Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Por ende, del cuadro plasmado previamente se constata que la solicitud de información planteada por el recurrente el 25 de setiembre de 2025, fue contestada a la parte amparada con ocasión de este recurso. Al respecto, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en cuanto a todos acápites enumerados en el cuadro anterior, pues estos fueron contestados luego de que transcurriera el plazo de diez días legalmente establecido al efecto y como se indicó antes, con ocasión de la notificación de la resolución de curso de este proceso.
En este sentido, lo correspondiente es declarar con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al constatarse que la solicitud en cuestión fue debidamente contestada con ocasión del recurso.
English (translation)Therefore, from the chart outlined previously, it is verified that the request for information made by the petitioner on September 25, 2025, was answered to the protected party on account of this amparo. In this regard, it is appropriate to grant the amparo as to all items listed in the foregoing chart, since they were answered after the legally established ten-day period had elapsed and, as indicated above, on account of the notification of the course of this proceeding.
Consequently, it is proper to grant the amparo, without special award of costs, damages or losses, having verified that the request in question was duly answered on account of the amparo.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 37723 - 2025 Fecha de la Resolución: 14 de Noviembre del 2025 a las 09:20 Expediente: 25-031951-0007-CO Redactado por: Jorge Araya Garcia Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-031951-0007-CO Res. Nº 2025037723 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por Nombre35145, cédula de identidad CED24543, contra el MINISTERIO DE SALUD. Resultando: 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 15:07 horas de 15 de octubre de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Salud. Manifiesta que el 25 de setiembre de 2025 planteó una solicitud mediante correo electrónico dirigida a la Ministra de Salud, en la cual requirió lo siguiente: "(…) Así las cosas y respetuosamente se solicita comunicar acerca de los resultados de las pruebas realizadas con fluoresceína realizadas desde los servicios sanitarios del mercado municipal de Puntarenas. De igual manera se consulta: 1) Si Acueductos y Alcantarillados de la Región Pacífico Central certificó que las aguas del Mercado Municipal de Puntarenas están conectadas al alcantarillado existente en la ciudad de Puntarenas y si el mismo dispone de adecuada planta de tratamiento en Dirección2753, donde se ubica el mercado municipal, porque de lo contrario tanto AyA como el Mercado Municipal de Puntarenas, estarían contribuyendo al vertido de sus aguas residuales al estero de Puntarenas y por consiguiente exacerbando la contaminación ambiental; además se estaría ignorando el adoptar medidas inmediatas para evitar que continúe la situación en cuestión. 2) Si ese Ministerio de Salud, ha realizado algún estudio de la composición química de los efluentes que lanza el alcantarillado sanitario del AyA al estero de Puntarenas. 3) Si el Ministerio de Salud a su cargo, conoce los puntos exactos donde del AyA, descarga el alcantarillado sanitario de la ciudad de Puntarenas al estero dicho. (...)". Señala que si bien se le envió acuse de recibido lo cierto es que a la fecha de interposición de este recurso no se le ha dado respuesta a la gestión planteada, y por ello no ha tenido acceso a lo solicitado. Estima lesionados sus derechos fundamentales. 2.- En resolución de las 11:04 horas de 21 de octubre de 2025 se da curso al amparo y se solicita informe a la Ministra de Salud, sobre los hechos alegados por el recurrente. 3.- Por escrito agregado al expediente digital a las 14:49 horas de 29 de octubre de 2025, informa bajo juramento Mary Denisse Munive Angermüller, en su condición de Ministra de Salud, que “(…) En relación con el recurso de amparo que nos ocupa debo manifestar que, el día 28 de octubre de 2025, esta instancia ministerial dio respuesta a las consultas planteadas por el señor Nombre35145, según consta en el oficio N° MS-DM-6006-2024, notificado al correo electrónico ...487, en el cual se detalla lo actuado por el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita, de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Pacífico Central. De lo antes expuesto y con base en la prueba aportada, se determina que la actuación de este Ministerio de Salud se encuentra en todo conforme al ordenamiento jurídico vigente, ya que se logra evidenciar que este Despacho Ministerial siguió con el trámite de las consultas planteadas por el señor Nombre35145. Es importante reiterar que el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita, en cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Sala Constitucional, ha dado seguimiento a la problemática relacionada con el vertido de aguas residuales al estero de Puntarenas y continuará ejerciendo su labor de rectoría, fiscalización y coordinación interinstitucional, dando seguimiento permanente al cumplimiento de las disposiciones de esa honorable Sala y velando por la protección del ambiente y la salud pública. Así las cosas, considero no se ha violentado derecho alguno en contra del aquí recurrente. El correo electrónico ...488 está previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de usuarios ante el Despacho Ministerial”. 4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Araya García; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. El recurrente reclama que la Ministra de Salud no le ha brindado respuesta a una solicitud que planteó desde el 25 de setiembre de 2025, con relación a la trata de las aguas en la provincia de Puntarenas. Estima lesionados sus derechos fundamentales. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) El 25 de setiembre de 2025, el recurrente planteó una solicitud mediante correo electrónico dirigida a la Ministra de Salud, en la cual requirió lo siguiente: "(…) Así las cosas y respetuosamente se solicita comunicar acerca de los resultados de las pruebas realizadas con fluoresceína realizadas desde los servicios sanitarios del mercado municipal de Puntarenas. De igual manera se consulta: 1) Si Acueductos y Alcantarillados de la Región Pacífico Central certificó que las aguas del Mercado Municipal de Puntarenas están conectadas al alcantarillado existente en la ciudad de Puntarenas y si el mismo dispone de adecuada planta de tratamiento en Dirección2753, donde se ubica el mercado municipal, porque de lo contrario tanto AyA como el Mercado Municipal de Puntarenas, estarían contribuyendo al vertido de sus aguas residuales al estero de Puntarenas y por consiguiente exacerbando la contaminación ambiental; además se estaría ignorando el adoptar medidas inmediatas para evitar que continúe la situación en cuestión. 