Res. 41105-2025 Sala Constitucional — Flooding on creek banks due to municipal omissionInundaciones en márgenes de quebrada por omisión municipal

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Sala Constitucional

Resolución Nº 41105 - 2025

Fecha de la Resolución: 11 de Diciembre del 2025 a las 10:10

Expediente: 25-032584-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

041105-25. MUNICIPALIDAD. VECINOS DE SANTA CECILIA DE PAQUERA, QUE VIVEN LAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA SANTA CECILIA, ACUSAN QUE, SUFREN INUNDACIONES CUANDO LLUEVE FUERTE, LO CUAL, AMENAZA SUS VIVIENDAS Y PONE EN RIESGOS SUS VIDAS, LO CUAL, ES DE CONOCIMIENTO DE LOS RECURRIDOS, SIN QUE HAYAN EJECUTADO ACCIONES CONCRETAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO, ÚNICAMENTE EN LO QUE RESPECTA AL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA. SE ORDENA AL INTENDENTE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAQUERA, QUE DISPONGA Y COORDINE LO NECESARIO A EFECTO QUE, EN EL PLAZO DE TRES MESES, SE CORRIJA EN FORMA DEFINITIVA EL PROBLEMA AMBIENTAL ACUSADO. VCG01/2026

“(…) III.- SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO RECURRIDO. Consta que, durante los últimos años, algunos de los vecinos del poblado de Santa Cecilia, Paquera, que viven en las márgenes de la quebrada Santa Cecilia, han formulado distintos reportes al 911 por las inundaciones que se han generado por las crecidas de ese cuerpo de agua y la saturación del alcantarillado pluvial. Aunque el intendente recurrido sostiene que el Concejo Municipal de Distrito atendió la situación de los vecinos, tomando en consideración la capacidad económica y presupuestaria de ese órgano, efectuando las coordinaciones correspondientes y las previsiones presupuestarias necesarias, para contar en el año 2026 con los recursos necesarios a esos efectos, lo cierto del caso es que no consta que el problema acusado haya sido corregido, puesto que no se ha informado nada en ese particular. Por el contrario, a lo que hace referencia el intendente es al inicio de la articulación o coordinación estratégica con los distintos actores que deben intervenir. Por lo anterior, estima la Sala que se produjo este agravio.

IV.- SOBRE LA INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. Según explica el presidente de la Comisión Local de Emergencias de Paquera, si bien es cierto su representada ha realizado algunas valoraciones en la comunidad de Santa Cecilia, como parte del procedimiento de la atención de los incidentes que ahí se han presentado, se trata de una emergencia local respecto de la cual no se ha formulada solicitud alguna de intervención a su representada, a través del mecanismo establecido, a efectos de suministrar la ayuda que se echa de menos. Así las cosas, no podría reprocharse omisión alguna a esa institución. Bajo esta inteligencia, en este punto, descarta la Sala que se haya producido la infracción acusada. (…)”

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

 V.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que la omisión de las autoridades recurridas de realizar obras de infraestructura para evitar el desbordamiento de la quebrada Santa Cecilia y la saturación del paso de alcantarilla sobre ese cauce en la ruta nacional No. 160, que pone en riesgo a la persona recurrente, así como a los vecinos de la zona.

VCG01/2026

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Texto de la resolución

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Exp: 25-032584-0007-CO

Res. Nº 2025041105

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas diez minutos del once de diciembre de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo promovido por Nombre91671, cédula de identidad CED20547, contra el CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

RESULTANDO:

