Res. 37607-2025 Sala Constitucional — Municipal response on tree felling not violated when answer predates amparo filingDerecho de respuesta municipal sobre tala de árboles no vulnerado si la respuesta se emitió antes del amparo

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Sala Constitucional

Resolución Nº 37607 - 2025

Fecha de la Resolución: 14 de Noviembre del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-030115-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-030115-0007-CO

Res. Nº 2025037607

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo promovido por Nombre49714, cédula de identidad CED25028, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA.

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 01 de octubre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que el 05 de junio de 2025 presentó ante la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, una solicitud por escrito para obtener expedientes foliados y certificados relacionados con la gestión ambiental del cantón. Dicha gestión fue recibida y sellada oficialmente. Señala que, a la fecha de presentación de este recurso, no ha emitido respuesta alguna ni resuelto sobre su solicitud. Considera que esta inacción lo ha dejado carente de información oficial, lo cual constituye una vulneración a los derechos de acceso a la información pública y de participación ciudadana en asuntos ambientales. Agrega que ha realizado llamadas telefónicas a las oficinas municipales sin obtener respuesta, lo que genera la percepción de que se pretende invisibilizar las gestiones comunitarias y obstaculizar la gobernanza ambiental. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- En resolución de las 15:58 horas del 23 de octubre de 2025, se da curso al proceso y confiere audiencia al alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Informa bajo juramento Jorge Eduardo Arias Santamaria, en su condición de alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, lo siguiente:

“PRIMERO. No es cierto. Este Municipio está muy consciente de la relevancia e importancia de un ambiente sano y equilibrado en concordancia con lo que establece el artículo 50 de la Constitución Política, lo cual incide en la forma directa del abordaje y analices de los temas ambientales por parte del Estado Costarricense. Siempre ha existido de parte de la Municipalidad de San Rafael de Heredia una apertura para que todos los residentes y ciudadanos puedan ejercer sus derechos fundamentales, tales como contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y la protección al derecho de petición y respuesta.

SEGUNDO: Es cierto. El señor Nombre49714, realiza una solicitud a la Municipalidad en la fecha indicada, en cuanto a certificación de un expediente administrativo o los que hayan en relación a las cortas en el sector del Tirol; sin embargo, este Municipio de manera puntual mediante el oficio AM-491-2025 de respuesta a su petición y le señala:

No existe ningún expediente administrativo vinculado con el caso de Tala de Árboles de Ciprés de la Urbanización del Tirol, ya que el tema en su totalidad hasta la fecha nació y fue abordado judicialmente mediante un proceso agrario, bajo el expediente 21-000019-0815-AG – 0 en un sumario de Derribo, en el Juzgado Agrario de Alajuela, donde la Municipalidad de San Rafael es la demandada.

Aunado a lo anterior se le indico en el mismo oficio supra citado, que ante la solicitud que esta corporación certifique el expediente judicial del caso en marras, existe una imposibilidad material del Municipio, de poder emitir una certificación de un expediente judicial:

“Para la copia certificada del expediente judicial 21-000019-0815-AG – 0 que usted solicita, refiérase por favor al Juzgado Agrario de Alajuela, ya que, al ser un expediente bajo la custodia de esa dependencia judicial, este municipio no está facultado ni puede emitir certificaciones de expedientes que no están bajo su tutela ni resguardo” (AM-491-2025)

TERCERO: No es cierto. Como se desprende en el punto anterior desde el 23 de junio de 2025, mediante oficio AM-401-2025, se procedió a dar respuesta al señor Nombre49714 de todos sus planteamientos y la respuesta fue notificada en la misma fecha, al correo aportado por el como medio para recibir notificaciones, tal y como se demuestra a continuación.

Por lo que es falso alegar vulneración a sus derechos de petición o inacción por parte de este municipio.

CUARTO: No es cierto. Este municipio procedió a dar respuesta a las solicitudes del señor Nombre49714, de manera formal mediante el oficio AM-491-2025.

Incluso se le facilito un informe realizado por la UNA denominado “Evaluación del riesgo de árboles urbanos del residencial El Tirol Del Monte para el proyecto Transición a una Economía Verde Urbana y la generación de beneficios ambientales globales”

Sin embargo la Administración no está obligada a lo imposible, no podemos en primera instancia certificar un expediente administrativo que no existe ya que todas las actuaciones correspondientes a este caso están y constan en un expediente judicial el cual está todavía en sede judicial y en etapa de ejecución de sentencia, mismo caso que sido objeto de diversos recursos de amparo y llevado a la luz pública; así las cosas dicho expediente para ser certificado debe ser la autoridad competente quien diligencie dicha solicitud.