2) Si ese Ministerio de Salud, ha realizado algún estudio de la composición química de los efluentes que lanza el alcantarillado sanitario del AyA al estero de Puntarenas. 3) Si el Ministerio de Salud a su cargo, conoce los puntos exactos donde del AyA, descarga el alcantarillado sanitario de la ciudad de Puntarenas al estero dicho (...)" (ver prueba aportada al expediente). 2) El correo electrónico ... se considera un medio oficial para recibir comunicaciones por parte de las autoridades recurridas (ver informe rendido por las autoridades recurridas). 3) El 22 de octubre de 2025, se notificó la resolución de curso de este proceso de amparo a las autoridades recurridas (ver acta de notificación). 4) Mediante oficio No. MS-DM-6006-2024 de 28 de octubre de 2025 -notificado ese mismo día a la parte amparada-, las autoridades recurridas le indicaron lo siguiente: “SEXTO: El 9 de septiembre del 2025 se realizó una inspección de seguimiento en el Mercado Municipal, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las órdenes sanitarias N°0011- REG-2019, 0012-REG-2019 y 0013-REG-2019. Como resultado de dicha inspección, se elaboró el informe técnico N° MS-DRRSPC-DARSPC-IT0836-2025, cuyas conclusiones se detallan a continuación: • Se realizó demolición de los chinamos insalubres del costado oeste, atendiendo a la condición detectada en la inspección. • Los aleros del costado sur continúan en mal estado, representando una anomalía estructural pendiente de corrección. • El sistema de ventilación natural mediante monitores de techo fue corregido y se encuentra en cumplimiento. • En cuanto al sistema eléctrico, si bien existe una nueva instalación, no se ha retirado la red antigua y aún hay chinamos conectados a esta, lo cual representa riesgo sanitario y de seguridad. • El proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales presenta un avance administrativo con aprobación de ubicación; sin embargo, no se han iniciado las obras constructivas. Derivado de dicho informe técnico, el 23 de septiembre de 2025 se notificó la orden sanitaria N°114-REG-2025-AVQ, la cual, al momento de la elaboración del presente informe, se encuentra pendiente de cumplimiento, a excepción de la primera ordenanza. Consta en los folios 001124, 001128, 001129, 001130, 001131, 001132, 001142, 001143, 001144, 001146 y 001147 del Ampo III del Mercado Municipal. SÉPTIMO: En fecha 16 de septiembre de 2025, esta Área Rectora de Salud recibió la Resolución N° 2025029179, relacionada con el mismo expediente N° 24-031922007-CO, mediante el cual a solicitud de la Municipalidad de Puntarenas , la Sala resuelve ampliar por ocho (8) meses, cito “(…) la orden dictada dentro de la sentencia N°2025005315 de las 09:20 horas del 21 de febrero de 2025, los cuales corren a partir del término del plazo dispuesto con anterioridad en la sentencia antedicha, para que, dentro de ese período, Randall Alexis Chavarría Matarrita, alcalde de Puntarenas y Éricka Jiménez Valverde, directora del Área Rectora de Salud (ARS) Puntarenas – Chacarita, o a quienes ocupen esos cargos, adopten las acciones y coordinaciones necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, para que se continúe con el plan de la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales generadas en el Mercado Municipal y se realicen las obras correspondientes a fin de resolver la problemática aquí denunciada. Asimismo, durante ese mismo plazo, deberán de manera inmediata, adoptar y ejecutar las medidas que sean necesarias a fin de evitar que se siga contaminando el Estero de Puntarenas producto de las aguas residuales generadas en el Mercado Municipal.”. OCTAVO: En relación con la consulta referente a si el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Región Pacífico Central, certificó que las aguas residuales del Mercado Municipal se encuentran conectadas al alcantarillado sanitario existente en el Dirección2754, se informa que, tal como se indicó anteriormente, mediante el oficio N° GSP-RPC-2025-00764, el Ing. Fernando Araya Araya, Director Regional de dicha institución, certifica que el Mercado Municipal de Puntarenas se encuentra debidamente conectado a la red de alcantarillado sanitario administrada por el AyA. En atención a la consulta referente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Dirección2753, sector donde se encuentra el Mercado Municipal, se informa que, a la fecha, dicha planta no ha sido instalada por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Sin embargo, la Municipalidad de Puntarenas se encuentra desarrollando un proyecto para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales específicamente para el tratamiento de las aguas del mercado municipal. Este ha enfrentado diversos obstáculos, cuyo responsable es el propio Municipio, que han generado retrasos en su ejecución, entre los cuales destacan: 1. La aprobación del presupuesto correspondiente. 2. La aprobación de los planos ante el Registro Nacional. NOVENO: Esta Área Rectora de Salud tiene conocimiento de la ubicación de los puntos de desfogue del AyA al estero. Importante mencionar que, los puntos de vertido al estero identificados se encuentran denunciados ante el Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía según consta en expediente 276-11-03-TAA, para el momento de elaboración de este informe no se ha recibido a esta Área Rectora de Salud resolución final sobre este caso por parte de dicha Institución. DÉCIMO: En el ejercicio de nuestras competencias como ente rector en materia de saneamiento ambiental, esta Área Rectora de Salud ha dado seguimiento al vertido de aguas residuales por parte del sistema de alcantarillado sanitario administrado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) al estero de Puntarenas. En atención a esta situación, el 6 de febrero de 2023 se llevó a cabo una reunión convocada por el Despacho de la Viceministra de Salud, realizada en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Pacífico Central, con el objetivo de establecer una ruta de acciones por parte de este Ministerio ante la ausencia de un mecanismo de tratamiento de aguas residuales que permita evitar la contaminación de dicho cuerpo de agua. Como