Res. 36643-2025 Sala Constitucional — La Milenita Flooding: abide by prior rulingInundaciones en La Milenita: estese a lo resuelto

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Sala Constitucional

Resolución Nº 36643 - 2025

Fecha de la Resolución: 07 de Noviembre del 2025 a las 09:30

Expediente: 25-028731-0007-CO

Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-028731-0007-CO

Res. Nº 2025036643

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del siete de noviembre de dos mil veinticinco .

 

 Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 25-028731-0007-CO, interpuesto por Nombre45901, cédula de identidad CED23182, contra el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD y la MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA.

RESULTANDO:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 13:53 horas del 20 de septiembre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Consejo Nacional de Vialidad, y manifiesta que desde hace diez años, la comunidad de San Juan de Santa Bárbara padece inundaciones recurrentes en la Ruta Nacional Secundaria N°123, sector conocido como "La Milenita", que afectan viviendas, comercios y la seguridad del tránsito peatonal y vehicular. Señala que, en el año 2014, la Sala Constitucional condenó a la institución recurrida intervenir para atender la problemática. Apunta que, en noviembre de 2024 presentó una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes (expediente N°458108-2024-RI), en vista de que, pese a que se realizaron algunos trabajos por orden de Sala Constitucional, los mismos fueron insuficientes, y desde hace años continúa la problemática. Refiere que, como resultado, el Consejo Nacional de Vialidad se comprometió a un cronograma de acciones con fecha de cumplimiento para el 20 de junio de 2025, que incluía estudios, diseño y presupuesto. No obstante, al día de interposición del recurso no se han ejecutado las obras ni se cumplió el cronograma; tampoco se le ha brindado respuesta formal a sus reiteradas gestiones enviadas a la ingeniera de zona, Andrea Madrigal Quesada, y a la Contraloría de Servicios del consejo recurrido. Menciona que, la Defensoría de los Habitantes, mediante oficio N°03341-2025-DHR, concluyó su intervención, reconociendo la persistencia de la problemática y señalando expresamente la obligación de coordinación interinstitucional entre el Consejo Nacional de Vialidad y la Municipalidad de Santa Bárbara, a fin de resolver el problema de manera definitiva. Denuncia que la omisión de la autoridad recurrida de ejecutar acciones concretas y de coordinar efectivamente con la Municipalidad de Santa Bárbara, mantiene a la población expuesta a un riesgo real e inminente, vulnerando los derechos fundamentales de los habitantes de San Juan. Solicita la intervención de esta Sala.

2.- A través de la resolución de las 13:05 horas del 29 de septiembre de 2025, la Presidencia de la Sala Constitucional previno a la parte recurrente comparecer ante la Secretaría de la Sala para firmar el escrito de interposición, o bien, aportar un memorial debidamente firmado, ratificando todos los extremos del recurso interpuesto.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 30 de septiembre de 2025, la parte recurrente cumplió la prevención realizada.

4.- Mediante la resolución de las 13:22 horas del 30 de septiembre de 2025, la Presidencia de la Sala dio curso a este proceso y concedió audiencia al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

5.- Por escritos incorporados al expediente digital el 07 de octubre de 2025, informa bajo juramento Jason Pérez Anchía, en su condición de Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, que la causa principal de la problemática planteada, es la insuficiencia de tubería de desfogue en propiedad privada, fuera del derecho de vía. Aclara que, por ese motivo, la institución recurrida no puede realizar labores de conservación o preservación, ya que le corresponde a los propietarios de los inmuebles. Explica que la Ruta N°123 fue intervenida, construyéndose un sistema pluvial adecuado para la captación de aguas. Añade que, en su momento la Gerencia del Consejo Nacional de Vialidad alertó a la Municipalidad de Santa Bárbara que, de no realizarse correctamente las labores de desfogue de aguas hacia el río, las inundaciones continuarían. Recalca que la autoridad recurrida cumplió con las obras correspondientes, dentro del ámbito de sus competencias, por lo que la responsabilidad respecto a la persistencia de la problemática recae en la Municipalidad de Santa Bárbara. En cuanto al cronograma contemplado en el oficio N°DRC-10-2024-1919, de fecha 23 de diciembre de 2024, acota que corresponde a un plan que incluía la realización de estudios y el diseño hidráulico de una solución alternativa, lo cual ya fue cumplido por el consejo recurrido. Enlista las distintas comunicaciones que se han remitido a la Municipalidad de Santa Bárbara, advirtiendo de la necesidad de intervención. Solicita se declare sin lugar el recurso.