Alegar la recurrente omisión de información por parte de esta corporación es una afirmación temeraria y falsa”.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

 Considerando:

 I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que el 05 de junio de 2025 presentó ante la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, una solicitud por escrito para obtener expedientes foliados y certificados relacionados con la gestión ambiental del cantón; sin embargo, a la fecha de interposición del recurso no se le ha brindado lo requerido.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a)   El 05 de junio de 2025, el recurrente presentó ante la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de San Rafael de Heredia una gestión en la cual requirió lo siguiente: “1. Pido que se me entreguen foliados y certificados, el expediente o todos los expedientes administrativos, que existan en las diferentes oficinas de la Alcaldía vinculados con el caso de la tala de árboles de ciprés de la urbanización del Tirol. Pido que se me señale que lo que se me entrega constituye todo lo existente. 2- Se me proporcione copia completa y foliada del expediente judicial relacionado con el caso, incluyendo demanda, actuaciones posteriores, contestación por parte de esta Municipalidad, sentencias o resoluciones judiciales en firme, especialmente aquellas que hayan ordenado la eventual tala de árboles. Asimismo, solicito copia de todos los procesos judiciales agrarios existentes que tengan relación directa o indirecta con el sitio. Ruego se me aporten todos los estudios científicos existentes que tratan el caso de los árboles, si es que los mismos no constan en algunos de los expedientes administrativos. 3- En caso de no aceptar mi petición de información, ruego se me justifique el por qué. 4- Pido se me señale qué día debo presentarme a retirar los expedientes administrativos y si se me cargará algún dinero, pido que se me señale para proceder a pagar lo pertinente”. Señaló para notificaciones la dirección electrónica: ...584 (véase prueba documental aportada por la parte recurrente).

b)   El 23 de junio de 2025, la Alcaldía de la Municipalidad de San Rafael de Heredia le comunicó a la dirección electrónica señalada para atender notificaciones –...58–, el oficio No. AM-401-2025, que indica lo siguiente:

“Señor

Nombre49714

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo. En virtud de la solicitud recibida en fecha 5 de junio de 2025, se le indica lo siguiente:

1. No existe ningún expediente administrativo vinculado con el caso de Tala de Árboles de Ciprés de la Urbanización del Tirol, ya que el tema en su totalidad hasta la fecha nació y fue abordado judicialmente mediante un proceso agrario, bajo el expediente 21-000019-0815-AG – 0 en un sumario de Derribo, en el Juzgado Agrario de Alajuela, donde la Municipalidad de San Rafael es la demandada.

2. Para la copia certificada del expediente judicial 21-000019-0815-AG – 0 que usted solicita, refiérase por favor al Juzgado Agrario de Alajuela, ya que, al ser un expediente bajo la custodia de esa dependencia judicial, este municipio no está facultado ni puede emitir certificaciones de expedientes que no están bajo su tutela ni resguardo.

3. Se aporta de manera digital: "Evaluación del riesgo de árboles urbanos del Residencial El Tirol – Del Monte para el proyecto Transición a una Economía Verde Urbana y la generación de beneficios ambientales globales", del Programa Gestión de Bosques del Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional”.

Adicionalmente, se le remitió el documento denominado: “Evaluación del riesgo de árboles urbanos del Residencial El Tirol – Del Monte para el proyecto Transición a una Economía Verde Urbana y la generación de beneficios ambientales globales”

(véase informe de la autoridad recurrida)

c) El 01 de octubre de 2025, el recurrente interpuso el presente recurso de amparo (los autos).

III.- Sobre el caso en concreto. Después de analizar los elementos probatorios aportados y lo informado bajo juramento por la autoridad recurrida, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene acreditado que el recurrente presentó una gestión ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia el 05 de junio de 2025, mediante la cual solicitó expedientes administrativos y judiciales relacionados con un caso de tala de árboles en la Urbanización El Tirol, así como estudios técnicos vinculados. Dicha solicitud fue respondida por la Alcaldía Municipal mediante el oficio AM-401-2025, remitido a la dirección electrónica indicada por el propio gestionante para efectos de notificación (...58), el día 23 de junio de 2025, es decir, con anterioridad a la interposición del presente recurso de amparo, ocurrida el 01 de octubre de 2025.