parte de la ruta de acciones acordada en la reunión celebrada el 6 de febrero del 2023, se elaboró el informe técnico N° MS-DRRSPC-DARSPC-IT-0066-2023, en el cual se concluye que la solución para el tratamiento de las aguas residuales generadas en el distrito de Puntarenas está proyectada para implementarse a mediano plazo. Esta solución estará a cargo del consorcio conformado por las empresas IDOM–INNCIVE, contratado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para desarrollar el Programa de Saneamiento del Gran Puntarenas. Actualmente, dicho proyecto se encuentra en la fase de estudios de diagnóstico, evaluación de alternativas y diseño final, con el objetivo de construir un sistema centralizado de recolección y tratamiento de aguas residuales que abarque los distritos de Puntarenas, Chacarita, Barranca y El Roble. UNDÉCIMO: Por parte de esta Dirección Regional de Rectoría de la Salud en junio del 2024 mediante oficio N° MS-DRRSPC-0389-2024 se solicitó al Ing. Fernando Araya Araya -Director Regional- del AyA valorar nuevamente la priorización del proyecto del Nuevo Alcantarillado de la Gran Puntarenas en sus portafolios. En respuesta a oficio N° MS-DRRSPC-0389-2024 se recibe oficio N° GSP-RPC2024-01721 con informe realizado por la Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo (SAID) del AyA en el cual se indica que el proyecto de construcción de alcantarillado sanitario para Puntarenas no cuenta actualmente con fuentes de financiamiento. Informan que desde la Dirección de Planificación Estratégica y la Administración Superior del AyA se trabaja en el análisis de estrategias viables de financiamiento, para que este proyecto se ejecute en un corto o mediano plazo para beneficio de las comunidades que requieren prioritaria atención en saneamiento. DUODÉCIMO: Esta Área Rectora de Salud ha dado seguimiento a la problemática relacionada con el vertido de aguas residuales al estero de Puntarenas. En ese contexto, el 2 de octubre de 2025 se emitió el oficio N°CARTA-MS-DRRSPCDARSPC-0908-2025, dirigida al Ing. Fernando Araya Araya, en su calidad de Director de la Región Pacífico Central del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con el propósito de solicitar información técnica relevante, tomando en cuenta la situación expuesta y la respuesta previamente brindada mediante el oficio N° GSP-RPC-2024-01721 por la Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo (SAID) del AyA. La información requerida incluye: • El estado actual del proyecto “Construcción del alcantarillado sanitario en Puntarenas” [BPIP 000415]. • Detalle sobre la gestión de las aguas residuales que se reciben en la red de alcantarillado sanitario existente en el distrito de Puntarenas. • Informe sobre las acciones realizadas para brindar mantenimiento a dicha red. • Aclaración sobre el origen de las aguas observadas en los desfogues al estero, identificados por esta Área Rectora de Salud. • Indicación de si se han realizado análisis químicos y microbiológicos a los efluentes observados en los desfogues mencionados en el presente informe técnico. A la fecha de elaboración de este informe, no se ha recibido respuesta por parte del AyA al oficio N° CARTA-MS-DRRSPC-DARSPC-0908-2025. DÉCIMO TERCERO: Respecto a la consulta sobre si el Ministerio de Salud ha realizado estudios de la composición química de los efluentes descargados por el sistema de alcantarillado sanitario del AyA al estero de Puntarenas, se aclara que dicha labor no corresponde a este Ministerio, en virtud de que no forma parte de nuestras competencias técnicas operativas. DÉCIMO CUARTO: En fecha 23 de octubre del 2025, funcionarios del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita realizaron dos inspecciones en el Mercado Municipal como parte del seguimiento a la Orden Sanitaria No MS-DRRSPC-05001-2025. En la primera inspección, llevada a cabo entre las 8:50 a.m. y las 10:20 a.m., se efectuaron pruebas con fluoresceína sódica en varios tramos del sistema de aguas residuales (tramos 25, 26, 27, 20, 17 y 15), sin comprobarse desfogues hacia los caños pluviales. No obstante, se evidenció la presencia de aguas estancadas con mal olor en el caño pluvial ubicado en la esquina sureste del mercado, así como la descarga de aguas desde un camión de pescado hacia ese mismo caño. También se observó una caja de registro con agua estancada en el sector sureste del inmueble. En la segunda inspección, realizada entre la 1:00 p.m. y las 3:15 p.m., se aplicó fluoresceína sódica en el servicio sanitario de hombres ubicado en el sector este del edificio, con descarga registrada a las 13:55 horas. Sin embargo, debido a las condiciones de marea alta, no fue posible observar la salida del trazador en los dos desfogues conocidos al norte del mercado. En atención a las inconsistencias detectadas, esta Área Rectora de Salud procederá con la emisión de una nueva orden sanitaria dirigida a la Municipalidad de Puntarenas, con el fin de que se adopten las medidas correctivas necesarias para mitigar los riesgos sanitarios identificados. Consta en los folios del 001155 y 001156 del Ampo III del Mercado Municipal. DÉCIMO QUINTO: En relación con los hechos alegados por el señor Nombre35145, esta Área Rectora de Salud, manifiesta respetuosamente que ha ejecutado todas las acciones que se encuentran dentro del ámbito de sus competencias institucionales y ha realizado los seguimientos correspondientes en acatamiento estricto a lo ordenado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se destaca que este Ministerio, en el marco de sus atribuciones legales como ente rector en materia de salud pública y saneamiento ambiental, ha coordinado con las instituciones competentes, tales como la Municipalidad de Puntarenas y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), para garantizar el cumplimiento progresivo de las medidas ordenadas, particularmente aquellas relacionadas con la prevención de la contaminación del estero de Puntarenas y la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Mercado Municipal. Finalmente, es importante reiterar que el Ministerio de Salud continuará ejerciendo su labor de rectoría, fiscalización y coordinación interinstitucional, dando seguimiento permanente al cumplimiento de las disposiciones de esta Sala y velando por la protección del ambiente y la salud pública de la población de Puntarenas” (ver informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas). III.