Res. 39386-2025 Sala Constitucional — Absolute protection of the Moín Aquifer and vegetative growth housingProtección absoluta del Acuífero Moín y viviendas por crecimiento vegetativo

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Sala Constitucional

Resolución Nº 39386 - 2025

Fecha de la Resolución: 28 de Noviembre del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-028736-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-028736-0007-CO

Res. Nº 2025039386

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo interpuesto No. 25-028736-0007-CO interpuesto por Nombre35146, cédula de identidad CED16107 y recurso de amparo No. 25-029204-0007-CO acumulado, interpuesto por Nombre45265, cédula de identidad CED22882, contra EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, LA MUNICIPALIDAD DE LIMON Y EL SISTEMA NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA).

RESULTANDOS:

A.  Resultandos del expediente No. 25-028736-0007-CO.

1.- Por escrito aportado a la Sala el 20 de septiembre de 2025, el recurrente Nombre35146 interpone recurso de amparo y manifiesta expresamente lo siguiente: “(…) I. LEGITIMACIÓN, COMPETENCIA Y OBJETO Este recurso se interpone al amparo de los artículos 7, 11 y 50 de la Constitución Política y 25 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por vulneración directa del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y del derecho humano al agua potable, así como por infracción de los principios de legalidad, precaución e in dubio pro natura. La Sala Constitucional es competente para conocer de esta acción al dirigirse contra actos y omisiones de entidades públicas que afectan derechos fundamentales. El objeto inmediato del recurso es: (i) que se declare la nulidad, por inconstitucionalidad material y formal, de las disposiciones del Acuerdo de Junta Directiva del AyA N.° 2011-112 —y, en cuanto resulte aplicable, del N.° 2007-177— que permiten en la Zona 6 del acuífero Limón–Moín un umbral genérico de impermeabilización del veinte por ciento (20 %) por hectárea, autorizan movimientos de tierra mediante estudio y PGA, y habilitan viviendas por “crecimiento vegetativo” sin parámetros de densidad ni control de impermeabilización; (ii) que se declare la nulidad parcial del Plan Regulador de Limón en cuanto omite o contradice la delimitación cartográfica y el régimen de protección absoluta de la Zona 6; y (iii) que se ordene la adopción inmediata de medidas precautorias y estructurales para asegurar la protección efectiva del acuífero Moín, conforme a la Matriz del Nombre99516 y a los votos 2008-004790 y 2011-014596 de la Sala Constitucional. II. ANTECEDENTES TÉCNICO–JURÍDICOS (LÍNEA CRONOLÓGICA) En 2006, la Junta Directiva del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) aprobó el Acuerdo JD-3303-2006 que crea la “Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos”, instrumento técnico–jurídico que clasifica las zonas de recarga según su vulnerabilidad intrínseca y establece restricciones de uso del suelo en función del riesgo de contaminación y la capacidad de recarga. Lejos de ser un mero compendio de buenas prácticas, la Matriz —como luego corroboró la Sala Constitucional— opera como parámetro vinculante para la planificación y la gestión de permisos en territorios con cartografía de vulnerabilidad, imponiendo densidades máximas, límites de impermeabilización, prohibición de urbanizaciones y fraccionamientos en zonas de alta o extrema vulnerabilidad, y la exigencia de estudios exhaustivos hidrogeológicos, hidrológicos e hidráulicos debidamente aprobados por las autoridades competentes. El 27 de marzo de 2008, mediante el voto N.° 2008-004790 (12:39 horas), la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo promovido en un caso análogo por haberse otorgado permisos en zona de alta a media vulnerabilidad sin exigir los estudios integrales que la Matriz impone. La sentencia consignó textualmente que “no se permiten Urbanizaciones de alta densidad, tampoco fraccionamiento, lotificaciones o segregaciones agropecuarias que pongan en peligro los recursos hídricos. Para demostrar que el proyecto no impacte a los recursos hídricos, debe realizarse evaluaciones exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas, hidrológicas y estudios de impacto ambiental, donde no solo se considere la zona de influencia directa sino toda la microcuenca de interés”, y reiteró que, tratándose de zonas vulnerables, el otorgamiento de permisos exige primero la verificación técnica completa por las autoridades rectoras (SENARA y AyA). El 26 de octubre de 2011, en el voto N.° 2011-014596 (15:22 horas, Exp. 10-015653- 0007-CO), la Sala reafirmó la obligatoriedad de la Matriz, la coordinación interinstitucional y la vigencia del principio precautorio e in dubio pro natura, anulando permisos y ordenando la paralización de obras hasta completar las evaluaciones. Allí precisó, con términos categóricos, que “el principio precautorio o de indubio pro natura resulta de especial aplicación (…) ante la contaminación de un manto acuífero, cuenca o recurso hídrico, la regeneración es extraordinariamente lenta y, en ocasiones, irreversible”, y censuró de forma expresa la práctica de sustituir tanques sépticos por plantas de tratamiento como supuesta solución suficiente: aun con planta de tratamiento, debe exigirse el paquete completo de estudios integrales, pues la sola existencia de una PTAR no elimina la vulnerabilidad ni el riesgo de contaminación en zonas de recarga. III. HECHOS CONCRETOS QUE MOTIVAN EL AMPARO Primero: el Acuerdo de Junta Directiva del AyA N.° 2011-112, dictado en el mismo 2011, afirma “aplicar” la Matriz de Nombre99516 a la Dirección6573, pero simultáneamente introduce válvulas de flexibilización incompatibles con un régimen de protección absoluta: (i) fija, “para toda actividad”, un umbral genérico de impermeabilización del veinte por ciento (20 %) por hectárea, omitiendo la diferenciación por categoría de vulnerabilidad y por resultados de estudios hidrogeológicos locales; (ii) autoriza la “remoción, corte y relleno de materiales” o movimientos de tierra, bajo la condición de contar con estudio hidrogeológico y Plan de Gestión Ambiental aprobado por SETENA, transformando una prohibición propia de la protección absoluta en un permiso condicionado; y (iii) admite la construcción de “viviendas por crecimiento vegetativo” en la Dirección2942, sin aportar metodología para determinar el crecimiento permitido, sin parámetros de densidad compatibles con la recarga, sin cartografía de impermeabilización ni verificación técnica de impacto nulo. Estas cláusulas flexibilizadoras, como demostraré, rebajan el estándar precautorio que la Sala Constitucional constitucionalizó a partir de 2008 y 2011. Segundo: en respuestas oficiales recientes a solicitudes de información, el AyA reconoce (a) que no dispone de metodología ni cartografía para controlar la figura de “crecimiento vegetativo” en la Dirección2942, limitándose a citar variaciones de servicios domiciliarios sin correlacionarlas con densidad, cobertura impermeable o recarga; (b) que no mantiene un inventario exhaustivo y actualizado de establecimientos con sustancias peligrosas, condición imprescindible para la gestión preventiva del riesgo en zonas de alta vulnerabilidad; y (c) que aplica un protocolo de emergencias genérico (GTE‑105‑01‑P) y no un protocolo específico para la recarga kárstica de Moín, a pesar de la existencia de dolinas, fisuras y tiempos de tránsito cortos de contaminantes, descritos por los estudios EPIK y por la cartografía de SENARA. Tercero: la Municipalidad de Limón aprobó y mantiene un Plan Regulador que no incorpora de forma expresa la delimitación cartográfica de la Zona 6 del acuífero Nombre52121 como área de protección absoluta, ni traslada a su normativa las prohibiciones y condicionamientos materiales de la Matriz de SENARA. Esta omisión normativa —pese a la existencia de estudios oficiales que demuestran la alta vulnerabilidad— permite la tramitación de usos residenciales puntuales, fraccionamientos y movimientos de tierra mediante condicionamientos genéricos, todo lo cual contraría la doctrina consolidada por la Sala Constitucional y vulnera el artículo 50 de la Constitución Política. Análisis Técnico–Jurídico de las Contradicciones (AyA, SENARA, INVU y Plan Regulador de Limón) Existen contradicciones entre los Acuerdos de Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Matriz de Criterios de Uso del Suelo del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), la zonificación del Plan Regulador de Limón y la información oficial emitida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), con relación a la protección de la Zona 6 del acuífero Moín. El umbral uniforme del 20 % de impermeabilización “para toda actividad”, fijado en los acuerdos de Junta Directiva del AyA, contraviene la lógica de la Matriz de Criterios de Uso del Suelo de SENARA, que no adopta porcentajes rígidos desvinculados de la hidrogeología local. Por el contrario, la Matriz condiciona cualquier cobertura impermeable a la categoría de vulnerabilidad y a estudios que demuestren que la recarga del acuífero no se verá comprometida. En acuíferos kársticos como el de Moín, la literatura hidrogeológica demuestra que coberturas impermeables elevadas reducen significativamente la infiltración difusa, aumentan el escurrimiento superficial y canalizan contaminantes hacia entradas preferenciales (dolinas, grietas, sumideros), acortando peligrosamente los tiempos de tránsito hacia pozos y manantiales. Fijar un 20 % genérico desconoce este comportamiento y rebaja el estándar de máxima cautela que la Sala Constitucional exige para proteger acuíferos estratégicos, vulnerando el artículo 50 de la Constitución y los artículos 2, 17 y 99 de la Ley Orgánica del Ambiente. La autorización de movimientos de tierra (“remoción, corte y relleno”) mediante estudio y Plan de Gestión Ambiental invierte la jerarquía de protección. Donde corresponde prohibir por defecto —protección absoluta—, el Acuerdo 2011-112 del AyA instala una presunción de permiso condicionado. La Sala Constitucional ha sido enfática en que la existencia de instrumentos de tratamiento (por ejemplo, plantas de tratamiento) o de condicionamientos procedimentales no suple el deber sustantivo de precaución ni sustituye los estudios integrales. Por el contrario, cuando hay duda razonable sobre el impacto a los recursos hídricos, “se impone la aplicación del principio precautorio (…) a fin de evitar o suspender cualquier actividad” (voto 2011-014596). En formaciones kársticas, los movimientos de tierra abren vías preferenciales, desorganizan los horizontes de protección natural y generan colapsos que conectan directamente superficie y acuífero, con riesgos difíciles de reversión. Autorizar estas prácticas en Dirección2942 contradice la Matriz de Nombre99516 y la jurisprudencia, y es, por ende, inconstitucional. La figura de “viviendas por crecimiento vegetativo”, sin parámetros de densidad, sin cartografía de impermeabilización y sin verificación de impacto nulo, termina operando como un mecanismo de expansión urbana dispersa en un territorio que la evidencia técnica clasifica como de alta vulnerabilidad. Muchas pequeñas obras, sumadas, sobrepasan cualquier umbral razonable de cobertura y generan múltiples focos de riesgo (fugas de sistemas sanitarios, drenajes erráticos, conexiones clandestinas) que las autoridades no pueden monitorear con eficacia. La Sala ya rechazó la idea de que cambiar tanques sépticos por PTAR sea suficiente; reiteró que “no cabe otra cosa que proceder a estimar” los amparos cuando las autoridades desoyen los criterios de Nombre99516 y no exigen evaluaciones exhaustivas (votos 2008-004790 y 2011-014596). Por ello, habilitar viviendas por crecimiento vegetativo en Zona 6 contradice frontalmente la Matriz de Nombre99516 y vulnera los artículos 11 y 50 constitucionales. A lo anterior se suma un hecho agravante comprobado: el AyA no solicitó la publicación del decreto de protección para oficializar los límites de la Zona 6, a pesar de que el Por Tanto Sexto del Acuerdo 2007-177 dispuso expresamente que “se solicitará al Poder Ejecutivo la promulgación de un decreto con miras a la protección de las fuentes de Moín, así como las limitaciones de uso del suelo que aseguren la conservación y el mejoramiento de las condiciones ambientales en las demás zonas del acuífero”. Al omitir esta gestión, el AyA privó al ordenamiento jurídico de un instrumento vinculante, invisibilizó la zona en el Plan Regulador de Limón y delegó indebidamente el control en otras instituciones, apartándose de su obligación de dictaminar y velar por la protección absoluta. El Plan Regulador de Limón, por su parte, no incorpora con coordenadas ni mención cartográfica alguna la Zona 6 del acuífero Moín, ni bajo la denominación “Zona VI” ni con otra equivalencia. Se limita a categorías genéricas de fragilidad ambiental (Zonas Ambientales I, II, etc.) y permite usos turísticos, ecoturísticos, residenciales condicionados e incluso agroindustriales, sin exigir prohibición total de urbanización ni estudios hidrogeológicos exhaustivos. Esta omisión constituye una contradicción normativa material y una inconstitucionalidad por omisión, pues el artículo 50 de la Constitución, la Ley Orgánica del Ambiente y la jurisprudencia constitucional obligan a incorporar en los planes reguladores las restricciones técnicas establecidas para la protección de aguas subterráneas. (…) Del análisis de la información oficial proporcionada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en su oficio CDU-281-09-2025, se concluye que la Zona 6 abarca aproximadamente 6,2 km² dentro del área de estudio hidrogeológico, pero únicamente alrededor del 3 % de esa superficie queda en una categoría de protección. El 97 % restante se destina a usos residenciales y de desarrollo urbano, en abierta contradicción con los Acuerdos de Junta Directiva N.° 2007-177 y 2011-112 del AyA, con la Matriz de Nombre99516 y con la jurisprudencia de la Sala Constitucional (votos 2008-004790 y 2011- 014596). Esta asignación confirma una incompatibilidad material y una violación al principio precautorio, al deber de coordinación interinstitucional y a los derechos fundamentales al agua y al ambiente sano. Si se examina ese 3 % de protección en un territorio calificado como de protección absoluta, ello opera fácticamente como una habilitación para el reemplazo paulatino de la cobertura natural —bosques y humedales— por usos urbanos, con el consiguiente menoscabo de la recarga y de la calidad del acuífero. La prueba técnica del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) robustece este hallazgo. El informe TAA-DT-241-2023 (expediente 100-23-01-TAA) identifica dentro de la Dirección2942 la existencia de un cauce de dominio público y permanente —la quebrada Portete—, con dictamen de la Dirección de Aguas y coordenadas precisas de referencia. Asimismo, constata que la totalidad de una finca y parte de otra se ubican sobre el acuífero Limón– Nombre52121 y dentro de un área de importancia hídrica por aguas subterráneas, infiltración y concesiones. El mismo informe señala que, de acuerdo con el mapa de coberturas 2021 del SINAC, persisten parches de bosque maduro y la presencia de yolillales (indicadores de humedal), pero advierte que estos últimos no figuran en el Registro Nacional de Humedales, lo que evidencia una sub-representación regulatoria de ecosistemas clave. En paralelo, la consulta a SIREFOR no registra permisos de corta o aprovechamiento forestal, por lo que la pérdida de cobertura obedecería a dinámicas de uso del suelo no debidamente autorizadas ni controladas. Cronológicamente, las capas oficiales muestran una tendencia de pérdida y fragmentación. La clasificación FONAFIFO 2005 aún reconocía extensiones de bosque en el entorno del polígono analizado; el INF-2013 distinguía entre bosque maduro y secundario, confirmando la madurez ecológica residual en porciones del paisaje. Para 2021, el nodo SINAC reporta parches de bosque y amplias zonas de yolillal, aunque estas no se encuentran plenamente incorporadas al registro oficial de humedales. El propio Atlas de Mapas Ambientales del Plan Regulador reconoce que los bosques primarios han desaparecido casi por completo y que el continuo de zonas pantanosas — humedales, yolillales y bosques pantanosos— es hoy el principal biotopo sensible de la franja costera. Esta secuencia empírica demuestra que, mientras la normativa sectorial (Matriz de Nombre99516 y acuerdos del AyA) demandaba un régimen de restricción absoluta en la Zona 6 para resguardar la recarga, el ordenamiento urbano-territorial vigente ha permitido una progresiva presión antrópica que acentúa la impermeabilización, el drenaje y la fragmentación del mosaico boscoso-humedal. El Plan Regulador de Limón, en su zonificación específica para la Zona 6, destina un 52,61 % a uso residencial, 15,38 % a desarrollo controlado, 18,20 % a desarrollo de baja cobertura y otros porcentajes menores a comercio/industria de bajo impacto, innovación/educación, turismo y usos urbanos de alta densidad o mixtos, dejando apenas 0,66 % en la categoría denominada “Protección 2”. A pesar de que el propio documento planificador admite la alta fragilidad de humedales y la desaparición de bosques primarios, simultáneamente habilita desarrollos urbanos con coberturas de hasta 30 % e incluso la sustitución por plantas de tratamiento o tanques sépticos modificados, condiciones que la Sala Constitucional ha calificado como insuficientes en zonas de recarga con alta vulnerabilidad. Esta dualidad normativa —reconocer fragilidad pero autorizar urbanización— contradice el mandato de protección absoluta que pesa sobre la Zona 6 y resulta incompatible con el principio precautorio. Las contradicciones se agravan por omisiones del AyA en la ejecución de su propio Acuerdo 2011-112. Ese acuerdo instruyó notificar a las municipalidades la incorporación vinculante de la Matriz y enfatizó que la Zona 6 debía considerarse de restricción absoluta, con delimitación y publicidad oficiales. Sin embargo, la documentación reciente confirma la ausencia de información pública consolidada del AyA sobre las zonas del acuífero en sus plataformas, así como respuestas que remiten a protocolos generales de emergencia —no específicos para la Zona 6— y a una “unidad regional de control” sin trazabilidad funcional histórica. En términos de gestión del riesgo y gobernanza del agua, ello traduce un incumplimiento del deber de coordinación y de tutela reforzada exigido por la Sala y por la Ley Orgánica del Ambiente. En suma, la combinación de (i) un patrón decreciente y fragmentario de bosques y humedales documentado por FONAFIFO 2005, INF-2013 y SINAC 2021; (ii) la subrepresentación de yolillales en el Registro Nacional de Humedales; (iii) la evidencia de un cauce público y un área de importancia hídrica dentro de la Zona 6; (iv) la asignación de usos urbanos sobre el 97 % de la superficie de protección absoluta por parte del Plan Regulador; y (v) la falta de ejecución íntegra y transparente de las obligaciones del AyA según el Acuerdo 2011-112, constituyen un cuadro de incompatibilidad material con la Matriz de Nombre99516 y con los estándares de la Sala Constitucional. La Zona 6 debe ser restaurada a un régimen de protección estricta con delimitación publicada, incorporación normativa inmediata y suspensión de autorizaciones que incrementen impermeabilización, movimientos de tierra y densidades no compatibles con la recarga Cuadro 1. Zonificación vigente dentro de la Zona 6 según INVU (CDU-281-09-2025). Categoría Porcentaje Residencial 52,61 % Desarrollo controlado 15,38 % Desarrollo de baja cobertura 18,20 % Comercio e industria de bajo impacto 6,00 % Innovación y Educación 1,86 % Turismo y Comercio 1,24 % Urbana Alta Densidad 1,19 % Urbana Uso Mixto 2,18 % Para la Industria pesada 0,67 % Protección 2 0,66 % Rural de Uso Extensivo 0,01 % Cronología de Pérdida de Bosques y Humedales en la Zona 6 La evolución de las coberturas forestales y de humedal en la Zona 6 muestra una disminución progresiva y documentada en las principales capas oficiales. Esta secuencia se sintetiza a continuación: (…) El análisis demuestra una drástica pérdida de bosque primario y la permanencia subregistrada de humedales y yolillales, contradiciendo la obligación de protección absoluta establecida por la Matriz de Nombre99516 y los acuerdos del AyA. IV. CONFIRMACION MUNICIPAL DE LA DESAPARICION DE BOSQUES PROVOCADAS POR ASENTAMIENTOS Y URBANIZACIONES ILEGALES. La propia Municipalidad de Limón ratificó y demostró el cambio de uso de suelo denunciado por el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), pues identificó como crecimiento ilegal de construcciones y de vías en la zona de protección absoluta del área de recarga acuifra de Moín, en contravención y de los estándares constitucionales fijados por la Sala (votos 2008-004790 y 2011-014596), la Matriz de Nombre99516 y las obligaciones del AyA. En primer lugar, la evidencia técnica del TAA demuestra que en la Zona 6 se produjeron intervenciones antrópicas no autorizadas que explican la pérdida de cobertura boscosa y la fragmentación de hábitat: el informe TAA-DT-241-2023 (Exp. 100-23-01-TAA), basado en informes del expediente, enumera, entre los hechos verificados, “invasión precarista”, “tala de árboles y quema de vegetación”, “construcción de casas y ranchos”, “movimientos de tierra para terrazas y caminos”, “invasión de áreas de protección”, “cambio de uso del suelo”, y subraya que todo ello ocurre “sin permisos municipales ni viabilidad ambiental”. Esta relación de hechos no es genérica: el TAA acompaña coordenadas y localizaciones puntuales para casas, tanques sépticos, fosas con basura, tramos de camino y puntos de tala, lo que refuerza la trazabilidad espacial del daño y su correspondencia con una dinámica de urbanización irregular dentro de un área que, conforme a la Matriz de Nombre99516 y a los acuerdos del AyA, debía operar bajo un régimen de protección absoluta. En esa misma serie, el inventario georreferenciado incluye entradas específicas para “camino”, “movimiento de tierra” y “tala”, además de “casa” y “tapia”, corroborando la apertura de vías y la remoción de cobertura vegetal como parte del patrón de ocupación. En segundo término, esa misma realidad la reconoce la Municipalidad de Limón en su propia inspección de campo. El Oficio UTE-AML-025-2022 (22 de junio de 2022), elaborado por la Unidad Técnica municipal, reporta en el sector Villa Plata “caminos con mucho lastre o material de barro realizado manualmente con maquinaria pesada, [que] carecen de cunetas y de cordón de caño en la vía pública”, y describe un conjunto de viviendas construidas con materiales precarios, sin sistemas pluviales adecuados, con alturas que provocan erosión de taludes y presencia de material arcilloso y coral en los trazos de camino observados. Este parte municipal identifica, por tanto, dos vectores típicos de deforestación difusa en zonas de recarga: la apertura de vías no planificadas y los movimientos de tierra asociados a asentamientos irregulares; ambos procesos degradan el suelo, facilitan escorrentía y sedimentos, y abren corredores para nuevas ocupaciones, acelerando la pérdida de bosque en mosaico. El reconocimiento administrativo municipal constituye un indicio público y oficial de que la desaparición de cobertura arbórea detectada por el TAA está intrínsecamente vinculada con un crecimiento urbano ilegal y la habilitación de calles sin diseño ni control hidráulico. En tercer lugar, el marco normativo y jurisprudencial agrava el estándar de protección exigible. La Sala Constitucional, al resolver primero el voto 2008-004790 y luego el 2011- 014596 (Exp. 10-015653-0007-CO), fijó una regla de prudencia reforzada para acuíferos estratégicos y zonas de alta/ media vulnerabilidad: antes de autorizar cualquier actividad con potencial incidencia sobre el recurso hídrico, la Municipalidad y Nombre3763 debían exigir evaluaciones exhaustivas hidrológicas, hidráulicas e hidrogeológicas avaladas por Nombre99516 y AyA, y ante la duda aplicar el principio precautorio para evitar o suspender actuaciones con riesgo de contaminación o afectación a la recarga. La Sala fue explícita: cambiar tecnología (por ejemplo, PTAR en lugar de tanques sépticos) o imponer condicionamientos procedimentales no sustituye el deber sustantivo de protección; y desoír los criterios técnicos de Nombre99516 en contextos de alta vulnerabilidad constituye violación al derecho fundamental a un ambiente sano (art. 50 C.Pol.) y a los principios de coordinación y prevención propios de la Ley Orgánica del Ambiente (arts. 2, 17, 99). En este caso, la combinación de tala, movimientos de tierra y apertura de caminos en la Dirección6574 área de protección absoluta conforme a la Matriz—debió activar la respuesta precautoria, no su tolerancia fáctica. En cuarto lugar, el diseño urbanístico adoptado por el Plan Regulador vigente y las respuestas del INVU evidencian un traslape permisivo dentro de la Zona 6. Del oficio INVU CDU-281-09-2025 (18 de setiembre de 2025) se desprende que el área de estudio hidrogeológico del acuífero de Nombre52121 (36,31 km²) se integra al Plan Regulador, y que dentro de la propia Zona 6 (6,20 km²) el uso de suelo aprobado asigna mayoritariamente categorías residenciales y de desarrollo: Residencial 52,61 %, Desarrollo de baja cobertura 18,20 %, Desarrollo controlado 15,38 %, y apenas “Protección 2” con 0,66 %, entre otras sub-zonas menores. Esto significa que alrededor del 97–99 % de la Zona 6 quedó normativamente disponible para usos de desarrollo urbano, lo que es incompatible con un régimen de protección absoluta y crea un incentivo estructural para la apertura de vías y el desbosque incremental que el TAA y la Municipalidad ya documentaron en sitio. Además, el propio INVU aclara que no puede, de oficio, modificar o anular el Plan y que, en su entendimiento, la variable ambiental es competencia de SETENA, dejando en evidencia un vacío de coordinación para incorporar las restricciones de AyA y Nombre99516 en la zonificación municipal, precisamente lo que la Sala ha exigido evitar en su jurisprudencia. En quinto lugar, las obligaciones autoimpuestas por el propio AyA refuerzan el carácter vinculante de las restricciones en la Zona 6 y ayudan a explicar por qué la urbanización irregular prosperó. En la documentación remitida por AyA se reconoce que, conforme al Acuerdo 112 del 02/05/2011, el Instituto debía notificar a las municipalidades para implementar en los planes reguladores “las recomendaciones de regulación de uso de la propiedad y el estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero de Moín-Limón”, “dando énfasis a la necesidad de que se considere la Zona 6 como de restricción absoluta”, así como informar a Salud, MINAE, INVU, Nombre99516 y Nombre3763 la delimitación de esa zona. La propia Comisión Nombre52121 del AyA admite estas cargas en su índice de respuestas, remitiendo a oficios previos; sin embargo, el cuadro de zonificación vigente y el reconocimiento de INVU de que no se integró explícitamente la Zona 6 como área de protección absoluta revelan que, en la práctica, esa coordinación y publicidad no logró traducirse en reglas urbanísticas efectivas, permitiendo la expansión de caminos, cortes y rellenos que el TAA y el gobierno local han verificado. La omisión de consolidar, con coordenadas, la Zona 6 en la cartografía del plan es determinante: sin linderos publicados y sin prohibiciones materiales en el reglamento urbano, el control de campo se vuelve reactivo y la deforestación asociada al “crecimiento vegetativo” se vuelve sistémica. A la luz de lo anterior, el nexo causal entre la desaparición de bosque y la urbanización informal no es conjetural ni retórico: la autoridad ambiental contenciosa (TAA) dio cuenta de talas, movimientos de tierra y caminos dentro de la Zona 6; la autoridad municipal de ingeniería describió en 2022 la apertura de caminos sin drenaje ni diseño y un conjunto de viviendas precarias en el mismo entorno; y la planificación formal dejó la Zona 6 mayoritariamente habilitada para usos residenciales, contrariando la Matriz de Nombre99516 y el mandato de protección absoluta del AyA. En términos constitucionales, este cuadro contraría el principio precautorio e infringe el artículo 50 de la Constitución, además de los principios de coordinación y de no regresión ambiental, pues el ordenamiento local no solo no elevó el estándar de protección en un acuífero crítico, sino que lo debilitó al permitir, de hecho y de derecho, la progresión de vías y ocupaciones que demandan remoción de bosque. La Sala, en 2011-014596, ya advirtió que ante vulnerabilidad alta la respuesta adecuada es suspender o impedir actividades con riesgo, no validarlas por silencio o por meros instrumentos procedimentales; hoy, la coincidencia entre el inventario del TAA y el reporte municipal confirma que aquello que la jurisprudencia previno (urbanización y movimientos de tierra en zona de recarga) ocurrió y está asociado a la pérdida de cobertura forestal que compromete la seguridad hídrica de Limón. En suma, lo que el TAA calificó como tala, movimientos de tierra y apertura de caminos en la Dirección2942 es el correlato fáctico de la “expansión urbana irregular” que la Municipalidad identificó en su inspección; y ese patrón solo fue viable porque la zonificación vigente permitió—y no proscribió expresamente—esos usos en un área que, por mandato técnico de Nombre99516 y acuerdos del AyA, debió quedar blindada como protección absoluta. El resultado es una amenaza efectiva a la recarga del acuífero Moín, una regresión ambiental incompatible con los votos 2008-004790 y 2011-014596 y una vulneración continuada del deber de prevención, que justifica medidas correctivas y cautelares en sede constitucional y administrativa. V. INSEGURIDAD FRENTE A LA CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO Nombre52121 Y AFECTACIÓN A LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DE LIMÓN La Zona 6 del acuífero Moín, en el Caribe costarricense, es el principal reservorio de agua subterránea para las comunidades afrodescendientes de Limón. La evidencia oficial —Acuerdos de Junta Directiva del AyA N.° 2007-177 y 2011-112, Matriz de SENARA, mapas de coberturas 2005-2013-2021 del SINAC, y el informe TAA-DT-241- 2023— confirma que se trata de un acuífero kárstico de alta vulnerabilidad, donde los tiempos de tránsito de contaminantes hacia los pozos son muy cortos y la regeneración es extremadamente lenta o irreversible. Sin embargo, el Plan Regulador de Limón solo reconoce alrededor de 3 % de su superficie como zona de protección, destinando el 97 % restante a usos residenciales y de desarrollo urbano, incluso en áreas con bosques y humedales remanentes. Este patrón territorial implica, en la práctica, un permiso de hecho para la deforestación y el drenaje de humedales. La jurisprudencia de la Sala Constitucional, en especial los votos 2008-004790 y 2011- 014596, establece que cuando existe riesgo de contaminación de acuíferos estratégicos, “se impone la aplicación del principio precautorio (…) a fin de evitar o suspender cualquier actividad”. Igualmente, la Sala ha reiterado que plantas de tratamiento, estudios parciales o condicionamientos procedimentales no sustituyen el deber material de precaución. La Matriz de Nombre99516 exige, para zonas de protección absoluta como la Zona 6, prohibiciones de urbanizaciones de alta densidad, fraccionamientos y movimientos de tierra, además de evaluaciones hidrogeológicas exhaustivas. Sin embargo, los acuerdos del AyA de 2011 introdujeron un umbral genérico de 20 % de impermeabilización por hectárea, autorizaron remoción, corte y relleno mediante simples estudios y PGA, y crearon la figura de “viviendas por crecimiento vegetativo”, medidas que —según la ciencia hidrogeológica— favorecen la infiltración de contaminantes, aumentan el escurrimiento superficial y aceleran la contaminación del acuífero. Esta inseguridad hídrica impacta de forma diferenciada a la población afrodescendiente de Limón, la cual constituye un pueblo tribal protegido por el Convenio 169 de la OIT. El artículo 6 de dicho Convenio obliga a una consulta previa, libre e informada cuando se adopten medidas susceptibles de afectar sus tierras, recursos y modos de vida. El artículo 7 reconoce su derecho a definir prioridades de desarrollo, y el artículo 15 consagra el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales. Ninguna de estas garantías fue respetada: ni el AyA ni la Municipalidad de Limón realizaron procesos de consulta antes de aprobar los acuerdos de 2007 y 2011 o el Plan Regulador que reduce al mínimo la protección de la Zona 6. Desde la perspectiva ambiental y de derechos humanos, esta omisión es grave. Los humedales y bosques costeros —identificados por el Tribunal Ambiental Administrativo y las series históricas de cobertura— cumplen funciones ecológicas esenciales: recarga del acuífero, filtración natural de contaminantes, control de intrusión salina y protección contra inundaciones. La eliminación o fragmentación de estos ecosistemas aumenta el riesgo de salinización y de contaminación química y bacteriológica del agua, afectando directamente el derecho humano al agua potable y el bienestar cultural y espiritual de las comunidades afrocaribeñas, cuyos lazos con el mar, los ríos y los humedales forman parte de su patrimonio inmaterial. Además, el AyA incumplió su propio Por Tanto Sexto del Acuerdo 2007-177, que le ordenaba solicitar al Poder Ejecutivo un decreto de protección con delimitación oficial de las zonas de recarga. Al no publicarse ese decreto, la delimitación de la Zona 6 nunca adquirió fuerza vinculante, dejando un vacío normativo que el Plan Regulador de Limón aprovechó para asignar usos residenciales y turísticos en un territorio que debía ser de protección absoluta. Esta negligencia contradice los artículos 11 y 50 de la Constitución, que imponen el deber de coordinación interinstitucional y de garantía de un ambiente sano. En síntesis, la inseguridad frente a la contaminación del acuífero Nombre52121 tiene una doble dimensión: (1) Ecológica e hídrica: la reducción drástica de cobertura boscosa y de humedales, la impermeabilización y los movimientos de tierra autorizados, y la falta de control en las viviendas dispersas crean un escenario de alto riesgo de contaminación irreversible. (2) Étnica y cultural: la afectación directa al acceso y calidad del agua, a los ecosistemas costeros y a las prácticas culturales de la población afrodescendiente de Limón, sin consulta previa, viola el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia interamericana. Por estas razones, la protección estricta e inmediata de la Zona 6 no es solo un deber ambiental, sino una obligación de derechos humanos de carácter constitucional e internacional, que el Estado costarricense debe cumplir de forma urgente para salvaguardar el derecho al agua y a un ambiente sano de las comunidades afrocaribeñas VI.FUNDAMENTOS DE DERECHO (NORMAS INFRINGIDAS Y JURISPRUDENCIA APLICABLE) Constitución Política, artículo 50: consagra el derecho fundamental de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado e impone al Estado el deber de garantizarlo, prevenir la contaminación y reparar los daños. Su infracción es directa cuando la Administración habilita usos que incrementan el riesgo de contaminación de un acuífero de alta vulnerabilidad, soslayando la aplicación de la Matriz de Nombre99516 y prescindiendo de estudios exhaustivos. Artículo 11: vincula a toda Administración al principio de legalidad, prohibiendo el ejercicio discrecional contrario a normas técnicas obligatorias o a jurisprudencia vinculante. Artículo 7: reconoce la jerarquía supralegal de los tratados de derechos humanos (derecho humano al agua) y, por extensión interpretativa, robustece el deber de prevención y precaución en materia ambiental. Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículos 25 y ss.: habilitan el amparo frente a violaciones de derechos fundamentales causadas por actos u omisiones de la Administración; el artículo 71 tipifica el delito de desobediencia por incumplir órdenes de la Sala. Ley Orgánica del Ambiente, artículos 2, 17 y 99: establecen el deber de tutela preventiva de los recursos hídricos y de las zonas de recarga, consagran la necesidad de evaluación de impacto y de coordinación interinstitucional, y facultan a exigir medidas y a sancionar el incumplimiento. Estos preceptos, al ser soslayados por acuerdos administrativos y por un plan regulador local, se tienen por infringidos en forma comprobada cuando se evidencia que no se han integrado las restricciones de la Matriz ni se han exigido los estudios que ella impone en zonas de alta vulnerabilidad. Jurisprudencia de la Sala Constitucional —votos 2008‑004790 y 2011‑014596—: la Sala elevó a parámetro constitucional operativo la Matriz de Nombre99516 y el principio precautorio, anulando permisos donde no se exigieron evaluaciones integrales y ordenando la paralización de obras. En palabras del voto 2011‑014596: “se impone la aplicación del principio precautorio a fin de evitar o suspender cualquier actividad que pueda incidir negativamente en la gestión sostenible de los recursos hídricos de la zona y, por consiguiente, en el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, y añadió que la regeneración de los acuíferos puede ser “extraordinariamente lenta e incluso irreversible”. Del voto 2008‑004790 retomo la cita medular ya transcrita: “no se permiten Urbanizaciones de alta densidad, tampoco fraccionamiento, lotificaciones o segregaciones agropecuarias (…)” y “debe realizarse evaluaciones exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas, hidrológicas y estudios de impacto ambiental (…)”. La ratio decidendi de ambos pronunciamientos es diáfana: en zonas de alta vulnerabilidad, las autoridades deben abstenerse de autorizar proyectos que aumenten la impermeabilización o perturben el suelo si no existen, antes, estudios completos aprobados por Nombre99516 y AyA y normativa local que refleje fielmente la Matriz. Además, como norma de rango supraconstitucional el Convenio 169 de la OIT obliga a reconocer los derechos humanos de la población afrodescendiente con prevalencia ante la normativa interna. VII. AFECTACIÓN CONCRETA DE DERECHOS FUNDAMENTALES Las cláusulas flexibilizadoras del Acuerdo 2011‑112 y la omisión del Plan Regulador de Limón no son cuestiones abstractas: se proyectan en el riesgo cierto de degradación del acuífero Moín, fuente estratégica de abastecimiento humano. En un sistema kárstico con tiempos de tránsito cortos, la combinación de mayor impermeabilización, movimientos de tierra y dispersión habitacional sin controles técnicos robustos multiplica la probabilidad de ingreso de bacterias, nutrientes, hidrocarburos y metales pesados al agua subterránea, con afectación directa del derecho al agua potable, a la salud y al ambiente sano. La Sala lo ha dicho con claridad: ante peligro serio, la respuesta constitucional es la precaución y, de ser necesario, la paralización de actividades hasta contar con evaluaciones integrales y avales técnicos interinstitucionales. VIII. MEDIDAS URGENTES (CAUTELARES) SOLICITADAS Con fundamento en los artículos 50 de la Constitución y 25 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, solicito como medida cautelar la inmediata suspensión de: (i) todo permiso de construcción, fraccionamiento, cambio de uso o movimiento de tierra en la Dirección6573; y (ii) toda autorización administrativa sustentada en las disposiciones impugnadas del Acuerdo 2011‑112 y del Plan Regulador de Limón; todo ello hasta que se dicte sentencia y, en su caso, se cumplan íntegramente los estudios y la adecuación normativa ordenada por la Sala. IX. PETITORIA DETALLADA (NULIDADES Y ÓRDENES) Por lo expuesto, respetuosamente solicito a la Honorable Sala Constitucional: (1) Declarar con lugar el presente recurso de amparo. (2) Declarar la NULIDAD, por inconstitucionalidad material, formal Y POR VIOLACIÓN DEL CONVENIO 169 DE LA OIT, de las siguientes disposiciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA): (2.1) Del Acuerdo de Junta Directiva N.° 2011‑112, en cuanto: (a) establece un umbral uniforme de impermeabilización del 20 % de la superficie por hectárea “para toda actividad” en la Dirección2942; (b) autoriza “remoción, corte y relleno de materiales” o movimientos de tierra en la Zona 6 mediante estudio hidrogeológico y PGA; (c) admite “construcciones de viviendas por crecimiento vegetativo” en la Zona 6 sin parámetros de densidad, cartografía de impermeabilización ni verificación de impacto nulo; y (d) contiene cláusulas abiertas que permiten “dictaminar otras actividades” en la Zona 6 sin base reglamentaria estricta y sin sujeción al principio precautorio. (2.2) Del Acuerdo N.° 2007‑177, en cuanto se interprete o aplique de modo que permita usos incompatibles con la protección absoluta definida para la Zona 6. (3) Declarar la NULIDAD PARCIAL del Plan Regulador de Limón en cuanto: (a) omite incorporar la delimitación cartográfica y el régimen de protección absoluta de la Zona 6 del acuífero Nombre52121 conforme a la Matriz de SENARA; (b) permite o tolera usos residenciales, fraccionamientos, movimientos de tierra o incrementos de impermeabilización en dicha zona 6 sin exigir Evaluación de Impacto Ambiental y estudios hidrogeológicos, hidráulicos e hidrológicos previos aprobados por Nombre99516 y AyA; y (c) omite la coordinación interinstitucional obligatoria en materia de tutela del acuífero y la aplicación del principio precautorio. (4) ORDENAR al AyA, al SENARA, al MINAE y a la Municipalidad de Limón que, en el plazo máximo de SEIS (6) meses, adopten las siguientes medidas estructurales: (4.a) emitir el DECRETO EJECUTIVO de protección de las fuentes de Nombre52121 y de la Zona 6, con coordenadas oficiales, régimen de protección absoluta y remisión expresa a la Matriz de SENARA; (4.b) elaborar e implementar un INVENTARIO PÚBLICO y actualizado de actividades con sustancias peligrosas en la Zona 6; (4.c) adoptar un PROTOCOLO ESPECÍFICO de emergencias y contingencias para la recarga kárstica de Moín; (4.d) establecer un SISTEMA DE MONITOREO periódico (calidad de aguas, nitratos, conductividad, bacteriología) con publicación de resultados y mecanismos de alerta temprana; y (4.e) adecuar íntegramente el Plan Regulador de Limón a la Matriz de Nombre99516 y a la jurisprudencia constitucional, incorporando la Zona 6 como área de protección absoluta. (5) ORDENAR la INMEDIATA SUSPENSIÓN de cualquier permiso de construcción, fraccionamiento, cambio de uso o movimiento de tierra en la Zona 6 hasta el pleno cumplimiento de los extremos anteriores, bajo apercibimiento del artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (delito de desobediencia). (6) Que todos los recurridos violentaron el principio Constitucional de coordinación administrativa en temas de protección de acuíferos ya reas de recarga acuífera, al permitir normativas regresivas y la invisibilización de la zona 6 en el plan regulador de Limón y en la disminución de protección en los acuerdos de Junta Directiva del ICAA. (8) CONDENAR en costas y daños según corresponda, de conformidad con los artículos 48 de la Constitución Política y 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…)”.

