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Res. 37124-2025 Sala Constitucional — Premature non-compliance claim against the Environmental Administrative TribunalGestión de incumplimiento prematura contra el Tribunal Ambiental Administrativo

constitutional decision Sala Constitucional 11/11/2025 Topic: procedural-environmental

Summary

English
The Constitutional Chamber of the Supreme Court reviewed a non-compliance claim filed against the Environmental Administrative Tribunal (TAA) for alleged disobedience of ruling No. 2025022311 of July 18, 2025. That prior ruling had ordered the TAA’s president and vice president to definitively resolve an environmental complaint within a maximum of three months, with notification by email on July 22 and 23, 2025. The claimant alleged non-compliance on October 22, 2025. The Chamber held that the three-month period had not yet expired at the time of the filing; therefore the claim was premature and dismissed. The decision is strictly procedural and limited to verifying that the deadline for compliance had not elapsed. It does not address the merits of the environmental complaint or the TAA’s conduct during the hearing.
Español
La Sala Constitucional conoció una gestión de incumplimiento presentada por un recurrente contra el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), por el supuesto incumplimiento de la sentencia nro. 2025022311 del 18 de julio de 2025. En esa sentencia previa, la Sala había ordenado a la presidenta y vicepresidenta del TAA resolver definitivamente una denuncia ambiental en el plazo máximo de tres meses, notificada electrónicamente el 22 y 23 de julio de 2025. El amparado reclamó el incumplimiento el 22 de octubre de 2025. La Sala determinó que el plazo de tres meses aún no había vencido al momento de la gestión, por lo que la declaró prematura y la rechazó. La resolución se limita a un análisis temporal: la orden no estaba desobedecida porque el término para su ejecución no había fenecido. No hay análisis de fondo sobre la denuncia ambiental ni sobre el procedimiento del TAA.

Key excerpt

Español (source)
En el sub iudice, el accionante formula una gestión de incumplimiento en relación con la sentencia nro. 2025022311 de las 9:20 horas del 18 de julio de 2025. Ahora bien, la orden contenida en ese pronunciamiento se dictó en relación con la presidenta y la vicepresidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, a quienes se les confirió un plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de tal voto, para que “se resuelva de forma definitiva y sin dilaciones indebidas, la denuncia ambiental atinente al expediente nro. Telf8098 y se le notifique lo resuelto a la parte denunciante al medio señalado para tales efectos”. Sin embargo, la sentencia principal del sub iudice fue notificada a los recurridos vía correo electrónico el 22 y 23 de julio de 2025, respectivamente, por lo que al momento en que el amparado acudió a reclamar la inejecución de marras (a saber, el 22 de octubre de 2025), el plazo otorgado no había fenecido.
English (translation)
In the case at hand, the claimant files a non-compliance claim regarding ruling No. 2025022311 of 9:20 a.m. on July 18, 2025. The order contained in that decision was directed at the president and vice president of the Environmental Administrative Tribunal, who were given a three-month period, counted from the notification of that ruling, so that “the environmental complaint in file No. Telf8098 is definitively resolved without undue delay, and the decision notified to the complainant at the address provided for such purposes.” However, the main ruling in this case was notified to the respondents by email on July 22 and 23, 2025, respectively, so that at the time the applicant came forward to claim the alleged non-compliance (namely, October 22, 2025), the granted period had not expired.

Outcome

Denied

English
The Constitutional Chamber dismisses the non-compliance claim as premature because the three-month deadline granted to the Environmental Administrative Tribunal to resolve the environmental complaint had not yet expired.
Español
La Sala Constitucional rechaza por prematura la gestión de incumplimiento, al no haber vencido el plazo de tres meses otorgado al Tribunal Ambiental Administrativo para resolver la denuncia ambiental.

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Sala Constitucional

Resolución Nº 37124 - 2025

Fecha de la Resolución: 11 de Noviembre del 2025 a las 09:40

Expediente: 25-016364-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución



Exp: 25-016364-0007-CO

Res. Nº 2025037124

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta minutos del once de noviembre de dos mil veinticinco .

