Res. 36565-2025 Sala Constitucional — Lack of jurisdiction to enforce TAA measures at compliance stageIncompetencia para ejecutar medidas del TAA en fase de cumplimiento

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Sala Constitucional

Resolución Nº 36565 - 2025

Fecha de la Resolución: 07 de Noviembre del 2025 a las 09:30

Expediente: 24-002386-0007-CO

Redactado por: Ileana Sánchez Navarro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 24-002386-0007-CO

Res. Nº 2025036565

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del siete de noviembre de dos mil veinticinco .

Gestión posterior promovida por Nombre45828, cédula de identidad CED23144, contra el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.

Resultando:

 1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 04 de noviembre de 2025, la parte recurrente acusa la desobediencia de lo ordenado en la sentencia No. 2024-012481 de las 09:20 horas del 10 de mayo de 2024. Señala que “La Sala Constitucional mediante resolución N° 2024012481, de fecha 10 de mayo del 2024, declara con lugar el Recurso de Amparo presentado por mi persona contra el Tribunal Ambiental Administrativo y le ordena a la Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, que en un plazo no mayor a tres meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, se resuelva de forma definitiva la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente No. 286-04-03-TAA, al considerar que si se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política. El Tribunal Ambiental Administrativo mediante Resolución No-337-2025 de fecha nueve de abril del 2025, condena a la persona Jurídica Busetas Heredianas S, A., representada por Juan Diego Víquez Araya, cédula CED23146 y les ordena en un plazo de 30 días, eliminar toda la infraestructura que se encuentra construida dentro del área de protección de la Quebrada la Granada, devolviendo el cauce a su estado natural, evacuar la laguna que se formó como consecuencia del entubamiento de la quebrada y al momento la empresa Busetas Heredianas, sigue sin acatar lo ordenado. Con todo respeto solicitamos a la honorable Sala Constitucional considerar que ya han pasado más de un año y cinco meses de lo ordenado mediante resolución N° 2024012481, de fecha 10 de mayo del 2024 y al momento tal y como lo demostramos con fotografías que se adjuntan, tomados en el sitio en el mes de setiembre del año en curso, no se ha cumplido con lo ordenado por la Sala Constitucional y la infraestructura construida dentro del área de protección de la Quebrada la Granada se mantiene en el sitio tal y como se puede ver en fotografías adjuntas donde se observan las tapias construidas dentro del área de protección, no se ha devuelto el cauce a su estado natural, la laguna que se formó como consecuencia del entubamiento de la quebrada se mantiene en el sitio tal y como se observa en las fotografías y el riesgo a la salud pública se mantiene tal y como consta en escrito que forma parte del expediente certificado por el Ministerio de Salud. Con todo respeto solicitamos considerar que la Sala Constitucional mediante resolución N° 2024012481, de fecha 10 de mayo del 2024, ordena al Tribunal Ambiental Administrativo que debe resolver de forma definitiva la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente No. 286-04-03-TAA, y al momento tal y como lo explicamos con anterioridad, la persona Jurídica Busetas Heredianas S, A., representada por Juan Diego Víquez Araya, cédula CED23146, no ha cumplido ninguno de los puntos ordenados y en el sitio todo sigue igual tal y como se evidencia en las fotografías que se adjuntan tomadas por mi persona, donde se puede apreciar las lagunas que se formaron sobre el cauce de la quebrada cubiertas de lirios y vegetación y las tapias construidas dentro del área de protección de la quebrada la Granada que impiden el curso normal del agua en una clara violación de la normativa ambiental”.

 2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,

 Considerando:

 I.- Sobre lo dispuesto en el presente proceso. Por medio de la sentencia No. 2024-012481 de las 09:20 horas del 10 de mayo de 2024, este Tribunal resolvió lo siguiente:

“Se declara con lugar el recurso, únicamente, contra el Tribunal Ambiental Administrativo. Se ordena a Adriana Bejarano Alfaro y a Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, en sus respectivas condiciones de presidenta y jueza, ambas del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, que en un plazo no mayor a TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva de forma definitiva la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente No. 286-04-03-TAA y se notifique lo resuelto. Se advierte a las recurridas, o a quienes ocupen su cargo, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía y la Municipalidad de Heredia, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese”.