En el citado oficio, la Municipalidad informó de manera clara y detallada que no existía expediente administrativo alguno relacionado con los hechos consultados, dado que la totalidad del asunto había sido judicializado mediante expediente 21-000019-0815-AG – 0, en trámite ante el Juzgado Agrario de Alajuela. Asimismo, justificó la imposibilidad material y legal de certificar dicho expediente judicial, al no encontrarse bajo su custodia ni competencia. Adicionalmente, la autoridad recurrida remitió un estudio técnico elaborado por la Universidad Nacional sobre la evaluación del riesgo de los árboles en el sector mencionado, atendiendo lo solicitado en cuanto a la entrega de información científica disponible.

Así las cosas, visto que la gestión planteada por el petente fue atendida de previo a la interposición del presente proceso de amparo, lo procedente es desestimar el recurso como en efecto se dispone, dado que la vulneración alegada cesó sin que mediara la intervención de este Tribunal.

 IV.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO.

 Respetuosamente, disiento del criterio de la mayoría; y , por el contrario, considero que el recurso debe ser declarado con lugar, sólo para efectos indemnizatorios, imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como los daños y perjuicios ocasionados por la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada, por las siguientes razones.

El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas.  

El artículo 27, de la Constitución Política establece lo siguiente:  

“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”. 

Por su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece lo siguiente:  

“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”.

En el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N°  9097 del 26 de octubre de 2012,  se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa: 

“Presentación de escritos y plazo de respuesta. 

El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”. 

De este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho. 

Asimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone:  

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.  

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.  

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.

Por lo tanto, lo que procede al respecto, según mi criterio y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida.  

A mi parecer, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva de forma intrínseca una lesión a los derechos constitucionales antes señalados, independientemente de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo, porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona.

En consecuencia, salvo el voto, declaro con lugar el recurso, únicamente para efectos indemnizatorios e impongo a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.

V.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto, declara con lugar el recurso, únicamente para efectos indemnizatorios e impone a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 CEXDRT43SFD861

EXPEDIENTE N° 25-030115-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:47:39.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fourteenth of November two thousand twenty-five.

Amparo action brought by Nombre49714, identity card CED25028, against the MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA.

Resulting:

1.- By brief incorporated into the digital case file on October 1, 2025, the petitioner files an amparo action and states that on June 5, 2025, he submitted before the Service Platform of the Municipality of San Rafael de Heredia a written request to obtain foliated files and certified records related to the environmental management of the canton. Said request was officially received and stamped. He points out that, as of the filing date of this action, it has not issued any response nor resolved his request. He considers that this inaction has left him lacking official information, which constitutes a violation of the rights of access to public information and citizen participation in environmental matters. He adds that he has made telephone calls to the municipal offices without obtaining a response, which generates the perception that the intention is to render community efforts invisible and obstruct environmental governance. He requests that the action be granted.

2.- In a resolution at 15:58 hours on October 23, 2025, the proceeding is admitted and an audience is granted to the mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia, regarding the facts alleged by the petitioner.

3.- Jorge Eduardo Arias Santamaria, in his capacity as mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia, reports under oath the following:

"FIRST. It is not true. This Municipality is very conscious of the relevance and importance of a healthy and balanced environment in accordance with the provisions of Article 50 of the Political Constitution, which directly influences the approach and analysis of environmental issues by the Costa Rican State. There has always been openness on the part of the Municipality of San Rafael de Heredia for all residents and citizens to exercise their fundamental rights, such as having a healthy and ecologically balanced environment and the protection of the right of petition and response.

SECOND: It is true. Mr. Nombre49714 filed a request with the Municipality on the indicated date, regarding the certification of an administrative case file or those existing in relation to the cuttings in the El Tirol sector; however, this Municipality punctually, by means of official letter AM-491-2025, responded to his petition and indicated:

There is no administrative case file linked to the case of the Cypress Tree Felling in the El Tirol Urbanization, as the entire matter to date originated and was addressed judicially through an agrarian proceeding, under case file 21-000019-0815-AG – 0 in a summary proceeding of Removal, in the Agrarian Court of Alajuela, where the Municipality of San Rafael is the defendant.

In addition to the foregoing, it was indicated in the same aforementioned official letter that, regarding the request for this corporation to certify the judicial case file of the case in question, there is a material impossibility for the Municipality to issue a certification of a judicial case file:

"For the certified copy of judicial case file 21-000019-0815-AG – 0 that you request, please refer to the Agrarian Court of Alajuela, since, being a case file under the custody of that judicial office, this municipality is not empowered nor can it issue certifications of case files that are not under its tutelage or custody" (AM-491-2025)

THIRD: It is not true. As is evident from the previous point, as of June 23, 2025, by means of official letter AM-401-2025, a response was provided to Mr. Nombre49714 regarding all his arguments and the response was notified on the same date to the email address provided by him as the means to receive notifications, as demonstrated below.