 Gestión posterior planteada por Nombre47342, cédula de identidad CED23871, en relación con la sentencia nro. 2025022311 de las 9:20 horas del 18 de julio de 2025.  

Resultando:

 1.- Por escrito incorporado al expediente digital 22 de octubre de 2025, el recurrente acusa la desobediencia de la sentencia nro. 2025022311 de las 9:20 horas del 18 de julio de 2025. Expone que: “el Tribunal Ambiental Administrativo señaló audiencia oral y pública para el pasado 09 de setiembre del 2025, sin embargo por la cantidad de prueba a evacuar esta audiencia se prolongó durante varios días, siendo que el 29 de setiembre del 2025, el Tribunal ambiental Administrativo en medio de la evacuación de la prueba testimonial decidió suspender la audiencia sin dejar claros los motivos de la suspensión, y al día de hoy 21 de octubre del 2025 fenecido el plazo otorgado por esta Sala, el Tribunal no ha fallado nada al respecto ni ha hecho un nuevo señalamiento para continuar con la audiencia, es por esta razón que le solicito con el mayor respeto a esta Sala para que intervenga en sus buenos oficio en que se cumpla lo ordenado en la resolución 2025022311 de las 09 horas 20 minutos del 18 de julio del 2025”.

2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

 Considerando:

I.- En la sentencia nro. 2025022311 de las 9:20 horas del 18 de julio de 2025, este Tribunal dispuso:

“Por tanto: Respecto a la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. En cuanto al Tribunal Ambiental Administrativo, se declara con lugar el recurso, debido a la lesión al ordinal 41 de la Constitución Política. Se les ordena a Maureen Solís Retana y Ana Gómez de la Fuente Quiñónez, por su orden, presidenta y vicepresidenta a. i., ambas del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, que coordinen lo pertinente y lleven a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias respectivas, a fin de que, en el plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva de forma definitiva y sin dilaciones indebidas, la denuncia ambiental atinente al expediente nro. 285-13-03 y se le notifique lo resuelto a la parte denunciante al medio señalado para tales efectos. Se advierte que, de no acatar la orden dicha, podría incurrir en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Los magistrados Salazar Alvarado y Garita Navarro salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese”.

Tal pronunciamiento fue notificado vía correo electrónico a la presidenta y a la vicepresidenta del TAA los días 22 y 23 de julio de 2025, respectivamente.

II.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En el sub iudice, el accionante formula una gestión de incumplimiento en relación con la sentencia nro. 2025022311 de las 9:20 horas del 18 de julio de 2025.

Ahora bien, la orden contenida en ese pronunciamiento se dictó en relación con la presidenta y la vicepresidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, a quienes se les confirió un plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de tal voto, para que “se resuelva de forma definitiva y sin dilaciones indebidas, la denuncia ambiental atinente al expediente nro. Telf8098 y se le notifique lo resuelto a la parte denunciante al medio señalado para tales efectos”. Sin embargo, la sentencia principal del sub iudice fue notificada a los recurridos vía correo electrónico el 22 y 23 de julio de 2025, respectivamente, por lo que al momento en que el amparado acudió a reclamar la inejecución de marras (a saber, el 22 de octubre de 2025), el plazo otorgado no había fenecido.

Ergo, el reclamo bajo estudio es prematuro y, por ende, se rechaza la gestión de inejecución formulada.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

No ha lugar a la gestión formulada.

 

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 M0M1DPFII9M61

EXPEDIENTE N° 25-016364-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:46:49.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República
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Constitutional Chamber

Resolution No. 37124 - 2025

Date of Resolution: November 11, 2025 at 09:40

Expediente: 25-016364-0007-CO

Drafted by: Paul Rueda Leal

Type of matter: Recurso de amparo

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Text of the resolution



Exp: 25-016364-0007-CO

Res. No. 2025037124

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours forty minutes on the eleventh of November of two thousand twenty-five.