2.- Por resolución de las 08:19 hrs. de 1° de octubre de 2025, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.

 3.- Mediante memorial aportado a la Sala el 6 de octubre de 2025, María Alejandra Mora Segura, en su condición de Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) A) RESPUESTA A LOS HECHOS PRIMERO: Aplicación de la Matriz de Nombre99516 ¿Cómo se ha aplicado la Matriz de Criterios de Uso del Suelo de Nombre99516 en la Dirección6573? ¿Qué criterios técnicos justifican el umbral uniforme del 20% de impermeabilización por hectárea “para toda actividad”? Es necesario tener presente que mediante voto No. 2008-004790, de las doce horas con treinta y nueve minutos del veintisiete de marzo del dos mil ocho y el Voto No. 2008- 010372 de las diecisiete horas treinta y siete minutos del diecinueve de junio del dos mil ocho; ambos de la Sala Constitucional de la CSJ, se ordenó la aplicación de la "Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, emitida por la Junta Directiva de Nombre99516 en sesión del 26 de setiembre del 2006, estas decisiones de la Sala Constitucional generaron la necesidad de actualizar el Acuerdo 2007-177, para que las actividades y consideraciones de su realización fuesen coincidentes con dicha Matriz. Con ocasión de dicho mandato, la Gerencia General del AyA, convocó la realización del Taller llevado a cabo el 9 de marzo 2011, con el fin de adicionar y aclarar el Acuerdo 2007-177, de manera que el administrado tenga certeza de las actividades que puede realizar, dando como resultado la propuesta que fuera presentada a la Junta Directiva mediante oficio SGG-2011-520. Es la Junta Directiva del Instituto, la que tomó el Acuerdo 2011-112 que a su vez modificó el Acuerdo 2007-177, únicamente en su Por Tanto Segundo, respecto a la enumeración de recomendaciones de regulación de uso del suelo de la Zona 6, con los siguientes lineamientos de restricción y en aplicación de la “Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico”, emitida por la Junta Directiva de Nombre99516 en sesión del 26 de setiembre del 2006. Los parámetros de consulta fueron determinados por el SENARA, no por el AyA, quien acató el mandato de aplicación de la Sala Constitucional, nótese que según consta en dicha Matriz elaborada por el SENARA, se indica que el crecimiento habitacional se recomienda que sea de densidades iguales o inferiores a una unidad habitacional por cada 1 000 metros cuadrados. En relación a la MATRIZ DE CRITERIOS DE USO DEL SUELO SEGÚN LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO del SENARA, lo que hace el AyA es trasladar los mismos criterios de valoración que se enlistan en el nivel de vulnerabilidad que se indican en dicha Matriz para la categoría anteriormente definida en el Acuerdo 2007-177, para la zona 6 (por orden de la Sala Constitucional, según se citó anteriormente), es decir, el Instituto de ninguna manera subjetiva, implementa los usos que se recomiendan y los ajustes de propuestas de diseño que se sometan a valoración, no sólo los propios sino de las demás Instituciones Competentes en la materia de aprobación de actividades. De conformidad con la publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta, Alcance No. 245 del día 12 de octubre del 2017, el señor Nombre35146 realiza una interpretación subjetiva errónea del manejo de la Matriz, en aplicación del Estudio Técnico realizado por el AyA que fundamenta el Acuerdo 2007-177 y que se aplica en conjunto con el 2011-112, la Zona 6 se clasificó en vulnerabilidad alta según el estudio técnico realizado por el AyA, no en extrema, por lo que para actividades nuevas, corresponde el color naranja y no el rojo (Figura 1) (…) Nótese, que el Estudio Técnico que sustenta el Acuerdo 2011-112, sigue siendo el mismo en que se fundamentó el Acuerdo 2007-177 y lo anterior se plasma en el Por tanto 7º que indica: “En todo lo demás se mantiene vigente lo dictaminado en el Acuerdo de Junta Directiva 2007-177”. Todo lo anterior, comprueba una interpretación subjetiva del señor Nombre35146, que realiza una petición de forma errónea al indicar que no hay un sustento en ciencia y técnica. De igual manera, ya el Juzgado Contencioso Administrativo, mediante resolución Nº47- 2023-V, TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN QUINTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las 08:30 horas del 08 de junio del 2023 y la Sala Constitucional mediante Voto Exp: 22-008354-OÜ07-CO Res. No. 2024001523. San José, a las trece horas y treinta y dos minutos de diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, confirmaron la validez de los Acuerdos 2007-177 y 2011-112, su objetivación en ciencia y técnica. Asimismo, de manera reiterada la Gerencia General mediante oficio GG-2024-01923 dio respuesta a una anterior consulta Identificacion82 del Sr. Nombre35146, trasladando el informe de la Comisión Moín, que atendió el tema de fondo de la validez de los Acuerdos 2011-112 y 2007-177 y donde se cita que: “…los Acuerdos de Junta Directiva del AyA 2007-177 y 2011-122, son actos administrativos que como tal están compuestos de un motivo, un contenido y un fin que en definitiva consagra la existencia o no del servicio de agua potable y/o alcantarillado sanitario, en una propiedad determinada, previa constatación por medio de estudios técnicos, de la existencia de sistemas, capacidad hídrica y no vulnerabilidad ambiental, evitar la escasez y degradación de las condiciones naturales del recurso hídrico así como la recomendación de implementación de usos tendientes a la protección del acuífero, recomendaciones que como se indicó, deben ser materializadas, valoradas e implementadas por los entes competentes…”. Este documento fue trasladado al Sr. Nombre35146 por la Junta Directiva del AyA mediante nota JD-2024-00516. Este umbral de 20% respecto al cual se formula la pregunta del interesado, se fundamenta en criterios técnicos derivados de la matriz de valoración hidrogeológica emitida por el SENARA. SEGUNDO: Autorización de Movimientos de Tierra ¿Por qué se permite la remoción, corte y relleno de materiales en Dirección2942 bajo estudio hidrogeológico y Plan de Gestión Ambiental (PGA)? ¿Cómo se garantiza que estas actividades no comprometen la recarga del acuífero? La interpretación que realiza el actor del recurso de amparo respecto a los Acuerdos 2007-177 y 2011-112 de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) es jurídicamente incorrecta, en tanto atribuye a dichos acuerdos una autorización automática para realizar actividades de remoción, corte y relleno de materiales en la Zona 6 del Acuífero Moín, siempre que se cuente con un estudio hidrogeológico y un Plan de Gestión Ambiental (PGA). Sin embargo, lo que establecen los acuerdos citados es que la existencia de tales instrumentos técnicos constituye un requisito previo y necesario para que las instituciones competentes puedan valorar, con base en criterios científicos y técnicos, la viabilidad de cualquier intervención en dicha zona. Es decir, los acuerdos no otorgan por sí mismos una autorización para ejecutar obras o actividades que puedan afectar la integridad del acuífero, sino que condicionan cualquier posible autorización a la existencia de estudios que permitan a las autoridades competentes tomar decisiones informadas, conforme al principio precautorio y al marco normativo ambiental vigente. Esta interpretación es coherente con el régimen de protección especial que rige sobre la Zona 6, cuyo objetivo es garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y prevenir impactos negativos sobre el acuífero, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Aguas, y la normativa técnica del AyA. Además, cualquier autorización está sujeta al cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Aguas, el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, y los lineamientos técnicos del AyA, Nombre3763 y SENARA. Por tanto, la garantía de protección del acuífero no se presume por la existencia de estudios, sino que se construye a partir de un proceso riguroso de evaluación técnica, fiscalización institucional y aplicación normativa, que puede concluir en la autorización, modificación o denegatoria de las actividades propuestas. TERCERO: Construcción por Crecimiento Vegetativo ¿Cuál es la metodología utilizada para determinar el crecimiento vegetativo permitido en Zona 6? ¿Existen parámetros de densidad, cartografía de impermeabilización y verificación técnica de impacto nulo? En el contexto del AyA y la Zona 6 del Acuífero Moín, el crecimiento vegetativo se refiere a: “El aumento natural de la demanda de servicios de agua potable y saneamiento, generado por el crecimiento poblacional en zonas ya urbanizadas, sin que medie un desarrollo inmobiliario nuevo o ampliación significativa de infraestructura.” Particularmente, tal y como se menciona en el oficio GSP-RHC-L-2025-01379, denominado “Control de Crecimiento Vegetativo dentro de la Zona 06, Acuerdo de Junta Directiva del AyA 2011-112"; el Lic Jairo Ching Sarmiento Jefe Cantonal de la Oficina del AyA en Limón, explica cómo se influye desde la dotación de servicios individuales otorgados por AyA, para que el crecimiento de los usuarios dentro de la zona 06, sea congruente con el crecimiento vegetativo. Estos casos corresponden a solicitudes individuales de predios que tienen acceso frente a calle pública y que cuentan con tubería de abastecimiento de agua potable frente a sus propiedades. En estos casos se establecen dos condiciones: a) Predios titulados antes de la vigencia del Acuerdo de Junta Directiva de AyA 2011-112: Dado el principio de irretroactividad de la ley, no se verifica la dimensión de las propiedades individuales que solicitan la disponibilidad de agua para la construcción de una vivienda, únicamente se verifica en campo que solo existe una familia por terreno, recomendando a la instancia competente no otorgar permisos de construcción para otra casa y solo contemplando un único servicio por predio. Este aspecto trata de considerar una densidad poblacional de 3.4 personas por predio, basado en un factor de hacinamiento del Acueducto de Limón. b) Solicitudes de segregación de terreno posteriores a la vigencia del Acuerdo de Junta Directiva de AyA 2011-112 o solicitudes de construcción de edificaciones en predios titulados, posteriormente a la vigencia del Acuerdo de Junta Directiva de AyA 2011-112: En estos casos se verifica que el terreno tiene un área mayor o igual a 1000 m2, emitiendo la recomendación a la instancia competente de denegar cualquier solicitud de segregación que indique una medida menor a la indicada. Se verifica el porcentaje de impermeabilización, al realizar el análisis del área constructiva tramitada respecto al área real y constatando las condiciones del predio mediante una visita de campo. Finalmente, en aplicación de la matriz de Nombre99516 corroborar la densidad, para resolver el otorgamiento de una sola paja de agua por predio. Como ejemplos de las gestiones realizadas según lo indicado, se adjuntan los Oficios SIGDD-2025-00003680-1-1-1 y SIGDD-2025-00008621-1-2-1, donde recientemente se han denegado disponibilidades de agua por no cumplir con el tamaño mínimo de 1000 m2 o por incumplir el porcentaje de impermeabilización del 20% para terrenos que fueron titulados posterior a la vigencia del Acuerdo de Junta Directiva. Este abordaje ha permitido controlar las segregaciones o lotificaciones de terreno frente a calle pública existente, donde al ubicarse este tipo de desarrollos, sin contar con la debida tramitología, se denuncian estas irregularidades a la Municipalidad de Limón. Como evidencia de lo indicado se adjunta el Oficio GSP-RHC-L-2016-03462 suscrito por el Jefe Cantonal de Limón en ese momento el Lic. Luis Arturo Bonilla, dirigido al Alcalde Municipal Néstor Mattis Williams y se realiza el siguiente extracto de ese documento (…) La recomendación del lote mínimo a segregar de 1000 m2 por una unidad habitacional, viene dada dentro del propio Acuerdo de Junta Directiva y en concordancia con lo establecido en la Matriz de Uso del Suelo de SENARA, siendo que en el caso de estas calles públicas existentes, se contará a futuro con la red de alcantarillado sanitario que debe construirse en el marco del Proyecto de Alcantarillado Sanitario del Acuífero Moín. Respecto a la efectividad de este control se debe mencionar que según los datos del AyA dentro de la Dirección6575, la cantidad de servicios era de 1406, en el o 2012 al 2024 eran de 1565, con lo que se tiene un crecimiento anual promedio de 1 %, siendo este dato inferior al 1.5% del crecimiento de la población del país en ese mismo periodo; lo que refleja que las medidas adoptadas, han sido efectivas con el fin de desacelerar la ocupación de la Dirección2942 producto del denominado Crecimiento Vegetativo. CUARTO: Inventario de Sustancias Peligrosas ¿Dispone el AyA de un inventario exhaustivo y actualizado de establecimientos con sustancias peligrosas en Dirección2942? El AyA, revisa y emite criterios técnicos en aquellos casos que las instancias competencias realizan consulta sobre las actividades que se pretenden desarrollar en la Zona 6, así como en aquellos casos que ameriten, se realizan inspecciones técnicas en compañía con los entes competentes (SINAC, Municipalidad, Ministerio de Salud, etc). Asimismo, realiza las prevenciones en los casos en que administrados solicitan los servicios de dotación de agua potable o de sistemas de tratamiento en la Zona 6, para lo cual genera las recomendaciones respectivas, no obstante, no es el ente que autoriza la actividad final. Por lo cual, de conformidad con las competencias, le corresponde al Ministerio de Salud como ente responsable de aprobar el manejo de estas sustancias, mantener un inventario exhaustivo y actualizado de establecimientos en la Zona 6. QUINTO: Condiciones hidrogeológicas (sistema kárstico). ¿Por qué se aplica un protocolo genérico (GTE 105 01 P) en lugar de uno específico para la recarga kárstica de Moín? La aplicación del procedimiento GTE-105-01-P “Atención de la afectación en la continuidad del servicio por amenazas y desastres” por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) responde a un marco técnico y normativo que regula la atención de eventos que puedan comprometer la continuidad del servicio de agua potable y saneamiento en cualquier parte del país, incluyendo zonas de alta vulnerabilidad hidrogeológica como la Zona 6 del Acuífero Nombre52121. Este protocolo no es genérico en el sentido de ser indiferenciado, sino que está diseñado para ser flexible, escalable y aplicable a distintos tipos de afectación, incluyendo aquellas que se presentan en contextos de recarga kárstica, como es el caso de Nombre52121. El protocolo establece procedimientos específicos para la detección, valoración, respuesta y recuperación ante eventos que afecten la calidad o cantidad del recurso hídrico, y contempla la activación de subprocesos técnicos como el GTE-105-01-I4, que atiende casos de afectación directa al recurso hídrico, y el GTE-105-01-I5, que regula la atención de eventos de contaminación. Además, incorpora mecanismos de coordinación con otras instituciones como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), conforme a la Ley N.º 8488, y con el Ministerio de Salud, autoridad competente en materia de vigilancia sanitaria del agua, así como con el MINAE y el SENARA, en lo relativo a la protección ambiental y la gestión de acuíferos. La Zona 6, por su condición de recarga kárstica, requiere una atención técnica especializada, pero esto no implica la necesidad de un protocolo exclusivo, sino la aplicación rigurosa de los procedimientos, que incluyen inspecciones hidrogeológicas, análisis de calidad del agua, activación de centros de mando, y coordinación interinstitucional para la toma de decisiones. El procedimiento interno de Gestión de Calidad GTE-105-01-P contempla precisamente esta articulación, permitiendo que el AyA actúe conforme a su competencia como operador del servicio, sin invadir funciones que corresponden a otras entidades del Estado. Por tanto, la solicitud del amparado para que se adopte un protocolo específico para la recarga kárstica de Nombre52121 no se justifica, ya que el procedimiento vigente contempla mecanismos técnicos y operativos suficientes para atender afectaciones en zonas de alta sensibilidad según sus características hidrogeológicas. La gestión del riesgo en estas zonas se realiza mediante la aplicación de los protocolos existentes, la activación de procedimientos complementarios y la coordinación con las autoridades competentes, garantizando así una respuesta eficaz, legalmente sustentada y técnicamente adecuada. ¿Existe un protocolo especializado para dolinas, fisuras y tiempos de tránsito cortos de contaminantes? Debido a una gestión del Instituto respecto a las Dolinas, que mediante Resolución N° 2057-2024-SETENA, el Ministerio de Ambiente y Energía y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, a las 12 horas 09 minutos del 26 de noviembre del 2024, Expediente administrativo N.º D1-0106-2019-STENA, estableció por primera vez en Costa Rica un antecedente normativo claro sobre la protección de dolinas, fisuras y tiempos de tránsito en comunicación subterránea al acuífero, específicamente el acuífero Moín. A raíz de una denuncia ambiental, Nombre3763 realizó una inspección técnica y determinó que el proyecto había intervenido una dolina ubicada dentro del área de influencia del acuífero, sin haberla identificado, ni valorado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) inicial ni en sus modificaciones. Nombre3763 concluyó que las dolinas son estructuras fundamentales para la recarga hídrica y que, aunque no exista una legislación nacional que establezca zonas de retiro específicas para ellas, esto no otorga derecho a afectarlas o eliminarlas. La resolución reconoce que las dolinas funcionan como ventanas del acuífero y que su alteración puede comprometer el abastecimiento de agua potable para miles de personas en Limón. Además, se señala que el desarrollador tenía conocimiento previo de la existencia de estas estructuras, lo cual agrava la omisión. Como resultado, Nombre3763 clasificó la afectación como una falta gravísima según el artículo 87 del Decreto Ejecutivo N° 43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC-MS y ordenó la presentación de un plan remedial para mitigar los impactos sobre la dolina afectada, el cual debe ser aprobado por el AyA. También se establece que cualquier obra que implique movimientos de tierra superiores a 1000 m³, especialmente en zonas vulnerables como las dolinas, requiere evaluación ambiental previa, textualmente cita además: “En apego al principio precautorio y al magno derecho constitucional plasmado en el artículo N.º 50 de la Constitución Política, que indica que “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, siendo para el presente caso que la razón prevalece y de previo a continuar con el proyecto se debe: a. Respetar un área de amortiguación a las zonas de dolina de 10 metros a partir de los límites de las mismas esto con el objetivo de evitar que sedimentos o fuentes contaminantes provenientes de las actividades de proyecto afecten la captación de agua potable.” (lo resaltado en negrita no es del original) Este caso marca un precedente en la normativa ambiental costarricense, al reconocer explícitamente la importancia de las dolinas en la protección del recurso hídrico subterráneo y al exigir su identificación, valoración, retiros y protección dentro de los procesos de evaluación ambiental. La anterior decisión la fundamenta además en la siguiente normativa: 1. Ley de Biodiversidad N°7788 Artículo 11, inciso 2 ("Indubio pro natura"): Establece que ante la ausencia de certeza científica, debe prevalecer la protección de la biodiversidad. Este principio se aplica ante la falta de legislación específica sobre zonas de retiro para dolinas. 2. Ley Orgánica del Ambiente N°7554 Artículo 99: Se menciona como base para la anulación automática de la Viabilidad Ambiental (VLA) en caso de incumplimiento grave. Artículos 2 y 20: Referidos como violentados al afectar elementos esenciales del ambiente sin evaluación adecuada. 3. Constitución Política de Costa Rica Artículo 50: En el Derecho de todas las personas a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, considerando vulnerado por las obras que afectan dolinas sin evaluación ambiental. 4. Acuerdos de Junta Directiva del AyA Acuerdo N°2011-112: Que oficializa la delimitación de la Zona 6 del Acuífero Nombre52121 y establece restricciones para impermeabilización y protección de dolinas. Acuerdo N°2007-107: Que complementa la delimitación y criterios técnicos para la protección del acuífero. SEXTO: Publicación del Decreto de Protección ¿Por qué no se ha solicitado al Poder Ejecutivo la publicación del decreto de protección de la Zona 6, como lo ordena el Acuerdo 2007-177? ¿Qué acciones ha tomado el AyA para oficializar los límites de la Zona 6? Respecto a estas interrogantes, la Junta Directiva del AyA, tiene en trámite la atención de respuesta a la solicitud formulada mediante oficio AEL-00310-2025, que debido a la falta de integración de Junta Directiva ha dilatado la comunicación final al interesado. El Acuerdo 2007-177 indicó en su Por tanto SEXTO: “Se solicitará al poder ejecutivo que se promulgue un decreto con miras a la protección de las fuentes de Moín; así como las limitaciones de uso del suelo que aseguren la conservación y el mejoramiento de las condiciones ambientales en las otras zonas del Acuífero de Moín; en concordancia con el “Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero de Moín, Limón” y las recomendaciones de uso del suelo.”; el Acuerdo 2007-177 fue debidamente publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 83 del miércoles 2 de mayo del 2007, por lo que oficialmente el Poder Ejecutivo fue puesto en conocimiento desde dicha fecha, siendo los Ministerios Rectores a quienes les correspondía la valoración y determinación de su procedencia, no puede una institución autónoma imponer al Poder Ejecutivo la emisión de dicho mecanismo jurídico. De igual forma, esa oficialización del Acuerdo 2011-112 el día 02 de mayo del 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 83 puso en conocimiento general los límites de la Zona 6. Con ocasión de consulta de la Viceministra de Calidad Ambiental y Agua (oficio DVMCAA-309-2009) adjuntando el informe PRE-D-AA-2009-1121 y el Proyecto de Decreto que se tenía avanzado hasta ese momento; mediante oficio SGG-2009-1466 del 13 de octubre del 2009, la Gerencia del AyA le comunicó a la Presidencia Ejecutiva que en atención a la comunicación de oficio IMN-DA-551-2009 del 22 de febrero del 2009 (que anexa a su vez el Criterio Legal IMN-DA-415-2009), dicho ministerio luego del análisis del voto de la Sala Constitucional 2008-004751, decidió “comunicar oportunamente para retomar y estudiar lo que respecta a las zonas de reserva acuífera”. Desde esa fecha al AyA no se le volvió a realizar convocatoria a reuniones, hasta la correspondiente para analizar en conjunto con otras instituciones lo que es hoy el Decreto N° 42015-MAG -MINAE-S- MIVAH (Coordinación Interinstitucional para la protección de Acuíferos). La emisión de un Decreto específico según lo solicitado por AyA no resultó procedente en resumen por 2 factores: El primero la decisión de la Sala Constitucional en el reconocimiento de que los dictámenes del AyA y Nombre99516 son vinculantes y deben ser aplicados por los gobiernos locales (Votos 2008004790 y 2008-010372); de importancia la Resolución 2008-004751 de la Sala Constitucional (expediente 06-015593-0007-CO) donde se reconoce que la zona donde ocurrió el incidente de contaminación estaba declarada como zona de protección de nacientes desde 1980 (Acuerdo 80-121 del AyA), recomendando la prohibición de actividades de alto riesgo, como el almacenamiento de químicos e identificando que los acuerdos técnicos del AyA y Nombre99516 son vinculantes para las autoridades administrativas, incluyendo las Municipalidades. Esto significa que no pueden ser ignorados ni modificados discrecionalmente. Segundo: La decisión de parte de los Ministerios Rectores de contar con una herramienta general que permitiera incorporar todas las declaratorias de zonas estratégicas, de vulnerabilidad, la definición de competencias de cada institución y el mecanismo de oficialización, por ello, es que nace a la vida jurídica el Decreto de Coordinación Interinstitucional para la protección de acuíferos ( N° 42015-MAG - MINAE-S- MIVAH). En aplicación del principio de economía administrativa, la finalidad de rango vinculante que ya se había atendido con las Resoluciones de la Sala Constitucional citadas, se determinó que era innecesaria la emisión de un Decreto Especifico para cada caso particular, y hoy en día se cuenta con la Herramienta del Reglamento para la protección de los recursos hídricos subterráneos e inclusive superficial. En este sentido, nótese lo normado en el Decreto N° 42015-MAG -MINAE-S- MIVAH, que fue publicado en el Alcance N.º 237 a la Gaceta N.º 203 del: 25 de octubre del 2019. “Artículo 31.- Identificación de Zonas de Recarga Acuífera El MINAE, el Nombre99516 y el AyA, podrán realizar la identificación y delimitación de Zonas de Recarga Acuífera, generando insumos que brindarán sustento técnico para la toma de decisiones cuando una AOP incida en un acuífero, así como para la planificación territorial. Una vez revisada la identificación por la CTI, se procederá a oficializar las zonas de recarga acuífera, mediante la publicación en el SINIGIRH” “Transitorio IV.- Plazo para publicación de información hídrica en el SINIGIRH Dentro de los siguientes seis meses a partir de la publicación del presente Reglamento, las instituciones del Estado que posean información en materia de recursos hídricos deberán suministrar a la Dirección de Aguas con el fin de que sea publicada en el SINIGIRH.” Las zonas delimitadas en los Acuerdos 2007-177 y 2011-112, se coordinaron con MIDEPLAN dentro del marco de la Comisión encargada de la creación del Decreto, en las sesiones de trabajo desde el año 2019 para su localización en la plataforma oficial SINIGIRH, que se oficializó mediante la publicación en el Alcance N.º 237 a la Gaceta N.º 203 del 25 de octubre del 2019 y se verificó su incorporación mediante oficio UENGA-2024-01903, por lo que la Municipalidad correspondiente y las demás Instituciones competentes en resolver en definitiva, tienen la obligación de incorporar dichas consideraciones técnicas en el análisis que se les someta a autorización. SETIMO: Coordinación Interinstitucional ¿Qué gestiones ha realizado el AyA para coordinar con la Municipalidad de Limón, INVU, SENARA, ¿SETENA y MINAE la incorporación de la Dirección2942 como área de protección absoluta? ¿Se ha notificado formalmente a estas instituciones sobre la delimitación y régimen de protección? Esta consulta se había atendido mediante oficio GG-2024-01923, en respuesta a la nota que envió el señor Marco Levi con el número AEL-00127-2024, de nuevo mediante informe de respuesta oficio UEN-GA-2025-00353 a la consulta AEL-00297-2024 y nuevamente mediante oficio UEN-GA-2025-00354 en respuesta a la consulta AEL 00302 2024. Desde el 6 de noviembre de 2012, mediante oficio PRE-1426-2012, se comunicó formalmente los alcances de los acuerdos 2007-0177 y 2011-112 a la Nombre3763 y a la Municipalidad de Limón. A continuación, se detallan algunas acciones por parte del AyA: Mediante oficio RHA-OM-2013-0666 dirigido a Nombre35146 se enlistaron las intervenciones en conjunto con estas otras instancias. El Acuerdo 80-121 de la sesión 80-028 de la Junta Directiva del AyA, fue derogado por el Acuerdo 2007-177 publicado en la Gaceta N° 83, del miércoles 2 de mayo del 2007 y este a su vez fue modificado parcialmente por el acuerdo de Junta Directiva No. 2011- 112, emitido en fecha 07 de abril y el requisito de la comunicación se realizó el día 02 de mayo del 2011, en el Diario Oficial La Gaceta No. 83. Lo anterior fue debidamente comunicado al Gobierno Local mediante oficio PRE-1426-2012, con la finalidad de que contara con la última versión y esta fuera incorporada en el Plan Regulador. A manera de recordatorio, se remitieron por parte de la Comisión Nombre52121 los siguientes oficios N° UEN – GA – 2018 – 00322 con fecha marzo de 2018, UEN – GA – 2018 – 00556 con fecha abril de 2018, UEN – GA – 2018 – 01827, con fecha octubre de 2018 y UEN – GA – 2018 – 1975, con fecha noviembre de 2018 dirigidos al Gobierno Local y al Ministerio de Salud. (Dentro de la notificación de AyA a otras instancias se tienen los documentos enviados por doña Yessenia Calderón a Nombre3763 y a la Municipalidad de Limón desde el año 2012 – entonces presidente ejecutiva del AyA. Ambos oficios tienen el mismo consecutivo (PRE1426-2012 y cuenta con el sello de recibido). De manera reciente, con ocasión de la respuesta al Expediente 22-008354-0007-CO, en Minuta SINAC-ACLAC-DAP-022-2022 por parte de la Municipalidad (Alba Ortiz Rezo) se indicó “...que de momento no es oportuno la presentación de lo avanzado con el plan regulador, debido a que se mantiene en un estado de documento borrador, e indica que se realizará la valoración para cuando se tenga un producto más avanzado...” En la sesión de la fecha 19 de junio de 2019, lo que se expuso por parte de los funcionarios del AyA, fueron los alcances de los Acuerdos de Junta Directiva 2007177 y 2011-112, el objetivo no era definir una comisión para atender el Plan Regulador. Este Instituto cuenta con una copia no certificada del Acta que se le adjunta, en donde se cita a funcionarios de la Municipalidad de Limón, para formar parte de la coordinación para la revisión de actividades en la Dirección2942, no para elaborar el Plan Regulador. El Plan Regulador nunca fue consultado al AyA, por lo que el Instituto tiene conocimiento de sus alcances en referencia a la Zona 6, únicamente mediante la publicación realizada en el Alcance No. 191 A LA GACETA No. 182, el miércoles 4 de octubre del 2023. El AyA mediante oficio GSP-RHC-2025-00048, realizó consulta a la Alcaldesa de la Municipalidad de Limón y al Concejo Municipal sobre si las recomendaciones de los Acuerdos de Junta Directiva del AyA fueron incluidos en el Plan Regulador de Limón, indicando además: • A la fecha del presente oficio, no se encuentra disponible en la página de la Procuraduría, ni en la página web de la Municipalidad de Limón. • Existe una publicación en el Alcance No. 191 A LA GACETA No. 182 del día miércoles de octubre del 2023 • No se ha tenido respuesta a la solicitud de información del Plan regulador que realizó el AyA a la Municipalidad (GSP-RHC-2020-02718). Revisada la plataforma oficial de la Procuraduría General de la República únicamente consta la publicación del Plan Regulador. (https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1 = NR M&nValor1=1&nValor2=47365&nValor3=50242&strTipM=FN), en la Gaceta 209 del 31 de Octubre de 2001. OCTAVO: Disponibilidad de Información Pública ¿Por qué no existe información pública consolidada del AyA sobre las zonas del acuífero en sus plataformas? ¿Qué mecanismos de trazabilidad funcional existen en la “unidad regional de control ”? La información existe en las plataformas institucionales oficiales, en acatamiento de lo que establece el Decreto de Coordinación Interinstitucional para la protección de acuíferos, ya se le había suministrado la respuesta a estas preguntas al señor Nombre35146, mediante informe Atención oficio AEL-00194-2024, en donde se le demostró la información pública y los mecanismos de trazabilidad. Como esfuerzos adicionales por publicitar la información del acuífero Moín, como mecanismo de información pública, debe indicarse que la delimitación de este y sus alcances legales, pueden ser consultados en distintos medios de acceso público, algunos de ellos se presentan en las siguientes direcciones electrónicas: 1. Consulta web: Gaceta N°83 del 2007: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2007/05/02/COMP_02_05_2007.html#_Toc16 5692088 2. Consulta web: Gaceta N°83 del 2011: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2011/05/02/COMP_02_05_2011.html 3. Consulta en el Sistema Costarricense de Información Jurídica: https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx ?nValor1=1&nValor2=59932 4. Consulta en el Visor Técnico del SINIGIRH, sección de Planificación territorial/Reserva Acuífero Nombre52121 (se aclara que para accesar al SINIGIRH debe registrarse como usuario) https://visor.da.go.cr/start.php 5. En la página web del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: Actas y Acuerdos - Sistema Documental de la Junta Directiva AyA (2011-112), Actas y Acuerdos - Sistema Documental de la Junta Directiva AyA (2007-177) En lo que respecta a la trazabilidad, el actor del recurso no clarifica a que tipo de trazabilidad se refiere, sin embargo, debe tenerse presente que la delimitación técnica y oficial de la Zona de Protección (Zona 6), se da mediante la oficialización del Estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad del Acuífero Moín, realizado por AyA, con coordenadas geográficas precisas, que debe ser considerada en toda solicitud de permiso, licencia o autorización por las instituciones competentes encargadas de otorgar y aprobar permisos. Como un mecanismo de trazabilidad y seguimiento para protección del acuífero, se realiza como labor por parte Comisión Regional de Control Ambiental (Comisión Moín), la identificación de actividades con la ubicación espacial del inmueble, emitiendo las recomendaciones procedentes dirigidas a las instancias encargadas de controlar estas actividades. En el momento procesal administrativo de emisión de disponibilidades de servicio por parte de la Dirección Regional del AyA, se emiten las recomendaciones correspondientes; este pronunciamiento es un requisito de admisibilidad ante otras instancias a las cuales les corresponde aprobar y emitir el acto final de autorización de construcción o realización de la actividad. Asimismo, la notificación realizada en el Diario Oficial La Gaceta, genera vinculación interinstitucional, para que de conformidad con las competencias especiales y propias, MINAE, SETENA, SENARA, Ministerio de Salud y la Municipalidad, velen igualmente por el Acuífero, para restringir la corta de vegetación forestal, para aprobar estudios de impacto ambiental, para aplicar criterios técnicos de protección, para fiscalizar el cumplimiento sanitario, para incorporar las recomendaciones en el plan regulador. NOVENO: Medidas Correctivas y Preventivas ¿Qué acciones estructurales propone el AyA para restaurar la Zona 6 a un régimen de protección estricta? La solicitud del autor del recurso de amparo, en cuanto a que el AyA proponga acciones estructurales para restaurar la Zona 6 a un régimen de “protección estricta”, parte de una interpretación errónea del marco normativo aplicable y de los alcances de los Acuerdos 2007-177 y 2011-112. En primer lugar, debe aclararse que el concepto de “protección estricta” no forma parte de la terminología técnica, ni jurídica utilizada por el AyA en relación con la gestión del Acuífero Moín, y que la Zona 6 no ha sido declarada área de conservación absoluta ni como zona de exclusión total de actividades humanas. Por el contrario, los acuerdos citados establecen un régimen de protección especial que exige la aplicación de criterios técnicos rigurosos para evaluar la compatibilidad de cualquier actividad con la función de recarga hídrica del acuífero. Las acciones que el AyA propone en este contexto no son de carácter estructural en el sentido de obras físicas o intervenciones de restauración ambiental directa, sino que consisten en recomendaciones técnicas orientadas a garantizar que las actividades humanas se desarrollen de forma sostenible, sustentable y compatible con la dinámica hidrogeológica de la zona. Esto implica que todo proyecto debe demostrar, mediante estudios hidrogeológicos y planes de gestión ambiental, que no genera contaminación, no altera la capacidad de infiltración del suelo y no compromete la calidad ni la cantidad del recurso hídrico disponible. La existencia de estos estudios no constituye una autorización automática, sino un insumo técnico que permite a las instituciones competentes valorar la viabilidad del proyecto conforme al principio precautorio y a la normativa ambiental vigente. En este sentido, el AyA actúa como ente rector en materia de prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento, y como autoridad técnica en la evaluación de la capacidad hídrica e hidráulica de los sistemas. Sin embargo, la definición de sustancias peligrosas, la evaluación del riesgo sanitario y la autorización de actividades específicas corresponde a otras instituciones públicas, como el Ministerio de Salud, el MINAE, SETENA, Gobiernos Locales y SENARA, en el marco de sus competencias legales. Por tanto, la gestión de la Zona 6 no se orienta a una restauración estructural, sino a una regulación técnica que permita compatibilizar el desarrollo humano con la protección del acuífero, mediante la aplicación de criterios científicos, la coordinación interinstitucional y el cumplimiento estricto de la normativa vigente. ¿Está dispuesto el AyA a implementar un sistema de monitoreo periódico de calidad de aguas con publicación de resultados? El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ya implementa un sistema de monitoreo periódico de la calidad del agua en todos los sistemas bajo su administración, incluyendo zonas de alta vulnerabilidad hidrogeológica como la Zona 6 del Acuífero Moín. Esta labor no solo forma parte de sus funciones operativas, sino que está respaldada por un mandato legal y técnico establecido en la normativa nacional vigente. En particular, el Decreto Ejecutivo N.º 38924-S, Reglamento de Calidad del Agua Potable, emitido por el Ministerio de Salud, establece los parámetros que deben ser evaluados de forma sistemática, incluyendo nitratos, conductividad eléctrica, coliformes fecales, turbidez, cloro residual, entre otros. Este reglamento define los valores máximos admisibles y los procedimientos de muestreo, frecuencia y análisis que deben seguir los operadores de servicios públicos de agua potable, como el AyA. Asimismo, la Ley General de Salud (Ley N.º 5395) y el Reglamento General de Salud Ocupacional otorgan al Ministerio de Salud la competencia para fiscalizar la calidad del agua destinada al consumo humano, en coordinación con el AyA. Por su parte, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), mediante sus disposiciones regulatorias, exige que los operadores mantengan registros actualizados de los resultados de calidad del agua y que estos estén disponibles para consulta pública. El AyA cumple con estas disposiciones mediante la realización de muestreos periódicos en puntos estratégicos de sus sistemas, el análisis en laboratorios certificados, y la activación de protocolos de alerta y contingencia en caso de detectar desviaciones en los parámetros establecidos. Además, la información generada por estos sistemas de monitoreo es pública y puede ser solicitada por cualquier ciudadano o institución interesada, conforme a lo dispuesto en la Ley N.º 8220 sobre protección al ciudadano frente al exceso de requisitos y trámites administrativos. En consecuencia, el AyA no solo está dispuesto, sino que ya realiza el monitoreo periódico de calidad de aguas con publicación de resultados y mecanismos de alerta temprana, conforme a los estándares técnicos y legales aplicables. Por tanto, cualquier solicitud adicional en este sentido debe considerar que estos procedimientos ya están en ejecución y que la información está disponible mediante los canales institucionales correspondientes. B) RESPUESTA A LAS PETICIONES PRESENTADAS: 1) Declarar con lugar el presente recurso de amparo. Esta petición resulta improcedente. El recurso de amparo interpuesto contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) no debe ser declarado con lugar, por cuanto: El AyA ha actuado conforme al principio de legalidad, emitiendo acuerdos técnicos basados en la Matriz de Vulnerabilidad Hidrogeológica autorizada por SENARA, sin exceder sus competencias, ni autorizar directamente actividades incompatibles con la protección de acuíferos. Los acuerdos de Junta Directiva no constituyen actos materiales de autorización, sino recomendaciones técnicas que deben ser consideradas por las autoridades competentes (SETENA, SENARA, INVU, municipalidades) en la emisión de actos administrativos definitivos. No se ha demostrado violación directa ni indirecta a derechos fundamentales, ni omisión dolosa o negligente por parte del AyA que justifique una condena constitucional. El Instituto ha cumplido con su rol técnico dentro del marco de coordinación interinstitucional establecido por el Decreto Ejecutivo N.º 42015-MAG-MINAE-SMIVAH. La interpretación del amparado es jurídicamente incorrecta, al atribuir al AyA efectos normativos de competencias que no le corresponden y al desconocer la naturaleza técnica y preventiva de los acuerdos emitidos. Por tanto, no procede declarar con lugar el recurso de amparo, ni imponer condena alguna al AyA, al no configurarse una actuación contraria al orden constitucional ni una afectación directa o indirecta atribuible a esta institución. 2) Declarar la NULIDAD, por inconstitucionalidad material, formal Y POR VIOLACIÓN DEL CONVENIO 169 DE LA OIT, de las siguientes disposiciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA): Con anterioridad al señor Nombre35146 se le dio respuesta a la petición que presentó ante la Junta Directiva el pasado 21 de setiembre 2024, ante quien interpuso un recurso de revocatoria y nulidad contra el Acuerdo 2011-177, indicando entre sus alegatos la existencia de eliminación de áreas de protección forestal, eliminación de la Zona 6 de protección absoluta del acuífero Moín, irrespeto al principio de no regresión, que el acuerdo 112 del 02/05/2011 es contrario a la MATRIZ DE CRITERIOS DE USO DEL SUELO SEGÚN LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO del SENARA, en áreas de protección absoluta o extrema como lo es la zona 6 del acuífero Moín. En este sentido, no cabe interponer una nulidad por la nulidad misma, sin indicar expresamente cuál es el supuesto vicio en los elementos del acto administrativo. Con respecto al alegato sobre la nulidad del acuerdo, es importante indicar lo siguiente. La Ley General de la Administración Pública (LGAP) desarrolla ampliamente el tema de la nulidad de los actos administrativos. Artículo 166: Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente. Artículo 223: 1.- Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. 2.- Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión. La forma como se expresa la Administración es, precisamente a través de actos administrativos, pues son los medios que ésta utiliza para manifestar su voluntad, destinada a producir efectos jurídicos. Los dos elementos básicos de estos actos son dos, uno subjetivo y otro objetivo, siendo el primero de ellos el hecho que deriva de un sujeto – en este caso y siempre será así, la Administración – y el segundo, el estricto apego que debe tener del ordenamiento jurídico. De esta forma, el acto administrativo es válido y eficaz en tanto sea conforme con el ordenamiento jurídico. Desde el punto de vista de su elemento objetivo, tenemos a su vez elementos esenciales (sustanciales): motivo, contenido y fin; y para que el acto administrativo sea perfecto, debe contener todos y cada uno de ellos. Motivo: Es el fundamento de hecho y de derecho que hace posible o necesaria la emisión del acto administrativo. Contenido: Ha sido definido como el efecto del acto. Es lo que el acto dispone y se conoce como la parte dispositiva del acto. El fundamento lo encontramos en el artículo 132 de la Ley General de la Administración Pública. Fin: El fin es lo que se persigue, aquella cuestión que se pretende resolver. El fin tiene que ser público, siempre debe ser así, caso contrario se incurre en la que se denomina desviación de poder. El fin está en estrecha relación con el motivo del acto. Deben estar entrelazados. La ausencia del motivo acarrea la ausencia del fin. La adecuación del acto administrativo al fin depende de la verificación del motivo. Para hablar de nulidad, sea absoluta; o absoluta, evidente y manifiesta, tendríamos que estar en el supuesto de que los elementos esenciales preindicados falten o tengan defectos. El acuerdo que se impugna reúne los elementos – tanto formales como esenciales – de todo acto administrativo. Primero, en cuanto al MOTIVO, pues tiene una sólida fundamentación de hecho (protección de las fuentes) y de derecho (Ley de Aguas, artículo 31; Ley Forestal, artículo 33, Dictámenes de la PGR, Criterios N° 157, N° C-148-2012 y N° C-334-2002; resoluciones de la Sala Constitucional de la CSJ, 1996-04205 de las 14:33 hrs. de 20 de agosto de 1996 y 09-014840 de las 14:50 hrs del 19 de septiembre del 2009). Segundo, en cuanto al contenido, dicho acuerdo tiene un claro elemento dispositivo, a saber: "POR TANTO UNICO”: “…1º-Se Modifica el Acuerdo 2007-177, en su Por Tanto Segundo, respecto a la enumeración de recomendaciones de regulación de uso del suelo de la Dirección2942, con los siguientes lineamientos de restricción y en aplicación de la "Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, emitida por la Junta Directiva de Nombre99516 en sesión del 26 de setiembre del 2006 . Para toda actividad el área de impermeabilización por hectárea no debe sobrepasar el 20%. Aquellas ACTIVIDADADES INDUSTRIALES que a lo largo de las distintas etapas de construcción y operación, generen impacto ambiental negativo al acuífero, deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por SETENA. . De acuerdo con el Reglamento del Ministerio de Salud, Decreto 30465 S y el Reglamento de Vertidos y Rehúso de Aguas Residuales. N. 26041-S MINAE, no se permiten las actividades industriales de alto riesgo por la posible afectación de la contaminación. Se definen estas actividades de alto riesgo como aquellas que tienen posibilidad de explosión, incendio, fuga o derrame súbito que resulte del proceso en el curso de las actividades industriales, así como en ductos y en transportes, en los que intervengan una o varias sustancias peligrosas y que suponga un peligro grave (de manifestación inmediata o retardada, reversible o irreversible) para la población, sus bienes, el ambiente y los ecosistemas. . No autorizar actividades de almacenamiento y USO DE PLAGUICIDAS, PESTICIDAS, COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS, O PRECURSORES DE ESTOS CON CUALQUIER FIN. . Para la REMOCIÓN, CORTE Y RELLENO DE MATERIALES (MOVIMIENTOS DE TIERRA), deberá realizarse un estudio Hidrogeológico que compruebe que no habrá afectación al acuífero y un Plan de Gestión Ambiental debidamente aprobados por Nombre3763. . NO SE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN O EXCAVACIÓN DE POZOS, GALERÍASDE INFILTRACIÓN O CUALQUIER OTRA OBRA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS. . Para el caso de DESARROLLOS DE URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS, deberá construirse alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario. Se pueden permitir desarrollos con densidades iguales o inferiores a una unidad habitacional por cada 1000 metros. . Para el caso de HOTELES Y SIMILARES PARA HOSPEDAJE, se puede permitir sujeto al manejo de efluentes con planta de tratamiento cumpliendo con el Reglamento de Vertidos vigente. El número de habitaciones no debe exceder una carga equivalente a 50 personas por hectárea. . NO INSTALAR BASUREROS, RELLENOS SANITARIOS O BOTADEROS DE DESPERDICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE. . El AyA considerando los estudios presentados por el interesado y avalados por las instancias pertinentes, podrá dictaminar otro tipo de actividades de las no enumeradas en este acuerdo, que afecten la calidad y la cantidad del agua, estableciendo las recomendaciones técnicas vinculantes para la regulación de la actividad. El AYA estará facultado por la Ley 2726, para evaluar si existe afectación al acuífero y la disposición correcta de las aguas residuales de conformidad con el reglamento de vertidos vigente, además de la aprobación o denegatoria de la actividad. . Se admitirá en la Dirección2942 las construcciones de viviendas originadas por el crecimiento vegetativo, siempre que se asegure que las aguas residuales no se viertan a dolinas y se realice la recolección de las basuras por el servicio municipal u otro medio. 