Res. 35913-2025 Sala Constitucional — Failure by Water Directorate to directly respond to information requestOmisión de respuesta directa de la Dirección de Aguas a solicitud de información

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Sala Constitucional

Resolución Nº 35913 - 2025

Fecha de la Resolución: 31 de Octubre del 2025 a las 09:30

Expediente: 25-030855-0007-CO

Redactado por: Ileana Sánchez Navarro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-030855-0007-CO

Res. Nº 2025035913

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 25-030855-0007-CO interpuesto por Nombre45326, cédula de identidad CED22910, a favor de ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A., cédula jurídica CED22911, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 11:31 hrs. del 07 de octubre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, el 29 de julio de 2025, el recurrente remitió al Director de la Dirección de Aguas el oficio JLBD-0035-2024, titulado “Consulta sobre trámites de construcción y requerimiento de respuesta amparada a la Ley N.º 9097”. Dicho documento fue enviado por correo electrónico a la dirección ...299 y entregado físicamente en la institución el 30 de julio de 2025. La solicitud de información constituía una ampliación de una consulta anterior formulada el 29 de noviembre de 2024, referida a posibles construcciones irregulares sobre cuerpos de agua dentro del proyecto de Compañía Inversionista Las Brisas. En el documento, el recurrente detalló evidencias documentales que incluían expedientes de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), informes del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), imágenes satelitales de Google Earth y SNIT, así como oficios previos de la Dirección de Aguas y del propio propietario del proyecto ante la SETENA. En el escrito de solicitud de información se invocó expresamente la Ley N.º 9097, sobre el derecho de petición, y requería respuestas puntuales sobre diversos temas: notificaciones de inicio y fin de obras en cauces; metodologías e inspecciones realizadas; usos y construcciones sobre cauces de dominio público; delimitación, demarcación y mantenimiento de cauces; alcances de los permisos otorgados (en particular los entubamientos de las quebradas Lajas, Poró y Sin Nombre); y la reclasificación de esta última como “Depresión Natural”, pese a constar antecedentes que la definían como quebrada de flujo permanente. Además, solicitó acceso a los expedientes administrativos vinculados al proyecto, incluyendo el número 335-O, para efectos de consulta, fotocopiado y certificación. Adjuntó material gráfico —imágenes con derroteros, pozos numerados del #1 al #9, y coordenadas CRTM05 y Lambert Norte— que evidenciaban presuntas invasiones a cauces públicos, sobreexplotación hídrica y riesgos significativos para comunidades cercanas como el Kinder Higueroncito y los residenciales Higueroncito y Bambú. Acusa que su solicitud de información se sustentaba en una investigación exhaustiva de irregularidades detectadas en los expedientes 1292-2004-SETENA y 1293-2004-SETENA, entre otros, que documentaban entubamientos no autorizados, construcciones sobre cauces, incumplimientos de planes de mitigación y reclasificaciones injustificadas. Asimismo, expuso que la infraestructura del proyecto incluía tuberías profundas —de hasta 21,2 metros— que, en caso de falla, podrían generar socavones de hasta 84 metros de diámetro, con potencial riesgo para vidas y propiedades en zonas aledañas, según antecedentes de un evento similar ocurrido en 2007. Señala que al 6 de octubre de 2025, habían transcurrido más de dos meses sin que la Dirección de Aguas emitiera respuesta, prórroga o denegatoria motivada, pese a la invocación expresa de la Ley N.º 9097. Solicita que le sea entregada la información requerida.

2.- Mediante auto de las 05:58 hrs. del 20 de octubre de 2025 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 20 de octubre de 2025.

3.- Por escrito presentado el 22 de octubre de 2025, informa bajo juramento Nombre45327, en condición de Directora a.i. de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía que: “(…) Con fecha 27 de mayo del 2025 se recibió por correo el documento AEL-00226-2025, al que se le dio el consecutivo de ingreso ID-1588-2025; con fecha 23 de junio del2025, ingresó el AEL-00259-2025 al que se le dio el consecutivo de ingreso ID-2182-2025 y con fecha 1 de julio del 2025, ingresó el AEL-00261- 2025 al que se le dio el consecutivo de ingreso ID-2181-2025. Los correos anteriores, eran suscritos por el señor Nombre45209, en representación de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología. Dichos documentos estaban relacionados con trabajos que se estaban realizando en la quebrada Lajas y Poró. En uno de los correos el señor Nombre45331, aporta documentos suscritos por el señor Nombre45328, los que mencionaban posibles daños causados por movimientos de tierra, debido a los entubamientos de las quebradas Lajas y Poró. A efecto de atender las gestiones indicadas, se preparó el informe Técnico DA-UHTPCOSJ-1768-2025, y mediante el oficio DVA-087-2025, de fecha 8 de julio del 2025, suscrito por el Viceministro de Ambiente del MINAE, señor Nombre45329, se le da respuesta al señor Nombre45331. Nótese que ya el señor Nombre45331 incluye documentos del recurrente dentro de sus consultas. Posteriormente, al correo de esta Dirección ingresa el documento AEL-0301-2025 el 30 de julio del 2025, le dio el consecutivo de ingreso CED22912 y el documento AEL-0329-2025 el 25 de agosto del 2025, al que se le dio el consecutivo de ingreso ID-2904-2025, ambos correos suscritos por el señor Nombre45331. El primero de ellos hace referencia al documento JLBD-0035-2024 de fecha 29 de julio del 2025 suscrito por el señor Nombre45330. Para atender estas nuevas gestiones se prepara el informe técnico DA-UHTPCOSJ-2183-2025, en el que se incluye respuesta al AEL-00301-2025 y AEL-00329-2025, los que fueron presentados junto a los adjuntos JLBD-0035-2024, DEP0234-2025 y I-216-2025-DICO, que fueron analizados técnicamente. Mediante el oficio DVA-0116-2025, de fecha 12 de setiembre del 2025, se le da respuesta al señor Nombre45331 y a pesar de que la respuesta no iba dirigida directamente al recurrente, señor Nombre45330, si se copio la misma en el correo de notificación. Es evidente, que se cometió el error por parte de esta Dirección de no dirigir de manera personal, la respuesta al recurrente, sin embargo, al notificársele el oficio DVA-0116-2025, claramente se señala que el análisis que se realizó incluyó el documento JLBD-0035-2024, acusado de no haber sido atendido. A pesar de lo anterior, se revisa nuevamente el documento del recurrente, y para no dejar por fuera ninguna pregunta, aún aquellas que no son competencias de esta Dirección, se preparó un adendum al informe técnico DA-UHTPCOSJ-2183-2025, en el que se incluyó uno a uno los aspectos consultados, notificándosele el día de hoy al señor Nombre45332, el oficio DA-UHTPCOSJ-2737-2025. Como puede observarse de la prueba documental aportada, al recurrente, se le atendió y contestó su gestión, notificándose al correo que el mismo señor Nombre45332 había señalado. Tal vez el error, fue que la respuesta no iba dirigida de manera personal a él.”

