Res. 36328-2025 Sala Constitucional — Court rejects amparo on inclusion of wetland data in SNITSala rechaza amparo sobre inclusión de datos de humedal en SNIT

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 36328 - 2025

Fecha de la Resolución: 04 de Noviembre del 2025 a las 09:35

Expediente: 25-032189-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución



EXPEDIENTE N° 25-032189-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2025036328

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo interpuesto por Nombre44963, cédula de identidad CED22755, a favor de Nombre44964,  LVV SOCIEDAD ANONIMA,  contra   EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION.

Resultando:

 1.-Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 22 de octubre de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y manifiesta que su representada es la propietaria registral exclusiva de varias fincas cuyos terrenes están ubicados en Playa Hermosa de Jacó. Señala que dichos terrenos fueron debidamente inscritos mediante  información posesoria y excluidos de las disposiciones de la Zona Marítimo Terrestre, con base en los transitorios 7 y 8 de esa misma ley. Afirma que desde el año 2002, su representada cuenta con una viabilidad ambiental que todavía está vigente, porque el proyecto continúa desarrollándose en los términos y condiciones aprobados por SETENA. Agrega que dicho proyecto se denomina Hermosa Paradise, y a la fecha mantiene al día la respectiva Garantía Ambiental, la declaración de Compromisos Ambientales, la correspondiente bitácora Ambiental y Regencia Ambiental, todo conforme a las exigencias reglamentarias y legales vigentes para este tipo de proyectos. Afirma que a institución recurrida ha venido sosteniendo la tesis de que en la zona de Playa Hermosa de Jacó existe un ecosistema de humedal, cuyas dimensiones han venido aumentando con el paso de los años, con base en la información que consta  en la plataforma conocida como Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). Aduce que a raíz de lo anterior, la SETENA se ha visto obligada a tomar como referencia obligatoria la información que consta en dicha plataforma, para incluirla en aquellos pronunciamientos o resoluciones que emite esa dependencia, cuando se le solicitan autorizaciones o viabilidades para efectos constructivos o de proyectos que requieren de su visto bueno institucional, lo que se traduce en la necesidad de realizar estudios de muy alto costo, que generan que el proyecto termine siendo desechado o no desarrollado por la existencia de impedimentos jurídicos. Manifiesta que el 9 de marzo de 2023 se emitió el oficio número SINAC-ACOPAC-CH-0010-2023, en el que se indica que la verdadera dimensión del supuesto humedal es muy inferior al cálculo oficial, no obstante, a la fecha no se ha acatado lo dispuesto por dicho documento y se continúan aplicando criterios que no responden a la realidad. Indica que ante dicha situación, el 14 de julio de 2025 remitió una gestión al SINAC, en el que pedía que se colocara la información del oficio mencionado en SNIT, con el fin de eliminar las restricciones impuestas a las propiedades, no obstante, a la fecha dicha petición no había sido resuelta. Considera lesionados los derechos de su representada, por lo que pide que  se acoja el recurso, y se ordene al recurrido incluir en el SNIT la información de la cabida del supuesto humedal con la reducción del área señalada en los informe a los que hace alusión en el escrito inicial del amparo.

 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

  I.-La pretensión de la parte recurrente en el presente asunto, radica en cuestionar la omisión de la autoridad recurrida de atender la solicitud que planteara el 14 de julio de 2025, en la que pedía incluir en el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), los datos que constan en un informe emitido por funcionarios del SINAC, en los que consta que un humedal que existe en Playa Hermosa de Jacó, tiene una dimensión menor a la que consta en los datos oficiales.  Ahora bien, tomando en cuenta que la falta de atención de la gestión mencionada puede implicar una violación al numeral 41 constitucional, lo procedente es  rechazar  el recurso, con base en las consideraciones que a continuación se expondrán.

II.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.

 III.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la parte recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a la persona gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

 IV- Por otra parte, cabe aclarar al accionante que no compete a esta Sala determinar cuál es la información que se debe consignar en el Sistema Nacional de Información Territorial, pues ello es un tema de carácter técnico que debe ser planteado y resuelto en la vía ordinaria, mediante los procedimientos establecidos al efecto por el ordenamiento jurídico.

V.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Sostengo que este asunto se debe rechazar de plano, por cuanto la parte accionante plantea el recurso de amparo a favor de una persona jurídica. De importancia para el sub examine, en el voto salvado que consigné en la sentencia nro. 2019-2355 de las 9:30 horas de 12 de febrero de 2019 sostuve: 

“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre32579 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”. 