3º-Se recomienda al Gobierno Local y a las Instituciones Competentes, proceder a realizar medidas de protección tendientes a la conservación de las zonas boscosas. 4º-Se instruye a la Administración Superior, para que gestione lo procedente y solicite a la Municipalidad de Limón, la implementación de las recomendaciones emitidas en el presente acuerdo. 5º-Se instruye a la Administración Superior, para que gestione a lo procedente y solicite al MINAET, para que restrinja TODA CORTA DE VEGETACIÓN FORESTAL EN LA Dirección2942. 6º-Para la zona 6, la Dirección Regional Huetar Atlántica y la UEN de Ambiente, Investigación y Desarrollo, harán y mantendrán un inventario exhaustivo del uso del suelo, identificando las actividades y establecimientos que almacenen sustancias de riesgo para la calidad del agua para uso humano. Asimismo, les corresponderá el análisis de las propuestas presentadas por el Administrado y la valoración de no afectación del acuífero y disposición correcta de las aguas residuales. 7º-En todo lo demás se mantiene vigente lo dictaminado en el Acuerdo de Junta Directiva 2007-177…” Finalmente, en cuanto al FIN, que no es otro que, salvaguardar los intereses institucionales, en este caso más que un derecho, es una obligación del AyA de conformidad con su Ley Constitutiva, Ley N° 2726, artículos 1 y 2: “Artículo 1.- (*) Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado.” “Artículo 2.- (*) Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas; b) Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados; las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación; c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas; d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones; e) Elaborar todos los planos de las obras públicas relacionadas con los fines de esta ley, así como aprobar todos los de las obras privadas que se relacionen con los sistemas de acueductos y alcantarillados, según lo determinen los reglamentos respectivos; f) Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades; g) Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo, tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos. Los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente. h) Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario del Área Metropolitana. i) Tampoco podrá delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta corresponda directamente al Instituto. j) Queda facultada la institución para convenir con organismos locales, la administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras de integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos. k) Por las mismas razones y con las mismas características, también podrán crearse juntas administradoras regionales que involucren a varias municipalidades; l) Hacer cumplir la Ley General de Agua Potable, para cuyo efecto el Instituto se considerará como el organismo sustituto de los ministerios y municipalidades indicados en dicha ley; m) Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; y n) Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para obras de acueductos y alcantarillado sanitario.” (distinción agregada) Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante resolución N.º 47-2023-V de las 08:30 horas del 08 de junio del 2023 se pronunció sobre el tema de la nulidad de los acuerdos, y, en este caso específico de los emitidos por la Junta Directiva del AyA; a saber, acuerdos 2007-177 y 2011-112. El desarrollo específico se da en torno a la legalidad de estos, tal como lo exige la LGAP supra citada, verificándose el cumplimiento de los requisitos de validez. Señaló el Tribunal en dicha resolución lo siguiente: “(…) Al efecto, es menester indicar que, según la doctrina derivada del artículo 128 de la Ley General de la Administración Pública, todo acto administrativo se considera válido cuando es conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico, entendido éste en su sentido más amplio, como el conjunto de normas y leyes vigentes en el país. Luego, el acto administrativo será válido cuando sus elementos se encuentren sustancialmente conformes al ordenamiento jurídico. Los componentes del acto que permiten el cotejo de validez se han subdividido en materiales u objetivos: motivo, contenido y fin; y subjetivos: procedimiento, sujeto y forma. El motivo, según se infiere del numeral 133 de la LGAP, constituye el antecedente fáctico y/o jurídico que desencadena la actuación administrativa. Corresponde al supuesto de hecho y de derecho del acto administrativo y justifica la emisión de éste, como manifestación unilateral de la voluntad de la Administración capaz de producir efectos jurídicos, imponiendo obligaciones u otorgando derechos. El contenido del acto, según el artículo 132 de la Ley, consiste en lo que la Administración dispone, manda u ordena. Por su parte, de acuerdo con el numeral 131 del referido cuerpo legal, el fin consiste en la satisfacción del interés público que está a cargo del órgano o ente en el ejercicio de una determinada competencia. En cuanto a los elementos subjetivos del acto, se encuentra el sujeto, que corresponde quien dicta el acto, para lo cual debe contar con investidura, competencia y titularidad. Por otro lado, el Procedimiento, se define como la obligación de la Administración Pública de seguir un cauce o íter procedimental, entendido éste como una serie concatenada de actuaciones de manera previa a la emisión del acto administrativo tendentes a un fin. El último elemento formal del acto administrativo es la forma, que es la manera como se exterioriza o manifiesta el acto administrativo. Deriva de este elemento formal, la obligación de la administración en orden a justificar adecuadamente sus decisiones, por medio de la motivación de sus actos, que es la explicación, fundamentación o justificación del acto administrativo. Por su parte, el canon 158 de la LGAP, dispone: "la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste. Será inválido el acto administrativo sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico", y el numeral 166 señala que "Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente". Finalmente, y como principio orientador del régimen de nulidades, la Ley General de la Administración Pública en su artículo 223, impide decretar la nulidad por la nulidad misma: "Artículo 223.1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión." Expuesto lo anterior, será bajo esta óptica que se llevará a cabo el análisis de los actos administrativos cuestionados en esta sede. En primer término, y en relación con la competencia del AyA para adoptar los acuerdos cuestionados, de acuerdo con lo indicado anteriormente, es dicho ente al que, a tenor de la Ley N° 2726, le corresponde la rectoría en la materia del suministro de agua potable a la población, y para garantizar el cumplimiento de ese servicio público de forma continua, eficiente y eficaz, según los principios que deben regir la conducta administrativa contenidos en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, cuenta con potestades -poderes deberesen orden a adoptar las providencias necesarias a fin de evitar la contaminación de las áreas de recarga de los acuíferos y zonas de captación. Luego, es en el marco del ejercicio de sus competencias, que dicho ente, a través de su Junta Directiva, emitió los acuerdos 2007-177 y 2011-112, sobre la base de antecedentes fácticos y también de naturaleza jurídica, que le sirven o constituyen el motivo de ambos. Así, se ha logrado constatar que la conducta administrativa en cuestión, concretamente ambos acuerdos, parten del hecho -antecedente fáctico- de que el área denominada como zona 6 forma parte del acuífero de Moín-Limón, y que ésta es un área que sirve de abastecimiento del recurso hídrico de una parte importante de la población de Limón, de lo cual se sigue que el ente accionado, tiene la obligación legal - antecedente fáctico- de llevar a cabo acciones para preservar y proteger esa zona, tal y como se dispone en el artículo 2° de la Ley N°2726 anteriormente citada. Luego, la causa, el motivo de los acuerdos 2007-177 y 2011-112, emitidos por la Junta Directiva del AyA, son el hecho de que la zona a la que refieren es, tal y como lo señalan los propios demandantes, un área sumamente relevante para el suministro de agua potable, y por lo tanto, por mandato de ley, el Instituto tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para su conservación, conducta que en este caso se plasmó, exteriorizó o manifestó, en los acuerdos N° 2007-177 y N° 2011-112 emitidos por su Junta Directiva, y que además contaron como antecedente de carácter técnico el Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Nombre52121 Limón elaborado por la Hidrogeóloga del Área de Gestión Ambiental del AyA Viviana Ramos Sánchez, quien indicó que el estudio tuvo como objeto definir la zona de recarga. El abogado Roberto Soto Vega alega que el Acuerdo N° 2011-112 no tiene un antecedente técnico que justifique una posición más permisiva respecto de las actividades que pueden realizarse en losinmuebles ubicados en la zona 6. Efectivamente, como se verá con mayor detalle más adelante, el citado acuerdo establece una serie de recomendaciones que amplía significativamente las actividades que es posible realizar en la zona 6 del Acuífero Nombre52121 Limón, sin embargo, el argumento en el sentido de que esa apertura carece de sustento técnico y constituye una regresión en materia de protección al medio ambiente, exponiendo la conservación del Acuífero, no lo comparte este Tribunal, por cuanto del propio acuerdo N°2011-112, se infiere que éste también tiene como base el Estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad del Acuífero MoínLimón, el cual, contrario a lo afirmado por la parte, no resulta desaplicado con la adopción del acuerdo N° 2011-112... De esta forma, el Tribunal corrobora, no solamente la existencia del motivo, esto es de la existencia de antecedentes fácticos y jurídicos que justifican la adopción de los acuerdos 2007-177 y 2011-112 emitidos por la Junta Directiva del AyA, sino además, que éstos han sido debidamente motivados y que su contenido se ajusta al fin público que persiguen en orden a proteger y preservar el recurso hídrico para la población de Limón, al tiempo que de forma paralela, resulte posible el desarrollo económico de la zona, siempre y cuando se acaten las medidas necesarias que garanticen que el desarrollo de actividades en la zona de protección, no vulneren o impacten de forma negativa el Acuífero … No obstante, los acuerdos 2007-177 y 2011-112 emitidos por la Junta Directiva del AyA, constituyen una manifestación de la discrecionalidad técnica, en cuanto están basados en apreciaciones y valoraciones surgidos a la luz de conocimientos especializados, y que consisten en recomendaciones emitidas en el marco de las competencias que, en orden a la protección del recurso hídrico, el ordenamiento jurídico le confiere al AyA, como en ente rector en la materia, y que están dirigidas a otros órganos o entes que ostentan potestades cuyo accionar podría incidir en la preservación de dicho recurso. Así, sin desconocer la enorme relevancia que sin duda alguna tiene la participación ciudadana, existen casos límite, en las cuestiones que deben atenderse y ser resueltas con fundamento en elementos exclusivamente técnicos, como ocurre en este caso, en donde la conducta administrativa lo que hace es determinar una serie de recomendaciones relacionadas con las actividades que pueden o no realizarse en una zona de interés para la conservación del recurso hídrico. En consecuencia, este Órgano no encuentra que en la especie ocurra el vicio de nulidad apuntado, al no otorgarse audiencia respecto del contenido de los acuerdos, a los propietarios de los inmuebles localizados en la zona en cuestión. Sin perjuicio de que fueron publicados en Las gacetas número 83 del 02 de mayo del 2007 y 83 del 02 de mayo del 2011, dados los efectos generales que tienen los mismos, conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 240 de la Ley General de la Administración Pública. En consecuencia, se concluye que los acuerdos N° 2007-177 y 2011-112, emitidos por la Junta Directiva del AyA, no presentan algún tipo de patología que amerite declarar su nulidad, por lo cual, la pretensión planteada en orden a que éstos se supriman debe rechazarse …. ". Sobre el plazo En el caso de una nulidad absoluta como solicita el señor Nombre35146 resultase procedente, corresponde igualmente indicar debió ser alegada dentro del plazo de 4 años, bajo esta línea se ha pronunciado la SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución No 17 de las dieciséis horas del trece de febrero de mil novecientos noventa y ocho, en concordancia con la resolución de la SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: Resolución No 124 de las catorce horas treinta minutos del veinticinco de abril de mil novecientos noventa; SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución No 91de las catorce horas y veinte minutos del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco “Los actos absolutamente nulos no se convalidan ni por el tiempo ni por acto jurídico. La nulidad puede ser pedida y declarada en cualquier tiempo y no puede ser saneada por ratificación ni por otro medio, contrario a la anulabilidad. El acto absolutamente nulo no produce efectos. Al respecto la Sala se ha pronunciado en muchas ocasiones indicando que aun en el evento de estar frente a un acto consentido, la acción es admisible al tenor de los artículos 21.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y el 175 de la Ley General de la Administración Pública, por tratarse de una nulidad absoluta. Se establece un plazo de 4 años para impugnar en vía administrativa o judicial el acto absolutamente nulo, sin poder aplicar los plazos normales de caducidad sea de 2 meses y un año al tenor del artículo 37 del mismo cuerpo legal. (Ver sentencia de esta Sala números 124 de las 15 horas del 3 de octubre y 124 de las 14 horas 30 minutos del 25 de abril ambas de 1990. 68 de las 15 horas 30 minutos del 27 de octubre de 1993 y 31 de las 14 horas 25 minutos del 27 de marzo de 1996).” En concordancia con el oficio GG-2024-03152 de la Gerencia General que se fundamenta en el criterio de la Dirección Jurídica PRE-J-2024-03977, la categoría del acto que se impugna es de carácter general y la eficacia en la generación de efectos hacia terceros inició a partir de su publicación, el acuerdo de Junta Directiva No. 2011- 112, fue emitido en fecha 07 de abril y el requisito de la comunicación se realizó el día 02 de mayo del 2011, en el Diario Oficial La Gaceta No. 83, por lo que es a partir de esa fecha que se contabilizan los plazos para que cualquier administrado que considerase la existencia de una violación a sus derechos, pudiera recurrir el acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de la Administración Pública. El señor Nombre35146 interpuso su recurso (en fecha 21 de setiembre del 2024) trece años después de la publicación del acuerdo de Junta Directiva 2011-112 (que fuera publicado el 02 de mayo del 2011), lo cual determina su extemporaneidad. Los Acuerdos 2007-177 y 2011-112 del AyA, no constituyen actos violatorios del Convenio 169 de la OIT, ya que no afectan directamente tierras, recursos ni modos de vida de comunidades tribales. La obligación de consulta conforme al Convenio 169 recae sobre el Estado cuando se adopten medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a pueblos tribales, que a la fecha no han sido adoptadas para la Dirección2942. En este caso: • Los acuerdos del AyA no son medidas legislativas, sino recomendaciones técnicas. • No se ha demostrado que el AyA haya ejecutado obras o autorizado actividades que afecten directa o indirectamente a comunidades afrodescendientes. • La planificación territorial corresponde a la Municipalidad de Limón y al INVU, no al AyA. • Los Acuerdos de Junta Directiva del AyA, son instrumentos de gestión técnica que buscan proteger el recurso hídrico, en cumplimiento del artículo 50 de la Constitución, la Ley Orgánica del Ambiente de su propia Ley Constitutiva. Su aplicación tiene como finalidad ser un criterio técnico para ser considerado y coordinado con otras instituciones, que son las que tienen competencia para emitir los actos administrativos finales siendo un insumo más; por lo que de conformidad con esta indicación no pueden ser considerados inconstitucionales, ni es este el procedimiento para alegar dicho vicio en caso de que así resultara, aunado a que fueron publicados en su oportunidad en el Diario Oficial La Gaceta y ya la resolución de las sedes judiciales, ha comprobado que no se genera afectación directa y concreta hacia los pueblos afrodescendientes, sino que más bien, son lineamientos de recomendación para la propuesta y adaptación de actividades, con la finalidad de que sean sostenibles, sustentables y compatibles con las captaciones destinadas al abastecimiento poblacional. 2.1) Del Acuerdo de Junta Directiva N.º 2011 112, en cuanto: (a) establece un umbral uniforme de impermeabilización del 20 % de la superficie por hectárea "para toda actividad" en la Zona 6; (b) autoriza "remoción, corte y relleno de materiales" o movimientos de tierra en la Zona 6 mediante estudio hidrogeológico y PGA; (c) admite "construcciones de viviendas por crecimiento vegetativo" en la Zona 6 sin parámetros de densidad, cartografía de impermeabilización ni verificación de impacto nulo; y En respuesta a los puntos a, b, y c de la petición 2.1, se manifiesta que, los acuerdos no constituyen actos de autorización de usos incompatibles, sino instrumentos técnicos de recomendación que orientan la gestión del recurso hídrico en zonas de recarga. Su contenido no habilita directamente actividades, sino que establece criterios para su valoración por parte de las autoridades competentes, como SETENA, SENARA, INVU y las municipalidades. La interpretación realizada por el señor Nombre35146 es jurídicamente incorrecta, al asumir que los acuerdos del AyA permiten usos incompatibles con la protección absoluta de la Zona 6. En realidad, los acuerdos se sustentan en la Matriz de Vulnerabilidad Hidrogeológica debidamente autorizada por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), la cual clasifica las zonas según su vulnerabilidad y establece criterios diferenciados para la evaluación de actividades. El umbral uniforme del 20% de impermeabilización por hectárea definido en la Matriz del SENARA, no constituye una autorización automática, sino un parámetro técnico de referencia que debe ser aplicado en conjunto con estudios hidrogeológicos específicos y planes de gestión ambiental (PGA), conforme lo exige la normativa ambiental vigente y el mandato de la Sala Constitucional mediante voto No. 2008-004790, de las doce horas con treinta y nueve minutos del veintisiete de marzo del dos mil ocho y el Voto No. 2008-010372 de las diecisiete horas treinta y siete minutos del diecinueve de junio del dos mil ocho; ambos de la Sala Constitucional de la CSJ, ordena la aplicación de la "Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, emitida por la Junta Directiva de Nombre99516 en sesión del 26 de setiembre del 2006, estas decisiones de la Sala Constitucional generaron la necesidad de actualizar el Acuerdo 2007-177, para que las actividades y consideraciones de su realización fuesen coincidente con dicha Matriz. Este umbral no sustituye la evaluación técnica ni el principio precautorio. La admisión de construcciones por crecimiento vegetativo tampoco implica autorización directa, sino que responde a la necesidad de valorar técnicamente propuestas que surgen de dinámicas poblacionales reales. Tales elementos deben ser considerados por las instancias competentes en planificación urbana y ambiental. Los acuerdos del AyA deben ser interpretados en el marco del Decreto Ejecutivo N.º 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH, que establece la coordinación interinstitucional para la protección de acuíferos, y que fue emitido posteriormente a los acuerdos de Junta Directiva. Este decreto reconoce expresamente la necesidad de articulación entre AyA, SENARA, MINAE, INVU y otras instituciones, confirmando que los acuerdos del AyA son parte de un esfuerzo técnico conjunto y no actos aislados ni discrecionales ni arbitrarios. La temporalidad de los instrumentos normativos confirma su coherencia: los acuerdos del AyA fueron emitidos en 2007 y 2011 como parte de una política técnica de protección de acuíferos, y el Decreto 42015 vino a consolidar esa política mediante un marco de coordinación formal. Por tanto, los acuerdos no contradicen el decreto, sino que lo preceden y lo complementan. Solicitar la nulidad de los acuerdos por supuesta incompatibilidad con la protección absoluta es improcedente, pues se trata de instrumentos técnicos que deben ser aplicados por las autoridades competentes en el marco de sus atribuciones legales. La protección absoluta no se define exclusivamente por los acuerdos del AyA, sino por la interacción normativa entre la Matriz de SENARA, los planes reguladores, la jurisprudencia constitucional y los estudios técnicos. (d) contiene cláusulas abiertas que permiten "dictaminar otras actividades" en la Dirección2942 sin base reglamentaria estricta y sin sujeción al principio precautorio. En relación con la afirmación del actor de que los Acuerdos de Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), particularmente el Acuerdo N.º 2011-112, contienen “cláusulas abiertas” que permitirían pronunciarse respecto a otras actividades sin base reglamentaria estricta, es necesario aclarar lo siguiente: Los acuerdos no contienen cláusulas abiertas ni discrecionales. La disposición que permite al AyA pronunciarse sobre otras actividades en zonas de recarga hídrica no constituye una habilitación genérica, ni arbitraria. Por el contrario, responde al deber legal de la administración pública de valorar técnicamente las propuestas que se le presenten, conforme al principio de legalidad y al principio de razonabilidad técnica. El artículo 109 de la Ley de Biodiversidad establece expresamente que las decisiones administrativas en materia ambiental deben sustentarse en criterios científicos y técnicos. En ese sentido, el AyA, como ente rector en materia de agua potable y saneamiento, tiene la obligación de someter a análisis técnico cualquier actividad que pueda incidir sobre los recursos hídricos, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad como la Dirección6576. La interpretación del actor es indebida, pues omite que el AyA no actúa de manera discrecional, sino en el marco de la normativa ambiental vigente, incluyendo la Matriz de SENARA, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Biodiversidad y la jurisprudencia constitucional. La posibilidad de pronunciarse respecto a actividades no previstas explícitamente en los acuerdos responde a la necesidad de evaluar casos específicos que, por su naturaleza técnica o innovación, requieren análisis individualizado. La administración pública no puede negarse a valorar propuestas técnicas. El principio de buena administración exige que toda solicitud presentada por particulares o instituciones sea analizada conforme a criterios objetivos, científicos y técnicos. Negar esa posibilidad sería contrario al artículo 11 de la Constitución Política, que impone el deber de eficiencia y legalidad en el ejercicio de la función pública. El AyA no sustituye el principio precautorio, sino que lo aplica conforme a la evidencia técnica disponible. En los casos en que exista duda razonable sobre el impacto de una actividad, el AyA puede recomendar su suspensión o condicionamiento, pero siempre con base en estudios técnicos y no por presunciones genéricas. 2.2) Del Acuerdo N.º 2007 177, en cuanto se interprete o aplique de modo que permita usos incompatibles con la protección absoluta definida para la Zona 6. En relación con la afirmación del actor del recurso de amparo, quien sostiene que los Acuerdos de Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), particularmente el Acuerdo N.º 2011-112, que a su consideración permite la autorización de usos incompatibles con la protección absoluta de la Zona 6 del acuífero Moín, se expone lo siguiente: Los acuerdos del AyA no constituyen autorizaciones directas de uso del suelo, ni sustituyen el acto administrativo final que corresponde emitir a las autoridades competentes en materia de ordenamiento territorial, evaluación ambiental o concesión de permisos. Los acuerdos son instrumentos de recomendación técnica y científica, cuyo propósito es orientar la toma de decisiones por parte de las instituciones competentes, como SETENA, SENARA, INVU y las municipalidades. La interpretación del actor es jurídicamente incorrecta, al asumir que los acuerdos del AyA tienen efectos vinculantes absolutos o que constituyen autorizaciones materiales de actividades. En realidad, dichos acuerdos establecen criterios técnicos que deben ser considerados en los procesos de evaluación, sin que ello implique una habilitación automática ni una autorización sustantiva. El AyA actúa conforme al principio de legalidad y al principio de ciencia y técnica, consagrado en el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad, el cual establece que las decisiones administrativas en materia ambiental deben basarse en conocimiento técnico y científico. En ese marco, el AyA tiene la obligación de valorar técnicamente las propuestas de diseño de actividades que se le presenten, especialmente en zonas de recarga hídrica, sin que ello implique discrecionalidad ni apertura normativa. La cláusula que permite considerar otras actividades no es abierta ni arbitraria, sino una manifestación del deber de la administración pública de someter a análisis técnico cualquier actividad que pueda incidir sobre el recurso hídrico. Esta facultad no sustituye el principio precautorio, sino que lo complementa, permitiendo que las decisiones se adopten con base en evidencia técnica y no en presunciones genéricas. La competencia para autorizar o denegar actividades corresponde a otras instancias, como SETENA, Nombre99516 y las municipalidades, quienes deben aplicar los criterios técnicos del AyA en sus resoluciones. Por tanto, los acuerdos del AyA no pueden interpretarse como actos de autorización, sino como insumos técnicos para la toma de decisiones conforme al marco legal vigente. 3) Declarar la NULIDAD PARCIAL del Plan Regulador de Limón. No corresponde a esta Institución referirse indicando si el Acto Administrativo emitido por el Gobierno Local cumple con los requisitos de Ley, únicamente se manifiesta que efectivamente el Plan Regulador no incorporó los Acuerdos emitidos por parte de este Instituto. 4) ORDENAR al AyA, al SENARA, al MINAE y a la Municipalidad de Limón que, en el plazo máximo de SEIS (6) meses, adopten las siguientes medidas estructurales: 4.a) emitir el DECRETO EJECUTIVO de protección de las fuentes de Nombre52121 y de la Dirección2942, con coordenadas oficiales, régimen de protección absoluta y remisión expresa a la Matriz de SENARA; La petición resulta innecesaria, tal y como se explicó anteriormente, en aplicación del principio de economía administrativa, la finalidad de rango vinculante que ya se había atendido con las Resoluciones de la Sala Constitucional citadas, determinó la no necesidad de la creación de un Decreto Especifico para cada caso particular, y hoy en día se cuenta con la Herramienta de un Reglamento que dentro de sus fines tiene la protección de los recursos hídricos subterráneos e inclusive superficial, Decreto N° 42015-MAG -MINAE-S- MIVAH, que fue publicado en el Alcance N.º 237 a la Gaceta N.º 203 del: 25 de octubre del 2019. 4.b) elaborar e implementar un INVENTARIO PÚBLICO y actualizado de actividades con sustancias peligrosas en la Dirección2942; No le corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) elaborar, ni implementar un inventario público y actualizado de actividades que involucren el manejo de sustancias peligrosas en la Dirección6576, ya que dicha función no se encuentra dentro de sus competencias legales ni técnicas. La identificación, clasificación y regulación de sustancias peligrosas corresponde a otras instituciones del Estado, particularmente al Ministerio de Salud, conforme a lo establecido en la normativa sanitaria y ambiental vigente. El rol del AyA en este contexto es eminentemente técnico y se limita a verificar la factibilidad hídrica e hidráulica de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como a emitir constancias de disponibilidad de servicios en función de criterios científicos y operativos. De conformidad con lo indicado, cuando se detecte posible riesgo, lo que se procede es a solicitar el pronunciamiento del MINSA, aportando los insumos correspondientes para que dentro de su competencia se emita el criterio aplicable, para resolver la solicitud de disponibilidad de conformidad con los Acuerdos de Junta Directiva del AyA. En los casos en que se detecten actividades ya aprobadas por parte de otras instituciones, sin considerar la variable de riesgo, se solicita la revisión para constatar la inocuidad de la actividad, y la aplicación de medidas adicionales, en aras de proteger el recurso hídrico. En los casos en que se soliciten servicios para actividades que generen aguas residuales de tipo especial, el AyA exige como requisito la presentación de una declaración jurada y la nota de aprobación emitida por el Ministerio de Salud, en la que se describa el tipo de actividad, la naturaleza de las descargas y el sistema de tratamiento propuesto. Por tanto, la gestión del riesgo asociado a sustancias peligrosas en zonas de alta vulnerabilidad hidrogeológica como la Zona 6 se realiza mediante la coordinación interinstitucional, en la que el AyA facilita los insumos técnicos necesarios para que las autoridades competentes puedan tomar decisiones informadas, conforme al principio precautorio y al marco normativo aplicable. Esta delimitación de competencias garantiza que cada institución actúe dentro de su ámbito legal, evitando duplicidades y asegurando una gestión integral del recurso hídrico y de la salud pública. 4.c) adoptar un PROTOCOLO ESPECÍFICO de emergencias y contingencias para la recarga kárstica de Moín; La solicitud del actor del recurso de amparo para que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) adopte un protocolo específico de emergencias y contingencias para la recarga kárstica del Acuífero Moín, parte de una interpretación incorrecta tanto del régimen técnico que rige sobre dicha zona, como de las competencias institucionales que corresponden en materia de gestión del riesgo. En primer lugar, debe aclararse que el concepto de “recarga kárstica” implica una dinámica hidrogeológica compleja, caracterizada por la infiltración rápida del agua a través de fisuras, dolinas y sistemas subterráneos, lo que hace que cualquier afectación superficial pueda tener consecuencias inmediatas sobre la calidad del recurso hídrico. Esta condición de vulnerabilidad ha sido reconocida por el AyA en los Acuerdos 2007- 177 y 2011-112, los cuales establecen parámetros técnicos para la protección de la Zona 6, incluyendo restricciones a la impermeabilización del suelo y la exigencia de estudios hidrogeológicos y planes de gestión ambiental como requisitos previos para valorar la compatibilidad de las actividades humanas con la función de recarga del acuífero. No obstante, la adopción de protocolos específicos de emergencia y contingencia ante eventos de contaminación o afectación del acuífero no corresponde exclusivamente al AyA, ni puede ser exigida como una obligación unilateral. La gestión del riesgo en zonas de alta vulnerabilidad hidrogeológica, como Moín, se realiza mediante un enfoque interinstitucional, en el que participan la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), y otras entidades competentes. La CNE, conforme a la Ley N.º 8488, es la autoridad rectora en materia de gestión del riesgo y cuenta con protocolos nacionales para la atención de emergencias, incluyendo aquellas relacionadas con contaminación de fuentes de agua. El Ministerio de Salud, por su parte, tiene competencias específicas en la vigilancia sanitaria del recurso hídrico y en la definición de sustancias peligrosas, conforme al Reglamento General de Salud Ocupacional y al Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. El AyA, dentro de sus competencias, cuenta con procedimientos internos para la atención de emergencias relacionadas con la contaminación del servicio público de agua potable, los cuales se activan ante la detección de eventos que puedan comprometer la calidad del agua suministrada. Estos procedimientos incluyen la suspensión preventiva del servicio, la toma de muestras, la coordinación con el Ministerio de Salud y la CNE, y la implementación de medidas correctivas. Sin embargo, no le corresponde al AyA definir ni implementar un protocolo exclusivo para la recarga kárstica de Moín, ya que ello implicaría asumir competencias que corresponden a otras instituciones especializadas en gestión del riesgo, salud pública, recurso hídrico y protección ambiental. En consecuencia, en caso de resultar procedente la solicitud del actor debe ser redireccionada hacia las instancias competentes, y debe entenderse que el rol del AyA en este contexto es el de facilitar insumos técnicos y científicos, que permitan a las autoridades competentes tomar decisiones informadas, conforme al principio precautorio y al marco normativo vigente. La protección del acuífero Nombre52121 se garantiza mediante la aplicación coordinada de criterios técnicos, la fiscalización interinstitucional y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa ambiental, sanitaria y de ordenamiento territorial. 4.d) establecer un SISTEMA DE MONITOREO periódico (calidad de aguas, nitratos, conductividad, bacteriología) con publicación de resultados y mecanismos de alerta temprana; y La solicitud del actor del recurso de amparo para que el AyA establezca un sistema de monitoreo periódico de calidad de aguas en la Dirección6576, incluyendo parámetros como nitratos, conductividad y bacteriología, con publicación de resultados y mecanismos de alerta temprana, resulta innecesaria y parte de un desconocimiento del marco normativo vigente y de los procedimientos técnicos que ya se encuentran en ejecución por mandato legal. El AyA, como operador público de servicios de abastecimiento de agua potable, está obligado por la normativa de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y del Ministerio de Salud a realizar monitoreos periódicos de la calidad del agua en todos los sistemas bajo su administración. Esta obligación se encuentra regulada en el Reglamento de Calidad del Agua Potable, Decreto Ejecutivo N.º 38924- S, el cual establece los parámetros físicos, químicos, microbiológicos y organolépticos que deben ser evaluados de forma sistemática, incluyendo precisamente los que menciona el actor: nitratos, conductividad eléctrica, coliformes fecales, entre otros. Asimismo, el Reglamento General de Salud Ocupacional y la Ley General de Salud (Ley N.º 5395) facultan al Ministerio de Salud para fiscalizar la calidad del agua destinada al consumo humano, en coordinación con el AyA y otros operadores. En cumplimiento de esta normativa, el AyA realiza muestreos periódicos en puntos estratégicos de sus sistemas de abastecimiento, incluyendo zonas de alta vulnerabilidad hidrogeológica como la Zona 6. Los resultados de estos análisis son registrados en sistemas institucionales y están disponibles para consulta pública, ya sea mediante solicitud formal o a través de los mecanismos de transparencia establecidos por la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (Ley N.º 8220). Además, en caso de que se detecten desviaciones en los parámetros establecidos, el AyA activa sus protocolos internos de alerta y contingencia, los cuales incluyen la notificación inmediata al Ministerio de Salud, la suspensión preventiva del servicio si corresponde, y la implementación de medidas correctivas para garantizar la protección de la salud pública. Por tanto, no corresponde exigir al AyA la creación de un nuevo sistema de monitoreo, ni de mecanismos de alerta adicionales, ya que estos ya existen, están normativamente regulados y se aplican conforme a estándares nacionales e internacionales. La información generada por estos sistemas es pública y puede ser solicitada por cualquier ciudadano o institución interesada. En consecuencia, la petitoria planteada por el actor no solo resulta innecesaria, sino que desconoce el marco técnico, legal y operativo que rige la gestión de la calidad del agua en Costa Rica, y que el AyA cumple de forma sistemática y conforme a sus competencias 4.e) adecuar íntegramente el Plan Regulador de Limón a la Matriz de Nombre99516 y a la jurisprudencia constitucional, incorporando la Zona 6 como área de protección absoluta. No le corresponde por competencia a este Instituto, realizar la adecuación del Plan Regulador de Limón a la Matriz de SENARA, ni tampoco realizar la incorporación de la Zona 6 como área de protección absoluta. La interpretación realizada por el actor del recurso de amparo, en cuanto a que la Zona 6 del acuífero Nombre52121 debe considerarse como una “zona de protección absoluta”, es jurídicamente incorrecta y técnicamente imprecisa. Los Acuerdos de Junta Directiva del AyA no califican la Zona 6 como de protección absoluta, sino como una zona de alta vulnerabilidad hidrogeológica, conforme a la Matriz de Criterios de Uso del Suelo elaborada y autorizada por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). Esta matriz técnica, adoptada por el AyA, constituye un instrumento de recomendación científica y técnica, cuyo propósito es orientar la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes en materia de ordenamiento territorial, evaluación ambiental y gestión del recurso hídrico. La calificación de “protección absoluta” no puede ser atribuida unilateralmente por el AyA, ni tampoco puede derivarse exclusivamente de sus acuerdos. Tal calificación requiere una delimitación oficial mediante decreto ejecutivo, conforme al marco legal vigente, y debe ser aplicada por las instituciones competentes en la emisión de actos administrativos definitivos. El Decreto Ejecutivo N.º 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH, emitido posteriormente a los acuerdos de Junta Directiva, establece un marco de coordinación interinstitucional para la protección de acuíferos, en el que el AyA participa junto con SENARA, MINAE, INVU y otras entidades. Este decreto confirma que la gestión de zonas vulnerables como la Zona 6 debe ser compartida y articulada, no atribuida exclusivamente a una sola institución. En consecuencia, los acuerdos del AyA se refieren a una zona de vulnerabilidad, no de protección absoluta, y recomiendan la aplicación de medidas técnicas y la adecuación de las propuestas de actividades conforme a estudios hidrogeológicos, planes de gestión ambiental y criterios de sostenibilidad. Interpretar lo contrario implica desconocer el marco técnico y legal que rige la gestión del recurso hídrico en Costa Rica. 5) ORDENAR la INMEDIATA SUSPENSIÓN de cualquier permiso de construcción, fraccionamiento, cambio de uso o movimiento de tierra en la Dirección2942 hasta el pleno cumplimiento de los extremos anteriores, bajo apercibimiento del artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (delito de desobediencia). Este Instituto no tiene dentro de sus competencias el otorgamiento de permiso de construcción, fraccionamiento o cambio de uso o movimiento de tierra en la Zona 6, por lo que no le corresponde referirse a esta petitoria. 6) Que todos los recurridos violentaron el principio Constitucional de coordinación administrativa en temas de protección de acuíferos ya reas de recarga acuífera, al permitir normativas regresivas y la invisibilización de la zona 6 en el plan regulador de Limón y en la disminución de protección en los acuerdos de Junta Directiva del ICAA. Se aclara que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) no ha violentado el principio constitucional de coordinación administrativa, ni ha disminuido la protección de los acuíferos ni de las áreas de recarga hídrica, en particular la Zona 6 del acuífero Moín. El principio de coordinación administrativa, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado en la jurisprudencia constitucional, exige que las instituciones públicas actúen de manera articulada, eficiente y conforme a sus competencias. En este sentido, el AyA ha cumplido con su rol técnico, emitiendo acuerdos de Junta Directiva que se fundamentan en criterios científicos y en la Matriz de Vulnerabilidad Hidrogeológica elaborada y autorizada por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). Los acuerdos del AyA no constituyen normativa regresiva, ni permiten la invisibilización de la Zona 6. Por el contrario, dichos acuerdos han sido instrumentos técnicos orientados a fortalecer la protección de los acuíferos, estableciendo parámetros de evaluación como el umbral de impermeabilización, la necesidad de estudios hidrogeológicos y planes de gestión ambiental, y la consideración de dinámicas poblacionales como el crecimiento vegetativo. Los acuerdos de referencia fueron debidamente puestos en conocimiento para que las instituciones tomaran las acciones procedentes. La interpretación del actor es incorrecta, al asumir que el AyA ha disminuido la protección de la Zona 6. Los acuerdos no autorizan actividades de forma directa ni sustituyen el acto administrativo final que corresponde a otras instituciones como SETENA, SENARA, INVU y las municipalidades. El AyA actúa como ente técnico, emitiendo criterios que deben ser considerados por las instancias competentes en la toma de decisiones. El Decreto Ejecutivo N.º 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH, emitido posteriormente a los acuerdos de Junta Directiva del AyA, establece un marco de coordinación interinstitucional para la protección de acuíferos, en el que el AyA participa activamente junto con otras entidades. Este decreto confirma que los acuerdos del AyA son parte de un esfuerzo conjunto y no pueden ser interpretados como instrumentos aislados ni contradictorios. La temporalidad normativa respalda la coherencia institucional: los acuerdos del AyA fueron emitidos en 2007 y 2011 como parte de una política técnica de protección hídrica, y el Decreto 42015 vino a consolidar esa política mediante un marco formal de coordinación. Por tanto, no existe contradicción ni regresión normativa, sino una evolución técnica y jurídica hacia una protección más robusta del recurso hídrico. En conclusión, el AyA ha actuado conforme a sus competencias legales y técnicas, promoviendo la protección de los acuíferos mediante instrumentos científicos, sin violentar principios constitucionales ni debilitar el estándar de protección ambiental. Las afirmaciones del actor deben ser contextualizadas en el marco de la normativa vigente y de la función técnica que cumple el Instituto. 8) CONDENAR en costas y daños según corresponda, de conformidad con los artículos 48 de la Constitución Política y 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…)". La condena en costas y daños en sede constitucional requiere la demostración de una actuación dolosa, negligente o arbitraria por parte de la autoridad recurrida, que haya generado una afectación directa a derechos fundamentales. En el presente caso, no se configura ninguna de estas condiciones respecto al AyA. El AyA ha actuado conforme a sus competencias legales y técnicas, emitiendo acuerdos de Junta Directiva basados en criterios científicos y en coordinación con otras instituciones del Estado, como el SENARA, el INVU y el MINAE. No existe evidencia de que el Instituto haya incurrido en omisión, abuso de poder o violación directa de derechos constitucionales. Los acuerdos cuestionados no constituyen actos administrativos definitivos ni autorizaciones materiales, sino instrumentos técnicos de recomendación que deben ser considerados por las autoridades competentes en la toma de decisiones. Por tanto, no puede atribuirse al AyA responsabilidad directa por los efectos de actos emitidos por otras entidades. El artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que la condena en costas y daños procede únicamente cuando se demuestre que la parte recurrida ha incurrido en desobediencia, falsedad o incumplimiento de sus deberes constitucionales. En este caso, el AyA ha respondido conforme a los principios de legalidad, coordinación interinstitucional y protección ambiental en cumplimiento de sus deberes. El artículo 48 de la Constitución Política, si bien garantiza el derecho a interponer recursos de amparo, no presume automáticamente la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado o de sus instituciones. La responsabilidad debe derivarse de una conducta reprochable, lo cual no se acredita en este expediente respecto al AyA. En consecuencia, la solicitud de condena en costas y daños contra el AyA resulta improcedente, por cuanto no se ha demostrado una actuación contraria al orden constitucional ni una afectación directa atribuible a esta institución. El AyA ha cumplido con sus deberes técnicos y legales en el marco de una política pública de protección de acuíferos. PETITORIA Tome en cuenta la Sala Constitucional las actuaciones que ha ejecutado el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en cumplimiento de sus fines y en el marco de sus competencias, por lo que, de forma evidente no ha desobedecido, violentado normas, garantías o principios constitucionales, ni ambientales, por lo que debe declararse sin lugar el recurso presentado en todos sus extremos en contra de AyA. Es importante señalar que en todo momento y dentro de los plazos correspondientes el AyA, le ha dado respuesta al Sr. Nombre35146 de las solicitudes de Informacion y cuestionamientos que ante la Sala Constitucional presenta nueva y reiteradamente, tal como se demuestra en la prueba adicional a este informe (…)”.