6.- Mediante resolución de las 17:25 horas del 09 de octubre de 2025, el magistrado instructor amplió las partes consignadas en este proceso y concedió audiencia al Alcalde y al Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial; ambos de la Municipalidad de Santa Bárbara, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

7.- Por escritos incorporados al expediente digital el 20 de octubre de 2025, informa bajo juramento Víctor Manuel Hidalgo Salas, en su condición de Alcalde Municipal de Santa Bárbara, que el gobierno local notificó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al Consejo Nacional de Vialidad, los problemas viales presentados en la vía objeto de este recurso, solicitando el mantenimiento integral en varias rutas nacionales del cantón. Añade que, en el año 2013, se identificaron dos puntos críticos de inundación frente a la fábrica “La Milenita”, y aunque el Consejo Nacional de Vialidad indicó que se programarían obras, se identificó que parte de las intervenciones debían realizarse en propiedad privada, lo cual corresponde a la municipalidad. Aclara que, por ley, no puede invertir fondos en rutas nacionales ni en propiedades privadas. Señala que en el año 2014, a raíz de una sentencia dictada por la Sala, se realizaron diversas acciones, entre ellas reuniones interinstitucionales, consultas al Ministerio de Ambiente y Energía sobre el tipo de cauce, y estudios hidrológicos, y se concluyó que recuperar el cauce natural en la zona de “La Marmolera” resultaba inviable, tanto por razones legales como económicas, ya que se trata de una zona densamente poblada y no se ha definido como cauce público. Además, las expropiaciones requeridas superarían los cuatro mil millones de colones, lo cual excede el presupuesto municipal. Agrega que, aunque se consideró viable encauzar el agua hacia el Río Segundo por la Ruta Nacional 123, esta opción fue desestimada por el Consejo Nacional de Vialidad. Acusa que, a pesar de múltiples solicitudes y propuestas técnicas por parte de la municipalidad recurrida, el Consejo Nacional de Vialidad no ha dado respuesta ni ha ejecutado las obras necesarias. Expone que los informes del Ministerio de Ambiente y Energía indican que el cuerpo de agua en cuestión no es un cauce público, lo que limita la competencia municipal para intervenir. Las alternativas propuestas por el Consejo Nacional de Vialidad, como la recuperación del cauce o la ampliación de canales, son económicamente insostenibles y fuera del ámbito legal de acción del municipio. Finalmente, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal propone como solución más viable la construcción de un alcantarillado por la Ruta Nacional 123 hacia el río Porrosatí. No obstante, esta obra corresponde al Consejo Nacional de Vialidad, ya que la Municipalidad no tiene jurisdicción ni recursos para ejecutarla. Solicita se declare sin lugar el recurso.

8.- Según constancia emitida el 29 de octubre de 2025 por la Técnica Judicial 3 a.i., encargada de la tramitación de este expediente y la Secretaria a.i.; ambas funcionarias de la Sala Constitucional, el Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Santa Bárbara no rindió el informe requerido por este Tribunal en la resolución de las 17:25 horas del 09 de octubre de 2025.

 9.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que desde hace diez años, la comunidad de San Juan de Santa Bárbara padece inundaciones recurrentes en la Ruta Nacional Secundaria N°123, sector conocido como "La Milenita", que afectan viviendas, comercios y la seguridad del tránsito peatonal y vehicular. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso, no se ha dado una solución integral al problema, por lo que estima lesionados sus derechos fundamentales.

II.- SOBRE LO RESUELTO POR ESTE TRIBUNAL. Este Tribunal, mediante la Sentencia N°2014-007621 de las 09:30 horas del 30 de mayo de 2014, declaró con lugar un recurso de amparo planteado, ante la problemática de inundaciones generada en la Ruta N°123, concretamente en el sector “La Milenita”, en Santa Bárbara de Heredia, al considerar:

“VI.- Sobre el caso concreto. En la especie, la parte recurrente reclama que desde hace 20 años se ha enfrentado a problemas de inundaciones, tanto en su casa de habitación como en las viviendas aledañas, lo anterior producto de desbordamientos de aguas pluviales por el alcantarillado público, el cual no encausa bien dichas aguas; sin embargo, pese a las solicitudes enviadas, dicha situación no se ha solucionado. Estima vulnerados sus derechos fundamentales.