4.- Por escrito presentado el 23 de octubre de 2025, informan bajo juramento Nombre34966, en condición de Ministro de Ambiente y Energía que: “(…) bajo la estructura del MINAE se encuentra la Dirección de Agua, que conforme al artículo 17 y 177 de la Ley de Aguas No.276, tiene la competencia para disponer y resolver sobre el dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno o vigilancia sobre las aguas de dominio público y en atención a la naturaleza de lo alegado por el recurrente, se procedió a realizar la consulta a la Dirección de Agua, quienes mediante oficio DA-2098-2025, manifestaron haber brindado respuesta al recurrente, según se transcribe a continuación: “SOBRE EL FONDO DEL RECURSO De previo a referirnos a lo recurrido, nos permitimos informar lo siguiente: Con fecha 27 de mayo del 2025 se recibió por correo el documento AEL- 00226-2025, al que se le dio el consecutivo de ingreso CED22909; con fecha 23 de junio del2025, ingresó el AEL-00259-2025 al que se le dio el consecutivo de ingreso CED22913 y con fecha 1 de julio del 2025, ingresó el AEL-00261-2025 al que se le dio el consecutivo de ingreso CED22914. Los correos anteriores, eran suscritos por el señor Nombre45209, en representación de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología. Dichos documentos estaban relacionados con trabajos que se est aban realizando en la quebrada Lajas y Poró. En uno de los correos el señor Nombre45331, aporta documentos suscritos por el señor Nombre45328, los que mencionaban posibles daños causados por movimientos de tierra, debido a los entubamientos de las quebrad as Lajas y Poró. A efecto de atender las gestiones indicadas, se preparó el informe Técnico DA-UHTPCOSJ-1768-2025, y mediante el oficio DVA-087-2025, de fecha 8 de julio del 2025, suscrito por el Viceministro de Ambiente del MINAE, señor Nombre45329, se le da respuesta al señor Nombre45331. Nótese que ya el señor Nombre45331 incluye documentos del recurrente dentro de sus consultas. Posteriormente, al correo de esta Dirección ingresa el documento AEL- 0301-2025 el 30 de julio del 2025, le dio el consecutivo de ingreso ID- 2588-2025 y el documento AEL-0329-2025 el 25 de agosto del 2025, al que se le dio el consecutivo de ingreso ID-2904-2025, ambos correos suscritos por el señor Nombre45331. El primero de ellos hace referencia al documento JLBD-0035-2024 de fech a 29 de julio del 2025 suscrito por el señor Nombre45330. Para atender estas nuevas gestiones se prepara el informe técnico DA- UHTPCOSJ-2183-2025, en el que se incluye respuesta al AEL-00301- 2025 y AEL-00329-2025, los que fueron presentados junto a los adjuntos JLBD-0035-2024, DEP0234-2025 y I-216-2025-DICO, que fueron analizados técnicamente. Mediante el oficio DVA-0116-2025, de fecha 12 de setiembre del 2025, se le da respuesta al señor Nombre45331 y a pesar de que la respuesta no iba dirigida directamente al recurrente, señor Nombre45330, si se copi ó la misma en el correo de notificación. Es evidente, que se cometió el error por parte de esta Dirección de no dirigir de manera personal, la respuesta al recurrente, sin embargo, al notificársele el oficio DVA-0116-2025, claramente se señala que el análisis que se realizó incluyó el documento JLBD-0035-2024, acusado de no haber sido atendido. A pesar de lo anterior, se revisa nuevamente el documento del recurrente, y para no dejar por fuera ninguna pregunta, aún aquellas que no son competencias de esta Dirección, se preparó un adendum al informe técnico DA-UHTPCOSJ-2183-2025, en el que se incluyó uno a uno los aspectos consultados, notificándosele el día de hoy al señor Nombre45332, el oficio DA-UHTPCOSJ-2737-2 025. Como puede observarse de la prueba documental aportada, al recurrente, se le atendió y contestó su gestión, notificándose al correo que el mismo señor Nombre45332 había señalado. Tal vez el error, fue que la respuesta no iba dirigida de manera personal a él. ”

 5.- Por escrito presentado el 29 de octubre de 2025, la parte recurrente rechaza el informe rendido por parte de las autoridades accionadas y señala que las respuestas no guardan rigurosidad técnica en relación con la información requerida. Aduce que presentó otro escrito señalando lo anterior pero que no le han atendido pese a que le indicaron que la información le sería enviada en veinte minutos.

6.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.