Therefore, it is false to allege a violation of his petition rights or inaction by this municipality.

FOURTH: It is not true. This municipality proceeded to respond to the requests of Mr. Nombre49714, formally through official letter AM-491-2025.

Furthermore, a report prepared by the UNA entitled "Evaluation of the risk of urban trees in the El Tirol Del Monte residential area for the project Transition to a Green Urban Economy and the generation of global environmental benefits" was provided.

However, the Administration is not obligated to the impossible; we cannot in the first instance certify an administrative case file that does not exist since all the actions corresponding to this case are and appear in a judicial case file which is still in judicial venue and in the sentence execution stage, a case that has been the subject of various amparo actions and brought to public light; that being the case, said case file, in order to be certified, must be the competent authority who processes said request.

For the petitioner to allege omission of information by this corporation is a reckless and false statement."

4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge Garro Vargas; and,

Considering:

I.- Purpose of the action. The petitioner alleges that on June 5, 2025, he submitted before the Service Platform of the Municipality of San Rafael de Heredia a written request to obtain foliated files and certified records related to the environmental management of the canton; however, as of the filing date of the action, what was requested has not been provided to him.

II.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:

a) On June 5, 2025, the petitioner submitted before the Service Platform of the Municipality of San Rafael de Heredia a request in which he required the following: "1. I request that the administrative case file or all administrative case files that exist in the different offices of the Mayor's Office linked to the case of the cypress tree felling in the El Tirol urbanization be delivered to me, foliated and certified. I request that it be indicated to me that what is delivered constitutes everything existing. 2- That I be provided with a complete and foliated copy of the judicial case file related to the case, including the complaint, subsequent proceedings, response by this Municipality, final judgments or judicial resolutions, especially those that may have ordered the eventual felling of trees. Likewise, I request copies of all existing agrarian judicial proceedings that have a direct or indirect relationship with the site. I beg that all existing scientific studies dealing with the case of the trees be provided to me, if they do not appear in any of the administrative case files. 3- In case my request for information is not accepted, I beg that the reason why be justified. 4- I request that I be told on what day I must appear to pick up the administrative case files and if any money will be charged, I request that it be indicated so I can proceed to pay what is pertinent." He indicated the electronic address for notifications: ...584 (see documentary evidence provided by the petitioner).

b) On June 23, 2025, the Mayor's Office of the Municipality of San Rafael de Heredia communicated to the electronic address indicated for receiving notifications –...58–, the official letter No. AM-401-2025, which indicates the following:

"Mr.

Nombre49714

Dear Sir:

Receive a cordial greeting. By virtue of the request received on June 5, 2025, you are informed of the following:

1. There is no administrative case file linked to the case of the Cypress Tree Felling in the El Tirol Urbanization, as the entire matter to date originated and was addressed judicially through an agrarian proceeding, under case file 21-000019-0815-AG – 0 in a summary proceeding of Removal, in the Agrarian Court of Alajuela, where the Municipality of San Rafael is the defendant.

2. For the certified copy of judicial case file 21-000019-0815-AG – 0 that you request, please refer to the Agrarian Court of Alajuela, since, being a case file under the custody of that judicial office, this municipality is not empowered nor can it issue certifications of case files that are not under its tutelage or custody.

3. The following is provided digitally: "Evaluation of the risk of urban trees in the El Tirol – Del Monte Residential area for the project Transition to a Green Urban Economy and the generation of global environmental benefits", from the Forest Management Program of the Institute of Research and Forest Services of the Universidad Nacional".

Additionally, the document entitled: "Evaluation of the risk of urban trees in the El Tirol – Del Monte Residential area for the project Transition to a Green Urban Economy and the generation of global environmental benefits" was sent.

(see report of the respondent authority)

c) On October 1, 2025, the petitioner filed this amparo action (the case records).

III.- Regarding the specific case. After analyzing the evidentiary elements provided and what was reported under oath by the respondent authority, with timely warning of the consequences provided for in Article 44 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, it is accredited that the petitioner presented a request before the Municipality of San Rafael de Heredia on June 5, 2025, by means of which he requested administrative and judicial case files related to a tree felling case in the El Tirol Urbanization, as well as related technical studies. Said request was answered by the Municipal Mayor's Office through official letter AM-401-2025, sent to the electronic address indicated by the applicant himself for notification purposes (...58), on June 23, 2025, that is, prior to the filing of this amparo action, which occurred on October 1, 2025.