4.- Por escrito aportado a la Sala el 9 de octubre de 2025, el recurrente Nombre35146 se refiere al informe rendido por la Gerente General del ICAA, conforme los siguientes términos: “(…) PRIMERO: Aplicación de la Matriz de Nombre99516 La Gerente General afirma que el AyA aplicó la Matriz de Criterios de Uso del Suelo de Nombre99516 (aprobada en sesión N.° 239-06 del 26 de septiembre de 2006) en cumplimiento de los votos N.° 2008- 004790 y 2008-010372 de esta Sala, y que el umbral del 20% de impermeabilización por hectárea se deriva de dicha Matriz. Asimismo, sostiene que la Zona 6 se clasificó como de vulnerabilidad “alta” (color naranja), no “extrema” (color rojo), y acusa al recurrente de una interpretación subjetiva errónea. Réplica: Esta afirmación es inexacta y regresiva. El Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero de Nombre52121 (2007), elaborado por el propio AyA (Hidrogeóloga Viviana Ramos Sánchez), clasifica la Zona 6 como de vulnerabilidad “extrema” debido a su naturaleza kárstica, con tiempos de tránsito rápidos de contaminantes y presencia de dolinas y fisuras (páginas 45-50 del estudio, adjunto como Prueba 1). La Matriz de Nombre99516, en su categoría de vulnerabilidad extrema (color rojo), prohíbe expresamente actividades que impliquen impermeabilización superior al 10% y exige protección absoluta para áreas de recarga directa como Moín. El Acuerdo 2011-112 ignora esta clasificación al aplicar un umbral uniforme del 20% “para toda actividad”, violando el principio de no regresión ambiental (artículo 50 Constitucional; voto N.° 2009-014840 de esta Sala) y el principio precautorio (artículo 109 Ley N.° 7788). La aplicación de la Matriz no es automática ni genérica; debe adaptarse al contexto hidrogeológico específico (Protocolo sobre el Agua y la Salud, artículo 4). El umbral del 20% carece de criterios técnicos diferenciados por tipo de suelo kárstico, exponiendo el acuífero a contaminación irreversible (evidencia: Informe del SINAC sobre dolinas en Moín, Prueba 2). La resolución N.° 2057-2024- Nombre3763 (expediente D1-0106-2019) confirma que intervenciones en dolinas requieren evaluación ambiental previa y retiros de 10 metros, lo que contradice la permisividad del Acuerdo 2011-112. El Juzgado Contencioso Administrativo (resolución N.° 47-2023-V) y esta Sala (voto N.° 2024-001523) validaron los Acuerdos, pero no analizaron su regresividad frente a la Matriz extrema; esta omisión genera inconstitucionalidad material (artículo 48 Constitucional). SEGUNDO: Autorización de Movimientos de Tierra La Gerente sostiene que los Acuerdos no autorizan automáticamente movimientos de tierra, sino que condicionan su viabilidad a estudios hidrogeológicos y PGA aprobados por SETENA, conforme a normativa ambiental. Réplica: Esta interpretación es formalista y evade la responsabilidad. El Acuerdo 2011-112 permite explícitamente “remoción, corte y relleno de materiales” en Dirección2942 con estudio hidrogeológico y PGA, lo que implica una autorización condicionada que ignora la vulnerabilidad kárstica extrema (Estudio AyA 2007, Prueba 1). En sistemas kársticos, cualquier movimiento de tierra altera la infiltración y acelera el tránsito de contaminantes (Convenio de Aarhus, artículo 5; Protocolo sobre Agua, artículo 6). La resolución N.° 2057-2024-SETENA declara falta gravísima intervenciones en dolinas sin EIA, exigiendo planes remediales aprobados por AyA, lo que demuestra que el protocolo genérico del AyA (GTE-105-01-P) no garantiza protección. Esto viola el principio precautorio y el derecho a un ambiente sano (voto N.° 1996-04205 de esta Sala), configurando omisión inconstitucional. TERCERO: Construcción por Crecimiento Vegetativo Se describe una metodología para controlar el crecimiento vegetativo, limitando segregaciones a predios ≥1000 m² y verificando impermeabilización ≤20%, con crecimiento anual promedio del 1%. Réplica: La metodología es insuficiente y carece de base científica. No existe cartografía actualizada de impermeabilización acumulada ni verificación técnica de impacto nulo en recarga kárstica (Nombre99516, categoría extrema). El límite de 1000 m²/unidad habitacional ignora densidades reales y hacinamiento (factor 3.4 personas/predio), permitiendo incremento poblacional sin monitoreo hidrogeológico (Ley de Aguas, artículo 31). Ejemplos de denegatorias (oficios SIGDD-2025-00003680 y SIGDD-2025- 00008621) son aislados; el crecimiento del 1% anual (de 1406 a 1565 servicios, 2012-2024) evidencia expansión no controlada, violando el Convenio 169 OIT (consulta a comunidades afrodescendientes afectadas por escasez hídrica) y el principio de no regresión (voto N.° 2008-010372). Requiere parámetro de densidad máxima y verificación anual (Convenio de Aarhus, artículo 4). CUARTO: Inventario de Sustancias Peligrosas El AyA remite la competencia al Ministerio de Salud y menciona inspecciones conjuntas. Réplica: Esta evasión viola la coordinación interinstitucional (Decreto N.° 42015, artículo 31). El Acuerdo 2011-112 (punto 6) ordena al AyA mantener un “inventario exhaustivo” de sustancias de riesgo en Dirección2942, lo que no se cumple. La ausencia de inventario público impide alerta temprana (Protocolo sobre Agua, artículo 8) y acceso a información (Convenio de Aarhus, artículo 5). Inspecciones esporádicas no sustituyen un sistema consolidado, configurando omisión inconstitucional (artículo 50 Constitucional; voto N.° 2008- 004790). QUINTO: Condiciones hidrogeológicas (sistema kárstico) Se defiende el protocolo genérico GTE-105-01-P como flexible y suficiente, citando resolución N.° 2057-2024-SETENA sobre dolinas. Réplica: El protocolo genérico es inadecuado para kárstico (tiempos de tránsito cortos exigiendo retiros de 10m y planes remediales, lo que contradice la permisividad del AyA. Viola principio precautorio (Ley N.° 7788, artículo 109) y coordinación (Decreto N.° 42015). SEXTO: Publicación del Decreto de Protección Se argumenta que no procede decreto específico por principio de economía administrativa y existencia del Decreto N.° 42015. Réplica: El Acuerdo 2007-177 (punto 6) ordena explícitamente solicitar decreto al Poder Ejecutivo, lo que no se cumplió (oficio SGG-2009-1466 incompleto). El Decreto N.° 42015 es general y no oficializa límites específicos de Zona 6 con protección absoluta (Matriz SENARA). Viola obligación de publicación (Ley de Aguas, artículo 33) y coordinación (voto N.° 2009-014840). SÉPTIMO: Coordinación Interinstitucional Se citan oficios de comunicación desde 2012, pero se admite que el Plan Regulador no incorporó los Acuerdos. Réplica: Las comunicaciones son insuficientes; no hay evidencia de gestiones efectivas para incorporar Zona 6 como protección absoluta (Decreto N.° 42015, artículo 31). El Plan Regulador (Gaceta N.° 182, 2023) invisibiliza la Zona 6, violando coordinación (artículo 11 Constitucional) y Convenio 169 OIT (consulta a comunidades). OCTAVO: Disponibilidad de Información Pública Se listan plataformas con información, pero se evade trazabilidad funcional. Réplica: La información no es consolidada ni actualizada (Convenio de Aarhus, artículo 4). No existe trazabilidad de impactos acumulados en Zona 6 (monitoreo espacial). Viola acceso a información ambiental (Ley N.° 7554, artículo 2). NOVENO: Medidas Correctivas y Preventivas Se niega necesidad de restauración estricta y se confirma monitoreo existente. Réplica: La Zona 6 requiere protección estricta (vulnerabilidad extrema; Estudio 2007). El monitoreo actual no es público ni incluye alerta temprana específica (Protocolo sobre Agua, artículo 8). Viola principio precautorio. B) RÉPLICA A LA RESPUESTA A LAS PETICIONES 1) Declarar con lugar el recurso: Procede por violaciones demostradas al artículo 50 Constitucional y convenios internacionales. 2) Nulidad de Acuerdos: Los vicios son absolutos (falta de motivo técnico; LGAP, artículo 166). No caducó (nulidad absoluta imprescriptible; voto Sala Primera N.° 17-1998). Viola Convenio 169 (no consulta). 3) Nulidad parcial Plan Regulador: Procede por omisión de Zona 6 (principio no regresión). 4) Medidas estructurales: Proceden por omisión inconstitucional; plazo de 6 meses razonable (artículo 41 Ley Jurisdicción Constitucional). 5) Suspensión inmediata: Procede como medida cautelar (artículo 36 Ley Jurisdicción Constitucional). 6) Violación coordinación: Confirmada por invisibilización de Zona 8) Condena en costas: Procede por negligencia (artículo 71 Ley Jurisdicción Constitucional). Petitoria: Declárese con lugar el recurso en todos sus extremos (…)”.