 Redacta la Magistrada Nombre41867; y,

Considerando:

 I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, el 29 de julio de 2025, el recurrente remitió al Director de la Dirección de Aguas el oficio JLBD-0035-2024, titulado “Consulta sobre trámites de construcción y requerimiento de respuesta amparada a la Ley N.º 9097”. Dicho documento fue enviado por correo electrónico y entregado físicamente el 30 de julio de 2025. La gestión constituía una ampliación de una consulta anterior de 29 de noviembre de 2024, relativa a posibles construcciones irregulares sobre cuerpos de agua dentro del proyecto de la Compañía Inversionista Las Brisas. En su escrito, el recurrente aportó evidencias documentales —expedientes de SETENA, informes del CFIA, imágenes satelitales y oficios previos—, con el propósito de que la Dirección de Aguas respondiera consultas concretas sobre notificaciones de obras en cauces, metodologías de inspección, permisos, delimitaciones y reclasificaciones, especialmente en relación con las quebradas Lajas, Poró y Sin Nombre. Asimismo, solicitó acceso a los expedientes administrativos del proyecto, incluyendo el número 335-O, para su consulta y certificación, acompañando material gráfico con coordenadas y numeración de pozos que evidenciaban presuntas invasiones a cauces públicos, sobreexplotación hídrica y riesgos para comunidades vecinas. Señaló que la investigación se sustentaba en los expedientes 1292-2004-SETENA y 1293-2004-SETENA, que documentaban irregularidades ambientales y entubamientos no autorizados. Solicita que se ordene a la Dirección de Aguas entregar la información solicitada y se garantice su derecho de acceso a la información pública y de petición conforme a la normativa vigente.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

1.    El 27 de mayo de 2025, la Dirección de Aguas recibió por correo el documento AEL-00226-2025, al que se le asignó el consecutivo de ingreso ID-1588-2025. Dicho documento fue suscrito por el señor Nombre45209, en representación de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, y se refería a trabajos que se estaban realizando en las quebradas Lajas y Poró (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

2.    El 23 de junio de 2025, ingresó a la Dirección2563 el documento AEL-00259-2025, al que se le dio el consecutivo CED22913, también suscrito por el señor Nombre45209, y vinculado con las mismas obras en las quebradas mencionadas (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

3.    El 01 de julio de 2025, ingresó el documento AEL-00261-2025, al que se le asignó el consecutivo CED22914, igualmente suscrito por el señor Nombre45209, que contenía información y denuncias sobre presuntos daños ocasionados por movimientos de tierra derivados de los entubamientos de las quebradas Lajas y Poró, incluyendo documentos aportados por el ahora recurrente (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

4.    El 08 de julio de 2025, mediante el oficio DVA-087-2025, el Viceministro de Ambiente, señor Nombre45329, emitió respuesta al señor Nombre45209, atendiendo las gestiones mencionadas, con base en el informe técnico DA-UHTPCOSJ-1768-2025 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

5.    El 29 de julio de 2025, el recurrente suscribió el oficio JLBD-0035-2024, titulado “Consulta sobre trámites de construcción y requerimiento de respuesta amparada a la Ley N.º 9097”, dirigido a la Dirección de Aguas del MINAE, en el que amplió una consulta anterior relativa a presuntas construcciones irregulares sobre cuerpos de agua en el proyecto de la Compañía Inversionista Las Brisas (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

6.    El 30 de julio de 2025, ingresó a la Dirección2563 el documento AEL-0301-2025, al que se le asignó el consecutivo de ingreso ID-2588-2025, suscrito por el señor Nombre45209, en el que se hacía referencia al oficio JLBD-0035-2024 del recurrente (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

7.    El 25 de agosto de 2025, se recibió el documento AEL-0329-2025, al que se le asignó el consecutivo CED22915, igualmente suscrito por el señor Nombre45209, que amplió la información relacionada con los entubamientos en las quebradas Lajas y Poró (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

8.    El 12 de setiembre de 2025, la Dirección de Aguas emitió el oficio DVA-0116-2025, mediante el cual se dio respuesta al señor Nombre45209 a partir del informe técnico DA-UHTPCOSJ-2183-2025, el cual incluía el análisis de los documentos AEL-0301-2025, AEL-0329-2025, JLBD-0035-2024, DEP0234-2025 e I-216-2025-DICO. Aunque la respuesta no fue dirigida directamente al recurrente, sí fue copiada a su correo electrónico (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

9.    Mediante auto de las 05:58 hrs. del 20 de octubre de 2025 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 20 de octubre de 2025 (los autos).

10.  El 23 de octubre de 2025, se elaboró un adendum al informe técnico DA-UHTPCOSJ-2183-2025, en el que se atendieron de forma puntual todas las consultas formuladas, notificándose ese mismo día al recurrente mediante el oficio DA-UHTPCOSJ-2737-2025 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

III.- SOBRE LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN, PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA. Este Tribunal ha señalado que el derecho de petición y pronta respuesta, encierra una doble vertiente, ya que implica no sólo el derecho que ostenta todo ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés, o bien solicitar determinada información, sino además obliga a la Administración a recibir y responder las mismas dentro del plazo de diez días, de acuerdo con el artículo 27, de la Constitución Política y el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por lo anterior, debe emitir la respuesta oportuna, sin denegación de ninguna especie, empero cabe la excepción de que no pueda cubrir la petición dentro del plazo referido, en consecuencia, deberá comunicar la imposibilidad para resolver y fijará un plazo razonable dentro del cual atenderá la solicitud. Por su parte, el artículo 30, de la Constitución Política recoge el derecho de las personas de acceder a la información de interés público en poder de las autoridades y -consecuentemente- el deber de estas de entregar dicha información de forma inmediata si lo pedido está disponible y todo lo anterior sin perjuicio la existencia de posibles excepciones en las que la información debe reservarse en atención a la protección de derechos e intereses relevantes, reconocidos formalmente.

