressivity, the precautionary principle, the principle of non-regression, the principle of scientific protection, among others. For their part, the challenged provisions are norms of a general nature that direct institutional and municipal duties when carrying out territorial planning (ordenamiento territorial). They describe the characteristics of the Costa Rican Caribbean coast, indicating that on the southern Caribbean coast, the shoreline is essentially coralline. Associated with the coral reefs, but as a separate ecosystem, are seagrasses, very important for species such as sea cucumbers and the manatee, already threatened by excessive sedimentation. They explain the main impacts affecting these ecosystems. They refer to the marine biodiversity in the southern Caribbean, which presents cases of very particular and relevant species, such as the Caribbean spiny lobster (Panulirus argus), the Atlantic tarpon (Megalops atlanticus), the leatherback turtle (Dermochelys coriacea), the manatee (Trichechus manatus), and the Guiana dolphin. Regarding the possible environmental impacts of the planning measures in question, they indicate that the environmental impacts are incalculable. They provide three examples of ecosystems directly affected by the development model proposed by the Administration, which cannot be separated from the lack of quality public services, mainly related to the integrated management of water resources and solid waste. They quote biologist Isaac Baldizón in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) for the sanitation project in Puerto Viejo de Talamanca, Limón, Costa Rica, Second Progress Report: Marine Environmental Assessment, and describe the negative and direct impacts that the zoning established in the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) of the Municipality of Talamanca and the ICT, according to the maps extracted from the Regulatory Plan, published on October 5, 2023, will have on the Puerto Viejo-Punta Mona reef system, the wetland in front of Puerto Viejo (coral wetland). They point out that terrestrial zoning cannot be separated from what is established in the planning measures for marine spaces, especially when those existing are for the conservation of the latter. These must be considered and consistent with each other. They note that the management of the area, being of high environmental fragility and located between marine and terrestrial areas of high conservation interest, must permeate all planning measures in the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) and surrounding areas. Regarding threats to the integrated management of water resources, they indicate that from the review of both territorial planning instruments, no provisions are identified for the installation of water treatment plants for the communities between Cocles and within the refuge. The lack of human waste management may result in the complete destruction of reefs due to the massive proliferation of algae caused by the discharge of human coliforms into the sea. Additionally, according to the technical report prepared by the Water Superintendency of ARESEP (ARESEP-IN-0036-IA-2023), it confirms not only that the Southern Caribbean and Talamanca present a significant and verified water deficit in the area, but also that there is no provision for its management and handling in the face of climate change threats and the urgent mitigation and adaptation measures required. Regarding the marine portion of the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge, they indicate that, according to the General Management Plan for the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (REGAMA), the current marine area of the RNVS-GM comprises a polygon 2.5 km wide, bounded by the mouths of the Cocles River to the north and the Sixaola River to the south, with a total area of 5,360.12 ha. The two proposed marine intervention zones for the RNVS-GM are: 1. Minimum Intervention Zone. The maritime area between Manzanillo and Cocles is subject to an environmental protection regime aimed at preserving and stimulating the maintenance of ecosystems, habitats, and species in an unaltered state or with imperceptible impact, while allowing natural or assisted recovery processes of ecosystems and biodiversity (p.48 PGM REGAMA). The ecosystems, habitats, and species it seeks to safeguard with these environmental planning measures are found in the seagrass meadows, coastal and deep-water coral reefs, and aggregation areas of aquatic mammals, the environmental importance of which was referenced at the beginning of the document. They maintain that the reduction of the Gandoca Manzanillo Refuge carried out through Law 9223 caused the deprotection of highly relevant ecosystems for the healthy balance of biodiversity, a situation aggravated by the lack of delimitation of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) incurred by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). The situation has become critical for these ecosystems, which are undoubtedly highly fragile due to their location in the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), because of the development model that the Municipality of Talamanca has attempted to establish in conjunction with the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo) and area developers. Additionally, the relationship between the impacts of terrestrial activities and marine ecosystems has been completely overlooked despite a high percentage of the maritime area off the coast being protected as a National Park or National Wildlife Refuge. They highlight that the described species are vitally important for marine ecosystems and, therefore, for people, in an ecosystemic sense and including health. But they are also of great social, economic, and cultural relevance for the Caribbean region and, in particular, for the communities of the Southern Caribbean. These communities depend to a high degree on the tourism activity associated with marine and coastal ecosystems. These species and ecosystems are partially protected by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), such as the Cahuita National Park and the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, as well as other areas declared by said authorities as State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE). But the surroundings of all these areas must maintain a minimum of natural conditions so that the ASP and AMP can fulfill their mission effectively. This part is the direct responsibility of the municipalities and the Costa Rican Tourism Institute (ICT). Unfortunately, the challenged regulatory and coastal plans are not in line with that joint function of government institutions in coordinated support with local government, for the adequate conservation of Nature and to guarantee the security of protected areas in general, remembering that present and future generations count on and depend on that. They request that the claims of the petitioners be granted. Furthermore, that provisional measures be established for the protection of the fundamental rights alleged to be harmed by the questioned provisions, such as the suspension of granting permits, licenses, or authorizations for land-use change (cambio de uso del suelo) and/or the construction of any infrastructure in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), and that the Municipality of Talamanca be prohibited from continuing to apply the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) because it is contrary to what science dictates and lacks technical support, which generates defects of unconstitutionality.

10.- By brief filed on April 18, 2024, Yahaira Mora Blanco, in her capacity as Proprietary Councilor, exercising the Presidency of the Municipal Council of the Canton of Talamanca, responds to the granted hearing in the following terms: from the analysis of the facts and grounds set forth in this action of unconstitutionality, the Municipality of Talamanca does not find that we are facing any type of violation of the constitutional right enshrined in article 50 of the Political Constitution, nor any constitutional infraction related to the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) of the Cahuita District of the Canton of Talamanca. The Municipality of Talamanca is in the process of implementing the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) of the Cahuita District of the Canton of Talamanca; the development of these projects has been delegated to the municipalities by virtue of being administrators of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), as determined by Law No. 6043, for which they must develop urban or tourism development plans, in terms of national regulations (Urban Planning Law). The scope of a coastal regulatory plan does not include the territorial spaces corresponding to Protected Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas) or the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), as the former require another type of land management tool. To that effect, MINAE - SINAC develop Management Plans, which are a planning tool that guides the land management of a Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida) to fulfill its conservation objectives. It is rather a management and development plan based on medium-term strategic action lines and management objectives for the natural and cultural elements included within the area, as well as the relationship of the latter with their socio-environmental surroundings. Developing or approving management plans and determining their limits is a matter that only concerns SINAC; the Talamanca Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) was developed outside the official limits determined by that entity at the time of developing the zoning proposal. It cannot be argued that the Management Plan was used as a basis, since it is an instrument that cannot be applied in the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), just as a regulatory plan cannot be used as a planning tool within Protected Wilderness Areas (ASP). Regarding what corresponds to the Talamanca Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) - Cahuita District, it is pertinent to note that it was planned only for the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre). Therefore, areas classified and certified as State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) that were in effect at the time of its preparation were not included. Thus, Protected Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas) were not included, as indicated in Article 73 of the ZMT Law. The same happened with areas defined as indigenous territories that intersect with the 200 meters of the coastal front, according to the information provided by INDER at the time. In general, regulatory plans are built on the official information available at a given moment (such as PNE, boundary markers, PN, among other layers of information available at the time). However, they are changeable since, if in the future the base information varies for any reason (new boundary markers, expansion of a park's limits, change in the classification of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), including wetlands), the zoning of the regulatory plan may be adjusted to this new condition. There is a chapter in the coastal regulatory plans manual for this, where the municipality is responsible for applying the procedure.

11.- By ruling issued at 10:40 a.m. on May 2, 2024, the President of the Chamber rejected the intervention as coadjuvant on behalf of the Preserve Planet Association and accepted the petitioners Luis Diego Marín Schumacher and Javier Rodríguez Fonseca as active coadjuvants in this action. Furthermore, it declared the period for hearings concluded and referred this matter to the office of Magistrate Hess Herrera.

12.- By brief incorporated into the electronic file on July 5, 2024, Rodolfo Goodman Grenald, permanent resident card No. 159100011005, in his capacity as president of the Integral Development Association of Manzanillo Limón (ADIM), requests that his represented entity be considered a coadjuvant in this action. He states that the Board of Directors of ADIM agreed to appear in this process at the session of July 4, 2024, in Manzanillo de Talamanca, Limón. The association has a legitimate interest in the outcome of this action, as it pursues the objective of promoting sustainable development for the community of Manzanillo and its surroundings, being one of the few national populations located within and adjacent to a protected area (Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, Mixed Ownership, of great social, economic, and environmental importance for the Caribbean). He adds that the community has actively participated in the formulation of the Refuge's Management Plans and the canton's Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero), and in general, of the valuable Costa Rican Southern Caribbean. In application of the diffuse interest granted to every person by article 50 of the Political Constitution in environmental matters, in addition to being directly interested in this action, the objective of which would affect their homes and well-being, as well as their culture and traditions as an autochthonous coastal population.

13.- By brief incorporated into the electronic file folder on July 9, 2024, Jennifer Vega Alvarado, identity card number 113110380, in her capacity as secretary of the Integral Development Association of Manzanillo, Limón, appears and requests to be considered a coadjuvant in this action of unconstitutionality. She indicates that she belongs to the third generation of a family residing in Manzanillo and that the community has actively participated in the formulation of the Refuge's Management Plans and the canton's Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero), and in general, of the valuable Costa Rican Southern Caribbean. She considers that she has a direct interest in what is discussed in this action as it could affect her home and the well-being of her family and their traditions as a coastal population. She indicates that they participated by supporting SINAC and the Municipality of Talamanca in defending their rights over their lands and a territorial planning (ordenamiento territorial) that ensures a dignified life in harmony with the environment. On the same date and in the same terms, Gloriela Junior Williams Rodríguez, identity card number 901010398, member of the Integral Development Association of Manzanillo Limón, appears and requests to be considered a coadjuvant in this process.

14.- By brief incorporated into the electronic file folder on July 24, 2024, Reynaldo Alfonso Mathews Morgan, identity card number 700880429, appears in the process and requests to be included in this process and to be notified, considering that what is resolved here directly affects him. He states that his family was one of the founders of Grape Point, known by the State as Punta Uva of the Cahuita District. His grandmother was born in 1915 in Punta Uva where he lives today with his family, on the same property established by his grandparents. His grandmother kept receipts from the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) from the 1960s and later obtained topographic maps granted by the IDA in 1996. He notes that the community has actively participated in the formulation of the various Refuge Management Plans, from the first Plan carried out by UCR specialist professionals in the 1990s, when the protected area was newly established, and the BIRF titling project to secure the tenure of their lands, the biodiversity they have cared for, in coexistence and sustainably utilizing it. He states that after years of defending their Afro roots, culture, language, and homes, they managed to sign Law 9223 "Recognition of the Rights of the Inhabitants of the Southern Caribbean" in April 2014. However, a few days after their joy and relief, the same people, supported by this group of non-residents of the affected area, paralyzed their legal certainty (seguridad jurídica) of having their ancestral lands duly registered for the well-being and a future dignified life for the community's families. He indicates that they have collaborated by supporting the state entities that worked on the development of the most recent PGM for the Refuge, which was finally published in 2022, as well as with the INVU so that it had the necessary information to design a Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) that complies with the country's laws to strengthen their canton. The zoning and planning tools are very necessary to regularize activities and land tenure within the small strip of the ZMT outside protected areas in Talamanca and thus be able to protect the natural heritage in balance with the sustainable development of our people of the Costa Rican Southern Caribbean. He indicates that due to the disorder and chaos that has existed without proper regulation, the legitimate inhabitants are the losers while others take advantage and profit from the same uncertainty. He considers that he is assisted by a diffuse interest that article 50 of the Political Constitution grants to every person to guarantee environmental balance. He indicates that he appears in this process also as a representative of the tourism commerce sector appointed to the Local Environmental Council of Manzanillo to assist in the defense with ACLAC-SINAC.

15.- By brief incorporated into the electronic file on April 23, 2025, [Name 001], legal representative of the Talamanca Ecotourism and Conservation Association (Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación), [Name 002], and [Name 003], acting as COVIRENAS of the Southern Caribbean; [Name 004], and [Name 005], who appear as petitioners in this process, file a reply to the response submitted by the Ministry of Environment and Energy, the Costa Rican Tourism Institute, the National Institute of Housing and Urbanism, and the Municipality of Talamanca.

16.- The hearing indicated in articles 10 and 85 of the Constitutional Jurisdiction Law is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by numeral 9 ibidem, deeming this resolution sufficiently grounded in evident principles and norms, as well as in the jurisprudence of this Court.

17.- In the proceedings, the prescriptions of the law have been observed.



Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

Considering:

I.- ON THE ADMISSIBILITY OF THE ACTION AND STANDING OF THE PETITIONERS. The action of unconstitutionality is a process with certain formalities that must be satisfied for the Chamber to be able to hear the merits of the challenge. Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law contains the admissibility requirements for actions of unconstitutionality and regulates three different situations. The first paragraph requires the existence of a pending matter to be resolved, either in a judicial forum—including habeas corpus or amparo appeals—or in an administrative one, only in the procedure for exhausting this route, where the unconstitutionality of the challenged norm is invoked as a reasonable means of protecting the right considered harmed in the main matter. For its part, the second and third paragraphs regulate direct action, that which does not require a base matter, in the following cases: a) when, due to the nature of the matter, there is no individual and direct injury; b) when it involves the defense of diffuse interests, or those that concern the community as a whole, and c) when the action is brought by the Attorney General of the Republic, the Comptroller General of the Republic, the Prosecutor General of the Republic, and the Ombudsman in matters within their competence.

In the present case, the petitioners base their standing on the defense of diffuse interests, as provided in the second paragraph of article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law. In this regard, this Court has indicated the following:

"(…) Secondly, the possibility of appearing in defense of 'diffuse interests' is foreseen; this concept, whose content has been gradually outlined by the Chamber, could be summarized in the terms used in this court's judgment number 3750-93, at three o'clock in the afternoon on July thirtieth, nineteen ninety-three)

"… Diffuse interests, although difficult to define and even more difficult to identify, cannot be in our law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership merges with that of the national community as a whole, nor so concrete that determined or easily identifiable persons, or personalized groups, are identified before them, whose standing would derive not from diffuse interests, but from corporate interests that concern a community as a whole. It is therefore a matter of individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, suffer an actual or potential harm that is more or less equal for all, so it is rightly said that they are equal interests of groups found in certain circumstances and, at the same time, of each one of them.

That is, diffuse interests partake of a dual nature, as they are simultaneously collective—being common to a generality—and individual, and therefore may be claimed in that capacity."

In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of persons not formally organized, but united around a particular social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is blurred, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, of course, the challenge that a member of one of these sectors could bring, relying on paragraph 2 of Article 75, must necessarily refer to provisions that affect them as such. This Chamber has enumerated various rights that it has classified as "diffuse," such as the environment, cultural heritage, defense of the country's territorial integrity and of the sound management of public expenditure, among others. In this regard, two clarifications must be made: on the one hand, the aforementioned goods transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer in principle to aspects that affect the national community and not particular groups within it; environmental damage does not affect merely the residents of a region or the consumers of a product, but rather injures or places at serious risk the natural heritage of the entire country and even of Humanity; likewise, the defense of the sound management of public funds authorized in the Republic's Budget is an interest of all the inhabitants of Costa Rica, not merely of any one group of them. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber is no more than a simple description inherent to its obligation—as a jurisdictional body—to limit itself to hearing the cases brought before it, without it being possible in any way to understand that only those rights that the Chamber has expressly recognized as such may be considered diffuse rights; the foregoing would imply an undesirable overturning of the scope of the Rule of Law, and of its correlative "State of rights," which—as in the case of the Costa Rican model—rests on the premise that what must be express are the limits on freedoms, since these underlie the human condition itself and therefore do not require official recognition. Finally, when paragraph 2 of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law speaks of interests "that concern the community as a whole," it refers to the legal goods explained in the preceding lines, that is, those whose ownership rests in the very holders of sovereignty, in each of the inhabitants of the Republic. It is not a matter, therefore, of any person being able to resort to the Constitutional Chamber in protection of any interests whatsoever (popular action), but rather that every individual may act in defense of those goods that affect the entire national community, without it being valid in this field either to attempt any effort at an exhaustive enumeration" (see judgment No. 2007-01145).

As indicated, the Chamber has admitted, within the assumptions of standing for diffuse interests, the defense of the right to a healthy and ecologically balanced environment, derived from Article 50 of the Constitution, in the form of its use and enjoyment by the entire current or potential population, which is precisely what is at issue with the challenge to the General Management Plan for the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge 2017-2023, the Talamanca-Cahuita District Coastal Regulatory Plan, and Directive No. 09-2023 signed on August 17, 2023 by the Minister of Environment and Energy.

Consequently, the petitioners have sufficient standing to challenge the indicated provisions. Furthermore, the objections of unconstitutionality raised deal, in effect, with matters whose constitutionality it is appropriate to review in this venue. Finally, the requirements stipulated in numerals 78 and 79 of the Constitutional Jurisdiction Law have been met, and therefore the action is admissible in the terms indicated.

II.- ON THE JOINDERS. Article 83 of the Constitutional Jurisdiction Law establishes:

"Within the fifteen days following the first publication of the notice referred to in the second paragraph of Article 81, parties appearing in pending matters as of the date of filing of the action, or those with a legitimate interest, may appear within this action, in order to assist in the allegations that might justify its appropriateness or inappropriateness, or to expand, as the case may be, the grounds of unconstitutionality in relation to the matter that concerns them."

In this regard, in the present matter, by a brief incorporated into the electronic case file on April 1, 2024, Luis Diego Marín Schumacher, identity card number 107530303, who claims to appear in his capacity as President of the Asociación Preserve Planet, and Javier Rodríguez Fonseca, identity card number 105460710, request that they be recognized as active coadjuvants in this action. The presiding magistrate, by resolution at 10:40 a.m. on May 2, 2024, ordered, with respect to the applicant Luis Diego Marín Schumacher, that according to the legal standing certification he provides, issued at 11:23 a.m. on March 18, 2024, his appointment as President of the Asociación Preserve Planet expired on October 31, 2023, without a new appointment or extension thereof being on record. Consequently, the joinder request on behalf of Asociación Preserve Planet was rejected, since the applicant Luis Diego Marín Schumacher lacks the proper standing to act on behalf of that legal entity. Likewise, given that the first publication of the notice occurred on March 4, 2024, it ordered that the appropriate course is to recognize the applicants as coadjuvants in this matter, solely as natural persons, precisely by virtue of the diffuse interest recognized in environmental matters.

As for the subsequent requests, filed on July 5, 2024, by Rodolfo Goodman Grenald, permanent resident card No. 159100011005, on July 9, 2024, by Jennifer Vega Alvarado, identity card 113110380, in her capacity as secretary of the Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, Limón, on July 9, 2024 by Gloriela Junior Williams Rodríguez, identity card 901010398, member of the Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, Limón, and on July 24, 2024 by Reynaldo Alfonso Mathews Morgan, identity card 700880429, as indicated, the first publication of the notice took place on March 4, 2024, and therefore, pursuant to the provisions of numeral 83 of the Constitutional Jurisdiction Law, they must be rejected as untimely.

III.- SUBJECT OF THE CHALLENGE. The petitioners request that the unconstitutionality be declared of the General Management Plan for the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge 2017-2023, whose executive summary was published in Supplement No. 42 to Gazette No. 39 of February 28, 2022; the Talamanca-Cahuita District Coastal Regulatory Plan, published in Supplement 193 to La Gaceta No. 183 of October 5, 2023; and Directive No. 09-2023 of the Minister of Environment and Energy dated August 17, 2023, considering that they contravene the right to a healthy and ecologically balanced environment, the principles of objectification, precaution, prevention, the principle of legal reserve, Articles 48, 50, and 89 of the Constitution, and the RAMSAR Convention and the Convention on Biological Diversity. The challenged provisions are transcribed below:

1) The General Management Plan for the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge 2017-2023, of which an executive summary was published in Supplement No. 42 to Gazette No. 39 of February 28, 2022;

By resolution No. 044 of February 28, 2022, the National System of Conservation Areas issued the Management Plan for the Gandoca Manzanillo Mixed National Wildlife Refuge, whose executive summary was published in Supplement No. 42 to Gazette No. 39 of February 28, 2022, and provides:

"General Management Plan for the Gandoca Manzanillo Mixed National Wildlife Refuge

NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS

EXECUTIVE SECRETARIAT

EXECUTIVE DIRECTORATE

Executive Summary of the General Management Plan for the Gandoca Manzanillo Mixed National Wildlife Refuge

National System of Conservation Areas

R-SINAC-CONAC-044-2021. The National Council of Conservation Areas, in accordance with Agreement No. 12 of Ordinary Session No. 04-2017 and Agreement No. 02 of Extraordinary Session No. 11-2021 and in compliance with Article 12, subsection d) of the Regulations to the Biodiversity Law No. 7788, Executive Decree No. 34433-MINAE, approves and issues this:

Executive Summary of the General Management Plan for the Gandoca Manzanillo Mixed National Wildlife Refuge

WHEREAS:

FIRST: That in accordance with Article 22 of the Biodiversity Law number 7788 of May 27, 1998, the National System of Conservation Areas is created, with its own legal personality, as a decentralized and participatory management and institutional coordination system, which integrates competencies in forestry, wildlife, and protected areas, for the purpose of issuing policies, planning, and executing processes aimed at achieving sustainability in the management of Costa Rica's natural resources.

SECOND: That it is a priority policy of SINAC to facilitate and promote actions that lead to the protection, conservation, and sustainable management of the natural resources and biodiversity present in the Protected Wild Areas, hereinafter the ASP, of the Conservation Areas.

THIRD: That the administration and protection of Protected Wild Areas throughout the national territory is the competence of the National System of Conservation Areas through each Conservation Area.

FOURTH: That in accordance with Articles 23 and 28 of the Biodiversity Law No. 7788 and Articles 9 and 21 of its regulations, Executive Decree No. 34433-MINAE, published in Gazette No. 68 of April 8, 2008, the La Amistad Caribe Conservation Area, hereinafter referred to as ACLAC, is part of SINAC's organization and is responsible for applying the legislation in force regarding natural resources within its geographical demarcation.

CONSIDERING:

FIRST: That by Executive Decree No. 16614-MAG published in La Gaceta No. 206 on October 29, 1985, the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge was created, hereinafter by its acronym RNVS-GM.

SECOND: That Executive Decree No. 16614-MAG was ratified, excepting Article 5°, by Article 1° of Executive Decree No. 34043 of September 11, 2007. An article that the Constitutional Chamber, in turn, annulled by connection, by resolution No. 1056 of January 28, 2009, only insofar as it did not also exclude Article 6 of this body of law.

THIRD: That the Comptroller General of the Republic issued Report No. DFOE-AE-IF-03-2011 of May 31, 2011, detailing the results of the study on the zoning of the RNVSGM with the following mandatory compliance provisions:

"a) To the Minister of Environment, Energy and Telecommunications

Proceed with the formalization and publication of the pertinent adjustments to the Zoning Regulations, based on the proposal that SINAC submits to you, in compliance with provision b) below. Inform this Comptroller General, no later than January 30, 2013, of the decree and Gazette number in which such adjustments were published. b) To the Executive Director of SINAC

Review and adjust the Zoning Regulations for the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, in accordance with technique and legality, considering the preparation of technical field studies at a detailed geographic scale, and in observance of the provisions of Articles 18 and 19 of Law No. 7575, as well as compliance with the creation purposes of that Refuge; and subsequently submit it to SETENA for the corresponding environmental feasibility approval process.

Once the foregoing is completed, submit the actions taken for the consideration of the Minister no later than November 30, 2012.

c) To the Plenary Commission of SETENA:

Refrain from granting environmental feasibility approvals in the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, until the Zoning Regulations are formalized in accordance with the review and adjustments indicated above. Submit to this Comptroller General a copy of the Plenary Commission agreement issuing the pertinent instructions, no later than July 30, 2011"

FOURTH: That by official communication No. 2713 (DFOE-AE-0087) of February 18, 2015, the Comptroller General of the Republic proceeded to modify two of the provisions established in report DFOE-AE-IF-03-2011 as set forth below:

"In this regard, provisions a) and b) of report No. DFOE-AE-IF-03-2011 are modified in the following sense:

a) To Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, in his capacity as Minister of Environment and Energy or to whoever holds the office in his stead

Know and issue the Management Plan for the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, submitted to you by the National Council of Conservation Areas, according to provision b) of this communication. Inform the Comptroller General of the Executive Decree and Gazette number in which said Plan is published, within two calendar months following receipt of the Plan submitted by the National Council of Conservation Areas.

b) To the National Council of Conservation Areas

Adjust and approve the Management Plan for the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, so that the zoning determined is in accordance with technique and legality, technical field studies, and in observance of the provisions of Articles 18 and 19 of Law No. 7575, as well as compliance with the creation purposes of the Refuge. Submit the Management Plan to the National Environmental Technical Secretariat for the environmental feasibility approval process; this no later than December 18, 2015. Once the environmental feasibility approval is obtained, submit the Management Plan to the Minister of Environment and Energy for the issuance process, no later than April 15, 2016.

Submit to the Comptroller General a copy of the communication by which the Management Plan is sent to the Minister of Environment and Energy, no later than April 22, 2016.

Also, new provisions are issued, which are added to report No. DFOE-AE-IF-03-2011 in the following sense:

d) To the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat

Establish the parameters that allow for the environmental assessment of the management plans for Protected Wild Areas, classified in the category to which the Management Plan for the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge belongs. Certify to the Comptroller General compliance with this provision, no later than July 30, 2015.

e) To the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat

Resolve regarding the environmental feasibility of the Management Plan for the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, submitted to you by the National Council of Conservation Areas. Inform the Comptroller General of the decision regarding the environmental feasibility, no later than March 31, 2016."

FIFTH: That the Management Plan for the Protected Wild Areas (ASP) is the guiding instrument for the effective administration and management of the natural and cultural elements present in said areas and the socio-environmental dynamics linked to them. Moreover, it is the technical tool through which each ASP establishes the management guidelines for use by managers, administrators, and stakeholder groups; therefore, the first instance that must validate the management proposal is the Conservation Area authorities, as well as the official social participation bodies established within them, whether these be the Regional Councils and Local Committees, in accordance with the Biodiversity Law No. 7788.

SIXTH: That the National Council of Conservation Areas (CONAC) approved the "Procedures Manual for the Publication of Management Plans for the Protected Wild Areas of the National System of Conservation Areas," by Agreement No. 17, adopted in Extraordinary Session No. 06-2008 of August 4, 2008.

SEVENTH: That CONAC, in Agreement No. 8 of Extraordinary Session No. 02-2011 of May 2, 2011, agreed to modify Agreement No. 17 of Extraordinary Session No. 06-2008 of August 4, 2008, so that the zoning defined in the General Management Plan is published in its entirety.

EIGHTH: That the Technical Committee of the La Amistad Caribe Conservation Area endorsed the General Management Plan for the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, according to Agreement No. 10 in its ordinary session 03-2017, held on March 21, 2017.

NINTH: That the Management Plan was approved by the Regional Council of the La Amistad Caribe Conservation Area (CORACLAC), by Agreement No. 7 adopted in ordinary session 001-2017 held on March 24, 2017, visible in minute No. 003-2017.

TENTH: That CONAC considered the General Management Plan for the RNVS-GM, and by Agreement No. 12 of Ordinary Session No. 04-2017 held on April 24, 2017, approved it and instructed the Executive Secretariat of SINAC and the Directorate of ACLAC to proceed with the process for its publication and formalization according to institutional procedure.

ELEVENTH: That by resolution number 793-2021-SETENA, at 10 hours 35 minutes on May 20, 2021, the Plenary Commission of the Environmental Technical Secretariat ordered the granting of environmental feasibility approval for the Inclusion of the Environmental Variable of the General Management Plan for the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge, corrected as to material errors by resolution 934-2021-SETENA of that same Secretariat, at 11 hours 20 minutes on June 16, 2021.

TWELFTH: That the limits of the Gandoca Manzanillo Mixed National Wildlife Refuge were reduced by the enactment of Law No. 9223 published in Gazette No. 69 of April 8, 2014, entitled "Recognition of the Rights of the Inhabitants of the Southern Caribbean," a legal instrument that removed from the protected wild area regime a total area of 406.52 hectares.

THIRTEENTH: That Law No. 9223 was partially annulled by resolution of the Constitutional Chamber No. 012745 of July 10, 2019, "only with respect to the territories comprised within the forested zone, as ordered by the Office of the Attorney General of the Republic in its reports," ordering SINAC to delimit said zone and, together with the PGR, to take the corresponding legal actions in defense of public heritage.

FOURTEENTH: That in full compliance with the order of the Constitutional Chamber, SINAC proceeded to delimit the forested zone in the area removed from the regime by Law 9223 of the RNVS-GM; in this regard, a report was issued, the transmittal of which to the Executive Secretariat of SINAC was made by official communication No. ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020, and which in its conclusions stated:

"(.) presents a very particular land use (uso de suelo), in which tree and forest cover (cobertura boscosa) predominates (233.65 hectares). However, this cover does not meet, over a large part of this zone's surface, the definition of 'forest' (bosque) stipulated in the Forestry Law 7575 and its Regulations.

According to the measurements taken, it is estimated that there are up to 109.5 hectares that would be classified as forest (bosque) in accordance with Law 7575. It must be taken into account that a portion of these forest zones is located within the Maritime-Terrestrial Zone of the study area (this surface is estimated at 20.1 hectares).

On the other hand, another 114.5 hectares could be classified as heavily intervened forest lands, in combination with agricultural, ornamental species, and human occupation (.)."

FIFTEENTH: That SINAC must define the limits of the forested area previously removed from the RNVS-GM regime by Law No. 9223, so that the forested zones identified based on the conclusions of the report described in the fourteenth considering clause of this resolution are reincorporated into the protected wild area.

SIXTEENTH: That CONAC considered this resolution, and by Agreement No. 02 of Extraordinary Session No. 11-2021 held on November 30, 2021, approved continuing with the process for the publication and formalization of this general management plan, which governs for the area of the refuge established prior to the partial annulment of Law No. 9223, excepting the area provided in ruling No. 012745 of July 10, 2019 of the Constitutional Chamber.

Therefore,

THE EXECUTIVE SECRETARIAT OF THE

NATIONAL COUNCIL OF CONSERVATION AREAS

RESOLVES:

FIRST: Given the need and the priority nature of complying with the various provisions issued by the Comptroller General of the Republic regarding the formalization of the general management plan for the RNVS-GM, it is agreed to continue with the publication of this document, which governs for the area of the refuge established prior to the partial annulment of Law No. 9223, excepting the area provided in ruling No. 012745 of July 10, 2019 of the Constitutional Chamber. In accordance with the foregoing, the geographic area reflected in this management plan does not represent the total limits of the protected wild area; it being necessary, once the forested area affected by Law 9223 is reincorporated, to carry out an expansion of the PGM that addresses matters pertinent to that area to be restored to the refuge.

SECOND: Publish the following executive summary of the general management plan for the RNVS-GM in the official gazette La Gaceta:" (complete text with twelve maps at http://196.40.56.11/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=96433&nValor3=129135&strTipM=TC

1- General objective of the General Management Plan.

- Guide the Administration in the process of consolidation of the Refuge, providing strategic guidelines that allow for adequate management of biodiversity, human and financial resources, goods and ecosystem services, the relationship with communities, threat reduction, and adaptation of the ASP to the impacts of climate change.

2- Focal Management Elements.

The representative elements of biological diversity defined for the RNVS-GM or Focal Management Elements (EFM) are: (i) Flooded Forests, (ii) Manzanillo Hills Forests, (iii) Gandoca Estuary, (iv) Seagrass Meadows, (v) Coral Reefs, (vi) Sea Turtle Nesting Beaches, and (vii) Aquatic Mammal Aggregation Areas.

The Flooded Forests EFM is considered to be in "Very Good State of Conservation." The Gandoca Estuary and Coral Reefs (deep) EFMs are considered to be in "Good State of Conservation."

The Sea Turtle Nesting Beaches, Coral Reefs (coastal), Seagrass Meadows, Aquatic Mammal Aggregation Areas, and Manzanillo Hills Forests EFMs are considered to be in "Regular State of Conservation."

The estimated ecological integrity of the RNVS-GM is "Good" in its continental section and "Regular" in its marine section.

3- Zoning Categories of the ASP.

Zoning was carried out in accordance with the four intervention categories established by SINAC: minimum intervention zone, low intervention zone, medium intervention zone, and high intervention zone.

Proposed Intervention Zones for the RNVS-GM

The RNVS-GM has a continental section and a marine section; therefore, the proposed zoning also has those two sections. For each intervention zone, its objective, general description, and permitted activities are presented. The specific regulation is presented in the Public Use Regulations of the RNVS-GM.

The four proposed terrestrial intervention zones for the RNVS-GM are (Figure III-1):

1. Minimum Intervention Zone

2. Low Intervention Zone

3. Medium Intervention Zone

4. High Intervention Zone

The two proposed marine intervention zones for the RNVS-GM are (Figure III-1):

1. Minimum Intervention Zone

2. Low Intervention Zone

Figure III-1. Proposed terrestrial and marine zoning for the RNVS-GM. Source: Own elaboration, 2016 (…)

ZONING OF THE TERRESTRIAL AREA OF THE RNVS-GM

TERRESTRIAL MINIMUM INTERVENTION ZONE

Objective

Preserve and stimulate the maintenance of ecosystems, habitats, species, and surface and subsurface water resources in an unaltered state or with imperceptible impact, while allowing natural or assisted recovery processes for ecosystems and biodiversity.

General Description

This zone represents 49.82% (2,546.46 ha) of the continental section of the RNVS-GM (5,091.97 ha) (Figure 1). It is composed mostly of National Heritage Property (Patrimonio Nacional del Estado, PNE) lands and some private properties. It presents a regular relief, wetlands, intervened areas, and ecosystems with an original composition of native and endemic species. There are large areas without marked trails or routes. The zone is large enough to maintain the provision of ecosystem services.