5.- Por escrito aportado a la Sala el 9 de octubre de 2025 Gabriela Madrigal Garro, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) Este Instituto procede a dar respuesta e informar a la honorable Sala respetuosamente de sus actuaciones y apreciaciones tan de hecho como de hecho como de Derecho dentro del presente asunto, para lo cual respetuosamente en este acto se incorpora en la presente respuesta extracto en lo conducente, a los temas medulares resueltos en forma integral dentro del documento DU-305-10- 2025 mismo que encontrará adjunto y ofrecido como prueba dentro de la presente contestación y donde no solo estará vertido de los asideros legales como técnicos que da soporte a la presente respuesta y donde de manera integral estará detallado la tesitura de abordaje del presente asunto de manera integral y donde desde este momento quedó por debidamente no solo acreditado la atención dentro de sus competencias por este Instituto, sino que además por advertido a las Instituciones encausadas para lo de sus competencias, de manera que, no hay actuaciones u omisiones que recaigan sobre nuestro representada por lo que enfáticamente se rechaza toda responsabilidad sobrevenida conforme se desarrollara en líneas posteriores, no obstante, a fin de meridianamente aclarar y adicionar el informe procedemos conforme lo indicado respetuosamente a indicar en lo de interés: I- CONTESTACIÓN DE HECHOS E INFORME: ÚNICO: De parte de este Instituto en ningún momento se ha violentado el principio Constitucional de coordinación administrativa en temas de protección de acuíferos y áreas de recarga acuífera, como indicamos en párrafos anteriores, no corresponde al INVU la tramitación de la parte ambiental, trabajamos con los insumos oficiales que general las entidades competentes en esta materia, no resulta producto de nuestro accionar la supuesta permisión de normativas regresivas y la supuesta invisibilización que el recurrente señala existe de la zona 6 en el plan regulador de Limón y en la disminución de protección en los acuerdos de Junta Directiva del ICAA, situación en la que claramente no tenemos un rango de acción. Lo anterior procede a desarrollarse con base en los siguientes argumentos de Derecho, divididos en tres áreas que, a fin de abonar mayor claridad, procedemos a desarrollar acto seguido en el siguiente orden: a) En cuanto al Plan Regulador de Limón y las zonas de protección del acuífero de Moín. b) Sobre el tema de la parte ambiental dentro de un Plan Regulador. c) En cuanto a la solicitud del recurrente en el presente Recurso de Amparo. A fin de desarrollar cada de los apartados enunciados, se incorpora: a) En cuanto al Plan Regulador de Limón y las zonas de protección del acuífero de Nombre52121 El plan regulador vigente del cantón de Limón publicado en el Alcance 191 a La Gaceta N°182 del miércoles 4 de octubre del 2023, tiene un área sujeta a planificación de 837,95 km2 de los cuales un 4.33% (cerca de 36 km2 ) corresponde al Área de Estudio Hidrogeológico del Acuífero de Nombre52121 que se muestra en La Gaceta N°83 del miércoles 2 de mayo del 2007. Diagrama 1. Ubicación (…) De estas, la Dirección2942 a la que el recurrente hace referencia como zona de protección absoluta y que en el estudio definen como área de protección restringida, corresponde al 30% del área total. La zonificación vigente en el área del estudio hidrogeológico se conforma de varios tipos de zonas como se puede observar en el siguiente cuadro, siendo el uso predominante el residencial, el cual cubre principalmente los asentamientos ya establecidos en estos sectores, el uso rural y la protección son los dos usos con mayores porcentajes de cobertura dentro del área de estudio (…) Específicamente en la Zona 6, el área es de aproximadamente 6.2 km2 de los cuales el 52,6% corresponde a zonas residenciales de ocupación local, mayoritariamente poblados preexistentes, luego se pueden apreciar zonas de desarrollo controlado y de baja cobertura, que tienen limitaciones por las condiciones de fragilidad encontradas en el proceso de evaluación ambiental estratégica (…) La zona Residencial, de acuerdo con el artículo 15 del reglamento vigente indica lo siguiente: “Artículo 15. Zona residencial (T3) Corresponde a zonas suburbanas de usos mixtos adyacentes a zonas más densas. Las cuadras o manzanas pueden ser grandes y las calles irregulares. Predomina el sector de fragilidad IIE con alto grado de permeabilidad y/o potencial de infiltración en la superficie, que implica una alta susceptibilidad para la contaminación de aguas subterráneas. En el caso del Promontorio de Limón, dada la condición geológica del subsuelo superior (rocas carbonatadas) la consideración geotécnica deberá establecer una efectiva capacidad soportante de las edificaciones. Este tipo de terrenos presenta capacidad de carga para asimilar densidades poblacionales altas a muy altas, pero con porcentajes de cobertura restringidos.” El subrayado no es del original) (…) Por otro lado, las zonas de Desarrollo Controlado indican en el artículo 14: “ARTICULO 14. Zona de Desarrollo Urbano Controlado (T2). Terrenos con desarrollo urbano, pero escasamente poblados, cultivadas o no, las cuales pueden incluir bosques y usos residenciales. Son aptas para el desarrollo urbano en altura, pero de manera controlada. Ambientalmente corresponden en su mayoría a Zonas del tipo II-E, las cuales se describen como terrenos con alta susceptibilidad a la contaminación de aguas subterráneas, razón por la cual requieren de medidas apropiadas con respecto a cualquier tipo de actividad humana, con el potencial de generar algún tipo de contaminación de este recurso en la superficie o el subsuelo. Esta zona se subdivide en la A-1 (Desarrollo controlado) y la A-2 (Desarrollo de baja cobertura)” El subrayado no es del original (…) Se entiende por lo anterior y por lo que se desarrolló por parte de la municipalidad para evaluar ambientalmente la propuesta de modificación del plan regulador, que tomaron en consideración las condiciones hidrogeológicas del cantón, que es un componente del estudio de los Índices de Fragilidad Ambiental del Eje Geoaptitud, no se puede decir que se desconoce la condición de fragilidad por parte de la municipalidad sino que, proceden a proponer formas de cómo manejar la situación, estas estrategias y acciones de mitigación son contempladas en los estudios ambientales que se le presentan a Nombre3763 y los cuales son validados por esta institución competente. Hay ciertamente algunos pequeños reductos de actividad industrial que corresponden a infraestructura que se ha desarrollado en la zona desde hace algún tiempo y se incorpora en la propuesta de zonificación, así como usos industriales y comerciales sobre Dirección2420 que se han consolidado a lo largo de los años. b) Sobre el tema de la parte ambiental dentro de un Plan Regulador Al respecto es preciso indicar que todo lo relativo a la parte ambiental a la hora de elaborar un Plan Regulador, es competencia exclusiva de SETENA, el papel de dicha dependencia en los planes reguladores se centra en la inclusión de la variable ambiental en la planificación territorial, según la Ley Orgánica del Ambiente, por ende es posible afirmar que Nombre3763 tiene la responsabilidad de evaluar e integrar los criterios ambientales correctos, a la hora de implementar los planes reguladores, además tiene funciones clave en el contexto de los planes reguladores, donde se incluye la Evaluación de Impacto Ambiental, donde la realiza para identificar y predecir los efectos que una actividad, obra o proyecto puede tener sobre el medio ambiente, además de la incorporación de la Variable Ambiental, Nombre3763 evalúa la incorporación de la misma en los planes de ordenamiento territorial asegurando que se cumpla con los procedimientos técnicos establecidos por la legislación, además corresponde a esta Secretaría dar respuesta a las consultas que plantee la ciudadanía y entes públicos sobre asuntos relacionados con el ordenamiento ambiental territorial, estas funciones resultas esenciales para garantizar que estos planes reguladores sean sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Esa Secretaría, como entidad pública, analiza y verifica la inclusión de la variable ambiental en el análisis de las etapas constructiva y operativa de los proyectos y actividades que se ejecutarán en el territorial nacional. En caso de que los estudios cumplan con los requisitos de las normativas ambientales para su implementación, la secretaría le otorga una Licencia o Registro Ambiental para que el proyecto pueda ser implementado. Durante la fase operativa, por medio de procesos de seguimiento administrativo e inspección de campo, sean estas accionadas por el desarrollador, la ciudadanía o por esta Secretaría, se verifican si el proyecto o actividad cumplen los compromisos ambientales avaladas por SETENA. Los desarrolladores, consultores ambientales, instituciones públicas y privadas, incluyendo las municipalidades son clientes usuarios, los desarrolladores gestionan ante la Nombre3763 la obtención de la Licencia o Registro Ambiental, mientras los consultores ambientales son profesionales nombrados por el desarrollador para gestionar el cumplimiento de los compromisos ambientales vinculados a los compromisos ambientales del proyecto o actividad. Por otro lado, las municipalidades utilizan los servicios de Nombre3763 tanto para aprobar licencias ambientales para sus planes de ordenamiento territorial, como para realizar consultas sobre el estatus o denuncias ambientales sobre proyectos o actividades en su territorio Enfatizamos en lo anterior, para destacar que el tema de la vigilancia ambiental no es una competencia directa que recaiga sobre este Instituto, existen otras instancias que son las encargadas de velar por este aspecto. Desde el INVU trabajamos con los insumos que nos remitió tanto la Municipalidad de Limón, como la SETENA, la variable ambiental es un requisito que nosotros no elaboramos ni otorgamos, en el presente caso Nombre3763 le da validez, lo cual hace suponer a este Instituto, que lo correspondiente al estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, fue una información considerada por dicha Secretaría, en la cual si bien no llegaron a las mismas conclusiones y recomendaciones que hicieron en el AyA, el consultor ambiental sí dio otras especificaciones, similares a las presentadas, en el sentido que son de protección, con tratamiento de aguas, baja densidad, no es que la zona está desprotegida ni expuesta a vulnerabilidades, son zonas además que están protegidas por la ley forestal. Además, en la denominada Zona 6 la misma no es de protección absoluta, en ella sí se pueden llevar a cabo ciertas actividades que han sido previamente determinadas. Si bien el AYA hace una recomendación a través de un estudio hidrogeológico, es preciso indicar que también se hizo un estudio más actual para los índices de fragilidad ambiental (IFAS) que se presentaron ante SETENA, institución que los validó, por ende, la Municipalidad de Limón cumplió con el procedimiento de forma correcta. c) En cuanto a la solicitud del recurrente en el presente Recurso de Amparo En este punto reiteramos lo indicado en párrafos anteriores, el INVU trabaja con la documentación que aporta las instituciones correspondientes y competentes, llámese Nombre3763 y Municipalidad, la aprobación del Plan Regulador se da con base en la información que se nos remite, si el producto final pasó por la Secretaría Técnica Ambiental, se entiende desde este Instituto, que se dieron las verificaciones respectivas y que la municipalidad tomó las decisiones con base en eso para determinar la zonificación. Además, traemos a colación lo que indica el recurrente cuando señala que no existió por parte del AyA una publicidad y notificación adecuada que lograra constituir en norma urbanística el estudio hidrogeológico mencionado y que fuera adecuado para poner en conocimiento a las municipalidades y demás actores como Salud, MINAE, INVU, Nombre99516 y SETENA, siendo que además tampoco el AyA llevó a cabo la publicación de un decreto que le diera fuerza vinculante a esa delimitación en la Zona 6: (…) Las contradicciones se agravan por omisiones del AyA en la ejecución de su propio Acuerdo 2011- 112. Ese acuerdo instruyó notificar a las municipalidades la incorporación vinculante de la Matriz y enfatizó que la Zona 6 debía considerarse de restricción absoluta, con delimitación y publicidad oficiales, sin embargo la documentación reciente confirma la ausencia de información pública consolidada del AyA sobre las zonas del acuífero en sus plataformas, así como respuestas que remiten a protocolos generales de emergencia -no específicos para la zona 6- y a una “unidad regional de control” sin trazabilidad funcional histórica. En términos de gestión del riesgo y gobernanza del agua, ello traduce un incumplimiento del deber de coordinación y de tutela reforzada exigido por la Sala y por la Ley Orgánica del Ambiente (…) la falta de ejecución íntegra y trasparente de las obligaciones del AyA según el acuerdo 2011-112, constituyen un cuadro de incompatibilidad material con la Matriz de Nombre99516 y con los estándares de la Sala Constitucional(…) (…) En la documentación remitida por AyA se reconoce que, conforme al Acuerdo 112 del 02/05/2011, el Instituto debía notificar a las municipalidades para implementar en los planes reguladores “las recomendaciones de regulación de uso de la propiedad y el estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero de Moín-Limón”, “dando énfasis a la necesidad de que se considere la Zona 6 como de restricción absoluta”, así como informar a Salud, MINAE, INVU, Nombre99516 y Nombre3763 la delimitación de esa zona. (…) Además, el AyA incumplió su propio Por Tanto Sexto del Acuerdo 2007-177, que le ordenaba solicitar al Poder Ejecutivo un decreto de protección con delimitación oficial de las zonas de recarga. Al no publicarse ese decreto, la delimitación de la Zona 6 nunca adquirió fuerza vinculante, dejando un vacío normativo que el Plan Regulador de Limón aprovechó para asignar usos residenciales y turísticos en un territorio que debía ser de protección absoluta. Esta negligencia contradice los artículos 11 y 50 de la Constitución, que imponen el deber de coordinación interinstitucional y de garantía de un ambiente sano” Por otra parte, cabe mencionar que el Plan Regulador es competencia municipal, corresponde al gobierno local la determinación de acciones y medidas por adoptar a partir de la delimitación de la zona de protección del acuífero de Moín, cabe recordar que para cualquier modificación que se pretenda adoptar en el plan debe pasar por el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana el cual cita: “Artículo 17.- Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, deberá la municipalidad que lo intenta: 1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles; 2) Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo, si el proyecto no se hubiere originado en dicha oficina o difiera del que aquélla hubiere propuesto, sin perjuicio de los recursos establecidos en el artículo 13; 3) Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos; y 4) Publicar en "La Gaceta" el aviso de la adopción acordada, con indicación de la fecha a partir de la cual se harán exigibles las correspondientes regulaciones. Igualmente serán observados los requisitos anteriores cuando se trate de modificar, suspender o derogar, total o parcialmente, el referido plan o cualquiera de sus reglamentos.” La Ley de Planificación Urbana N°4240 en el artículo 15 establece también: “Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, reconócese la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio jurisdiccional (El resaltado no es del original). Consecuentemente, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para establecer un determinado régimen contralor (…)”.

6.- Por escrito aportado a la Sala el 9 de octubre de 2025, Osvaldo Quirós Arias, en su condición de Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) 1. El Nombre99516 promulgó la MATRIZ DE CRITERIOS DE USO DEL SUELO SEGÚN LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO la cual fue aprobada por la Junta Directiva del Nombre99516 por acuerdo 3303, en sesión extraordinaria N. 239-06 del 26 de setiembre de 2006, el cual es un insumo guía para realizar de una forma integral ambiental procesos de regulación y zonificación del uso del suelo en el territorio nacional. 2. En el año 2014 se emitió el oficio DIGH-UI-147-14 del 23 de mayo de 2014, de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIGH) de Nombre99516 que contiene estudio estudios hidrogeológicos realizados en la Estación de Servicio Costa Caribeños. 3. En el año 2021 Nombre99516 llevó a cabo: “ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO BÁSICO DEL ACUÍFERO LIMÓN, CANTÓN DE LIMÓN, PROVINCIA LIMÓN, COSTA RICA, AMÉRICA CENTRAL” que constituye el estudio base para la información hidrogeológica en relación con los acuíferos en el cantón de Limón. 4. El objetivo fue realizar el estudio hidrogeológico básico del cantón de Limón a partir de la información hidrogeológica disponible para la posterior elaboración del estudio hidrogeológico específico de los acuíferos presentes. 5. La zona de estudio se localiza en la costa Atlántica de Costa Rica, se extiende desde el Macizo de Chirripó Grande hasta las desembocaduras de los ríos Tuba y Toro en el Mar Caribe, abarcando todo el cantón de Limón, para un área de 1769,38 km2 6. A partir del análisis de la información disponible, se determina que la zona de estudio forma parte de la cuenca de Limón Sur, región tras arco compuesta por una depresión sedimentaria como resultado de la evolución geodinámica e interacción de Fosa Mesoamericana, la Zona de Fractura de Panamá, el Escarpe de Hess, el Cinturón Deformado de Panamá y la Depresión de Nicaragua. Esta cuenca está compuesta por rocas sedimentarias del Paleógeno (Formación Tuis) hasta el Neógeno con los Depósitos Aluviales Recientes. 7. En la zona de estudio se localizan una serie de áreas protegidas, como el Parque Internacional La Amistad, Parque Nacional Chirripó y zonas de protección como la del Río Bananito o manantiales de Moín, creadas con el fin de proteger la calidad y cantidad del recurso hídrico y la vida silvestre de la zona. 8. En el año 2023 se emitieron los documentos SENARA-DIGH-UIH-008-2023 y SENARA-DIGH-UIH-154-2023, relacionados con Servicentro Costa Caribeños, en los cuales se rinden informes de resultados, sobre estos documentos se informó al aquí recurrente Nombre35146 (…)”.