Al respecto, la Sala tiene por acreditado que la Ruta Nº 123, ubicada en el sector “La Milenita” en Santa Bárbara de Heredia, corresponde a una ruta nacional y, por ende, debe ser atendida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Asimismo, se observa que por oficio número DR (Región Central)-62-2013-0408 del 06 de mayo de 2013, el CONAVI le informó al Alcalde de Santa Bárbara sobre la programación para la ejecución de las obras de canalización correspondientes a dicha ruta nacional, quedando pendiente la sustitución del sistema de alcantarillado existente en propiedad privada, competencia de ese municipio. En julio de 2013, el CONAVI ejecutó las obras correspondientes en la Ruta Nº 123, concretamente la colocación de alcantarillas. Para setiembre de 2013, el CONAVI se encontraba ejecutando en la Ruta Nº 123 diversas obras complementarias tales como la conformación de cuentas en concreto, construcción de cordones y caños, carpeta asfáltica, entre otros. En reunión del 24 de octubre de 2013, las autoridades recurridas analizaron la situación que se sigue presentando en el sector de “La Milenita”, pues a esa fecha la municipalidad no había presupuestado o ejecutado los trabajos de su competencia. Las obras efectuadas por el CONAVI finalizaron en diciembre de 2013, y este órgano alertó a la Municipalidad de Santa Bárbara que algunas propiedades privadas continúan desfogando sus aguas residuales al cordón y caño existente. Según CONAVI, el sistema existente en la Dirección2608 tiende a sedimentarse por debajo del nivel de la alcantarilla de 0.60 metros de diámetro, esto en función de que hasta que la municipalidad no haga la sustitución de la alcantarilla de 0.60 metros de diámetro por una igual o mayor a la sección de 1.50 metros de diámetro colocada por el CONAVI, la sección de área hidráulica que actualmente está siendo desaprovechada se continuará sedimentando.

Por su parte, en lo referente a la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia, este Tribunal tuvo por demostrado que el 21 de mayo de 2010, la Municipalidad de Santa Bárbara recibió el oficio número PP-014-10, suscrito por el MAG, sobre las mejoras que debe realizar en la propiedad que queda en terrenos superiores a la zona conocida como “La Milenita”. El 14 de setiembre de 2010, la Municipalidad recurrida envió notificación al propietario de ese momento sobre las recomendaciones realizadas por el MAG. Por otro lado, mediante oficio número OAMSB-149-12 del 16 de abril de 2012, la Municipalidad recurrida ordenó la intervención inmediata de las Rutas Nº 123, puente sobre el Río Potrerillos, y Nº 119. Mediante oficio número MSB-UTGVM-0025-2013 del 23 de abril de 2013, la Municipalidad accionada le informó al CONAVI sobre la situación que se da en la Ruta Nacional Nº 123. Por oficio número OAMSB-584-13 del 30 de setiembre de 2013, el municipio recurrido le comunicó al CONAVI la imposibilidad de realizar los trabajos pretendidos por esa dependencia. Finalmente, se aprecia que la municipalidad accionada conversó con varios vecinos de la zona para ver si existía la posibilidad de autorizar el desfogue de las aguas de la Ruta Nº 123 por sus propiedades; no obstante, esto no fue posible por la negativa de los vecinos a que se realizaran trabajos en sus predios.

Tomando en consideración este cuadro fáctico, estima la Sala que se debe acoger el amparo, toda vez que las propias autoridades recurridas aceptan que el problema de inundaciones en la Dirección2609 se continúa presentando. En efecto, es cierto que el CONAVI realizó una serie de obras en el 2013 tendentes a solucionar la problemática que aqueja a los vecinos del sector de “La Milenita” en Santa Bárbara de Heredia; sin embargo, parece que tales obras fueron insuficientes para remediar de manera definitiva el manejo de aguas pluviales y residuales en esa zona, o bien, faltó concluir alguna otra obra por parte del gobierno local. A mayor abundamiento, es claro que lo que se presenta en el sub lite es una situación que bien puede ser atendida si se aplica correctamente el principio de coordinación en materia ambiental desarrollado líneas arriba. De los autos se desprende que existe una confrontación entre las autoridades del CONAVI y la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia, pues mientras el primero asegura que ha concluido las obras de su competencia y que es el municipio quien ha sido omiso en su actuar; el segundo sostiene que las obras constructivas desarrolladas por el CONAVI fueron mal diseñadas e insuficientes. A pesar de esta disyuntiva, ambas dependencias reconocen que los problemas por inadecuada disposición y desfogue de las aguas en el sector de “La Milenita” continúan afectando a los vecinos del lugar. En términos estrictamente constitucionales, lo que interesa a esta Sala es verificar si en la actualidad existe algún problema ambiental que afecte el derecho constitucional de los vecinos, reconocido en el ordinal 50 de la Constitución. En la especie, esta afectación quedó debidamente acreditada. Recuérdese que no le compete a este Tribunal Constitucional fijar o asignar las competencias que, legalmente, le están atribuidas a cada una de las autoridades recurridas. Lo que sí puede ordenar esta Sala es que, en atención del principio de coordinación que rige en materia ambiental y que ha sido ampliamente potenciado por la jurisprudencia constitucional, ambas autoridades lleven a cabo las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para solucionar de manera definitiva el problema de desfogue de aguas que afecta la Dirección2608 que recorre el cantón de Santa Bárbara de Heredia.