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, tras haber presentado el oficio JLBD-0035-2024 el 29 de julio de 2025, la Dirección de Aguas no emitió respuesta directa al recurrente dentro del plazo constitucional de diez días hábiles, conforme al artículo 27 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La autoridad recurrida reconoció que la respuesta fue enviada al señor Nombre45209 y no directamente al solicitante, pese a que la gestión fue promovida de manera autónoma y en su propio nombre. Si bien se acreditó que el 12 de setiembre de 2025 se emitió el oficio DVA-0116-2025, que incluía el análisis del documento JLBD-0035-2024, y que el 23 de octubre de 2025 se elaboró un adendum al informe técnico DA-UHTPCOSJ-2183-2025, notificado ese mismo día al recurrente mediante el oficio DA-UHTPCOSJ-2737-2025, lo cierto es que tales actuaciones ocurrieron posteriormente a la notificación del auto de curso de este proceso de amparo. Así las cosas, en el presente caso, se constató que la Dirección de Aguas omitió responder directamente al gestionante dentro del plazo legal, lo cual generó un estado de incertidumbre incompatible con los derechos del recurrente de acceso a la información pública, petición, previstos en los artículos 27 y 30 constitucionales. Consecuentemente, al momento de resolver este Tribunal, se aprecia que la solicitud de información ya ha sido formalmente atendida, debe declararse con lugar el recurso, pues la lesión se consumó durante el tiempo en que la autoridad guardó silencio injustificado frente a la solicitud formulada. En consecuencia, se advierte a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía sobre el deber de emitir en lo sucesivo respuestas directas, motivadas y dentro de los plazos constitucionales, en cumplimiento de los principios de transparencia, buena administración y legalidad que rigen el ejercicio de la función pública. En consecuencia, se tiene por acreditada la vulneración al derecho de acceso a la información ambiental, derivada de la omisión de respuesta en tiempo oportuno a la solicitud planteada. Consecuentemente, de conformidad con lo indicado en el ordinal 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se debe estimar el presente proceso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y prejudicios de conformidad con lo indicado en los siguientes considerandos y la parte dispositiva de esta sentencia.

V.- RAZONES DIFERENTES Y VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS Nombre277 Y SALAZAR MURILLO. Si bien coincidimos con el voto de mayoría, que declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, consideramos que debe ser estimado; pero imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por las siguientes razones.

El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas.  

El artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente:  

“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”. 

Por su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente:

“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”.

En el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N°  9097 del 26 de octubre de 2012,  se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa: 

“Presentación de escritos y plazo de respuesta. 

El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”. 

De este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho. 

Asimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone:  

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.  

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.  

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.

Por lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida.

Así, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales. Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo de la parte amparada, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar a la parte recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal y como lo habilita el precepto 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

En consecuencia, salvamos parcialmente el voto, e imponemos a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.

VI.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO Nombre41880. Sostengo que este asunto se debió rechazar de plano, por cuanto la parte accionante plantea el recurso de amparo a favor de una persona jurídica. De importancia para el sub examine, en el voto salvado que consigné en la sentencia nro. 2019002355 de las 9:30 horas de 12 de febrero de 2019 sostuve:

“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre32579 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.

En mi criterio, la lectura de la Ley de la Jurisdicción Constitucional obliga a la misma ratio de la hermenéutica convencional supracitada respecto a todo derecho fundamental. Así, en un proceso de constitucionalidad formulado a favor de una persona jurídica, su admisión para estudio exige una relación esencial y directa entre la persona jurídica que aduce verse afectada por alguna vulneración al orden constitucional y la persona natural que por tal lesión viene a ver menoscabado, de forma refleja pero directa, algún derecho fundamental. Ahora, para tales efectos es insuficiente la mera referencia a una conexión o vínculo entre la persona jurídica y la natural para poder colegir que, precisamente, por medio del proceso de constitucionalidad se esté procurando el resguardo de los derechos fundamentales de la última, no meramente los de la primera. El requerimiento antedicho deviene entonces un presupuesto sine qua non para la procedencia del control de constitucionalidad por parte de esta jurisdicción. A partir de lo expuesto, colijo que esta debe ser la pauta con que se debe interpretar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de manera que en el sub iudice deviene improcedente la aplicación del control jurisdiccional de constitucionalidad, puesto que, con base en la prueba que consta en autos, no se ha demostrado el vínculo esencial entre la persona jurídica amparada y alguna natural, de modo específico, en relación con el presunto derecho agraviado.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a las autoridades accionadas abstenerse de incurrir nuevamente en los hechos que sirven de base para la presente declaratoria. Los magistrados Nombre277 y Salazar Murillo consignan razones diferentes y salvan parcialmente el voto únicamente para efectos indemnizatorios, e imponen a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. El magistrado Nombre41880 salva el voto y rechaza de plano el asunto. Notifíquese.-

 

 

 

	

Nombre210.