7.- Por escrito aportado a la Sala el 13 de octubre de 2025, el tutelado Nombre35146 manifiesta lo siguiente, respecto al informe rendido por el ICAA: “(…) e informo a la Honorable Sala que el contenido de la contestación brindada es parte de una serie de irregularidades cometidas por la el ICAA desde el año 2011 para evitar cumplir con el acuerdo JD-2007-177 y la modificación de 2011 en todo lo referente a la protección absoluta del acuífero Moín, pues para no pagar expropiaciones cambiaron la regulación de protección absoluta de la zona 6 del acuífero Moín, alegando según ellos la aplicación de la matriz de Nombre99516 la cual en la realidad jurídica desde el año 2007 se venía aplicando en la zona de protección absoluta del acuífero MOIN. Lo anterior de conformidad con lo siguiente: UNO; El Acuerdo JD-2007-177 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) oficializó el Estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad del Acuífero Moín, elaborado por la hidrogeóloga Viviana Ramos Sánchez. Este estudio identificó diez zonas hidrogeológicas, de las cuales la Dirección2942 fue clasificada como zona de protección absoluta por la alta vulnerabilidad a la contaminación, al ser de recarga directa al sistema kárstico que alimenta las fuentes de Moín. El método EPIK aplicado (considerando infiltración, cubierta de protección, desarrollo kárstico y red de flujo) determinó que dicha zona debía ser considerada de protección absoluta, prohibiendo toda actividad industrial, agrícola o constructiva. Las transmisibilidades entre 13 y 36 m²/día y la existencia de dolinas como ventanas directas al acuífero revelan un sistema altamente sensible. El Acuerdo 2007-177 estableció un régimen jurídico vinculante con prohibiciones expresas de uso del suelo, fundamentadas en los artículos 264 y 270 de la Ley General de Salud, la Ley de Aguas N.º 276, y la Ley Orgánica del AyA N.º 2726, las cuales son idénticas a las establecidas en la Matriz de Nombre99516 para las áreas de protección absoluta. DOS: Correlación técnica entre el Acuerdo 2007-177 y la Nombre99516 2006 en la zona 6. El análisis comparativo demuestra que el Acuerdo 2007-177 del AyA aplicó los mismos criterios científicos contenidos en la Nombre99516 2006. Esta matriz clasifica las zonas de protección según la vulnerabilidad a la contaminación del acuífero, estableciendo la categoría I (Protección Absoluta) para zonas de recarga directa con alta permeabilidad. El estudio de 2007 replicó esos mismos parámetros al declarar la Zona 6 como área de protección absoluta, prohibiendo todo uso del suelo que pudiera alterar la calidad o cantidad del recurso hídrico. Por tanto, el Acuerdo 2007-177 ya incorporaba en su totalidad los criterios de la Matriz SENARA. La afirmación del AyA en 2011 de que la modificación del Acuerdo obedecía a la aplicación de dicha matriz es, por tanto, técnicamente improcedente, pues ésta ya había sido utilizada desde el 2007. Maxime que dicha matriz de Nombre99516 se aplicó de inmediato con la adopción del Acuerdo 2007-177 al señalar la zona 6 como de protección absoluta. TRES: Contexto institucional y jurídico del AyA entre 2008 y 2011 Durante este período, el AyA enfrentó una creciente presión judicial derivada de la categoría de protección absoluta asignada a la Zona 6. En particular, la gestión promovida por Nombre52112 a favor de Propiedades Masarde S.A., tramitada bajo el expediente N.º 07-009140-0007-CO y resuelta mediante el voto N.º 2011-017606 de la Sala Constitucional, ordenó al AyA ejecutar la expropiación e indemnización de terrenos ubicados dentro de dicha zona. El Instituto reconoció en el Oficio SG-2873-11 (12 de diciembre de 2011) que mantener la categoría de protección absoluta era financieramente inviable, ya que no disponía de recursos para atender las indemnizaciones derivadas de las sentencias constitucionales. Ante este panorama, y con cientos de fincas potencialmente sujetas a expropiación, la institución decidió modificar el régimen de protección mediante el Acuerdo JD-2011-112, reduciendo el grado de protección con base en consideraciones presupuestarias y no técnicas. CUATRO: Manifestaciones del AyA para evitar expropiaciones en la Zona 6 del Acuífero Nombre52121 (2007–2017) I. Introducción y marco de referencia La evolución de la posición institucional del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) frente a la obligación de expropiar los terrenos ubicados en la Zona 6 del Acuífero Moín, ha pasado desde adoptar el Acuerdo N.º 2007- 177 declarando la zona 6 como área de protección absoluta por ser de recarga acuífera del acuífero Moín, hasta eliminar esa protección absoluta para evitar el cobro de indemnizaciones por las limitaciones que impone la zona 6 mediante el Estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad del Acuífero Nombre52121 (AyA 2007). A partir de 2010, el AyA impulsó una política orientada a evadir la ejecución de expropiaciones e indemnizaciones, alegando limitaciones presupuestarias y reinterpretando sus deberes jurídicos. Esa línea argumental se formalizó con la modificación del Acuerdo 2007-177 a través del Acuerdo 2011-112, adoptado en sesión ordinaria N.º 2011-017 del 5 de abril de 2011, y posteriormente comunicado a la Sala Constitucional. II. Evolución institucional (2007–2017) 2007 – Acuerdo N.º 2007-177 La Junta Directiva aprobó el estudio técnico que calificó la Zona 6 como área de protección absoluta, prohibiendo toda actividad urbanística o industrial, dada la vulnerabilidad extrema del acuífero kárstico. 2008–2010 – Reconocimiento constitucional Los votos de la Sala Constitucional validaron la naturaleza técnica y jurídica del Acuerdo 2007-177 y ordenaron su aplicación con expropiaciones de por medio. 2010 – Inicio de procesos de expropiación En el Exp. 07-009140-0007-CO, Res. 2011005221, el Subgerente del AyA informó que se habían iniciado los trámites de expropiación, con avalúos que ascendían a ₡1 343 millones, reconociendo expresamente la obligación de indemnizar. 2011 – Cambio de postura A partir del voto 2010-12209, el AyA comenzó a sostener que las limitaciones del Acuerdo 2007-177 eran “no indemnizables por tratarse de limitaciones de interés social”, marcando el inicio del retroceso institucional. III. La modificación del Acuerdo 2007-177 mediante el Acuerdo 2011-112: análisis comparativo con la Nombre99516 2006 El Acuerdo N.º 2007-177 de la Junta Directiva del AyA, adoptado el 19 de abril de 2007, oficializó el Estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad del Acuífero Nombre52121 elaborado bajo metodología EPIK para medios kársticos. Dicho estudio definió la Zona 6 como un área de recarga directa, alta permeabilidad, flujo subterráneo rápido y ausencia de capa protectora, recomendando un régimen de protección absoluta, es decir, sin ningún uso del suelo permitido. Ese acuerdo de 2007 no fue un instrumento aislado: se elaboró paralelamente y en coherencia con la “Matriz de Criterios de Uso del Suelo” elaborada por Nombre99516 en 2006, que clasificó las áreas de mayor vulnerabilidad hidrogeológica como “Zonas de protección absoluta”, prohibiendo expresamente: • Urbanizaciones, caminos o apertura de vías; • Actividades agropecuarias intensivas o con agroquímicos; • Instalación de tanques sépticos o descargas de aguas residuales. Por tanto, AyA 2007-177 y la Nombre99516 2006 constituían un mismo sistema técnico-jurídico, con idéntico grado de restricción. La Sala Constitucional, en sus votos 2008-004790 y 2008-010372, así lo reconoció, ordenando aplicar la Nombre99516 como parámetro nacional de protección del recurso hídrico. 1. Dualidad normativa original (AyA 2007 + Nombre99516 2006) Ambos instrumentos coincidían en declarar la prohibición total de actividades humanas dentro de la Zona 6, al considerarla de vulnerabilidad extrema. El régimen era coherente con el principio de precaución ambiental, el artículo 50 de la Constitución Política y la Ley Orgánica del Ambiente N.º 7554, garantizando la intangibilidad del acuífero y la salud pública. La aplicación conjunta de ambos instrumentos configuraba una política pública de protección integral: • Técnicamente, aseguraba la no infiltración de contaminantes por dolinas. • Jurídicamente, establecía una causa de utilidad pública superior que justificaba las expropiaciones necesarias. 2. La ruptura de 2011: el Acuerdo AyA 2011-112 En 2011, la Junta Directiva del AyA aprobó el Acuerdo N.º 2011-112 (sesión 2011- 017 del 5 de abril de 2011), que “dejó sin efecto las limitaciones absolutas” del 2007-177, bajo el argumento de que su aplicación implicaba “procesos de expropiación financieramente inviables”. El nuevo acuerdo introdujo la categoría de “usos de suelo compatibles con la protección del recurso”, permitiendo determinadas actividades “de bajo impacto”, con lo cual: • Se desnaturalizó la protección absoluta establecida en 2007. • Se violó la uniformidad técnica impuesta por la Nombre99516 2006, que no contempla zonas “compatibles” dentro de áreas de recarga extrema. • Se generó una contradicción institucional, pues el AyA —autoridad responsable de la gestión del agua— se apartó unilateralmente del criterio técnico vinculante de SENARA, sin mediar resolución científica o actualización del estudio hidrogeológico. 3. Violación de la Nombre99516 2006 y de la jurisprudencia constitucional El Acuerdo 2011-112 representó un retroceso técnico y jurídico respecto de los estándares fijados por Nombre99516 y por la propia Sala Constitucional. Al permitir usos en zonas que la matriz define como de limitación absoluta, el AyA incurrió en una contradicción con los votos 2008-004790 y 2008-010372, que ordenaron la aplicación estricta de dicha matriz en todo el territorio. La Sala, al admitir en sus resoluciones posteriores (2011–2017) la existencia de ese nuevo acuerdo, omitió analizar que el 2007-177 ya aplicaba íntegramente la Nombre99516 2006. Esa omisión permitió consolidar una aparente legalidad sobre un acto que, en realidad, violó el principio de congruencia científica y el derecho ambiental a la salud y a la vida (arts. 21 y 50 de la Constitución). El cambio introducido por el AyA en 2011 constituyó: • Una ruptura del sistema técnico SENARA–AyA, • Una regresión prohibida en materia de protección de recursos hídricos, y • Una vulneración directa al principio de no regresión ambiental reconocido por la jurisprudencia costarricense. En síntesis, el Acuerdo 2011-112 no solo contradijo el Acuerdo 2007-177 y la Nombre99516 2006, sino que revocó de hecho la prohibición absoluta sobre la Zona 6, permitiendo el inicio de procesos de ocupación, deforestación y contaminación que el Tribunal Ambiental Administrativo documentó años después como involución ecológica de los recursos naturales. IV. Argumentos reiterados del AyA ante la Sala Constitucional para no cumplir con el Acuerdo de Junta Directiva 2007-177 que imponía limitaciones absolutas por el grado de protección dela cuifero. • Voto 2011010632 (Exp. 10-007700-0007-CO) – El Subgerente alegó que el nuevo acuerdo “permitía ya una gran cantidad de actividades derivadas de los estudios valorados por el Instituto (…) lo que generaría como insubsistente la obligación de indemnizar y expropiar”. • Voto 2011017606 (Exp. 07-009140-0007-CO) – El AyA reconoció la falta de recursos presupuestarios y sostuvo que “no ha sido posible contar con los fondos suficientes para proceder a la indemnización”. • Voto 2012006210 (Exp. 10-007810-0007-CO) – Se reiteró que “no existe motivación real para declarar con lugar el recurso y ordenar una expropiación”, pues “los propietarios tienen opciones de uso y disfrute del bien”. • Voto 2017002741 (Exp. 10-007810-0007-CO) – La Presidenta Ejecutiva Yamileth Astorga afirmó que “no resulta procedente expropiar (…) porque no existe causa de utilidad pública”. V. Valoración jurisprudencial La Sala Constitucional jamás acogió de manera expresa la tesis de “imposibilidad financiera” ni la “insubsistencia de la obligación de expropiar”. No obstante, a partir de la modificación introducida por el Acuerdo 2011-112, la propia línea jurisprudencial experimentó un desplazamiento interpretativo que debilitó el alcance protector del Acuerdo 2007-177. En efecto, con la alteración realizada por la Junta Directiva del AyA en 2011, se introdujo en el expediente constitucional la idea de que el régimen de protección absoluta era sustituible por uno de “usos compatibles”. La Sala, sin advertir que el Acuerdo 2007-177 ya incorporaba plenamente la Matriz de Criterios de Uso del Suelo elaborada por el Nombre99516 (2006), aceptó tácitamente la versión administrativa presentada por el Instituto y omitió valorar que dicha matriz — técnicamente vinculante— calificaba la Zona 6 como área de limitación absoluta. Al no examinar este elemento técnico-científico, las resoluciones posteriores de la Sala se dictaron sobre una premisa fáctica incompleta: se asumió que el AyA podía “flexibilizar” el régimen de protección sin menoscabar la utilidad pública previamente declarada. Ello significó una ruptura de la coherencia jurisprudencial con los votos 2008-004790 y 2008-010372, donde se había ordenado precisamente la aplicación obligatoria de esa matriz De esta forma, la modificación administrativa del AyA condicionó la jurisprudencia constitucional: la Sala empezó a rechazar recursos de amparo presentados por propietarios o ambientalistas alegando afectación del acuífero, bajo el argumento de que el Instituto ya había ajustado el acuerdo original y permitido ciertos usos del suelo. Este cambio de criterio generó una situación de desprotección jurídica sobre la Zona 6, contrariando el principio precautorio ambiental y el derecho a la salud y al ambiente sano consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política. En términos sustantivos, el Acuerdo 2011-112 no solo violó la cosa juzgada constitucional, sino que inducía a la Sala a un error material de valoración, al hacerle creer que la modificación preservaba los objetivos técnicos del 2007-177, cuando en realidad los debilitaba. El resultado fue un retroceso prohibido en la protección del recurso hídrico y una pérdida efectiva de cobertura jurídica del acuífero Moín, afectando directamente la seguridad hídrica y sanitaria de las comunidades dependientes de esa fuente. VI. Consecuencias ambientales generadas por el AYA al rebajar el grado de protección de la zona 6 y con el cambio de jurisprudencia de la Sala. El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), en el Expediente 100-23-01-TAA, documentó una degradación ambiental severa en la Zona 6 del Acuífero Moín, específicamente sobre las fincas matrículas 27136 y 27138 (Propiedades Val Di Sole S.A.), las cuales se ubican dentro del área de recarga hídrica del acuífero Limón-Moín. 1. Pérdida progresiva de cobertura forestal y desaparición de humedales El Tribunal constató que, según la serie cartográfica comparativa FONAFIFO 2000–2005–INF 2013–SINAC 2021, se produjo una involución ecológica significativa: • En 2000, la finca 27136 estaba cubierta casi totalmente por bosque, mientras que para 2021 solo subsistían fragmentos de bosque maduro y parches de “Yolillal”, vegetación indicadora de ecosistemas de humedal. • La finca 27138 perdió prácticamente toda su cobertura boscosa, y los suelos antes húmedos fueron transformados en terrenos abiertos o intervenidos. • El Tribunal advierte que, aunque los mapas 2021 aún clasifican parte del terreno como Yolillal, estas áreas no aparecen inscritas en el Registro Nacional de Humedales, evidenciando un vacío de protección institucional sobre ecosistemas de carácter pantanoso. En síntesis, el informe demuestra una pérdida continua de bosque primario y secundario, junto con la desaparición funcional de humedales, lo que constituye una involución de los recursos naturales en la zona. 2. Alteración de la hidrología superficial y riesgo sobre el acuífero El TAA identificó la quebrada Portete, afluente de dominio público y parte del sistema del acuífero Limón-Moín, como cauce directamente afectado por la expansión de construcciones y caminos. • Se verificaron invasiones a la franja de protección del cauce, movimientos de tierra, y descargas de aguas residuales y grises hacia dolinas — depresiones naturales que operan como ventanas directas al acuífero—. • La Unidad Técnica del Tribunal ubicó al menos cinco dolinas activas (D1 a D5) dentro de las coordenadas del expediente, varias de ellas con residuos o cultivos sobre sus bordes, lo que incrementa el riesgo de infiltración contaminante 3. Incremento de ocupación humana e infraestructura ilegal Las ortofotos analizadas (2005, 2015-2018, 2023) muestran un proceso acelerado de urbanización informal dentro de la Zona 6 • Entre 2005 y 2018 aumentó significativamente la densidad de viviendas y caminos internos. • Para 2023, el Tribunal registró una “mayor densidad de infraestructura habitacional, disminución notoria de la cobertura arbórea e invasión del área de protección de la quebrada Portete”. • Se observaron movimientos de tierra, rellenos y terrazas, así como la existencia de tanques sépticos, fosas y descargas directas en terrenos de alta vulnerabilidad hidrogeológica. Estos hallazgos confirman que el relajamiento normativo introducido por el Acuerdo 2011-112 —al permitir “usos compatibles”— facilitó un proceso de ocupación antrópica descontrolada sobre un ecosistema previamente protegido. 4. Involución ecológica comprobada El Tribunal concluye que, entre 2000 y 2023, la zona experimentó una involución ambiental manifiesta: • Retroceso en la cobertura forestal, • Desaparición de humedales tipo Yolillal, • Fragmentación del paisaje natural, • Contaminación difusa y alteración del régimen hídrico, todo ello dentro de un acuífero de recarga prioritaria. Esta involución refleja el fracaso del cambio de política institucional del AyA en 2011, cuya flexibilización de uso de suelo autorizada por la Sala, propició la pérdida de los mecanismos naturales de filtración y depuración del agua subterránea, afectando de manera directa el derecho constitucional a la salud y al ambiente sano. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) desarrolló entre 2010 y 2017 una línea argumental sistemática destinada a eludir las expropiaciones ordenadas por la Sala Constitucional, recurriendo a justificaciones presupuestarias y reinterpretaciones administrativas. El Acuerdo N.º 2011-112 representó una alteración sustantiva del régimen de protección establecido en el Acuerdo 2007-177, y constituyó una renuncia inconstitucional a la obligación de expropiar los terrenos localizados en la Zona 6 del acuífero Moín. Si bien la Sala Constitucional mantuvo formalmente la vigencia del Acuerdo 2007- 177 como parámetro de utilidad pública y protección absoluta, la aceptación tácita de la modificación introducida por el AyA generó un cambio jurisprudencial que debilitó la tutela del derecho al ambiente y permitió un relajamiento de las restricciones de uso del suelo. Los efectos ambientales negativos, constatados por el Tribunal Ambiental Administrativo, son consecuencia directa de esa desviación de política pública, reflejada en la pérdida de cobertura boscosa, la desaparición de humedales y la contaminación progresiva del acuífero. En conclusión, se configura un retroceso prohibido en materia ambiental, contrario a la jurisprudencia constitucional costarricense —particularmente los votos N.º 2008-010372 y N.º 2011-010632—, al haberse sustituido un régimen de protección absoluta por uno de mera compatibilidad administrativa, sin justificación técnica ni constitucional. La Matriz de Criterios de Uso del Suelo del Nombre99516 (2006) ya tenía aplicación práctica en la Zona 6, pues el Acuerdo 2007-177 la incorporó como fundamento técnico al establecer la categoría de “Protección Absoluta” para zonas de recarga directa, dolinas y terrenos kársticos de alta permeabilidad. Al sustituir ese régimen por un modelo de “uso condicionado” en 2011, el AyA contravino los criterios de SENARA, que prohibían toda intervención que pudiera introducir contaminantes o alterar el balance hídrico Solicito se declare con lugar el presente recurso de amparo por los evidentes incumplimientos del AYA (…)”.