The EFMs present are:

"Gandoca Estuary" with viability considered good, although sport fishing, domestic and commercial consumption fishing, and tourism and recreational activities take place. There is no institutional presence within the estuary for control and protection. Water quality does not seem to be affected by the presence of pesticides. The pressures to which this EFM is subject are: climate change (high), overfishing and inadequate fishing practices (medium), watercraft transit (medium), fauna extraction (medium), and accumulation of solid waste (low).

"Flooded Forests" with viability considered very good. These are RAMSAR site-designated systems, mostly PNE; the Gandoca mangrove is the most extensive and least altered on the Caribbean coast and tripled its surface area from 1976 to 2013. The pressures to which this EFM is subject are: climate change (high), fauna extraction (medium), and timber extraction (low).

"Sea Turtle Nesting Beaches" with viability considered regular. Marine transgression is evident, reducing the available nesting area. Furthermore, there is a fragile relationship between SINAC and local residents, which is essential since they have been the historical "protectors" of this resource. The pressures to which this EFM is subject are: climate change (very high), fauna extraction (poaching of eggs and hunting of turtles; medium), erosion and sedimentation (medium), and accumulation of solid waste (low).

This zone is divided into six subzones - wetlands retain their name according to RAMSAR Site designation:

Punta Mona Wetland (yolillo and orey flooded forest)

La Cativera (cativo flooded forest)

Sea Turtle Nesting Beaches

Gandoca Mangrove and Estuary

Gandoca Wetland (yolillo flooded forest)

Gandoca - Sixaola Wetland (Sixaola River alluvial plain)

Punta Mona Wetland Subzone (Yolillo and orey flooded forest)

It comprises the most extensive wetland within the Refuge, with a surface area of 661.82 ha (13.00% of the Refuge's terrestrial section), half of which (324.73 ha) is covered by yolillo (Raphia taedigera) and orey (Camnosperma panamensis); the remainder are peripheral forests. The land-use capacity only meets conditions for protection (class VIII d).

The wetland is of mixed ownership and, since 1996, has a partial RAMSAR wetland designation, corresponding to code Xf, Freshwater Forested Wetlands.

In accordance with the ecological condition of the territory, this is a conditioned compatibility grade I zone. The vulnerability of this subzone to natural threats is medium. Seismic threat is high, susceptibility to mass removal is low, the probability of flooding is low, and there is no vulnerability to tsunamis. On the other hand, the aquifers have a medium-high vulnerability to contamination.

La Cativera Subzone (cativo flooded forest)

In this sector, the most important forested area is a stand of cativo of 327.18 ha (6.43% of the Refuge's terrestrial section), with a high percentage of the area in primary conditions. The soil is waterlogged most of the year, especially during rainy seasons. The dominant species is cativo (Prioria copaifera); there is also the presence of sangrillo (Pterocarpus officinale) and caobilla (Carapa guianensis). Around 42% is state property, and the rest is in private hands. It partially has a RAMSAR wetland designation corresponding to code Xf, Freshwater Forested Wetlands.

In accordance with the ecological condition of the territory, this is a conditioned compatibility grade I zone. The vulnerability of this subzone to natural threats is low. Seismic threat is high, susceptibility to mass removal is low, the probability of flooding is low, and there is no vulnerability to tsunamis.

Furthermore, the aquifers have a high vulnerability to contamination.

Sea Turtle Nesting Beaches Subzone

It is located from Punta Mona to the mouth of the Río Sixaola, consisting of a littoral portion that goes from the ordinary high tide to the beach berm. These are open beaches with a large sandbank and strong surf where the hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata), caguama (Dermochelys caretta), olive ridley (Lepidochelys olivacea), leatherback (Dermochelys coriacea), and green sea turtle (Chelonia mydas) (EFM) nest.

It has an area of 60.67 ha (1.19% of the terrestrial section of the Refuge), is state-owned, and has a RAMSAR wetland designation corresponding to code E, Sand or Pebble Beaches.

In accordance with the ecological condition of the territory, this is a zone of conditioned compatibility grade III. The vulnerability of this subzone to natural hazards is low to medium. The seismic hazard is high, susceptibility to mass removal is very low to medium, flood probability is low to medium, and it is vulnerable to tsunamis.

Mangrove and Gandoca Estuary Subzone

It is the most extensive mangrove on the Costa Rican Caribbean coast, located around the Gandoca estuary (better known as Gandoca lagoon). It is formed by red mangrove (Rhizophora mangle), caballero mangrove (Rhizopora racemosa), black mangrove (Avicennia germinans), white mangrove (Laguncularia racemosa), and button mangrove (Conocarpus erecta). On the periphery, black rod (Dolvergia brownei) and mangrove fern (Acrostichum aureum and Acrostichum danaefolium) are common.

The Gandoca estuary contains the only natural populations of mangrove oyster (Crassostrea rhizophorea) and constitutes one of the main nurseries for tarpon (Megalops atlanticus). It has an area of 222.53 ha (4.39% of the terrestrial section of the Refuge), of which 12.5 ha correspond to the Gandoca estuary (2015). It is of mixed ownership. It has a RAMSAR wetland designation corresponding to codes I, Intertidal Forested Wetlands, and J, Coastal Brackish/Saline Lagoons.

In accordance with the ecological condition of the territory, this is a zone of conditioned compatibility grade I. The vulnerability of this subzone to natural hazards is low, medium, and high. The seismic hazard is high, susceptibility to mass removal is low, flood probability is moderate, and it is vulnerable to tsunamis in the Gandoca Estuary sector.

Gandoca Wetland Subzone (yolillo flooded forest)

It is located on the left bank of the Boca del Río Sixaola and its formation is directly associated with the influence of that river current. Its conservation is fundamental to maintaining the hydrological cycle and for the stability of the beaches where sea turtles nest. It remains flooded most of the year and shelters two main species of palms: yolillo (Raphia taedigera) and orey (Comnosperma panamensis). It has an area of 486.38 ha (9.45% of the terrestrial section of the Refuge), has human occupation, and has been declared a RAMSAR wetland corresponding to code Tp, Permanent Freshwater Marshes/Pools.

In accordance with the ecological condition of the territory, this zone is estimated as conditioned compatibility grade III (although there is no EFM). The vulnerability of this subzone to natural hazards is medium and very high. The seismic hazard is high, susceptibility to mass removal is very low except on the margins of the Río Sixaola where it is very high, flood probability is moderate, and it is not vulnerable to tsunamis. Furthermore, the aquifers have a medium vulnerability to contamination. Table III-5 presents the measures proposed to mitigate the hazards identified in this subzone.

Gandoca - Sixaola Wetland Subzone (alluvial plain of the Río Sixaola)

It corresponds to part of the alluvial plain of the Río Sixaola bordering Panama. It maintains good forest cover (cobertura forestal) in the interior part of the area. It has an area of 777.88 ha (15.28% of the terrestrial section of the Refuge). It is state-owned in a high proportion and has a RAMSAR wetland designation corresponding to code Xf, Freshwater Wetlands.

In accordance with the ecological condition of the territory, this zone is estimated as conditioned compatibility grade II (although there is no EFM). The vulnerability of this subzone to natural hazards is medium and very high. The seismic hazard is high, susceptibility to mass removal is very low except on the margins of the Río Sixaola where it is very high, flood probability is moderate, and it is not vulnerable to tsunamis. Furthermore, the aquifers have a medium vulnerability to contamination.

Permitted Activities

The activities permitted in the subzones of the minimum-intervention terrestrial zone are the following (Table III-7): (...)

Table III-7. Activities permitted in the subzones of the minimum-intervention terrestrial zone of the RNVS-GM.

Source: Own elaboration, 2016 (...)

1. Minimum Intervention Zone

2. Low Intervention Zone

LOW-INTERVENTION TERRESTRIAL ZONE

Objective

To promote the attractions of the RNVS-GM and conserve biodiversity in a good state of health, so that ecological processes are maintained with the presence of low-impact human activities.

Description

This zone occupies 1.75% (89.32 ha) of the continental section of the RNVS-GM and is located within the 200 meters that would be equivalent to the Zona Marítimo Terrestre of Punta Mona. Human activities are low impact, do not reduce present integrity, and allow the recovery of altered systems. It is an area suitable for ecotourism, with current or future trail networks.

Between Willie Creeck and "la cueva" there is a path used for tourism and neighborhood interconnection between Gandoca and Manzanillo, for pedestrians and beasts of burden. It crosses cacao plantations with forest cover (cobertura forestal) and a site of cultural interest. This is the sector with the highest tourist visitation in the RNVS-GM, with a visitor center and a trail system. The Punta Mona trail has infrastructure (lookout point, rest sites, bridge, etc.), crosses an ancient historic-cultural use route, has no focal management elements, and its surroundings have human intervention.

In a small sector at the base of the Punta Mona cliffs, there is a series of small beaches where the Hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) nests.

The EFM present in this zone is "Sea Turtle Nesting Beaches" with a viability considered fair. The pressures to which this EFM is subjected are: climate change (very high), wildlife extraction (egg poaching and turtle hunting; medium), erosion and sedimentation (medium), and accumulation of solid waste (low).

In accordance with the ecological condition of the territory, this is a zone of conditioned compatibility grade III. The vulnerability of this zone to natural hazards is low. The seismic hazard is high, susceptibility to mass removal is very low to medium, with possible erosion, flood probability is low, and it is vulnerable to tsunamis. Furthermore, the aquifers have a medium to high vulnerability to contamination.

Permitted Activities

The activities permitted in the low-intervention terrestrial zone are the following (Table III-9): (...)

Table III-9. Activities permitted in the low-intervention terrestrial zone of the RNVS-GM. Source: Own elaboration (...)

MEDIUM-INTERVENTION TERRESTRIAL ZONE

Objective

To provide spaces where the preservation and encouragement of native ecosystems can coexist with resource use, with controllable impacts and reasonable limits established by strict norms.

Description

This zone occupies 45.26% (2,304.45 ha) of the continental section of the RNVS-GM. It has 162 private parcels, two state-owned, and 17 with an information gap regarding land tenure (tenencia). The area is large enough to maintain the provision of ecosystem services.

The EFM present is "Lomas de Manzanillo forests" with a viability considered fair, mainly due to the hazards: climate change (high), wildlife extraction (medium), and timber extraction (low). It is divided into two subzones: (i) Lomas de Punta Mona and (ii) Lomas de Manzanillo.

Lomas de Punta Mona Subzone

These are hills no more than 10 meters high, developed on limestone platforms located behind the Punta Mona cliffs. The sector maintains approximately 50% of its natural vegetation cover. The forest is tall, reaching 30 m in height, with some emergent trees measuring up to 50 m. This subzone occupies 6.78% (345.04 ha) of the continental section of the RNVS-GM. The lands are privately owned, many with high forest cover (cobertura forestal). Some properties receive Payment for Environmental Services (Pago por Servicios Ambientales).

In accordance with the ecological condition of the territory, this is a subzone of conditioned compatibility grade III. The vulnerability of this zone to natural hazards is low to medium. The seismic hazard is medium to high, susceptibility to mass removal is medium to low, with possible erosion, flood probability is low, and it is not vulnerable to tsunamis. Furthermore, the aquifers have a medium to high vulnerability to contamination.

Lomas de Manzanillo Subzone

This subzone occupies 38.349% (1,959.31 ha) of the continental section of the RNVS-GM (Figure 1). It presents an irregular relief with valleys and hills that do not reach 200 meters above sea level, with few remnants of the original forest, areas of active and abandoned cacao plantations with forest cover (cobertura forestal), low-intensity agricultural and livestock activity for domestic consumption, former high-intensity logging operations, farms with permanent and recreational dwellings, and complementary infrastructure. It is crossed by public gravel roads, as well as numerous private access roads to the farms. The lands are privately owned. A good portion of the properties is registered in the National Registry and has a cadastral map. Some receive Payment for Environmental Services (Pago por Servicios Ambientales).

In accordance with the ecological condition of the territory, this is a subzone of conditioned compatibility grade III. The vulnerability of this zone to natural hazards is medium, high, and very high. The seismic hazard is medium to high, susceptibility to mass removal is medium to high, flood probability is low, and it is not vulnerable to tsunamis. Furthermore, the aquifers have a medium to high vulnerability to contamination.

Table III-12. Activities permitted in the medium-intervention terrestrial zone of the RNVS-GM. Source: Own elaboration (...)

HIGH-INTERVENTION TERRESTRIAL ZONE

Objective

This zone supports the management of public use and administrative operation of the Refuge, human habitation, and support for local ecotourism; therefore, the conservation of natural resources is indirect. These are areas more modified from an ecological standpoint, and although their integrity is an important condition, a higher housing density is accepted with its consequent intervention in the environment.

Description

This zone covers 3.19% (161.84 ha) of the continental section of the RNVS-GM. The biophysical environment remains natural, although human activity and presence are constantly perceived. The landscape contains a mixture of natural and artificial features.

It is a key zone for housing, tourism support, promotion of tourist, academic, and scientific activities, and is safe for the constant presence of people. It is a zone of anthropic use that promotes human well-being and the social, economic, political, and ecological development of its inhabitants (Decreto No 16614-MAG). This zone includes part of the coastal communities of Manzanillo, Punta Uva, and Cocles, and neighboring farms with human settlements and low-density dispersed dwellings. The properties are duly cadastrated and registered in the Registry.

Starting from the National Route N° 256, some public, neighborhood, and municipal roads and agricultural easements (servidumbres agrícolas) and rights-of-way are generated, consisting of gravel roads for vehicle traffic. A good part of this network has public services of electricity, communications, water, and wastewater disposal.

Although as of 2016, the zone has medium intervention intensity, demographic expansion is anticipated in line with its proximity to National Route N° 256. The vulnerability of this zone to natural hazards is medium, high, and very high. The seismic hazard is high, susceptibility to mass removal is medium to low, flood probability is low, and it is not vulnerable to tsunamis. Furthermore, the aquifers have a medium to high vulnerability to contamination.

Permitted Activities

The lands present in this zone are suitable for the following activities (Table III-14):

Table III-14. Activities permitted and their regulation in the high-intervention terrestrial zone of the RNVS-GM. Source: Own elaboration, 2016. (...)

ZONING OF THE MARINE AREA OF THE RNVS-GM

The current marine area of the RNVS-GM comprises a polygon 2.5 km wide, bounded by the mouths of the Río Cocles to the north and the Río Sixaola to the south, with a total surface area of 5,360.12 ha.

The two marine intervention zones proposed for the RNVS-GM are:

1. Minimum Intervention Zone

2. Low Intervention Zone

Minimum Intervention Marine Zone

Objective

To preserve and encourage the maintenance of ecosystems, habitats, and species in an unaltered state or with an imperceptible impact, while allowing natural or assisted recovery processes for ecosystems and biodiversity.

General Description

This zone represents 6.90% (369.81) of the marine section of the RNVS-GM (5,360.12 ha) (Figure 7).

The EFMs present in this zone (and which exclusively constitute it) are:

"Seagrass beds" with a viability considered fair. Certain patches are in better condition than others; for example, at Boca Cócles and Punta Uva the condition is fair; between Manzanillo and Punta Mona the condition is good; while between Punta Mona and the mouth of the Río Sixaola the condition is poor. The seagrass cover has been reduced, possibly due to the pressures to which it is subjected, which are: climate change (very high), lionfish (introduced invasive species; high), water pollution caused by wastewater (medium), and erosion and sedimentation (medium).

"Coastal and deep-water coral reefs" which are divided into five types: 1) Distal stepped ramps (Manzanillo and Punta Mona), 2) Fringing reefs (Punta Cocles, Punta Uva, and Manzanillo), 3) Patch reefs (Punta Mona), 4) Shallow carbonate banks (Punta Uva, Manzanillo, and Punta Mona), and Narrow-base reef (in front of the town of Manzanillo). The coastal reefs have fair viability, while the deep-water reefs have good viability. On a regional spatial scale, the reefs of the Caribbean Basin are experiencing a general pattern of degradation in the form of a reduction in live coral cover, an increase in the temporal and spatial extent of macroalgae, and a decrease in physical and biological diversity. This EFM is subjected to the pressure of the following hazards: climate change (very high), lionfish (introduced invasive species; high), water pollution caused by wastewater (medium), aquatic traffic (noise, speed, anchoring; low), overfishing and inadequate fishing practices (medium), and erosion and sedimentation (low).

In accordance with the ecological condition of the territory, this is a zone of conditioned compatibility grade II in the deep-water coral reefs and grade III in the coastal coral reefs and seagrass beds.

Permitted Activities

The activities permitted in the minimum intervention marine zone can be seen in Table III-16:

Table III-16. Activities permitted and their regulation in the minimum intervention marine zone of the RNVS-GM. Source: Own elaboration, 2016 (...)

Prohibited Activities

All those that generate an existing or new threat to any EFM.

Anchoring.

Swimming in search of contact with wildlife.

Fishing of any type.

Extraction of marine fauna and flora for exhibition, without permits from SINAC.

Directly or indirectly dumping residues or liquid, solid, gaseous, radioactive or non-radioactive waste, sewage (aguas negras), fuels in any state, hydrocarbons, toxic waste, chemical substances, or substances of any nature that, by altering the chemical and biological characteristics of the water, make it dangerous to the health of people, fauna, and aquatic flora.

Transit of jet skis, except for control and rescue activities carried out by authorized entities.

The introduction of invasive introduced animals or plants.

Introducing live species declared by the State to be harmful to fishery resources.

Capturing specimens of species smaller than the size stipulated in the Fisheries Management Plan (Plan de Ordenamiento Pesquero) of the RNVS-GM.

Transiting at more than 4 knots (equivalent to 7 km/h), except in emergencies.

Low Intervention Marine Zone

Objective

In this zone, the goal is to maintain marine ecosystems and communities in a very good state of health, with the presence and transit of local and pelagic species, so that evolutionary and ecological processes are maintained in combination with the activities permitted in the zone. The aim is to keep this zone in very good health condition or to advance its recovery to that state.

Description

This zone represents 93.10% (4,990.32 ha) of the marine section of the RNVS-GM (Figure III-7). It contains marine resources of high ecological value. A high degree of naturalness and ecological integrity is observed, as well as the development of ecological processes and a composition of native and endemic species in good health condition.

The EFM present in this zone (and which exclusively constitutes it) is "Areas of aggregation of aquatic mammals" with a viability considered fair. This area stands out for the presence, with high residency and fidelity, of the Guiana dolphin (Sotalia guianensis) and the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus), with habitat overlap and the possibility of hybrids.

This EFM is subjected to the pressure of the following hazards: climate change (high), overfishing and inadequate fishing practices (medium), aquatic traffic noise (medium), and erosion and sedimentation (medium). This zone has the capacity for: a) boat transit, b) the practice of non-motorized surface and underwater water sports, c) observation and adventure tourism, d) strictly regulated artisanal subsistence or domestic-consumption fishing, and e) the installation of a dock for disembarking visitors and fishermen with disembarkation permits.

Permitted Activities

The activities permitted in the low intervention marine zone can be seen in Table III-17. (...)

Table III-17. Activities permitted and their regulation in the low intervention marine zone of the RNVS-GM. Source: Own elaboration, 2016 (...)

Prohibited Activities

Swimming in search of contact with wildlife.

Medium-scale commercial fishing, advanced, semi-industrial, or industrial fishing.

Extraction of marine fauna and flora for exhibition, without permits from SINAC.

Directly or indirectly dumping residues or liquid, solid, gaseous, radioactive or non-radioactive waste, sewage (aguas negras), fuels in any state, hydrocarbons, toxic waste, chemical substances, or substances of any nature that, by altering the chemical and biological characteristics of the water, make it dangerous to the health of people, fauna, and aquatic flora.

Transit of jet skis, except for control and rescue activities carried out by authorized entities.

The introduction of invasive introduced animals or plants.

Introducing live species declared by the State to be harmful to fishery resources.

Capturing specimens of species smaller than the size stipulated in the Fisheries Management Plan (Plan de Ordenamiento Pesquero) of the RNVS-GM.

Transiting at more than 8 knots (equivalent to 15 km/h), except in emergencies.

Influence Zone

The influence zone consists of some populated areas selected according to the following criteria: communities that obtain direct and indirect benefits from the ASP, communities with practices of high negative impact on the ASP (e.g., hunters, logging, wildlife trade, use of agrochemicals, erosion, contamination, etc.), and communities linked to biological corridors relevant to the ASP.

Description

In the influence zone, the towns of Puerto Viejo, Cócles, Playa Chiquita, Punta Uva, Manzanillo, San Rafael, San Miguel, Mata Limón, Bonifé, and Gandoca have a life dynamic typical of any community or town. In these populations, productive, commercial, recreational, organizational, social action, conservation, educational relationships, and those of any other nature related to daily human life occur. This human coexistence generates relationships with the natural resources present in their immediate surroundings and directly or indirectly influences the well-being of the protected ecosystems and the Vision of the ASP. In this zone, adequate conditions of human well-being are expected, so that this stability facilitates good management relationships, rational use, and conservation of the protected natural resources.

The work of the Administration in the influence zone (directly and indirectly fostering a population with good human development indices and ecological awareness) will facilitate the achievement of the Vision of the ASP in at least the following areas:

Strengthening management to maintain the viability and integrity of the ASP's ecosystems.

Reducing human pressure on protected resources.

Increasing the perception of the social value of the natural resource by the individual.

Facilitating social participation in the management of the protected area.

In this zone, management is projected using models based on incentives, compensation, negotiations, etc., since it is outside the jurisdiction that regulates human activities inside the protected area.

According to the environmental fragility zoning, developments and infrastructure will be regulated based on the regulatory plans of the area.

4-IMPLEMENTATION PERIOD

This PGM is constructed with a validity of 10 years and must be reviewed in year five, to subsequently begin the second five-year period of implementation with a Plan adjusted to the reality of the ASP.

THIRD: Publish on the institutional website of SINAC, http://www.sinac.go.cr, the complete document of the General Management Plan (Plan General de Manejo) of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo.

FOURTH: Effective upon its publication in the Official Gazette La Gaceta."

Regarding the General Management Plan (Plan General de Manejo) of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo,

The plaintiffs allege that it is unconstitutional due to: 1) infringement of article 50 of the Political Constitution, for the State's failure to comply with the obligation to respect, guarantee, defend, and preserve the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, breach of the principle of environmental protection due to SINAC's refusal to conduct new studies, and preference for using outdated studies, maps, and delimitation criteria, which exclude 9,445 hectares of wetlands and 374.64 hectares of forested area (zona boscosa); 2) that the General Management Plan disregards the technical reports on the need to protect those hectares of forest and was approved without considering them, infringing the principles of environmental objectification and precaution; 3) that the State has violated the provisions of articles 48, 50, and 89 of the Political Constitution and its obligations derived from International Conventions, by approving a General Management Plan without an actual delimitation of what was ordered by the Sala Constitucional in judgment 12745-2019. They argue a lack of coordination among institutions, the failure and omission of the duty to protect the environment by them, and the hasty approval of the Management Plan of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, without efficient and viable technical studies; 4) regarding the wetlands, the plaintiffs invoke the violation of international environmental instruments, which have a value superior to laws according to article 7 of the Political Constitution: the Convention on Wetlands (RAMSAR), considering the exclusion of wetlands according to the technical study "Characterization and Delimitation of Wetlands in the Zona Marítimo Terrestre of the Coast of the Canton of Talamanca" within the Management Plan, an instrument that served as the basis for the Coastal Regulatory Plan, and the Convention on Biological Diversity (CBD) on the occasion of the reduction of zones within the REGAMA that must be protected for their environmental value – wetlands.

The Procuraduría General de la República: in accordance with the provisions of the Sala Constitucional in judgment 12745-2019, which annulled Law number 9223, "Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean," "only with respect to the territories included in the forested area (zona boscosa)" and ordered the Sistema Nacional de Áreas de Conservación to proceed, within a period of twelve months, counted from the full publication of the ruling in the Judicial Bulletin, to delimit the aforementioned area, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación delimited the forested area in the area excluded by Law 9223 (designated as zone 1 according to decree 34946) and issued a report under official letter N° ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020, without defining the lands that make up the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado). However, the Consejo Nacional de Áreas de Conservación, by resolution 044 of February 28, 2022, published in Gazette 39 of February 258, 2022, corresponding to the executive summary of the Management Plan of the Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo, resolved that the management plan governs for the refuge area established prior to the partial annulment of Law N° 9223, except for the area provided in ruling N° 012745 of July 10, 2019, of the Sala Constitucional. Therefore, the geographic area reflected in the management plan does not represent the total limits of the protected wild area, making it necessary, once the forested area disaffected by Law 9223 is reincorporated, to carry out an expansion of the PGM that addresses what is pertinent to said area that will be restituted to the refuge. This provision distorts the function of the REGAMA General Management Plan, as a planning instrument that guides the management of a protected wild area towards the fulfillment of its long-term conservation objectives, and which serves as the basis for the development of other planning and regulatory instruments, firstly, because of the non-existent delimitation of the total geographic area of REGAMA, and secondly, because the lack of definition, identification, and reincorporation of all the areas of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) to REGAMA, ordered by judgment 12745-2019, entails a state of uncertainty regarding the adequate use of the lands and poses conflicts of competence between SINAC and the Municipalidad de Talamanca for their administration. Both scenarios give rise to a significant impact on the right established by article 50 of the Constitution because a deficient and incomplete delimitation of the Protected Wild Area implies the risk that the Municipalidad de Talamanca may grant concessions – administrative real rights – over the 20.1 ha of lands classified as forest and located within the zona marítimo terrestre – according to the delimitation of the forested area in the area excluded by Law 9223, official letter N° ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020 – without respecting the competences and characteristics of each ecosystem, in clear disregard of what this Chamber has established as unconstitutional in previous judgments regarding the preventive and precautionary principles and the State's obligation to avoid environmental damage, as well as the constitutional mandate for inter-institutional coordination and cooperation for environmental protection, derived from the pro natura principle. The lack of full incorporation of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) into REGAMA – according to the provisions of judgment 12745-2019 – implies the lack of protection of the right to the environment: if the limits of REGAMA are not fully defined, the negative effects that an activity, work, or project will cause to the environment in the omitted area could not be evaluated and determined prior to its execution.

The Ministry of Environment and Energy is obligated to classify State-owned lands with the aim of identifying and delimiting those territories that constitute Natural Heritage of the State, defined as forests and/or lands of forestry aptitude (terrenos de aptitud forestal), which automatically come under the administration of that Ministry and not the Municipalities.

The Minister of Environment and Energy and the director of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC): refer jointly to the three different dispositions that are the object of this action, and reject the alleged violation of constitutional norms and principles by the challenged administrative actions. The Administration's action and the formalization of the documents corresponding to the General Management Plan for the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge 2017-2026 (Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo 2017-2026), published via executive summary on February 28, 2022, in Issue No. 42 to La Gaceta No. 39; the Talamanca-Cahuita District Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita), published on October 5, 2023, in Issue No. 193 to La Gaceta No. 183; and Directive No. 09-2023, signed on August 17, 2023, are all supported by technical studies that include field data collection, baseline information, and that furthermore comply with the methodologies and procedures formalized by the Costa Rican State and have yielded conclusive scientific data to decide that the survey of the area's wetlands conducted in 2017 is correct. They maintain that the petitioners' argument that the 2021 report should have been used is not acceptable, an assertion that is devoid of technical proof, since the simple fact of being more recent is not sufficient to reach that conclusion when, upon assessment of those studies, it turns out that they did not meet the scientific or methodological rigor formalized by the State, which makes it incorrect and useless for fulfilling the public purpose and impossible to pass the internal validation procedure. They point out that the administration has no doubts about which studies do comply technically and with the methodology, since multiple reviews and assessments have been carried out for that purpose by the assigned public officials, and therefore the decision-making is grounded in these studies and thus does not violate the precautionary principle, preventive principle, principle of legal reserve, principle of objectivization of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental), constitutional regulations, or the international conventions cited by the petitioner. All the actions are grounded in technical studies and in the law, with the use of methodologies and instruments that rule out a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment and that, on the contrary, provide legal certainty. The challenged actions correspond to dynamic planning and management tools that, by their nature, must be periodically updated, such that the methodological exercises performed to carry out those updates are standardized and applied in an objective and measurable (or comparable) manner to guarantee legal certainty, without the changes resulting from those updates implying a violation of the indicated constitutional principles. In this case, what is presented is a disagreement by the petitioners with the State's technical criteria used, without having proof demonstrating that this constitutes an incorrect protection of the right to a healthy environment. They consider that the unconstitutionality action should be dismissed, since the exercise of the Administration's powers has been in total respect for legal and constitutional limits.

The National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU): points out that the coastal regulatory plan is a planning instrument for the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), while management plans (planes de manejo) operate in protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas). The development of the coastal regulatory plan has been delegated to the municipalities, as they are administrators of the maritime-terrestrial zone, and for this purpose they must develop urban or tourism development plans in accordance with the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana). The scope of a coastal regulatory plan does not include the territorial spaces corresponding to protected wilderness areas or the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), as the former require a different type of land management tool. For this purpose, MINAE – SINAC develops management plans, which are planning tools that guide the territory management of a protected wilderness area to fulfill its conservation objectives. It is rather a management and development plan that is based on medium-term strategic lines of action and management objectives for the natural and cultural elements included within the area, as well as on the relationship of the latter with its socio-environmental surroundings. The INVU does not have the competence to develop or approve management plans, much less to determine their boundaries, a matter solely within the purview of SINAC. The Coastal Regulatory Plan of Talamanca was developed outside the official boundaries determined by that entity at the time of developing the zoning proposal. One cannot argue that the Management Plan was taken as a basis, as it is an instrument that cannot be applied in the Maritime-Terrestrial Zone, just as a regulatory plan cannot be used as a planning tool within Protected Wilderness Areas (ASP). It requests that the unconstitutionality action be dismissed.

The Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo, ICT): regarding the General Management Plan for the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge 2017-2026, points out that said plan is not linked to the ICT's competence regarding its preparation, review, approval, and implementation, as it falls outside the application of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone (article 2 of Law 6043).

The Municipality of Talamanca: the Talamanca-Cahuita District Coastal Regulatory Plan does not violate the constitutional right enshrined in Article 50 of the Political Constitution. The Municipality of Talamanca is in the process of implementing said plan. Municipalities are administrators of the Maritime-Terrestrial Zone, as determined by Law No. 6043, and for this purpose they must develop urban or tourism development plans, in terms of national regulations (Urban Planning Law). The scope of a coastal regulatory plan does not include the territorial spaces corresponding to Protected Wilderness Areas or the Natural Heritage of the State, as the former require a different type of land management tool. For this purpose, MINAE - SINAC develops management plans, a planning tool that guides the territory management of a Protected Wilderness Area to fulfill its conservation objectives. In general, regulatory plans are constructed based on the official information available at a given time (such as Natural Heritage of the State, boundary markers, National Parks, among other layers of information available at the time). However, they are changeable, since if in the future the base information varies for whatever reason (new boundary markers, expansion of a park's boundaries, change in the classification of Natural Heritage of the State, including wetlands), the zoning of the regulatory plan may be adjusted to this new condition; for this, there is a chapter in the manual of coastal regulatory plans, where the municipality is responsible for applying the procedure.

2) Municipal Regulation 89-A of September 26, 2023: "Talamanca-Cahuita District Coastal Regulatory Plan," published on October 5, 2023, in Issue No. 193 to La Gaceta No. 183, provides: (see complete document at https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=100404)

"Talamanca-Cahuita District Coastal Regulatory Plan (Zoning Regulation)

MUNICIPALITY OF TALAMANCA

In accordance with Agreement No. 2 taken by the Municipal Council of the Municipality of Talamanca through Extraordinary Session No. 89 of September 26, 2023, by which it is agreed to formally adopt the Talamanca-Cahuita District Coastal Regulatory Plan, and authorizing its publication in accordance with the Urban Planning Law and the Manual for Coastal Regulatory Plans (Manual de Planes Reguladores Costeros), and considering that said Plan includes the Environmental Variable according to Resolution No. 025-23 SETENA, approval by the Costa Rican Tourism Institute in In-Person Ordinary Session No. 6268 held by the Board of Directors in Section 1 "General Provisions," Article 5 "Proposals from General Management," subsection III, held on Monday, September 11, 2023, and approval by the National Institute of Housing and Urbanism, per official communication from the Directorate of Urbanism and Housing number DU-417-09-2023 of September 21, 2023.

1 ZONING REGULATION

WHEREAS (CONSIDERANDOS)

1. That, in accordance with existing regulations, the inclusion of parameters and provisions established in general and binding norms on the matter is necessary.

2. That, as indicated in the Manual for the Elaboration of Coastal Regulatory Plans, matters related to climate change are included within this regulation, which must be considered within the environmental component.

3. That the Urban Planning Law No. 4240, as well as its Construction Regulations, contain provisions that relate to Law No. 6043, and that must necessarily be included within the comprehensive regulations of the Regulatory Plan.

4. For the foregoing reasons, matters related to climate change are included within this regulation, as well as concepts and provisions of necessary related application to what is already indicated in the Manual for the Elaboration of Coastal Regulatory Plans.

Article 1. General Definitions

a) Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre): is the strip two hundred meters wide along the entire length of the Atlantic and Pacific coastlines of the Republic, whatever its nature, measured horizontally from the ordinary high-water mark (línea de la pleamar ordinaria) and the lands and rocks left uncovered by the sea at low tide. The maritime-terrestrial zone is composed of the public zone (zona pública) and the restricted zone (zona restringida).

b) Public Zone: Zone delimited by the boundary markers (mojones) of the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional, IGN), is the strip fifty meters wide from the ordinary high-water mark, and the areas left uncovered during low tide. Islets, crags, and other small areas and natural formations that protrude from the sea belong to the public zone.

c) Restricted Zone: constituted by the strip of the remaining one hundred fifty meters, or by the remaining lands in the case of islands.

Article 2. Zoning Distribution

(...)

Article 3. Core Area for the Community (CAN)

a) Definition: Areas where public and commercial facilities must be preserved for local residents. Includes the provision of public services, security, recreation, and other related services necessary for the functioning of local villages or communities.

b) Function: Maintain and/or preserve public facilities for local residents.

c) Permitted uses: Facilities intended for public services, schools, church, security, fire department, recreation, and others necessary for the functioning of local villages or communities where these exist.

d) Prohibited uses: Housing and any other not indicated in the permitted uses.

e) Minimum and maximum area: Minimum 200 m², Maximum 5,000 m² per lot.

f) Coverage: Up to 50%.

g) Density: N/A

h) Height: 2 stories up to a maximum of 10 meters to the highest point of the building.

i) Setbacks (Retiros): Lateral, rear, and front setbacks shall be governed in accordance with the provisions of Article 65 of the Regulation of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone.