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, el recurrente reclama que la Ministra de Salud no le ha brindado respuesta a una solicitud que planteó desde el 25 de setiembre de 2025, con relación a la trata de las aguas en la provincia de Puntarenas. Estima lesionados sus derechos fundamentales. Sobre el particular, en primer lugar, debe indicarse que, según consta en el informe rendido por la autoridad recurrida la solicitud de información referida por el recurrente fue debidamente recibida por la autoridad recurrida en el correo electrónico ... el cual se considera un medio oficial para recibir comunicaciones por parte de la autoridad recurrida, según informaron las autoridades recurridas. Además, y, en segundo lugar, como se puede apreciar de los hechos probados, consta que dicha solicitud fue debidamente contestada a la parte recurrente con ocasión de la notificación de la resolución de curso de este proceso de amparo, mediante oficio MS-DM-6006-2024 de 28 de octubre de 2025, notificado ese mismo día a la parte interesada. Sin embargo, es de especial importancia enumerar y analizar cada una de las interrogantes planteadas en el recurso, con el fin de determinar cuáles de ellas se encuentran amparadas por esta Sala y si efectivamente fueron contestadas de manera completa al recurrente, según se expondrá a continuación: Solicitud de 25 de setiembre de 2025 Solicitud Clasificación Estado se solicita comunicar acerca de los resultados de las pruebas realizadas con fluoresceína realizadas desde los servicios sanitarios del mercado municipal de Puntarenas Petición en relación con acceso a la información Contestado con ocasión del recurso, por su extensión ver hecho probado No. 4. 1) Si Acueductos y Alcantarillados de la Región Pacífico Central certificó que las aguas del Mercado Municipal de Puntarenas están conectadas al alcantarillado existente en la ciudad de Puntarenas y si el mismo dispone de adecuada planta de tratamiento en Dirección2753, donde se ubica el mercado municipal, porque de lo contrario tanto AyA como el Mercado Municipal de Puntarenas, estarían contribuyendo al vertido de sus aguas residuales al estero de Puntarenas y por consiguiente exacerbando la contaminación ambiental; además se estaría ignorando el adoptar medidas inmediatas para evitar que continúe la situación en cuestión Petición en relación con acceso a la información Contestado con ocasión del recurso, por su extensión ver hecho probado No. 4. 2) Si ese Ministerio de Salud, ha realizado algún estudio de la composición química de los efluentes que lanza el alcantarillado sanitario del AyA al estero de Puntarenas Petición en relación con acceso a la información Contestado con ocasión del recurso, por su extensión ver hecho probado No. 4. 3) Si el Ministerio de Salud a su cargo, conoce los puntos exactos donde del AyA, descarga el alcantarillado sanitario de la ciudad de Puntarenas al estero dicho Petición en relación con acceso a la información Contestado con ocasión del recurso, por su extensión ver hecho probado No. 4. Por ende, del cuadro plasmado previamente se constata que la solicitud de información planteada por el recurrente el 25 de setiembre de 2025, fue contestada a la parte amparada con ocasión de este recurso. Al respecto, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en cuanto a todos acápites enumerados en el cuadro anterior, pues estos fueron contestados luego de que transcurriera el plazo de diez días legalmente establecido al efecto y como se indicó antes, con ocasión de la notificación de la resolución de curso de este proceso. En este sentido, lo correspondiente es declarar con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al constatarse que la solicitud en cuestión fue debidamente contestada con ocasión del recurso. IV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” ), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional - cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. V.- RAZONES DIFERENTES Y VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Si bien coincido con el voto de mayoría, que declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, considero que debe ser estimado; pero imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por las siguientes razones. El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas. El artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente: “Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”. Por su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente: “Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”. En el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 del 26 de octubre de 2012, se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa: “Presentación de escritos y plazo de respuesta. El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”. De este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho. Asimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone: “...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”. En consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-. Por lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida. Así, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales. Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo de la parte amparada, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar a la parte recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal y como lo habilita el precepto 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En consecuencia, salvo parcialmente el voto, e impongo a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. VI.- Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas. Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos. Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido. En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. VII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes y salva parcialmente el voto, únicamente para efectos indemnizatorios, e impone a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- PRR5PTH2KDU61 EXPEDIENTE N° 25-031951-0007-CO Teléfonos: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:49:26. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**Constitutional Chamber**
**Resolution No. 37723 - 2025**
**Date of Resolution:** November 14, 2025 at 09:20
**Case File:** 25-031951-0007-CO
**Drafted by:** Jorge Araya Garcia
**Type of Matter:** Amparo remedy
**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER
**Text of the resolution**
Exp: 25-031951-0007-CO
Res. No. 2025037723
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fourteenth of November of two thousand twenty-five.
Amparo remedy filed by Nombre35145, identification card CED24543, against the MINISTRY OF HEALTH.