Subsequent proceeding (Gestión posterior) filed by Nombre47342, identity card CED23871, in relation to judgment no. 2025022311 of 9:20 hours on July 18, 2025.

Whereas (Resultando):

1.- By written submission incorporated into the digital expediente on October 22, 2025, the petitioner alleges disobedience of judgment no. 2025022311 of 9:20 hours on July 18, 2025. He states that: "the Administrative Environmental Tribunal scheduled an oral and public hearing for the past September 9, 2025, however due to the amount of evidence to be taken this hearing extended over several days, and on September 29, 2025, the Administrative Environmental Tribunal, in the midst of taking testimonial evidence, decided to suspend the hearing without clarifying the reasons for the suspension, and as of today, October 21, 2025, the deadline granted by this Chamber having expired, the Tribunal has not ruled on the matter nor has it made a new scheduling to continue with the hearing. It is for this reason that I respectfully request this Chamber to intervene in its good offices so that what was ordered in resolution 2025022311 of 09 hours 20 minutes on July 18, 2025 is complied with."

2.- In the proceedings conducted, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,

Considering (Considerando):

I.- In judgment no. 2025022311 of 9:20 hours on July 18, 2025, this Tribunal ordered:

"Therefore (Por tanto): Regarding the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, the recurso is granted without special condemnation for costs, damages, and losses. As for the Administrative Environmental Tribunal, the recurso is granted due to the injury to Article 41 of the Political Constitution. Maureen Solís Retana and Ana Gómez de la Fuente Quiñónez, in their order, president and acting (a. i.) vice-president, both of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever occupies their positions in their stead, are ordered to coordinate what is pertinent and carry out all actions within the scope of their respective competencies, so that, within a maximum period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the environmental complaint pertaining to expediente no. 285-13-03 is resolved definitively and without undue delays, and the decision is notified to the complainant at the means indicated for such effects. It is warned that, failing to comply with said order, they could incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in a recurso de amparo, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of judgment by the administrative litigation jurisdiction. In all other respects, the recurso is denied. Magistrate Castillo Víquez adds a note. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Magistrates Salazar Alvarado and Garita Navarro partially dissent (salvan parcialmente el voto) and order the condemnation for damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents (salva parcialmente el voto) and orders condemnation for damages and losses, but not for costs. Notify."

Said ruling was notified via email to the president and vice-president of the TAA on July 22 and 23, 2025, respectively.

II.- REGARDING THE PROCEEDING FILED (SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA). In the sub iudice, the petitioner files a non-compliance proceeding (gestión de incumplimiento) in relation to judgment no. 2025022311 of 9:20 hours on July 18, 2025.

Now, the order contained in that ruling was issued in relation to the president and vice-president of the Administrative Environmental Tribunal, who were granted a period of three months, counted from the notification of that vote, so that "the environmental complaint pertaining to expediente no. Telf8098 is resolved definitively and without undue delays, and the decision is notified to the complainant at the means indicated for such effects." However, the main judgment of the sub iudice was notified to the respondents via email on July 22 and 23, 2025, respectively, so that at the time the amparo beneficiary came to claim the aforementioned non-execution (namely, on October 22, 2025), the granted period had not expired.

Ergo, the claim under study is premature and, therefore, the filed non-execution proceeding (gestión de inejecución) is rejected.

III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that, if any document on paper or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies were provided, these must be withdrawn within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not collected within that period will be destroyed, based on the "Regulation on Electronic Expediente before the Judicial Branch" (approved by the Full Court in article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011 and published in Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012) and in article LXXXI of the session of the Superior Council of the Judicial Branch no. 43-12 of May 3, 2012.

Therefore (Por tanto):

The filed proceeding is dismissed.

Fernando Cruz C.

Acting President (Presidente a.i)

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Jose Roberto Garita N.

Digitally Signed Document

-- Verification code --



M0M1DPFII9M61

EXPEDIENTE No. 25-016364-0007-CO

Telephones: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 11:46:49.

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