En mi criterio, la lectura de la Ley de la Jurisdicción Constitucional obliga a la misma ratio de la hermenéutica convencional supracitada respecto a todo derecho fundamental. Así, en un proceso de constitucionalidad formulado a favor de una persona jurídica, su admisión para estudio exige una relación esencial y directa entre la persona jurídica que aduce verse afectada por alguna vulneración al orden constitucional y la persona natural que por tal lesión viene a ver menoscabado, de forma refleja pero directa, algún derecho fundamental. Ahora, para tales efectos es insuficiente la mera referencia a una conexión o vínculo entre la persona jurídica y la natural para poder colegir que, precisamente, por medio del proceso de constitucionalidad se esté procurando el resguardo de los derechos fundamentales de la última, no meramente los de la primera. El requerimiento antedicho deviene entonces un presupuesto sine qua non para la procedencia del control de constitucionalidad por parte de esta jurisdicción. A partir de lo expuesto, colijo que esta debe ser la pauta con que se debe interpretar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de manera que en el sub iudice deviene improcedente la aplicación del control jurisdiccional de constitucionalidad, puesto que, con base en la prueba que consta en autos, no se ha demostrado el vínculo esencial entre la persona jurídica amparada y alguna natural, de modo específico, en relación con el presunto derecho agraviado.

VI.-DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes.

 

 

  

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Hubert Fernández A.

	

 

	

Ileana Sánchez N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 NRKZSBQPBZS61

EXPEDIENTE N° 25-032189-0007-CO

 

Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:43:50.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE N° 25-032189-0007-CO

PROCEEDING: RECURSO DE AMPARO

RESOLUTION Nº 2025036328

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty-five hours on the fourth of November of two thousand twenty-five.

Recurso de amparo filed by Nombre44963, identity card CED22755, on behalf of Nombre44964, LVV SOCIEDAD ANONIMA, against THE SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION.

Resultando:

1.- By written brief received in the Secretariat of the Chamber on October 22, 2025, the petitioner files a recurso de amparo against the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, and states that its represented entity is the exclusive registered owner of several properties whose lands are located in Playa Hermosa de Jacó. It indicates that said lands were duly registered through possessory information proceedings and excluded from the provisions of the Zona Marítimo Terrestre (Maritime Terrestrial Zone), based on transitory provisions 7 and 8 of that same law. It affirms that since 2002, its represented entity has an environmental feasibility approval (viabilidad ambiental) that is still valid, because the project continues to be developed under the terms and conditions approved by SETENA. It adds that said project is called Hermosa Paradise, and to date it keeps current the respective Garantía Ambiental (Environmental Guarantee), the declaration of Compromisos Ambientales (Environmental Commitments), the corresponding Bitácora Ambiental (Environmental Logbook), and Regencia Ambiental (Environmental Oversight), all in accordance with the regulatory and legal requirements in force for this type of project. It affirms that the respondent institution has been maintaining the thesis that in the zone of Playa Hermosa de Jacó there exists a wetland ecosystem (ecosistema de humedal), whose dimensions have been increasing over the years, based on the information contained in the platform known as Sistema Nacional de Información Territorial (National Territorial Information System, SNIT). It alleges that as a result of the foregoing, SETENA has been forced to take as mandatory reference the information contained in said platform, to include it in those pronouncements or resolutions issued by that unit, when authorizations or feasibility approvals are requested for construction purposes or for projects that require its institutional approval, which translates into the need to carry out very high-cost studies, which result in the project ultimately being discarded or not developed due to the existence of legal impediments. It states that on March 9, 2023, official communication number SINAC-ACOPAC-CH-0010-2023 was issued, in which it is indicated that the true dimension of the supposed wetland is much less than the official calculation; however, to date the provisions of said document have not been complied with and criteria that do not correspond to reality continue to be applied. It indicates that in light of said situation, on July 14, 2025, it sent a petition to SINAC, in which it requested that the information from the aforementioned official communication be placed in SNIT, in order to eliminate the restrictions imposed on the properties; however, to date said request had not been resolved. It considers the rights of its represented entity injured, for which reason it requests that the recurso be granted, and that the respondent be ordered to include in SNIT the information on the area (cabida) of the supposed wetland with the reduction of the area indicated in the reports to which it alludes in the initial brief of the amparo.

2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (Law of Constitutional Jurisdiction) empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition brought to its attention that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of a prior identical or similar petition that was rejected.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considerando:

I.- The claim of the petitioner in this matter lies in questioning the omission of the respondent authority to attend to the request it raised on July 14, 2025, in which it asked to include in the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) the data contained in a report issued by officials of SINAC, in which it is recorded that a wetland that exists in Playa Hermosa de Jacó has a smaller dimension than that recorded in the official data. Now, taking into account that the failure to attend to the mentioned petition may imply a violation of constitutional numeral 41, the appropriate course is to reject the recurso, based on the considerations that will be set forth below.