Article 4. Community Residential Area (CAR)

a) Definition: Areas designated to meet the housing needs of local residents. In these areas, the permanence and operation of small businesses integrated into homes is considered viable.

b) Function: Meet the housing needs of local residents. In these areas, the permanence and operation of small shops integrated into homes is considered viable.

c) Permitted uses: Single-family housing for local residents, small shops integrated into homes. Community use: Recreational parks, cultural centers are permitted when associated with population centers or community activities.

d) Prohibited uses: Lodging for commercial purposes, rental accommodation, and any other not indicated in the permitted uses.

e) Minimum and maximum area: The minimum and maximum areas per lot shall be governed in accordance with the provisions of Article 65 of the Regulation of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone.

f) Coverage: Up to 70%.

g) Density: Housing: One dwelling per lot. When several dwellings exist on the same lot, the density shall be one single-family dwelling for every 200 square meters of land.

h) Height: 2 stories up to a maximum of 10 meters to the highest point of the building.

i) Setbacks: Lateral, rear, and front setbacks shall be governed in accordance with the provisions of Article 65 of the Regulation of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone.

Article 5. Base for Artisanal Fishermen (CBP)

a) Definition: Areas for the strategic location of land for a base for artisanal fishermen, such as a collection center and a service point for the docking of artisanal fishermen's boats.

b) Function: Provide space for a base for artisanal fishermen.

c) Permitted uses: Collection centers and docking points for boats.

d) Prohibited uses: Tourism enterprises, tourism activities, housing, and any other not indicated in the permitted uses.

e) Minimum and maximum area: Minimum 300 m², Maximum 5,000 m² per lot.

f) Coverage: Up to 70%.

g) Density: N/A.

h) Height: 1 story up to a maximum of 5 meters to the highest point of the building.

i) Setbacks: Lateral, rear, and front setbacks shall be governed in accordance with the provisions of Article 65 of the Regulation of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone.

Article 6. Coastal Village (EPC)

a) Definition: These are special areas where local communities with historical roots on the coast reside (the community having been established for no less than 20 years at the time of elaborating the sector's regulatory plan), which has shaped a reality expressed in diverse cultural, social, and environmental manifestations. To the extent possible, these areas will be maintained on already consolidated sites, respecting the current spatial delimitation. In the event that during the planning process it is determined that the special zone presents risk conditions due to natural processes, its relocation to sites with better conditions must be evaluated.

b) Function: These areas are primarily dedicated to artisanal fishing or related activities, the sustainable extraction of marine resources, tourism by small family businesses, commerce, services, and other productive activities. As part of the planning, they are areas designated for the preservation of the culture, customs, and traditions of local communities and the improvement of their quality of life in full harmony with environmental protection and natural ecosystems.

c) Permitted uses: Banks, churches, rural guard, fire department, Red Cross, cultural centers, schools, sanitary and medical services, and other services necessary for the functioning of a community, recreational parks, sports courts, children's playgrounds, parking lots, and all those areas that serve as recreation and social gathering for community members.

Also included are tourism enterprises with the tourism declaration (declaratoria turística) issued by the ICT. (Hotels, cabins, etc.)

Café, sodas (small eateries), shops, restaurant, medical offices, soda fountains, handicrafts, bakeries, souvenir shops, small businesses and grocery stores (abarrotes), and all those commercial activities that can support a community. Family housing for community members and fishermen.

d) Prohibited uses: Any other not indicated in the permitted uses.

e) Minimum and maximum area:

Basic Services: minimum 200 m²; maximum 5,000 m², per lot. Recreation: minimum 200 m²; maximum 10,000 m², per lot.

Tourism use: minimum 250 m²; maximum 10,000 m² per lot.

Commercial: minimum 200 m²; maximum 2,000 m², per lot.

Housing use: The minimum and maximum areas per lot shall be governed in accordance with the provisions of Article 65 of the Regulation of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone.

Facilities intended for public services: minimum 200 m²; maximum 5,000 m².

f) Coverage: Up to 80%, depending on the use and dimensions of the parcel. When a public sanitary sewer network and a stormwater collection system are available, 85% coverage may be used.

g) Density:

Tourism: Up to 50 rooms / hectare.

Commerce: From one to three commercial units per lot.

Housing: One dwelling per lot. When several dwellings exist on the same lot, the density shall be one single-family dwelling for every 200 square meters of land with a maximum coverage of 70%.

h) Height: Maximum up to 3 stories and 14 meters to the highest point of the building.

i) Setbacks: Lateral, rear, and front setbacks shall be governed in accordance with the provisions of Article 65 of the Regulation of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone.

j) Approaches for climate change adaptation infrastructure and resilience to risk from natural hazards: Because some of the points affected by climate change and risks from natural hazards are located in these sectors, territorial resilience, bioclimatic, passive-climatic strategies, and climate change adaptation actions must be applied as indicated in Article 15 of this regulation, so that the sector gradually adapts to climate change or is resilient to risks from natural hazards in terms of green, building, and urban infrastructure.

Article 7. Area for Future Development (FAD)

a) Definition: Areas reserved for future development. To decide whether the FAD may or may not be used for development, it is necessary to review the general land-use plan.

b) Function: Areas reserved for future development in the Marine-Terrestrial Zone (ZMT). These areas may be converted to any of the uses contemplated in this manual in future update and/or modification processes for the plan in question.

c) Permitted uses: N/A.

Article 8. Mixed Area for Tourism and Community (MIX)

a) Definition: Areas for the development of medium-density tourism enterprises in lodging, restaurants, commerce, lodging with camping sites, and other tourism-related businesses. Development in these areas should allow for the integration of existing community areas (housing and public facilities) and small businesses into future development. As a result, mixed tourism and community development at relatively medium or high densities would be induced. Lodging enterprises that establish themselves in this area must have the respective tourism declaration issued by the ICT and, for this purpose, must observe what is set forth in the Regulation for Tourist Lodging Enterprises (Reglamento de Empresas de Hospedaje Turístico).

b) Function: Area to induce mixed tourism and community development at relatively medium or high densities. The tourism development portion must observe what is set forth in the Regulation for Tourist Lodging Enterprises.

c) Permitted uses:

Tourism use:

Tourism enterprises with the tourism declaration issued by the ICT.

The type, characteristics, and complementary services of the enterprises shall correspond to those included in the Regulation for Tourism Enterprises and Activities, and the Regulation for Tourist Lodging Enterprises, both issued by the ICT.

Lodging with camping sites:

Reception, showers, sanitary services, locker room, parking for users, space for tent installation, internal pathways.

Residential use:

Recreational housing without commercial purposes for the use of the concessionaire and their family.

Rental housing with administrative and maintenance area.

Commerce:

Shops, grocery stores (abarrotes), sodas (small eateries), cafeterias, souvenir shops, and small businesses.

d) Prohibited uses: For tourism: Any type of activity that does not correspond to lodging enterprises and restaurants according to the Regulation for Tourism Enterprises and Activities, and the Regulation for Tourist Lodging Enterprises, both issued by the ICT. And any other not indicated in the permitted uses.

e) Minimum and maximum area:

(...)

f) Coverage: Up to a maximum of 70%

g) Density:

Tourism: Up to 50 rooms / hectare.

Lodging with camping sites: Not applicable

Housing: One dwelling per lot. When several dwellings exist on the same lot, the density shall be one single-family dwelling for every 200 square meters of land with a maximum coverage of 70%.

Commerce: One commercial unit per lot.

h) Height: 2 stories up to a maximum of 10 meters. For lodging zones with camping sites: 1 story up to 5 meters to the highest point of the building.

i) Setbacks: Lateral, rear, and front setbacks shall be governed in accordance with the provisions of Article 65 of the Regulation of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone.

j) Approaches for climate change adaptation infrastructure and resilience to risk from natural hazards: Because some of the points affected by climate change and risks from natural hazards are located in these sectors, territorial resilience, bioclimatic, passive-climatic strategies, and climate change adaptation actions must be applied as indicated in Article 15 of this regulation, so that the sector gradually adapts to climate change or is resilient to risks from natural hazards in terms of green, building, and urban infrastructure.

Article 9. Area for Cooperatives (OAC)

a) Definition: Areas for recreation, rest, and vacation purposes for tourism cooperatives, trade groups or professional associations, workers' unions, student federations, trade union federations or confederations, progressive boards, community development or common associations, or social service entities or service clubs, all of them non-profit.

b) Function: Facilities for recreation, leisure, rest, and vacations for non-profit groups.

c) Permitted uses: Lodging, dining, swimming pool, recreational areas, and similar facilities.

d) Prohibited uses: Any commercial activity that is for profit.

e) Minimum and maximum area: The minimum and maximum areas per lot for cooperatives shall be governed in accordance with the provisions of Article 65 of the Regulation of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone.

f) Coverage: Up to 60%.

g) Density: From 20 to 50 rooms/hectare.

h) Height: 2 stories up to a maximum of 10 meters to the highest point of the building.

i) Setbacks: Lateral, rear, and front setbacks shall be governed in accordance with the provisions of Article 65 of the Regulation of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone.

Article 10. Area for Roadways (OAV)

a) Definition: This area includes the public access roads that connect the ZMT with the country's road system, whether national or cantonal, and the public roads that run within the restricted area of the ZMT.

b) Function: Vehicular and pedestrian access and parking areas that allow internal circulation in the planned area.

c) Permitted uses: Main streets, secondary streets, pedestrian paths, parking areas.

d) Prohibited uses: Anything that is not a roadway.

e) Minimum and maximum area:

14 meters right-of-way with 9 meters of roadway.

11 meters right-of-way with 7 meters of roadway.

8.5 meters right-of-way with 6 meters of roadway.

Pedestrian paths 6 meters wide.

Each parking area: minimum 300 m²; maximum 10,000 m²

f) Setbacks: Lateral, rear, and front setbacks shall be governed in accordance with the provisions of Article 65 of the Regulation of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone.

Article 11. Area for Protection (PA)

a) Definition: Areas that, due to their current condition (natural, historical, archaeological), merit a need for protection based on: the enhancement or conservation of tourist attractions, the safety of tourists and visitors, the maintenance of ecological processes for the stability of coastal dynamics.

b) Function: Protection of: strips on both sides of rivers, streams, or creeks; areas bordering permanent springs (nacientes permanentes); archaeological sites; areas posing risk to personal integrity. The establishment of these areas must be supported by the results of the environmental variable analyses.

c) Permitted uses: Pedestrian paths, viewpoints, seating areas, reforestation, and similar.

d) Prohibited uses: Lodging, residences, commerce, and in general, any type of permanent heavy plant and infrastructure.

Article 12. Core Area for Tourism Attractions (TAN)

a) Definition: It is the Center of the tourism zone, with services that facilitate the public enjoyment of the tourism space. These areas will include commercial facilities, recreational parks, and public services that collectively establish the conditions to ensure the public enjoyment of the tourism space.

b) Function: It is the Center of the tourism zone, with services that facilitate the public enjoyment of the tourism space.

c) Permitted uses: Basic services: Locker room, restrooms, showers, lifeguard, medical, information, communications, parking.

Public recreation: Sports courts, children's playgrounds, rest areas, recreational parks.

Tourism commercial: Café, soda (small eatery), restaurant, soda fountains, shops, handicrafts, bakeries, services and grocery stores (abarrotes).

d) Prohibited uses: Tourist lodging, swimming pool, housing, and any other not indicated in the permitted uses.

e) Concession: The provisions of Law 6043 and its Regulation must be complied with when granting concessions.

f) Minimum and maximum area

Basic services: Minimum: 200 m², Maximum: 5,000 m² per lot

Recreation: Minimum: 200 m², Maximum: 10,000 m², per lot.

Commercial: Minimum: 200 m², Maximum: 5,000 m², per lot

g) Coverage: Up to a maximum of 75%

h) Density: N/A

i) Height:

Basic services: 1 story up to a maximum of 7.5 meters to the highest point of the building.

Public recreation: 1 story up to a maximum of 7.5 meters to the highest point of the building.

Commercial: 2 stories up to a maximum of 10 meters to the highest point of the building.

j) Setbacks: Lateral, rear, and front setbacks shall be governed in accordance with the provisions of Article 65 of the Regulation of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone.

Article 13. Planned Area for Low-Density Tourism Development (TAP-BD)

a) Definition: These are areas designated for the development of tourism lodging and restaurant enterprises at low densities. In these areas, the allocation of large land lots and the provision of infrastructure to attract private investment is favored. The enterprises that establish themselves in these areas must necessarily have the tourism declaration issued by the ICT, and for this they must observe the provisions of the Regulation for Tourism Enterprises and Activities and the Regulation for Tourist Lodging Enterprises, both issued by the ICT.

b) Function: Promote the development of tourism enterprises at low density.

c) Permitted uses: Tourism enterprises with the tourism declaration issued by the ICT.

The type, characteristics, and complementary services of the enterprises shall correspond to those included in the Reglamento de las empresas y actividades turísticas and the Reglamento de empresas de hospedaje turístico, both issued by the ICT.

d) Prohibited uses: Any type of activity that does not correspond to enterprises included in the Reglamento de las empresas y actividades turísticas and the Reglamento de empresas de hospedaje turístico, both issued by the ICT.

e) Minimum and maximum area:

Lodging enterprises: minimum 2,500 m²; maximum 60,000 m², per lot.

Other types of enterprises: minimum 1,000 m²; maximum 3,000 m².

f) Coverage: Up to a maximum of 70%

g) Density: Up to 50 rooms / hectare.

h) Height: Up to three stories within 14 meters maximum height, to the highest point of the building.

When construction of buildings on moderately undulating terrain is intended and the use of foundations or socles, piles, or similar structures is required, this shall not exceed a height of 1.5 vertical meters between the natural ground level and the finished floor level.

i) Setbacks: Side, rear, and front setbacks shall be governed in accordance with the provisions of Article 65 of the Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.

j) Approaches for climate change adaptation infrastructure and resilience to risk from natural hazards: Because some of the points affected by climate change and risks from natural hazards are located in these sectors, territorial resilience strategies, bioclimatic strategies, passive climate strategies, and climate change adaptation actions must be applied as indicated in Article 15 of this regulation, so that the sector gradually adapts to climate change or is resilient to risks from natural hazards in terms of green, building, and urban infrastructure.

Article 14. Public Zone (ZPU)

The Public Zone may not be subject to any occupation. It shall be dedicated to public use and especially to the free transit of persons. The passage of motor vehicles or pack animals shall not be permitted.

The progressive eviction of those illegal buildings or installations and their removal are part of the ZMT management program. Those roads in the Public Zone where vehicular traffic is eliminated shall be used as pedestrian paths. In the public zone, any activity tending to modify its natural state is prohibited, including brush clearing (chapias) and forest thinning (raleo de bosque).

The concession holder adjacent to the Public Zone must collaborate with the maintenance, protection, and improvement of the natural resources existing therein, contributing resources to the Municipality to be used in the sector. These actions must be supported, advised, and supervised by the Instituto Costarricense de Turismo and the Municipalidad de Talamanca.

Article 15. Waste management

a) As long as there is no general treatment plant in the regulatory plan area, development projects must have individual treatment plants in order to comply with the regulations established by the Ministerio de Salud in the current regulations for each particular case.

b) The provisions of the Reglamento de Desarrollo Sostenible regarding waste management and handling must be taken into account.

c) All buildings located within the coverage area of the public treatment plant must connect to the system. In the case of existing buildings prior to the plant’s operation, they must connect subsequently.

Article 16. Approaches for climate change adaptation infrastructure and resilience to risk from natural hazards

It is necessary that in points where impacts from natural hazard risks and climate change occur— in aspects of temperature increase, sea level rise and flooding, coastal erosion, and increased precipitation— the Strategic Line for Climate-Related Risk Reduction and strategies for resilience to risk from natural hazards be applied. To this end, in future buildings, urban projects, renovations, expansions, or any modification required, the following aspects must be requested from, as necessary based on prior analysis and request by the Municipality as part of the considerations for approving construction permits:

Buildability and materials actions

a) Seek the use of locally sourced materials

b) Use of natural materials for thermal insulation such as petatillos and cedazo or incorporation of materials with a high level of reflectance on facades that require it and use of white roofs

c) Use of piles in areas prone to flooding or with a high water table

d) Heights between finished floor and ceiling equal to or greater than 3 meters for better heat management,

e) Bioclimatic design strategies for buildings and public space, bioclimatic design management with passive climate strategies for better management of the sector’s climatic conditions

f) Siting and arrangement of buildings according to sun exposure and natural ventilation, as climate actions for a suitable project location to take advantage of favorable climatic conditions while mitigating impacts in heat island zones or climate risks

g) Design and construction that takes into account the use of green infrastructure such as green facades, green walls, solar panels, infiltration zones in green areas such as parks or gardens, or rainwater catchment systems

h) For tourism projects, incorporation of infrastructure and protection mechanisms against extreme hydrometeorological events to increase resilience

Strategic ecological and urbanism actions

a) Creation of natural channels for water management in flood zones

b) Promote CO₂ sinks, implementing restoration measures for natural areas or expanding green zones, increasing the percentage of green zone area with native tree cover relative to the percentage of building coverage

c) In areas with coastal erosion, apply contour tree planting to form obstacles to runoff water, or incorporate wall-type edges in the design in cases of coastal erosion that affects with increased sea ingress into the Zona Marítimo Terrestre.

d) For the fishing zone, integrate sustainable initiatives for the use of fishery and marine resources, in addition to adequate waste management.

e) In tourism projects, promote the development of biodiversity corridors and implementation of ecological and decarbonization initiatives

Article 17. The Municipality may deny construction permits in any area with a clearly evident impact from coastal erosion or flooding, following analysis that demonstrates that the site cannot be made suitable for construction through building actions, in order to safeguard human lives and the infrastructure conditions that could be affected by an extreme event or the continuity of the erosive conditions and effects present in the area.

Article 18. In order to expand the incorporation of current vulnerability reduction criteria in processes of reconstruction, expansion, renovation, infrastructure maintenance, and new construction, the Municipality may develop an incentive regulation for those constructions located inside or outside the areas impacted by climate change or risks from natural hazards that adhere to the provisions of Article 15 of this regulation. It is noted that the application of Article 15 is mandatory for areas affected by risks from natural hazards and climate change as indicated in this Plan Regulador Costero.

Article 19. Amendment to the Regulation and effective date.

Amendments and variations desired to be introduced to this Regulation shall be submitted to the technical judgement of the Instituto Costarricense de Turismo and the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; the procedure provided for in Article 17 of the Ley de Planificación Urbana N° 4240 of 15 November 1968, by express request of the local government, in accordance with the provisions of opinion C-011-99 of the Contraloría General de la República.

It shall come into force upon its publication in the Diario Oficial, and all prior municipal provisions that conflict with its rules are hereby repealed.

TRANSITORY PROVISIONS

Transitory I. All concessions that have been granted by the Municipalidad de Talamanca based on prior regulatory provisions, and are duly registered in the Registro Nacional de Concesiones, may perpetuate the legal rights granted by the concession contract until its expiration. Once the contract concludes, all provisions set forth in this Regulation must be observed in full.

Transitory II. Any administrative application or procedure that was submitted before the effective date of this regulation shall be processed in accordance with the rules in effect at the date of the application and in accordance with the internal procedures defined by the Department of Urbanism of the Municipality. Once all of these applications have been resolved and communicated to the permit holders, this prior procedure shall be repealed.

Transitory III. All approved licenses and patents shall be governed as to their validity by the terms established by the municipality.

Transitory IV. Pursuant to the provisions of Ley 9242 Ley para la Regularización de las Construcciones Existentes en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre, Article No. 3, existing constructions in the Restricted Zone must conform to the provisions of this regulation; those that at the time of the publication of the Plan Regulador do not comply with what is indicated in this regulation, must proceed with what is set forth in the PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN Y GESTIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 9242, for which, for purposes of plan management, the Municipality shall have a period not exceeding 6 months for its enactment and publication.

ANNEXES

Anexo 1

DOCUMENT ATTACHED TO THE REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN OF THE PLAN REGULADOR COSTERO OF THE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE (ZMT) OF THE DISTRICT OF CAHUITA, CANTON OF TALAMANCA

BACKGROUND:

The Municipalidad de Talamanca, taking into account that the population of the canton of Talamanca and primarily the coastal inhabitants of the Cahuita district, represented at the time by the Cámara de Turismo del Caribe Sur, the integrated development associations of the communities of Manzanillo, Puerto Viejo, Hone Creek, and Cahuita individually, who for many years have been struggling to defend their legal and cultural interests regarding lands inhabited prior to the enactment of the Ley de Zona Marítima Terrestre N° 6043, whose rights have been sought to be violated through interpretations and resolutions of the Contraloría General de la República and the Procuraduría General de la República, to the extent of causing instability and insecurity regarding the permanence of the coastal inhabitants of the Cahuita district, by issuing instructions to the Municipalidad de Talamanca to initiate administrative processes for the eviction of families and their businesses already built with permits from this Municipality.

In light of these threats, the Municipality approached the Deputies and the Executive Branch to request their support through the enactment of laws protecting the coastal inhabitants of Talamanca and legally resolving their occupation; thus arising various bills that were approved by the Legislative Assembly and countersigned by the Executive Branch, among which we mention the Ley de Moratoria de Áreas Especiales for a two-year term, being that said law as of today is N° 9577 “Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales” which expires in July 2024 (popularly known as the Ley de la Moratoria). Other laws that were enacted are the Ley de los Derechos de los Habitantes Costeros del Caribe Sur, the Ley de Declaratoria de las Zonas Urbanas Litorales, and the Ley de Regularización de las Construcciones Existentes en la Zona Restringida de la Zona Marítima Terrestre, which has allowed the construction of this Plan Regulador.

However, for the fulfillment of the laws mentioned above, it is necessary for the Municipality to have a Plan Regulador Costero; therefore, at the request of the Municipality, the chamber of tourism, and the aforementioned development associations, a motion was presented through a Deputy in the Budget Committee of the Legislative Assembly to approve a specific budget line item in the name of the Municipalidad de Talamanca to finance the creation of the Plan Regulador, pursuant to the provisions of the Código Municipal Ley N° 7794 of 30 April 2008, and the Ministro de Hacienda was requested to transfer said resources.

The Municipalidad de Talamanca, as a result of the pressure of evictions and demolitions in the Zona Marítima Terrestre, prioritized the use of said resources for the construction of the Plan Regulador Costero of the Cahuita District, beginning its process in 2014 with a session with the representatives of the formal organizations existing at that date and representatives of the communities of Cahuita, Puerto Viejo, and Manzanillo, who were informed of the Municipality’s intentions, achieving the formation of working groups in each of the communities for the purpose of initiating the process of identifying the Patrimonio Natural del Estado, the construction of the first zoning maps, the completion of the hydrogeological diagnosis of the study area, and finally after several meetings establishing a cooperation agreement between the INVU and the Municipality, so that this public entity would be responsible for the construction of the Plan Regulador Costero of the Cahuita District, an agreement that was signed in 2017 and which established the conditions that the Plan Regulador Costero of the Cahuita District was to meet and the obligations of the parties.

The Municipalidad de Talamanca, continuing with actions in pursuit of protecting the rights of the coastal inhabitants of the Cahuita district, whereby the Municipal Council in extraordinary session No. 121 of 19 June 2014, adopted agreement No. 4 resulting from the motion presented by councilor George Brown Hudson, which states in point 2 of the Motion the following:

“As a second point, that pursuant to the provisions of Ley 9221, Ley Reguladora de las Zonas Urbanas Litorales, in its Article 5, heading A) provides that the Municipal Council must adopt an agreement by which it requests the declaration of the coastal litoral urban zones before the CIZUL, therefore the following agreement be adopted: The Municipal Council of Talamanca agrees to formally request the CIZUL for the declaration of the Litoral Urban Zones of Cahuita, Puerto Viejo, and Manzanillo of the canton of Talamanca based on Article 5 subsection A) of Ley 9221, Ley Marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial, an agreement approved unanimously.”

The Municipalidad de Talamanca, in full exercise of its powers, opened a participatory process with social organizations and social actors of the coastal towns of the Cahuita district in 2014 and 2015, holding meetings through the Comisión de Ordenamiento Territorial created by the Municipal Council, with the involvement of members of the Municipal Council, Municipal officials, representation of SINAC-ACLAC, and the social organizations current at the time, with whom a total of 17 meetings and informational sessions were held during 2014 and 2015, where we can highlight the formation of the local committees of Cahuita, Puerto Viejo, and Manzanillo, who together with SINAC-ACLAC worked IN SITU on identifying the Patrimonio Natural del Estado, also achieving the participation of students who completed their Trabajo Comunal Universitario with the distribution of Informational Flyers about the Proposal for the Construction of a Plan Regulador Costero.

Once the agreement with the INVU was signed in 2017, in 2018, 3 informational workshops were held on the proposed Plan Regulador in the communities of Cahuita, Puerto Viejo, and Manzanillo, incorporating the identification of the Patrimonio Natural del Estado that was certified in 2017 by the Directorate of SINAC-ACLAC. During 2018, 9 meetings were held with focus groups that have a direct bearing on both the tourism-cultural and environmental development model of the study area.

These workshops were led by the INVU with accompaniment in some cases by the Municipalidad de Talamanca.

With the environmental license granted by SETENA, the initial approval by the board of directors of the ICT, and the delivery by the INVU of the documentation for the Proposal of the Plan Regulador Costero of the Cahuita District, which was constructed in accordance with the provisions of the Manual para la Elaboración de Planes reguladores en Zona Marítimo Terrestre, the Municipality conducted a total of 11 informational talks in the communities of Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo, Punta Uva, and Playa Chiquita, providing information to the general population and publishing the documentation related to the Plan Regulador on the Municipality’s website and social media, as well as setting up a specific email address to receive comments on the proposed Plan Regulador, and also assisting members of the public at the municipal offices who wished to obtain more detailed information.

During these talks, 3 were held specifically with the Afro-descendant population in the Limón Creole language, 1 with residents of other nationalities in the English language, a meeting with the fisheries commission of the Municipalidad de Talamanca, which brings together the fishing associations of the coastal zone of Talamanca, and a meeting with the Municipal Commission for Matters of the Afro-descendant Population of the Canton of Talamanca. At each of the 11 meetings, a brochure with information on the Proposed Plan Regulador was distributed. All these activities were carried out between 15 June 2023 and 27 July 2023 with the sole objective of ensuring the population had the necessary information before the public hearing.

By agreement of the Municipal Council, which was published in the official gazette La Gaceta, the public hearing was held on 4 August 2023. During said hearing, the Proposed Plan Regulador was officially presented by the INVU to the 406 people who attended said hearing. Thus, as provided in the regulation for the public hearing, a period of 15 business days was maintained to receive comments from residents, providing a period from the start of the talks on 15 June 2023 to the close of receipt of comments on the Proposed Plan Regulador Costero of the Cahuita District on 28 August 2023; the population was given a total of 74 calendar days to provide opinions and submit their observations on the proposal.

WHEREAS:

1. That in application of the provisions of Article 15 of the Ley de Planificación Urbana, No. 4240 of 15 November 1968, the competence and authority of Municipal Governments to plan and control urban development within the limits of their territorial jurisdiction is recognized.

2. That it is a function of the State, municipalities, and other public entities to define and execute national territorial management policies aimed at regulating and promoting human settlements, economic and social activities, and overall development, in order to achieve greater well-being for the population, as well as the use of natural resources and environmental conservation.

3. That as established in Articles 59 and 60 of the Ley de Planificación Urbana, the Comisión Local de Planificación shall be formed, whose coordinator must have knowledge and experience in the matter, so that together with the officials of the Institute they produce the proposal for the cantonal regulatory plan, complying with current urban planning and environmental regulations. Said coordinator shall submit the final product to the Municipal Council for approval as stipulated in Article 17 of the mentioned Law.

4. That Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples of 1989 is an international treaty adopted by the International Labour Conference in 1989. The Convention reflects the consensus achieved by the tripartite constituents of the ILO regarding the rights of indigenous and tribal peoples within the nation-states in which they live and the responsibilities of governments to protect these rights. This convention is based on respect for the cultures and ways of life of indigenous peoples and recognizes their rights over lands and natural resources, as well as the right to decide their own priorities regarding the development process.

5. That the objective of Convention 169 is to overcome discriminatory practices affecting these peoples and to enable them to participate in the adoption of decisions affecting their lives. The fundamental principles of consultation and participation constitute the cornerstone of the Convention. Furthermore, the Convention covers a wide range of issues relating to the right to employment and vocational training, education, social security and health, customary law, traditional institutions, languages, religious beliefs, and cooperation across borders.

6. That Executive Decree No. 43191-MP-MCJ declares the Afro-Costa Rican population, its cultural identity, language, historical tradition, culture, and worldview to be of public interest and creates the roundtable for the process of recognition of Afro-Costa Rican tribal peoples. Likewise, Article 5. “The agencies of the Public Sector are empowered and Autonomous Institutions and other Powers of the Republic are urged, to, within the respective legal framework, collaborate to the extent of their possibilities and without prejudice to the fulfillment of their purposes and competencies, with the objectives of this Executive Decree.”

7. That Executive Decree No. 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP on the Verification of Self-Recognition of the Afro-Costa Rican Population as a Tribal People, in its Article 1. “The self-recognition of the Afro-Costa Rican population as an Afro-Costa Rican tribal people, in accordance with its cultural identity, language, historical tradition, culture, and worldview, is hereby verified.”

8. That the Municipal Council of the Municipalidad de Talamanca, by means of ordinary session No. 202, held on 18 July 2014, adopted Agreement No. 05, approving the Reglamento de la Comisión Local de Planificación y Ordenamiento Territorial, which was published in the official gazette La Gaceta No. 170 of 4 September 2014.

9. That the Municipality recognizes the ancestral presence of the Afro-descendant population in the towns of Cahuita, Puerto Viejo, and Manzanillo, declaring said communities as Afro-descendant communities. The foregoing was done by means of agreement 04 of ordinary session No. 114 of August 2012.

10. That the Municipalidad de Talamanca, by means of agreement 04 of extraordinary session No. 121 of 19 June 2014, agreed to formally request the CIZUL for the declaration of the coastal urban areas of Cahuita, Puerto Viejo, and Manzanillo of the canton of Talamanca based on Article 5, subsection A) of Ley 9221, Ley Marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento.

11. That the Municipalidad de Talamanca, based on Booklet 3 on the Design and Implementation of Inclusive Public Policies of the project for Strengthening Governance and Institutionality of the Culture Sector in the Caribbean of Nicaragua and Costa Rica, adhering to Articles 4 and 5 of the Código Municipal Ley 7794, sponsored by the European Union through the AMADILLA group and executed by the Arte y Cultura para el Desarrollo Foundation (2013). It accommodates specific requests of the Tribal Population of the towns of Cahuita, Puerto Viejo, and Manzanillo, supported by the Municipal Commission for Matters of the Afro-Descendant Population of the Canton of Talamanca, formed through agreement No. 3 of ordinary session No. 63 of 6 August 2021.

12. That Ley 9242 establishes that constructions must conform to the number of rooms and density established according to their zoning; thus, the tourism development model of the communities of Cahuita, Puerto Viejo, and Manzanillo was implemented by the residents themselves without direct support from state entities, and many of the constructions existed prior to the enactment of the Ley de Regularización de Construcciones en la ZMT.

13. That the Municipal Council of Talamanca, through ordinary session No. 24 of 16 October 2020, adopted agreement No. 2, which amends Articles 1 and 2 and the last paragraph of Article 13 of the Reglamento de la Comisión Local de Planificación y Ordenamiento Territorial of the canton of Talamanca, published in La Gaceta 257 of 23 October 2020.

14. That the Municipal Council of Talamanca, in ordinary session 138 of 11 January 2023, in its agreement 4 subsection 9, ratifies the multi-ethnic and pluricultural condition of the canton of Talamanca.

15. That the Municipalidad de Talamanca, through the Comisión Local de Planificación y Ordenamiento Territorial of the canton of Talamanca, initiated a participatory process in 2014, a process that culminated on 4 August 2023 with the public hearing convened in a timely and proper manner, as the most representative participatory instrument of the participatory and consultation process for the proposed Plan Regulador Costero of the Zona Marítimo Terrestre of the Cahuita District, canton of Talamanca.

16. That the Municipal Council of Talamanca, through agreement 3 of ordinary session 169 of 16 August 2023, in compliance with the provisions of point 13.5 of Article 13 of the Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros, May 2021, Scope No. 139 to La Gaceta No. 135, Wednesday, 14 July 2021, and the provisions of Article 17 of the Reglamento de la audiencia pública of the Plan Regulador of the Zona Marítima Terrestre of the Cahuita District of the canton of Talamanca, published in La Gaceta No. 98 of 2 June 2023.

Proceeded to appoint the municipal officials who will be part of the Tripartite Commission.

17-That the Municipal Council of the Municipality of Talamanca, through Extraordinary Session #87 of August 18, 2023, adopted agreement #01, for the inclusion in the Tripartite Commission (INVU-ICT-MUNIT) for the analysis of the proposals, observations, and support of the proposed Coastal Regulatory Plan for the Cahuita district, a process open until August 28, 2023, of ICT and INVU officials.

18-That in compliance with Articles 16 and 17 of the public hearing regulations for the regulatory plan of the maritime terrestrial zone of the Cahuita district of the canton of Talamanca, as regulated by Law 6043, approved by the Municipal Council in ordinary session 156 of May 17, 2023, and published in La Gaceta No. 98 on June 2, 2023, the Tripartite Commission held 3 meetings, where it proceeded to review, analyze, and draft responses to the observations made by various individuals, organizations, and social groups to the proposed Regulatory Plan.

19-That, before the Tripartite Commission, residents of the communities of Cahuita, Puerto Viejo, and Manzanillo provided for analysis and consideration by said commission, official historical maps of the creation and condition of their settlements before 1977, which, according to the zoning set forth in the coastal regulatory plan of the District of Cahuita, are part of the coastal towns recognized by the Municipality in various agreements as part of the cultural heritage of said communities.