 1.- Mediante memorial presentado a las 13:53 horas de 21 de octubre de 2025, el recurrente promovió recurso de amparo, contra el Concejo Municipal de Distrito de Paquera y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, pues, según afirma, los vecinos del poblado de Santa Cecilia, en el distrito de Paquera, viven en las márgenes de la denominada quebrada Santa Cecilia, la cual, cuando llueve fuerte, se rebalsa e inunda todas las casas a más de un metro de altura, amenazando con destruir las viviendas y poner en riesgo inminente la vida e integridad física de las familias que ahí habitan. El intendente municipal de Paquera, junto con el pleno del Concejo Municipal del Distrito de Paquera, con conocimiento y tolerancia, han permitido que las viviendas de cita, se inunden, esto, sin actuar a derecho. Detalla que: "En contraste, la comunidad de Santa Cecilia, por la cual presento este proceso de amparo, ha solicitado reiteradamente el uso de la misma maquinaria con la que cuenta el CMDP, para limpiar el cauce de la quebrada, cuyo desbordamiento provoca inundaciones graves y pérdidas materiales en las viviendas vecinas. 4. A pesar de múltiples peticiones, la Municipalidad (sic) ha negado la ayuda alegando falta de recursos o disponibilidad de maquinaria, lo cual demuestra una clara discriminación, pues se atienden otras peticiones afines del intendente, mientras se ignoran necesidades urgentes de carácter público que afectan a toda una comunidad. 5. A pesar de que tanto la CNE como el Concejo Municipal han visitado la zona y reconocido el grave peligro existente, no se ha ejecutado ninguna medida efectiva para evitar la tragedia. Esta omisión reiterada demuestra una clara falta de diligencia administrativa y una violación al deber constitucional de protección de la vida y la seguridad ciudadana. 6. De continuar esta omisión, es previsible que ocurran daños materiales y pérdidas humanas, lo cual podría haberse evitado si las autoridades hubiesen cumplido sus funciones preventivas y de gestión del riesgo, como lo ordenan la Constitución y la ley. Esta omisión vulnera de manera grave los derechos fundamentales a la vida, la salud, la integridad física, la seguridad y el ambiente sano, reconocidos en los artículos 21, 46, 50 y 140 inciso 6 de la Constitución Política de la República de Costa Rica", donde consta el problema causado por las inundaciones y se detalla la pérdida de electrodomésticos. Con base en la situación expuesta, estima que se han vulnerado derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso.

 2.- Por resolución de las 10:19 horas de 27 de octubre de 2025 se previno a la parte recurrente que indicara si ha planteado de manera formal y por escrito la gestión correspondiente a efecto de denunciar ante la autoridad accionada la situación que expone en el memorial de interposición de este recurso; de ser afirmativa su respuesta, deberá aportar copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o de remisión de correo electrónico de la denuncia que formuló; de haber recibido alguna resolución, deberá indicar claramente cuál fue el resultado obtenido y aportar la documentación generada con ocasión de tales diligencias; si dicha denuncia se encuentran pendiente de resolución a la fecha de interposición de este recurso, también deberá indicarlo expresamente a esta Sala; Igualmente si no ha planteado por escrito y de manera formal su denuncia, así deberá aclararlo. De igual modo, deberá aportar cualquier prueba adicional en la cual fundamente su dicho.

 3.- Mediante resolución de las 16.49 horas de 3 de noviembre de 202s5 se tuvo por cumplida esa prevención; se dio curso al recurso y se requirió un informe al intendente del Concejo Municipal de Distrito de Paquera y al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, sobre los hechos acusados.

 4.- Informa bajo juramento Alejandro José Picado Eduarte, en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que pese a lo alegado, no se ha demostrado que su representación tuviera participación alguna en los hechos acusados.  La Comisión Nacional de Emergencias no tuvo ni tiene participación alguna en lo alegado, pues, no recibió reportes de incidentes por emergencias, tal y como consta los oficios adjuntos CNE-UIAR-INF- IAR-INF-1155-2018, CNE-DGR-OF-344-2025 y CNE-UGPR-OF-3429-2025. Agrega que, tiene conocimiento su representada respecto al caso en estudio, de conformidad con el oficio CNE-UGPR-OF-3429-2025 que, se encontraron registros de incidentes que se han generado mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1; sin embargo, ninguno hace referencia al desbordamiento de la quebrada, sino que más bien refieren a inundaciones provocadas por saturación de alcantarillado y por trabajos realizados por la intendencia municipal en caminos. Asimismo, se tiene conocimiento que el CDE de Paquera, ha realizado valoraciones en el sector como parte del procedimiento de la atención de los incidentes, pero la CNE no se ha recibido solicitud alguna de intervención por medio de una emergencia no declarada. Anteriormente, la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo mediante el informe IAR-INF1155-2018, identificó algunas situaciones de importancia a valorar, por razones de vulnerabilidad en la zona de estudio, para lo cual dice textualmente el oficio:

“(…) Los serios problemas por desbordamientos de quebradas, ríos y acequias en todo el distrito de Paquera, se han incrementado en los últimos años y ha generado grandes impactos en las comunidades debido a la mala planificación urbana, donde muchas construcciones se han realizado en áreas de alta amenaza por desbordamientos y dentro de la zona de protección. Las comunidades de Paquera, San Rafael, Santa Cecilia y Gigante, tiene un historial muy importante relacionado a impactos relacionados a eventos hidrometeorológicos que han provocado los desbordamientos de Guarial, San Rafael, Los Ángeles y quebradas del área. Es de suma importancia para esta representación hacerle ver a esta Honorable Sala que, de conformidad con lo alegado por la parte recurrente, queda en evidencia que por parte de la CNE no ha habido actuación alguna, incluso como se ha venido indicando en el recurso las gestiones han sido a nivel municipal, por tratarse de una competencia meramente de índole municipal (…)”.

 

 Esto evidencia la problemática de construcciones y/o asentamientos irregulares en la zona que agravan las consecuencias de cualquier tipo de situación que pueda presentarse; no obstante, pese a esas advertencias a la fecha se mantienen, según se infiere de lo alegado por la parte recurrente. Valga mencionar que esta problemática que asecha la comunidad no corresponde a ninguna de las atribuciones de su representada, por el contrario, refieren a temas de orden estrictamente municipal. Aunado a lo anterior, el recurrente no menciona que haya algún trámite pendiente por parte de la Comisión, ni tampoco que la situación que motiva la interposición del recurso en cuestión sea por alguna mala intervención de su representada, es decir, que no trata el recurso de una mala gestión de parte de la Comisión Nacional de Emergencias. Resulta indiscutible que la situación reclamada obedece a una situación de orden municipal, por lo tanto, el único responsable de la atención directa de la situación descrita por el recurrente es el ente municipal. De lo anterior, es importante indicar que por tratarse de situaciones que según se indica en el recurso, vienen sucediendo años atrás, lo cual imposibilita a la CNE de que se pueda tramitar la situación como normalmente se hace por emergencia; es decir, que para poder activarse los protocoles para que una situación se pueda atender vía emergencia por medio de la CNE, deben tratarse de hechos y situaciones nuevas, no de problemáticas que se vienen arrastrando por años en un determinado lugar.

5.- El intendente Municipal de Distrito de Paquera, no rindió el informe que se le requirió (constancia visible en el Historial de Acontecimientos del Expediente Electrónico).

6.- Informa bajo juramento Ulises González Jiménez, en su condición de intendente municipal del distrito de Paquera, que contrario a lo alegado su representada ha procedido a atender la situación de los vecinos, tomando en consideración la capacidad económica y presupuestaria del Concejo Municipal de Distrito. Conforme a lo indicado por el profesional en ingeniera, se requiere contar con una serie de estudios técnicos, los cuales deben ser efectuados por profesionales que no tiene a su disposición nuestro concejo, así como tampoco cuenta en estos momentos con el presupuesto aprobado para tales fines. Por otra parte, si bien es cierto que existen una serie de aspectos que en teoría sana, le corresponde a nuestra institución, también lo es, que existen otras instituciones que deben atender dicho requerimiento. Conforme lo contenido en los informes adjunto, es menester que por su parte el CONAVI proceda a ampliar la capacidad hidráulica de las alcantarillas en esa zona específicamente. Así las cosas, esta intendencia procederá a efectuar y proponer para su aprobación, la modificación presupuestaria que para el año 2026, brinde el contenido presupuestario correspondiente, conforme a las necesidades de los vecinos y la capacidad financiera de la institución. Asimismo, se están girando instrucciones para que de manera inmediata se proceda a efectuar las coordinaciones correspondientes, con las instituciones que de una u otra manera deben conformar el equipo integral de solución