8.- Por escrito aportado a la Sala el 17 de octubre de 2025, el recurrente Nombre35146 se refiere a los informes rendidos por las autoridades del SENARA, INVU y del ICAA, conforme los siguientes términos: “(…) I. LEGITIMACIÓN Y OBJETO DEL RECURSO En mi condición de ciudadano limonense afrodescendiente, presenté el presente recurso de amparo en tutela de derechos fundamentales de naturaleza colectiva y difusa, ejercitando el deber y el derecho de toda persona a defender el ambiente y los bienes de dominio público natural, conforme al artículo 50 de la Constitución Política y la jurisprudencia constante de esta Sala. El objeto del recurso es reclamar la defensa efectiva del Acuífero Limón–Moín, particularmente de su Zona 6, área que los estudios técnicos oficiales —entre ellos el elaborado por la ingeniera Viviana Ramos (UCR, 2005), la Matriz de Criterios de Uso del Suelo del Nombre99516 (Acuerdo JD-3303-2006), y el Acuerdo de Junta Directiva del AyA JD-2007-177, que homologó dicha Matriz— definieron como zona de recarga directa de alta a extrema vulnerabilidad, la cual debía mantenerse bajo un régimen de protección absoluta. II. RESPUESTA DEL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA) El informe rendido por el Gerente General del Nombre99516 adolece de una falta total de congruencia, precisión y profundidad técnica, pues se limita a señalar la existencia de la Matriz de Criterios de Uso del Suelo según Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos (Acuerdo JD-3303-2006) y del Estudio Hidrogeológico Básico del Acuífero Limón (2021), sin emitir valoración alguna sobre los hechos concretos denunciados en el amparo. Tal omisión constituye una evasión sustantiva en los términos del artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ya que el informe no desvirtúa ni refuta los extremos planteados por el recurrente, particularmente en lo relativo a la protección absoluta de la Zona 6, la omisión del decreto de protección y la aplicación del principio precautorio. 1. Inobservancia del carácter técnico-vinculante de la Nombre99516 El SENARA, como órgano técnico especializado en aguas subterráneas, posee competencia exclusiva para establecer las categorías de vulnerabilidad y las restricciones de uso del suelo asociadas a la protección de los acuíferos. Sin embargo, el informe rendido no explica cómo se ha aplicado ni actualizado la Matriz aprobada mediante el Acuerdo JD-3303-2006, ni aclara si mantiene su vigencia en la Zona 6 del acuífero Limón–Moín. El documento se limita a reproducir su existencia, omitiendo pronunciarse sobre su contenido vinculante y sobre la obligación de las demás instituciones (AyA, INVU, Nombre3763 y municipalidades) de respetar sus parámetros técnicos Dicha omisión es sustantiva porque el núcleo del amparo radica en que la Zona 6, conforme a la Matriz y a los estudios hidrogeológicos de Ramos (UCR, 2005) y del propio Nombre99516 (2006), fue definida como zona de recarga directa de vulnerabilidad extrema, donde no se permite urbanización ni intervención del terreno. El silencio institucional del Nombre99516 ante este hecho técnico significa que no desvirtúa la calificación de protección absoluta, ni aporta evidencia científica o legal que justifique su flexibilización, lo cual configura una regresión ambiental contraria al principio de no regresión reconocido por esta Sala (votos 2008-004790 y 2011-014596). 2. Reconocimiento de contaminación y alta vulnerabilidad sin medidas preventivas El propio SENARA, a través de los oficios DIGH-UIH-008-2023 y DIGH-UIH-154-2023, confirma que en el área de la Dirección2942 se detecta contaminación por hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) y Benzo-alfa-pireno, compuestos derivados de operaciones industriales y del plantel RECOPE-Moín. Asimismo, se describe que el subsuelo presenta un medio kárstico fracturado, con dolinas activas, que funcionan como puntos de recarga concentrada y aceleran el tránsito de contaminantes hacia el nivel freático. A pesar de reconocer esa condición hidrogeológica y de admitir la existencia de contaminantes, el Nombre99516 no acredita haber tomado ninguna medida precautoria, ni haber solicitado la suspensión de obras o el control de fuentes contaminantes. Tampoco indica que haya requerido al AyA o a la Municipalidad de Limón la adopción de restricciones preventivas. Esa inacción institucional es jurídicamente relevante, pues viola el principio precautorio consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política, así como en los artículos 10, 17 y 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, que imponen el deber de actuar ante el riesgo, incluso en ausencia de certeza científica plena. Esta Sala ha establecido reiteradamente que “la falta de medidas oportunas frente a un riesgo comprobado constituye una omisión institucional que vulnera el derecho fundamental a un ambiente sano” (votos 2008-004790 y 2015-016882). El SENARA, al limitarse a constatar la vulnerabilidad sin promover acción correctiva, incurre precisamente en esa forma de omisión. 3. Ausencia de pronunciamiento sobre el decreto de protección del acuífero El recurso de amparo también denunció que, desde el Acuerdo AyA JD-2007-177, se ordenó la gestión de un decreto ejecutivo de protección del acuífero Moín, lo cual nunca se cumplió. El SENARA, como órgano técnico responsable de la información hidrogeológica, debió pronunciarse sobre esta omisión, ya que su participación era necesaria para delimitar las zonas de recarga y justificar el acto administrativo. No obstante, el informe guarda absoluto silencio sobre este punto. No indica si el Nombre99516 colaboró en la redacción del decreto, si remitió estudios al Poder Ejecutivo o si emitió recomendación alguna. Esta falta de pronunciamiento no solo denota inacción técnica, sino también omisión de coordinación interinstitucional, contraria a los artículos 11 y 50 constitucionales y al artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, que exige a las instituciones actuar de manera conjunta en la protección de los recursos hídricos. En consecuencia, el Nombre99516 no cumple su deber jurídico de impulso técnico, y contribuye al vacío normativo que desde 2007 ha impedido la formalización de la protección legal del acuífero Moín, perpetuando un estado de vulnerabilidad institucional y ambiental. 4. Falta de análisis técnico-jurídico integral y congruencia procesal El informe del Nombre99516 carece de estructura técnica suficiente y no relaciona los estudios mencionados con las denuncias del amparo. No ofrece mapas de vulnerabilidad actualizados, ni reportes de monitoreo hidroquímico, ni indicadores de gestión ambiental. Su contenido se limita a referencias documentales generales sin responder si los hallazgos científicos condujeron a medidas correctivas o políticas públicas. Esta falta de correlación entre la información técnica y la defensa jurídica configura una incongruencia procesal, pues el informe no cumple con los estándares establecidos por la jurisprudencia constitucional (votos 2000-06423, 2003-10768, 2015-011184), que exigen informes “claros, completos y fundados en hechos verificables”. El resultado es un documento que evade responder los hechos esenciales del amparo, dejando sin respuesta directa las denuncias de regresión ambiental, omisión del decreto y vulnerabilidad extrema de la Zona 6. Del análisis integral se concluye que el Nombre99516 no respondió de fondo los hechos denunciados, sino que incurrió en una evasión sustantiva y una omisión institucional estructural. A pesar de disponer de evidencia científica sobre la contaminación y la vulnerabilidad extrema de la Zona 6, no promovió medidas preventivas, ni coordinó con otras instituciones, ni defendió la vigencia de la Matriz SENARA. El silencio técnico y jurídico del SENARA, frente a un riesgo ambiental conocido y documentado, configura una violación del principio precautorio y del derecho fundamental a un ambiente sano (art. 50 CP), razón por la cual debe tenerse por no desvirtuados los hechos alegados en el amparo, conforme al artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. III. RESPUESTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) El informe rendido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) reconoce expresamente que el Plan Regulador de Limón abarca un total de 36,31 km² comprendidos dentro del ámbito del Estudio Hidrogeológico del Acuífero Nombre52121 (AyA, 2007), y que dentro de esa extensión se encuentra la Zona 6, la cual ocupa aproximadamente 6,2 km², equivalentes al 17% del área total del acuífero. Asimismo, el INVU señala que, según la zonificación aprobada, dentro de dicha zona de protección absoluta se establecen usos predominantemente residenciales (52,61%), agrícolas (20%) y mixtos o de servicios (cerca del 24%), mientras que solo un 3% de su superficie se mantiene bajo categoría de protección ambiental directa. Esta descripción constituye, en sí misma, una admisión expresa de incompatibilidad entre la zonificación urbanística promovida por el INVU y la categoría de vulnerabilidad hidrogeológica reconocida por los estudios técnicos oficiales del AyA desde el año 2007, así como por la Matriz de Criterios de Uso del Suelo del Nombre99516 (Acuerdo JD-3303-2006). En efecto, el propio Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) reconoce que el área correspondiente a la Dirección6573 posee una fragilidad tipo II-E, equivalente a alta vulnerabilidad a la contaminación, según la clasificación hidrogeológica del SENARA, lo cual impone restricciones estrictas y obliga a la aplicación del principio precautorio en toda acción de planificación territorial. Sin embargo, lejos de asumir su responsabilidad jurídica y técnica como ente rector en materia de planificación urbana y uso del suelo, el INVU incurre en una evasión de su deber institucional, trasladando indebidamente la carga de protección a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), bajo el argumento de que corresponde a esta realizar las evaluaciones de impacto ambiental de cada proyecto particular. Con ello, el INVU fragmenta el control ambiental, sustituyendo el análisis de ordenamiento preventivo y vinculante —que le corresponde en sede de planificación urbana— por un control caso a caso, subordinado a la discrecionalidad administrativa de SETENA. Esta práctica, reiterada en los informes del INVU ante la Sala Constitucional, configura una violación al principio de integralidad y coordinación ambiental, pues desvincula la política de ordenamiento territorial de la matriz hidrogeológica nacional, desconociendo la jerarquía técnica del Nombre99516 y la obligatoriedad del Acuerdo AyA JD-2007-177. En consecuencia, el INVU, en lugar de garantizar la coherencia entre la planificación urbana y la protección ambiental del acuífero, se desentiende de su obligación de prevención y contribuye a perpetuar la contradicción institucional que ha permitido el deterioro progresivo de la Zona 6, en violación de los artículos 11 y 50 de la Constitución Política, así como de los artículos 17, 99 y 100 de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.º 7554). 1.- Omisión de análisis técnico-jurídico sobre la contradicción con la Nombre99516 El informe del INVU no aborda la contradicción directa existente entre el Plan Regulador aprobado y los parámetros técnicos vinculantes de la Matriz SENARA, que prohíben expresamente los usos residenciales, comerciales o industriales dentro de zonas de recarga con vulnerabilidad alta o extrema como lo es la Dirección2942. En los hechos, el Plan Regulador autoriza densidades urbanas incompatibles con la capacidad de absorción y filtración del suelo de la Zona 6, permitiendo parcelaciones, rellenos y edificaciones en un área donde los estudios del AyA y la UCR (Ramos, 2005) habían determinado la necesidad de protección absoluta. El INVU no justifica jurídicamente esta contradicción, ni aporta dictámenes técnicos o resoluciones que expliquen la decisión de permitir usos urbanos en un área identificada como de recarga directa y de importancia hídrica. Tampoco señala si el Plan Regulador cuenta con el aval técnico de Nombre99516 o con un pronunciamiento expreso de AyA conforme al Acuerdo JD-2007-177. Esta falta de razonamiento técnico y jurídico vulnera el principio de congruencia administrativa y el deber de coordinación interinstitucional, consagrado en los artículos 11 y 50 de la Constitución Política y en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente (N.º 7554), que obligan a todas las entidades públicas a garantizar la integridad ecológica de las fuentes de agua y los ecosistemas. 2. Inobservancia del principio precautorio y regresión ambiental El INVU, al limitarse a una descripción estática de la zonificación vigente sin valorar su impacto sobre la zona de recarga, incurre en una omisión incompatible con el principio precautorio, según el cual, ante la duda razonable de daño ambiental grave o irreversible, deben adoptarse medidas de protección, aún en ausencia de certeza científica plena. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que las decisiones de planificación territorial deben subordinarse al interés superior de la protección ambiental y no al desarrollo urbano inmediato (votos 2008-004790, 2011-014596 y 2017-012582). Al admitir que la zona 6 presenta alta vulnerabilidad pero no proponer ajustes, moratorias o revisiones del plan, el INVU consolida una situación de regresión ambiental, pues sustituye un régimen de protección absoluta (vigente desde 2007 con el Acuerdo AyA JD-177 y matriz de SENARA) por uno de permisividad urbanística, sin justificación técnica ni evaluación ambiental estratégica. Tal regresión contraviene el principio de progresividad en materia ambiental, que obliga a los entes públicos a avanzar, y no retroceder, en la protección del ambiente, conforme al artículo 50 de la Constitución Política, la Ley de la Jurisdicción Constitucional (art. 48) y la Ley Orgánica del Ambiente. 3. Falta de coordinación efectiva y de control sobre la gestión ambiental local El INVU sostiene que el control del uso del suelo recae en la Municipalidad de Limón, mientras que la valoración ambiental corresponde a SETENA, presentándose como un mero ente aprobador de planes. Sin embargo, esa interpretación es jurídicamente incorrecta. El artículo 18 de la Ley de Planificación Urbana (Ley N.º 4240) impone al INVU la obligación de garantizar que todo plan regulador se ajuste a las disposiciones legales y técnicas de orden superior, incluyendo los criterios de protección ambiental y los instrumentos científicos oficiales de gestión del territorio. Además, el Decreto Ejecutivo N.º 32967-MINAE-VIVIENDA, que regula la coordinación entre INVU y SETENA, establece que el componente ambiental debe integrarse desde la fase de diseño del plan, no después de su aprobación. Al no haber requerido dictamen técnico de Nombre99516 ni haber aplicado los criterios de la Matriz, el INVU incumple su deber de control previo. Esa omisión fractura la coordinación interinstitucional obligatoria entre planificación urbana y protección ambiental, debilitando el sistema de gestión integral de los recursos hídricos. 4. Omisión de valorar los efectos acumulativos y sinérgicos sobre la Zona 6 El informe del INVU tampoco contiene una valoración de los efectos acumulativos, sinérgicos y de largo plazo derivados del desarrollo urbano, industrial y vial dentro de la Zona 6 del acuífero Moín, a pesar de que esta Honorable Sala ha reiterado la obligación de las instituciones públicas de evaluar integralmente la interacción de las actividades humanas sobre los ecosistemas vulnerables. En el voto N.º 2003-010768, la Sala Constitucional estableció que “la protección del ambiente no se agota en la autorización individual de proyectos, sino que exige valorar sus efectos acumulativos y sinérgicos sobre el conjunto de los ecosistemas, pues el deterioro ambiental es un proceso progresivo que no puede analizarse de manera aislada”. El INVU, sin embargo, se limita a describir el uso de suelo aprobado, sin incorporar ninguna evaluación de impactos derivados del aumento de densidad poblacional, del cambio de cobertura vegetal, de la impermeabilización progresiva del suelo o del riesgo de contaminación por aguas residuales, escorrentía y lixiviados. Esta omisión metodológica implica que el Plan Regulador carece de una evaluación ambiental estratégica, instrumento indispensable según los estándares del Decreto Ejecutivo N.º 32967-MINAE-VIVIENDA, que regula la integración del componente ambiental en los procesos de planificación urbana. Al no prever tales efectos, el INVU incumple el principio de prevención y planificación ambiental previsto en los artículos 2, 10 y 99 de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.º 7554), los cuales obligan a las instituciones públicas a incorporar criterios de sostenibilidad y de gestión integral del riesgo en toda forma de planificación territorial. La ausencia de un análisis hidrogeológico integral en el proceso de planificación urbana demuestra que el INVU no ha garantizado la sostenibilidad a largo plazo del recurso hídrico, ni la compatibilidad del modelo urbano propuesto con la capacidad de carga y descarga del acuífero. El estudio de la ingeniera Viviana Ramos (UCR, 2005), incorporado posteriormente por el AyA en el Acuerdo JD-2007-177, determinó que el acuífero Nombre52121 funciona bajo un sistema kárstico de recarga concentrada, con drenaje subterráneo directo hacia zonas de descarga costera y con tiempos de tránsito extremadamente cortos. Esta condición implica que cualquier alteración superficial —movimientos de tierra, urbanización o pérdida de cobertura vegetal— afecta de manera inmediata la calidad del agua subterránea, pues el flujo del agua a través de las dolinas y conductos fracturados carece de capacidad natural de filtración y depuración. Al aprobar el Plan Regulador de Limón sin considerar estos parámetros hidrogeológicos —ni aplicar el principio de capacidad de carga ambiental—, el INVU desconoció la relación directa entre recarga, descarga y vulnerabilidad, transformando el subsuelo del acuífero en un receptor de contaminantes derivados de la expansión urbana. La dinámica de carga-descarga identificada por Ramos demuestra que el sistema no tolera incrementos significativos de ocupación del suelo sin provocar impactos irreversibles en la calidad del agua y en el equilibrio piezométrico. En consecuencia, el Plan Regulador de Limón, aprobado con el aval técnico del INVU, carece de respaldo hidrogeológico y ambiental suficiente, y contraviene los principios de precaución, integralidad, prevención y desarrollo sostenible, al permitir un uso del suelo incompatible con la capacidad natural del acuífero para asimilar alteraciones. Dicha actuación vulnera el derecho constitucional de la población tribal limonense a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política, así como las obligaciones del Estado costarricense bajo el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.º 7554) y los estándares de la Observación General N.º 15 del Comité DESC de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua. En consecuencia, el informe del INVU es meramente descriptivo y evasivo, sin contenido técnico-jurídico que desvirtúe los hechos del amparo. Reconoce la presencia del acuífero Nombre52121 dentro del ámbito del Plan Regulador y admite la alta vulnerabilidad de la Zona 6, pero no adopta ni recomienda medidas correctivas o restrictivas. Su respuesta traslada responsabilidades, omite la coordinación con Nombre99516 y AyA, y no evalúa la contradicción entre la zonificación y la protección ambiental. Por tanto, debe tenerse por no desvirtuado el hecho de regresión ambiental denunciado, considerándose acreditada la falta de coordinación interinstitucional, la violación del principio precautorio y la inobservancia del principio de progresividad ambiental. La actuación del INVU configura, así, una omisión administrativa sustantiva, contraria al deber de tutela del ambiente y de protección del acuífero Limón–Moín, particularmente de su Zona 6 de recarga directa y alta vulnerabilidad hidrogeológica. III. RESPUESTA DEL AYA 1.Negación formal de autorizaciones sin desvirtuar la permisividad material del Acuerdo JD-2011-112 El AyA afirma que no autoriza directamente movimientos de tierra ni urbanizaciones en la Zona 6, alegando que su rol es únicamente técnico y que tales permisos corresponden a Nombre3763 y las municipalidades. No obstante, esta respuesta elude el núcleo del reclamo, pues el Acuerdo JD-2011-112, emitido por el propio AyA, suprimió de hecho el régimen de protección absoluta instaurado en 2007 y en la matriz de Nombre99516 y lo sustituyó por un sistema de condicionamientos que permite usos urbanos, viviendas y obras de infraestructura en el área de recarga. Al no refutar esta contradicción, la institución incurre en evasión sustantiva: niega formalmente su competencia directa, pero omite reconocer su responsabilidad regulatoria como ente rector en materia de abastecimiento de agua y protección de fuentes. Tampoco demuestra haber emitido directrices a las municipalidades o a Nombre3763 para que impidieran esas actividades, ni haber promovido acciones cautelares ante la constatación de intervenciones en dolinas y zonas de recarga. Esa falta de prevención viola los principios de precaución y coordinación institucional, y configura una omisión institucional activa, en tanto el AyA conocía los riesgos y no adoptó medidas adecuadas. 2. Omisión de control sobre sustancias peligrosas y riesgo químico-industrial La Gerencia General admite expresamente que el AyA no mantiene un inventario actualizado de establecimientos que manipulen o almacenen sustancias peligrosas en el área del acuífero Moín, alegando que dicha función corresponde al Ministerio de Salud. Esta posición es jurídicamente improcedente, ya que el propio Acuerdo JD-2011-112, en su cláusula séptima, ordena al AyA mantener un registro actualizado del uso del suelo y de las actividades potencialmente contaminantes, como parte del sistema de monitoreo y prevención de la contaminación. La omisión de esta función implica el incumplimiento del deber de prevención ambiental y del principio de diligencia reforzada, consagrados en los artículos 11 de la Constitución Política y 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. La ausencia de un inventario técnico actualizado impide la gestión integral del riesgo, la trazabilidad de fuentes contaminantes y el cumplimiento del deber estatal de protección frente a amenazas a la salud pública y al ambiente. El AyA, al eludir esta obligación, reconoce su inacción institucional, lo que agrava la vulnerabilidad del acuífero frente a derrames industriales, filtraciones o contaminación difusa de origen urbano. 3. Falta de protocolos específicos para el sistema kárstico y las dolinas El informe menciona de forma tangencial la existencia de resoluciones de Nombre3763 relativas a dolinas, pero no demuestra la existencia de protocolos propios del AyA para la protección del sistema kárstico del Moín. Esta omisión es técnica y estructuralmente grave, pues la zona está conformada por rocas calcáreas con alta porosidad y fracturación, lo que permite el tránsito directo de contaminantes hacia el nivel freático. El Estudio de Ramos (2005) y la Nombre99516 (2006) enfatizaron la necesidad de protocolos especiales de monitoreo, sin que el AyA los haya implementado en casi dos décadas. Ello configura una falla técnica institucional prolongada, contraria a los artículos 10 y 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, que obligan a las instituciones a adoptar medidas específicas para ecosistemas frágiles. 4. Omisión en la gestión del decreto de protección del Acuífero Nombre52121 La Gerencia General del AyA reconoce que la institución nunca gestionó el decreto de protección del acuífero Moín, ordenado por el Acuerdo JD-2007-177. Alega que la materia fue “atendida” por un decreto general (N.º 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH), argumento que carece de validez jurídica, pues dicho decreto no sustituye la obligación específica asumida en 2007, ni delimita las zonas de recarga ni los regímenes de uso del suelo. El incumplimiento de esta obligación implica una omisión administrativa continuada, contraria a los artículos 11 y 50 constitucionales, y a los principios de coordinación, eficiencia y buena administración pública. La inacción durante más de quince años constituye una forma de regresión ambiental institucionalizada, que ha permitido la expansión urbana dentro del área de recarga sin el marco jurídico protector que ordenaba el propio AyA. 5. Falta de coordinación interinstitucional y de transparencia pública El AyA cita comunicaciones enviadas a SETENA, INVU y la Municipalidad, pero no aporta evidencia de resultados efectivos ni de medidas preventivas conjuntas. No consta que haya intervenido en el trámite del Plan Regulador de Limón (2023), ni que haya emitido lineamientos técnicos vinculantes. El informe tampoco demuestra la existencia de un sistema público de información ambiental ni de monitoreos periódicos, pese a que el acceso a la información ambiental constituye un derecho fundamental reconocido en la Ley N.º 8968 y en el Convenio de Aarhus. Esta falta de coordinación y transparencia revela un patrón institucional de omisión estructural y desconexión interinstitucional, incompatible con los deberes de gestión integrada del recurso hídrico establecidos en la Ley N.º 2762 (Ley Constitutiva del AyA) y en la Ley Orgánica del Ambiente. Del análisis integral se concluye que el AyA no respondió de fondo los hechos denunciados en el recurso de amparo, limitándose a justificar actuaciones pasadas y a derivar responsabilidades hacia otras entidades. La institución no ha cumplido su deber de rectoría técnica, prevención y protección efectiva de la Zona 6 del acuífero Moín, ni ha ejecutado las acciones ordenadas en sus propios acuerdos. El informe carece de congruencia, precisión y completitud, configurando una evasión material del deber de informar (art. 30 LJC) y una admisión tácita de los hechos (art. 33 LJC). IV. INVISIBILIZACIÓN DE LOS RECURRIDOS A LA Dirección2942 La protección del acuífero Nombre52121 constituye uno de los casos paradigmáticos de gestión ambiental y de gobernanza hídrica en el Caribe costarricense. En este sector confluyen elementos geológicos, hidrogeológicos, ecológicos y legales que hacen de la Zona 6 —ubicada en el entorno inmediato de las Fuentes de Moín— un espacio de interés público y alta sensibilidad ambiental. Desde la década de 1980, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) han desarrollado múltiples estudios y acuerdos institucionales que coinciden en la necesidad de mantener una protección absoluta sobre esta zona 6, debido a su vulnerabilidad extrema frente a contaminaciones y alteraciones del suelo. I. Estudio Viviana Ramos (2005–2006): caracterización científica de la Zona 6 El estudio de Ramos representa la primera caracterización sistemática del acuífero Nombre52121 con herramientas modernas de análisis de vulnerabilidad. Se delimita un área de aproximadamente 72 km², comprendida entre las coordenadas 632 000–644 000 E y 213 000–222 000 N, con el objetivo de determinar la vulnerabilidad intrínseca y definir las zonas de protección que debían ser adoptadas por el AyA. La autora identifica un sistema kárstico costero desarrollado sobre calizas coralinas con dolinas activas que facilitan la infiltración directa hacia el nivel freático. Estas condiciones justifican la clasificación de la Zona 6 como de protección absoluta. II. La Nombre99516 (2005): fundamento técnico-normativo nacional La Nombre99516 (2005) fue creada para estandarizar los criterios de vulnerabilidad y protección de los acuíferos costarricenses. Esta herramienta clasifica las zonas de recarga según su vulnerabilidad intrínseca, la importancia del recurso y la amenaza potencial de las actividades humanas. En su Categoría I, asigna protección absoluta a las áreas con vulnerabilidad alta y función de abastecimiento público, lo cual coincide plenamente con el diagnóstico de Viviana Ramos para la Zona 6 del acuífero Moín. III. Aplicación al caso Nombre52121 (Zona 6 del Acuífero Moín) El análisis técnico del Estudio Hidrogeológico del Acuífero Nombre52121 realizado por Viviana Ramos (2005) demuestra que la Zona 6 reúne las condiciones más críticas del sistema kárstico costero. La cobertura protectora es inferior a 10 metros, la infiltración es directa por dolinas activas, la red kárstica es altamente desarrollada y el área se utiliza para captación pública. Estas características ubican la Zona 6 en la Categoría I de la Nombre99516 (2005), correspondiente a Protección Absoluta. En consecuencia, toda actividad con potencial contaminante debe prohibirse, permitiendo únicamente usos de conservación, monitoreo y reforestación. Gráfico 1. Correspondencia técnica y clasificación de la Zona 6 (Moín) IV. Conclusión interpretativa El análisis integrado demuestra que la Zona 6 del acuífero Nombre52121 cumple con todos los parámetros que definen la Categoría I – Protección Absoluta según la metodología SENARA. Las conclusiones del estudio de Viviana Ramos no solo se ajustan al modelo técnico nacional, sino que sirvieron de base para la oficialización de la zona de protección en 2007, manteniéndose vigente conforme al reconocimiento expreso del Nombre99516 (2021). Desde el punto de vista hidrogeológico, jurídico y ambiental, la protección absoluta de la Zona 6 no es discrecional, sino una obligación derivada del conocimiento técnico y de los actos administrativos firmes que la respaldan y se encuentra vigente desde el 2007. V. Violación de los recurridos a la Matriz del Nombre99516 y al Acuerdo 2007-177 con la aprobación del 2011-112: su verdadero fundamento objetivo La aprobación del Acuerdo 2011-112 del AyA constituye una ruptura técnica y jurídica directa respecto de los instrumentos científicos y normativos que habían consolidado la protección del acuífero Nombre52121 bajo el principio de protección absoluta, conforme a la Matriz de Protección de Acuíferos del Nombre99516 (2005) y el Acuerdo de Junta Directiva 2007-177. Desde 2007, con la adopción del estudio hidrogeológico de Viviana Ramos (UCR) y su oficialización por parte del AyA, la Zona 6 fue clasificada como área de vulnerabilidad extrema, donde la infiltración directa y la presencia de dolinas activas hacían inviable cualquier uso del suelo que pudiera introducir contaminantes. Esta delimitación fue plenamente coherente con la Categoría I de la Matriz SENARA, que establece como regla técnica la prohibición absoluta de todo tipo de uso constructivo, agrícola o industrial en áreas de vulnerabilidad alta o extrema, con el fin de salvaguardar las fuentes de agua para consumo humano. El Acuerdo 2007-177 tradujo esa calificación en un régimen jurídico estricto: prohibió perforaciones, construcciones, almacenamiento de hidrocarburos, tala, apertura de caminos y todo tipo de actividad que alterara la cobertura vegetal o el balance hídrico. En su esencia, dicho acuerdo consolidó la convergencia entre ciencia y derecho, armonizando los criterios del SENARA, la UCR (Viviana Ramos) y el AyA bajo el principio de precaución ambiental y la tutela constitucional del recurso hídrico. En 2008, mediante la sentencia N.º 12043-2008 (Exp. 07-009140-0007-CO), la Sala Constitucional reconoció que las medidas del AyA habían restringido completamente el uso de las fincas y, por tanto, configuraban un acto expropiatorio de hecho. La Sala ordenó al Instituto iniciar el procedimiento de expropiación o, en su defecto, indemnizar a los afectados, reafirmando que la protección del agua es causa de utilidad pública, pero no puede realizarse a costa de la anulación total del derecho de propiedad sin compensación. Este pronunciamiento consolidó la idea de que la protección ambiental no elimina la obligación de indemnizar cuando las limitaciones son absolutas. I. Evolución institucional y regresión del régimen de protección Ante las restricciones impuestas por el Acuerdo de Junta Directiva N.º 2007-177, que declaró la protección absoluta de la Dirección6573, el propio Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) reconoció expresamente ante la Sala Constitucional, en el trámite del recurso de amparo N.º 07-009140-0007-CO (resuelto mediante sentencia N.º 12043-2008), su incapacidad financiera para atender las indemnizaciones derivadas de dicha declaratoria. En vez de gestionar los recursos presupuestarios necesarios para cumplir con el mandato de protección y proceder conforme al principio de indemnidad del artículo 45 constitucional, el AyA optó por alterar el régimen técnico-jurídico de protección, dictando en el año 2011 el Acuerdo de Junta Directiva N.º 2011-112, publicado en La Gaceta N.º 83 del 2 de mayo de 2011. II. Sobre la naturaleza y los alcances del Acuerdo AyA JD-2011-112 Dicho acuerdo fue presentado como una “reforma parcial” del Acuerdo de Junta Directiva N.º 2007-177, pero en la práctica alteró profundamente la naturaleza y operatividad del régimen de protección del Acuífero Moín. El cambio se introdujo principalmente en los artículos 2, 3 y 5 del nuevo acuerdo, en los cuales el AyA incorporó la noción de “actividades compatibles con la protección del acuífero”, eliminó la prohibición expresa de todo tipo de intervención y autorizó el desarrollo de usos condicionados, como rellenos, movimientos de tierra, caminos internos, construcciones unifamiliares y obras de infraestructura, siempre que se contara con “autorización ambiental previa de SETENA” o con estudios particulares de impacto. Tales modificaciones no suprimieron formalmente la declaratoria de protección absoluta de la Zona 6, que permaneció vigente en los considerandos del acuerdo y en la delimitación técnica original del Estudio AyA 2007 y la Nombre99516 2006; sin embargo, su aplicación quedó desvirtuada en la práctica, porque al abrir la puerta a “actividades compatibles” y “cambios de uso del suelo”, se sustituyó un régimen de prohibición total por un sistema de condicionalidad discrecional. En otras palabras, el AyA mantuvo nominalmente la categoría de “Zona de Protección Absoluta”, pero vació su contenido jurídico-efectivo, pues el nuevo texto permitió actuaciones que la propia Nombre99516 (Acuerdo JD-3303-2006) calificó como incompatibles con las zonas de vulnerabilidad extrema como la zona 6. Este giro administrativo vulneró el principio de congruencia técnica, el principio precautorio y el principio de no regresión ambiental, al modificar sin sustento científico ni coordinación con el Nombre99516 los parámetros que habían definido el carácter intangible de la Zona 6. De esta forma, el Acuerdo 2011-112 no cambió formalmente la declaratoria de protección absoluta de la Zona 6, la cual hoy día se mantiene, pero la neutralizó materialmente, contraviniendo los criterios técnicos oficiales de Nombre99516 y el mandato constitucional de tutela reforzada del recurso hídrico previsto en el artículo 50 de la Constitución Política Esta reforma, carente de respaldo técnico actualizado y sin consulta al Nombre99516 —ente creador de la Matriz de Criterios de Uso del Suelo (Acuerdo JD-3303-2006)—, violó el principio de jerarquía técnica y el deber de respeto a los parámetros hidrogeológicos oficiales. El nuevo acuerdo desconoció y desnaturalizó la Matriz SENARA, la cual calificó a la Zona 6 como de vulnerabilidad extrema y de recarga directa, asignándole expresamente un régimen de prohibición total de urbanización, relleno o fraccionamiento. En consecuencia, la aprobación del Acuerdo 2011-112 constituye una regresión ambiental prohibida por el artículo 50 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ambiente (N.º 7554) y la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional (votos N.º 2008-004790, 2010-01687 y 2015-016882). A partir de esa reforma, el AyA de hecho sustituyó un régimen de protección absoluta por un modelo condicional y permisivo, desarticulando el fundamento técnico de la protección y desconociendo la autoridad científica de la Nombre99516 y del propio Acuerdo 2007-177 que había adoptado sus parámetros. Este viraje institucional representa un retroceso jurídico-ambiental estructural, que debilitó la salvaguarda del acuífero Moín, generó inseguridad jurídica en las fincas afectadas y contravino los deberes constitucionales de tutela ambiental, prevención y precaución. El fundamento objetivo de esta modificación no fue técnico ni científico, sino económico-administrativo. No se realizó ningún estudio hidrogeológico adicional ni una reevaluación de la vulnerabilidad del acuífero. La motivación provino de la presión institucional por reducir el impacto patrimonial y las responsabilidades de expropiación, reinterpretando la zona no como de vulnerabilidad extrema sino como un espacio con potencial de uso condicionado. En términos jurídicos, se trató de una maniobra para evitar el cumplimiento de sentencias firmes y para eludir el deber de indemnizar a los propietarios afectados por la inmovilización de sus terrenos. Esta decisión supuso una violación directa tanto al Acuerdo 2007-177, que seguía vigente y no había sido derogado formalmente, como a la Nombre99516 (2005), que continúa siendo el instrumento técnico-normativo oficial para la clasificación de la vulnerabilidad de acuíferos en Costa Rica. Al flexibilizar el uso del suelo en una zona que los estudios científicos habían calificado como de riesgo extremo, el AyA contravino el principio de precaución, desconoció la jerarquía técnica del Nombre99516 y socavó la coherencia interinstitucional establecida desde 2007 entre ambas entidades. Las consecuencias de esta reforma involutiva fueron visibles en el territorio: la apertura de caminos, la expansión de construcciones y la pérdida de cobertura forestal dentro de la Dirección2942, fenómenos que incrementaron el riesgo de contaminación del acuífero y que el Tribunal Ambiental Administrativo llegó a comprobar. VI. Constataciones del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) Las consecuencias de esta reforma regresiva fueron visibles y documentadas en el territorio. El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), mediante su informe técnico TAA-DT-241-2023, correspondiente al expediente N.º 100-23-01-TAA, señaló formalmente la existencia de movimientos de tierra, apertura de caminos, rellenos, construcciones, tala de árboles, eliminación de cobertura vegetal e invasión de zonas de protección dentro del polígono de la Zona 6 del Acuífero Moín. El TAA constató que tales intervenciones se efectuaron sin permisos ambientales, sin viabilidad de Nombre3763 y sin control del AyA, configurando violaciones reiteradas al régimen de protección absoluta establecido por la Nombre99516 y el Acuerdo 2007-177. El Tribunal verificó los daños mediante coordenadas georreferenciadas (CRTM05), sistemas SNIT y SIREFOR, y determinó que la pérdida de cobertura forestal entre los años 2000 y 2021 evidenciaba un proceso sostenido de deforestación y cambio de uso del suelo hacia fines residenciales y de infraestructura. Asimismo, indicó que las actividades desarrolladas comprometían la integridad de las dolinas activas y del sistema kárstico, favoreciendo la infiltración directa de contaminantes hacia el nivel freático, en una zona de recarga directa y de alta conectividad subterránea. El informe del TAA concluyó que estas alteraciones vulneran la Ley Forestal N.º 7575 y los artículos 33, 98 y 99 de la Ley Orgánica del Ambiente (N.º 7554), y que las autoridades competentes no ejercieron sus deberes de prevención y control ambiental, permitiendo la degradación efectiva del bien jurídico protegido. I. Agravamiento institucional y omisiones concurrentes Fue el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) quien, de manera unilateral y sin respaldo técnico actualizado, modificó en el año 2011 el Acuerdo de Junta Directiva N.º 2007-177, dictando el Acuerdo AyA JD-2011-112, mediante el cual alteró el régimen de protección absoluta de la Dirección6573, violentando la matriz de SENARA. Este nuevo acuerdo resulta manifiestamente contrario a la Matriz de Criterios de Uso del Suelo del Nombre99516 (Acuerdo JD-3303-2006), la cual define la Zona 6 como un área de vulnerabilidad extrema y de protección absoluta, prohibiendo toda actividad que implique modificación del suelo, recarga o cobertura vegetal. Mientras la Matriz SENARA, como instrumento técnico oficial, impone restricciones estrictas e invariables para preservar el equilibrio hidrogeológico, el Acuerdo AyA JD-2011-112 abrió la posibilidad de desarrollar “actividades compatibles” dentro de la misma zona, desconociendo los criterios obligatorios del órgano especializado y violando el principio de jerarquía técnica establecido en los artículos 17, 99 y 100 de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.º 7554). Además de ser antitécnico, este acuerdo es profundamente antiético, pues se motivó en razones de conveniencia financiera y administrativa, orientadas a evitar las indemnizaciones derivadas de la declaratoria de protección absoluta, anteponiendo el interés económico institucional al deber constitucional de proteger el agua, la salud y la vida de las personas. Tal proceder contraviene los principios de solidaridad intergeneracional y justicia ambiental, al subordinar la protección del acuífero —fuente de abastecimiento actual y futuro— a criterios presupuestarios coyunturales, en abierta contradicción con el artículo 50 de la Constitución Política, la Observación General N.º 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, y la jurisprudencia de esta Sala sobre el derecho humano al agua y la responsabilidad de las instituciones públicas de garantizarlo a las generaciones presentes y futuras. A la par, incumplieron con su obligación de gestionar y publicar el Decreto Ejecutivo de delimitación y limitaciones de la Zona 6, previsto en el por tanto sexto del Acuerdo 2007-177, manteniendo durante más de quince años un vacío normativo que debilitó la aplicación del régimen de protección. Adicionalmente, tanto el AyA, como el INVU y la Municipalidad de Limón, invisibilizaron deliberadamente la Matriz de Criterios de Uso del Suelo del Nombre99516 (2006) y el Acuerdo AyA JD-2007-177 durante la formulación, revisión y aprobación del Plan Regulador de Limón. En los estudios técnicos y mapas de zonificación elaborados bajo su supervisión, omitieron incorporar las restricciones, delimitaciones y categorías de vulnerabilidad hidrogeológica que la Nombre99516 y el Acuerdo 2007-177 establecían como vinculantes para el ordenamiento territorial. Esta omisión no fue un simple error administrativo, sino una decisión consciente de excluir información técnica determinante, que impidió a la ciudadanía, a los planificadores y a la Sala Constitucional conocer la verdadera magnitud de las limitaciones ambientales existentes en la Zona 6. Con ello, las instituciones desarticularon el principio de jerarquía técnica —según el cual los instrumentos hidrogeológicos emitidos por el Nombre99516 deben prevalecer sobre la planificación urbana local—, y vulneraron los deberes de coordinación interinstitucional y prevención ambiental consagrados en los artículos 11 y 50 de la Constitución Política, así como en los artículos 17, 99 y 100 de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.º 7554). La exclusión intencionada de la Nombre99516 y del Acuerdo 2007-177 del proceso de planificación ha tenido consecuencias graves: el Plan Regulador de Limón se aprobó sobre una base técnica incompleta, autorizando usos del suelo incompatibles con la recarga y vulnerabilidad del acuífero, y legitimando un modelo urbano que viola el principio de precaución, el derecho al agua y el equilibrio ecológico del territorio. Esta omisión implica una violación directa de los principios de coordinación interinstitucional, precaución y legalidad técnica, establecidos en los artículos 11 y 50 de la Constitución Política, así como en los artículos 17, 99 y 100 de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.º 7554). En consecuencia, las instituciones recurridas no solo permitieron la degradación física y ecológica de la Dirección2942, sino que además desmantelaron el marco jurídico y técnico de protección que garantizaba su integridad, incurriendo en una regresión institucional y territorial de carácter estructural, contraria a los fundamentos del Estado social y ecológico de derecho consagrados en la Constitución Política de Costa Rica. A ello se suma que, en un juego sostenido de manipulación y tergiversación de la información pública, las instituciones recurridas —en especial el AyA, con la complacencia pasiva del SENARA, INVU y la Municipalidad de Limón— han venido presentando ante la Sala Constitucional, desde el año 2011, informes y respuestas incompletas o engañosas, mediante las cuales pretenden justificar la legalidad del Acuerdo JD-2011-112 alegando que se fundamenta en la Matriz de Criterios de Uso del Suelo del Nombre99516 (2006). Sin embargo, ocultan o silencian el hecho de que esa misma Matriz del Nombre99516 ya había sido incorporada y aplicada íntegramente desde el Acuerdo AyA JD-2007-177, en el cual se reconoció expresamente la Dirección2942 como área de protección absoluta. Por tanto, al invocar la Nombre99516 como supuesto respaldo de la reforma de 2011, el AyA incurre en un acto de manipulación institucional y de falsedad técnica, pues distorsiona el alcance del instrumento científico para legitimar una decisión administrativa regresiva, cuyo verdadero móvil fue financiero y no ambiental. Esta práctica ha permitido al AyA y a las demás entidades recurridas evadir el escrutinio judicial y el control constitucional efectivo, provocando una continuidad en la vulneración del principio de buena fe, de transparencia administrativa y del derecho de acceso a la información ambiental, reconocidos en los artículos 30 y 50 de la Constitución Política, así como en los artículos 3, 4, 17 y 99 de la Ley Orgánica del Ambiente y en el Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental. Adjunto Prueba Complementaria Solicito se tenga como parte del fundamento de derecho los votos de la sala en los cuales se demuestra que el AyA se fundamentó en los cambios del acuerdo 2007-177, por el JD-2011-112 para justificar que ya no debía indemnizar. Estudio hidrogeológico elaborado por Viviana Ramos y que generó la zona 6. Por tanto, respetuosamente solicito a esta Honorable Sala: 1. Tener por acreditados los hechos del amparo por falta de contestación fundada. 2. Declarar con lugar el recurso, reconociendo la Zona 6 del acuífero Limón–Moín como área de protección absoluta. 3. Anular parcialmente el Plan Regulador de Limón en lo que contradiga la Matriz SENARA. 4. Anular el Acuerdo AyA JD-2011-112 y ordenar la prevalencia del acuerdo 2007-177. 5. Ordenar la promulgación del decreto de protección del acuífero Nombre52121 y medidas precautorias coordinadas entre AyA, SENARA, INVU, SETENA, Municipalidad y MINAE (…)”.

9.- Por escrito aportado a la Sala el 21 de octubre de 2025, Ana Matarrita Mc Calla, en su condición de Alcaldesa de Limón, rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) No lleva razón el actor, en indicar que mi representada no incorporo, de forma expresa la delimitación cartográfica de la zona 6 del Acuífero de Moin, como área de protección absoluta, si bien es cierto existe un Plan Regulador actualizado que gestiono la Municipalidad de Limón y que empezó a regir el 15 de noviembre del año 2023,el cual fue Publicado en GACETA N°212, Alcance 225, en el cual viene a regular todo lo que abarca la zona 6 de moin. Dicho Plan Regulador fue aprobado con forme lo indica las respectivas, el cual fue revisado y aprobado con forme las normas aplicables, sometiéndose a procedimientos técnicos y Legales. Ahora bien, la ausencia de una delimitación cartográfica en el Plan Regulador no implica la inexistencia de medidas de gestión ni la omisión de controles técnicos aplicables. En el marco del ordenamiento jurídico la protección de recursos hídricos y áreas sensibles puede articularse tanto mediante referencias cartográficas explicitas como a través de mapa, reglamentos de zonificación normas complementarias que integran el instrumento de planificación y competencias concurrentes entre niveles de gobierno, y como lo es en este asunto dicha zona se encuentra debidamente delimitada en el Plan Regulador y mapas de zonificación debidamente aprobados como lo establecen las distintas leyes. La zona 6 como se menciona en el presente recurso, si fue contemplado y regulado preventivamente haciendo delimitación y prohibiciones ajustado al principio de legalidad y las respectivas leyes, importante indicar que dentro del Plan Regulador se incorpora el Reglamento de Zonificación del Cantón Central de Limón, así como el mapa de zonificación aprobado. Por tal motivo considera la suscrita, que debe rechazar el presente recurso amparo por falta de fundamento de derecho, ya que como se indico anteriormente la zona 6 de moin si fue contemplada en el Plan Regulador vigente (…)”.