20-That the Tripartite Commission, on August 30, 2023, issued a recommendation report on the proposed responses to the 221 documents received and analyzed, a review carried out after the holding of the public hearing and after the expiration of the deadline given for the receipt of observations.

21-That the INVU, through official communication DU-UCTOT-271-2023 dated August 30, 2023, delivered the latest version of the Regulatory Plan products once the adjustments requested and agreed upon by the Tripartite Commission were incorporated.

22-That among the agreements of the Tripartite Commission (Municipality of Talamanca-INVU-ICT) is the drafting by the Municipality and the INVU of an annex document to the Zoning Regulations of the Coastal Regulatory Plan for the District of Cahuita of the Canton of Talamanca, for the purpose of creating the necessary mechanisms based on the autonomy of the Municipality of Talamanca, for the application of aspects requested by various individuals, organizations, and social groups submitted for analysis, assessment, and incorporation into the Regulatory Plan.

23-That the Sustainable Development Regulations of the coastal regulatory plan of Talamanca, as validated by environmental resolution 025-2023 of SETENA, establishes a series of guidelines for the development of sustainable occupation of the Maritime Terrestrial Zone.

Therefore, the following is annexed to the Zoning Regulations of the Coastal Regulatory Plan for the Maritime Terrestrial Zone (ZMT) of the Cahuita district, canton of Talamanca:

1- Regarding the Public Zone: To determine the formality of the occupation, or whether they have existed since before the enactment of the Maritime Terrestrial Zone Law and current conditions place them in the public zone, and when there is reasonable doubt, the historical reference of the coastline may be reconstructed to determine the condition.

1.1 Coordinate with the National Cadastre and Registry to verify the existence of any historical document that places said properties in a different condition, provided it can be determined that at some point they held some right, and verify the historical existence of plans. Also, review the available historical elements and the existing titling on certain properties in the public zone.

1.2 In the public zone, projects for the preservation of the Afro-Costa Rican culture of Talamanca will be developed, allowing for the establishment of museums in existing buildings of heritage character declared by the Municipality, Afro-cultural walks, as well as any other activity that serves to promote, strengthen, and recognize the contributions of Afro-descendant culture.

1.3 In relation to the recognition of the legacy and historical contribution of the Afro-descendant culture of the canton of Talamanca, who formed the current settlements, the required formalities will be undertaken to restore to said communities their original names, as well as to the streets and avenues that are part of the Roadway Zone, the recognition of historical sites.

1.4 For the ordering and recovery of the roadway zone that is encroached upon or obstructed by any structure, the municipality will condition the granting of a concession on the possessor of the property where the respect for the right-of-way width is not being complied with. It shall be an obligation of the possessors of properties facing a public street to construct sidewalks and curb and gutter under the recommendations of the Municipality of Talamanca.

2- Regarding solid waste management and recoverable waste (recycling): That businesses have a waste management program as established by the regulations. The Ministry of Health, as the governing body, shall be responsible for ensuring that each business has this program and implements it in a manner that complies with each of its obligations.

2.1 The Municipality will implement and present to the Ministry of Health a compliance and follow-up protocol for commercial establishments.

2.2 The municipality will verify, through the environmental department, compliance by commercial establishments with the implementation of the waste management program, and when applicable, due process will be carried out for compliance with the regulations.

2.3 Concessionaires in the coastal zones where the regulatory plan applies must comply with the responsibilities established in Law 8839 and its regulations, as well as with the responsibilities established in the Municipal Regulations for the Integrated Management of Solid Waste of the Canton of Talamanca (respect schedules for ordinary solid waste collection, temporarily store generated waste in such a way as not to cause any environmental impact and/or risk to their health or that of other persons in the community; in areas where the Municipality offers separate collection of recoverable materials, whether directly or through an authorized entity, these must be separated at the source and placed separately for the collection service, etc.).

2.4 The municipality will carry out recycling campaigns and awareness campaigns for proper waste management.

3- Regarding wastewater: The Municipality of Talamanca provides the following:

3.1 For new projects, it will require wastewater treatment systems based on the hydrogeological condition of the site according to the hydrogeological study of the Regulatory Plan, and according to the size of the project to be developed, its level of coverage impact and density; likewise, if necessary, SETENA will determine the required environmental assessment process and whether it includes a hydrogeological characterization.

3.2 For projects under 500 square meters, an environmental license will not be required, except in areas of high hydrogeological vulnerability and high recharge. Under no circumstances will the Municipality permit the construction of regular septic tanks, only double-phase septic tanks for all permitted uses in the already established zonings. Except for high-volume projects such as hotels and others that will require treatment systems to be determined through environmental impact studies and any other required by the competent authorities.

3.3 In the case of existing constructions that do not have double-phase septic tanks, the Municipality of Talamanca will grant a period of up to 18 months from the granting of the concession for the concessionaire to adjust the septic tank to double-phase conditions.

4) Regarding the conservation of cultural features: Regarding constructions, requirements for construction permits will be incorporated so that new constructions present finishing elements and vernacular designs characteristic of Afro-descendant culture, such as wall colors, roof styles, windows, and fretwork, so as not to conflict with the socio-cultural environment.

4.1 Concessionaires of properties with existing constructions will be encouraged to include some of the provisions set forth in the preceding paragraph when applying for repair or remodeling permits.

4.2 Likewise, the municipality, through the issuance of a provision based on Article 24, Landscape, of the Sustainable Development Regulations, will establish the conditions or characteristics for the erection of concrete walls or mesh fencing in the restricted zone, seeking the combination of living elements with the material defined by the concessionaire.

5- Regarding tourist walks: The municipality will enable the old road from Puerto Viejo to Manzanillo, the path to the mouth of the Hone Creek river, and the area of the old pier in Cahuita, to integrate an active mobility walk as projects subsequent to the implementation of the regulatory plan. And the municipality will be evaluating the opening of others.

5.1 Improve the surface and mobility conditions.

5.2 Prohibit vehicular traffic through the placement of bollards or similar devices, allowing only pedestrian or bicycle passage.

5.3 Guarantee access and use of the public zone.

6- The municipality must implement a tool for the application and management of the provisions of Article 3 of Law 9242.

6.1 The Municipal Council will instruct the administration to prepare a study to determine which occupants have constructions in the restricted zone that do not comply with the provisions of the Regulatory Plan, along with the characteristics of each case, namely: land area, coverage percentage, current use, business license status, room density per hectare, setbacks, and height.

6.2 The administration will present to the Municipal Council a Work Plan to carry out said task within a period not exceeding one month.

6.3 The administration will develop the study within a period not exceeding 4 months.

6.4 Once the situation has been studied and the list of occupants and the characteristics of the different constructions are available, the protocol for the application and management of the provisions of Article 3 of Law 9242 must be developed, for which a period not exceeding 2 months will be given.

6.5 As of the publication of the protocol, interested parties must be formally notified as indicated by Law 9242.

7- The municipality will issue a regulation governing the transfer of concessions and the establishment of properties under the condominium regime.

7.1 Create a Regulatory Plan management unit responsible for, among other things, processing concession applications, keeping a record of concessions as they are granted, and controlling them.

7.2 The management unit will also keep control of concessions developed under the condominium regime.

7.3 The management unit will formulate the operating protocols for its different operations and the procedures that interested parties must follow.

8- In relation to potable water supply, the responsibility of AyA, the Municipality of Talamanca, with resources from the Fee, will reserve funds for the implementation of a cooperation agreement with AyA to support that institution in guaranteeing the supply of potable water in the coastal communities.

8.1 The availability of water issued by AyA for new constructions will be verified.

8.2 Permanently promote the rational use of water through awareness programs aimed at the local and transient population.

8.3 Efforts will be made to ensure that pool owners do not use the regular potable water supply service to fill them.

8.4 Promote the formation of a Local Council based on the Biodiversity Law for the conservation, surveillance, and protection of surface water bodies and to report improper practices or leaks in potable water distribution systems.

Council that shall be formed by the Municipality, 8 inhabitants of the coastal communities, the Water and Sewer Institute, and the SINAC water directorate. City of Bribrí, Talamanca, September 29, 2023.

On behalf of the Municipal Council

Yorleni Obando Guevara

Secretary

Costa Rican Tourism Institute

National Institute of Housing and Urbanism”

The claimants allege that the Talamanca Coastal Regulatory Plan-Cahuita District, published on October 5, 2023, in Alcance No. 193 to La Gaceta 183, takes as its basis the General Management Plan of REGAMA, its zoning maps, and reproduces the effects and omissions described for it regarding forested areas, wetlands, and makes an outdated delimitation of the Protected Wild Area. The regulatory plan does not consider the forest areas (State Natural Heritage) that the Constitutional Chamber ordered to be protected in vote 12745-2019 as part of the refuge, but rather as part of the Maritime Terrestrial Zone under municipal administration, which would allow them to be granted under concession and use permits in the restricted zone and the development of activities harmful to the ecosystems. By being based on the General Management Plan, the identification of polygons with wetlands does not take into consideration technical criteria that provide scientific support, and leaves several wetland polygons in the maritime terrestrial zone. The discrepancy between the original delimitation of the Wildlife Refuge, the map recognized under the Ramsar Convention, and the zoning maps used in the General Management Plan and the Coastal Regulatory Plan leave several wetland polygons in the Maritime Terrestrial Zone “unprotected.” They indicate that the rushed and flawed approval of both the South Caribbean Regulatory Plan and the REGAMA Management Plan is due to a clear disregard for the principles of environmental objectification and precaution, whose attention is fundamental in cases such as this.

The Office of the Attorney General of the Republic points out that, by resolution 31756-2023 at 9:30 a.m. on December 7, 2023, the Constitutional Chamber granted the amparo action against the Municipality of Talamanca and annulled the public hearing it held on August 4, 2023, to inform the communities about the Regulatory Plan for the Maritime Terrestrial Zone of Cahuita (which includes the coastal sectors of Cahuita, Puerto Viejo, and Manzanillo), which the Municipal Council ordered to convene in ordinary session No. 161 of June 21, 2023, and ordered the Mayor and the president of the Municipal Council, both of the Municipality of Talamanca, within three months, to schedule a new public hearing for the project of the Coastal Regulatory Plan for the District of Cahuita of the Canton of Talamanca and to duly convene, with sufficient advance notice, the members of the [...].” (Integral Development Association of the Keköldi Indigenous Territory “ADI Keköldi”). By annulling the public hearing held on August 4, 2023, the Constitutional Chamber rendered the Regulatory Plan for the Maritime Terrestrial Zone of Cahuita without effect, and its challenge in this venue is premature. It adds that the Constitutional Chamber so indicated in vote 324-2024, at 9:15 a.m. on January 10, 2024, which resolved another unconstitutionality action filed against the Talamanca Coastal Regulatory Plan -Cahuita District-. There it was indicated that, according to the provisions of judgment 2023-31756, the object of challenge had not been duly approved and lacked all validity, and therefore the admissibility review of the same is not admissible as premature. Regarding the issue of wetlands, it notes that in judgment 3954-2024, at 9:30 a.m. on February 16, 2024, the Constitutional Chamber declared the amparo action with merit and ordered the Regional Director of the La Amistad Caribe Conservation Area of SINAC to “complete, within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the procedure to supplement the State Natural Heritage certification in the Maritime Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca with the ‘Characterization and delimitation of wetlands in the maritime terrestrial zone of the coastline of the canton of Talamanca’ of June 2021.” At the same time, it ordered the mayor and president of the Municipal Council of Talamanca, the head of the Department of Urbanism, and the person in charge of the Technical Criteria and Operational Unit for Territorial Planning, both of the National Institute of Housing and Urbanism, to “make the necessary arrangements to incorporate the above-mentioned update into the Coastal Regulatory Plan of the Canton of Talamanca.” As the period granted by the Chamber to supplement the State Natural Heritage certification in the Maritime Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca with the “Characterization and delimitation of wetlands in the maritime terrestrial zone of the coastline of the canton of Talamanca” of June 2021 and to incorporate that update into the Coastal Regulatory Plan of the Canton of Talamanca has not yet concluded, the unconstitutionality action is premature.

The Minister of Environment and Energy and the director of the National System of Conservation Areas: request that the unconstitutionality action be declared without merit in all its aspects based on the arguments set forth in the section referring to the General Management Plan of the Gandoca Manzanillo Mixed National Wildlife Refuge.

The Costa Rican Tourism Institute: points out that the “Talamanca Coastal Regulatory Plan-Cahuita District” was planned only for the maritime terrestrial zone. Therefore, the areas classified and certified as State Natural Heritage that were in force at the time of its preparation were not included; the Protected Wild Areas were not included in accordance with the provisions of Article 73 of the ZMT Law. The same occurred with the areas defined as indigenous territories that intersect with the 200 meters of the coastal front, according to the information provided by INDER at the time -Agreement of In-Person Ordinary Session No. 6268, Section 1 “Generalities,” Article 5 “Proposals of the General Management,” subsection III, held by the Board of Directors of the Costa Rican Tourism Institute on September 11, 2023, communicated by Official Communication SJD-309-2023-. In general, regulatory plans are built on the official information available at a given time (such as PNE, boundary markers, PN, among other layers of information available at the time). However, they are mutable, since if in the future the base information varies for any reason (new boundary markers, expansion of park boundaries, change in the classification of State Natural Heritage, including wetlands), the zoning of the regulatory plan may be adjusted to this new condition. For this, there is a chapter in the manual of coastal regulatory plans, where the municipality is responsible for applying the procedure.

3) Directive No. 09-2023 of the Minister of Environment and Energy, dated August 17, 2023, which provides:

“THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY, in accordance with the provisions of Article 140, subsection 8) of the Political Constitution; the powers conferred by Articles 25, subsection 2), 28, subsections 1) and 2), subparagraphs a) and j), 99, and 100 of the General Public Administration Law No. 6227; and numerals 1 and 7 of the Organic Regulations of the Ministry of Environment and Energy, Executive Decree No. 35669-MINAE, and the Principle of Coordination.

CONSIDERING:

FIRST: That in accordance with Article 28, subsections 1) and 2), subparagraph a) of the General Public Administration Law No. 6227, it is the exclusive responsibility of the Minister of Environment and Energy, as the superior hierarchical body, to direct and coordinate all services of the Ministry.

SECOND: That in accordance with Directive 1-2022 and DM-494-2023 of June 28, 2023, the official opinion of the institutional Legal Advisory Directorate is the sole and official one, for purposes of standardizing the legal position of the Ministry of Environment and Energy, which is incorporated in this provision.

THIRD: That Articles 27 and 28 of the General Public Administration Law, in relation to numeral 140, subsection 8, of the Political Constitution, assign to the Minister responsibility for the proper and efficient functioning of the administrative services under his office. This provision constitutes the Principle of Coordination, which is an ordering axis of administrative organization and activity, to be conceptualized as one of the guiding principles of administrative function and organization, connected with the principles of efficiency and effectiveness, which also reaches decentralized organs, such as the National System of Conservation Areas. FOURTH: That it is necessary to clarify and standardize the criteria for the application of various legal instruments that regulate, generally and specifically, the actions of the administration of the La Amistad Caribe Conservation Area, with emphasis on the canton of Talamanca.

THEREFORE, the following is issued:

DIRECTIVE ADDRESSED TO THE DIRECTION AND OFFICIALS ON THE SCOPE OF LEGAL INSTRUMENTS REGULATING THE LA AMISTAD CARIBE CONSERVATION AREA, WITH EMPHASIS ON THE CANTON OF TALAMANCA.

FIRST: The State Natural Heritage Certification (C-PNE) issued by the National System of Conservation Areas (SINAC) is not an act declaratory of rights, but an act of verification. State Natural Heritage is not declared through the State Natural Heritage Certifications (C-PNE), since SINAC only corroborates in the field whether constitutive elements of this public domain regime exist, and it is through the certifications that it rules on said verification due to the powers embedded in the regulations, specifically Article 16 of the Forestry Law No. 7575.

SECOND: The State Natural Heritage Certification (C-PNE) shall be issued by the Director of the Conservation Area. Once the Certification is issued, it may not be modified by another official of lower rank, in accordance with the provisions of Executive Decree No. 36786-MINAE, in effect since November 11, 2011.

THIRD: That Directive SINAC-IRT-001-2016 is under review; it contemplates a process to modify, expand, or supplement the State Natural Heritage Certifications (C-PNE) carried out by the National System of Conservation Areas. In this regard, legal opinion SINAC-SE-AJ-CJ-49 of October 13, 2022, from the Legal Area of SINAC was issued, which clarifies the nature of the State Natural Heritage Certifications carried out by the National System of Conservation Areas, this legal criterion being the one to be observed in case of any doubt regarding any issued Certification (C-PNE), while the review of Directive SINAC-IRT-001-2016 is concluded. Coordination shall be established with the Head of the Legal Department of SINAC, of the Executive Secretariat.

FOURTH: Document SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, dated June 30, 2017, signed by the Regional Director, Eng. Edwin Cyrus Cyrus, Certifies the Delimitation of State Natural Heritage in the Maritime Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca. This Certification was issued in accordance with technical and legal guidelines and is the document of official character, being the only one in force as of today.

FIFTH: The technical input document called “Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime Terrestrial Zone of the Coastline of the Canton of Talamanca” of June 13, 2021, has not been approved by the Regional Direction of the La Amistad Caribe Conservation Area for use as a document of general scope. This is a technical input of internal character that has not completed the process for its validation and formalization by the National Council of Conservation Areas of the National System of Conservation Areas, according to Article 6 of Executive Decree No. 42760-MINAE, Technical Criteria for the location, identification, classification, and delimitation of wetland ecosystems. Consequently, it is not an official document, nor may it be used for issuing official administrative acts.

SIXTH: The Maritime Terrestrial Zone Law, Law No. 6043, in its Article 73, excludes from its scope the Protected Wild Areas and those subject to their own legislation. The remaining forested areas and lands of forestry aptitude on the coastlines shall be under the administration of the Ministry of Environment and Energy/SINAC and are governed by their specific regulations (Forestry Law, Article 13 and concordant) and Vote of the Constitutional Chamber 4587-97. SEVENTH: The official limits of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge are those established in Law No. 9223, Recognition of the rights of the inhabitants of the South Caribbean, in effect since April 8, 2014. There is no subsequent modification that has been issued by the Ministry of Environment and Energy.

EIGHTH: The urban zones that were segregated from the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge shall pass to the jurisdiction of the Municipality of Talamanca, in accordance with constitutional vote No. 2019-012745.

NINTH: The Coastal Regulatory Plan for the Zone of Talamanca has Environmental Viability issued by the National Environmental Technical Secretariat of MINAE. Once it enters into force, the zoning established under this Plan shall be of Municipal competence. The Coastal Regulatory Plan is the legal and technical planning instrument and, due to its normative character, its application is mandatory once in force (PGR- Opinions C-070-93 of May 20, 1993, and C-181-94 of November 23, 1994, C-254-2012 of November 5, 2012).

TENTH: Internal documents that do not have the corresponding formalization may not be used as such, and the official who makes improper use of them and generates expectations of rights, which are inadmissible, shall be responsible.

ELEVENTH: The provisions set forth are mandatory for the Direction and officials of the La Amistad Caribe Conservation Area as of their notification. Franz Tattenbach Capra, Minister”

The claimants allege that Directive No. 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy is challenged because it “discredits” (fifth considering clause) the report called “Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime Terrestrial Zone of the Coastline of the Canton of Talamanca,” classifying it as unofficial, without SINAC having implemented reliable technical studies to replace the report it disregards, and driving the approval of the Management Plan and the Regulatory Plan without them. They indicate that the lack of protection of wetlands contradicts the right to a healthy and ecologically balanced environment enshrined in Article 50 of the Constitution, the precautionary principle, the principle of legal reservation, and the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention), approved by Law 7224 of 1991, Articles 2 and 4. Also objected is the seventh considering clause of Directive No. 09-2023-MINAE, which provides that the official limits of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge are those established in Law No. 9223, “Recognition of the rights of the inhabitants of the South Caribbean,” of April 8, 2014, and that there is no subsequent modification issued by the Ministry of Environment and Energy. This fails to comply with what was ordered by the Constitutional Chamber in judgment 12745-2019 and exceeds the powers of the Ministry of Environment and Energy regarding the rejection of technical studies to delimit the wildlife refuge in question, affecting the State Natural Heritage.

The Office of the Attorney General of the Republic argues that the guidelines issued in the fifth and seventh considering clauses of Directive No. 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy oppose what was resolved by the Constitutional Chamber in judgments 12745-2019 and 3954-2024, which prevail. In particular, the complaint of unconstitutionality would be admissible regarding the effective protection of State Natural Heritage (REGAMA, forest and wetland areas), with violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the principles of objectification of environmental protection, precaution, prevention, and the Convention on Wetlands (Ramsar), Articles 2 and 4; and 7, 48, and 50 of the Political Constitution. In judgment 12745-2019, it was stated, Law 9223 was annulled regarding the territories comprised in the forested area (for reducing the surface area of the refuge without the necessary technical-scientific studies to rule out environmental damage, nor making compensation for the area) and ordered SINAC to delimit the area within the twelve months following its publication. In this regard, it cannot be asserted that the official limits of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge are those established by said Law; there is uncertainty as to its delimitation.

Furthermore, judgment 3959-2024 granted the amparo action against SINAC and others, for the Coastal Regulatory Plan’s omission of the wetlands listed in the report entitled “Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Littoral of the Canton of Talamanca” (“Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca”), dated June 2021, violating the fundamental right set forth in Article 50 of the Constitution and, in application of the precautionary principle (principio precautorio), ordered the regional director of the La Amistad Caribe Conservation Area of SINAC to supplement the certification of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) with that report, within a period of three months, as well as ordered INVU, in the persons of the heads of the Department of Urbanism and the person in charge of the Unit of Technical and Operational Criteria for Planning (Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento), and the Municipality of Talamanca, in the person of the mayor and the president of the Council, to take the necessary steps to incorporate that update into the Coastal Regulatory Plan of the Canton of Talamanca. The Directive of the Ministry of Environment and Energy that disapplies the aforementioned report for future actions contravenes what was ordered by the Constitutional Chamber. It adds that, pursuant to the provisions of Article 53 of the Constitutional Jurisdiction Law, a judgment declaring an amparo action procedente is enforceable from the moment it is issued. Moreover, the judgments of the Constitutional Chamber are binding erga omnes and produce res judicata (cosa juzgada); they “prejudge the issues of constitutionality” and “have constitutional force to prevail over the decisions of other instances and constitutional resilience so as not to be modified or annulled by resolutions of other jurisdictions” or administrative ones. In conflicts between resolutions, “it is indisputable that constitutional decisions must prevail.” (Constitutional Chamber, resolution 22207-2021). For the foregoing reasons, it maintains that the guidelines issued in the fifth and seventh considerandos of Directive No. 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy oppose what was decided by the Constitutional Chamber in judgments 12745-2019 and 3954-2024, which prevail. It considers that a reproach of unconstitutionality would be admissible.

IV.- ON THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES IN ENVIRONMENTAL MATTERS. Regarding the preventive principle (principio preventivo) and the precautionary principle, in judgment no. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber specified:

“In this line of thought, the specialized doctrine has indicated that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damages to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned on compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined risks identified at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle indicates that, when there is danger of grave and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures in terms of costs to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle starts from a reasonable scientific uncertainty together with the threat of grave and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work may cause. While in the former such certainty exists, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies (…)”

Precisely, the precautionary principle must be understood as contemplated in Principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: “Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” That is, it is not a matter of requiring scientific studies to arrive at ‘absolute certainty’ of the harmlessness of an activity with respect to the environment (as a matter of principle, total security is difficult to achieve), but rather, that, even if the danger of serious or irreversible damage to the environment is not entirely assured, such uncertainty shall never justify or excuse the postponement of the implementation of effective measures to prevent environmental degradation. In this regard, it should be noted, on the one hand, that this is not just any type of threat, as it must plausibly involve a serious danger, and, on the other, that the measure demands effective and efficient use of the resources employed. In the stated sense, even though the precautionary principle is linked to a certain level of scientific uncertainty, this does not mean that it can be used unrestrictedly with the argument that any activity could generate damages to the environment—which would denature its reason for being—but rather that it is necessary to have a certain degree of identification of the dangers of serious or irreversible damage that could be generated, whose determination varies according to the particularities of the specific case. Thus, when faced with a situation that requires the application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification application that reasonably entails a serious risk; they are even obligated to suspend activities that are being developed. In parallel, they must adopt efficiently and effectively all measures required for the preservation of a healthy and ecologically balanced environment.

The aforementioned principle is similarly enshrined in a hard law legal source, since Principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change, ratified by Costa Rica through Law No. 7414 of June 13, 1994, and by all OAS member states, stipulates:

“3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To that end, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties”

The precautionary principle is also provided for in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, ratified by 32 OAS Member States, among them Costa Rica (see Law No. 8538 of August 23, 2006), which states:

“ARTICLE 1 Objective. Mindful of the precautionary principle as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (…).”

Likewise, this principle is contemplated in the Convention on Biological Diversity, ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through Law No. 7416 of June 30, 1994, in whose preamble it is established:

“(…) Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of significant reduction or loss of biological diversity at source. Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (…).”

In accordance with the aforementioned legislation in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also referred to the precautionary principle in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017:

“180. (…) Therefore, this Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle for the purpose of protecting the right to life and to personal integrity, in cases where there are plausible indicators that an activity could cause serious and irreversible damages to the environment, even in the absence of scientific certainty. Therefore, States must act with due caution to prevent possible damage. Indeed, in the context of the protection of the rights to life and to personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle, and therefore, even in the absence of scientific certainty, they must adopt measures that are ‘effective’ to prevent serious or irreversible damage”

Subsequent to that resolution and by means of a judgment, in Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) vs. Argentina, the IACHR Court ruled on February 6, 2020, in this way: “the right to a healthy environment ‘must be considered included among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention’, given the obligation of States to achieve the ‘integral development’ of their peoples, which arises from Articles 30, 31, 33 and 34 of the Charter.” Of high significance, it must be underscored that, in this pronouncement, the IACHR Court refers to Advisory Opinion No. OC-23/17 for the purpose of developing the content and scope of said right, by virtue of which the legal considerations of the latter have logically come to attain the legal binding force of a judgment. In this sense, the international jurisdictional body reiterates “that the right to a healthy environment ‘constitutes a universal interest’ and ‘is a fundamental right for the existence of humanity,’ and that ‘as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is a matter of protecting nature,’ not only for its ‘utility’ or ‘effects’ with respect to human beings, ‘but for its importance for the other living organisms with whom we share the planet.’ The foregoing does not preclude, of course, that other human rights may be violated as a consequence of environmental damage.” Precisely, in developing the conceptualization of the right to the environment, the IACHR Court clearly details the State obligations in the face of possible damages to the environment, such as the duty of prevention, the precautionary principle, the obligation of cooperation, and access to information.

In sum, the application of the precautionary principle implies that when there are indicators that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible damages to the environment, the lack of absolute scientific certainty or evidence in that regard does not exempt from the obligation to adopt all those efficient and effective measures to prevent a violation of the environment.

Regarding the preventive principle, in the first UN report on the state of international environmental law, document A/73/419 of November 30, 2018, prepared by its Secretary-General in compliance with the General Assembly resolution of May 10, 2018 (No. A/72/L.51), it is conceptualized as a normative guideline of customary international law “confirmed by relevant practice in many environmental treaties and the main codification projects.”

Now, although the aforementioned report underscores the prevention of transboundary harm, the truth is that this general principle of law, as is well recorded in the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit 2018 and by the Full Court in Article XIX of session No. 28-2020 of May 25, 2020), has a much broader scope, since, as a hermeneutical guide, it leads to “the causes and sources of environmental problems being addressed in a prioritized and integrated manner, trying to prevent the negative effects that may be produced on the environment. The criterion of prevention will prevail, then, over any other in public and private management of the environment and natural resources.” The foregoing makes complete sense, as it is consistent with the duty to prevent the consummation of environmental damage, and not merely to decide on the reparation of harmful consequences already corroborated, including ordering the cessation of the harmful effects.

This principle is reflected, among other norms, in Articles 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through Law No. 7291) and 5 and Annex II of the United Nations Agreement on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through Law No. 8059), as well as in constitutional case law (see judgments Nos. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, and 2018016383 of 5:00 p.m. on September 28, 2018, among many others) and in conventional case law, for example, in Advisory Opinion No. OC-23/17 of November 15, 2017, paragraphs 127 to 174 and subparagraphs a) and b) of paragraph 242, and the judgment of November 24, 2022, Baraona Bray vs. Chile. Precisely, in the latter, the IACHR Court expressly states:

“208. Without prejudice to the foregoing, in specific environmental matters, it should be noted that the principle of prevention of environmental damage forms part of customary international law, and entails the obligation of States to carry out the necessary measures before the production of environmental damage, taking into consideration that, due to its particularities, frequently it will not be possible, after such damage has occurred, to restore the previously existing situation. By virtue of the duty of prevention, the Court has indicated that ‘States are obliged to use all means at their disposal to avoid activities carried out under their jurisdiction causing significant damage to the […] environment’200. This obligation must be fulfilled under a standard of due diligence, which must be appropriate and proportional to the degree of risk of environmental damage201. On the other hand, although it is not possible to make a detailed list of all the measures that States could take to fulfill this duty, some can be mentioned, relating to potentially harmful activities: i) regulate; ii) supervise and oversee; iii) require and approve environmental impact studies; iv) establish contingency plans, and v) mitigate in cases of occurrence of environmental damage202.”

For its part, the principle in dubio pro natura (principio in dubio pro natura) means, according to the ‘World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the Environmental Rule of Law,’ that “in case of doubt, all processes before courts, administrative bodies, and other decision-makers shall be resolved in a manner that favors the protection and conservation of the environment, giving preference to the least harmful alternatives. Actions shall not be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived from them” (see Principle V).

In this sense, according to the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit 2018 and by the Full Court in Article XIX of session No. 28-2020 of May 25, 2020), “Every operator of environmental norms must always keep in mind the pro natura principle, pursuant to which risks shall be avoided, general collective interests shall be privileged over particular ones, the preservation of the environment shall be favored, and in case of doubt the interpretation that most broadly protects the surroundings shall be preferred.”

The principle in dubio pro natura, therefore, does not depend on there being a danger of grave or irreversible damage—as occurs with the precautionary principle—but rather implies a “general rule of behavior, for the relationship of the State—and society in general—with the environment, applicable to all areas of decision-making in which there is a risk of affectation to the environment, and which obliges us to avoid opting for those conducts that may cause damage to the environment, when other options exist” (Olivares and Lucero, 2018).

On the other hand, in judgment No. 2012013367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012, this Constitutional Court referred to the principles of progressivity (principio de progresividad) and non-regression (principio de no regresión) in environmental matters in this sense:

“V. On the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is enshrined in Articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, especially those, such as the right to the environment (Art. 11 of the Protocol), that require multiple positive actions by the State for their protection and full enjoyment by all their holders. From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, enshrined in Article 34 of the Constitution, derives the principle of non-regressivity or irreversibility of the benefits or protection achieved. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of rights achieved up to that point. This principle does not imply absolute irreversibility since all States experience national situations, of an economic, political, social nature or due to nature, that negatively impact the achievements made up to then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In those cases, constitutional law and the principles under examination oblige us to justify, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, the reduction of levels of protection. In this regard, the Constitutional Chamber has expressed in its case law, regarding the right to health: ‘…pursuant to the PRINCIPLE OF NON-REGRESSIVITY, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of openness to access to medicines, it cannot—much less through an International Treaty—reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting commerce. (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07). In relation to the right to the environment, it stated: “The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment in accordance with Constitutional Law, which does not admit regression to its detriment.” (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10).” (In the same sense, judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 and 2019-017397)

Thus, in accordance with the principle of progressivity, the State assumes the obligation to increase, as far as possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, the application of the principle of non-regression consists of a guarantee that constrains the State to refrain from adopting measures, policies, or norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the degree of protection of fundamental rights already achieved, and that, where appropriate, the corresponding compensation measures must be weighed.

Finally, this Court explained the principle of objectification of environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental) in these terms:

“Regarding the environment, the object of the aforementioned fundamental right, our Constitution also requires it to be ‘healthy.’ The requirement of ‘healthy’ leads us to ‘regenerative capacity’ and ‘succession capacity’ to guarantee life. From both requirements: ‘healthy’ and ‘balanced,’ emerges the need for sustainable and sustained development; quality of life and environmental quality depend on them. Now, with the concepts of ‘environment,’ ‘healthy,’ ‘ecologically balanced,’ the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, be they legislative or administrative, in such a way that, in the terms of Articles 16 of the General Public Administration Law and 38 of the Organic Environmental Law, State actions in environmental matters must be based on and cannot contradict the univocal rules of science and technique in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, moreover, a ‘greater well-being for all the inhabitants of the country.’ Regarding the submission of legislative and administrative decisions to the univocal rules of science and technique, the Chamber has called it the principle of objectification of environmental protection: ‘The objectification of environmental protection (…) is a principle that in no way can be confused with the previous one [precautionary principle or “principle of prudent avoidance”], as, derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the General Public Administration Law, it translates into the need to accredit decisions in this matter with technical studies, both in relation to acts and to provisions of a general nature—both legal and regulatory—from which derives the requirement of linkage to science and technique, thereby conditioning the Administration’s discretion in this matter. So that, in attention to the results derived from those technical studies—such as environmental impact studies—if an objective technical criterion is evidenced that denotes the probability of evident damage to the environment, natural resources, or people’s health, it becomes obligatory to reject the proposed project, work, or activity; and in case of a “reasonable doubt,” it becomes obligatory to make decisions in favor of the environment (pro natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.” (Judgment of the Constitutional Chamber Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)’ (Resolution No. 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012).