7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

CONSIDERANDO:

 I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acota que algunos de los vecinos del poblado de Santa Cecilia, Paquera, que viven en las márgenes de la quebrada Santa Cecilia, sufren inundaciones cuando llueve fuerte, amenazando con destruir las viviendas y poner en riesgo inminente la vida e integridad física de las familias que ahí habitan, así como sus bienes. Agrega que, pese a que las autoridades recurridas tienen conocimiento de esa situación, no han hecho nada para corregir el problema que enfrentan, omisión que estiman vulnera sus derechos fundamentales.

II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) De 2022 a 2025, los vecinos del poblado de Santa Cecilia Paquera, que viven en las márgenes de la quebrada Santa Cecilia, formularon distintos reportes al 911 por las inundaciones que se han generado por la saturación del alcantarillado y crecidas de ese cuerpo de agua (informes rendidos bajo juramento). 2) En fechas indeterminadas, la Comisión Local de Emergencias de Paquera, realizó valoraciones en el sector como parte del procedimiento de la atención de los incidentes, pero no formuló solicitud alguna de intervención a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, a través del mecanismo de emergencia no declarada (informe rendido bajo juramento CNE). 3) El 11 de noviembre de 2025, Welder Miguel Bonilla Gutiérrez, ingeniero externo Unidad Técnica de Gestión Vial, rindió un informe de la inspección que realizó el pasado 5 de noviembre, según la cual: “… otro factor que incrementa el riesgo de inundación es el pago de alcantarilla que forma parte de la ruta nacional 160 sobre la quebrada que indica el recurrente, el cual es una avenida máxima de la quebrada puede funcionar como una retención, elevando el caudal aguas arriba, es por ello que como parte de las acciones a seguir se estará solicitando al CONAVI, considerar aumentar la capacidad hidráulica de ese paso de alcantarilla, para reducir el riesgo de inundación …” (copia adjunta al informe).  

III.- SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO RECURRIDO. Consta que, durante los últimos años, algunos de los vecinos del poblado de Santa Cecilia, Paquera, que viven en las márgenes de la quebrada Santa Cecilia, han formulado distintos reportes al 911 por las inundaciones que se han generado por las crecidas de ese cuerpo de agua y la saturación del alcantarillado pluvial. Aunque el intendente recurrido sostiene que el Concejo Municipal de Distrito atendió la situación de los vecinos, tomando en consideración la capacidad económica y presupuestaria de ese órgano, efectuando las coordinaciones correspondientes y las previsiones presupuestarias necesarias, para contar en el año 2026 con los recursos necesarios a esos efectos, lo cierto del caso es que no consta que el problema acusado haya sido corregido, puesto que no se ha informado nada en ese particular. Por el contrario, a lo que hace referencia el intendente es al inicio de la articulación o coordinación estratégica con los distintos actores que deben intervenir. Por lo anterior, estima la Sala que se produjo este agravio.

 IV.- SOBRE LA INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. Según explica el presidente de la Comisión Local de Emergencias de Paquera, si bien es cierto su representada ha realizado algunas valoraciones en la comunidad de Santa Cecilia, como parte del procedimiento de la atención de los incidentes que ahí se han presentado, se trata de una emergencia local respecto de la cual no se ha formulada solicitud alguna de intervención a su representada, a través del mecanismo establecido, a efectos de suministrar la ayuda que se echa de menos. Así las cosas, no podría reprocharse omisión alguna a esa institución. Bajo esta inteligencia, en este punto, descarta la Sala que se haya producido la infracción acusada.

