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Español (source)Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la parte recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a la parte accionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
English (translation)It is evident that determining whether the public administration complies with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative proceedings, to resolve by final act an administrative proceeding —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the appropriate administrative appeals, is a clear matter of ordinary legality that, henceforth, may be discussed and resolved before the administrative contentious jurisdiction with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as vicarious standing, the possibility of material defense —that is, appearing without legal counsel— and free access for the petitioner. Consequently, the outright rejection is imposed, and the petitioner is informed that if he deems it appropriate, he may resort to the administrative contentious jurisdiction.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 36955 - 2025 Fecha de la Resolución: 07 de Noviembre del 2025 a las 09:30 Expediente: 25-032963-0007-CO Redactado por: Jorge Araya Garcia Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-032963-0007-CO Res. Nº 2025036955 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del siete de noviembre de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-032963-0007-CO, interpuesto por Nombre32893, cédula de identidad No. CED14910 contra la MUNICIPALIDAD DE NICOYA. RESULTANDO 1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 24 de octubre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE NICOYA y manifiesta que el 3 de setiembre de 2025 presentó una gestión solicitando una investigación exhaustiva respecto del oficio MN-DPTSA-DGA-142-2025, emitido y firmado digitalmente por el asistente del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nicoya, señalando que no tiene potestad para firmar como jefe de ese Departamento y que, de haberlo hecho, se configuraría una falta gravísima de falsedad ideológica. Indica que ha transcurrido más de un mes sin que la autoridad recurrida contestara o diera respuesta a su gestión, lo que considera una violación al derecho de todo ciudadano de ser escuchado. 2. El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Araya García; y, CONSIDERANDO I. OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente reclama la violación de sus derechos fundamentales, pues acusa que el 3 de setiembre de 2025 presentó una gestión solicitando una investigación exhaustiva respecto del oficio MN-DPTSA-DGA-142-2025, emitido y firmado digitalmente por el asistente del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nicoya, señalando que no tiene potestad para firmar como jefe de ese Departamento y que, de haberlo hecho, se configuraría una falta gravísima de falsedad ideológica. Indica que ha transcurrido más de un mes sin que la autoridad recurrida contestara o diera respuesta a su gestión, lo que considera una violación al derecho de todo ciudadano de ser escuchado. II. INADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Ahora bien, se observa que esa gestión está amparada por el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, garantizado según el artículo 41 de la Constitución. La Sala ha establecido que, salvo ciertas excepciones, este tipo de reclamos deben ser tratados mediante el “amparo de legalidad” en la vía contenciosa administrativa. Dado que el motivo invocado en este recurso no se encuentra dentro de las excepciones mencionadas, corresponde rechazar el recurso de plano, fundamentado en las consideraciones que se expondrán más adelante. III.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria. IV.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la parte recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a la parte accionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. V. VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO. Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal, en el sentido que –salvo contadas excepciones- este tipo de reproches deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional. Ello conforme al ámbito de competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política. Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508 del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes del país. VI. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Cruz Castro salva el voto en relación con el artículo 41 constitucional. Fernando Cruz C. Presidente a.i Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N. Jose Roberto Garita N. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- PJZPBROI2Z461 EXPEDIENTE N° 25-032963-0007-CO Teléfonos: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:46:53. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Resolution No. 36955 - 2025 Date of Resolution: November 7, 2025, at 09:30 Case File: 25-032963-0007-CO Drafted by: Jorge Araya Garcia Type of Matter: Amparo appeal Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Text of the resolution Exp: 25-032963-0007-CO Res. No. 2025036955 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes on November seventh, two thousand twenty-five. Amparo appeal processed in case file number 25-032963-0007-CO, filed by Nombre32893, identity card No. CED14910, against the MUNICIPALIDAD DE NICOYA. WHEREAS 1. By document received in the Secretariat of the Chamber on October 24, 2025, the appellant files an amparo appeal against the MUNICIPALIDAD DE NICOYA and states that on September 3, 2025, they submitted a request for an exhaustive investigation regarding official communication MN-DPTSA-DGA-142-2025, issued and digitally signed by the assistant of the Environmental Management Department of the Municipality of Nicoya, pointing out that they lack the authority to sign as head of that Department and that, had they done so, it would constitute a very serious offense of ideological falsehood. They indicate that more than a month has passed without the respondent authority answering or responding to their request, which they consider a violation of every citizen's right to be heard. 2. Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition brought to its attention that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is simply the reiteration or reproduction of an equal or similar previous petition that has been rejected. Drafted by Judge Araya García; and, WHEREAS I. PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant claims the violation of their fundamental rights, alleging that on September 3, 2025, they submitted a request for an exhaustive investigation regarding official communication MN-DPTSA-DGA-142-2025, issued and digitally signed by the assistant of the Environmental Management Department of the Municipality of Nicoya, pointing out that they lack the authority to sign as head of that Department and that, had they done so, it would constitute a very serious offense of ideological falsehood. They indicate that more than a month has passed without the respondent authority answering or responding to their request, which they consider a violation of every citizen's right to be heard. II. INADMISSIBILITY OF THE APPEAL. Now then, it is observed that this petition is covered by the right to prompt and complete administrative justice, guaranteed under Article 41 of the Constitution. The Chamber has established that, save for certain exceptions, this type of claim must be addressed through the “amparo de legalidad” (amparo de legalidad) in the contentious-administrative jurisdiction. Given that the reason invoked in this appeal is not among the aforementioned exceptions, it is appropriate to reject the appeal outright, based on the considerations set forth below. III.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE AS AN EXPEDITIOUS AND PROMPT MECHANISM FOR THE PROTECTION OF THE SUBSTANTIAL LEGAL SITUATIONS OF ADMINISTERED PERSONS. The Constitutional Chamber, since its founding, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and prompt procedural channels for the protection of the substantial legal situations grounded in the infra-constitutional legal system or the legality parameter, which have an indirect connection with fundamental rights and Constitutional Law. In this regard, it must not be lost from perspective that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate efficacy, indirectly grounds any imaginable substantial legal situation of persons. However, upon better consideration and after the enactment of the Contentious-Administrative Procedure Code (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become evident that those seeking justice now have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expeditious and prompt due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of deadlines for performing the various procedural acts, the breadth of standing, precautionary measures, the numerus apertus of claimable pretensions, orality –and its sub-principles of concentration, immediacy, and promptness-, the single instance with an appeal recourse only in expressly established situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential processing procedure or “amparo de legalidad” (amparo de legalidad), processes of pure law, new enforcement measures (coercive fines, substitutive or commissarial enforcement, seizure of fiscal domain assets and some public domain assets), the broad powers of the corps of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutes have the manifest aim and purpose of achieving procedural economy, expediency, promptness, and the effective or complete protection of the substantial legal situations of administered persons, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle. In short, the new contentious-administrative jurisdiction is an ideal channel, due to its new characteristics of simplicity, expediency, and promptness, for the amparo and effective protection of the substantial legal situations of administered persons in which it is necessary to gather evidence or define some questions of ordinary legality. IV.- VERIFICATION OF THE DEADLINES SET BY LAW FOR RESOLVING ADMINISTRATIVE PROCEDURES: AN EVIDENT QUESTION OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether or not the public administration complies with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party- or to hear the applicable administrative appeals, is an evident question of ordinary legality that, henceforth, can be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense –that is, to appear without legal representation- and of gratuity for the appellant. Consequently, the outright rejection is mandated, and the appellant is to be informed that, should they deem it appropriate, they may resort to the contentious-administrative jurisdiction. V. DISSENTING VOTE OF JUDGE CRUZ CASTRO. Although in the past I have held the majority criterion of the Court, upon better consideration of the fundamental rights being claimed, I believe that administrative delay constitutes an injury to a fundamental procedural guarantee, reason for which I change the criterion I had expressed, admitting the possible infringement of the right to prompt and complete administrative justice, separating myself from the vision of the majority of the Court, in the sense that –save for few exceptions- this type of reproach must be resolved in the contentious-administrative jurisdiction. On the contrary, I believe that one of the rights this jurisdiction is called upon to protect is that of prompt and complete justice, expressly enshrined in Article 41 of the Constitution. This is in accordance with the scope of competence assigned to this Court in matters of protection of fundamental rights, in consideration of the provisions in Articles 10 and 48 of the Political Constitution. Although I understand the importance of the reforms of the contentious-administrative jurisdiction since the validity of Law 8508 of April twenty-fourth, two thousand six, the truth is that this situation does not justify the referral to that instance of matters that deal with subjects that are the competence of this Chamber, which has demonstrated over the years that it is a prompt and effective means for the protection of the fundamental rights of the country's inhabitants. VI. DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the parties that if any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, have been provided, these must be removed from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, everything will be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial” (Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. THEREFORE: The appeal is rejected outright. Judge Cruz Castro dissents regarding Article 41 of the Constitution. Fernando Cruz C. Acting Presiding Judge Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N. Jose Roberto Garita N. Digitally Signed Document -- Verification Code -- PJZPBROI2Z461 CASE FILE No. 25-032963-0007-CO Telephones: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus PJ on: 05-08-2026 11:46:53. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República