(…)

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Cristian Vargas Calvo y Melvin Alfaro Salas, por su orden Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y Alcalde de Santa Bárbara, o a quienes ejerzan esos cargos, que dentro del plazo de 6 MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, solucionen de manera conjunta y definitiva el problema de desfogue de aguas que afecta el sector de “La Milenita” en Santa Bárbara de Heredia (…)”.

 

Posteriormente, mediante la Sentencia interlocutoria N°2015-018948 de las 09:05 horas del 04 de diciembre de 2015, esta Sala indicó:

“Se acoge la gestión planteada respecto al plazo otorgado. En consecuencia, se amplía el plazo conferido en la sentencia 2014-007621 de las 9:30 horas del 30 de mayo de 2014, razón por la que se otorga a Mauricio Salom Echeverría y Melvin Alfaro Salas, por su orden Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad y Alcalde de Santa Bárbara, o a quienes en su lugar ejerzan el cargo, el plazo de 6 MESES contado a partir de la notificación de esta resolución, para que cumplan lo ordenado en la sentencia dicha, todo bajo las mismas advertencias de ley (…)”.

Finalmente, dentro del expediente 24-027492-0007-CO se dictó la Sentencia N°2024-034760 de las 09:20 horas del 22 de noviembre de 2024, disponiendo:

“Estese el recurrente a lo resuelto en la Sentencia N° 2014-7621 de las 9:30 horas de 30 de mayo de 2014, adicionada por el Voto N° 2015-18948 de las 9:05 horas de 4 de diciembre de 2015”.

Así las cosas, resulta improcedente que este Tribunal emita criterios sobre los mismos alegatos planteados en esas ocasiones, pues constituyen una mera reiteración de lo resuelto en la Sentencia de cita. Por lo expuesto, con el fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias, o bien, la reapertura de plazos fenecidos, deberá la parte recurrente estarse a lo resuelto en dichas Sentencias.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta Sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

 Estese la parte recurrente a lo resuelto en la Sentencia N° 2014-007621 de las 09:30 horas de 30 de mayo de 2014, adicionada por la Sentencia interlocutoria N° 2015-18948 de las 09:05 horas de 04 de diciembre de 2015.-

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ronald Salazar Murillo




Ileana Sánchez N.

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 DKJZX43IS0H461

EXPEDIENTE N° 25-028731-0007-CO

 

Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:45:48.

SCIJ de Hacienda
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Sala Constitucional

Resolution No. 36643 - 2025

Date of Resolution: November 7, 2025 at 09:30

Expediente: 25-028731-0007-CO

Drafted by: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Type of Case: Recurso de amparo

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL



Text of the resolution

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Exp: 25-028731-0007-CO

Res. No. 2025036643

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty hours on November seven, two thousand twenty-five.

Recurso de amparo processed in expediente No. 25-028731-0007-CO, filed by Nombre45901, identity card CED23182, against CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD and MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA.

