Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)III.- SOBRE LA GESTIÓN INCOADA. Analizada la gestión presentada, este Tribunal considera que lo planteado corresponde a una aclaración no necesaria, por cuanto en el por tanto se estableció claramente que “lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que, de forma coordinada entre todas las instituciones, dentro del plazo de OCHO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solvente de forma definitiva la situación de los asentamientos informales ubicados en la zona de Purral de Goicochea, con estricta observancia y respeto a los derechos de las personas que allí hacen vida, así como preservando el medio ambiente y resguardando las áreas de protección del sector. Además, se ordena a las autoridades que DE INMEDIATO acojan una medida provisional para minimizar los focos de contaminación que se generan en la zona y que afectan a la población y el ambiente la cual mantendrán vigente durante todo el lapso que duren las actuaciones necesarias para erradicar de forma definitiva los asentamientos informales”. Siendo que, lo anterior determina que lo ordenado versa sobre los asentamientos informales de Purral de Goicoechea, como extensamente se determinó en todo el proceso del recurso de amparo y como bien está especificado en la parte dispositiva de la sentencia. Por lo expuesto, no existe información alguna que aclarar a la parte recurrida y se declara como no ha lugar a la gestión formulada.
English (translation)III.- ON THE MOTION FILED. After analyzing the motion, this Tribunal considers that what is raised corresponds to an unnecessary clarification, since the dispositif clearly established that “they issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competence so that, in a coordinated manner among all institutions, within EIGHT MONTHS from the notification of this judgment, the situation of the informal settlements located in the Purral de Goicoechea area is definitively resolved, with strict observance and respect for the rights of the people living there, as well as preserving the environment and safeguarding the protected areas of the sector. Additionally, the authorities are ordered to IMMEDIATELY adopt a provisional measure to minimize the pollution sources generated in the area that affect the population and the environment, which shall remain in effect throughout the duration of the necessary actions to definitively eradicate the informal settlements.” Given that, it determines that the order concerns the informal settlements of Purral de Goicoechea, as extensively determined throughout the amparo proceedings and as well specified in the dispositif of the judgment. Therefore, there is no information to clarify for the respondent and the motion is dismissed.
Dismissed
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 37129 - 2025 Fecha de la Resolución: 11 de Noviembre del 2025 a las 09:40 Expediente: 25-022056-0007-CO Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-022056-0007-CO Res. Nº 2025037129 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta minutos del once de noviembre de dos mil veinticinco . Gestión posterior planteada dentro del recurso de amparo que se tramita en el expediente Nº 25-022056-0007-CO, interpuesto por Nombre47905, cédula de identidad CED24173, contra el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL y la MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA. RESULTANDO: ÚNICO. Por escrito presentado e incorporado al expediente al ser las 11:02 horas del 31 de octubre de 2025, la representante del Área Rectora de Salud de Goicoechea del Ministerio de Salud, alega que en la Sentencia N°2025-030968 de las nueve horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre de dos mil veinticinco, se dio un vacío en el área donde se debe ejecutar la decisión ordenada. Señala que, no tiene claridad en cuál lugar deben proceder con la medida para solventar los focos de contaminación. Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y, CONSIDERANDO: I.- DE PREVIO. La Ley de Jurisdicción Constitucional, faculta a esta Sala para adicionar y aclarar sus sentencias en aquellos casos en que resulte procedente, al disponer: “Artículo 12.- Las sentencias que dicte la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro de tercero día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo”. Así, la adición de un pronunciamiento procede cuando un punto del planteamiento original del recurso no fue resuelto en el fallo, y la aclaración cuando dicho fallo fue resuelto en términos oscuros o ambiguos, implicando de esta forma una difícil comprensión del mismo. La adición y la aclaración son, entonces, formas para complementar una sentencia o de explicar los alcances que tiene el fallo. II.- SOBRE LO RESUELTO POR ESTE TRIBUNAL. Esta Sala declaró con lugar el recurso presentado por la parte recurrente, por medio de Sentencia N°2025-030968 de las nueve horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre de dos mil veinticinco, indicando, en su parte considerativa: “III.- SOBRE EL FONDO. En este caso, se acreditó que, desde el año 2017 el Área Rectora de Salud de Goicochea ha procurado acciones tendientes a solventar la situación denunciada en la zona de Purral de Goicochea, entre las que se cuentan órdenes sanitarias para el desalojo de varios asentamientos informales. Adicionalmente, según lo informado bajo juramento, por el Instituto Mixto de Ayuda Social, se creó una comisión para abordar el asunto de los asentamientos informales, la cual está constituida por esa institución, así como por la Municipalidad de Goicoechea y el Área Rectora del Ministerio de Salud del Cantón de Goicoechea. En el mismo sentido, las autoridades recurridas de la Municipalidad de Goicoechea han manifestado en su informe rendido bajo la solemnidad del juramento, que la responsabilidad de ejecutar los desalojos, corresponde al Instituto Mixto de Ayuda Social y no a esa corporación, pues no tienen competencia para ellos. Informaron también, que la responsabilidad de recolección de residuos y la eliminación de focos de contaminación en la zona de Purral, se ha mantenido de forma continua, ya que el resto de las acciones tendientes a eliminar la informalidad de los asentamientos, no le competen. Bajo el mismo análisis, en relación al daño ambiental denunciado, la autoridad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación señaló que programaron una inspección al lugar de los hechos denunciados; sin precisar fecha exacta o probable, para