Nombre211 a.i

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ronald Salazar Murillo

	

 

	

Ileana Sánchez N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 6PB5AQI3LTY61

EXPEDIENTE N° 25-030855-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:43:00.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESULTANDO:**

1.- By written submission received in this Chamber at 11:31 hrs. on October 7, 2025, the petitioner files a writ of amparo and states that, on July 29, 2025, the petitioner sent to the Director of the Water Directorate official letter JLBD-0035-2024, entitled “Consulta sobre trámites de construcción y requerimiento de respuesta amparada a la Ley N.º 9097”. Said document was sent by email to the address ...299 and physically delivered at the institution on July 30, 2025. The request for information constituted an expansion of a prior consultation made on November 29, 2024, regarding possible irregular constructions over water bodies within the project of Compañía Inversionista Las Brisas. In the document, the petitioner detailed documentary evidence that included files from the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), reports from the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), satellite images from Google Earth and SNIT, as well as prior official letters from the Water Directorate and from the project owner itself before SETENA. In the written request for information, Law No. 9097, on the right of petition, was expressly invoked, and it required specific responses on various topics: notifications of start and completion of works in watercourses; methodologies and inspections carried out; uses and constructions over public-domain watercourses; delimitation, demarcation and maintenance of watercourses; scope of the granted permits (particularly the culverting of the Lajas, Poró and Sin Nombre streams); and the reclassification of the latter as a “Depresión Natural”, despite the existence of precedents that defined it as a stream of permanent flow. Furthermore, it requested access to the administrative files linked to the project, including number 335-O, for purposes of consultation, photocopying and certification. It attached graphic material —images with directions, wells numbered #1 to #9, and CRTM05 and Lambert Norte coordinates— that evidenced alleged encroachments on public watercourses, water over-exploitation and significant risks for nearby communities such as the Kinder Higueroncito and the Higueroncito and Bambú residential areas. It contends that its request for information was based on an exhaustive investigation of irregularities detected in files 1292-2004-SETENA and 1293-2004-SETENA, among others, which documented unauthorized culverting, constructions over watercourses, non-compliance with mitigation plans and unjustified reclassifications. Likewise, it set forth that the project’s infrastructure included deep pipes —of up to 21.2 meters— which, in the event of failure, could generate sinkholes of up to 84 meters in diameter, with potential risk to lives and properties in adjacent zones, according to precedents from a similar event that occurred in 2007. It indicates that by October 6, 2025, more than two months had elapsed without the Water Directorate issuing a response, extension or reasoned denial, despite the express invocation of Law No. 9097. It requests that the requested information be delivered to it.

2.- By means of an order issued at 05:58 hrs. on October 20, 2025, this writ was processed and the respondent authorities were notified on October 20, 2025.

3.- By written submission presented on October 22, 2025, Nombre45327, in her capacity as Acting Director of the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, reports under oath that: “(…) On May 27, 2025, document AEL-00226-2025 was received by mail, to which the entry tracking number ID-1588-2025 was assigned; on June 23, 2025, AEL-00259-2025 was received, to which the entry tracking number ID-2182-2025 was assigned, and on July 1, 2025, AEL-00261-2025 was received, to which the entry tracking number ID-2181-2025 was assigned. The aforementioned emails were signed by Mr. Nombre45209, on behalf of the Asociación para el Desarrollo de la Ecología. Those documents were related to works being carried out on the Lajas and Poró streams. In one of the emails, Mr. Nombre45331 provides documents signed by Mr. Nombre45328, which mentioned possible damages caused by earthworks (movimientos de tierra), due to the culverting of the Lajas and Poró streams. In order to address the indicated procedures, Technical Report DA-UHTPCOSJ-1768-2025 was prepared, and by means of official letter DVA-087-2025, dated July 8, 2025, signed by the Vice Minister of Environment of MINAE, Mr. Nombre45329, a response was given to Mr. Nombre45331. Note that Mr. Nombre45331 already includes documents from the petitioner within his inquiries. Subsequently, document AEL-0301-2025 was received in this Directorate’s email on July 30, 2025, and was given the entry tracking number CED22912, and document AEL-0329-2025 on August 25, 2025, to which the entry tracking number ID-2904-2025 was assigned, both emails signed by Mr. Nombre45331. The first of these refers to document JLBD-0035-2024 dated July 29, 2025, signed by Mr. Nombre45330. To address these new procedures, technical report DA-UHTPCOSJ-2183-2025 was prepared, which includes a response to AEL-00301-2025 and AEL-00329-2025, which were presented together with the attachments JLBD-0035-2024, DEP0234-2025 and I-216-2025-DICO, which were technically analyzed. By means of official letter DVA-0116-2025, dated September 12, 2025, a response was given to Mr. Nombre45331 and despite the fact that the response was not addressed directly to the petitioner, Mr. Nombre45330, it was copied to him in the notification email. It is evident that the error was made by this Directorate of not personally addressing the response to the petitioner; however, upon the notification of official letter DVA-0116-2025 to him, it is clearly indicated that the analysis carried out included document JLBD-0035-2024, accused of not having been addressed. Notwithstanding the foregoing, the petitioner's document was reviewed again, and in order not to leave out any question, even those not within the competence of this Directorate, an addendum to technical report DA-UHTPCOSJ-2183-2025 was prepared, in which the aspects consulted were included one by one, and Mr. Nombre45332 was notified today via official letter DA-UHTPCOSJ-2737-2025. As can be observed from the documentary evidence provided, the petitioner was addressed and his procedure was answered, by notification to the email designated by Mr. Nombre45332 himself. Perhaps the error was that the response was not addressed to him personally.”