 V.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que la omisión de las autoridades recurridas de realizar obras de infraestructura para evitar el desbordamiento de la quebrada Santa Cecilia y la saturación del paso de alcantarilla sobre ese cauce en la ruta nacional No. 160, que pone en riesgo a la persona recurrente, así como a los vecinos de la zona.

 VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

 Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en lo que respecta al Concejo Municipal de Distrito de Paquera. Se ordena a Ulises González Jiménez, en su condición de intendente municipal del distrito de Paquera, o a quien ejerza ese cargo, que disponga y coordine lo necesario a efecto que en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se corrija en forma definitiva el problema ambiental acusado. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Concejo Municipal de Distrito de Paquera al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Alejandro Delgado F.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 A047WF6VS4R861

EXPEDIENTE N° 25-032584-0007-CO

 

Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:41:35.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Constitutional Chamber

Resolution No. 41105 - 2025

Date of Resolution: December 11, 2025 at 10:10

Case File: 25-032584-0007-CO

Drafted by: Ingrid Hess Herrera

Type of Matter: Amparo Appeal

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL



Judgment with Separate Note

Relevance Indicators

Relevant Judgment

Judgment with protected data, in accordance with current regulations



Content of Interest:

Strategic Topics: Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights

Type of Content: Majority Vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: MUNICIPALITY

Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

041105-25. MUNICIPALITY. RESIDENTS OF SANTA CECILIA DE PAQUERA, WHO LIVE ON THE BANKS OF THE SANTA CECILIA STREAM, ALLEGE THAT THEY SUFFER FLOODING WHEN IT RAINS HEAVILY, WHICH THREATENS THEIR HOMES AND ENDANGERS THEIR LIVES, AND THAT THIS IS KNOWN TO THE RESPONDENTS, WITHOUT THEM HAVING EXECUTED CONCRETE ACTIONS TO RESOLVE THE PROBLEM. THE APPEAL IS PARTIALLY GRANTED, SOLELY WITH RESPECT TO THE CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA. THE MUNICIPAL INTENDENTE OF THE DISTRICT OF PAQUERA IS ORDERED TO ARRANGE AND COORDINATE WHAT IS NECESSARY SO THAT, WITHIN THREE MONTHS, THE ALLEGED ENVIRONMENTAL PROBLEM IS DEFINITIVELY CORRECTED. VCG01/2026

“(…) III.- ON THE INTERVENTION OF THE RESPONDENT CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO. It is evident that, in recent years, some of the residents of the town of Santa Cecilia, Paquera, who live on the banks of the Santa Cecilia stream, have filed various reports to 911 due to the flooding caused by the swelling of that body of water and the saturation of the stormwater sewer system. Although the respondent intendente maintains that the Concejo Municipal de Distrito addressed the residents' situation, taking into account the economic and budgetary capacity of that body, making the corresponding arrangements and the necessary budgetary provisions to have the necessary resources for these purposes in 2026, the fact is that there is no indication that the alleged problem has been corrected, as nothing has been reported in this regard. On the contrary, what the intendente refers to is the beginning of the articulation or strategic coordination with the different actors that must intervene. Therefore, this Chamber finds that this grievance has occurred.