V. ON THE PROTECTION OF WETLANDS. In addition to the above, Costa Rica signed the so-called “Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat,” also called the “Ramsar Convention” (signed in Ramsar on February 2, 1971). Its Article 4 establishes: “Each Contracting Party shall promote the conservation of wetlands and waterfowl by establishing nature reserves on wetlands, whether or not they are included in the ‘List,’ and shall provide adequately for their management and care…” The Convention defines wetlands as: “areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six metres.” Wetlands are formed by a series of physical, biological, and chemical components, which correspond to soils, water, animal and plant species, and nutrients. The processes that occur among these components and within each of them allow the wetland to perform certain functions, positive in the area where it is located, such as flood control and protection against natural phenomena like storms. It also generates products for the benefit of people and society in general, such as: maintenance of wildlife, fisheries, and forest resources. The importance of wetlands lies, then, in supporting a great quantity and variety of species, with favorable socioeconomic impacts for certain sectors of the population engaged in rational exploitation and the appearance of a unique landscape fully identifiable by its great beauty and diversity in terms of the wildlife that forms part of its cultural heritage, an important source for tourism in a country or region. In this regard, this Court has pronounced itself in the following sense, in judgment No. 2013-7934 of 9:05 a.m. on June 14, 2013, reiterated in judgment No. 2024-3959 of 9:30 a.m. on February 16, 2024:

“V.- On the protection of wetlands. This Chamber has referred to the relevance of these ecosystems and their protection, in judgments 2001-12817 of 10:28 a.m. on December 14, 2001, and 2007-6246 of 7:30 p.m. on May 8, 2007, among others, pointing out that wetlands are considered the most productive ecosystems in the world. In Costa Rica, Article 40 of the Organic Environmental Law has defined them as: “Ecosystems dependent on aquatic regimes, natural or artificial, permanent or temporary, lentic or lotic, fresh, brackish or salt, including marine extensions up to the posterior limit of phanerogams or reefs, or in their absence, up to six meters deep at low tide.” On the importance of these ecosystems, in resolution No. 2009-014288 of 3:19 p.m. on September 9, 2009, this Court stated:

“The importance of wetlands is not only a function of biodiversity and those that develop on an ecological scale, but because they provide support functions and essential products for human communities in the developing and industrialized world.

According to doctrine and scientific studies, the term wetlands encompasses a great variety of ecosystems, with very different characteristics; they can be classified into seven landscape units: estuaries, open coasts, floodplains, freshwater swamps, lakes, peatlands, and flood forests; or into saltwater wetlands, freshwater wetlands, or artificial wetlands. Each is formed by a series of physical, chemical, and biological components, such as soils, water, animal and plant species, and nutrients. The processes among these components and within each of them allow the wetland to perform functions, such as flood control and protection against storms, and to generate products, such as wildlife, fisheries, and forest resources; they purify water and stabilize the coastline. Not all characteristics are present in every wetland; few perform all functions in the same way.

 Moreover, they present very valuable attributes such as biological diversity and the uniqueness of cultural heritage. It is the combination of these ecosystem functions, products, and attributes that makes wetlands important to society. By storing precipitation and uniformly releasing runoff, wetlands can diminish the destructive onslaught of floods and rivers, so the conservation of natural deposits can avoid the construction of dams and reservoirs. Their vegetation can stabilize the coastline by reducing the energy of waves, currents, or other erosive forces, while the plant roots hold bottom sediments in place, which can prevent both the erosion of valuable agricultural or inhabited lands and damage to property. Wetlands that remove nutrients improve water quality and help prevent eutrophication, which can avoid the need to build water treatment systems. On the other hand, many support the life of dense populations of fish, livestock, or wildlife, which feed on their nutrient-rich waters or substrate, or graze on their lush grasslands."

The hydrological, nutrient, and material cycles, and the energy flows of wetlands, can stabilize local climatic conditions, particularly rainfall and temperatures, which influences both agricultural activities and those based on natural resources, as well as the stability of natural ecosystems and the wetland itself. They also contribute to recreation, fisheries, agricultural resources, and tourism, as well as the direct use of forest resources that generate a significant number of goods, ranging from firewood, construction timber, and bark,

among timber products, to resins and medicines, which are "secondary" non-timber forest products. They are even important as a genetic reserve for certain plant species—such as rice."

Several international instruments, most notably the Convention on Wetlands or Ramsar Convention, subscribed to by our country through Law No. 7224 on April 9, 1991, and published in La Gaceta on May 8 of that same year, address their protection. In the Ramsar Convention, a wetland is defined as: “Areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters.” The Convention proclaims the duty of States to protect—for the sake not only of their own interests, but of international interests—these ecosystems, meaning that countries have the obligation to develop national policies aimed at the conservation of these environments within their land-use policies. Regarding the obligations acquired by signatory countries, which are of various kinds, one is the designation of at least one wetland of international importance for inclusion in the List of Ramsar Sites, whose selection shall be based on its international significance in terms of ecology, botany, zoology, limnology, or hydrology, making it a commitment related to the protection of specific sites (Article 2). Furthermore, obligations not related to specific sites are acquired, such as formulating and implementing their management plans so as to promote the wise use (uso racional) of wetlands in their territory (Article 3). They are also obligated to promote the conservation of wetlands and waterfowl by establishing nature reserves in wetlands, whether or not they are included in the List" (Article 4). Finally, the signatory countries must coordinate their policies and regulations concerning the conservation of wetlands, their flora, and their fauna (Article 5). Thus, the parties establish a system for the protection of wetlands, firstly through a list of wetlands of international importance (Ramsar sites), and secondly, by promoting the wise use (uso racional) of all wetlands in their territory. Likewise, the “Guidelines for the Application of the Wise Use Concept of the Convention,” adopted by Recommendation 4.10, state that “the provisions on wise use apply to all wetlands and the systems that support them within the territory of a Contracting Party, both those included in the List and all others.” According to the Secretariat of the Ramsar Convention, the National Wetlands Policy should have as its objective: “To avoid new losses of the wetlands that still exist and to encourage the rehabilitation of the country's wetlands by maintaining their integrity, conserving their genetic diversity, and ensuring that their enjoyment and economic use are sustainable.” And it should “cover all types of wetlands.” It is clear, then, that according to the Ramsar Convention, any ecosystem that meets the characteristics of a wetland must be used rationally and sustainably under the terms that the Convention and the Conference of the Parties have defined.” (see ruling No. 2013-7934 of 9:05 a.m. on June 14, 2013, reiterated in ruling No. 2024-3959 of 9:30 a.m. on February 16, 2024).

In our country, these are areas that form part of the State's natural heritage (patrimonio natural del Estado) and belong to the public zone (zona pública). The law on the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), regarding mangroves and estuaries, provides:

“Article 11.- The public zone (zona pública) also includes, whatever its extent, the area occupied by all mangroves of the continental and insular coastlines and estuaries of the national territory.”

The municipalities administer the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre), which includes both the public zone (zona pública) and the restricted zone (zona restringida). However, mangroves are excluded from that administration, even if they are located in those areas, as they fall under the jurisdiction of MINAE, according to the Forestry Law (Ley Forestal):

“Article 13.- Constitution and administration

The State's natural heritage (patrimonio natural del Estado) shall consist of the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, except for real estate that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its assets.

The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage. When appropriate, through the Office of the Attorney General of the Republic, it shall register the lands in the Public Property Registry as individualized properties owned by the State.

Non-governmental organizations that acquire real estate with forest or of forest aptitude, with funds from donations or the public treasury, obtained on behalf of the State, must transfer them to the State's name.”

Article 18.- Authorization of activities

In the natural heritage (patrimonio natural), the State may carry out or authorize research, training, and ecotourism activities, once approved by the Minister of Environment and Energy, who shall define, when applicable, the performance of environmental impact assessments (evaluaciones del impacto ambiental), as established by the regulation to this law.”

This is set forth in the Regulation to the Law on the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), in Article 4, and Article 2, subsection 23) of the Regulation to the Wildlife Conservation Law:

“Article 4.- In accordance with decree No. 7210-A of July 19, 1977, the mangroves or saltwater forests that exist on the continental or insular coastlines and estuaries of the national territory, and which form part of the public zone (zona pública) in the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre), constitute a Forest Reserve and are subject to the Forestry Law (Ley Forestal) and all the provisions of that decree. The restricted zone (zona restringida) begins from the vegetation line on the edge of the estuaries and from the limit of the mangroves or saltwater forests when these extend more than 50 meters from the ordinary high tide.”

“23) MANGROVE: Ecosystem dominated by groups of pantropical plant species, typically arboreal and shrubby, and associated vegetation, which have morphological, physiological, and reproductive adaptations that allow them to colonize areas subject to tidal exchange. The general landscape is dominated by the presence of forests of different mangrove species, estuaries, and channels. Salinity concentrations vary according to the climatic season and the contribution of continental waters, with salt concentration values ranging from very low to very high.”

In this way, the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) is a legal good, defined and individualized in our legal system.

VI.- ON THE GANDOCA MANZANILLO MIXED NATIONAL WILDLIFE REFUGE. BACKGROUND. The Gandoca Manzanillo Mixed National Wildlife Refuge was created by executive decree no. 16614-MAG of October 29, 1985. After its creation, articles 3, 4, 5, and 7 of Decree number 34043-MINAE, published in La Gaceta number 202 of October 22, 2007, intended to reduce the area of the refuge. This latter decree was the subject of a constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad), which was resolved by vote number 2009-001056 at 2:59 p.m. on January 28, 2009, declaring the action admissible and annulling said articles, on the grounds that the principle of legal reserve (principio de reserva legal) and the right to the environment were violated. After the reduction of the Refuge carried out via decree was declared unconstitutional, on July 21, 2011, bill 18.207 was presented to the Legislative Assembly to redefine the limits of the refuge. Once approved in the first debate, it was sent to the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) for optional consultation, which was resolved by vote number 2012-13367 of September 21, 2012, finding the consulted bill unconstitutional for violation of Article 50 of the Political Constitution, because the reduction of the area of the Refuge in question was based on an incomplete study by failing to technically and scientifically determine the impact on the environment. Subsequently, the Agriculture Committee approved a motion on August 20, 2013, to request SINAC to prepare the corresponding environmental technical report, which was submitted that same year. The bill was approved, and Law No. 9223 entered into force on April 8, 2014. A constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) was filed against the aforementioned law, which contains a single article that redefines the limits of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, resolved by vote 2019-012745 at 12:10 p.m. on July 10, 2019, in which, by majority, the action is declared admissible, annulling Law No. 9223 “Recognition of the rights of the inhabitants of the South Caribbean” only with respect to the territories included in the forested area, as provided by the Office of the Attorney General of the Republic in its reports. By virtue of the foregoing, the National System of Conservation Areas is ordered to proceed, within a period of twelve months, counted from the full publication of the ruling in the Judicial Bulletin, to delimit the aforementioned area and, together with the Office of the Attorney General of the Republic, to exercise the corresponding legal actions in defense of the public heritage.

Starting from the premise that Law No. 9223, by redefining the limits of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, actually reduces the area of said Refuge, the majority of the Chamber based its decision on the following considerations:

“(…) Based on the foregoing, a protected area can only be reduced if done by Law, if there are technical and scientific studies that rule out environmental damage, and if there is compensation for the suppressed area with another of equal size or to the extent possible.

 Now, in the specific case, the Office of the Attorney General of the Republic questions that the technical report that served as the basis for the contested Law does not adequately justify the exclusion of 406.32 hectares of the Cocles-Manzanillo Coastal Plain that is ordered. Likewise, it does not explain the reasons why not only the urban quadrants were excluded, but also 188 hectares with forest cover (cobertura de bosque), which are excluded from the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), nor are they part of the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre). In the report submitted by official letter number SINAC-DE-0286 of March 7, 2019, the executive director of the National System of Conservation Areas explains that the 188 hectares mentioned by the Office of the Attorney General of the Republic do not constitute a compact forest, but rather forest-type structures that are mostly on private property. On this matter, the explanation given by the executive director is insufficient to rule out the objection raised by the Office of the Attorney General of the Republic, since from the study of the legislative file and the evidence provided to the case file, it cannot be conclusively demonstrated that the aforementioned area is in fact composed of lands of a private nature, because, if that were the case, there would be no reason whatsoever for those lands to be subjected to a removal from public domain (desafectación). Thus, it should be remembered that the only lands that could be removed from public domain are those that are classified as public domain goods, hence there is a logical contradiction when it is asserted that they are real estate of a private nature that must be removed from public domain, as stated by the respondent authority in its report. The foregoing reasoning is reinforced based on what Article 37 of the Organic Law of the Environment, Law No. 7554 of October 4, 1995, prescribes when it provides the following:

“Article 37.- Powers of the Executive Branch. When establishing protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), whatever their management category, the Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, is empowered to include, within their limits, the private properties or parts thereof necessary to fulfill the objectives indicated in this law and to implement them in accordance with the respective management plan or to create legal easements (servidumbres) for ecological protection and compliance with this law.

In the case of national parks, biological reserves, or state-owned national wildlife refuges, the lands shall be acquired by purchase, expropriation, or both procedures, with prior compensation. In cases of forest reserves, protective zones (zonas protectoras), mixed wildlife refuges, and wetlands, the properties or parts thereof may also be purchased or expropriated, unless, at the request of the owner, they voluntarily submit to the forestry regime. This submission shall be registered in the Public Property Registry as an encumbrance on the property, which shall be maintained for the time established in the management plan.

The private properties affected according to the provisions of this article, by being located in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protective zones (zonas protectoras), shall be included within the state-protected areas only from the moment they have been legally paid for or expropriated, except when they voluntarily submit to the Forestry Regime. In the case of forest reserves, protective zones (zonas protectoras), and wildlife refuges, and if payment or expropriation has not been carried out and while it is being carried out, the areas shall be subject to an environmental management plan that includes the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and subsequently, to the plan for management, recovery, and replacement of resources.”

(Thus amended the previous paragraph by Article 72, subsection c) of the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 13, 1996, which in turn was amended by 114 of the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998)

One need not be a very sharp observer to conclude that, based on the current legal regulations, private properties are not part of the refuge—if there are any—hence it is a contradiction to remove areas from public domain (desafectar) that are private. We would thus be facing the existence of an irrational Law, if that were the case.

Ergo, although there is a technical report that justifies the enactment of the Law, the truth is that said study fails to rule out that the removal from public domain (desafectación) of the lands will not cause damage to the environment—that not referring to the urban quadrants. From a logical perspective and in accordance with the Law of the Constitution (values, principles, and norms), the appropriate course was to provide only for the removal from public domain of the lands that make up the towns located in the area—original peoples or other population settlements—or, eventually, to exclude other areas of public domain, provided it was proven that no harm to the environment would be caused and the respective compensation was given. In that sense, as stated earlier, there is no clarity regarding the lands that contain forest—whether they are part of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) or private lands subject to the limitations provided by environmental law, in which case the removal from public domain (desafectación) was unnecessary—and which the Law removed from public domain. One of two things: if they are private goods subject to the environmental limitations provided by legislation, the removal from public domain is superfluous; if they are a public domain good, the removal from public domain is insufficient, because there is no certainty about the non-deterioration of the environment and no respective compensation for the area is given. Faced with this reasonable doubt, the appropriate course is to apply the in dubio pro natura principle, so the 188 hectares must be considered part of the refuge—public domain (bien demanial)—making their exclusion without the respective compensation improper. All of the foregoing, without a doubt, is contrary to what this Chamber has provided in its jurisprudence, hence the contested legal provision is unconstitutional. However, the foregoing conclusion must be nuanced, in the sense that, if there are private lands within those 188 hectares, it is not possible, pursuant to the provisions of constitutional article 45 and Article 21 of the American Convention on Human Rights, to violate the property rights of their owners. Furthermore, the 188 hectares form part of the core zone of the wildlife refuge, which is linked to a fundamental right recognized in favor of those who make up the Costa Rican Nation—those who were, are, and will be—as well as the other inhabitants, meaning that we are in the presence of extremely serious harm to the environment; especially since in this case the contested Law does not provide the respective area compensation and lacks, as explained supra, the technical studies to carry out the reduction of the said refuge.

On the other hand, it must be clarified that, according to the information contained in both the legislative and judicial files, not all of the legal provisions challenged are contrary to the Law of the Constitution, since the exclusion from the refuge of the urban quadrants—original peoples or persons who were even there before the refuge was created—does prove to be appropriate, so it would make no sense to declare the unconstitutionality of all the provisions. Rather, to achieve a fair balance between the protection of the environment and the socioeconomic needs of the people, the appropriate course is to uphold the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) filed, annulling the provision only regarding the territories included in the forested area—188 hectares—as provided by the Attorney General's Office in its reports, and, consequently, order SINAC to proceed to delimit the aforementioned area. In the event it is determined that they are public domain goods—not private domain goods—SINAC, together with the State Attorney, must exercise the corresponding legal actions in defense of the public heritage. Regarding property rights—if they should be determined—the competent authorities must impose the corresponding social interest limitations on the properties in the interest of environmental protection.” (vote 2019-012745 at 12:10 p.m. on July 10, 2019).

It should be emphasized that, in the cited ruling, the majority of the Chamber determined that Law No. 9223 is not unconstitutional regarding the exclusion from the refuge of the urban quadrants—original peoples or persons who were in that territory before the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge was created. However, considering it as proven that there was a reduction of the refuge that exceeds the lands corresponding to the indicated assumptions, and that the technical report justifying the enactment of the Law “fails to rule out that the removal from public domain (desafectación) of the lands will not cause damage to the environment—that not referring to the urban quadrants—,” it declared the partial nullity of Law No. 9223, “only with respect to the territories included in the forested area, as provided by the Office of the Attorney General of the Republic in its reports. By virtue of the foregoing, the National System of Conservation Areas is ordered to proceed, within a period of twelve months, counted from the full publication of this ruling in the Judicial Bulletin, to delimit the aforementioned area and, together with the Office of the Attorney General of the Republic, to exercise the corresponding legal actions in defense of the public heritage.” Taking into account the foregoing, and the jurisprudence of this Court that develops the constitutional norms and principles relating to environmental protection, it is appropriate to analyze the questions of constitutionality raised in this action, regarding the General Management Plan for the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, the Talamanca Coastal-Cahuita District Regulatory Plan (Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita), and Directive No. 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy.

VII.- ON THE ALLEGED UNCONSTITUTIONALITY OF THE GENERAL MANAGEMENT PLAN FOR THE GANDOCA MANZANILLO MIXED WILDLIFE REFUGE. According to article 32 of the Organic Law of the Environment, Law No. 7554 of October 4, 1995, the Ministry of Environment and Energy may establish protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), in any of the management categories that are established, and in the following: forest reserves, protective zones (zonas protectoras), national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments. These management categories, with the exception of natural monuments—which are under municipal administration—shall be administered by the Ministry of Environment and Energy. On the other hand, in Costa Rica, management plans are planning instruments that make it possible to guide the management of a Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida) toward the fulfillment of its long-term conservation objectives. They are based on medium-term strategic lines of action and on management objectives for the natural and cultural elements included within the area, as well as on the relationship of the latter with their socio-environmental surroundings. Likewise, they are the basis for the development of other planning and regulatory instruments for Protected Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas)—Article 3, subsection p of the Regulation to the Biodiversity Law. Hence, the preparation of the General Management Plan is essential for the management of Protected Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas), as follows from the Regulation to the Biodiversity Law and the Organic Law of the Environment.

Now then, the National Council of Conservation Areas, the competent body for approving the management plans of Protected Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas), by resolution 044 of February 28, 2022, published in La Gaceta 39 of February 258, 2022, corresponding to the executive summary of the Management Plan for the Gandoca Manzanillo Mixed National Wildlife Refuge, provided in its whereas part, as relevant:

“TWELFTH: That the limits of the Gandoca Manzanillo Mixed National Wildlife Refuge were reduced through the enactment of Law No. 9223 published in La Gaceta No. 69 of April 8, 2014, called \"Recognition of the rights of the inhabitants of the South Caribbean\", a legal instrument that removed from the protected wilderness area regime a total area of 406.52 hectares.

THIRTEENTH: That Law No. 9223 was partially annulled by resolution of the Constitutional Chamber No. 012745 of July 10, 2019, \"only with respect to the territories included in the forested area, as provided by the Office of the Attorney General of the Republic in its reports\", ordering SINAC to delimit said area and, together with the PGR, to exercise the corresponding legal actions in defense of the public heritage.

FOURTEENTH: That, in full compliance with what was ordered by the Constitutional Chamber, SINAC proceeded to delimit the forested area in the area removed from public domain by Law 9223 from the RNVS-GM, in this regard a report was issued whose transfer to the Executive Secretariat of SINAC was made through official letter No. ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020 and which within its conclusions stated:

\"(.) presents a very particular land use, in which tree and forest cover (cobertura boscosa) (233.65 hectares) predominates. However, this cover does not meet, in a large part of the surface of this zone, the definition of \"forest\" stipulated in the Forestry Law (Ley Forestal) 7575 and its Regulation.

According to the measurements taken, it is estimated that there are up to 109.5 hectares that would be classified as forest according to Law 7575. It must be taken into account that a portion of these forest areas is within the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) of the study area (this surface is estimated at 20.1 hectares).

On the other hand, another 114.5 hectares could be classified as heavily intervened forest lands, in combination with agricultural, ornamental species, and human occupation (.).\"

FIFTEENTH: That SINAC must define the limits of the forested area previously removed from public domain from the RNVS-GM by Law No. 9223, in such a way that the forested areas identified based on the conclusions of the report described in the fourteenth whereas clause of this resolution are reincorporated into the protected wilderness area.

SIXTEENTH: That the CONAC reviewed this resolution, and by Agreement No. 02 of the Extraordinary Session No. 11-2021 held on November 30, 2021, approved continuing with the process for the publication and formalization of this general management plan, which governs the area of the refuge established prior to the partial annulment of Law No. 9223, excepting the area provided in vote No. 012745 of July 10, 2019 of the Constitutional Chamber.”

And, it resolved the following:

“FIRST: Given the need and the priority nature of complying with the different provisions issued by the Comptroller General of the Republic regarding the formalization of the general management plan RNVS-GM, it is agreed to continue with the publication of this document, which governs the area of the refuge established prior to the partial annulment of Law No. 9223, excepting the area provided in vote No. 012745 of July 10, 2019 of the Constitutional Chamber. In accordance with the foregoing, the geographic area reflected in this management plan does not represent the total limits of the protected wilderness area, it being necessary, once the forested area removed from public domain by Law 9223 is reincorporated, to effect an expansion of the PGM that contemplates what is relevant to said area to be restored to the refuge.” (The highlighting is added).

The Chamber agrees with the Office of the Attorney General of the Republic that a provision such as the one analyzed makes it impossible for the General Management Plan of the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge (REGAMA) to fulfill its function as a planning instrument that guides the management of a protected wilderness area toward the fulfillment of its long-term conservation objectives, due to the lack of a complete delimitation of the geographic area of the REGAMA. It is evident that the lack of definition, identification, and reincorporation of all the areas of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) to the REGAMA, ordered by ruling 12745-2019 of this Chamber, creates a state of uncertainty regarding the appropriate use of the lands and raises jurisdictional conflicts between SINAC and the Municipality of Talamanca for their administration. In this scenario, a significant impact on the right to a healthy and ecologically balanced environment protected under Article 50 of the Constitution is generated, according to which it is the obligation of the State to respect, guarantee, defend, and preserve the environment, meaning that provisions of a general nature, such as the management plan challenged here, must be oriented toward compliance with the aforementioned postulates regarding the principles of environmental law. In that sense, it must be taken into account that protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), according to the regulations in force in our country, are delimited geographic zones, constituted by lands, wetlands, and portions of sea, which have been declared as such because they represent special significance for their ecosystems, the existence of threatened species, their impact on reproduction and other needs, and for their historical and cultural significance. These areas shall be dedicated to the conservation and protection of biodiversity, soil, water resources (recurso hídrico), cultural resources, and ecosystem services in general. The regulation to the Biodiversity Law emphasizes that they are defined geographic spaces, officially declared and designated with a management category by virtue of their natural, cultural, and/or socioeconomic importance, to fulfill certain conservation and management objectives (Articles 58 of the Biodiversity Law and Article 3, subsection a) of its Regulation).

The Chamber agrees that a deficient and incomplete delimitation of the Protected Wild Area implies the risk that the Municipality of Talamanca may grant concessions—administrative real rights—over the 20.1 hectares of land classified as forest and located within the maritime-terrestrial zone—according to the delimitation of the forested zone in the area excluded by Law No. 9223, as indicated in official communication No. ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020 cited in the recitals of the challenged provision—disregarding the competencies and characteristics of each ecosystem and in violation of the preventive and precautionary principles, the State's obligation to avoid environmental damage, and the constitutional mandate for inter-institutional coordination and cooperation for environmental protection, derived from the pro natura principle. It is evident that, if the boundaries of the REGAMA are not fully defined, as indicated by the Management Plan under challenge here, the negative effects that an activity, work, or project will cause to the environment could not be evaluated and determined prior to its execution in the omitted area. This is why the legal system expressly establishes that the Ministry of Environment and Energy is obliged to classify state-owned lands with the objective of identifying and delimiting those territories that constitute State Natural Heritage, defined as forests and/or lands of forestry aptitude (terrenos de aptitud forestal), which automatically come under the administration of that Ministry and not the Municipalities, as part of its obligations derived from constitutional article 50. Therefore, the exclusion from application of the REGAMA Management Plan, indicated in its first article due to the lack of delimitation of the “area provided for in ruling 012745 of July 10, 2019, of the Constitutional Chamber,” stating that “the geographical area reflected in this management plan does not represent the total limits of the protected wild area, and it is necessary, once the forested area disaffected by Law 9223 is reincorporated, to carry out an expansion of the PGM that addresses matters pertinent to said area that will be restored to the refuge,” constitutes a flagrant violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, the principle of objectification of environmental protection, and the precautionary principle.

It is necessary to add that in judgment 2024026300 of 1:10 p.m. on September 10, 2024, by majority, this court declared the disobedience proceeding regarding judgment 2019012745 of 12:10 p.m. on July 10, 2019, to have merit, based on the following considerations:

“From the foregoing, it is observed that, according to the first order, SINAC is responsible for delimiting the area of land comprised within the forested zone. Once this is done, according to the second order, it must also, together with the Office of the Attorney General of the Republic, exercise the corresponding legal actions in defense of public property.

Now, it is reported that SINAC proceeded to issue report ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020 of November 7, 2020 (a field report on the delimitation of forest cover, superseded and later updated by the technical study provided by official communication dated April 11, 2023); it proceeded to issue the document entitled “Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Littoral of the Canton of Talamanca,” dated June 13, 2021; it proceeded to issue official communication SINAC-ACLAC-OR-138-2023, which proposes the boundaries of the polygons identified as forest areas that must be reincorporated into the Refuge, a new delimitation of said Protected Wild Area, and identifies seven forest blocks that were disaffected by Law No. 9223. Furthermore, according to report SINAC-ACLAC-OR-138-2023, of April 11, 2023, the formed Commission referred the technical proposal to the Vice Minister of Environment and Energy. However, the fact is that the current non-existence of the official delimitation of the boundaries of the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge (REGAMA) is verified, in the terms ordered by this Chamber in judgment No. 2019-012745 of 12:10 p.m. on July 10, 2019. That delimitation must be technical, but also official, comply with the necessary procedures to be considered the normative determination of the limits of REGAMA, and fulfill the material, formal, and normative identification ordered in said judgment.

As is clear from the brief of the Attorney General of the Republic dated July 4, 2024, there is no updated official delimitation of the boundaries of the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge (Regama), which generates ‘technical-legal uncertainty in the actions to recover areas that form part of the State Natural Heritage in the contentious-administrative forum, and even for its defense in possessory information proceedings and others.’ That is to say, the Office of the Attorney General of the Republic has not been able to fulfill its competence due to SINAC’s inaction in delimiting the corresponding area. Hence, a relevant disobedience is verified for the purposes of this constitutional jurisdiction.

Based on the foregoing, at this time it is inappropriate for this Chamber to rule on the remaining allegations of the petitioner and other parties appearing in the proceeding, given that, prima facie, compliance with the first order by SINAC must be ordered, so that, from that moment and within the granted period, jointly with the Office of the Attorney General of the Republic, the second order is executed. Regarding the statements concerning possible injuries to the right to a healthy environment or to property, these must be declared without merit for the purposes of this file, since in this proceeding it is only plausible to hear matters directly related to disobedience of the issued order. The foregoing is without prejudice to the interested person, if they deem it appropriate, filing the administrative procedures or judicial processes they consider pertinent.

III.- In conclusion, given that the final judgment No. 2019-012745 of 12:10 p.m. on July 10, 2019, ordered the following:

‘…the National System of Conservation Areas is ordered to proceed, within a period of twelve months, counted from the full publication of this pronouncement in the Judicial Gazette, to delimit the aforementioned area and, jointly with the Office of the Attorney General of the Republic, to exercise the corresponding legal actions in defense of public property.’

Upon verifying non-compliance with the above, as it is not observed that a Decree with the new delimitations has been issued, the appropriate course is to reiterate the cited order with the other consequences indicated in the operative part of this resolution.”

And, consequently, the majority of the Chamber ordered:

“1) non-compliance with judgment No. 2019-012745 of 12:10 p.m. on July 10, 2019, is declared, and David Chavarría Morales and Franz Tattenbach Capra, in their respective capacities as Director of the National System of Conservation Areas and Minister of Environment and Energy, or whoever holds those positions, are ordered to provide what is necessary, coordinate what is pertinent, and take the corresponding measures within the scope of their respective competencies, so that, immediately, said resolution is obeyed;

2) David Chavarría Morales and Franz Tattenbach Capra, in their respective capacities as Director of the National System of Conservation Areas and Minister of Environment and Energy, or whoever holds those positions, are ordered to submit monthly reports to this file on compliance with what is ordered herein;

3) Iván Vinicio Vincenti Rojas, in his capacity as Attorney General of the Republic, or whoever holds that position, is ordered to provide what is necessary, coordinate what is pertinent, and take the corresponding measures within the scope of his competencies, so that, once SINAC delimits the corresponding area, jointly with that institution, the pertinent legal actions in defense of public property are exercised; (…)”

Thus, in that ruling, it was verified that the situation of technical and legal uncertainty persisted regarding the delimitation of the forested zone of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, to the detriment of the environment.

VIII.- ON THE ALLEGED UNCONSTITUTIONALITY OF THE MANAGEMENT PLAN OF THE GANDOCA MANZANILLO NATIONAL WILDLIFE REFUGE DUE TO THE LACK OF PROTECTION OF WETLANDS. The plaintiffs invoke the violation of international environmental instruments, with a status superior to laws according to Article 7 of the Political Constitution, such as the Convention on Wetlands (RAMSAR) and the Convention on Biological Diversity (CBD), on the occasion of the reduction of areas within REGAMA that must be protected for their environmental value, by considering the exclusion of wetlands according to the technical study “Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Littoral of the Canton of Talamanca” within the Management Plan. Regarding wetlands, as analyzed in recital V, these are ecosystems of high environmental value. According to article 40 of the Organic Environmental Law, they are ecosystems dependent on aquatic regimes, natural or artificial, permanent or temporary, lentic or lotic, fresh, brackish, or saline, including marine extensions up to the posterior limit of marine phanerogams or coral reefs or, in their absence, up to six meters deep at low tide. Article 41 of the same regulatory body declares all wetlands and their conservation to be of public interest, being of multiple use. Furthermore, it prohibits the development of activities that interrupt the natural cycles of wetland ecosystems, such as the construction of dikes that prevent the flow of marine or continental waters, drainage, drying, landfill, or any other alteration that causes the deterioration and elimination of these ecosystems—Article 45.