RESULTANDO:

1.- By brief filed in the Secretariat of the Sala at 1:53 p.m. on September 20, 2025, the petitioner files a recurso de amparo against Consejo Nacional de Vialidad, stating that for ten years, the community of San Juan de Santa Bárbara has suffered recurrent flooding on Secondary National Route No. 123, in the sector known as "La Milenita," affecting homes, businesses, and the safety of pedestrian and vehicular traffic. She indicates that, in 2014, the Sala Constitucional ordered the respondent institution to intervene to address the problem. She notes that, in November 2024, she filed a complaint with the Defensoría de los Habitantes (expediente No. 458108-2024-RI), given that, although some works were carried out by order of the Sala Constitucional, they were insufficient, and the problem has continued for years. She states that, as a result, the Consejo Nacional de Vialidad committed to a schedule of actions with a completion date of June 20, 2025, which included studies, design, and budget. However, as of the date of filing the action, the works have not been executed nor has the schedule been met; nor has she been provided a formal response to her repeated inquiries sent to the zone engineer, Andrea Madrigal Quesada, and to the Contraloría de Servicios of the respondent council. She mentions that the Defensoría de los Habitantes, through official letter No. 03341-2025-DHR, concluded its intervention, recognizing the persistence of the problem and expressly pointing out the obligation of inter-institutional coordination between the Consejo Nacional de Vialidad and the Municipalidad de Santa Bárbara, in order to resolve the problem definitively. She denounces that the omission of the respondent authority to execute concrete actions and to coordinate effectively with the Municipalidad de Santa Bárbara keeps the population exposed to a real and imminent risk, violating the fundamental rights of the inhabitants of San Juan. She requests the intervention of this Sala.

2.- Through the resolution issued at 1:05 p.m. on September 29, 2025, the Presidency of the Sala Constitucional warned the petitioner to appear before the Secretariat of the Sala to sign the filing brief, or to provide a duly signed memorial, ratifying all the terms of the filed recurso.

3.- By brief incorporated into the digital expediente on September 30, 2025, the petitioner complied with the warning given.

4.- By means of the resolution issued at 1:22 p.m. on September 30, 2025, the Presidency of the Sala granted leave to proceed with this process and granted a hearing to the Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad, regarding the facts alleged by the petitioner.

5.- By briefs incorporated into the digital expediente on October 7, 2025, Jason Pérez Anchía reports under oath, in his capacity as Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad, that the main cause of the problem raised is the insufficiency of drainage pipe on private property, outside the right-of-way (derecho de vía). He clarifies that, for this reason, the respondent institution cannot carry out conservation or preservation work, since it corresponds to the owners of the properties. He explains that Route No. 123 was intervened, building an adequate stormwater system for water catchment. He adds that, at the time, the Management of the Consejo Nacional de Vialidad alerted the Municipalidad de Santa Bárbara that, if the water drainage works towards the river were not correctly carried out, the flooding would continue. He emphasizes that the respondent authority fulfilled the corresponding works, within the scope of its powers, so the responsibility regarding the persistence of the problem falls on the Municipalidad de Santa Bárbara. Regarding the schedule contemplated in official letter No. DRC-10-2024-1919, dated December 23, 2024, he notes that it corresponds to a plan that included conducting studies and the hydraulic design of an alternative solution, which has already been fulfilled by the respondent council. He lists the various communications that have been sent to the Municipalidad de Santa Bárbara, warning of the need for intervention. He requests that the recurso be declared without merit.

6.- By resolution issued at 5:25 p.m. on October 9, 2025, the instructing magistrate expanded the parties recorded in this process and granted a hearing to the Mayor and the Head of the Unidad Técnica de Gestión Vial; both of the Municipalidad de Santa Bárbara, regarding the facts alleged by the petitioner.

7.- By briefs incorporated into the digital expediente on October 20, 2025, Víctor Manuel Hidalgo Salas reports under oath, in his capacity as Municipal Mayor of Santa Bárbara, that the local government notified the Ministerio de Obras Públicas y Transportes and the Consejo Nacional de Vialidad of the road problems presented on the road subject to this recurso, requesting comprehensive maintenance on several national routes in the canton. He adds that, in 2013, two critical flooding points were identified in front of the factory "La Milenita", and although the Consejo Nacional de Vialidad indicated that works would be scheduled, it was identified that part of the interventions had to be carried out on private property, which corresponds to the municipality. He clarifies that, by law, it cannot invest funds in national routes or on private properties. He points out that in 2014, as a result of a judgment issued by the Sala, various actions were taken, including inter-institutional meetings, consultations with the Ministerio de Ambiente y Energía on the type of watercourse, and hydrological studies, and it was concluded that recovering the natural watercourse in the area of "La Marmolera" was unfeasible, both for legal and economic reasons, as it is a densely populated area and has not been defined as a public watercourse. Furthermore, the required expropriations would exceed four billion colones, which exceeds the municipal budget. He adds that, although channeling the water towards the Río Segundo along National Route 123 was considered viable, this option was rejected by the Consejo Nacional de Vialidad. He accuses that, despite multiple requests and technical proposals by the respondent municipality, the Consejo Nacional de Vialidad has not responded nor executed the necessary works. He explains that reports from the Ministerio de Ambiente y Energía indicate that the body of water in question is not a public watercourse, which limits municipal competence to intervene. The alternatives proposed by the Consejo Nacional de Vialidad, such as the recovery of the watercourse or the expansion of channels, are economically unsustainable and outside the legal scope of action of the municipality. Finally, the Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal proposes as the most viable solution the construction of a sewer system along National Route 123 towards the Porrosatí River. However, this work corresponds to the Consejo Nacional de Vialidad, since the Municipality has neither the jurisdiction nor the resources to execute it. He requests that the recurso be declared without merit.