IV.- ON THE INTERVENTION OF THE COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. As explained by the president of the Comisión Local de Emergencias de Paquera, although it is true that his represented entity has carried out some assessments in the community of Santa Cecilia as part of the procedure for attending to the incidents that have occurred there, it is a local emergency for which no intervention request has been made to his represented entity through the established mechanism, for the purpose of providing the assistance that has not been forthcoming. Given the circumstances, no omission can be attributed to that institution. Under this reasoning, on this point, the Chamber dismisses the occurrence of the alleged violation. (…)”

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Content of Interest:

Type of Content: Separate Note

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: MUNICIPALITY

Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

 V.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I consider that cases related to the Public Administration's inactivity in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, as such omission constitutes a legality issue, whose discussion corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements with greater breadth. However, when that omitted administrative conduct results in any violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as is the case here, in which the appellant alleges that the respondent authorities' omission to carry out infrastructure works to prevent the overflow of the Santa Cecilia stream and the saturation of the culvert crossing over that watercourse on national route No. 160 endangers the appellant, as well as the residents of the area.

VCG01/2026

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Text of the resolution

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Exp: 25-032584-0007-CO

Res. No. 2025041105

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten hours and ten minutes on December eleven, two thousand twenty-five.

 

Amparo appeal filed by Nombre91671, identity card CED20547, against the CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA AND THE COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

WHEREAS:

 1.- By memorial filed at 1:53 p.m. on October 21, 2025, the appellant filed an amparo appeal against the Concejo Municipal de Distrito de Paquera and the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, because, as he affirms, the residents of the town of Santa Cecilia, in the district of Paquera, live on the banks of the so-called Santa Cecilia stream, which, when it rains heavily, overflows and floods all the houses to a height of more than one meter, threatening to destroy the homes and putting the life and physical safety of the families living there at imminent risk. The municipal intendente of Paquera, together with the full Concejo Municipal del Distrito de Paquera, with knowledge and tolerance, have allowed the aforementioned homes to flood, failing to act lawfully. He details that: "In contrast, the community of Santa Cecilia, for which I file this amparo proceeding, has repeatedly requested the use of the same machinery available to the CMDP, to clean the stream bed, whose overflow causes severe flooding and material losses in neighboring homes. 4. Despite multiple requests, the Municipality (sic) has denied help alleging a lack of resources or machinery availability, which demonstrates clear discrimination, as other related requests from the intendente are attended to, while urgent public needs affecting an entire community are ignored. 5. Even though both the CNE and the Concejo Municipal have visited the area and recognized the serious existing danger, no effective measure has been executed to prevent tragedy. This reiterated omission demonstrates a clear lack of administrative diligence and a violation of the constitutional duty to protect life and citizen security. 6. If this omission continues, it is foreseeable that material damages and human losses will occur, which could have been avoided if the authorities had fulfilled their preventive and risk management functions, as ordered by the Constitution and the law. This omission seriously violates the fundamental rights to life, health, physical safety, security, and a healthy environment, recognized in articles 21, 46, 50, and 140 subsection 6 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica," which records the problem caused by the flooding and details the loss of household appliances. Based on the situation described, he considers that fundamental rights have been violated. He requests that the appeal be granted.

 2.- By resolution at 10:19 a.m. on October 27, 2025, the appellant was requested to indicate whether he has formally and in writing filed the corresponding action to denounce the situation described in the filing brief of this appeal before the accused authority; if his answer is affirmative, he must provide a complete, legible copy with the respective proof of receipt or email transmission of the complaint he filed; if he has received any ruling, he must clearly indicate the outcome and provide the documentation generated on the occasion of such proceedings; if said complaint is pending resolution at the date of filing this appeal, he must also expressly indicate this to this Chamber; Likewise, if he has not filed his complaint formally and in writing, he must clarify so. Similarly, he must provide any additional evidence on which he bases his statement.

 3.- By resolution at 4:49 p.m. on November 3, 2025, that requirement was deemed fulfilled; the appeal was admitted and a report was requested from the intendente of the Concejo Municipal de Distrito de Paquera and the president of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, regarding the alleged facts.