In the aforementioned official letter, the Municipality reported clearly and in detail that no administrative case file existed related to the consulted facts, given that the entire matter had been brought before the courts through case file 21-000019-0815-AG – 0, in process before the Agrarian Court of Alajuela. Likewise, it justified the material and legal impossibility of certifying said judicial case file, as it was not under its custody or jurisdiction. Additionally, the respondent authority sent a technical study prepared by the Universidad Nacional on the evaluation of the risk of the trees in the mentioned sector, addressing what was requested regarding the delivery of available scientific information.

That being the case, seeing that the request raised by the petitioner was addressed prior to the filing of this amparo proceeding, the appropriate course is to dismiss the action as is hereby ordered, given that the alleged violation ceased without the intervention of this Court.

IV.- DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO.

Respectfully, I dissent from the majority opinion; and, on the contrary, I consider that the action must be granted, solely for indemnification purposes, imposing on the respondent party the payment of costs, as well as damages caused by the injury to the fundamental rights of the protected party, for the following reasons.

The right of petition and prompt response, contained in Articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, obliges public officials to resolve the requests of the administered within a period of ten business days from the filing date of such requests, unless a different period has been set for responding. However, the cited Article 32 also provides that, in the decision on the petition, the Chamber will assess the reasons adduced for considering said period insufficient, given the circumstances and the nature of the matter. In any case, the Administration is obligated to inform the petitioner of the reasons for the delay in issuing a decision. For the purposes of this analysis, it is relevant to keep in mind the provisions of the aforementioned rules.

Article 27 of the Political Constitution establishes the following:

"The freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution are guaranteed."

For its part, numeral 32 of the Law of the Constitutional Jurisdiction establishes the following:

"When the amparo refers to the right of petition and to obtain a prompt resolution, established in Article 27 of the Political Constitution, and no period is set for responding, it shall be understood that the violation occurs once ten business days have elapsed from the date the request was filed in the administrative office, without prejudice to the fact that, in the decision on the action, the reasons adduced for considering said period insufficient are assessed, given the circumstances and the nature of the matter."

In the same sense, Law on the Regulation of the Right of Petition No. 9097 of October 26, 2012, establishes that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo action established by Article 32 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution, for those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. It is relevant to keep in mind the provisions of numeral 6 of said regulation:

"Submission of briefs and response period.

The brief in which the petition is presented and any other documents and communications provided before the corresponding public administration, as indicated in Article 2 of this law, shall oblige the administration to acknowledge receipt thereof, and must respond within the non-extendable period of ten business days counted from the day following receipt, provided that the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, according to the organizational rules of each entity…".

Thus, in amparo actions referring to the alleged violation of this right, there is an express legal rule -constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction- that orders the requested information to be provided within the ten business days following its request, as provided in Articles 32 of the Law of the Constitutional Jurisdiction and 27 of the Political Constitution, as indicated above. Additionally, said period is reiterated in Article 6 of Law No. 9097, which reinforces the legislator's intention regarding the protection of this right.

Likewise, the Law of the Constitutional Jurisdiction, in Article 51, provides:

"...any resolution granting the action shall condemn in abstracto to the indemnification of the damages caused and to the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of sentence."

This last rule establishes the general system that regulates matters related to indemnification and payment of costs, and which the majority calls the "normal or natural form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…".

Consequently, in the case before us, the violation of the constitutionally endorsed ten-day period is verified -which, incidentally, is not required for the rest of the amparo actions, except for those of rectification and response (numeral 68 of the Law of the Constitutional Jurisdiction)-.

Therefore, what is appropriate in this regard, in my opinion and with due respect for the majority's thesis, is to consider the injury to the right of petition and prompt response, as well as the right of access to public information (Article 30, Constitutional), which guarantees free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest, as accredited, ordering the respondent authority to be condemned in costs and damages.

In my view, being a constitutionally endorsed period -both by the legislator and by this Constitutional Court-, its non-compliance intrinsically entails an injury to the aforementioned constitutional rights, regardless of whether the response or the delivery of the information may have occurred before or on the occasion of the amparo, because the truth is that the administered party finally saw their constitutional right satisfied on the occasion of the filing of the amparo action that they were forced to present, with the inconveniences and costs that this causes.

Consequently, I cast this dissenting vote, grant the action solely for indemnification purposes, and impose on the respondent party the payment of costs and damages.

V.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies has been provided, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch", approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The action is declared without merit. Judge Salazar Alvarado dissents, grants the action solely for indemnification purposes, and imposes on the respondent party the payment of costs and damages.

Fernando Castillo V.
President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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