**Whereas:**
1.- Through a brief filed with the Secretariat of the Chamber at 15:07 hours on October 15, 2025, the petitioner files an amparo remedy against the Ministry of Health. He states that on September 25, 2025, he presented a request via email addressed to the Minister of Health, in which he requested the following: "(…) Therefore, and respectfully, it is requested to communicate the results of the fluorescein tests carried out from the sanitary services of the municipal market of Puntarenas. Likewise, it is inquired: 1) Whether the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers of the Central Pacific Region certified that the waters of the Municipal Market of Puntarenas are connected to the existing sewer system in the city of Puntarenas and whether it has an adequate treatment plant in Dirección2753, where the municipal market is located, because otherwise both AyA and the Municipal Market of Puntarenas would be contributing to the discharge of their wastewater into the Puntarenas estuary and consequently exacerbating environmental contamination; furthermore, the adoption of immediate measures to prevent the situation in question from continuing would be being ignored. 2) Whether this Ministry of Health has carried out any study of the chemical composition of the effluents discharged by the AyA sanitary sewer system into the Puntarenas estuary. 3) Whether the Ministry of Health under your charge knows the exact points where AyA discharges the sanitary sewer system of the city of Puntarenas into said estuary (...)". He indicates that although an acknowledgment of receipt was sent to him, the truth is that as of the date of filing this remedy, no response has been given to the request made, and therefore he has not had access to what was requested. He considers his fundamental rights harmed.
2.- In a resolution at 11:04 hours on October 21, 2025, the amparo is admitted and a report is requested from the Minister of Health on the facts alleged by the petitioner.
3.- Through a brief added to the digital case file at 14:49 hours on October 29, 2025, Mary Denisse Munive Angermüller, in her capacity as Minister of Health, reports under oath that “(…) Regarding the amparo remedy at hand, I must state that, on October 28, 2025, this ministerial office responded to the inquiries raised by Mr. Nombre35145, as stated in official letter No. MS-DM-6006-2024, notified to the email address ...487, in which the actions taken by the Health Governing Area of Puntarenas-Chacarita, of the Regional Health Governance Directorate of the Central Pacific, are detailed. From the foregoing and based on the evidence provided, it is determined that the actions of this Ministry of Health are entirely in accordance with the current legal system, since it is evident that this Ministerial Office followed the procedure for the inquiries raised by Mr. Nombre35145. It is important to reiterate that the Health Governing Area of Puntarenas-Chacarita, in compliance with the orders of the Honorable Constitutional Chamber, has followed up on the problem related to the discharge of wastewater into the Puntarenas estuary and will continue to exercise its function of governance (rectoría), oversight (fiscalización), and inter-institutional coordination, permanently monitoring compliance with the provisions of this honorable Chamber and ensuring the protection of the environment and public health. Thus, I consider no right has been violated against the petitioner here. The email address ...488 is established as the official mechanism for receiving user requests before the Ministerial Office.”
4.- In the proceedings followed, legal requirements have been observed.
Drafted by Magistrate Araya García; and,
**Considering:**
I.- Purpose of the remedy. The petitioner claims that the Minister of Health has not provided a response to a request he made on September 25, 2025, regarding water treatment in the province of Puntarenas. He considers his fundamental rights harmed.
II.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:
1) On September 25, 2025, the petitioner made a request via email addressed to the Minister of Health, in which he requested the following: "(…) Therefore, and respectfully, it is requested to communicate the results of the fluorescein tests carried out from the sanitary services of the municipal market of Puntarenas. Likewise, it is inquired: 1) Whether the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers of the Central Pacific Region certified that the waters of the Municipal Market of Puntarenas are connected to the existing sewer system in the city of Puntarenas and whether it has an adequate treatment plant in Dirección2753, where the municipal market is located, because otherwise both AyA and the Municipal Market of Puntarenas would be contributing to the discharge of their wastewater into the Puntarenas estuary and consequently exacerbating environmental contamination; furthermore, the adoption of immediate measures to prevent the situation in question from continuing would be being ignored. 2) Whether this Ministry of Health has carried out any study of the chemical composition of the effluents discharged by the AyA sanitary sewer system into the Puntarenas estuary. 3) Whether the Ministry of Health under your charge knows the exact points where AyA discharges the sanitary sewer system of the city of Puntarenas into said estuary (...)" (see evidence provided to the case file).
2) The email address ... is considered an official means for receiving communications by the respondent authorities (see report provided by the respondent authorities).
3) On October 22, 2025, the resolution admitting this amparo proceeding was notified to the respondent authorities (see notification record).
4) Through official letter No. MS-DM-6006-2024 of October 28, 2025 -notified on the same day to the amparo petitioner-, the respondent authorities indicated the following:
"SIXTH: On September 9, 2025, a follow-up inspection was carried out at the Municipal Market, with the objective of verifying compliance with sanitary orders No. 0011-REG-2019, 0012-REG-2019, and 0013-REG-2019. As a result of said inspection, technical report No. MS-DRRSPC-DARSPC-IT0836-2025 was prepared, the conclusions of which are detailed below: • The demolition of the unsanitary stalls (chinamos) on the west side was carried out, addressing the condition detected in the inspection. • The eaves on the south side continue to be in poor condition, representing a structural anomaly pending correction. • The natural ventilation system using roof monitors was corrected and is in compliance. • Regarding the electrical system, although there is a new installation, the old network has not been removed and stalls are still connected to it, which represents a sanitary and safety risk. • The wastewater treatment plant project shows administrative progress with location approval; however, construction works have not yet begun. Derived from said technical report, on September 23, 2025, sanitary order No. 114-REG-2025-AVQ was notified, which, at the time of preparing this report, is pending compliance, with the exception of the first order. It is recorded in folios 001124, 001128, 001129, 001130, 001131, 001132, 001142, 001143, 001144, 001146, and 001147 of Ampo III of the Municipal Market.