With respect to the preceding objections, it is evident that the resolution of the National Council of Conservation Areas, No. 044 of February 28, 2022, published in Gazette 39 of February 258, 2022, corresponding to the executive summary of the Management Plan of the Gandoca Manzanillo Mixed Wildlife Refuge, issues the Management Plan based on the Certification of State Natural Heritage No. SINAC-ACLAC-DRPNE- C-011-2017 of June 30, 2017, which certified the delimitation of the State Natural Heritage in the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca. Regarding that document, as detailed in this Court's judgment 2024010951 of 9:20 a.m. on April 26, 2024, various officials of the National System of Conservation Areas, in their respective times, noted inconsistencies and omissions, recommending its review. Indeed, the acting head of the Department of Prevention, Protection and Control of the Executive Secretariat of SINAC, in official communication SINAC-SE-PPC-320-2017 of November 28, 2017, addressed to the director of the La Amistad-Caribe Conservation Area (Aclac), in his conclusions and recommendations states: “• The mapping and certification of the State Natural Heritage (PNE) on the public domain lands of the Maritime-Terrestrial Zone (ZMT) between Punta Cocles and Punta Uva could be incomplete, so a more detailed review of the sector is suggested. • There are polygons of forests certified as PNE that were only limited to the public zone, which is incorrect, failing to pay attention to forest ecosystems in the restricted zone. • There are wetlands in the sector that were not certified as PNE. • There is irregular and anomalous occupation within potential forests that are suggested to be PNE; if not finally certified as PNE, their jurisdiction is municipal, however, they require municipal construction permits and an environmental impact assessment (EIA) to grant environmental viability by SETENA. • In Playa Chiquita there is new hotel infrastructure that would require an EIA for environmental viability from SETENA and to ensure the municipal jurisdiction of the property if it is not PNE. • No illegal acts considered to be illegal logging or illegal possession of wildlife were found. • The inadequate definition of the PNE potentiates the illegal acts of land-use change and illegal logging. • Notwithstanding the environmental viability granted by SETENA for the new infrastructure, coupled with municipal construction permits, land-use change could be occurring in uncertified PNE, which generates confusion for users regarding institutional competencies and jurisdiction in the administration of the public domain, inalienable, unseizable, and imprescriptible ZMT. • Request criteria from the Institutional Commission of General Inspections (CIIG) chaired by SETENA on the EIAs required for hotel development in the evaluated sector.” Also, the coordinator of State Natural Heritage of Aclac, through official communication SINAC-ACLAC-DR-PNE-145-2020 of October 13, 2020, addressed to the regional director of that conservation area, indicated: “Having received and analyzed the unnumbered official communication signed by Ms. Silvia Solís Dávila, Assistant Prosecutor of the Adjutant Agrarian Environmental Prosecutor's Office, regarding the review and pertinent modifications of the blocks delimited as State Natural Heritage (PNE) in the Maritime-Terrestrial Zone (ZMT) of the Canton of Talamanca, I inform you of the following. According to subparagraphs b) and c) of point 3.2 of Directive SINAC-IRT-001-2016, the aforementioned unnumbered communication requests the review and pertinent modifications of the blocks delimited in 2017 (SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017) as PNE in the ZMT of Talamanca. It is important to indicate that said review and possible modifications are based on complaints filed with the Prosecutor's Office of Bribri and the Adjutant Agrarian Environmental Prosecutor's Office, due to situations of lack of knowledge of the PNE limits or areas that were not contemplated in said certification. Specific cases raised with the wetland block delimited in Playa Negra of Puerto Viejo or the wetland area not included in Punta Uva, to cite indicated cases. Given the above, it is recommended to modify and correct the original certification (SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017) in all of the blocks (12) delimited as PNE in the ZMT of Talamanca. This request is made as part of the recommendations indicated by the Prosecutor's Office, as well as the assessment of the delimitation of the respective blocks and adjacent areas with PNE characteristics not initially contemplated in 2017.” Similarly, the La Amistad Caribe Conservation Area, in resolution SINAC-ACLAC-DR-R-03-2021 at 9:37 a.m. on March 17, 2021, resolved: “THEREFORE THE DIRECTOR OF THE CONSERVATION AREA LA AMISTAD CARIBE OF THE NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY RESOLVES FIRST: In accordance with the foregoing recitals and according to subparagraph d) of point 3.2 of Directive SINAC-IRT-001-2016. To request the Regional PNE Coordinator of ACLAC to review and modify all the blocks determined as PNE in the ZMT of Talamanca in certification SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, in accordance with subparagraph f) of point 3.2 of Directive SINAC-IRT-001-2016.” Additionally, on June 13, 2021, official communication SINAC-ACC-OT-of-698-2021 entitled “Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the littoral of the canton of Talamanca” was issued. In July 2021, the document entitled “REVIEW, MODIFICATION AND DELIMITATION OF THE STATE NATURAL HERITAGE (PNE) IN THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE (ZMT) OF THE CANTON OF TALAMANCA RESOLUTION SINAC-ACLAC-DR-R-003-2021” was created, in which the following participated: “Preparation of final document: ACLAC Technical Coordination Lic. Francisco Domínguez Barros Coordinator State Natural Heritage Program ACLAC Technical collaboration: Wetlands: Bach. Oscar Fonseca Rivera ACC Liaison SINAC Wetlands Program Forest Cover and TAF ACLAC: For. Eng. Joan Montero Eduarte For. Eng. Alexis Salas Rodríguez ACLAC Officials ACLAC Technical review For. Eng. Eduardo Pearson Palmer Director Forest Resources and Wildlife ACLAC Final review ACLAC M.Sc. Mario Cerdas Gómez Acting Regional Director ACLAC”. Furthermore, the following objectives were stated: “4.1. General To review and correct the delimitation of the PNE carried out in 2017 (SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017) for the littoral sector of the canton of Talamanca, according to Resolution SINAC-ACLAC-DRR003-2021, as input for the continuation of the coastal regulatory plan formulation process. 4.2. Specific • To carry out the review of the PNE in the ZMT of the canton of Talamanca, to comply with the provisions of DE-36786-MINAET and Directive SINAC-IRT-01-2016, as well as Resolution SINAC-ACLACDR-R-003-2021. • To delimit the PNE components present in the ZMT of the canton of Talamanca in order to comply with the provisions of jurisprudence and institutional directives. • To prepare and discuss with the different technical bodies the final document with the PNE corrections in the ZMT so that it is officially delivered to the Municipality of Talamanca for the continuation of the Coastal Regulatory Plan (PRC)”; and the following conclusions and recommendations were issued: “8. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 8.2. CONCLUSIONS In each of the geographic units, a total area was estimated that includes the 50 meters of the public zone, and an effective sampling area was established that corresponds to the remaining 150 meters of the ZMT. The area considered for the development of the Regulatory Plan for the littoral of Talamanca and/or the coastal strip that makes up the Maritime-Terrestrial Zone of the site has been varying, as shown; in degree of sensitivity due to anthropogenic alterations, caused by coastal development that has been practiced in the place. This sensitivity of the area has occurred, perhaps, due to disorderly population growth; partly because there are no strict in situ regulations for its management, due to the recurrence of natural phenomena (floods), and partly due to other physical characteristics. The latter could be related to continental or insular morphology (typical of the site), the configuration of the coastline, exposure to the sea, climatic factors, and runoff through the rivers and streams of the area. For one or another factor of affectation, the truth is that the area of interest is likely on the scale of factors that affect its sensitivity due to the accelerated development of the place. Geographically, it is located in a site of very easy accessibility and at a crossroads between important population centers, which holds certain advantages for it, as it constitutes an important area for the development of tourism projects and other small-scale ones such as those of interest to family economies. On the other hand, there are also some disadvantages, since the areas classified for the protection of ecosystems and/or of interest to MINAE-SINAC as State Natural Heritage, be they areas of social interest for their ecological value, would be in immediate vicinity with an 'open' development upon which 'will depend' the judgment towards them and their subsequent contribution towards true conservation and sustainable development of the strip subject to the Regulatory Plan. In the forest cover component, what was defined as site 1 is incorporated as a forest site. There are areas in which the constant cutting of low vegetation has prevented the growth of the understory and, therefore, of forest regeneration, so that, as of today and based on the concept of forest under the legislation, sites 2, 3, 5, and 6 cannot be defined as forest. Site 7 is considered to be incorporated due to characteristics of Forestry Aptitude Land (TAF). However, in some of the referenced wetlands, there are points with constructions that have been built both outside and inside the ZMT that have definitively required fill and drainage channels. In other points, constructions are evidenced in process on sites that could be part of the wetlands indicated in this study. Soil Type: The area presents flat-sloped lands, the surface of which is permanently or intermittently flooded. By being covered in part with water regularly, the soil becomes saturated, becoming devoid of oxygen and giving rise to a hybrid ecosystem between purely aquatic and terrestrial ones. It is evidenced by the shallow effective depth, high water table, under oxidation and reduction processes. High organic matter content and surface water table. In addition, the 'Munsell Soil Color Chart' is used as further evidence that leads us to classify the soil as Hydric or Hydromorphic. We find soils of the orders Inceptisol, Entisol, and Histosol. Vegetation: The vegetation present is mostly hydrophytic, whose prevalence index ranges from obligate to facultative, distributed among 14 families (ARACEAE, ARECACEAE, ANACARDIACEAE, CYCLANTHACEAE, CYPERACEAE, DAVALLALIACEAE, EUPHORBIACEAE, FABACEAE, MALVACEAE, MARANTHACEAE, MENYANTHACEAE, PIPERACEAE, POACEAE, ZINGIBERACEAE). Aquic moisture regime: In this moisture condition, the soil is saturated with water and without oxygen for a sufficiently long time (not yet known) to show evidence of reducing conditions. Thirteen polygons are delimited as palustrine system wetlands, including the two wetlands described according to reports SINAC-ACLAC-DR-PNE-150-2020 and SINAC-ACLAC-DR-PNE189-2020 (corresponding to the wetland adjacent to the pumping station - polygon 5) and polygon 8 corresponding to the wetland described in report SINAC-ACLAC-DR-PNE-004-2020, in response to Judicial Cause 20-000028-0597-PE. The total area of the 13 polygons sums 1651230.72 m² (165.12 Ha), which constitutes 34% of the total surface area of the ZMT (4853765.74 m²). Each of the polygons meets the floristic, edaphic, and hydrological characteristics to be classified as palustrine system wetland ecosystems, according to the criteria described in Article 8 of Decree No. 35803–MINAET TECHNICAL CRITERIA FOR THE IDENTIFICATION, CLASSIFICATION, AND CONSERVATION OF WETLANDS. These are defined as non-tidal wetlands, with the following characteristics: 1) they may or may not contain vegetative cover; vegetation may be represented by dominance of trees, shrubs, shrubby vegetation, emergent vegetation, mosses, and/or lichens. 2) Depth levels in the depressions do not exceed two meters. 3) Salinity values derived from oceanic salts do not exceed 0.5% (yolillales, freshwater-flooded forests, swamps). 8.3. RECOMMENDATIONS • Promote in-situ conservation of the resources present in the area at the level of schools, high schools, and local institutions. • Continuation of the PNE certification process in the littoral of Talamanca and the preparation of the appropriate cadastral maps with the blocks defined in this study. • These areas must be maintained as they were described in the results of the document. • Sites 4, 5, and 6 should be considered for an evaluation because there is a presence of buildings, and it is unknown whether they were legally constructed. • Follow-up on complaints filed in judicial instances and, at the same time, request accompaniment so that they are resolved as soon as possible. • Remind the Municipality of Talamanca that the sites determined as PNE are administered by SINAC-MINAE; therefore, the use of these areas requires a use permit as indicated in Article 18 of the Forestry Law No. 7575.”

Based on all the foregoing, the majority of the Chamber in the referenced judgment, 2024-10951, concluded:

“Regarding this matter, it is observed that, subsequent to the delimitation of the State Natural Heritage in the Maritime-Terrestrial Zone of the canton of Talamanca carried out in 2017 (certification SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017), the need to review and modify that document was raised on multiple occasions before the director of Aclac, due to problems of occupation, lack of definition, and ignorance of the PNE limits, as well as omitted wetlands, among other aspects. In fact, it is on record that, since 2021, the director of Aclac expressly managed ‘the review and modification of all the blocks determined as PNE in the ZMT of Talamanca in certification SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017’; however, despite the existence of several actions, including official communication SINAC-ACC-OT-of-698-2021 entitled ‘Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the littoral of the canton of Talamanca’ and the document of that same year entitled ‘REVIEW, MODIFICATION AND DELIMITATION OF THE STATE NATURAL HERITAGE (PNE) IN THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE (ZMT) OF THE CANTON OF TALAMANCA RESOLUTION SINAC-ACLAC-DR-R-003-2021,’ it is no less true that, according to the report rendered under oath, as of March 12, 2024, certification SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 of June 30, 2017, was the only official document in force. (…)

“Precisely, it is verified that Aclac, faced with the situations referred to above related to both the PNE and the ZMT, has not acted diligently to procure adequate protection of the environment, wetlands, and public domain assets, which injures constitutional article 50, the international obligation to protect wetlands established in the Ramsar Convention, and the precautionary constitutional principle in environmental matters.

Regarding the latter, the lack of an updated technical criterion in relation to the 2017 PNE certification (despite numerous efforts warning of alleged inconsistencies) constitutes a plausible threat to the environment that involves a reasonable level of scientific uncertainty which could imply that, currently, there are PNE zones (wetlands) without protection or on which activities are being carried out without considering their nature, with the consequent possibility of generating serious or irreversible damage. Hence, in accordance with the precautionary principle, in addition to the duties of abstention and suspension that its application entails, it is essential to efficiently and effectively adopt measures for the preservation of a healthy and ecologically balanced environment. Precisely, in the face of dangers of serious or irreversible damage, the lack of certainty does not constitute a valid reason to postpone the adoption of such measures.”

Therefore, the Management Plan of the Gandoca Manzanillo Mixed National Wildlife Refuge, insofar as it is based on certification SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 of June 30, 2017, is unconstitutional due to violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the precautionary principle in environmental matters, derived from Articles 50 and 89 of the Political Constitution. Furthermore, it is contrary to the obligations undertaken by the Costa Rican State upon ratifying the "Convention on Wetlands of International Importance, Especially as Waterfowl Habitat," also called the "Ramsar Convention," which in its Article 4 establishes: "Each Contracting Party shall promote the conservation of wetlands and waterfowl by establishing nature reserves on wetlands, whether they are included in the List or not, and shall manage them adequately..." Consequently, it is also unconstitutional for the indicated reasons.

IX. ON THE TALAMANCA-COASTAL REGULATORY PLAN, CAHUITA DISTRICT. It is alleged that the Talamanca-Coastal Regulatory Plan, Cahuita District, adopted by the Council of the Municipality of Talamanca in Extraordinary Session No. 89 of September 26, 2023, Agreement No. 2, and published on October 5, 2023, in Supplement No. 193 to La Gaceta 183, takes as its basis the General Management Plan of REGAMA and its zoning maps, and reproduces the impacts and omissions described for it regarding the forested area and wetlands, and makes an outdated delimitation of the Protected Wild Area. The regulatory plan does not consider the forest areas (State Natural Heritage) that the Constitutional Chamber ordered protected in ruling 12745-2019 to be part of the Refuge, but rather part of the Maritime-Terrestrial Zone under municipal administration, which would allow granting them in concession and use permits in the restricted zone and the development of activities harmful to ecosystems. By being based on the General Management Plan, the identification of polygons with wetlands does not take into account technical criteria that provide scientific support, and it leaves several polygons with wetlands in the maritime-terrestrial zone.

The discrepancy between the original delimitation of the Wildlife Refuge, the map recognized under the Ramsar Convention, the zoning maps used in the General Management Plan, and the Regulatory Plan leaves several of the polygons containing wetlands in the Maritime Terrestrial Zone "defenseless."

It is the Chamber's criterion that, pursuant to the provisions of judgment 31756-2023, of 9:30 a.m. on December 7, 2023, which annulled the public hearing that the Municipality of Talamanca held on August 4, 2023, to inform the communities of the Regulatory Plan for the Maritime Terrestrial Zone of Cahuita (which includes the coastal sectors of Cahuita, Puerto Viejo, and Manzanillo), to which the Municipal Council ordered a call to convene in ordinary session No. 161 of June 21, 2023, and ordered the Mayor and the president of the Municipal Council, both of the Municipality of Talamanca, or whoever exercises those positions in their stead, to "issue the orders within the scope of their competencies and coordinate what is necessary so that, within a maximum period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, a new public hearing for the Cahuita District Coastal Regulatory Plan project of the Canton of Talamanca is scheduled and that the members of the [...] are called with due notice." (Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi "ADI Keköldi"). The omission of citing them for the public hearing, the Chamber stated, "is contrary to the Law of the Constitution, that is, to Convention 169 of the International Labour Organization, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the American Convention on Human Rights, since the rights of indigenous peoples over their broader territory do not have the same scope as those they possess and exercise within the geographical territory. Consequently, the future effects of the application of the Coastal Regulatory Plan (IVA-PRC) of the Maritime Terrestrial Zone (ZMT) of the District of Cahuita, Talamanca, could generate a potential positive or negative impact on the social, economic, environmental, or cultural conditions that constitute the basis of the social cohesion of the Keköldi Indigenous Territory; hence, the necessity of the public consultation pursuant to the provisions of Article 7.3 of ILO Convention 169, according to which 'governments shall ensure that, whenever appropriate, studies are carried out, in cooperation with the peoples concerned, to assess the social, spiritual and cultural and environmental impact that planned development activities may have on them. The results of these studies shall be considered as fundamental criteria for the execution of the activities mentioned.'"

Given that the Urban Planning Law No. 4240 establishes a procedure for the adoption or modification of a Regulatory Plan, in which the stages of the approval or modification procedure of the Regulatory Plan have a logical concatenation and condition the subsequent ones, the omission or substantial imperfection in one of them gives rise to a defect of invalidity in the later stages. Hence, when this Chamber annulled the public hearing held on August 4, 2023, the Talamanca Coastal Regulatory Plan, Cahuita District, became untenable. In that sense, this Court, by vote 324-2024, of 9:15 a.m. on January 10, 2024, issued in another acción de inconstitucionalidad filed against numerals 1 through 19 of the Coastal Regulatory Plan of Talamanca, Cahuita District, processed under expediente 23-030219-0007-CO, indicated that in judgment 2023-31756 "it was demonstrated that the regulatory plan in question was not duly consulted with the indigenous peoples, which is why the public hearing held on August 4, 2023, was annulled; and the mayor and the president of the Municipal Council, both of the municipality of Talamanca, were ordered to issue the orders within the scope of their competencies and coordinate what is necessary so that, within a maximum period of three months, counted from the notification of that judgment, a new public hearing for the Cahuita District Coastal Regulatory Plan project of the Canton of Talamanca is scheduled and that the members of the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi 'ADI Keköldi' are called with due notice. Therefore, the object of the challenge has not been duly approved and currently lacks all validity, so its admissibility review is not admissible as premature. Consequently, the outright rejection of this acción de inconstitucionalidad is in order."

Furthermore, in vote 35187-2024 of 9:35 a.m. on November 26, 2024, this Constitutional Court granted a motion for disobedience, on the grounds that it was not proven that the hearing held on March 8, 2024, complied with the procedure and principles entailed in conducting an Indigenous Consultation, so the lack of approval of the Coastal Regulatory Plan and the lack of validity indicated as a reason for the inadmissibility of an acción de inconstitucionalidad filed against it remain.

By virtue of the foregoing, with respect to the Talamanca-Cahuita District Coastal Regulatory Plan, the action is inadmissible because the object of the challenge is non-existent.

X.- ON THE ALLEGED UNCONSTITUTIONALITY OF DIRECTIVE No. 09-2023 OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY. Directive No. 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy is challenged because it "discredits" (Fifth Considerando), the report called "Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime Terrestrial Zone of the Coast of the Canton of Talamanca," deeming it unofficial, without SINAC having implemented reliable technical studies to replace the report "that it disapplies and promoting the approval of the Management Plan and the Regulatory Plan without these." The lack of protection of the wetlands, it is asserted, contradicts the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article 50 of the Constitution, the precautionary principle, the principle of legal reserve, and the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention), approved by Ley 7224 of 1991, Articles 2 and 4.

Directive 09-2023 of the Minister of Environment and Energy, challenged here, establishes that document SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, signed by the Regional Director of the Área de Conservación La Amistad Caribe, certifies the Delimitation of the Natural Heritage of the State in the Maritime Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca; a certification issued in accordance with technical and legal guidelines and "is the official document, being the only one in force, to date" (Fourth Considerando). The document called "Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime Terrestrial Zone of the Coast of the Canton of Talamanca" of June 13, 2021, has not been approved by the Regional Directorate of the Área de Conservación La Amistad Caribe for use as a document of general scope. This is a technical input, of an internal nature, that has not completed the process for its validation and officialization by the Consejo Nacional de Áreas de Conservación of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Fifth Considerando). And that "The official limits of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo are those established in Ley No. 9223, Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean, in effect since April 8, 2014. There is no subsequent modification that has been issued by the Ministry of Environment and Energy" (Seventh Considerando).

On the other hand, the guidelines issued in the fifth and seventh considerandos of Directive No. 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy contradict what was resolved in judgments 12745-2019 and 3954-2024 of this Chamber, which prevail. By virtue of "the supremacy or hierarchical priority of the Constitution, all legal operators and, especially judges, are obliged to interpret and apply the legal system in accordance with the rules, principles, constitutional values, and the jurisprudence of the Constitutional Chamber, elements that, without a doubt, serve as parameters of interpretation. (Constitutional Chamber, judgments 4837-2016 and 132-2018). From this principle of constitutional supremacy, the binding erga omnes character of the resolutions of the constitutional jurisdiction is also derived." In view of the aforementioned considerations, Directive No. 09-2023 of the Minister of Environment and Energy infringes the right to a healthy and ecologically balanced environment and the principles of objectification of environmental protection, precautionary principle, and the Ramsar Convention on Wetlands, Articles 2 and 4; and 7, 48, and 50 of the Political Constitution, regarding the effective protection of the Natural Heritage of the State (REGAMA, forest cover areas and wetlands). Consequently, on this point the action must be upheld.

XI.- CONCLUSION. By virtue of the considerations expressed, the following is concluded: a) the General Management Plan of the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge 2017-2023, of which an executive summary was published in Alcance No. 42 to La Gaceta No. 39 of February 28, 2022, is unconstitutional for violating Articles 50 and 89 of the Political Constitution and the "Convention on Wetlands of International Importance, Especially as Waterfowl Habitat," also called the "Ramsar Convention"; b) Directive No. 09-2023 of the Minister of Environment and Energy, of August 17, 2023, is unconstitutional, for injuring numerals 50 and 89 of the Political Constitution; c) Regarding the Talamanca-Cahuita District Coastal Regulatory Plan, adopted by the Municipal Council of the Municipality of Talamanca in Extraordinary Session No. 89 of September 26, 2023, Acuerdo No. 2, and published on October 5, 2023, in Alcance No. 193 to La Gaceta 183, the action is dismissed for reasons of admissibility, since it has not been duly approved and currently lacks all validity.

XII.- DIMENSIONING. Although the defects noted in the Management Plan render it unconstitutional and its immediate consequence would imply its nullity; the truth is that such a situation could bring about eventual environmental damages that were warned about by the participants in this action, which would leave areas of environmental interest to be protected exposed.

On the other hand, it must be taken into consideration that, even with the noted defects, the management plan signified a greater guarantee for the environment than the fact of having no regulation. Thus, it is appropriate to order the dimensioning of the effects of this declaration of unconstitutionality in application of the precautionary principle that governs in environmental matters, opting to maintain the validity of the challenged regulatory plan for a determined time, in order for the noted defect to be rectified or for said regulations to be replaced. This is in order not to reduce the level of protection for the environment that is currently safeguarded. Hence, what is pertinent in light of the provisions of numeral 91 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, is to maintain the validity of the challenged plan for a period of one year from the full publication of this judgment in the Boletín Judicial, within which the indicated unconstitutionalities must be corrected. At the end of said period, if such condition is not met, inexorably the plan will lose validity due to the noted defect.

XIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The appellant is warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional device of an electronic, computer, magnetic, optical, telematic nature or produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

This acción de inconstitucionalidad is resolved in the following terms: a) Regarding the General Management Plan of the Gandoca Manzanillo Mixed Wildlife Refuge 2017-2023, of which an executive summary was published in Alcance No. 42 to La Gaceta No. 39 of February 28, 2022, by majority, the action is declared with lugar and, consequently, it is annulled as unconstitutional. This judgment has declaratory and retroactive effects to the date of entry into force of the annulled regulations. However, in accordance with the provisions of Article 91 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, its effects are dimensioned to avoid serious dislocations to order, security, as well as serious and irreparable damages to the environment, and the validity of the General Management Plan of the Gandoca Manzanillo Mixed Wildlife Refuge 2017-2023 is maintained for a period of up to one year from the full publication of the judgment in the official newspaper La Gaceta, within which the Sistema Nacional de Áreas de Conservación must correct the defects of unconstitutionality indicated in this pronouncement. If the foregoing does not occur, within that period, the General Management Plan of the Gandoca Manzanillo Mixed Wildlife Refuge 2017-2023 will be definitively expelled from the legal system. Magistrate Garro Vargas gives different reasons for declaring the unconstitutionality. Magistrate Salazar Alvarado dissents and declares the action without lugar. b) Regarding the Talamanca-Cahuita District Coastal Regulatory Plan, adopted by the Council of the Municipality of Talamanca in Extraordinary Session No. 89 of September 26, 2023, Acuerdo No. 2, and published on October 5, 2023, in Alcance No. 193 to La Gaceta 183, unanimously, the action is declared without lugar, for reasons of admissibility. c) Regarding directive No. 09-2023 of the minister of Environment and Energy, of August 17, 2023, by majority, the action is declared with lugar and, consequently, it is annulled as unconstitutional. Magistrates Castillo Víquez, Salazar Alvarado, and Magistrate Garro Vargas dissent and declare the action without lugar. Magistrate Garro Vargas records a note and dissents regarding the execution of this judgment. Let this pronouncement be summarized in the Diario Oficial La Gaceta and published in full in the Boletín Judicial. Notify.-

Fernando Castillo V.
Presidente

Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
José Roberto Garita N.

Exp. 24-001899-0007-CO

DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES CASTILLO VÍQUEZ, SALAZAR ALVARADO, AND MAGISTRATE GARRO VARGAS ONLY WITH RESPECT TO THE ALLEGED UNCONSTITUTIONALITY OF THE MINAE DIRECTIVE NO. 09-2023, OF AUGUST 17, 2023, WITH DRAFTING BY THE FIRST. With due respect to the Majority, we partially separate from the criteria set forth in the judgment, regarding the alleged unconstitutionality of directive no. 09-2023 issued by the minister of Environment and Energy on August 17, 2023, inasmuch as, in the opinion of the petitioner, it disobeys what was resolved by this Court in judgment no. 2024-3959, regarding the due updating and protection of the wetlands. Firstly, because it suffices to verify the dates to determine that the directive was issued when this Court had not even pronounced itself in judgment no. 2024-3959, of 9:30 a.m. on February 16, 2024. So, technically one could not speak of disobedience of an order that did not exist at that time. Secondly, because in the same Majority judgment (considerando VIII) it is indicated that, at the time this action was filed, such an argument was premature. Indeed, note that the filing of this action occurred on January 24, 2024, when the order in question had not even been issued—February 16, 2024—and even less had the period granted to the administration to verify what was ordered elapsed. Finally, because we believe what this Court resolved in that recurso de amparo in which judgment no. 2024-3959 of 9:30 a.m. on February 16, 2024, was issued must be contextualized, where the granting was based on the technical uncertainty resulting from the statements in the report rendered by the respondent that arose for the Chamber at that time. This is clearly evidenced in the citation provided by the same Majority, faced with the dilemma that existed between two documents, one issued in 2017 and another not approved from 2021:

"…the document called 'Characterization and delimitation of wetlands in the maritime terrestrial zone of the coast of the canton of Talamanca' has not been approved by the Regional Directorate of the Área de Conservación La Amistad Caribe for use as a document of general scope and that it involves an internal technical guide of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, still not validated nor officialized by the Consejo Nacional de Áreas de Conservación of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Likewise, that through official letter No. SINAC-ACLACDR-PNE-C-011-2017 of June 30, 2017, the delimitation of the Natural Heritage of the State in the Maritime Terrestrial Zone of the canton of Talamanca was certified—considering the wetlands for their protection.

That is, it does not indicate to the Chamber what the current state of the wetlands in the canton of Talamanca is, nor does it offer any reason why the studies that justified the 2017 decision are technically superior to the 2021 material. Or, conversely, the reasons why the 2021 study does not correspond to reality or to technical criteria for protecting the natural heritage of the State are not set forth."

As a result, this Court ordered in that judgment the following:

"…It is ordered: i) to Maylin Mora Arias, in her capacity as acting regional director of the Área de Conservación La Amistad Caribe of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, or to whomever exercises that position in her stead, to conclude, within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the process to complement the certification of Natural Heritage of the State in the Maritime Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca with the 'Characterization and delimitation of wetlands in the maritime terrestrial zone of the coast of the canton of Talamanca' of June 2021; ii) to Delio Antonio Robles Loaiza, in his capacity as acting head of the Department of Urbanism, and to Daniel Brenes Arroyo, in charge of the Unit of Technical and Operational Criteria for Territorial Planning, both of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, as well as to Rugeli Morales Rodríguez, mayor, and to Yahaira Mora Blanco, president of the Council, both of the Municipality of Talamanca, to arrange what is necessary to incorporate the aforementioned update into the Coastal Regulatory Plan of the Canton of Talamanca…"

In the hearings granted to the authorities of the Ministry of Environment and Energy in this action, the officials were emphatic in stating the following:

"are supported by technical studies that include field information gathering, baseline information, and that, furthermore, comply with the methodologies and procedures made official by the Costa Rican State and have yielded conclusive scientific data to decide that the survey of the wetlands of the area in 2017 is correct. They maintain that the argument of the plaintiffs, to the effect that the correct course was the use of the 2021 report, is not receivable, an assertion lacking technical proof, since the simple fact of being more recent in date is not enough to reach that conclusion, when upon carrying out the assessment of those studies, it turns out that they did not meet the scientific rigor or methodology made official by the State, which makes it incorrect and useless for fulfilling the public purpose and impossible to pass the internal validation procedure. They indicate that the administration has no doubts about which studies do comply technically and with the methodology, since multiple reviews and assessments have been carried out for that purpose by the assigned public officials, so the decision-making is grounded in these studies and therefore does not violate the precautionary, preventive, legal reserve, and objectification of environmental protection principles, nor the constitutional norms or the international conventions cited by the appellant."

In that sense, there is a technical criterion issued by the competent technical authorities, who, once both documents were verified, determined that the information gathered in the 2017 report, regarding the recognition of the wetlands, is correct, and not that of 2021 which was not finally made official, according to the techniques, methodologies, and procedures made official by the Costa Rican State. These involve conclusive scientific data where there is no doubt, and, therefore, we do not consider that we are facing the application of the precautionary principle. At the time, what this Court ordered was that the information be verified and updated correctly, not necessarily to make official a document that, once reviewed, what was established therein did not meet the scientific rigor or methodology made official by the State. Nor is this the venue to question whether the decision finally adopted by the technical authorities is correct or not. Thus, we find that the argument put forth by the petitioner regarding this point is inadmissible. Therefore, we partially dissent and declare the action without lugar with respect to the challenge raised in relation to the contested directive.

Fernando Castillo V.
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.

Expediente No. 24-001899-0007-CO

Dissenting vote of Magistrate Salazar Alvarado

With the customary respect, the undersigned magistrate dissents from what was determined by the Court regarding the General Management Plan of the Gandoca Manzanillo Mixed Wildlife Refuge 2017-2023. The foregoing, in accordance with the close relationship that exists between these provisions and Ley No. 9223 of March 10, 2014, which, for all purposes, I considered constitutional in Judgment No. 2019-12745 of 12:10 p.m. on July 10, 2019, along with other magistrates of the Chamber. On that occasion, we differed with the majority on the scope, content, and effects of Ley No. 9223 of March 10, 2014, because we believed that the legislator did fulfill the purpose of encompassing not only the fundamental rights to a sane and ecologically balanced environment, but also others, of the same order in favor of the human being, which would be materialized in a set of studies and analyses, and not in one or another assessment that the majority considered missing. As explained in the entire dissenting vote, especially in paragraphs 23, 24, 25, and 26, it responds to what the majority alleged in Judgment No. 2019-12745 as an omission by the legislator, for a supposedly —indeterminate or vacillating— behavior regarding the limits of the refuge, and to what, in the minority, it was considered that none of this would exempt the relevant inhabitants and public authorities from full observance of the legal obligations of clear public interest of the Ley Forestal, and in other cases, of the applicable international regulations in the Republic.

The dissent established, with utmost clarity, that:

"DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ AND MAGISTRATES SALAZAR ALVARADO AND ARAYA GARCÍA WITH DRAFTING BY THE FIRST:

We separate from the decision taken by the majority of the Court and declare the action filed without lugar with the explanation that will follow, all based on the following considerations: the object of the action is Ley No. 9223 by which the Asamblea Legislativa redefined the territorial limits of a territory subject to the management category called 'wildlife refuge.' With this, it excluded certain urban zones and neighboring lands in the Southern Caribbean zone from such category, which has fundamentally originated a claim for injury to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. However, the historical condition of urban settlements in the region, recognized by the State since the creation decree itself, the particularities of all state action in relation to the specific zone —including the previous interventions of this Court— and the technical conclusions and criteria on which the legislative decision has been supported, allow us to sustain, from our perspective, the constitutional legitimacy of the balance carried out by the legislator regarding the conflicting constitutional rights. Neither does it fail to comply with what is stipulated in ILO Convention 169 nor the obligations contained in the international regulations in force in Costa Rica on the protection of mangrove zones and —from that perspective— nothing prevents the competent state authorities from fulfilling their power-duty and executing the necessary actions to reclaim lands that are illegally occupied in the protected zone, in accordance with the provisions of our legal system. The reasons for this conclusion are the following:

A. Relevant factual aspects.

1. From the different documents provided both to this judicial expediente and, at the time, to the legislative expediente, it has been demonstrated that as of 1985, through Decreto Ejecutivo number 16614-MAG of October 20, 1985, (hereinafter only Decreto 16614) the authorities of the Poder Ejecutivo decreed the creation of what is now known as the Refugio de Vida Salvaje Gandoca Manzanillo, (hereinafter RVS-GM or simply 'the refuge') and delimited its boundaries.

2.- Said act was carried out under the framework provided by Article 18 of the Ley de Fauna Silvestre number 6919 of November 17, 1983, which was in force at the time and authorized such decisions by the Executive:

'Article 18.- National wildlife refuges are those that the Poder Ejecutivo declares as such, for the protection and research of wild flora and fauna, especially those in danger of extinction.

The Poder Ejecutivo is authorized to establish, within forest reserves and on private lands, areas under the classification of national wildlife refuges, which, for purposes of wildlife conservation, shall be under the administration of the Department of Wildlife of the Dirección General Forestal of the Ministry of Agriculture and Livestock.

The Poder Ejecutivo shall exempt lands subjected to this regime from the territorial tax.

The Poder Ejecutivo, through the Ministry of Agriculture and Livestock, is authorized to expropriate those private lands that, due to the importance of the fauna and flora contained in them, exhibit the necessary and suitable conditions for the establishment of national wildlife refuges.'

3.- It has also been fully demonstrated that many years before and at the time of said declaration, consistent population nuclei existed living along the entire coastal strip of the area demarcated as a protected zone by Decreto 16614. These populations not only occupied the zone, but also carried out, and still carry out, different activities such as fishing, agriculture, and commerce in their various forms."

Furthermore, it can also be stated that the different public institutions, both assistance and service providers, were operating at that time, and still operate, providing their services to these populations under normal conditions.

4.- This particular and special situation in part of the territory covered by the Refuge declaration was recognized by the state authorities who, in the original decree itself (Decree 16614), defined the path to follow for addressing the situation of these inhabitants, through two mechanisms: a) a "titling" program was authorized in the areas covered by the refuge declaration, to allow occupants to legitimize their status as occupants and possessors of the land (Article 5); and b) several of the pre-existing urban areas were excluded from the Refuge declaration and the Instituto de Vivienda y Urbanismo was ordered to carry out their concrete delimitation (Article 6):

"Article 5.—The Dirección General de Catastro Nacional is authorized to carry out the cadastral mapping survey and the official registration of the individual plans necessary to develop the titling project within the Refuge area and that of the neighboring communities of Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo, and Puerto Viejo." (emphasis not in original)

"Article 6.—The areas that, according to the studies carried out by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, are comprised within the urban zones of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo, shall not be subject to the regulations of this Decree." (emphasis not in original)

5.- In summary, it can be noted that by 1985 the State considered that the environmental protection objectives pursued at that time with the creation of the Refuge were well served, not only independently of the legal land tenure regime (see Article 5 which authorized titling in the refuge area), but also with the exclusion of the areas comprised in the urban zones of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo, which were effectively left outside the scope of the declaration contained in Decree 16614.

6.- Over the following years, a succession of executive decrees addressed the issues of titling (Article 5) and exclusion of urban areas (Article 6), repealing and reactivating such norms; thus:

-Decree 23069-MINAE of 1994, issued rules to organize visitation for turtle watching and, in passing, repealed Article 6 of the original decree. However, it left in force numeral 5 which authorized the carrying out of cadastral surveys for "titling" purposes.