8.- According to certification issued on October 29, 2025, by the Acting Judicial Technician 3, in charge of processing this expediente, and the Acting Secretary; both officials of the Sala Constitucional, the Head of the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipalidad de Santa Bárbara did not render the report required by this Tribunal in the resolution of 5:25 p.m. on October 9, 2025.

9.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Magistrate Salazar Alvarado writes; and,

CONSIDERANDO:

I.- OBJECT OF THE RECURSO. The petitioner alleges that for ten years, the community of San Juan de Santa Bárbara has suffered recurrent flooding on Secondary National Route No. 123, in the sector known as "La Milenita," affecting homes, businesses, and the safety of pedestrian and vehicular traffic. However, as of the date of filing this recurso, a comprehensive solution to the problem has not been provided, for which reason she considers her fundamental rights violated.

II.- REGARDING WHAT WAS RESOLVED BY THIS TRIBUNAL. This Tribunal, through Judgment No. 2014-007621 of 09:30 hours on May 30, 2014, declared with merit a recurso de amparo filed, regarding the flooding problem generated on Route No. 123, specifically in the "La Milenita" sector, in Santa Bárbara de Heredia, upon considering:

"VI.- Regarding the specific case. In this case, the petitioner claims that for 20 years she has faced flooding problems, both in her dwelling and in neighboring homes, as a result of stormwater overflows from the public sewer system, which does not properly channel said water; however, despite the requests sent, this situation has not been resolved. She considers her fundamental rights violated.

In this regard, the Sala holds as proven that Route No. 123, located in the 'La Milenita' sector in Santa Bárbara de Heredia, corresponds to a national route and, therefore, must be attended to by the Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Likewise, it is observed that through official letter number DR (Región Central)-62-2013-0408 of May 6, 2013, CONAVI informed the Mayor of Santa Bárbara of the scheduling for the execution of the corresponding channeling works on said national route, with the replacement of the existing sewer system on private property still pending, which falls under the competence of that municipality. In July 2013, CONAVI executed the corresponding works on Route No. 123, specifically the placement of culverts. By September 2013, CONAVI was executing various complementary works on Route No. 123, such as the shaping of concrete gutters, construction of curbs and channels, asphalt layer, among others. In a meeting on October 24, 2013, the respondent authorities analyzed the situation that continued to occur in the 'La Milenita' sector, as by that date the municipality had not budgeted or executed the works within its competence. The works carried out by CONAVI ended in December 2013, and this body alerted the Municipalidad de Santa Bárbara that some private properties continue to drain their wastewater into the existing curb and channel. According to CONAVI, the existing system at Address2608 tends to sediment below the level of the 0.60-meter diameter culvert, this due to the fact that as long as the municipality does not replace the 0.60-meter diameter culvert with one equal to or greater than the 1.50-meter diameter section placed by CONAVI, the hydraulic area section that is currently being underutilized will continue to sediment.

For its part, regarding the Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia, this Tribunal held as proven that on May 21, 2010, the Municipalidad de Santa Bárbara received official letter number PP-014-10, signed by MAG, concerning the improvements it must make on the property located on land above the area known as 'La Milenita'. On September 14, 2010, the respondent Municipality sent notification to the owner at that time of the recommendations made by MAG. On the other hand, through official letter number OAMSB-149-12 of April 16, 2012, the respondent Municipality ordered the immediate intervention of Routes No. 123, bridge over the Potrerillos River, and No. 119. Through official letter number MSB-UTGVM-0025-2013 of April 23, 2013, the respondent Municipality informed CONAVI of the situation occurring on National Route No. 123. Through official letter number OAMSB-584-13 of September 30, 2013, the respondent municipality informed CONAVI of the impossibility of carrying out the works sought by that agency. Finally, it is noted that the respondent municipality spoke with several neighbors in the area to see if there was a possibility of authorizing the drainage of water from Route No. 123 through their properties; however, this was not possible due to the neighbors' refusal to allow works to be carried out on their plots.