SEVENTH: On September 16, 2025, this Health Governing Area received Resolution No. 2025029179, related to the same case file No. 24-031922007-CO, through which, at the request of the Municipality of Puntarenas, the Chamber resolves to extend by eight (8) months, I quote '(…) the order issued within judgment No. 2025005315 of 09:20 hours on February 21, 2025, which run from the end of the term previously provided in the aforementioned judgment, so that, within that period, Randall Alexis Chavarría Matarrita, mayor of Puntarenas, and Éricka Jiménez Valverde, director of the Health Governing Area (ARS) Puntarenas – Chacarita, or whoever holds those positions, adopt the necessary actions and coordination, within the scope of their competencies, to continue with the plan for the construction of a Wastewater Treatment Plant for the wastewater generated in the Municipal Market and carry out the corresponding works in order to resolve the problem reported here. Likewise, during that same period, they must immediately adopt and execute the measures necessary to prevent the Puntarenas Estuary from continuing to be contaminated by the wastewater generated in the Municipal Market.'
EIGHTH: Regarding the inquiry concerning whether the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), Central Pacific Region, certified that the wastewater from the Municipal Market is connected to the existing sanitary sewer system in Dirección2754, it is reported that, as previously indicated, through official letter No. GSP-RPC-2025-00764, Eng. Fernando Araya Araya, Regional Director of said institution, certifies that the Municipal Market of Puntarenas is duly connected to the sanitary sewer network managed by AyA. In response to the inquiry regarding the Wastewater Treatment Plant of Dirección2753, the sector where the Municipal Market is located, it is reported that, to date, said plant has not been installed by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA). However, the Municipality of Puntarenas is developing a project for the construction of a wastewater treatment plant specifically for the treatment of the municipal market's waters. This has faced various obstacles, the responsibility for which lies with the Municipality itself, which have caused delays in its execution, among which the following stand out: 1. The approval of the corresponding budget. 2. The approval of the plans before the National Registry.
NINTH: This Health Governing Area is aware of the location of the AyA discharge points into the estuary. It is important to mention that the identified discharge points to the estuary are reported to the Administrative Environmental Tribunal of the Ministry of Environment and Energy, as stated in case file 276-11-03-TAA; at the time of preparing this report, this Health Governing Area has not received a final resolution on this case from said Institution.
TENTH: In the exercise of our competencies as governing body (ente rector) in matters of environmental sanitation, this Health Governing Area has followed up on the discharge of wastewater from the sanitary sewer system managed by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) into the Puntarenas estuary. In response to this situation, on February 6, 2023, a meeting convened by the Office of the Vice Minister of Health was held at the Health Governance Unit of the Regional Health Governance Directorate of the Central Pacific, with the objective of establishing a course of action for this Ministry in the absence of a wastewater treatment mechanism to prevent the contamination of said body of water. As part of the course of action agreed upon at the meeting held on February 6, 2023, technical report No. MS-DRRSPC-DARSPC-IT-0066-2023 was prepared, which concludes that the solution for the treatment of wastewater generated in the district of Puntarenas is projected to be implemented in the medium term. This solution will be the responsibility of the consortium formed by the companies IDOM–INNCIVE, contracted by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) to develop the Greater Puntarenas Sanitation Program. Currently, said project is in the phase of diagnostic studies, evaluation of alternatives, and final design, with the objective of building a centralized wastewater collection and treatment system covering the districts of Puntarenas, Chacarita, Barranca, and El Roble.
ELEVENTH: From this Regional Health Governance Directorate, in June 2024, through official letter No. MS-DRRSPC-0389-2024, Eng. Fernando Araya Araya -Regional Director- of AyA was requested to reassess the prioritization of the New Greater Puntarenas Sewer System project in its portfolios. In response to official letter No. MS-DRRSPC-0389-2024, official letter No. GSP-RPC2024-01721 was received with a report prepared by the Sub-Management of Environment, Research, and Development (SAID) of AyA, indicating that the sanitary sewer system construction project for Puntarenas does not currently have funding sources. They inform that the Directorate of Strategic Planning and the Senior Administration of AyA are working on the analysis of viable financing strategies so that this project can be executed in the short or medium term for the benefit of the communities that require priority attention in sanitation.
TWELFTH: This Health Governing Area has followed up on the problem related to the discharge of wastewater into the Puntarenas estuary. In that context, on October 2, 2025, official letter No. CARTA-MS-DRRSPCDARSPC-0908-2025 was issued, addressed to Eng. Fernando Araya Araya, in his capacity as Director of the Central Pacific Region of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), with the purpose of requesting relevant technical information, taking into account the situation presented and the response previously provided through official letter No. GSP-RPC-2024-01721 by the Sub-Management of Environment, Research, and Development (SAID) of AyA. The required information includes: • The current status of the project 'Construction of the sanitary sewer system in Puntarenas' [BPIP 000415]. • Detail on the management of wastewater received in the existing sanitary sewer network in the district of Puntarenas. • Report on the actions carried out to maintain said network. • Clarification on the origin of the waters observed at the discharges into the estuary, identified by this Health Governing Area. • Indication of whether chemical and microbiological analyses have been performed on the effluents observed at the discharges mentioned in this technical report. As of the date of preparation of this report, no response has been received from AyA to official letter No. CARTA-MS-DRRSPC-DARSPC-0908-2025.
THIRTEENTH: Regarding the inquiry about whether the Ministry of Health has carried out studies of the chemical composition of the effluents discharged by the AyA sanitary sewer system into the Puntarenas estuary, it is clarified that said task does not correspond to this Ministry, given that it is not part of our operational technical competencies.