 4.- Alejandro José Picado Eduarte, in his capacity as president of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, reports under oath that, despite what is alleged, it has not been demonstrated that his representation had any participation in the alleged acts. The Comisión Nacional de Emergencias did not have and does not have any participation in what is alleged, as it did not receive incident reports for emergencies, as evidenced in the attached official letters CNE-UIAR-INF- IAR-INF-1155-2018, CNE-DGR-OF-344-2025 and CNE-UGPR-OF-3429-2025. He adds that his represented entity has knowledge regarding the case under study, according to official letter CNE-UGPR-OF-3429-2025, that records of incidents generated through the 9-1-1 Emergency System were found; however, none refer to the stream overflowing, but rather refer to flooding caused by sewer saturation and by work carried out by the municipal intendencia on roads. Likewise, it is known that the CDE de Paquera has conducted assessments in the sector as part of the incident response procedure, but the CNE has not received any intervention request through an undeclared emergency. Previously, the Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo, through report IAR-INF1155-2018, identified some important situations to assess, for reasons of vulnerability in the study area, for which the official letter states verbatim:

"(…) The serious problems due to overflows of streams, rivers, and ditches throughout the district of Paquera have increased in recent years and have generated major impacts on the communities due to poor urban planning, where many constructions have been built in high-threat areas for overflows and within the protection zone. The communities of Paquera, San Rafael, Santa Cecilia, and Gigante have a very important history related to impacts from hydrometeorological events that have caused overflows of Guarial, San Rafael, Los Ángeles, and area streams. It is of utmost importance for this representation to point out to this Honorable Chamber that, in accordance with what is alleged by the appellant, it is evident that there has been no action by the CNE; indeed, as has been indicated in the appeal, the actions have been at the municipal level, as it is a matter purely of municipal jurisdiction (…)".

 

 This demonstrates the problem of irregular constructions and/or settlements in the area that aggravate the consequences of any type of situation that may arise; however, despite those warnings, they persist to date, as inferred from what the appellant alleges. It is worth mentioning that this problem plaguing the community does not correspond to any of the attributions of his represented entity; on the contrary, they refer to strictly municipal matters. In addition to the above, the appellant does not mention any pending procedure with the Commission, nor that the situation motivating the filing of the appeal in question is due to any faulty intervention by his represented entity, meaning the appeal does not concern poor management by the Comisión Nacional de Emergencias. It is undeniable that the claimed situation stems from a municipal matter, therefore, the sole party responsible for the direct handling of the situation described by the appellant is the municipal entity. From the above, it is important to indicate that, because these are situations that, as indicated in the appeal, have been occurring for years, it is impossible for the CNE to process the situation as normally done for an emergency; that is, for the protocols to be activated so that a situation can be attended to via emergency through the CNE, they must involve new facts and situations, not problems that have been dragging on for years in a specific location.

5.- The municipal Intendente of the District of Paquera did not provide the required report (proof visible in the Historial de Acontecimientos del Expediente Electrónico).

6.- Ulises González Jiménez, in his capacity as municipal intendente of the district of Paquera, reports under oath that, contrary to what is alleged, his represented entity has proceeded to address the situation of the residents, taking into consideration the economic and budgetary capacity of the Concejo Municipal de Distrito. As indicated by the engineering professional, a series of technical studies are required, which must be carried out by professionals that our council does not have at its disposal, nor does it currently have the approved budget for such purposes. On the other hand, although it is true that there are a number of aspects that in sound theory correspond to our institution, it is also true that there are other institutions that must address said requirement. According to the attached reports, it is necessary that CONAVI proceed to expand the hydraulic capacity of the culverts in that specific area. Therefore, this intendencia will proceed to carry out and propose for approval the budgetary modification that, for the year 2026, provides the corresponding budgetary content, in accordance with the needs of the residents and the financial capacity of the institution. Likewise, instructions are being issued so that the corresponding coordination is immediately carried out with the institutions that, one way or another, must form the comprehensive solution team.

7.- The legal requirements have been observed in the proceedings.