4.- By written submission presented on October 23, 2025, Nombre34966, in his capacity as Minister of Environment and Energy, reports under oath that: “(…) under the structure of MINAE is the Water Directorate, which in accordance with Articles 17 and 177 of the Water Law No. 276, has the competence to dispose of and resolve matters regarding the ownership, exploitation, utilization, governance or surveillance of public-domain waters, and in consideration of the nature of what was alleged by the petitioner, a consultation was carried out with the Water Directorate, which through official letter DA-2098-2025, stated that it had provided a response to the petitioner, as transcribed below: “ON THE MERITS OF THE APPEAL Before referring to the appealed matter, we inform the following: On May 27, 2025, document AEL-00226-2025 was received by mail, to which the entry tracking number CED22909 was assigned; on June 23, 2025, AEL-00259-2025 was received, to which the entry tracking number CED22913 was assigned, and on July 1, 2025, AEL-00261-2025 was received, to which the entry tracking number CED22914 was assigned. The aforementioned emails were signed by Mr. Nombre45209, on behalf of the Asociación para el Desarrollo de la Ecología. Those documents were related to works being carried out on the Lajas and Poró streams. In one of the emails, Mr. Nombre45331 provides documents signed by Mr. Nombre45328, which mentioned possible damages caused by earthworks (movimientos de tierra), due to the culverting of the Lajas and Poró streams. In order to address the indicated procedures, Technical Report DA-UHTPCOSJ-1768-2025 was prepared, and by means of official letter DVA-087-2025, dated July 8, 2025, signed by the Vice Minister of Environment of MINAE, Mr. Nombre45329, a response was given to Mr. Nombre45331. Note that Mr. Nombre45331 already includes documents from the petitioner within his inquiries. Subsequently, document AEL-0301-2025 was received in this Directorate’s email on July 30, 2025, and was given the entry tracking number ID-2588-2025, and document AEL-0329-2025 was received on August 25, 2025, to which the entry tracking number ID-2904-2025 was assigned, both emails signed by Mr. Nombre45331. The first of these refers to document JLBD-0035-2024 dated July 29, 2025, signed by Mr. Nombre45330. To address these new procedures, technical report DA-UHTPCOSJ-2183-2025 was prepared, which includes a response to AEL-00301-2025 and AEL-00329-2025, which were presented together with the attachments JLBD-0035-2024, DEP0234-2025 and I-216-2025-DICO, which were technically analyzed. By means of official letter DVA-0116-2025, dated September 12, 2025, a response was given to Mr. Nombre45331 and despite the fact that the response was not addressed directly to the petitioner, Mr. Nombre45330, it was copied to him in the notification email. It is evident that the error was made by this Directorate of not personally addressing the response to the petitioner; however, upon the notification of official letter DVA-0116-2025 to him, it is clearly indicated that the analysis carried out included document JLBD-0035-2024, accused of not having been addressed. Notwithstanding the foregoing, the petitioner's document was reviewed again, and in order not to leave out any question, even those not within the competence of this Directorate, an addendum to technical report DA-UHTPCOSJ-2183-2025 was prepared, in which the aspects consulted were included one by one, and Mr. Nombre45332 was notified today via official letter DA-UHTPCOSJ-2737-2025. As can be observed from the documentary evidence provided, the petitioner was addressed and his procedure was answered, by notification to the email designated by Mr. Nombre45332 himself. Perhaps the error was that the response was not addressed to him personally.” ”

5.- By written submission presented on October 29, 2025, the petitioner rejects the report rendered by the respondent authorities and points out that the responses lack technical rigor in relation to the information requested. It argues that it presented another writing indicating the foregoing but that it has not been responded to despite being told that the information would be sent to it within twenty minutes.

6.- In the processing of this case, the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Magistrate Nombre41867; and,

**Considerando:**

I.- OBJECT OF THE APPEAL. The petitioner files a writ of amparo and states that, on July 29, 2025, the petitioner sent to the Director of the Water Directorate official letter JLBD-0035-2024, entitled “Consulta sobre trámites de construcción y requerimiento de respuesta amparada a la Ley N.º 9097”. Said document was sent by email and physically delivered on July 30, 2025. The procedure constituted an expansion of a prior consultation from November 29, 2024, regarding possible irregular constructions over water bodies within the project of Compañía Inversionista Las Brisas. In its writing, the petitioner provided documentary evidence —files from SETENA, reports from the CFIA, satellite images and prior official letters—, with the purpose of having the Water Directorate respond to specific inquiries about notifications of works in watercourses, inspection methodologies, permits, delimitations and reclassifications, especially regarding the Lajas, Poró and Sin Nombre streams. Likewise, it requested access to the administrative files of the project, including number 335-O, for consultation and certification, accompanying graphic material with coordinates and well numbering that evidenced alleged encroachments on public watercourses, water over-exploitation and risks to neighboring communities. It indicated that the investigation was based on files 1292-2004-SETENA and 1293-2004-SETENA, which documented environmental irregularities and unauthorized culverting. It requests that the Water Directorate be ordered to deliver the requested information and to guarantee its right of access to public information and of petition in accordance with current regulations.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:

1. On May 27, 2025, the Water Directorate received by mail document AEL-00226-2025, to which the entry tracking number ID-1588-2025 was assigned. Said document was signed by Mr. Nombre45209, on behalf of the Asociación para el Desarrollo de la Ecología, and referred to works being carried out on the Lajas and Poró streams (see report rendered by the respondent authorities).

2. On June 23, 2025, document AEL-00259-2025 was received at the Directorate2563, to which the tracking number CED22913 was assigned, also signed by Mr. Nombre45209, and linked to the same works on the mentioned streams (see report rendered by the respondent authorities).

3. On July 1, 2025, document AEL-00261-2025 was received, to which the tracking number CED22914 was assigned, likewise signed by Mr. Nombre45209, which contained information and complaints regarding alleged damages caused by earthworks derived from the culverting of the Lajas and Poró streams, including documents provided by the now petitioner (see report rendered by the respondent authorities).

4. On July 8, 2025, through official letter DVA-087-2025, the Vice Minister of Environment, Mr. Nombre45329, issued a response to Mr. Nombre45209, addressing the mentioned procedures, based on technical report DA-UHTPCOSJ-1768-2025 (see report rendered by the respondent authorities).

5. On July 29, 2025, the petitioner signed official letter JLBD-0035-2024, entitled “Consulta sobre trámites de construcción y requerimiento de respuesta amparada a la Ley N.º 9097”, addressed to the Water Directorate of MINAE, in which it expanded a prior consultation regarding alleged irregular constructions over water bodies in the project of Compañía Inversionista Las Brisas (see report rendered by the respondent authorities).