Taking this factual picture into consideration, the Sala considers that the amparo must be granted, given that the respondent authorities themselves accept that the flooding problem at Address2609 continues to occur. Indeed, it is true that CONAVI carried out a series of works in 2013 aimed at solving the problem afflicting the residents of the 'La Milenita' sector in Santa Bárbara de Heredia; however, it seems that such works were insufficient to definitively remedy the management of stormwater and wastewater in that area, or else, some other work by the local government remained to be completed. For greater abundance, it is clear that what is presented in the sub lite is a situation that can well be addressed if the principle of coordination in environmental matters, developed above, is correctly applied. From the case file it is clear that there is a confrontation between the authorities of CONAVI and the Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia, since while the former assures that it has completed the works within its competence and that it is the municipality that has been negligent in its action; the latter maintains that the construction works developed by CONAVI were poorly designed and insufficient. Despite this dilemma, both agencies recognize that the problems due to inadequate disposal and drainage of water in the 'La Milenita' sector continue to affect the local residents. In strictly constitutional terms, what matters to this Sala is to verify if there currently exists any environmental problem that affects the constitutional right of the residents, recognized in Article 50 of the Constitution. In this case, this affectation was duly proven. Let it be remembered that it is not the responsibility of this Constitutional Tribunal to fix or assign the powers that, legally, are attributed to each of the respondent authorities. What this Sala can order is that, in consideration of the principle of coordination that governs environmental matters and which has been widely strengthened by constitutional jurisprudence, both authorities carry out the actions that are within the scope of their powers to definitively solve the water drainage problem affecting Address2608 that runs through the canton of Santa Bárbara de Heredia.

(…)

Por tanto:

The recurso is declared with merit. Cristian Vargas Calvo and Melvin Alfaro Salas, in their respective order Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, and Mayor of Santa Bárbara, or whoever holds those positions, are ordered to, within a period of 6 MONTHS counted from the notification of this judgment, jointly and definitively solve the water drainage problem affecting the 'La Milenita' sector in Santa Bárbara de Heredia (…)".

Subsequently, through Interlocutory Judgment No. 2015-018948 of 09:05 hours on December 4, 2015, this Sala stated:

"The request filed regarding the granted timeframe is accepted. Consequently, the timeframe granted in judgment 2014-007621 of 9:30 hours on May 30, 2014, is extended, for which reason Mauricio Salom Echeverría and Melvin Alfaro Salas, in their respective order Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad and Mayor of Santa Bárbara, or whoever in their place holds the position, are granted a period of 6 MONTHS counted from the notification of this resolution, to comply with what was ordered in said judgment, all under the same legal warnings (…)".

Finally, within expediente 24-027492-0007-CO, Judgment No. 2024-034760 of 09:20 hours on November 22, 2024, was issued, ordering:

"Let the petitioner abide by what was resolved in Judgment No. 2014-7621 of 9:30 hours on May 30, 2014, supplemented by Vote No. 2015-18948 of 9:05 hours on December 4, 2015".

Thus, it is inappropriate for this Tribunal to issue criteria on the same allegations raised on those occasions, since they constitute a mere reiteration of what was resolved in the cited Judgment. For the foregoing, in order to avoid the issuance of contradictory judgments, or the reopening of expired timeframes, the petitioner must abide by what was resolved in said Judgments.

III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the Office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this Judgment. Otherwise, all material that is not removed within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.

POR TANTO:

Let the petitioner abide by what was resolved in Judgment No. 2014-007621 of 09:30 hours on May 30, 2014, supplemented by Interlocutory Judgment No. 2015-18948 of 09:05 hours on December 4, 2015.-



Fernando Cruz C.

President a.i.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ronald Salazar Murillo

Ileana Sánchez N.

Jose Roberto Garita N.

Digitally Signed Document

-- Verification code --

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DKJZX43IS0H461

EXPEDIENTE No. 25-028731-0007-CO

Phones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church).

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:45:48.

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SCIJ de la Procuraduría General de la República