-subsequently, Decree number 29019-MINAE of 2000 broadly reformed the aforementioned decree (23069) on the subject of visitation and exploitation and therefore, at the end of its text—in a general manner—repealed Decree 23069.

-in 2005, Decreto Ejecutivo 32753 was issued, justified by stating that it must re-regulate the issue of titling in the Refuge area, as well as the exclusion of its urban areas, understanding that—as a consequence of the ratifications and repeals contained in the two decrees cited above—the original exclusion contained, that is, the one ordered in Article 6 of Decree 16614, had been reactivated. It added that the reactivated exclusion is considered a reduction contrary to the Ley Orgánica del Ambiente because it was not done with technical studies, and therefore a "ratification" of the original decree (16614) is issued, but removing the original Articles 5 and 6 (transcribed above).

7.- This "expansion" of the lands covered by the declaration, which was effected in Decree 32753, was challenged before the Constitutional Chamber (Sala), which through judgment number 2006-2975 affirmed its validity, considering it an expansion and not a reduction of the "State's forest patrimony (patrimonio forestal del Estado)."

8.- Two years later, in 2007, Decree 34043 was issued, taking up the issue again, with a line more favorable to the protection of the area's inhabitants and decreeing—once again—the exclusion of the urban areas, according to the original version of Decree 16614, but making some clarifications so as not to include matters in litigation, and some rules are issued to organize the administration of the urban areas.

9.- This last decree was annulled by the Constitutional Chamber two years later, in 2009, through judgment 2009-1056. In essence, the Chamber's argument for the annulment can be found in the following excerpt:

"VII.- On the unconstitutionality of Articles 3, 4, 5, and 7 of Decree No. 34043-MINAE.—As stated, upon the repeal of Article 6 of Decreto Ejecutivo No. 16614-MAG (through Article 2 of Decreto Ejecutivo No. 32753 of May 16, 2005), the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo were included within the boundaries of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. However, through Article 3 of the challenged Decree, which brings the repealed Article 6 back to legal life, the urban areas of said communities were once again excluded from the boundaries of the Refuge, which implied its reduction. This situation not only violates the principle of legal reserve but also the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment."

10.- Subsequently, and in response to the criteria expressed in that resolution, a bill was promoted—number 18207; thereby attempting a new delimitation of the park's boundaries, with the declared purpose of satisfying the constitutional and legal rights of the area's inhabitants and, at the same time, ensuring effective environmental protection. In this regard, the summary of this point provided in the statement of legislative intent (exposición de motivos) is highly relevant:

"(…)

As indicated, the efforts for the scientific determination of the natural resources of the newly created Refuge, both marine and continental, were carried out after the declaration. Numerous Government institutions (Mirenem, MAG, IDA, IGN, GAR, INVU, UCR, UNA), as well as non-governmental organizations, national and international (IUCN, Jessie Smith Noyes Foundation, WWF, ASDI, Dutch Cooperation, CRS, TNC, ANAI, CATIE, ICFID-Cidesa, Asacode, CBTC, among others), poured their results into 'training and proposals for alternatives for the intended sustainable development.' All the technical and scientific studies from this process confirmed the perfect compatibility between the location and vocation of the pre-existing human settlement areas and those of the natural resources to be protected. (annexes 11 to 13) (underlining not in original)

This singular process, hardly equaled in any other protected wild area in the country, culminated in a plan or management plan (Plan de Manejo), in accordance with the terms required by the Law, managed by Minae under the Non-Reimbursable Technical Cooperation Agreement between the Government of the Republic and the IDB (Project ATN/JF-3917-CR). Minae opened an international competition that was won by the Environmental Studies Program (ProAmbi) of the School of Biology of the University of Costa Rica. This organization carried out the most profound and detailed diagnosis conducted up to that time in the country for a protected wild area, executed by a numerous team of renowned scientists from the University of Costa Rica over nearly two years. This diagnosis also had the participation and collaboration of all the technicians and specialists of the Área de Conservación Amistad Caribe/Minae. (annexes 14 to 16) (emphasis not in original)

The corresponding regulations were formalized through Decreto Ejecutivo No. 34946-Minaet, published in Supplement No. 55 to La Gaceta No. 248 of December 23, 2008, after the management plan was reviewed and approved by the Consejo Nacional de Áreas de Conservación (Conac), the Consejo Regional del Área de Conservación Amistad Caribe (Corac), and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), as provided by the Biodiversity Law No. 7788, particularly in its Articles 25, 30, and 22, paragraph 1. (annex 17) (emphasis not in original)

Like all the previous studies and diagnoses, those carried out by the University of Costa Rica endorsed and respected the original condition that the communities of Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo, and Puerto Viejo were considered as neighboring the Refuge. Therefore, given the persistence of the error in the definition of boundaries (Article 1 of Decree No. 16614-MAG) regarding the human settlements of Manzanillo, a typically urban planning and land use with a high environmental content was carried out (uses: residential, urban residential, recreational residential, tourist hotel, special hotel, commercial, urban commercial, institutional, etc.), recognizing their rights and providing for the eventual, necessary, and imminent correction of the error. The remaining 14 zones into which the Refuge was divided were planned based on the careful management and sustainable use of marine and terrestrial natural resources. (Annex 18)" (emphasis not in original)

11.- As part of the legislative process, the Members of Congress (Diputados) had the opportunity to analyze a first technical criterion issued by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) as the competent technical authority, which was declared insufficient by this Constitutional Chamber in resolution 2012-13367, and as a result, a new technical justification was ordered to correct the errors detected therein. Moreover, this last study was submitted to a variety of criteria from different entities regarding the consequences, in the environmental sphere, of the legislative decision.

12.- Finally, the Members of Congress approved the bill that became law of the Republic with number 9223 and which is now discussed before this venue, on the grounds that its issuance has injured the right to a healthy and ecologically balanced environment, international conventions on wetlands, and ILO Convention 169 for lack of consultation with indigenous communities.

13.- As of today, the entire area—including the territories under the protection regime of the RVS-GM and the urban areas and neighboring lands demarcated by the challenged law—is exhaustively controlled regarding permitted activities, by Decreto Ejecutivo 34946-Minaet, published in Supplement No. 55 to La Gaceta No. 248 of December 23, 2008, which put into effect a management plan agreed upon by all the various sectors involved, as explained in the statement of legislative intent for the bill.

B. On the merits of the case.

B-1 The appropriate approach for resolving the claim regarding the injury to the right to a healthy and ecologically balanced environment.

14.- In a case like this with so many facets, it is key to clearly define the approach that the Constitutional Court must assume, especially to avoid interference by the Constitutional Chamber in the tasks constitutionally assigned to other branches of the Republic. Specifically, regarding the possible injury to the right to a healthy and ecologically balanced environment, the insufficiency of the technical study provided within the legislative process to support certain aspects of the approved legislative provisions is claimed. However, in our judgment, the jurisprudence of this Chamber, properly understood (see judgment 2012-13367), does not impose a list of essential formal conditions for the issuance of this type of state act, but rather a guide to ensure, according to the particularities of each case, that the technical report is pertinent and not merely the fulfillment of a mere formality.

15.- At this point, then, our dissent with the majority of the Chamber begins. We agree that constitutional protection of the right to the environment requires that state action to reduce the scope of a formally provided environmental protection modality for a certain area imposes the requirement of a technical study to support it, not as a mere formal exercise, but as pertinent justification to demonstrate the non-affectation of the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment. But the Court should not become a controller of any type of shortcoming (which, furthermore, will exist in any and all studies of such caliber), because its task is to verify that the state authority provides the best possible protection to the environment in the particular situation, without inappropriately neglecting the other constitutional rights at stake. Particularly on this subject, it is opportune to make explicit our position regarding the requirement of what the claimant describes as "the constitutional principle of compensation," that is, "...to compensate the area suppressed with another of equal size," in the terms set out in judgment 2014-12887. We consider in this regard that a systematic reading of the Court's jurisprudence on this specific aspect does not allow concluding that such a requirement is absolutely essential and required to achieve an appropriate assurance of the right to enjoy a balanced environment. On the contrary, it is perfectly possible and constitutionally valid that appropriate state protection of the environment can be achieved without it always being necessary to maintain a specific amount of land under a specific protection modality; on this subject, the amount of land destined for protection can be an unconnected matter (depending on the case) and unrelated to achieving state protection of the environment and the other rights at stake.

16.- The analytical perspective and the type of scrutiny proposed for this case has already been set forth by this Court in several judgments of the Chamber and specifically in judgment 2012-13367 cited above, which precisely resolved the legislative consultation on the bill that became the challenged Law 9223: the following excerpts are from it:

"II. On the right to a healthy and ecologically balanced environment. (…) (T)he person forms part of the Environment, integrates it, hence its protection entails the conservation of the essential context for human life and, conversely, conduct with negative effects on it poses a danger to human existence itself and a reduction or loss of the 'greater well-being' of all. In this sense, the Constitutional Chamber has expressed that 'the human being does not develop in an autarkic manner, but rather their well-being has an immediate relationship with the nature that surrounds them. That interdependence between the human being and nature encompasses aspects that exceed the mere preservation of resources to guarantee the economic development of human society. In reality, the "nature-human being" interaction forms a unitary phenomenon, a single process of reciprocal influence, in which one acts upon the other and simultaneously both need each other for their own survival.' (Judgment of the Constitutional Chamber No. 2012-004620). The 'environment' object of the fundamental right is not the sum or juxtaposition of resources, but rather refers to interrelationships and balances, to the idea of a system. Ecology as a science teaches us that nature must be conceived as a system. Nature consists of the relationships of organisms with the outside world in the struggle for existence. In a specific place, there is a biocenosis (common life) or community of life, involving a certain number of species and individuals that mutually influence each other. (…) Thus, in the community there is a certain order that brings a beneficial result for each species, because it generates the maximum productivity and stability of the whole. Like any system, it is characterized not only by the interaction among its elements, but also because it produces a global or general result relative to the entire system: its own existence, which is what we can call dynamic equilibrium, comprised within the concept of 'equilibrium' that the Constitution demands…"

17.- Even more precise and recent in this line of thought is judgment number 2016-000811 of January 20, 2016, in which the Chamber had to confront a similar legal-constitutional dilemma, namely, the need to weigh the constitutional rights to the environment and to the enjoyment of public domain assets (in particular the public zone of the maritime-terrestrial zone), against the historically consolidated constitutional rights of a large number of people who for many years have inhabited those areas on the country's coastlines.

18.- Said resolution correctly captures a correct vision of the Chamber's task in these very particular cases; far from unilaterality and an excess in scrutinizing factual conditions and other infra-constitutional issues, what must prevail is the fair overall assessment of the entire situation, obviously including the need to ensure environmental balance against the condition of the people involved, since—precisely, both the Political Constitution and the Chamber in its role as guarantor—must provide protection to those against whom the State has exercised its powers abusively (even when doing so with the best of intentions). The following passages from the cited judgment are then highlighted for their clarity, relevance, and similarity for addressing this new case:

"A.- All of the foregoing provides the opportunity to reconsider the issue, in light of the new solutions to the social problems that were more than evident during the inspection carried out by this Chamber, especially when, by the nature of the norm, administrative real rights can be granted with implications for urban planning and environmental law, which involves some issues that have concerned this Court. Furthermore, we are before a law to solve a social problem that the inhabitants of the maritime-terrestrial zone experience daily, one that exerts pressure on natural resources, and which necessarily requires a weighing of the fundamental rights at stake and an adaptation of the institutional apparatus. (…)."

"B.- On the a posteriori constitutionality review.—(…) The point that this Constitutional Court must elucidate lies in determining whether such effects on the public area necessarily imply an insurmountable unconstitutionality, this time interpreted in light of the State's imperative need to exercise guardianship over territorial planning policies that provide a solution to the problems of the agglomeration of people in de facto population centers, and the right to decent housing contained in Articles 50, 51, and 65 of the Constitution, as well as Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, numeral 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 5 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Article 14 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, numeral 27 of the Convention on the Rights of the Child, and Article 8 of the Declaration on the Right to Development."

"C.- Territorial planning as a guarantee for the defense of the environment and the human being.—…(W)e must recognize that urban planning law can hardly be conceived today as detached from environmental defense criteria, since beyond the purpose of creating better relationships between nature and the inhabitants of a place, by establishing hygiene and public health standards, or improving city quadrants, it seeks, above all, environmental sustainability while a given community develops. But what happens when in low-to-middle-income countries, especially in some coastal areas, lie marginalized communities or those excluded from the benefits of our country's development, where the inhabitant who settles there has done so for many years and because it provides them with scarce means to subsist? This Chamber is not unaware of the problems brought to the inhabitants by the search for solutions to their problems of lacking decent housing, along with a lowering of costs to be able to build it, as well as that of inconveniently utilizing vegetative forms of housing growth along public streets or, in this case, within the public zone where they carry out their main life activity, etc. Hence, reality compels the design of regulations that attempt to reconcile environmental law with various economic, social, and cultural rights (…). This Chamber does not forget that the change of regime implies, for those persons who have been occupying the public area of the maritime-terrestrial zone, the informal exercise of their economic, social, and cultural rights, and also for the persons who could be affected within the restricted area."

"In this way, the legislator seeks the conditions to ensure, through urban planning regulations, a certain legal stability and the positive effects that urban planning law seeks, in the face of a de facto situation, since despite the current regime, it acts more for the benefit of uncontrolled urban growth because there are regulatory gaps that the State has not been able to solve, but which demand a solution as fundamental rights are involved. In the case, it is debated between an absolutist thesis versus a relative one in which we consider that there are protective resources that could be produced through urban planning. In the Chamber's opinion, by seeking an adequate balance in this delicate matter, the different legal disciplines are nourished by science and technique, be it environmental and urban planning law, as well as public and administrative law, to provide a solution to a very old social problem.

"(…) Indeed, environmental law is not sufficient to provide an integral solution. (…) If, in fact, a social situation has arisen that the State has not been able to resolve for more than fifty years, the solution does not lie in prohibition, but in the use of legal mechanisms that rationalize the use of those assets through an integral solution. (…) Precisely, that is the issue that is being attempted to be addressed with the legislation being challenged, as granting the claim to annul the challenged norm would deepen the problems noted above, especially those of inhabitants who are in a state of social vulnerability, given their condition of poverty and who have very precarious means of subsistence, who live in permanent anxiety that at any moment they may be evicted from their homes. On the contrary, the inhabitants now have an instrument to pressure their municipal authorities to regularize those situations of their interest."

"The core point of this unconstitutionality action lies in the change of legal regime from what Law 6043 traditionally called the public area of the maritime-terrestrial zone, to an exceptional regime, established by Law No. 9221, where the legislator recognizes a social purpose in this public domain asset, which allows legally recognizing the status of certain settlements historically established on the coastlines; note that it is not about individual situations of inhabitants, but rather there is a sense of collectivity in the legislation…."

"D.- The social State under the rule of law clause. There is no doubt that the State of Costa Rica is a social State under the rule of law, even if it is not stated expressly in the Political Constitution. Indeed, from the logical and necessary relationship between the first paragraph of numeral 50 and 74, this necessary conclusion is drawn. There is, then, a constitutional mandate to the State to procure the greatest well-being for all inhabitants of the Republic, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Furthermore, in accordance with numeral 74 and with international human rights instruments, the State is under the obligation to guarantee the economic, social, and cultural rights of the population, as well as others derived from the Christian principle of social justice and indicated by law, through the provision of a series of basic services. In this direction, the Constitutional Chamber has emphasized, in its jurisprudence, that Costa Rica is a social State under the rule of law. (…)

"Thus, this Court must, by way of exception, as fundamental rights are at stake—the right to the environment, the right to decent housing, and the right to a decent means of subsistence that guarantees the person the satisfaction of their basic needs and those of their family—carry out a weighing of those fundamental rights."

"The right to decent housing.—To resolve this action, the natural and logical tendency of the human being to settle in a place that provides proximity to those activities around which their life revolves must be taken into consideration, such as sources of work or those that are their main means to subsist, which later manifest themselves in the different forms of social cohesion and territorial settlement (constituted by cities, whether legally recognized or de facto). On this point, it is important to refer to the guiding and precursor role of the State in policies on this matter. Through judgment No. 2011-13436 at fifteen hours thirteen minutes of October five, two thousand eleven, this Chamber stated, regarding this topic, the following:

"The State must combine efforts so that people can access the right to adequate housing, in conditions of legality, security, peace, and equality. This right, of course, is a relative right that will depend on social and individual conditions; the constitutional norm refers to content that is mostly programmatic, although it must be in accordance with the progressiveness of social rights. In general, the State must be a responsible facilitator of social change in this matter, which not only must be understood at a minimal essential level, but it must also provide the legal mechanisms so that all persons can access decent housing, whether rented or acquired, through assistance and credit programs for qualifying individuals at preferential rates, or under free market conditions to own or acquire housing in accordance with their personal conditions. The obligation of a fully responsible State does not cease with assistance programs for a first level of need directed at the most vulnerable, but must develop a more general, non-discriminatory policy that responds to a demand for housing or a projection of the need for housing in general."

"However, when Article 65 of the Constitution establishes that 'The State shall promote the construction of low-income housing and create the worker's family patrimony,' it refers to that first level of the right to decent housing; but we must admit that it is not exhausted in itself, because in accordance with the Chamber's interpretation together with other numerals of the Political Constitution and international human rights instruments, it encompasses other modalities with a broader meaning than mere patrimonial formalities (…) Articles 50 and 51 of the Constitution would also allow the State to be a promoter of general well-being, especially in favor of the dispossessed or persons in situations of disadvantage, or where the family has the right to the special protection of the State. To this, we add Articles 25 of the Universal Declaration of Human Rights, numeral 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 5 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Article 14 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, numeral 27 of the Convention on the Rights of the Child, and Article 8 of the Declaration on the Right to Development. (…)"

"The preceding regulations provide the normative framework for understanding that the right to decent housing would not be reserved only to the patrimonial and civil sphere, but also has a dimension in the personality and dignity of the human being that must be protected by the State. We cannot fail to notice that the legislation seeks to solve a fundamental problem that has existed for decades (one that has even been dragging on since before the enactment of Law 6043), but which rescues the human right to decent housing, which must go hand in hand with stable State policies to make effective not only the constitutional norm (Art. 65), but also the other internationally regulated provisions on human rights and the declarations indicated above."

The human right to housing is a third-generation right, of human solidarity, which is facilitated by the State if it grants the conditions for its enjoyment; (…) For the reasons stated above, we must conclude that from the relationship of articles 50, 51, and 65 of the Political Constitution, the right to decent housing can be extracted, which grants a space for the development of the human person within an intimate sphere, providing both dignity and permanence to the family unit through its more or less prolonged use. Note that this is not a protection of an individual right, but rather a collective right, such as that regulated by urban planning law, which would address existing de facto and territorial social cohesion, taking into account this fundamental-right content.

"For this reason, this Constitutional Chamber recognizes that the effects of this Chamber's interpretation regarding the public area, of maintaining its intangibility in a general manner—without exceptions—would create a petrified norm in the face of the real needs of the coastal population of our country, and condemns the law to immobility, which has serious consequences in the lives of many citizens, especially those of more humble origin, who live in poverty and from activities related to the sea. In this case, issues of social justice emanate that can be addressed from the apex of the legal system, which must be weighed, just as there is also a need for this Chamber, under a better balancing, and even taking into account abundant jurisprudence, to consider the safeguarding of certain rights, especially social rights, if the examination can conclude a benefit for the populations, particularly those in disadvantage and vulnerability."

The foregoing quotation contains an easily appreciable common thread, which is the need for the Chamber to carry out a balancing of rights, state activity, and particularly legislative activity, when it comes to solving problems that for decades have affected the legitimate constitutional rights of inhabitants of marginalized areas in our country.

19.- The relationship of pertinence between that position and the situation that must be resolved in this case is evident, where we also encounter a (sic) population group that, many years before state intervention, had consolidated clear life projects containing concrete exercises of the right to develop as persons, as well as to seek and obtain a decent life and decent housing; all of this—it is insisted—long before the State attempted to apply environmental protection mechanisms in the area.

20.- It is also obvious to point out that—in this particular case—it has been the State itself that has not been able to provide the original settlers of the area with an appropriate response, that is, a coherent solution respectful of all the constitutional rights at stake; and this is because despite the fact that this was what was initially attempted with the exclusion and titling rules of the original decree, such an appropriate approach could not be maintained and the situation resulted in favor of the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, with a gross disregard for the legitimate conditions and aspirations of the persons inhabiting the area, which, unfortunately, was endorsed by this very Chamber.

21.- At this point, it is relevant to echo what has been maintained by the various parties in this case file and even repeated by the representation of SINAC itself, to the effect that the situation of the Gandoca Manzanillo Refuge was and is different from traditional cases, given that it is not a matter of protecting invading persons who have attempted to establish themselves after the refuge declaration and who seek to take advantage of state oversights or lack of surveillance. If it were such a situation, that is, if we were facing persons who have deliberately violated the limits and management rules of the refuge to settle there after its declaration, the State would be broadly empowered to exercise its power-duty to protect the environment, in accordance with what is ordered in that regard by the legal norms applicable to the case. However, in this case, the elements of judgment point to the fact that it was the State that—perhaps armed with the best intentions regarding the right to the environment—sought to establish an absolutely sui generis refuge by encompassing zones in an extremely close interaction with the territories of the settlers who, at the time of the declaration, were already living and prospering in the area.

22. And it was the same State, as described by this very Chamber, that later abandoned that position for one much more neglectful of the situation of the urban zones and their inhabitants, whom it decided to add to the refuge without any study or technical justification, and even less without determining the specific contribution that—in terms of environmental protection—the urban zones would provide to the RVS-GM Refuge, and without defining, much less respecting, the legal status of those who occupied the lands in said zone as possessors, as required by Article 37 of the Organic Law of the Environment, the same law that directly develops Article 45 of the Constitution and was already in force when the last inclusion of urban zones was made in 2005, as stated at the time by the Chamber itself:

"VI (…) However, subsequently the Executive Branch issued DE-32753-MINAE of May 16, 2005, which expressly repealed Article 6 of DE-16614; once again, the urban zones of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo become part of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, a situation that persists to date" (decision 2009-1056)

23.- The confirmation of the foregoing particular conditions must influence the manner in which this Chamber—as a Court invested with power to protect the constitutional rights of persons—must assess the alleged deficiencies that—from an environmental perspective—the technical study presented to support a legislative decision that seeks to solve the specific problem that has existed for years in the area may have. In that regard and as indicated in decision 2012-13367 cited above, the Chamber's task is to verify as generally and comprehensively as possible the existence of an ecological balance in the proposal, which is demonstrated by the entire body of studies and analyses and not by the lack of one or another assessment of a specific topic. In this way, none of the "shortcomings" pointed out by the Attorney General's Office have sufficient weight to convince us that the Chamber should once again leave the inhabitants of the area without protection, declaring that the issued law is constitutionally unsustainable. On the contrary, the technical study carried out after the decision issued by the Chamber strives to assess the particular environmental variables that have come into play in this case, and after its analysis, has concluded that—in a summation of advantages and disadvantages—the proposed legislative measures safeguard the ecological and environmental balance and respect the constitutional mandate to provide the inhabitants of our country with the right to a healthy and ecologically balanced environment.

24.- In particular, and with regard to the existence of "forested zones" that supposedly would be left orphaned of environmental protection, the report rendered by SINAC at the Chamber's request as evidence for better provision explains that the possible forested zones excluded by the law have not lost and could not lose their protection regime, since—as long as they are forests according to the definition of the Forestry Law—they remain covered by its protective norms, even when found on private lands. Likewise, it is affirmed that the reefs of the coastal zones will not suffer, due to the measure, more deterioration than they currently suffer, because their affectation is generated by the materials that rivers bring from inland zones. It is also affirmed that the two mangrove zones that have been excluded from the refuge also do not suffer relevantly in their protection regime because they remain fully covered by international obligations for their defense and protection, which have been accepted by Costa Rica in the international conventions relating to the matter, and therefore will not undergo qualitative changes.

25.- Also, heed must be paid to what was stated by SINAC in pointing out that some of the Attorney General's objections are not related to the environmental issue but rather to eventual deficiencies of the law, as is the case that it does not indicate which is, in particular, the legal regime under which each of the inhabitants holds land tenure in the zone, nor does it correspond to the environmental technical report to provide elements to judge whether the law's objective, regarding "recognizing the rights of the inhabitants of the South Caribbean," constitutionally requires a study of the current situation of such inhabitants in this regard. Such aspects, although they could come to demonstrate possible defects in the law, do not fall within the jurisdictional scope of the Chamber, which does not have among its powers the annulment of a law for lack of appropriate support with respect to the intended purpose, but rather in this case, only if it is proven that the reduction or readjustment of limits violates in itself the right to a healthy and ecologically balanced environment.

26.- In summary—and this turns out to be key to the decision made here—, in the face of the legal uncertainty and the harm to the legitimate rights of the inhabitants of the South Caribbean, which originated from the very moment of the issuance of the first decree creating the Refuge and which could practically be perpetuated with a declaration of unconstitutionality of the law under discussion, we deemed (sic) that the technical report adequately fulfills its own and specific purpose and allows an understanding that the innovations of the law will not relevantly affect the ecological balance, and therefore the right to a healthy environment to which persons in our country are entitled. Said report is clear in pointing out that, given the particular circumstances of the refuge's creation and the way in which it has been operating in reality, the rethinking of the legal form in the environmental protection regime of the zone does not entail relevant effects on the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment; instead, as the Chamber held in decision number 2016-000811 cited above, the legislative measure appropriately conforms to the development of the inhabitants' constitutional rights, equally relevant and worthy of consideration and assessment when conducting the constitutional analysis of this legislative decision.

27.- The broadly described situation of the populations and urban development of the areas of the South Caribbean, established long before the declaration of the Refuge and injured by the latter in their rights, means that one cannot speak of an injury to the constitutional principles of precaution and non-regression in environmental matters (within which others mentioned by the claimant are subsumed, but which do not have the scope of independent and autonomous principles that one wishes to give them, such as what he calls "lifetime tenure" or compensation). The reason is that the exclusion of areas established in the law seeks to give appropriate legal form to conditions preexisting the refuge declaration, but furthermore, it could never be understood that the excluded zones are freed and left to the complete will of their owners regarding their destiny, as seems to be understood, and this even less so in the case of forested zones protected by the Forestry Law. Just the opposite: such lands, including the lands excluded by the challenged law, which contain areas of forest, springs, or creeks; or are encompassed by the maritime-terrestrial zone, and even the other inhabited lands that make up the excluded zones, are and will continue to be subject to the environmental protection rules that exist in the Forestry Law, the Organic Law of the Environment, or the Law on Biodiversity Protection, just to mention a few. In all of these—and many others that could become applicable—the State is provided with a broad legal framework of competencies, instruments, and powers to ensure that no deterioration of the ecological balance exists. Moreover—and as was vigorously emphasized in decision 2016-00811—, in this specific case, a detailed regulatory plan, collected in Decree number 34946-MINAET, already exists and is in force, which has taken into account—as it could not be otherwise—all environmental variables for the regulation of activities to be developed throughout the entire territory of the zone, including urban zones and the maritime-terrestrial zone, as well as the remaining areas with different spheres of protection. The foregoing should allow the Chamber to understand that even though the legal regime of protection in the zones excluded by the law has changed by legal provision, this has not implied—in this case—a worsening of the right to a healthy and ecologically balanced environment that the Constitution orders to be protected. Moreover, it is necessary to remember that if there are specific cases of violation of environmental regulations, invasions or usurpations of land, illegal constructions, etc., it is the obligation of the state authorities to exercise their legal powers to file judicial claims, make the necessary criminal complaints, and take the concrete administrative actions to reestablish legality.

B-2 In relation to the claim for lack of consultation with indigenous peoples.

28. In another of the claims raised, it is alleged that the provisions of Article 6 of ILO Convention 169 were not observed, which establishes the legal necessity of consultation with indigenous peoples when state actions are proposed that could affect them in their legitimate rights. In this case, we agree with the observation of the Attorney General's Office, to the effect that the legislation in question does not present the particular conditions that the jurisprudence of this Chamber has established to make the consultation process mandatory. Indeed, the majority of this Chamber has understood that the requirement of Article 6 of ILO Convention 169 is an effective mechanism to achieve participation and gather criteria from native peoples in cases where the State seeks to adopt measures that affect them as a distinguishable group and in their capacity as members of that community. Matters such as land tenure rules in indigenous zones, authorizations for resource exploitation on lands granted to them, the conditions for their education, and to order their forms of organization are topics traditionally recognized as subject to mandatory consultation. However, in this case, the legislative decisions are not directed at molding the legal situation of indigenous populations as such, but only at those indigenous people who eventually—and together with many other non-indigenous persons—may turn out to be inhabitants of the territory covered or excluded by the establishment of limits for the RVS-GM refuge. For that reason, there was no obligation for the Assembly to comply with that requirement established in Article 6 of ILO Convention 169, and therefore, on this point also, the action must be declared without merit.

B-3 In relation to the claim for violation of Constitutional Article 7 by disregarding Costa Rica's obligations regarding wetlands protected by the Refuge.

29.- The claimant alleges generally and without greater precision that the mangroves and wetlands existing in the zone of the Refuge are affected by the law in the sense that, by provision of the Legislative Assembly, they would be left unprotected, with serious injury to Costa Rica's legal obligations. On this point, SINAC categorically affirms that the main mangrove ecosystem contained in the Refuge is the Gandoca lagoon, with 200 hectares, which is State Natural Heritage and is located many kilometers south of the zones excluded by the law. It is added that there are also two areas mentioned by the Attorney General's Office of two thousand and three thousand meters located at the mouths of two creeks. It affirms that said areas are protected as part of the State Natural Heritage and, additionally, under the protection of provisions on the public maritime-terrestrial zone. Such affirmations are amply sufficient to discard any endangerment of Costa Rica's obligations derived from the wetland conventions of which our country is a part.

Corollary.

30. By virtue of all the foregoing, no constitutional injury to the right contained in Article 50 of the Political Constitution has materialized, because the ecological balance has not suffered detriment with the provisions of the challenged Law, which also does not infringe upon the international obligations accepted by our country regarding wetlands and mangrove areas. Likewise, in view of the scope of the challenged legal provisions, the consultation process contained in Article 6 of ILO Convention 169 was not formally required. On the contrary, the State maintains its powers intact in the sphere of environmental protection and defense of public assets, and must, in our view, act consistently by taking the necessary actions to reclaim lands that are illegally occupied in the protected zones as indicated by the law" (the underlining and highlighting are from the original).

Thus, for the minority, Law No. 9223 of March 10, 2014, was not unconstitutional, such that the annulment of the General Management Plan for the Gandoca Manzanillo Mixed Wildlife Refuge 2017-2023, with its executive summary in Scope No. 42 to La Gaceta No. 39 of February 28, 2022, would also not proceed. This is because it reflects compliance with the limits of the National Refuge carried out through Law No. 9223, which was done, in my opinion, without altering the State's obligations regarding the defense regime of the State Natural Heritage—clearly—have not changed with or without the pronouncement of Decision No. 2019-12745 of 12:10 hours on July 10, 2019. One cannot assume that the protective obligations and norms for the environment have disappeared due to a presumed legislative flaw; these clearly remain and their violations can be prosecuted, as the legal maxim of forest protection on public and private lands persists. Furthermore, that legislative flaw could be summarized as a problem of legislative technique, which is normally not addressed by the Chamber, as was well explained.

I thus leave my dissenting opinion and declare the action without merit with respect to this point.-

Luis Fdo. Salazar A.

Magistrate

Case File: 24-001899-0007-CO

Decision No. 2025-022181

DIFFERENT REASONS OF MAGISTRATE GARRO VARGAS

Preliminarily

Before setting forth my different reasons, it is necessary to highlight that in this constitutional review process, three different instruments were challenged. In the first place, the General Management Plan for the Gandoca Manzanillo Mixed National Wildlife Refuge, adopted by the National System of Conservation Areas (SINAC) through resolution No. 044 of February 28, 2022. On this point, I clarify that—respectful of the majority criterion—I chose to set forth my own reasons for declaring the unconstitutionality of said plan. Additionally, I saved my vote regarding the phase of execution of judgment so that this stage be carried out before the Judgment Execution Court of the Contentious Administrative Court.

As a second point of the action, the Coastal Regulatory Plan Talamanca–Cahuita District (Zoning Regulation) issued by the Municipality of Talamanca, municipal regulation No. 89 of September 26, 2023, was questioned. Regarding this point, I agreed with the Full Chamber in declaring the unconstitutionality action without merit—unanimously—for admissibility reasons.

Finally, the reproach against Directive No. 09-2023 of the Minister of Environment and Energy of August 17, 2023, I dismissed jointly with Magistrates Castillo Víquez and Salazar Alvarado, since the directive in question was issued prior to decision No. 2024-3959 of 9:30 hrs. on February 16, 2024, and therefore, it cannot be concluded that the guidelines issued are contrary to that decision.

On the Unconstitutionality of the General Management Plan for the Gandoca Manzanillo Mixed National Wildlife Refuge (REGAMA)

As I just noted, respectful of the majority criterion, I chose to set forth my own reasons for declaring the unconstitutionality of the General Management Plan for REGAMA 2017-2023.

On this grievance, I must adhere to my own conclusions regarding the non-compliance accredited in the unconstitutionality action processed in case file No. 14-019174-0007-CO, related to the order issued by this Court in decision No. 2019-012745.

In this regard, in decision No. 2024-026300, I determined that the authorities of SINAC indeed engaged in an omission to carry out a total and formal delimitation of the refuge in question, fulfilling a specific evaluation of 188 hectares of forest cover in which there was doubt about the ownership of the properties, because if it were determined that there were public domain assets—not private domain assets—, SINAC, together with the State Attorney, had to exercise the corresponding legal actions in defense of public heritage.

Therefore, when the non-compliance with that delimitation is accredited and it is verified that the management plan was defined based on the limits of the refuge—which did not incorporate the results of the delimitation—, it is evident that the conclusion to be reached is that said plan is—similarly—incomplete.