6. On July 30, 2025, document AEL-0301-2025 was received at the Directorate2563, to which the entry tracking number ID-2588-2025 was assigned, signed by Mr. Nombre45209, in which reference was made to the petitioner's official letter JLBD-0035-2024 (see report rendered by the respondent authorities).

7. On August 25, 2025, document AEL-0329-2025 was received, to which the tracking number CED22915 was assigned, likewise signed by Mr. Nombre45209, which expanded the information related to the culverting on the Lajas and Poró streams (see report rendered by the respondent authorities).

8. On September 12, 2025, the Water Directorate issued official letter DVA-0116-2025, by which a response was given to Mr. Nombre45209 based on technical report DA-UHTPCOSJ-2183-2025, which included the analysis of documents AEL-0301-2025, AEL-0329-2025, JLBD-0035-2024, DEP0234-2025 and I-216-2025-DICO. Although the response was not addressed directly to the petitioner, it was copied to his email (see report rendered by the respondent authorities).

9. By means of an order issued at 05:58 hrs. on October 20, 2025, this writ was processed and the respondent authorities were notified on October 20, 2025 (the orders).

10. On October 23, 2025, an addendum to technical report DA-UHTPCOSJ-2183-2025 was prepared, in which all the inquiries formulated were addressed in a timely manner, and the petitioner was notified that same day via official letter DA-UHTPCOSJ-2737-2025 (see report rendered by the respondent authorities).

III.- ON THE RIGHTS OF INFORMATION, PETITION AND PROMPT RESPONSE. This Court has indicated that the right of petition and prompt response encompasses a dual aspect, since it implies not only the right held by every citizen to address any public official or official entity, in order to set forth a matter of their interest, or request specific information, but also obliges the Administration to receive and respond to such requests within a period of ten days, in accordance with Article 27 of the Political Constitution and Section 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Therefore, it must issue a timely response, without denial of any kind; however, an exception is allowed if it cannot address the petition within the referred term, in which case it must communicate the impossibility to resolve and set a reasonable period within which it will address the request. For its part, Article 30 of the Political Constitution enshrines the right of individuals to access public-interest information held by the authorities and -consequently- the duty of the latter to deliver said information immediately if what is requested is available, all without prejudice to the existence of possible exceptions in which the information must be kept confidential in consideration of the protection of relevant, formally recognized rights and interests.

IV.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the probative elements provided, this Court accredits the injury to the fundamental rights of the protected party. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities -which are deemed given under oath with the consequences, even criminal, provided in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction- and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that, after having presented official letter JLBD-0035-2024 on July 29, 2025, the Water Directorate did not issue a direct response to the petitioner within the constitutional period of ten business days, in accordance with Article 27 of the Political Constitution and Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction. The respondent authority acknowledged that the response was sent to Mr. Nombre45209 and not directly to the petitioner, even though the procedure was brought autonomously and in its own name. Although it was accredited that on September 12, 2025, official letter DVA-0116-2025 was issued, which included the analysis of document JLBD-0035-2024, and that on October 23, 2025, an addendum to technical report DA-UHTPCOSJ-2183-2025 was prepared, notified that same day to the petitioner via official letter DA-UHTPCOSJ-2737-2025, the truth is that such actions occurred after the notification of the order processing this amparo. Accordingly, in the present case, it was verified that the Water Directorate omitted to respond directly to the petitioner within the legal period, which generated a state of uncertainty incompatible with the petitioner's rights of access to public information and petition, provided for in Articles 27 and 30 of the Constitution. Consequently, at the time of deciding this Court, it is observed that the request for information has already been formally addressed, the writ must be granted, since the injury was consummated during the time in which the authority remained unjustifiably silent in the face of the formulated request. Consequently, the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy is admonished regarding the duty to issue, in the future, direct, reasoned responses within the constitutional periods, in compliance with the principles of transparency, good administration and legality that govern the exercise of public function. Consequently, the violation of the right of access to environmental information is deemed accredited, derived from the omission of a timely response to the formulated request. Consequently, in accordance with what is indicated in Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, this amparo proceeding must be granted without special condemnation in costs, damages and losses, in accordance with what is indicated in the following considerandos and the operative part of this judgment.

V.- DISSENTING REASONS AND PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES Nombre277 AND SALAZAR MURILLO. While we concur with the majority vote, which grants the writ for violation of the right of petition and prompt response, we consider that it must be granted; but imposing on the respondent party the payment of costs, as well as compensation for the damages and losses caused, for the following reasons.

The right of petition and prompt response, contained in Articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, obliges public officials to resolve the requests of citizens within a period of ten business days from the date of presentation of such procedures, unless a different period has been designated for responding. However, the cited Article 32 provides, furthermore, that, in the decision of the petition, the Chamber will assess the reasons adduced to consider said period insufficient, considering the circumstances and the nature of the matter. In any case, the Administration is obliged to communicate the causes of the delay in rendering a decision to the petitioner. For purposes of this analysis, it is relevant to bear in mind what is indicated by the aforementioned norms.

Article 27 of the Political Constitution establishes the following:

“The freedom of petition is guaranteed, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution.”

For its part, Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the following:

“When the amparo refers to the right of petition and to obtain prompt resolution, established in Article 27 of the Political Constitution, and there is no designated period for responding, it shall be understood that the violation occurs once ten business days have elapsed from the date on which the request was filed in the administrative office, without prejudice to the fact that, in the decision of the writ, the reasons adduced to consider said period insufficient are assessed, considering the circumstances and the nature of the matter.”