FOURTEENTH: On October 23, 2025, officials from the Health Governing Area of Puntarenas-Chacarita carried out two inspections at the Municipal Market as part of the follow-up to Sanitary Order No. MS-DRRSPC-05001-2025. In the first inspection, carried out between 8:50 a.m. and 10:20 a.m., tests with sodium fluorescein were carried out in several sections of the wastewater system (sections 25, 26, 27, 20, 17, and 15), without confirming discharges into the storm drains. However, the presence of stagnant, bad-smelling water was observed in the storm drain located at the southeast corner of the market, as well as the discharge of water from a fish truck into that same drain. A manhole with stagnant water was also observed in the southeast sector of the property. In the second inspection, carried out between 1:00 p.m. and 3:15 p.m., sodium fluorescein was applied in the men's restroom located in the east sector of the building, with discharge recorded at 13:55 hours. However, due to high tide conditions, it was not possible to observe the tracer's exit at the two known discharges north of the market. In response to the inconsistencies detected, this Health Governing Area will proceed with the issuance of a new sanitary order addressed to the Municipality of Puntarenas, in order for the necessary corrective measures to be adopted to mitigate the identified sanitary risks. It is recorded in folios 001155 and 001156 of Ampo III of the Municipal Market.
FIFTEENTH: In relation to the facts alleged by Mr. Nombre35145, this Health Governing Area respectfully states that it has executed all actions within the scope of its institutional competencies and has carried out the corresponding follow-ups in strict compliance with the orders of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. It is emphasized that this Ministry, within the framework of its legal powers as governing body in matters of public health and environmental sanitation, has coordinated with the competent institutions, such as the Municipality of Puntarenas and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), to guarantee the progressive fulfillment of the ordered measures, particularly those related to the prevention of contamination of the Puntarenas estuary and the construction of the Wastewater Treatment Plant for the Municipal Market. Finally, it is important to reiterate that the Ministry of Health will continue to exercise its function of governance (rectoría), oversight (fiscalización), and inter-institutional coordination, permanently monitoring compliance with the provisions of this Chamber and ensuring the protection of the environment and the public health of the population of Puntarenas" (see report provided and evidence submitted by the respondent authorities).
III.- Regarding the specific case. In the sub lite, the petitioner claims that the Minister of Health has not provided a response to a request he made on September 25, 2025, regarding water treatment in the province of Puntarenas. He considers his fundamental rights harmed.
In this regard, firstly, it must be noted that, as stated in the report provided by the respondent authority, the request for information referred to by the petitioner was duly received by the respondent authority at the email address ..., which is considered an official means for receiving communications by the respondent authority, as reported by the respondent authorities. Furthermore, and secondly, as can be seen from the proven facts, it is recorded that said request was duly answered to the petitioner on the occasion of the notification of the resolution admitting this amparo proceeding, through official letter MS-DM-6006-2024 of October 28, 2025, notified on that same day to the interested party.
However, it is of special importance to list and analyze each of the questions raised in the remedy, in order to determine which of them are protected by this Chamber and whether they were effectively answered completely to the petitioner, as will be set forth below:
Request of September 25, 2025
| Request | Classification | Status |
| --- | --- | --- |
| it is requested to communicate the results of the fluorescein tests carried out from the sanitary services of the municipal market of Puntarenas | Petition regarding access to information | Answered on the occasion of the remedy; for its extension, see proven fact No. 4. |
| 1) Whether the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers of the Central Pacific Region certified that the waters of the Municipal Market of Puntarenas are connected to the existing sewer system in the city of Puntarenas and whether it has an adequate treatment plant in Dirección2753, where the municipal market is located, because otherwise both AyA and the Municipal Market of Puntarenas would be contributing to the discharge of their wastewater into the Puntarenas estuary and consequently exacerbating environmental contamination; furthermore, the adoption of immediate measures to prevent the situation in question from continuing would be being ignored | Petition regarding access to information | Answered on the occasion of the remedy; for its extension, see proven fact No. 4. |
| 2) Whether this Ministry of Health has carried out any study of the chemical composition of the effluents discharged by the AyA sanitary sewer system into the Puntarenas estuary | Petition regarding access to information | Answered on the occasion of the remedy; for its extension, see proven fact No. 4. |
| 3) Whether the Ministry of Health under your charge knows the exact points where AyA discharges the sanitary sewer system of the city of Puntarenas into said estuary | Petition regarding access to information | Answered on the occasion of the remedy; for its extension, see proven fact No. 4. |
Therefore, from the table set forth previously, it is verified that the request for information made by the petitioner on September 25, 2025, was answered to the amparo petitioner on the occasion of this remedy. In this respect, the appropriate course is to declare the remedy with merit, regarding all the items listed in the previous table, since these were answered after the ten-day period legally established for that purpose had elapsed and, as indicated before, on the occasion of the notification of the resolution admitting this proceeding.
In this sense, the corresponding action is to declare the remedy with merit, without special imposition of costs, damages, and losses, upon verifying that the request in question was duly answered on the occasion of the remedy.
IV.- Regarding the imposition of costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. After better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be declared with merit solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable"), the upholding of the remedy must be without special imposition of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is explicit text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the remedy is declared with merit, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that that same paragraph in fine refers that the upholding is dictated "solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable." It is underscored that the Law indicates "if they are applicable," which means that the appropriateness or inappropriateness of the compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or consideration by the Court. In cases such as this one, the content of the claim of the amparo petitioner and the conduct of the respondent authority in recognizing it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly referred to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: "every resolution that upholds the remedy shall abstractly impose compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment," where the possibility of assessing whether or not the matters concerning compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in their order, the General Law of Public Administration and the Contentious Administrative Procedure Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction - cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious Administrative Procedure Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this remedy without the imposition of costs, damages, and losses.