Posteriormente, ante la inejecución planteada por la parte recurrente a lo ordenado en la sentencia supra citada, por resolución No. 2025-009940 de las 09:30 horas del 01 de abril de 2025, se resolvió lo siguiente:

“II.- Sobre la gestión planteada. Esta Sala mediante la sentencia citada se ordenó al Tribunal Ambiental Administrativo —por medio de sus autoridades Adriana Bejarano Alfaro y Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, o a quienes ostentaran sus cargos— emitir resolución definitiva en el expediente administrativo No. 286-04-03-TAA, dentro del plazo improrrogable de tres meses contado desde la notificación de dicha sentencia.

Dicho mandato se fundamentó en la constatación de la vulneración al derecho fundamental a la justicia pronta y cumplida, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política, ante la prolongada inactividad administrativa sobre denuncias ambientales acumuladas desde el año 2004 y que, pese a múltiples actos procesales, aún no han concluido con una decisión definitiva. Esta obligación fue impuesta con carácter vinculante y bajo apercibimiento de las consecuencias penales y administrativas previstas en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

No obstante, con ocasión del escrito de la parte accionante del 13 de febrero de 2025, mediante el cual acusa el incumplimiento de lo ordenado en el presente proceso, y los elementos aportados por las autoridades requeridas en audiencia, ha sido posible verificar que al vencimiento del plazo otorgado en la sentencia constitucional —el cual, a efectos de cómputo el 14 de agosto de 2024, se tiene por notificado el voto—, el Tribunal Ambiental Administrativo no había cumplido con el dictado del acto final requerido. Si bien se alegan circunstancias que afectaron el funcionamiento del órgano —como la desconformación del Tribunal por varios meses durante el año 2024, la complejidad técnica del expediente, y la licencia por maternidad de una de las juezas responsables—, tales factores no resultan por sí solos suficientes para justificar el incumplimiento del plazo establecido, máxime tratándose de una materia de especial tutela como lo es la protección del ambiente.

Debe recordarse que, conforme al artículo 50 de la Constitución Política y al principio de celeridad administrativa consagrado en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Ambiente, las autoridades administrativas tienen la obligación de impulsar y resolver con diligencia las denuncias ambientales.

La argumentación del Tribunal Administrativo Ambiental sobre la necesidad de una prórroga adicional de dos meses, no se justifica jurídicamente. El deber de resolver en el plazo establecido no puede quedar supeditado a dificultades internas de organización o gestión que, en todo caso, deben ser previstas y superadas diligentemente. En razón de lo anterior, no se acoge la solicitud de prórroga formulada.

Así las cosas, se colige que el Tribunal Ambiental Administrativo no dio cumplimiento a lo ordenado por esta Sala en la sentencia No. 2024-012481, dentro del plazo de tres meses conferido para resolver en definitiva el expediente administrativo No. 286-04-03-TAA. En consecuencia, procede tener por acreditado el incumplimiento denunciado, en los términos que se precisan en la parte dispositiva de esta resolución. (…)

Por tanto:

Se reitera a Adriana Bejarano Alfaro y a Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, en sus respectivas condiciones de presidenta y jueza, ambas del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, el cumplimiento de lo dispuesto la sentencia No. 2024-012481 de las 09:20 horas del 10 de mayo de 2024. Lo anterior, bajo la advertencia de ordenarse el testimonio de piezas ante el Ministerio Público si no hiciere (artículos 53 y 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Notifíquese esta sentencia en forma personal a Adriana Bejarano Alfaro y a Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, en sus respectivas condiciones de presidenta y jueza, ambas del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos”.