contar con la información y proceder conforme corresponda, según su competencia. Observa este Tribunal, que las autoridades recurridas no han sido precisas en determinar sus respectivas responsabilidades y por el contrario, los informes rendidos no son concluyentes en cuanto al proceder de sus respectivas instituciones para que, de forma definitiva se solvente la situación denunciada. Por el contrario, tal ambigüedad provoca incertidumbre para quienes suscriben, pero evidentemente también en la población que se ha visto afectada por la permanencia en el tiempo de los asentamientos informales, sin ningún tipo de control o atención debida por la nula capacidad de planificación de las instituciones involucradas A partir de estas consideraciones, la Sala se decanta por acoger el amparo, al encontrar este Tribunal Constitucional que las autoridades recurridas han incurrido en actuaciones que vulneran los derechos fundamentales de la población y del medio ambiente y el recurso debe ser declarado con lugar, según las consideraciones que se expondrán en la parte dispositiva de esta sentencia. (…) Se estableció en la parte dispositiva: POR TANTO: “Se declara con lugar el recurso. En consecuencia se le ordena a Yorleni León Marchena, en su condición de presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social, a Fernando Chavarría Quirós, Gloriana Carmona Seravalli y Mario Rojas Sánchez, en sus calidades de alcalde, presidenta del Concejo Municipal y director de Ingeniería Municipal, respectivamente, todos de la Municipalidad de Goicoechea, a David Chavarría Morales, en calidad de director ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, así como a Jessica Chavarría Solórzano, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de Goicoechea, o a quienes en sus lugares ejerzan los cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que, de forma coordinada entre todas las instituciones, dentro del plazo de OCHO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solvente de forma definitiva la situación de los asentamientos informales ubicados en la zona de Purral de Goicochea, con estricta observancia y respeto a los derechos de las personas que allí hacen vida, así como preservando el medio ambiente y resguardando las áreas de protección del sector. Además, se ordena a las autoridades que DE INMEDIATO acojan una medida provisional para minimizar los focos de contaminación que se generan en la zona y que afectan a la población y el ambiente, la cual mantendrán vigente durante todo el lapso que duren las actuaciones necesarias para erradicar de forma definitiva los asentamientos informales. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, al Instituto Mixto de Ayuda Social y a la Municipalidad de Goicoechea al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota.- ". III.- SOBRE LA GESTIÓN INCOADA. Analizada la gestión presentada, este Tribunal considera que lo planteado corresponde a una aclaración no necesaria, por cuanto en el por tanto se estableció claramente que “lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que, de forma coordinada entre todas las instituciones, dentro del plazo de OCHO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solvente de forma definitiva la situación de los asentamientos informales ubicados en la zona de Purral de Goicochea, con estricta observancia y respeto a los derechos de las personas que allí hacen vida, así como preservando el medio ambiente y resguardando las áreas de protección del sector. Además, se ordena a las autoridades que DE INMEDIATO acojan una medida provisional para minimizar los focos de contaminación que se generan en la zona y que afectan a la población y el ambiente la cual mantendrán vigente durante todo el lapso que duren las actuaciones necesarias para erradicar de forma definitiva los asentamientos informales”. Siendo que, lo anterior determina que lo ordenado versa sobre los asentamientos informales de Purral de Goicoechea, como extensamente se determinó en todo el proceso del recurso de amparo y como bien está especificado en la parte dispositiva de la sentencia. Por lo expuesto, no existe información alguna que aclarar a la parte recurrida y se declara como no ha lugar a la gestión formulada. IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: No ha lugar a la gestión formulada.- Fernando Cruz C. Presidente a.i Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Jose Roberto Garita N. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- TO4761HOIQMQ61 EXPEDIENTE N° 25-022056-0007-CO Teléfonos: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:46:59. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours forty minutes on the eleventh of November two thousand twenty-five. Subsequent motion filed within the amparo proceeding processed under case file number 25-022056-0007-CO, brought by Nombre47905, identity card CED24173, against the INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL and the MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA. WHEREAS: SOLE. By a brief filed and incorporated into the case file at 11:02 hours on October 31, 2025, the representative of the Área Rectora de Salud de Goicoechea of the Ministry of Health alleges that in Judgment No. 2025-030968 of nine hours twenty-five minutes on September twenty-six, two thousand twenty-five, a gap was left regarding the area where the ordered decision must be executed. She states that there is no clarity on which specific location they must proceed with the measure to resolve the sources of contamination. Magistrate Salazar Alvarado drafts; and, WHEREAS: I.- PRELIMINARY. The Law of Constitutional Jurisdiction empowers this Chamber to supplement and clarify its judgments in those cases where it is appropriate, by providing: "Article 12.- The judgments issued by the Chamber may be clarified or supplemented, at the request of a party, if requested within three days, and sua sponte at any time, even in enforcement proceedings, to the extent necessary to fully comply with the content of the ruling." Thus, supplementation of a ruling is appropriate when a point from the original filing of the amparo was not resolved in the judgment, and clarification is appropriate when said judgment was resolved in obscure or ambiguous terms, thereby implying difficulty in understanding it. Supplementation and clarification are, then, forms to complement a judgment or to explain the scope that the ruling has. II.