At this point, it is essential to show that the legal environmental framework and the protection of all protected wilderness areas is based on a correct definition of the management plan imposed on the respective safeguarded area. In that sense, it is recognized that the management plan of protected wilderness areas is the guiding instrument for effective administration and handling of the natural and cultural elements present in said areas and of the socio-environmental dynamic that develops at the site. In this regard, Articles 32 and 37 of the Organic Law of the Environment provide as follows:

Protected Wilderness Areas

Art. 32.- Classification of protected wilderness areas. The Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, may establish protected wilderness areas in any of the management categories that are established and in those indicated below:

a) Forest reserves.

b) Protective zones.

c) National parks.

d) Biological reserves.

e) National wildlife refuges.

f) Wetlands.

g) Natural monuments.

These management categories and those created in the future shall be administered by the Ministry of Environment and Energy, except those established in Article 33 of this law. Municipalities must collaborate in the preservation of these areas.

Art. 37.- Powers of the Executive Branch. When establishing protected wilderness areas, whatever their management category, the Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, is empowered to include, within their limits, the private farms or parts of private farms necessary to fulfill the objectives set forth in this law and to implement them in accordance with the respective management plan or to create legal easements for ecological protection and compliance with this law.

When it involves national parks, biological reserves, or state national wildlife refuges, the lands shall be acquired by purchase, expropriation, or both procedures, prior indemnification. In the case of forest reserves, protective zones, mixed wildlife refuges, and wetlands, the properties or parts thereof may also be purchased or expropriated, unless, at the owner's request, they voluntarily submit to the forestry regime. Such subjection shall be registered in the Public Property Registry as an encumbrance on the property, which shall be maintained for the time established in the management plan.

Private farms affected according to the provisions of this article, by being located in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protective zones, shall be comprised within the state protected areas only from the moment at which they have been paid for or legally expropriated, except when they voluntarily submit to the Forestry Regime. In the case of forest reserves, protective zones, and wildlife refuges, and if payment or expropriation has not been made and while it is being made, the areas shall be subject to an environmental planning plan that includes the environmental impact assessment and subsequently, the management plan, recovery, and replenishment of resources.

(Thus amended the preceding paragraph by Article 72, subsection c) of the Forestry Law, No. 7575 of February 13, 1996, which in turn was amended by Article 114 of the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998)

The Executive Branch is empowered to, through the Ministry of Environment and Energy, carry out the expropriations contemplated in this article in accordance with the provisions of the Expropriations Law No. 7495 of May 3, 1995. (The highlighting is not from the original).

Furthermore, in the specific case, since these are presumed forest areas, it is appropriate to cite what the Forestry Law says in this regard, which precisely comes to define and demonstrate the importance of the rigor of forest management plans. To that effect, Art. 3 defines them as follows:

Art. 3.- Definitions

For the purposes of this law, the following are considered:

(…)

e) Forest management plan: A set of technical norms that shall regulate the actions to be executed in a forest or forest plantation, on a property or part thereof, for the purpose of utilizing, conserving, and developing the arboreal vegetation that exists or is intended to be established, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources that guarantee the sustainability of the resource.

As can be seen, the management plan is an essential tool for defining the permitted activities in the respective protection area, guided by the principle of rational use of natural resources that guarantee the sustainability of the resource. Thus, if the management plan does not appropriately include the zones to be delimited and the type of activities that may be executed, a lack of protection of natural resources results that, clearly, is inadmissible.

This was reflected—as I already noted—in my considerations in decision No. 2024-026300, in which I reached the following conclusions:

"In this regard, from the evidence provided, it appears that with the aim of complying with a series of orders from the Comptroller General of the Republic, the general management plan for REGAMA was issued, but this plan does not contemplate protection over the hectares that were disaffected by the law, since it provides the following:

'Given the necessity and the priority nature of complying with the different provisions issued by the Comptroller General of the Republic regarding the formalization of the general management plan for the RNVS-GM, it is agreed to continue with the publication of this document, which governs the refuge area established prior to the partial annulment of Law No. 9223, excluding the area set forth in decision No. 012745 of July 10, 2019, of the Constitutional Chamber. In accordance with the foregoing, the geographic area reflected in this management plan does not represent the total limits of the protected wilderness area, it being necessary, once the forested area disaffected by Law 9223 is reincorporated, to carry out an extension of the PGM that contemplates what is pertinent to said area that will be restored to the refuge.'

(The highlighted portion does not correspond to the original).

This points—it is merely an indication—to there being no general management plan that adequately watches over the zones that were removed from protection (desafectadas) by Law No. 9223; that is, it appears that neither were the environmental-interest limitations imposed to safeguard the private properties adjacent to the refuge and that had significant forest cover (cobertura forestal) or are truly forest under the terms of the Forest Law (Ley Forestal).

From the preceding excerpt, it is worth highlighting what is set forth in the instrument itself: the geographic area reflected by this management plan does not represent the total boundaries of the protected wilderness area (área silvestre protegida), it being necessary, once the forested area removed from protection by Law 9223 is reincorporated, to carry out an expansion of the general management plan that addresses what is pertinent to said area that will be restored to the refuge.

Once that factual information was verified, it is necessary to highlight the conclusion of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República)—which I share:

"With that provision, it is undeniable that with respect to the General Management Plan REGAMA, its function as a planning instrument that guides the management of a protected wilderness area toward the fulfillment of its long-term conservation objectives, and that serves as a basis for the development of other planning and regulatory instruments, is distorted, firstly, because of the nonexistent delimitation of the total geographic area of REGAMA, and secondly, because the lack of definition, identification, and reincorporation of the entirety of the areas of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) into REGAMA, ordered by judgment 12745-2019, entails a state of uncertainty regarding the appropriate use of the lands and raises jurisdictional conflicts between SINAC and the Municipality of Talamanca for their administration. Both assumptions give rise to a significant impairment of the right established by Article 50 of the Constitution." (The highlighted portion does not correspond to the original).

Furthermore, it is necessary to emphasize the consequences this entails:

"In that sense, it must be borne in mind that Protected Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas) are delimited geographic zones (Law No. 7788, Article 58), whose administration and conservation of the State's Natural Heritage is the responsibility of the National System of Conservation Areas (SINAC).

Thus, a deficient and unfinished delimitation of the Protected Wilderness Area entails the risk that the Municipality of Talamanca may grant concessions—administrative real rights—over the 20.1 ha of lands classified as forest and that are located within the maritime-terrestrial zone, according to the delimitation of the forested zone in the area excluded by Law 9223, official communication No. ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020—disregarding the competencies and characteristics of each ecosystem (Law 7554, Articles 30, subsection c, and 34). The foregoing, in clear disregard of what this Chamber has established as unconstitutional in prior judgments regarding the preventive and precautionary principles and the State's obligation to avoid environmental damage, as well as the constitutional mandate for inter-institutional coordination and cooperation for environmental protection, derived from the pro natura principle." (The highlighted portion does not correspond to the original).

In addition, regarding the protection of the forested zone, said report notes the following:

"[I]f the boundaries of REGAMA are not fully defined, the negative effects that an activity, work, or project will cause on the environment prior to its execution, in the omitted area, could not be evaluated and determined. The Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE) is obligated to classify the lands owned by the State with the objective of identifying and delimiting those territories that constitute State Natural Heritage defined as forests and/or lands of forestry aptitude (terrenos de aptitud forestal) that automatically come to be administered by that Ministry and not by the Municipalities." (The highlighted portion does not correspond to the original).

In conclusion, I consider that indeed the management plan—which is the regulatory instrument par excellence for protected wilderness areas—is unconstitutional because in its very origin there is an omission that meant that the MINAE authorities should have carried out a complete evaluation of the lands to be included in said plan. If lands were left out, this means placing them in a state of lack of protection, in evident contradiction to the provisions of Articles 50 and 89 of the Constitution regarding the protection of natural beauty.

Nuance regarding the reincorporation of forested areas into the refuge

I must make a nuance regarding the following statements made by the majority of this Chamber:

"The Chamber agrees with the Office of the Attorney General of the Republic that a provision such as the one analyzed makes it impossible for the General Management Plan of the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge (REGAMA) to fulfill its function as a planning instrument that guides the management of a protected wilderness area toward the fulfillment of its long-term conservation objectives, due to the lack of a complete delimitation of the geographic area of REGAMA. It is evident that the lack of definition, identification, and reincorporation of the entirety of the areas of the State's Natural Heritage into REGAMA, ordered by judgment 12745-2019 of this Chamber, entails a state of uncertainty regarding the appropriate use of the lands and raises jurisdictional conflicts between SINAC and the Municipality of Talamanca for their administration." (The highlighted portion does not correspond to the original).

On this matter, I must clarify that—according to my considerations—the reincorporation was not per se obligatory. In this regard, I made the following reflections:

"From the analysis of the background, it is observed that this Chamber did not declare the unconstitutionality of the entirety of Law No. 9223, 'Recognition of the Rights of the Inhabitants of the Southern Caribbean,' but only as it related to 188 hectares of forest cover regarding which there was doubt about the ownership of the properties and, therefore, the majority of the Chamber ordered to delimit and then exercise the corresponding legal actions in defense of the public heritage.

In my view—despite the fact that I was not part of the Chamber when this matter was resolved—the operative part of the judgment cannot be seen separately from its recitals, which made its intention very clear in the following sense:

'Rather, and in order to achieve a fair balance between environmental protection and the socioeconomic needs of the people, the appropriate course is to uphold the action of unconstitutionality filed, annulling the norm only as it relates to the territories comprised within the forested zone—188 hectares—as provided by the Office of the Attorney General of the Republic in its reports and, consequently, order SINAC to proceed to delimit the aforementioned area. In the event that it is determined that these are public domain assets—not private domain assets—SINAC, jointly with the State Attorney, must exercise the corresponding legal actions in defense of the public heritage. As regards property rights—if they were to be determined—the competent authorities must impose on the properties the corresponding social-interest limitations (limitaciones de interés social) for the sake of environmental protection.' (The highlighted portion does not correspond to the original).

That is, the Chamber's intention was not to automatically incorporate these lands into REGAMA, but to delimit them and weigh their specific situation in each case, so that if they were public lands, the 'defense of the public heritage' would proceed, and if they were private, the corresponding social-interest limitations for environmental protection should be imposed. The Chamber could not now, through a subsequent procedure, change the intention expressed therein. It is true that, in accordance with Article 12 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC), in sentence enforcement proceedings, official additions or clarifications may be issued to ensure full compliance with the judgment, but I reiterate that a measure of that type cannot distort the intention of what was decided at the time.

It should be taken into account that both the majority and the minority agreed on the need to safeguard the urban zones—by the will of the legislator itself—seeking a healthy balance between the rights of the historical possessors of the area and environmental protection. The crux of the matter lies in those 188 hectares of forest cover—declared or detected as such at the time of the granting of the judgment—which were not clearly defined as an urban zone, which supposedly were forested area and which underwent removal from protection. These specific lands were those that should be delimited as a result of the judgment in this case file."

So, I reiterate, delimitation is indeed indispensable as a technical criterion. If the delimitation and definition of which lands must be covered by the management plan is incomplete, there is an absence of technical elements to properly support it. However, the total reincorporation of the forested area was not automatic. In my judgment, the Chamber's intention was not to automatically incorporate these lands into REGAMA, but to delimit them and have the competent authorities weigh their specific situation in each case, so that if they were public lands, they should proceed with the 'defense of the public heritage,' and if they were private, impose the social-interest limitations for environmental protection.

Conclusion

As a corollary to the considerations made, I conclude that the challenged management plan—due to the absence of delimitation of the lands it should have included—is unconstitutional.

Anamari Garro V.

NOTE OF JUSTICE GARRO VARGAS

On collective interests

With respect to the main judgment, I have considered it necessary to specify that the most recent jurisprudential lines of the Constitutional Chamber have clarified the grounds for admissibility of unconstitutionality actions with regard to the standing invoked.

Specifically, as it pertains to Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC), the second paragraph refers to the defense of interests "that concern the community as a whole." On this point, this Court has emphasized that this refers to the standing held by a corporate entity, when it acts through its representatives in defense of the rights and interests of the persons who make up its associative base, and provided that it concerns the challenge of norms or provisions that affect that core of rights or interests that constitutes the reason for being and the cohesive factor of the group. In the note to judgment No. 2025-012850 I made the following considerations:

"In the first place, it is necessary to delimit that when the Constitutional Jurisdiction Law refers to interests that concern the community as a whole, it refers to collective interests, which are those held by a corporate group when it acts as such through its representatives, in defense of the rights and interests of the persons who make up its associative base, but also insofar as what is challenged are norms or provisions that affect that core of right or interests that constitutes the reason for being and the cohesive factor of the group. Thus, one may consult judgment No. 2024-010031 which, as relevant, made the following considerations:

'The petitioners argue, expressly, that they have standing to bring this unconstitutionality action based on Article 75, second paragraph, of the Constitutional Jurisdiction Law, insofar as the action is brought "in defense of interests that concern the community as a whole." The petitioners themselves indicate that they know that this Chamber has specified that the phrase "interests that concern the community as a whole" refers "to collective interests, which are those held by a corporate group when it acts as such through its representatives, in defense of the rights and interests of the persons who make up its associative base, but also insofar as what is challenged are norms or provisions that affect that core of right or interests that constitutes the reason for being and the cohesive factor of the group." They note that, in this case, the claim "specifically concerns the collective interests of public sector workers" and seeks to challenge "specific acts or norms..., which harm the interests of this particular sector through the representation that the undersigned deputy can offer." They then add that they may bring this action "in defense of collective interests by the standing held by the deputy of the Republic.'

Therefore, in which case, it must be noted that, indeed, this Chamber has been specifying—in various rulings—that, through the expression "interests that concern the community as a whole," contained in the aforementioned Article 75, second paragraph, the "legislator intended to refer to the standing held by a corporate entity, when it acts through its representatives in defense of the rights and interests of the persons who make up its associative base, and provided that it concerns the challenge of norms or provisions that affect that core of rights or interests that constitutes the reason for being and the cohesive factor of the group" (judgment No. 2014-20446 of 09:30 hours on December 17, 2014; in the same sense—among several—rulings No. 2017-000152 of 9:05 hours on January 11, 2017, and No. 2020-020839 of 9:20 hours on October 28, 2020)."

On the regulatory framework for exercising constitutional review

In previous notes (see judgments 2014-004630, 2016-018351, and 2020-013316, among many others) I have made some considerations regarding the exercise of constitutional review and international instruments as a parameter of assessment. In this regard, as relevant and in summary, I indicated the following:

"The function of monitoring the conformity of laws and general provisions with treaties and conventions is not expressly provided for in the constitutional text but only in Article 73(d) of the LJC, yet it is not contrary to the former, since it ensures the effectiveness of Article 7 of the Constitution (CP). That function of monitoring such conformity is a function distinct from the one exercised by the Chamber pursuant to Article 10 of the Constitution—constitutional review—and from the one established in Article 48 of the Constitution—jurisdictionally guaranteeing constitutional rights and those of a fundamental nature established in international human rights instruments.

When this Chamber exercises its constitutional review function, it is not appropriate for it to resort to treaties and use them effectively as if they formed part of the parameter of constitutionality. Such instruments, and only if they are duly ratified, can serve as a parameter of conformity for legal and infra-legal norms with themselves, pursuant to the provisions of Article 7 of the Constitution and Article 73(d) of the LJC. This is consistent with a systematic interpretation of the Constitution and the LJC and with respect for the separation of powers, a fundamental principle of any democratic State governed by the Rule of Law." (The highlighted portion does not correspond to the original rulings).

In the specific case, there are references to the Rio Declaration on Environment and Development, Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, of the Inter-American Court of Human Rights, the judgments of that court in the cases of "Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) v. Argentina" and "Baraona Bray v. Chile," and the first report of the United Nations Organization on the status of international environmental law—document A/73/419 of November 30, 2018—among others. These resolutions, advisory opinion, and international instruments are of utmost relevance, but they are not formally parameters of constitutionality. To refer to the validity of the cited constitutional principles (precautionary and preventive), it suffices to refer to international instruments formally approved by Costa Rica through the mechanisms set forth in our Political Constitution. In this sense, it is worth recalling that the lack of binding nature of soft law norms, although it may not seem so at first glance, stems from respect for the democratic ethos that pervades the production of legal norms.

On judgment No. 2023-31756

I must note in the case file that I did not serve on the tribunal for the adoption of judgment No. 2023-31756 of 09:30 hrs. on December 7, 2023, by which the public hearing held on August 4, 2023, was annulled and the authorities of the Municipality of Talamanca were ordered to coordinate what is necessary to schedule a new public hearing for the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) project for the District of Cahuita, Canton of Talamanca.

On the environmental protection of wetlands

I must highlight the special protection reflected in my positions regarding the importance and safeguarding of wetland ecosystems. In this regard, it suffices to refer to judgments No. 2020-0013836, in which I dissented and declared the unconstitutionality of Law No. 9610 of October 17, 2018, called "Modification of Boundaries of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the Development of the Water Supply Project for the Middle Tempisque River Basin and Coastal Communities"; and No. 2021-017783, in which an interpretation in conformity was made of Executive Decree No. 39838-MINAE of July 27, 2016, called "Empowers the National Conservation System to Authorize Controlled Intervention in Wetland Ecosystems for State Public Infrastructure Repair and Maintenance, Construction or Expansion Projects Previously Declared of National Convenience." However, I must specify that—in my judgment—and in accordance with this latter judgment, it is not technically correct to assert that all wetlands form part of the State Natural Heritage. In judgment 2021-017783, it was concluded, as relevant, the following:

"In the first place, the definition of wetlands is given by their physical characteristics—predominantly aquatic ecosystems—(Article 1 of the Ramsar Convention and Article 40 of the Organic Environmental Law (LOA)), but this does not necessarily imply that all wetlands are catalogued, in turn, as protected wilderness areas, that they are included within the State Natural Heritage (PNE), much less that all the wetlands in the national territory are inscribed on the Ramsar List due to their international importance. It must be noted that for these assumptions, much more severe intervention rules must be followed, precisely attending to their specific inclusion in these reinforced protection categories and to the respective imposed management category, which cannot be arbitrarily disregarded by the MINAE authorities themselves. Likewise, if a specific wetland is specifically included within the PNE—attending to the definition of Article 13 of the Forestry Law—the legislation only admits 'research, training, and ecotourism activities, as well as activities necessary for the use of water for human consumption.'

In said resolution, a normative analysis of the qualities of the PNE was included, and it was concluded as follows:

Likewise, inclusion in the PNE responds to determined characteristics and qualities that merit its inventory by MINAE and restricts the activities that can be carried out on said lands, precisely for the sake of protecting the forest resource. On this matter, it is appropriate to cite, as relevant, what is indicated by the Forest Law, the norm that defines and delimits the qualities of the PNE:

Art. 13.- Constitution and administration. The natural heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its heritage.

The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage. When appropriate, through the Office of the Attorney General of the Republic, it shall register the lands in the Public Property Registry as individualized properties owned by the State.

Non-governmental organizations that acquire real estate with forest or of forestry aptitude, with funds from donations or from the public treasury, that have been obtained in the name of the State, must transfer them to the name of the latter.

Art. 14.- Unseizable and inalienable condition of the natural heritage. The forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State, detailed in the preceding article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall not give rise to any right in their favor, and the State's action for recovery of these lands is imprescriptible. Consequently, they may not be registered in the Public Registry by means of possession information, and both the invasion and the occupation of them shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law.

Art. 16.- Boundaries.

The Ministry of Environment and Energy shall demarcate, on the ground, the boundaries of the areas that make up the natural heritage of the State. The demarcation procedure shall be established in the regulation to this law.

(…)

Based on the normative analysis as well as the reports of the reporting authorities, including the very authority that promoted the decree (MINAE), it is understood that the executive decree in question is provided for application in 'wetland ecosystems,' expressly excluding from this conceptualization those areas specially protected by other norms that determine specific management categories and establish specific regulations for their inscription, management, and use.

Consequently, it is reiterated, in protected wilderness areas, their administration is delimited by the corresponding imposed management category, and there cannot be a reduction of these areas through infra-legal provisions or measures; the inclusion of a wetland as a Ramsar Site will respond to its international importance and, as examined, its reduction could only be carried out through onerous measures established in the Convention; finally, the determination of a wetland as part of the PNE responds to a delimitation carried out by MINAE, the competent body to establish its boundaries, and in them, only the activities expressly provided for and authorized by the legislator may be admitted."

In light of the foregoing, I reiterate the environmental transcendence of wetlands, but it is necessary to clarify that such an ecosystem as such does not form part—automatically—of the PNE according to the legal definition provided in the Forest Law.

Anamari Garro V.

DISSENTING VOTE OF JUSTICE GARRO VARGAS REGARDING THE ENFORCEMENT OF THIS JUDGMENT

In the case at bar, this Court is declaring the unconstitutionality of the General Management Plan of the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge 2017-2023, with a dimensioning such that the competent authorities of SINAC must proceed—within a period of one year counted from the full publication of the judgment in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial)—to correct the defects of unconstitutionality noted in this pronouncement. In that sense, correcting the noted defects of unconstitutionality implies a material and technical review regarding the delimitation of the forested areas that were left out and determining whether their incorporation into the refuge is appropriate in order to provide full environmental protection.

As can be seen, it is not a simple order for this Court to evaluate, and it is for that reason—seeking to be a guarantor of the State's duty to protect the right to a healthy and ecologically balanced environment—that I consider the most appropriate course is to place the enforcement of this judgment before the Enforcement Area of the Administrative and Civil Treasury Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), under the judgment enforcement rules of the Administrative Contentious Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA).

The possibility of referring the enforcement of certain orders of the Constitutional Chamber to the administrative-contentious jurisdiction is certainly contemplated for amparo remedies (recursos de amparo), as indicated in Article 56 of the LJC, which provides the following:

Art. 56. The enforcement of judgments corresponds to the Constitutional Chamber, except with respect to the liquidation and fulfillment of indemnifications and pecuniary liabilities, or in other aspects that the Chamber itself considers appropriate, in which case it shall be carried out in the administrative-contentious forum through the judgment enforcement procedure provided for in the law governing that jurisdiction. (The highlighted portion does not correspond to the original).

In the draft bill for the discussion of the LJC, the following was originally provided, as transcribed below:

Art. 56. Judgments favorable to the petitioner shall be enforced in the administrative-contentious forum through the judgment enforcement procedure provided for in the law regulating that jurisdiction.

However, the text was modified via motion, so that it would be consistent with what is regulated in Article 153 of the Political Constitution, but the following explanation was provided:

"THE SECRETARY:

Motion No. 68 (32-19) of Deputy Chacón Jiménez:

"Article 57 (formerly 56): so that the text reads as follows: 'the enforcement of judgments corresponds to the Constitutional Chamber, except with respect to the liquidation and fulfillment of indemnifications or pecuniary liabilities in other aspects that the Chamber itself considers appropriate, in which case it shall be carried out in the administrative-contentious forum through the judgment enforcement procedure provided for in the law regulating that jurisdiction.'"

THE PRESIDENT:

Is the motion read under discussion?

Doctor Piza Escalante:

Here there was a contradiction with the general thesis that it is the Courts that enforce their judgments, and it sent all enforcement to the Administrative-Contentious Jurisdiction; then the other articles that allowed the Chamber to enforce them were left up in the air.

Deputy Corrales Bolaños:

In that part it says: 'or in other aspects that the Chamber itself considers …,' what is it referring to?

Doctor Piza Escalante:

The idea is that the Chamber, in the enforcement proceeding, resolves what it considers corresponds to it. The rest, it sends to the Administrative-Contentious forum. [sic]

THE SECRETARY:

Is the motion considered sufficiently discussed?

THE PRESIDENT:

Discussed. Approved (unanimity, five deputies present)" (See approval records of the LJC. The highlighted portion does not correspond to the original).

From the foregoing, it is clear that the LJC itself authorizes this Chamber to—also with respect to enforcement—resolve what it considers falls within its purview and could, if so justified, delegate to the administrative-contentious jurisdiction the aspects it deems appropriate.

In the specific case, by virtue of the magnitude and complexity of the order, in my judgment, in order to provide adequate follow-up, the most appropriate course is to place the enforcement phase of the matter in the administrative-contentious jurisdiction. The foregoing, due to the lack of adequate mechanisms provided for by the norms governing this constitutional jurisdiction to follow up on an order that involves technical aspects of great complexity.

As noted supra, although said norm (Article 56 of the LJC) is located in the title relating to guarantee proceedings—amparo remedies—the truth is that, based on an integral reading and interpretation of Articles 7, 13, and 91 of the LJC, the aforementioned authorization could be applied to constitutional review proceedings. The provisions in question establish the following:

Art. 7. The Constitutional Chamber has the exclusive authority to resolve on its own competence, as well as to hear the incidental matters that arise before it and the related preliminary matters.

Art. 13. The jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction are binding erga omnes, except for itself.

Art. 91. The declaration of unconstitutionality shall have declaratory and retroactive effect from the effective date of the act or norm, all without prejudice to rights acquired in good faith.

The constitutional annulment judgment may graduate and dimension in space, time, or matter, its retroactive effect, and shall issue the rules necessary to prevent it from producing serious disruptions to social security, justice, or peace. (The highlighted portion does not correspond to the original).

Consequently, for the sake of avoiding a serious disruption to "social security, justice, or peace," it is necessary to resort to this mechanism of maintaining the validity of the norm while the constitutional requirement that is found lacking is fulfilled.

Furthermore, the binding nature of the jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction, and the possibility of issuing the “necessary rules” and “deciding on its own competence,” authorize the Constitutional Chamber to apply the provisions of Art. 56 of the LJC to constitutional review proceedings. This is upon noting that for these matters there is no rule of a similar nature that foresees the possibility of referring a specific point to the enforcement-of-judgment phase of the administrative litigation jurisdiction.

Precisely in light of that absence, it would be appropriate to perform a normative integration and apply Art. 56 of the LJC by analogy to actions of unconstitutionality, just as in other cases, for example, the Chamber has applied rules relating to amparo remedies to habeas corpus (see, for example, the following judgments: 2020-15696, which applies the concept of withdrawal of the amparo remedy to habeas corpus; 2012-10005, which orders the supplementary application of the cost award provided for in Art. 52 of the LJC to habeas corpus proceedings; 2020-8410, whereby the Chamber recognizes that the reports rendered in habeas corpus proceedings have the same characteristics as the reports rendered in amparo proceedings (Art. 44 of the LJC)). Thus, in the absence of a provision like the one foreseen in amparo remedies regarding the enforcement of judgments, the Chamber could well perform an integration and supplementary application of that same provision for constitutional review proceedings, when—as in the present case—the declaration of unconstitutionality does not entail a simple expulsion of the rule without more, but rather requires the verification of a condition of complex fulfillment to determine whether such expulsion must effectively be consummated. The foregoing, even taking into consideration what is set forth in Art. 14 of the LJC, which orders:

Art. 14. The Constitutional Chamber and its jurisdiction shall be subject only to the Constitution and the law. In the absence of an express provision, the principles of Constitutional Law shall be applied, as well as those of general Public and Procedural Law, or, as applicable, those of International or Community Law, and, furthermore, in their order, the General Law of Public Administration, the Regulatory Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction, and the Procedural Codes. (Emphasis not in original).

It is necessary to add that the necessity of assigning the fulfillment of this decision to the administrative litigation jurisdiction—based on the express authorization granted by Art. 56 of the LJC—arises by virtue of the lack of adequate mechanisms in the LJC to follow up on a judgment that has particular public interest and highly complex technical aspects that exceed the possibilities of the constitutional jurisdiction. The advantages of what is provided by the CPCA regarding judgment enforcement (Art. 155 et seq.) cannot be ignored, as they are evident and adequate for a case like the one sub examine. In this regard, Art. 155 states:

Art. 155.- 

1) The Court shall have a body of enforcement judges (jueces ejecutores), responsible for the enforcement of its judgments and other final decisions.

2) In the judgment enforcement phase, the enforcement judge (juez ejecutor) shall have all the powers and duties necessary for its full effectiveness and efficacy.

3) Once the judgment is final, the enforcement judge (juez ejecutor) shall issue or order, at the request of a party, the adequate and necessary measures for its prompt and due enforcement.

From a reading of said rule, it is observed that the referred jurisdiction has a body of enforcement judges (jueces ejecutores) who possess all the necessary powers to ensure the full effectiveness and efficacy of final decisions, including binding ones from the constitutional jurisdiction, such as the possibility of requesting timelines, imposing fines, establishing responsibilities, overseeing compliance stages, etc. All of this clearly ensures the true enforcement of judgments.

There is another element worth mentioning. If this grievance, instead of having been filed directly before the Chamber (through the present action of unconstitutionality), had been brought before the administrative litigation jurisdiction (through an ordinary proceeding) seeking to ensure the legality of the administrative function under the terms of Art. 49 and in light of the requirements of Art. 50—both of the Political Constitution—, it would have fallen to the enforcement judge (juez ejecutor) to carry out the same procedure that now, in this dissenting opinion (voto salvado), I believe the Chamber should order them to fulfill. Thus, such an order would not constitute an assignment of illegitimate competences, but rather what is required forms part of their habitual work: ensuring the compliance with final jurisdictional decisions—and this decision undoubtedly is one (Art. 13 of the LJC cited above)—safeguarding, ultimately, the legality and constitutionality of the administrative function.

Regardless of the foregoing, it was also possible for this matter to be heard on its merits in the constitutional jurisdiction, as was done. It was then that it was proven that the regulation lacks an essential requirement that invalidates it and makes it unconstitutional for infringing Art. 50 of the Political Constitution. However, as I have said, this is not an obstacle for the Chamber, aware of the characteristics of the object of this action and the characteristics of the order provided in the judgment—and also of its powers and its limitations—, to choose to assign the control of its compliance to the enforcement area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda).

Finally, what—in my opinion—the Constitutional Chamber should have decided based on the mentioned normative relationship and specifically the possibility for it to decide its own competence (Art. 7 of the LJC), must be complied with by the administrative litigation jurisdiction, because it is inadmissible for a lower jurisdiction to sustain a conflict of competence with a superior one (Art. 170 of the Organic Law of the Judicial Branch). In this regard, this Chamber, in judgment No. 2016-4837, held the following:

“For this purpose, the appellant must consider that, as already indicated, in accordance with the principle of constitutional supremacy and the binding force of the Constitutional Jurisdiction (Article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction), the jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction are binding erga omnes except for itself. Consequently, if a precedent from this Tribunal already exists that defined competence in this specific case, the designated jurisdictional body could not decline its competence back to the Constitutional Chamber given that, in accordance with Article 7 of the Law of Constitutional Jurisdiction, exclusively the Constitutional Chamber defines its own competence. Note that, in accordance with Articles 45 of the Civil Procedure Code and 170 of the Organic Law of the Judicial Branch, courts cannot sustain conflicts of competence with superior courts that exercise jurisdiction over them (see, on this matter, the judgment of this Chamber No. 15311-2011 of 4:46 p.m. on November 8, 2011). Thus, what was decided by the Contentious-Administrative Court is unenforceable against the delimitation of competence made by this Chamber” (Emphasis not in original).

I maintained this position in judgment No. 2020-023743, through which the unconstitutionality of the approval of the "Plan GAM 2013-2030 Update of the Regional Plan for the Greater Metropolitan Area" was declared for omitting the inclusion of the environmental variable. In that pertinent part, I issued a dissenting opinion (salvé mi voto) and ordered the following:

“Judge Garro Vargas issues a dissenting opinion (salva el voto) regarding the dimensioning of the effects of this judgment, and in accordance with Article 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction, indicates that the Executive Branch must proceed to subject the plan foreseen in the mentioned decree to the strategic environmental assessment (evaluación ambiental estratégica) process or another study that incorporates the environmental variable before the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), which must issue the corresponding resolution. All the foregoing must be completed within a maximum period of thirty-six months starting from the full publication of this judgment in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial). The enforcement of this pronouncement shall be carried out before the Enforcement Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court (Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), under the judgment enforcement rules of the Contentious-Administrative Procedure Code. During the granted period, the decree shall remain in force. In the event of non-compliance with the obligation imposed herein within the indicated period, the declaration of nullity shall have full legal effects. Forward a copy of the judgment to the Enforcement Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court (Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) so that it may initiate the enforcement procedures for this ruling.”

And, in this regard, I stated the following:

“[I]t must be kept in mind that, due to the particularities of the declaration of unconstitutionality in the specific case, the challenged rule is required to have ultra-activity for a reasonable period, so that the environmental variable can be integrated. Leaving the Plan GAM without effect, without further specifications or adjustments, would produce a serious disruption to social peace and legal certainty in the terms that Art. 91 of the LJC precisely seeks to avoid (as the majority of the Chamber and Judge Castillo Víquez in his note record). These disruptions or the possible chaos in the absence of a regulation governing territorial planning would likewise occur if, at the end of the granted period, the Chamber’s order is not fulfilled. Therefore, there is a very special necessity to prevent this from happening, and this is an additional qualified reason that justifies resorting residually to Art. 56 of the LJC, which grants the Chamber a margin of judicial discretion to refer this specific point to the administrative litigation jurisdiction so that, with all the tools—abundant and proven effective—available there, compliance with the omitted requirement can be verified and controlled.

(…)

Based on the arguments presented, I conclude that there are sufficient factual, normative, and jurisprudential elements that justify this Chamber modulating the order in this action of unconstitutionality. Thus, instead of annulling the rule, we opt to maintain its validity for a period deemed reasonable—thirty-six months—so that the Executive Branch subjects the Plan GAM to the environmental assessment (evaluación ambiental) process determined by SETENA.

Likewise, due to the characteristics noted, it is appropriate to order that compliance with what is provided be carried out before the Enforcement Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court (Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), under the judgment enforcement rules of the CPCA.

And, like the majority, I consider that only in the event of non-compliance with the obligation imposed herein within the indicated period would the declaration of nullity have full legal effects.”

Such considerations are equally applicable to the specific case, as the validity of the General Management Plan of REGAMA 2017-2023 is maintained for a period of up to one year for the purpose of having the competent administrative authorities carry out the delimitation process previously ordered by this Tribunal. In my opinion, the control of that appropriate delimitation should be delegated to the judgment enforcement area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda).

Anamari Garro V.

EXPEDIENTE N° 24-001899-0007-CO

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

Observations of SALA CONSTITUCIONAL

voted by ballot

Classification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.

Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-29-2026 07:18:53.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República