Luego, con ocasión de la desobediencia de lo ordenado, se resolvió mediante sentencia No. 2025-027986 de las 09:30 horas del 02 de setiembre de 2025, lo siguiente:

“Sobre la gestión planteada. En el presente asunto, se analiza la gestión planteada por la parte recurrente, en la que se alega el incumplimiento de lo ordenado en la sentencia No. 2024-012481 de las 09:20 horas del 10 de mayo de 2024. En dicha resolución se ordenó al Tribunal Ambiental Administrativo resolver de forma definitiva, dentro de un plazo de tres meses contados desde la notificación de la sentencia, la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente administrativo No. 286-04-03-TAA.

Del informe rendido bajo juramento por parte de las autoridades del Tribunal Ambiental Administrativo, y de los documentos incorporados al expediente, se tiene por demostrado que, mediante resolución No. 337-2025-TAA, de las 12:20 horas del 09 de abril de 2025, se dictó el acto final del procedimiento administrativo, cumpliendo así lo ordenado en el presente proceso de amparo. Dicha resolución resolvió de manera definitiva la denuncia ambiental en cuestión, disponiendo medidas sancionatorias y restauradoras en contra de Busetas Heredianas Sociedad Anónima y su representante legal.

Se constata, además, que el Tribunal Ambiental Administrativo dio curso al recurso ordinario de revocatoria interpuesto contra esa resolución por parte del demandado, y lo resolvió mediante el acto No. 948-2025-TAA de las 11:20 horas del 12 de agosto de 2025, en la cual se confirmó en todos sus extremos la decisión final dictada, sin que se suspendiera la ejecución de la resolución final impugnada, en atención a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública. En esa misma resolución, se ordenó una segunda intimación de cumplimiento de las medidas ambientales impuestas.

Bajo tal estado de las cosas, no se evidencia incumplimiento actual por parte del Tribunal Ambiental Administrativo y no se encuentra mérito alguno para acoger la desobediencia de lo ordenado en la sentencia No. 2024-012481 de las 09:20 horas del 10 de mayo de 2024.

(…)

Por tanto:

No ha lugar a la gestión formulada”.

II.- Sobre la gestión planteada. En la sentencia No. 2024-012481 de las 09:20 horas del 10 de mayo de 2024, la orden dada se dirigió únicamente contra el Tribunal Ambiental Administrativo, con el fin de que dicho órgano resolviera, dentro del plazo improrrogable de tres meses, la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente No. 286-04-03-TAA, lo que efectivamente ocurrió mediante la resolución No. 337-2025-TAA de fecha 09 de abril de 2025, y cuya firmeza fue confirmada mediante acto No. 948-2025-TAA del 12 de agosto de 2025.

En ese sentido, la obligación impuesta por este Tribunal Constitucional ya fue debidamente cumplida por parte de la autoridad recurrida, al dictar resolución definitiva sobre la denuncia en cuestión, en los términos exigidos por esta Sala.

El escrito presentado por la parte recurrente con fecha 04 de noviembre de 2025, en el que señala el supuesto incumplimiento de lo ordenado en la sentencia constitucional, se encamina erróneamente a atribuir a esta jurisdicción la verificación del cumplimiento de medidas administrativas impuestas por el Tribunal Ambiental Administrativo a la empresa Busetas Heredianas S. A., contenidas en su resolución No. 337-2025-TAA.

Tal planteamiento excede el marco de competencias de este Tribunal en el presente proceso constitucional. La desobediencia denunciada no versa sobre el incumplimiento de una orden emanada de esta Sala, sino sobre la falta de ejecución de lo dispuesto por una autoridad administrativa, cuya ejecución y seguimiento corresponden, en primer término, al propio Tribunal Ambiental Administrativo, en ejercicio de sus potestades legales, y eventualmente a otras instancias.

Debe tenerse presente que, en el marco de la ejecución de los fallos constitucionales, la competencia de esta Sala se limita a verificar el acatamiento de sus propias resoluciones, no así a supervisar el cumplimiento de actos derivados de las mismas que emanan de órganos administrativos con competencia legal propia. De conformidad con ello, no corresponde a esta jurisdicción constitucional evaluar si la empresa sancionada ha cumplido con las medidas ordenadas en sede administrativa, sino que le incumbe a la autoridad dictante (en este caso, el Tribunal Ambiental Administrativo) adoptar las medidas que en derecho correspondan para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones, inclusive mediante la imposición de sanciones administrativas o la remisión a otras autoridades competentes.