- ON WHAT WAS RESOLVED BY THIS TRIBUNAL. This Chamber declared the amparo filed by the petitioner granted, through Judgment No. 2025-030968 of nine hours twenty-five minutes on September twenty-six, two thousand twenty-five, indicating, in its reasoning section: "III.- ON THE MERITS. In this case, it was proven that, since 2017, the Área Rectora de Salud de Goicochea has pursued actions aimed at resolving the situation denounced in the Purral de Goicochea zone, including sanitary orders for the eviction of various informal settlements. Additionally, according to what was reported under oath by the Instituto Mixto de Ayuda Social, a commission was created to address the issue of informal settlements, which is composed of that institution, as well as the Municipalidad de Goicoechea and the Área Rectora del Ministerio de Salud del Cantón de Goicoechea. In the same vein, the respondent authorities of the Municipalidad de Goicoechea have stated in their report rendered under the solemnity of oath that the responsibility for executing the evictions corresponds to the Instituto Mixto de Ayuda Social and not to that corporation, as they lack competence for them. They also reported that the responsibility for waste collection and the elimination of sources of contamination in the Purral zone has been maintained continuously, since the remaining actions aimed at eliminating the informality of the settlements are not within their purview. Under the same analysis, in relation to the environmental damage reported, the authority of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación indicated that they scheduled an inspection at the site of the reported facts; without specifying an exact or probable date, in order to have the information and proceed accordingly, according to their competence. This Tribunal observes that the respondent authorities have not been precise in determining their respective responsibilities and, on the contrary, the reports rendered are not conclusive regarding the course of action of their respective institutions so that, definitively, the denounced situation is resolved. On the contrary, such ambiguity causes uncertainty for the undersigned, but evidently also among the population that has been affected by the persistence over time of the informal settlements, without any type of control or due attention due to the null planning capacity of the involved institutions. Based on these considerations, the Chamber opts to grant the amparo, finding this Constitutional Tribunal that the respondent authorities have incurred in actions that violate the fundamental rights of the population and the environment, and the amparo must be declared granted, according to the considerations that will be set forth in the operative part of this judgment. (...)" It was established in the operative part: THEREFORE: "It is declared that the amparo is granted. Consequently, Yorleni León Marchena, in her capacity as executive president of the Instituto Mixto de Ayuda Social, Fernando Chavarría Quirós, Gloriana Carmona Seravalli, and Mario Rojas Sánchez, in their capacities as mayor, president of the Municipal Council, and director of Municipal Engineering, respectively, all of the Municipalidad de Goicoechea, David Chavarría Morales, in his capacity as acting executive director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, as well as Jessica Chavarría Solórzano, in her capacity as director of the Área Rectora de Salud de Goicoechea, or whomever substitutes them in their positions, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competence so that, in a coordinated manner among all the institutions, within the term of EIGHT MONTHS, counted from the notification of this judgment, the situation of the informal settlements located in the Purral de Goicochea zone is definitively resolved, with strict observance and respect for the rights of the people who make their lives there, as well as preserving the environment and safeguarding the protection areas of the sector. In addition, the authorities are ordered to IMMEDIATELY adopt a provisional measure to minimize the sources of contamination generated in the zone that affect the population and the environment, which they shall keep in force throughout the entire period that the actions necessary to definitively eradicate the informal settlements take. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The State, the Instituto Mixto de Ayuda Social, and the Municipalidad de Goicoechea are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado enters a separate note.- ". III.- ON THE MOTION FILED. Having analyzed the motion filed, this Tribunal considers that the matter raised constitutes a non-necessary clarification, since the therefore clause clearly established “to carry out all actions within the scope of their competence so that, in a coordinated manner among all the institutions, within the term of EIGHT MONTHS, counted from the notification of this judgment, the situation of the informal settlements located in the Purral de Goicochea zone is definitively resolved, with strict observance and respect for the rights of the people who make their lives there, as well as preserving the environment and safeguarding the protection areas of the sector. In addition, the authorities are ordered to IMMEDIATELY adopt a provisional measure to minimize the sources of contamination generated in the zone that affect the population and the environment, which they shall keep in force throughout the entire period that the actions necessary to definitively eradicate the informal settlements take.” Given that the foregoing determines that the order concerns the informal settlements of Purral de Goicoechea, as was extensively determined throughout the entire amparo proceeding and as is well specified in the operative part of the judgment. Therefore, there is no information whatsoever to clarify to the respondent party, and the motion filed is declared without merit. IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are advised that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of thirty working days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI. THEREFORE: The motion filed is without merit.- Fernando Cruz C. Acting Presiding Judge Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Jose Roberto Garita N. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- TO4761HOIQMQ61 EXPEDIENTE N° 25-022056-0007-CO Teléfonos: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:46:59. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República