In the same vein, in the Law Regulating the Right of Petition No. 9097 of October 26, 2012, it is established that this right is susceptible to judicial protection by means of the writ of amparo established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution, for those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts or its response are affecting their fundamental rights. It is relevant to bear in mind what is indicated in Section 6 of said regulation:

“Filing of documents and response period.

The writing in which the petition is filed and any other documents and communications that are provided, before the corresponding public administration, as indicated in Article 2 of this law, shall oblige the administration to acknowledge receipt thereof, and must respond within the non-extendable period of ten business days counted from the day following receipt, provided the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with the organizational norm of each entity…”.

Thus, in amparo writs referring to the alleged violation of this right, there is an express legal norm -constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction- that orders the provision of the required information within the ten business days following its request, as provided in Articles 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction and 27 of the Political Constitution, as indicated above. Additionally, said period is reiterated in Article 6 of Law No. 9097, which reinforces the legislator's intention regarding the protection of this right.

Likewise, the Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 51, provides:

“...any resolution that grants the writ shall condemn in the abstract the compensation of damages and losses caused and the payment of the costs of the writ, and its liquidation shall be reserved for the enforcement of judgment.”

This last norm establishes the general system that regulates matters relating to compensation and payment of costs, and which the majority terms the “natural or normal manner of concluding the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.

Consequently, in the case at hand, the violation of the constitutionally endorsed ten-day period is verified -which, incidentally, is not required for the rest of the amparo writs, except for those of rectification and response (Article 68 of the Law of Constitutional Jurisdiction)-.

Therefore, what is appropriate in this regard, and with due respect to the majority thesis, is to deem the injury to the right of petition and prompt response, as well as to the right of access to public information (Article 30 of the Constitution), which guarantees free access to administrative departments for information purposes on matters of public interest, as accredited, ordering the condemnation in costs, damages and losses to the respondent authority.

Thus, regarding a constitutionally endorsed period -both by the legislator and by this Constitutional Court-, its non-compliance entails an injury to the indicated fundamental right that prompted the petitioner to file this writ of amparo as a mechanism to obtain a response to their procedure or access to the information they requested, regardless of whether the response or delivery of information occurred before or during the amparo; because, the truth is, the citizen ultimately saw their constitutional right satisfied on the occasion of the filing of the writ of amparo which they were forced to present, with the inconveniences and costs that this entails. It is insisted, the response or access granted by the respondent Administration that occurs once the period in question has expired, even if it arises before the notification of the processing of the amparo, or, as in this case, on the occasion of the notification of said processing, does not constitute timely compliance with the obligation imposed by Articles 27 and 30 of the Constitution. It is clear that in this hypothesis, that untimely response entails a satisfaction of the claim of the protected party, but that is no obstacle to the recognition of the damages and losses that this indifference could have caused to the petitioner, as well as the costs associated with the exercise of this procedural action, necessary for the safeguarding of their fundamental rights, as enabled by precept 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction.

Consequently, we partially dissent, and impose on the respondent party the payment of costs, damages and losses.

VI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE Nombre41880. I maintain that this matter should have been dismissed outright, since the petitioner brings the writ of amparo on behalf of a legal entity. Of importance for the sub examine, in the dissenting vote I recorded in judgment no.

2019002355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, I held:

“in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions, such as labor unions, political parties or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities or specific groups, the fact is that ‘Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, and therefore legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.’ Furthermore, in the same advisory opinion, the Inter-American Court held that, in certain specific contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case Nombre32579 et al. v. Venezuela); however, in order for this to be protected before the inter-American system, ‘the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between the two persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons, and not those of the legal entities, are indeed being protected. In effect, one must prove beyond the mere participation of the natural person in the typical activities of the legal entity, such that said participation relates substantially to the rights alleged to have been violated.’ (emphasis added) (OC. 22/16)”.

In my view, the reading of the Ley de la Jurisdicción Constitucional compels the same ratio as the above-cited conventional hermeneutics with respect to all fundamental rights. Thus, in a constitutional proceeding brought on behalf of a legal entity, its admission for study requires an essential and direct relationship between the legal entity that alleges being affected by some violation of the constitutional order and the natural person who, by such injury, comes to have some fundamental right diminished, in a reflexive but direct manner. Now, for such purposes, a mere reference to a connection or link between the legal entity and the natural person is insufficient to be able to infer that, precisely, through the constitutional proceeding one is seeking the protection of the fundamental rights of the latter, not merely those of the former. The aforementioned requirement thus becomes a sine qua non prerequisite for the admissibility of constitutional review by this jurisdiction. Based on the foregoing, I conclude that this must be the guideline with which the Ley de la Jurisdicción Constitucional is to be interpreted, so that in the sub iudice case the application of jurisdictional constitutional review becomes inadmissible, since, based on the evidence on file, the essential link between the protected legal entity and any natural person has not been demonstrated, in a specific manner, in relation to the alleged aggrieved right.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

POR TANTO:

The appeal is declared WITH MERIT, without special condemnation as to legal costs (costas), damages (daños) and losses (perjuicios). The sued authorities are ordered to refrain from incurring again in the acts that serve as the basis for this declaration. Judge Nombre277 and Judge Salazar Murillo record different reasons and partially dissent solely for purposes of indemnification, and impose upon the sued party the payment of legal costs (costas), damages (daños) and losses (perjuicios). Judge Nombre41880 issues a dissenting vote and rejects the matter outright. Let it be notified.-


 

 

 

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Nombre210.

Nombre211 a.i

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Paul Rueda L.

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Luis Fdo. Salazar A.



Jorge Araya G.

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Ingrid Hess H.



Ronald Salazar Murillo

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Ileana Sánchez N.

 

 

Digitally Signed Document

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EXPEDIENTE N° 25-030855-0007-CO

 

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the church of the Perpetual Help).

 

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 11:43:00.

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SCIJ de la Procuraduría General de la República