En consecuencia, al no evidenciarse incumplimiento de la orden constitucional contenida en la sentencia No. 2024-012481, ni desobediencia atribuible al Tribunal Ambiental Administrativo, resulta improcedente acoger la gestión formulada por la parte recurrente, sin perjuicio del derecho que le asiste de plantear, ante la autoridad administrativa correspondiente, lo que estime pertinente en relación con la ejecución de las medidas impuestas.

III.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

No ha lugar a la gestión formulada.

 

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ronald Salazar Murillo




Ileana Sánchez N.

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 KWB4RNJNQGQ61

EXPEDIENTE N° 24-002386-0007-CO

 

Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:45:07.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the seventh of November of two thousand twenty-five.

Subsequent motion filed by Nombre45828, identity card CED23144, against the TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.

Whereas:

 1.- By brief incorporated into the digital file on November 4, 2025, the appellant alleges disobedience of the order issued in judgment No. 2024-012481 of 09:20 hours on May 10, 2024. It states that "The Constitutional Chamber, by means of resolution No. 2024012481, dated May 10, 2024, declares with merit the Amparo Appeal filed by my person against the Tribunal Ambiental Administrativo and orders the President of the Tribunal Ambiental Administrativo, within a period not exceeding three months, counted from the notification of the judgment, to issue a definitive resolution on the environmental complaint processed under file No. 286-04-03-TAA, considering that an undue delay or unjustified postponement has indeed occurred, which violates the fundamental right to a prompt and fulfilled administrative procedure enshrined in Article 41 of the Political Constitution. The Tribunal Ambiental Administrativo, by means of Resolution No-337-2025 dated April 9, 2025, sanctions the legal entity Busetas Heredianas S, A., represented by Juan Diego Víquez Araya, ID CED23146 and orders them, within a period of 30 days, to eliminate all the infrastructure built within the protection area of the Quebrada la Granada, returning the watercourse to its natural state, to drain the lagoon that formed as a consequence of the piping of the stream, and at this moment the company Busetas Heredianas, continues to fail to comply with what was ordered. With all due respect, we request the honorable Constitutional Chamber to consider that more than one year and five months have passed since what was ordered by resolution No. 2024012481, dated May 10, 2024, and at this moment, as we demonstrate with attached photographs, taken at the site in the month of September of this year, what was ordered by the Constitutional Chamber has not been complied with, and the infrastructure built within the protection area of the Quebrada la Granada remains on the site, as can be seen in the attached photographs where the walls built within the protection area are observed, the watercourse has not been returned to its natural state, the lagoon that formed as a consequence of the piping of the stream remains on the site as observed in the photographs, and the risk to public health persists, as recorded in a brief that is part of the file certified by the Ministry of Health. With all due respect, we request to consider that the Constitutional Chamber, by means of resolution No. 2024012481, dated May 10, 2024, orders the Tribunal Ambiental Administrativo that it must definitively resolve the environmental complaint processed under file No. 286-04-03-TAA, and at this moment, as we previously explained, the legal entity Busetas Heredianas S, A., represented by Juan Diego Víquez Araya, ID CED23146, has not complied with any of the ordered points, and on the site everything remains the same, as evidenced in the attached photographs taken by my person, where one can appreciate the lagoons that formed over the stream bed covered with lilies and vegetation, and the walls built within the protection area of the Quebrada la Granada that impede the normal flow of water in a clear violation of environmental regulations."