II.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE, A SWIFT AND EFFECTIVE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIVE LEGAL SITUATIONS OF ADMINISTERED PERSONS. The Constitutional Chamber, since its founding, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantive legal situations grounded in the infra-constitutional legal order or parameter of legality, which bear an indirect connection with fundamental rights and the Law of the Constitution. On this matter, it must not be lost sight of that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate efficacy, gives indirect foundation to any imaginable substantive legal situation of persons. However, upon better consideration and given the enactment of the Código Procesal Contencioso-Administrativo (Contentious-Administrative Procedure Code) (Ley No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become evident that justiciable parties now have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expeditious and swift due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal order, such as the shortening of deadlines for carrying out the various procedural acts, the breadth of standing, precautionary measures, the numerus apertus of deducible claims, orality –and its sub-principles of concentration, immediacy, and swiftness–, the single instance with appeal in expressly limited situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential proceeding process or “amparo de legalidad”, the purely legal proceedings, the new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial execution, seizure of assets from the fiscal domain and some from the public domain), the broad powers of the body of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All of these innovative procedural institutes have the manifest aim and purpose of achieving procedural economy, swiftness, promptness, and the effective or fulfilled protection of the substantive legal situations of administered persons, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle. In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is a suitable channel, due to its new characteristics of simplicity, swiftness, and promptness, for the amparo and effective protection of the substantive legal situations of administered persons in which it is necessary to gather evidence or define certain questions of ordinary legality.

III.- VERIFICATION OF THE DEADLINES SET BY LAW FOR RESOLVING ADMINISTRATIVE PROCEDURES: AN EVIDENT QUESTION OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration complies or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (General Law on Public Administration) (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the instance of a party– or to hear admissible administrative appeals, is an evident question of ordinary legality that, henceforth, may be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense –that is, of appearing without legal representation– and of gratuity for the petitioner. Consequently, outright rejection is required and the petitioning person must be advised that if they deem it appropriate, they may resort to the contentious-administrative jurisdiction.

IV- Furthermore, it is necessary to clarify to the claimant that it is not within the purview of this Chamber to determine what information should be recorded in the Sistema Nacional de Información Territorial, since that is a matter of a technical nature that must be raised and resolved in the ordinary venue, through the procedures established for that purpose by the legal order.

V.- DIFFERING REASONS OF MAGISTRATE RUEDA LEAL. I maintain that this matter must be rejected outright, since the claimant files the recurso de amparo on behalf of a legal entity. Of importance for the sub examine, in the dissenting vote I recorded in judgment No. 2019-2355 of 9:30 hours on February 12, 2019, I held:

“in Consultative Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition to legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that ‘Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.’ On the other hand, in the same consultative opinion, the Inter-American Court provided that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case Nombre32579 et al. v. Venezuela); however, for this to be protectable before the inter-American system, ‘the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons are indeed being protected and not those of legal entities. In effect, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities proper to the legal entity, such that said participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.’ (emphasis added) (OC. 22/16)”.

In my view, a reading of the Ley de la Jurisdicción Constitucional compels the same ratio of the aforementioned conventional hermeneutics with respect to every fundamental right. Thus, in a constitutional proceeding filed on behalf of a legal entity, its admission for study requires an essential and direct relationship between the legal entity that claims to be affected by some violation of the constitutional order and the natural person who, by such injury, comes to see some fundamental right diminished, in a reflexive but direct manner. Now, for such purposes, the mere reference to a connection or link between the legal entity and the natural person is insufficient to be able to infer that, precisely, through the constitutional proceeding, the safeguarding of the fundamental rights of the latter is being sought, not merely those of the former. The aforementioned requirement therefore becomes a *sine qua non* prerequisite for the admissibility of constitutional review by this jurisdiction. Based on the foregoing, I conclude that this must be the standard by which the Ley de la Jurisdicción Constitucional is to be interpreted, such that in the sub iudice, the application of jurisdictional constitutional review is improper, since, based on the evidence contained in the record, the essential link between the protected legal entity and some natural person, in a specific manner, in relation to the presumed aggrieved right, has not been demonstrated.

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The petitioner is forewarned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, in accordance with the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The recurso is rejected outright. Magistrate Rueda Leal gives differing reasons.

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Hubert Fernández A.

Ileana Sánchez N.

Digitally Signed Document

-- Verification code --



NRKZSBQPBZS61

EXPEDIENTE N° 25-032189-0007-CO

Telephones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:43:50.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República