 Magistrate Hess Herrera drafts; and,

CONSIDERING:

 I.- SUBJECT OF THE APPEAL. The appellant notes that some of the residents of the town of Santa Cecilia, Paquera, who live on the banks of the Santa Cecilia stream, suffer floods when it rains heavily, threatening to destroy the homes and putting the life and physical safety of the families living there, as well as their property, at imminent risk. He adds that, although the respondent authorities are aware of this situation, they have done nothing to correct the problem they face, an omission they believe violates their fundamental rights.

II.- PROVEN FACTS. The following have been established as relevant for the decision on this amparo: 1) From 2022 to 2025, the residents of the town of Santa Cecilia Paquera, who live on the banks of the Santa Cecilia stream, filed various reports to 911 due to flooding caused by sewer saturation and swelling of that body of water (reports provided under oath). 2) On unspecified dates, the Comisión Local de Emergencias de Paquera conducted assessments in the sector as part of the incident response procedure but did not formulate any intervention request to the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias through the undeclared emergency mechanism (report provided under oath by CNE). 3) On November 11, 2025, Welder Miguel Bonilla Gutiérrez, external engineer of the Unidad Técnica de Gestión Vial, provided a report on the inspection he conducted on November 5, according to which: “… another factor that increases the risk of flooding is the culvert crossing that is part of national route 160 over the stream indicated by the appellant, which at maximum stream flow can act as a restriction, raising the water level upstream, which is why, as part of the actions to be taken, CONAVI will be requested to consider increasing the hydraulic capacity of that culvert crossing, to reduce the risk of flooding …” (copy attached to the report). 

III.- ON THE INTERVENTION OF THE RESPONDENT CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO. It is evident that, in recent years, some of the residents of the town of Santa Cecilia, Paquera, who live on the banks of the Santa Cecilia stream, have filed various reports to 911 due to the flooding caused by the swelling of that body of water and the saturation of the stormwater sewer system. Although the respondent intendente maintains that the Concejo Municipal de Distrito addressed the residents' situation, taking into account the economic and budgetary capacity of that body, making the corresponding arrangements and the necessary budgetary provisions to have the necessary resources for these purposes in 2026, the fact is that there is no indication that the alleged problem has been corrected, as nothing has been reported in this regard. On the contrary, what the intendente refers to is the beginning of the articulation or strategic coordination with the different actors that must intervene. Therefore, this Chamber finds that this grievance has occurred.

 IV.- ON THE INTERVENTION OF THE COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. As explained by the president of the Comisión Local de Emergencias de Paquera, although it is true that his represented entity has carried out some assessments in the community of Santa Cecilia as part of the procedure for attending to the incidents that have occurred there, it is a local emergency for which no intervention request has been made to his represented entity through the established mechanism, for the purpose of providing the assistance that has not been forthcoming. Given the circumstances, no omission can be attributed to that institution. Under this reasoning, on this point, the Chamber dismisses the occurrence of the alleged violation.

 V.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I consider that cases related to the Public Administration's inactivity in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, as such omission constitutes a legality issue, whose discussion corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements with greater breadth. However, when that omitted administrative conduct results in any violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as is the case here, in which the appellant alleges that the respondent authorities' omission to carry out infrastructure works to prevent the overflow of the Santa Cecilia stream and the saturation of the culvert crossing over that watercourse on national route No. 160 endangers the appellant, as well as the residents of the area.

 VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

THEREFORE:

 The appeal is partially granted, solely with respect to the Concejo Municipal de Distrito de Paquera. Ulises González Jiménez, in his capacity as municipal intendente of the district of Paquera, or whoever holds that position, is ordered to arrange and coordinate what is necessary so that, within THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the alleged environmental problem is definitively corrected. The respondents are warned that, in accordance with article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Concejo Municipal de Distrito de Paquera is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be determined in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is dismissed. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Notify.

 

 

	

Fernando Castillo V.

President

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Alejandro Delgado F.

 

 

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