 2.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

 Drafted by Judge Sánchez Navarro; and,

 Considering:

 I.- On what was ordered in this proceeding. Through judgment No. 2024-012481 of 09:20 hours on May 10, 2024, this Court resolved the following:

"The appeal is declared with merit, solely, against the Tribunal Ambiental Administrativo. Adriana Bejarano Alfaro and Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, in their respective capacities as president and judge, both of the Tribunal Ambiental Administrativo, or whoever occupies such positions in their place, are ordered, within a period not exceeding THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, to issue a definitive resolution on the environmental complaint processed under file No. 286-04-03-TAA and to notify the resolution. The respondents, or whoever occupies their position, are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided that the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. With respect to the Ministerio de Ambiente y Energía and the Municipalidad de Heredia, the appeal is declared without merit. Judge Castillo Víquez records a note. Judge Salazar Alvarado issues a note. Notify."

Subsequently, in response to the non-execution raised by the appellant regarding what was ordered in the aforementioned judgment, by resolution No. 2025-009940 of 09:30 hours on April 1, 2025, the following was resolved:

"II.- On the motion filed. This Chamber, by means of the cited judgment, ordered the Tribunal Ambiental Administrativo —through its authorities Adriana Bejarano Alfaro and Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, or whoever held their positions— to issue a definitive resolution in the administrative file No. 286-04-03-TAA, within the non-extendable period of three months counted from the notification of said judgment.

Said mandate was based on the verification of the violation of the fundamental right to prompt and fulfilled justice, enshrined in Article 41 of the Political Constitution, in view of the prolonged administrative inactivity on environmental complaints accumulated since 2004 and which, despite multiple procedural acts, have not yet concluded with a definitive decision. This obligation was imposed with binding force and under the warning of the criminal and administrative consequences provided for in Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction.

However, on the occasion of the brief from the plaintiff dated February 13, 2025, by which they accuse the non-compliance with what was ordered in this proceeding, and the elements provided by the required authorities in the hearing, it has been possible to verify that upon the expiration of the period granted in the constitutional judgment —which, for computation purposes on August 14, 2024, the vote is considered notified—, the Tribunal Ambiental Administrativo had not complied with the issuance of the required final act. While circumstances that affected the functioning of the body are alleged —such as the deconformation of the Tribunal for several months during 2024, the technical complexity of the file, and the maternity leave of one of the responsible judges—, such factors are not in themselves sufficient to justify the non-compliance with the established period, especially in a matter of special protection such as the protection of the environment.

It must be remembered that, in accordance with Article 50 of the Political Constitution and the principle of administrative celerity enshrined in Article 110 of the Organic Law of the Environment, administrative authorities have the obligation to diligently pursue and resolve environmental complaints.

The argument of the Tribunal Administrativo Ambiental regarding the need for an additional two-month extension is not legally justified. The duty to resolve within the established period cannot be subject to internal organizational or management difficulties that, in any case, must be foreseen and overcome diligently. For the foregoing reason, the extension request made is not granted.

Thus, it is inferred that the Tribunal Ambiental Administrativo did not comply with what was ordered by this Chamber in judgment No. 2024-012481, within the three-month period granted to definitively resolve administrative file No. 286-04-03-TAA. Consequently, the reported non-compliance is deemed accredited, under the terms specified in the operative part of this resolution. (…)

Therefore:

Adriana Bejarano Alfaro and Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, in their respective capacities as president and judge, both of the Tribunal Ambiental Administrativo, or whoever occupies such positions in their place, are reiterated the compliance with the provisions of judgment No. 2024-012481 of 09:20 hours on May 10, 2024. The foregoing, under the warning of ordering the certification of relevant documents before the Public Prosecutor's Office if they fail to do so (Articles 53 and 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction). Notify this judgment personally to Adriana Bejarano Alfaro and Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, in their respective capacities as president and judge, both of the Tribunal Ambiental Administrativo, or to whoever occupies such positions in their place."

Subsequently, on the occasion of the disobedience of what was ordered, it was resolved by judgment No. 2025-027986 of 09:30 hours on September 2, 2025, the following:

"On the motion filed. In the present matter, the motion filed by the appellant is analyzed, in which the non-compliance with what was ordered in judgment No. 2024-012481 of 09:20 hours on May 10, 2024 is alleged. In said resolution, the Tribunal Ambiental Administrativo was ordered to definitively resolve, within a period of three months counted from the notification of the judgment, the environmental complaint processed under administrative file No. 286-04-03-TAA.