V.- DIFFERENT REASONS AND PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. Although I agree with the majority vote, which declares the remedy with merit for violation of the right to petition and prompt response, I consider that it should be upheld; but imposing on the respondent party the payment of costs, as well as compensation for the damages and losses caused, for the following reasons.
The right to petition and prompt response, contained in Articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, obliges public officials to resolve the requests of citizens within a period of ten business days from the date of presentation of such actions, unless a different period has been established to respond. However, the cited Article 32 also provides that, in the decision of the petition, the Chamber shall assess the reasons adduced to consider said period insufficient, taking into account the circumstances and the nature of the matter. In any case, the Administration is obliged to communicate to the petitioner the reasons for the delay in issuing a ruling. For the purposes of this analysis, it is relevant to bear in mind the provisions of the aforementioned norms.
Article 27 of the Political Constitution establishes the following:
"The freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution is guaranteed."
For its part, numeral 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the following:
"When the amparo refers to the right to petition and to obtain a prompt resolution, established in Article 27 of the Political Constitution, and no period has been set to respond, it shall be understood that the violation occurs once ten business days have elapsed from the date on which the request was filed in the administrative office, without prejudice to the fact that, in the decision of the remedy, the reasons adduced to consider that period insufficient are assessed, taking into account the circumstances and the nature of the matter."
In the same sense, Law for the Regulation of the Right to Petition No. 9097 of October 26, 2012, establishes that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution, for those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. It is relevant to keep in mind the provisions of numeral 6 of said regulation:
"Filing of briefs and response deadline.
The brief in which the petition is submitted and any other documents and communications provided to the corresponding public administration, as indicated in Article 2 of this law, shall oblige the administration to acknowledge receipt thereof, and it must respond within the non-extendable period of ten business days counted from the day following receipt, provided the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with the organizational norm of each entity…"
In this way, in amparo remedies referring to the alleged injury of this right, there is an express legal norm -constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction- that orders the provision of the required information within the ten business days following its request, as provided in Articles 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction and 27 of the Political Constitution, as indicated above.
Additionally, said time limit is reiterated in Article 6 of Law No. 9097, which reinforces the legislator’s intent regarding the protection of this right.
Likewise, the Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 51, provides:
“...any decision upholding the recurso shall condemn in the abstract to compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the recurso, and shall reserve their liquidation for the execution of the judgment.”
This latter provision establishes the general system regulating matters related to compensation and the payment of costs, which the majority term the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits and recognition of the facts that have violated fundamental rights….”
Consequently, in the case before us, a violation of the constitutionally endorsed ten-day time limit is verified—which, by the way, is not required for the rest of the amparo actions, except for that of rectification and response (numeral 68 of the Law of Constitutional Jurisdiction).
Therefore, what is appropriate in this regard, and with due respect to the majority’s thesis, is to consider the injury to the right of petition and prompt response, as well as to the right of access to public information (Article 30, Constitution), which guarantees free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest, as established, ordering the condemnation for costs, damages, and losses against the respondent authority.
Thus, being a constitutionally endorsed time limit—both by the legislator and by this Constitutional Court—its non-compliance entails an injury to the indicated fundamental right that prompted the petitioner to file this amparo as a mechanism to obtain a response to their request or access to the information they have sought, the foregoing regardless of whether the response or delivery of information occurred before or on the occasion of the amparo; because, the truth is, the administered party ultimately saw their constitutional right satisfied on the occasion of the filing of the amparo that they were forced to submit, with the inconveniences and costs this entails. It must be stressed, the response or access provided by the respondent Administration that occurs once the time limit in question has expired, even when it occurs before the notification of the amparo’s processing, or, as in this case, on the occasion of said processing having been made known, does not constitute timely compliance with the obligation imposed by constitutional ordinals 27 and 30. It is clear that in this scenario, that late response represents satisfaction of the protected party’s claim, but this is no obstacle to the recognition of the damages and losses that such indolence may have caused to the petitioner, as well as the costs associated with the exercise of this procedural action, necessary for the protection of their fundamental rights, as enabled by precept 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction.
Consequently, I partially dissent, and I impose upon the respondent party the payment of costs, damages, and losses.
VI.- Dissenting opinion of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LCJ) states: “If, during the pendency of the amparo, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the recurso shall be declared with merit solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.”
My interpretation of that provision is as follows: That “decision” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the infringed right. The phrase “if they are applicable” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LCJ, refers precisely only to these: to costs.
Certainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (PC), the essential content of the right to the amparo is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LCJ states: “Any decision upholding the recurso shall condemn in the abstract to compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the recurso, and shall reserve their liquidation for the execution of the judgment.”
If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For that reason, condemnation in the abstract for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not issued, in the event that they had indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the PC. If, despite there being condemnation in the abstract, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary proceeding will so declare, since only that judge has the authority to find proven the actual existence and magnitude of the same.
With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when faced with an amparo. It remains to be said that Article 52 of the LCJ foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn for costs, even when the right has been restored.
By reason of the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and order the condemnation for damages and losses, but not for costs.
VII.- Documentation submitted to the case file. The parties are warned that if they have submitted any document on paper, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The recurso is declared with merit, without special condemnation for costs, damages, and losses. Judge Salazar Alvarado sets forth different reasons and partially dissents, solely for compensation purposes, and imposes upon the respondent party the payment of costs, damages, and losses. Judge Garro Vargas partially dissents and orders condemnation for damages and losses, but not for costs. Notify.
Fernando Castillo V.
Presidente
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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