From the report rendered under oath by the authorities of the Tribunal Ambiental Administrativo, and from the documents incorporated into the file, it is proven that, by means of resolution No. 337-2025-TAA, of 12:20 hours on April 9, 2025, the final act of the administrative procedure was issued, thus complying with what was ordered in this amparo proceeding. Said resolution definitively resolved the environmental complaint in question, ordering sanctioning and restorative measures against Busetas Heredianas Sociedad Anónima and its legal representative.

It is further verified that the Tribunal Ambiental Administrativo processed the ordinary appeal for reversal filed against that resolution by the defendant, and resolved it by means of act No. 948-2025-TAA of 11:20 hours on August 12, 2025, in which the final decision issued was confirmed in all its aspects, without the execution of the challenged final resolution being suspended, in accordance with the provisions of Article 148 of the General Law of Public Administration. In that same resolution, a second notification for compliance with the imposed environmental measures was ordered.

Under this state of affairs, no current non-compliance by the Tribunal Ambiental Administrativo is evidenced and no merit whatsoever is found to accept the disobedience of what was ordered in judgment No. 2024-012481 of 09:20 hours on May 10, 2024.

(…)

Therefore:

The motion filed is dismissed."

II.- On the motion filed. In judgment No. 2024-012481 of 09:20 hours on May 10, 2024, the order given was directed solely against the Tribunal Ambiental Administrativo, with the aim that said body resolve, within the non-extendable period of three months, the environmental complaint processed under file No. 286-04-03-TAA, which effectively occurred by means of resolution No. 337-2025-TAA dated April 9, 2025, and whose finality was confirmed by act No. 948-2025-TAA of August 12, 2025.

In that sense, the obligation imposed by this Constitutional Court has already been duly fulfilled by the respondent authority, by issuing a definitive resolution on the complaint in question, under the terms required by this Chamber.

The brief submitted by the appellant dated November 4, 2025, in which they allege the supposed non-compliance with what was ordered in the constitutional judgment, is incorrectly aimed at attributing to this jurisdiction the verification of compliance with administrative measures imposed by the Tribunal Ambiental Administrativo on the company Busetas Heredianas S. A., contained in its resolution No. 337-2025-TAA.

Such an approach exceeds the scope of competence of this Court in this constitutional proceeding. The reported disobedience does not concern the non-compliance with an order emanating from this Chamber, but rather the lack of execution of what was ordered by an administrative authority, whose execution and follow-up correspond, in the first instance, to the Tribunal Ambiental Administrativo itself, in the exercise of its legal powers, and eventually to other instances.

It must be borne in mind that, within the framework of the execution of constitutional judgments, the competence of this Chamber is limited to verifying compliance with its own resolutions, not to supervising the compliance with acts derived from them that emanate from administrative bodies with their own legal competence. In accordance with this, it does not correspond to this constitutional jurisdiction to evaluate whether the sanctioned company has complied with the measures ordered in the administrative venue, but rather it is incumbent upon the issuing authority (in this case, the Tribunal Ambiental Administrativo) to adopt the measures that legally correspond to ensure the effective compliance with its resolutions, including through the imposition of administrative sanctions or referral to other competent authorities.

Consequently, as no non-compliance with the constitutional order contained in judgment No. 2024-012481 is evidenced, nor disobedience attributable to the Tribunal Ambiental Administrativo, it is inappropriate to accept the motion filed by the appellant, without prejudice to the right they have to raise, before the corresponding administrative authority, whatever they deem pertinent in relation to the execution of the imposed measures.

III.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on Electronic Files before the Judicial Branch" ("Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial"), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The motion filed is dismissed.

 

 

 

	

Fernando Cruz C.

Acting President

	

 



Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.



Ingrid Hess H.

	

 

	

Ronald Salazar Murillo



Ileana Sánchez N.

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Digitally Signed Document

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*KWB4RNJNQGQ61*

FILE No. 24-002386-0007-CO

 

Telephones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

 

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:45:07.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República