10.- Por escrito aportado a la Sala el 23 de octubre de 2025, el recurrente Nombre35146 se refiere al informe rendido por la Alcaldesa de Limón y señala lo siguiente: “(...) 1. Incumplimiento de la sentencia constitucional de 2008 (Resolución No. 2008-004751): Desde el año 2006, el suscrito interpuso un recurso de amparo bajo el expediente número 06-015593-0007-CO contra la Municipalidad de Limón, el cual fue resuelto mediante la sentencia No. 2008-004751 de las doce horas con cero minutos del 27 de marzo de 2008. Dicha resolución, dictada por esta honorable Sala, declaró con lugar el recurso por violación a los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, ordenando expresamente a la Municipalidad de Limón incluir la Zona 6 de Moín, reconocida como área de protección absoluta, en el Plan Regulador de Limón. Inexplicablemente, desde el año 2008 hasta la fecha actual, 2025, han transcurrido 17 años sin que la Municipalidad de Limón haya cumplido con dicha orden judicial. Esta omisión constituye una flagrante desobediencia a un mandato de esta Sala Constitucional, lo cual vulnera el principio de legalidad y el Estado de Derecho, además de perpetuar la violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 21 y 50 de nuestra Carta Magna. 1. Falta de veracidad en el informe de la recurrida: La señora Alcaldesa, en su informe del 21 de octubre de 2025, afirma que la Zona 6 de Nombre52121 fue contemplada y regulada en el Plan Regulador vigente, publicado en la Gaceta No. 212, Alcance 225, del 15 de noviembre de 2023, y que dicha zona está “debidamente delimitada” en los mapas de zonificación aprobados. Sin embargo, esta aseveración es contradicha por el informe del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el cual reconoce expresamente que la Zona 6 de Moín, clasificada como área de protección absoluta, no fue incluida en el proyecto del Plan Regulador Urbano de Limón. Esta contradicción evidencia una falta de veracidad en el informe de la recurrida, lo cual es sumamente grave, dado que induce a error a esta honorable Sala y desconoce la obligación de las autoridades públicas de rendir informes veraces y completos, conforme lo establece el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 1. Violación de principios rectores del derecho ambiental: La omisión de incluir la Zona 6 de Nombre52121 como área de protección absoluta en el Plan Regulador constituye una violación deliberada de los principios precautorio, preventivo y de no regresión en materia ambiental, los cuales son pilares fundamentales del derecho ambiental nacional e internacional. Estos principios, reconocidos en la jurisprudencia de esta Sala (por ejemplo, sentencias No. 1995-01351 y No. 2000-08230) y en instrumentos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo de París, obligan a las autoridades a adoptar medidas efectivas para proteger los recursos hídricos y las zonas de protección, como el acuífero de Moín. La exclusión de la Zona 6 de Nombre52121 del Plan Regulador vacía de contenido el artículo 50 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al no delimitar cartográficamente ni establecer medidas concretas de protección, la Municipalidad de Limón incurre en una regresión ambiental que pone en riesgo el recurso hídrico de la región, afectando no solo a los habitantes de Limón, sino también a las generaciones futuras. 1. Ausencia de pruebas que sustenten las afirmaciones de la recurrida: La Alcaldesa sostiene que la Zona 6 de Nombre52121 está “debidamente delimitada” en el Plan Regulador y los mapas de zonificación aprobados. Sin embargo, no aporta pruebas técnicas ni documentales que demuestren que dicha delimitación cumple con los estándares establecidos por el INVU, la Ley de Planificación Urbana (No. 4240) o la sentencia constitucional de 2008. El oficio DIM-ML-0864-2025 y los mapas de zonificación mencionados no especifican cómo se protege la Zona 6 ni demuestran su inclusión explícita como área de protección absoluta, lo cual refuerza la presunción de incumplimiento. 2. Solicitud al honorable tribunal: Con base en lo expuesto, solicito respetuosamente a esta honorable Sala Constitucional lo siguiente: a) Tener por recibida y fundamentada esta réplica, declarando que el informe de la recurrida carece de veracidad y no desvirtúa las violaciones constitucionales denunciadas. b) Ordenar a la Municipalidad de Limón el cumplimiento inmediato de la sentencia No. 2008-004751, incluyendo la Zona 6 de Nombre52121 como área de protección absoluta en el Plan Regulador, con la delimitación cartográfica correspondiente y las medidas de protección efectivas. c) Sancionar a la recurrida conforme a lo dispuesto en los artículos 71 y 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por la desobediencia a la sentencia de 2008 y por rendir un informe que contradice el reporte técnico del INVU. d) Requerir al INVU y a otras instituciones competentes (como el Nombre99516 o AyA) un informe técnico actualizado que detalle el estado de protección de la Dirección6577 y las medidas necesarias para garantizar la conservación del acuífero (…)”.

B.   Resultandos del expediente No. 25-029204-0007-CO.

11.- Por escrito aportado a la Sala el 24 de septiembre de 2024, Nombre45265, interpone recurso de amparo, conforme los siguientes términos expresos: “(…) comparezco a interponer RECURSO DE AMPARO contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA—AyA) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), por omisiones y actos que vulneran el derecho humano al agua potable, al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como los principios de coordinación, precaución y progresividad ambiental. 2. La Sala Constitucional, mediante los votos 2008-004790 y 2011-014596, elevó a parámetro de obligatorio acatamiento la Matriz de Criterios de Uso del Suelo de SENARA, instrumento que clasifica las zonas de recarga de acuíferos según su vulnerabilidad y dispone para las de protección absoluta la prohibición de urbanizaciones de alta densidad, fraccionamientos, movimientos de tierra y cualquier cobertura impermeable significativa, exigiendo siempre evaluaciones hidrogeológicas, hidráulicas e hidrológicas exhaustivas. A pesar de ello, el AyA no ha gestionado ante el Poder Ejecutivo la emisión y publicación del decreto de protección de la Zona 6 del acuífero Moín, como lo ordena su propio Acuerdo de Junta Directiva N.* 2007-177. Esta omisión ha impedido que la delimitación cartográfica de la zona adquiera fuerza normativa general y se incorpore con eficacia a los planes reguladores. 3. La falta de publicación del decreto ha generado una invisibilización normativa. Los parámetros de protección definidos por la Matriz de Nombre99516 y ratificados por la Sala Constitucional permanecen sin reflejo en la cartografía y normativa municipal, lo cual permite que el Plan Regulador de Limón continúe tramitando fraccionamientos, urbanizaciones y movimientos de tierra en un territorio que, por mandato técnico y jurisprudencial, debe mantenerse bajo un régimen de protección absoluta. Esta invisibilización erosiona la eficacia de los fallos constitucionales y del principio precautorio, y viola los artículos 11 y 50 de la Constitución Política. 4. A ello se suma que el Acuerdo de Junta Directiva N.? 2011-112, dictado por el AyA, lejos de fortalecer la protección, introdujo disposiciones que flexibilizan los estándares exigidos: un umbral uniforme del veinte por ciento de impermeabilización, la autorización de movimientos de tierra con simples estudios y la figura de viviendas por crecimiento vegetativo sin parámetros de densidad ni cartografía de impermeabilización. Estas disposiciones contravienen frontalmente la Matriz de SENARA, que prohíbe dichas actividades en zonas de vulnerabilidad extrema. La contradicción entre lo permitido por el AyA y lo prohibido por Nombre99516 crea inseguridad jurídica, reduce la eficacia de las medidas de protección y aumenta el riesgo de contaminación irreversible del acuífero Moín. 5. Tales contradicciones lesionan de manera directa los derechos de las generaciones presentes y futuras de Limón. Al tratarse de un acuifero kárstico de vulnerabilidad extrema, donde la regeneración es extraordinariamente lenta e incluso irreversible, cada permiso otorgado sin una protección estricta compromete de modo definitivo la calidad y cantidad del recurso hídrico disponible para el futuro. Se viola así el artículo 50 de la Constitución Política, que impone al Estado el deber de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para todos los habitantes actuales y venideros. 6. La contradicción descrita contraría además el principio precautorio, recogido por la Sala Constitucional en el voto N.* 2011-014596, según el cual cuando exista riesgo serio o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe usarse como razón para postergar medidas eficaces que impidan la degradación ambiental. En lugar de reforzar las salvaguardas, los acuerdos del AyA rebajan el nivel de protección exigido, aumentando la probabilidad de daño irreversible, precisamente el escenario que el principio precautorio pretende evitar. 7. De igual manera, esta situación vulnera el principio de progresividad ambiental, que se desprende de los artículos 11 y 50 de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos ambientales. Dicho principio exige que los estándares de protección del ambiente y de los recursos naturales solo puedan mejorar 0, como mínimo, mantenerse, pero nunca retroceder. Al flexibilizar las restricciones que la Matriz de Nombre99516 establece para zonas de vulnerabilidad extrema, los acuerdos de la Junta Directiva del AyA producen un retroceso ambiental prohibido. 8. Nombre99516, por su parte, ha incurrido en violación del principio de coordinación ambiental al tolerar que el AyA flexibilice la Matriz sin exigir la emisión del decreto de protección ni la plena incorporación de las restricciones que ella impone. Esta inactividad contribuye a la invisibilización de las obligaciones de protección del acuífero Nombre52121 y refuerza el cuadro de inconstitucionalidad. PETITORIA Por lo expuesto, solicito a esta Honorable Sala Constitucional: declarar con lugar el presente recurso de amparo; y decretar que La Junta Directiva del ICAA incumplió con su deber de publicar el decreto de protección y delimitación del acuífero Moín, tal como lo ordenó en su propio Acuerdo de Junta Directiva N.* 2007-177. Ordenar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA-AyA) que, en un plazo perentorio, solicite y gestione ante el Poder Ejecutivo la promulgación y publicación del decreto de protección del acuífero Moín. Ordenar que los Acuerdos de Junta Directiva N.* 2007-177 y 2011-112 se apliquen únicamente en la medida en que sean compatibles con la Matriz de Nombre99516 y con la jurisprudencia constitucional, dejando sin efecto sus disposiciones que flexibilicen la protección. Ordenar al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) que cumpla con su deber de coordinación, participando activamente en la elaboración, firma, solicitud y publicación del decreto y en la aplicación integra de la Matriz de Criterios de Uso del Suelo (…)”.

12.- Por escrito aportado a la Sala el 17 de octubre de 2025, María José Castillo León, en su condición de Subgerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) La respuesta a los alegatos supra citados se encuentran plasmados en el oficio que nos permitimos aportar como prueba principal, a saber, N° UEN-GA-2025-03234 de fecha 03 de octubre del 2025; mediante el cual (en un informe de 44 folios) se da respuesta a otro recurso de amparo (Exp 25-028736-0007-CO) con el que guarda evidente CONEXIDAD. Con el fin de evitar pronunciamientos contradictorios solicitamos a esa Honorable Sala Constitucional, darle tramitación conjunta (ACUMULACION) (…)”.

13.- Por escrito aportado a la Sala el 20 de octubre de 2025, Nombre35146, se refiere al informe rendido por la Subgerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, conforme los siguientes términos: “(…) I. Introducción y Alcance de la Réplica La respuesta del AyA, en lugar de abordar de manera específica y fundamentada los alegatos del recurrente, se limita a un resumen superficial de los mismos y remite a un informe de 44 folios (UENGA-2025-03234 del 3 de octubre de 2025) elaborado en el marco de otro recurso de amparo (expediente 25-028736-0007-CO), solicitando la acumulación de procesos por supuesta conexidad. Esta estrategia evasiva no cumple con el deber de responder de forma exhaustiva y directa, como lo exige la jurisprudencia de esta Sala (por ejemplo, voto Nº 2010-11183 de las 10:48 horas del 25 de junio de 2010, que enfatiza la obligación de las autoridades recurridas de motivar adecuadamente sus actuaciones para evitar arbitrariedades). La remisión genérica a otro documento no exime al AyA de responder puntualmente a los hechos y argumentos de este recurso, ya que cada amparo debe evaluarse en su mérito propio para garantizar el efectivo control constitucional (artículo 9 de la Constitución Política). Adicionalmente, me opongo a la solicitud de acumulación, salvo que esta Sala verifique una identidad absoluta de hechos, partes y pretensiones que justifique tal medida, conforme al voto Nº 2003- 02771 de las 11:40 horas del 4 de abril de 2003, que advierte contra acumulaciones que diluyan la celeridad del amparo. La mera “conexidad evidente” alegada por el AyA no es suficiente sin prueba concreta, y podría generar dilaciones que vulneren el principio de tutela efectiva (artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En esta réplica, reafirmo la tesis del recurrente: la omisión del AyA en gestionar la emisión y publicación del decreto de protección para la Dirección6576, junto con la flexibilización de estándares protectores en el Acuerdo de Junta Directiva Nº 2011-112, genera una invisibilización normativa que erosiona la eficacia de la Matriz de Criterios de Uso del Suelo del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), ratificada como parámetro obligatorio por esta Sala en los votos Nº 2008-004790 y Nº 2011-014596. Esta situación viola los artículos 11 y 50 de la Constitución Política, el principio precautorio, el principio de progresividad y no regresión ambiental, y el derecho humano a un ambiente sano, reconocido por la Corte IDH en su Opinión Consultiva OC-23/17 del 15 de noviembre de 2017. II. Réplica al Resumen de Alegatos del Recurrente Presentado por el AyA El AyA resume los alegatos del recurrente de manera incompleta y sesgada, omitiendo su fundamento jurisprudencial profundo. Procedo a replicar punto por punto, ampliando con argumentos exhaustivos: 1. Elevación de la Matriz de Nombre99516 a parámetro obligatorio: El recurrente acierta al invocar los votos Nº 2008- 004790 (de las 15:30 horas del 4 de abril de 2008) y Nº 2011- 014596 (de las 16:45 horas del 7 de octubre de 2011) de esta Sala, que elevan la Matriz de Criterios de Uso del Suelo de Nombre99516 (aprobada por Acuerdo Nº 3303 de la Junta Directiva de SENARA, publicada en La Gaceta Nº 83 del 2 de mayo de 2007) a instrumento vinculante. En el voto Nº 2008-004790, esta Sala establece que la Matriz clasifica zonas de recarga según vulnerabilidad (extrema, alta, moderada, baja), prohibiendo en zonas de protección absoluta (como la Dirección6576, catalogada de vulnerabilidad extrema) urbanizaciones de alta densidad, fraccionamientos, movimientos de tierra significativos y cualquier cobertura impermeable que reduzca la recarga hídrica. Se exige evaluaciones hidrogeológicas, hidráulicas e hidrológicas exhaustivas para cualquier intervención, priorizando la preservación del recurso. El voto Nº 2011-014596 refuerza esto, integrando el principio precautorio al afirmar que, ante riesgos irreversibles a acuíferos kársticos como Nombre52121 (donde la regeneración es lenta o imposible), la falta de certeza científica no justifica inacción. La Corte IDH, en OC23/17 (párrafos 123-125 y 175-180), consagra el principio precautorio como obligación estatal para adoptar medidas preventivas ante daños graves o irreparables al ambiente, incluso sin certeza absoluta, vinculándolo al derecho a la vida (artículo 4 CADH) y a la integridad personal (artículo 5 CADH). El AyA ignora que esta Matriz es obligatoria erga omnes, no discrecional, y su incumplimiento viola el artículo 11 constitucional, que obliga a funcionarios a acatar deberes legales sin arrogarse facultades indebidas. 2. Omisión en la gestión del decreto de protección: El AyA admite implícitamente su omisión al no refutar que, pese al Acuerdo de Junta Directiva Nº 2007-177 (sesión Nº 2007-020 del 10 de abril de 2007, artículo 6, inciso A, publicado en La Gaceta Nº 83 del 2 de mayo de 2007), no ha gestionado ante el Poder Ejecutivo la emisión y publicación del decreto para la Zona 6 del acuífero Moín. Dicho acuerdo oficializa el estudio hidrogeológico (realizado por la hidrogeóloga Viviana Ramos S.), delimitando la Zona 6 con coordenadas precisas (20 puntos UTM, área de 72 km²) como zona de protección restringida, prohibiendo industrias, plaguicidas, extracciones, cambios de uso del suelo, agropecuaria, urbanizaciones y cualquier actividad que afecte la calidad o cantidad del agua. Ordena explícitamente solicitar el decreto ejecutivo para incorporar estas restricciones a planes reguladores municipales. Esta omisión genera invisibilización normativa, permitiendo que el Plan Regulador de Limón tramite permisos incompatibles, como fraccionamientos en áreas kársticas vulnerables. La Corte IDH, en el caso Nombre52127 vs. Honduras (sentencia del 3 de abril de 2009, párrafos 148-153), establece que los Estados deben adoptar medidas positivas para prevenir daños ambientales que afecten derechos humanos, incluyendo la creación de marcos normativos vinculantes. Aquí, la inacción del AyA viola el deber de garantizar un ambiente sano (artículo 50 constitucional), reconocido como derecho autónomo por la OC-23/17 (párrafos 47-55), que obliga a promover su preservación y mejoramiento progresivo. 3. Invisibilización normativa y erosión de fallos constitucionales: La falta de decreto impide la incorporación cartográfica de la Zona 6 a la normativa municipal, erosionando la eficacia de los votos citados y violando el principio precautorio (voto Nº 2011-014596, que lo integra como rector ambiental: ante riesgos serios, no se postergan medidas). La Corte IDH en OC-23/17 (párrafos 141-142) enfatiza que los Estados deben regular y supervisar actividades riesgosas para prevenir daños significativos, incluyendo evaluaciones de impacto ambiental (EIA) exhaustivas. El AyA no desmiente que esta omisión permite movimientos de tierra y urbanizaciones en un acuífero kárstico de recarga anual de 5.187.701 m³, con equilibrio precario (extracción de 5.171.904 m³/año), donde dolinas facilitan contaminación irreversible. 4. Flexibilización en el Acuerdo Nº 2011-112: Este acuerdo (sesión del 2 de mayo de 2011, modificando el 2007-177) introduce umbrales uniformes del 20% de impermeabilización, autoriza movimientos de tierra con “simples estudios” y permite viviendas por crecimiento vegetativo sin parámetros de densidad ni cartografía de impermeabilización. Esto contraviene frontalmente la Matriz de SENARA, que en vulnerabilidad extrema prohíbe cualquier impermeabilización significativa, urbanizaciones y movimientos de tierra, exigiendo cero tolerancia para preservar la infiltración natural. El voto Nº 2008- 004790 califica tales flexibilizaciones como retroceso prohibido. La Corte IDH, en el caso Pueblo Indígena Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano vs. Panamá (sentencia del 14 de octubre de 2014, párrafos 123-130), aplica el principio de no regresión, derivado de la progresividad de derechos económicos, sociales y culturales (artículo 26 CADH), prohibiendo retrocesos en estándares ambientales sin justificación excepcional. Aquí, el Acuerdo 2011-112 genera inseguridad jurídica y aumenta riesgos de contaminación irreversible, lesionando derechos de generaciones presentes y futuras. 5. Contradicción con principios ambientales: La contradicción entre lo permitido por AyA y lo prohibido por Nombre99516 viola el artículo 50 constitucional (deber estatal de garantizar ambiente sano para actuales y venideros) y el principio precautorio (voto Nº 2011-014596: no usar incertidumbre como excusa para inacción). La Corte IDH en OC-23/17 (párrafos 123-125) obliga a medidas preventivas proporcionales al riesgo, priorizando prevención sobre restauración. Adicionalmente, vulnera el principio de progresividad y no regresión ambiental, desprendiéndose de artículos 11 y 50 constitucionales y tratados internacionales (e.g., Protocolo de San Salvador, artículo 11). Esta Sala ha desarrollado este principio en votos como Nº 2015- 05616 del 22 de abril de 2015, prohibiendo retrocesos en salvaguardas ambientales. Nombre99516 incurre en violación al tolerar esta flexibilización sin exigir el decreto, contrariando el principio de coordinación ambiental (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 60). 6. Lesión directa a derechos humanos: El acuífero Moín, kárstico y vulnerable, abastece a Limón; cada permiso otorgado compromete irreversiblemente el recurso, violando el derecho a la vida digna (artículo 4 CADH) y a la integridad (artículo 5 CADH), como establece la Corte IDH en el caso Comunidad de La Oroya vs. Perú (sentencia del 27 de noviembre de 2023, párrafos 148-150), que vincula contaminación ambiental a responsabilidad estatal por omisiones. III. Crítica a la Respuesta del AyA y su Remisión a Otro Informe La remisión al informe UEN-GA-2025-03234 no sustituye una respuesta específica; esta Sala ha rechazado tales prácticas en votos como Nº 2017-06340 del 5 de mayo de 2017, exigiendo motivación autónoma. El AyA no prueba que dicho informe aborde los hechos únicos de este recurso, como la omisión del decreto para Zona 6. Sus “actuaciones en cumplimiento de fines” son insuficientes ante evidencias de omisión y flexibilización. La prueba aportada (certificación de personería y el informe) no desvirtúa los alegatos; solicito su desestimación por irrelevancia. IV. Petitoria Con base en lo expuesto, solicito a esta Honorable Sala Constitucional: 1. Declarar con lugar el recurso de amparo en todos sus extremos contra el AyA y SENARA. 2. Ordenar al AyA gestionar inmediatamente ante el Poder Ejecutivo la emisión y publicación del decreto de protección para la Zona 6 del acuífero Moín, incorporándolo a planes reguladores. 3. Anular las disposiciones flexibilizadoras del Acuerdo Nº 2011-112 que contravengan la Matriz de SENARA. 4. Ordenar la suspensión de permisos en la Zona 6 hasta la publicación del decreto, aplicando el principio precautorio. 5. Condenar al AyA al pago de costas, daños y perjuicios, conforme al artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…)”.

14.- Por escrito aportado a la Sala el 20 de octubre de 2025, Nombre35146, presenta solicitud de coadyuvancia, conforme los siguientes términos: “(…) Mi intervención busca reforzar los argumentos expuestos por el recurrente, incorporando una profusa jurisprudencia de esta Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con el fin de demostrar la violación sistemática de principios constitucionales y convencionales en materia ambiental y de derechos humanos. Como ciudadano afectado indirectamente por la degradación potencial del acuífero Nombre52121 —un recurso hídrico de vital importancia para las generaciones presentes y futuras en la provincia de Limón—, me amparo en el interés difuso reconocido por esta Sala en múltiples resoluciones, tales como el Voto N° 2008- 004790 y el Voto N° 2011-014596, citados por el recurrente, para coadyuvar en esta causa de trascendencia colectiva. I. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES DEL DERECHO AL AGUA Y AL AMBIENTE SANO El derecho humano al agua potable y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado constituye un pilar fundamental del ordenamiento jurídico costarricense, elevado a rango constitucional por el artículo 50 de la Constitución Política, que impone al Estado el deber de garantizar un entorno saludable para todos los habitantes, incluidas las generaciones futuras. Esta Sala ha interpretado consistentemente este derecho como un derecho fundamental autónomo, derivado de los derechos a la vida, la salud y la dignidad humana (artículos 21, 28 y 33 de la Constitución). En el Voto N° 17397-2019, esta Sala enfatizó que el derecho al agua y al ambiente sano deben interpretarse de forma interdependiente, reconociendo que cualquier omisión estatal que comprometa la calidad o disponibilidad del recurso hídrico viola directamente estos derechos. A nivel interamericano, la Corte IDH ha desarrollado una sólida jurisprudencia en esta materia. En la Opinión Consultiva OC-23/17 del 15 de noviembre de 2017, la Corte reconoció el derecho a un medio ambiente sano como un derecho autónomo derivado del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), con dimensiones individuales y colectivas que obligan a los Estados a prevenir daños ambientales significativos. Más recientemente, en la Opinión Consultiva OC-32/25 del 29 de mayo de 2025, la Corte extendió este derecho al “clima sano” y al “aire limpio y al agua”, subrayando la obligación estatal de adoptar medidas preventivas contra la degradación de recursos hídricos como los acuíferos. En el caso Comunidad de La Oroya vs. Perú (Sentencia del 27 de noviembre de 2023), la Corte responsabilizó al Estado por vulneraciones al derecho a un ambiente sano debido a omisiones en la regulación de actividades contaminantes, enfatizando la responsabilidad por falta de diligencia en la protección de recursos vitales como el agua. Estos precedentes obligan a Costa Rica, como Estado parte de la Convención Americana, a incorporar el bloque de constitucionalidad (artículo 7 de la Constitución Política), integrando las interpretaciones de la Corte IDH en su jurisprudencia interna. Esta Sala ha acatado este mandato en votos como el N° 2011-014596, donde ratificó la Matriz de Criterios de Uso del Suelo de Nombre99516 como parámetro obligatorio para proteger acuíferos vulnerables. II. VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO POR OMISIÓN EN LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO DE PROTECCIÓN Coincidiendo con el recurrente, la omisión del AyA en gestionar y publicar el decreto de protección de la Zona 6 del acuífero Nombre52121 — ordenado por su propio Acuerdo de Junta Directiva N° 2007-177— constituye una violación flagrante del principio precautorio. Esta Sala ha definido este principio en el Voto N° 2011-014596 como la obligación de adoptar medidas eficaces ante riesgos serios o irreversibles al ambiente, incluso en ausencia de certeza científica absoluta. En el Voto N° 2008-004790, se elevó la Matriz de Nombre99516 a instrumento vinculante, prohibiendo urbanizaciones de alta densidad y movimientos de tierra en zonas de recarga absoluta sin evaluaciones exhaustivas. La Corte IDH ha reforzado este principio en la Opinión Consultiva OC-23/17, estableciendo que los Estados deben evaluar impactos ambientales preventivamente y mitigar riesgos a derechos humanos, incluyendo el acceso al agua. En el caso Nombre52127 vs. Honduras (Sentencia del 3 de abril de 2009), la Corte enfatizó que la falta de regulación ambiental adecuada viola el derecho a la vida y al ambiente sano cuando existe riesgo de daño irreversible. La “invisibilización normativa” denunciada por el recurrente —al no incorporar la delimitación cartográfica en planes reguladores— erosiona este principio, permitiendo actividades que comprometen el acuífero kárstico de Moín, cuya regeneración es lenta e irreversible, violando los artículos 11 y 50 de la Constitución. III. RETROCESO AMBIENTAL PROHIBIDO POR EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIÓN Los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2011-112, que flexibilizan estándares de protección (como umbrales de impermeabilización al 20% y autorizaciones de movimientos de tierra con estudios simplificados), representan un retroceso ambiental prohibido. Esta Sala reconoció expresamente el principio de no regresión en materia ambiental en el Voto N° 2010-XXXX (línea jurisprudencial iniciada en 2010), derivado de los artículos 11 y 50 de la Constitución, que exige que los estándares de protección solo mejoren o se mantengan, pero nunca retrocedan. En el Voto N° 3705-93, esta Sala integró el derecho ambiental como parte del Derecho Constitucional, reconociendo su progresividad inherente. La Corte IDH ha extraído este principio de derechos de tercera generación, como el derecho a un ambiente sano, en interpretaciones como la del Pacto de San José y el Protocolo de San Salvador. En la Opinión Consultiva OC-32/25, se enfatiza que cualquier medida que reduzca protecciones ambientales viola la no regresividad, obligando a los Estados a evitar daños irreversibles a recursos como el agua. En el caso Pueblos Indígenas Maya Kakchiquel de Sumpango vs. Guatemala (Sentencia del 6 de octubre de 2022), la Corte condenó omisiones que permitieron degradación ambiental, invocando la progresividad en derechos colectivos. Estas contradicciones entre AyA y Nombre99516 generan inseguridad jurídica y lesionan derechos de generaciones futuras, contraviniendo el principio de progresividad ambiental ratificado por esta Sala en votos como el N° 2011-014596. IV. INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE COORDINACIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE Nombre99516 ha violado el principio de coordinación ambiental al tolerar la flexibilización de la Matriz sin exigir la publicación del decreto. Esta Sala ha interpretado este principio en el Voto N° 17397- 2019 como una obligación interinstitucional para garantizar la eficacia de medidas protectoras. La Corte IDH, en la Sentencia del caso La Oroya, subrayó que la falta de coordinación estatal en materia ambiental viola el deber de diligencia, afectando el acceso a información y participación pública (artículos 13 y 23 de la Convención Americana). Esta inactividad refuerza la invisibilización normativa y contraviene el artículo 50 constitucional (…)”.

15.- Por escrito aportado a la Sala el 22 de octubre de 2025, Osvaldo Quirós Arias, en su condición de Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) i. Nombre99516 HA CUMPLIDO LAS OBLIGACIONES ASIGNADAS POR LA LEY 6877 El Nombre99516, por medio de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, en el ejercicio de sus competencias ha actuado en relación con la aplicación de las matrices de vulnerabilidad, realizándose las siguientes acciones: De igual manera la Sala Constitucional, ha establecido la necesidad y conveniencia de que se establezcan y apliquen instrumentos técnicos tales como la cartografía y mapas hidrogeológicos, y matrices de protección al recurso hídrico según la vulnerabilidad a la contaminación. Al respecto ha indicado dicho Tribunal Constitucional: “En resumen, la Sala hace referencia a la emisión de documentos tales como mapas hidrogeológicos –en los que se traza o demarca la superficie bajo la que se asienta un acuífero– y matrices de uso de suelo según la vulnerabilidad de los mantos acuíferos a la contaminación –que fijan un régimen específico de utilización o afectación del suelo en relación con las aguas subterráneas–, cuyos perímetros de protección son de acatamiento obligatorio y deben verse reflejados en los planes reguladores sobre uso de suelos y ordenación del territorio (v. gr. reglamento de zonificación o de construcciones) por parte de las corporaciones municipales o del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, dada su competencia residual en materia de planificación urbana en ausencia de planes reguladores locales.” (Sala Constitucional. Voto Nº 2012-08892 de las dieciséis horas y tres minutos del veintisiete de junio del dos mil doce.). Sobre la aplicación de MATRICES, se presenta un Recurso de Amparo y es admitido por problemas de acceso al agua. acuífero huacas-tamarindo (Las Baulas). la "Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico en el Cantón Poás" es de aplicación obligatoria en todos los cantones o zonas en donde se cuente con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el Nombre99516 y, en todo caso, debe servir de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso del suelo, mientras tales cantones o zonas no cuenten con una matriz propia elaborada por el Nombre99516 con la participación de las otras instituciones que elaboraron la matriz, y que garantice el mismo o un nivel más elevado de protección del recurso hídrico. La redacción del Recurso indicado supra es la siguiente: “Se declara parcialmente con lugar el amparo. En consecuencia, se ordena a Gloria Abraham Peralta y Bernal Soto Zúñiga, por su orden Presidenta y Gerente General del SENARA, o a quienes ocupen esos cargos, que de inmediato comuniquen a Vianney Saborío Hernández, o a quien en su lugar represente a Simen Mountain Business, así como a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y todas las municipalidades, que la "Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico en el cantón Poás" es de aplicación obligatoria en todos los cantones o zonas en donde se cuente con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el Nombre99516 y, en todo caso, debe servir de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso del suelo, mientras tales cantones o zonas no cuenten con una matriz propia elaborada por el Nombre99516 con la participación de las otras instituciones que elaboraron la matriz, y que garantice el mismo o un nivel más elevado de protección del recurso hídrico”. (Expediente: 09-011327-0007-CO Voto: 008892-2012, 27 de junio del 2012 a las 16:03 horas). Con respecto a las matrices: 1. La "Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico en el Cantón Poás", fue aprobada según acuerdo Junta Directiva de SENARA, acuerdo 3303 del 02 de octubre del 2006, esta matriz fue diseñada específicamente para el Cantón de Poás, además participaron en la elaboración de la misma, la municipalidad, INVU, SENARA, Nombre4099 y otras. 2. No fue hasta el 27 de junio del 2012, cuando la Sala Constitucional, por medio del Voto: 008892-2012 indico la aplicación obligatoria en todos los cantones o zonas en donde se cuente con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el Nombre99516 y, en todo caso, debe servir de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso del suelo a nivel municipal. 3. Los acuerdos sobre la zonificación del Acuífero Nombre52121 y al Zona 6, se tomaron por la Junta Directiva de Nombre4099 y fueron publicado en la Gaceta No, 83 ---2 de mayo del 2007 y Gaceta No. 83 ---2 de mayo del 2011. Cumplimiento del Deber de SENARA: 4. En el año 2014 mediante Decreto Ejecutivo: 38449-MINAE-MAG, se crea la Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos, conformada por: a. Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (DA/MINAE), quien coordinará b. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AYA). c. Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). 5. La finalidad de dicha comisión conforme al artículo 3 del decreto es integrar y potencializar esfuerzos para que se asignen recursos en cada presupuesto institucional, a fin de invertir en la gestión de aguas subterráneas, particularmente en el monitoreo y los estudios que realicen las instituciones que conforman la comisión o por terceros. Además debe consensuar y acordar sobre las condiciones de la perforación del subsuelo y aprovechamiento sostenible del agua y sistemas de acuíferos. 6. Mediante Decreto 42929-MINAE-MAG del año 2021 se modifica la normativa de la comisión, y la misma se renombra como Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión del Agua Subterránea. Se establece como nueva finalidad que la comisión sea el órgano técnico de coordinación institucional, en materia de gestión de acuíferos y aguas subterráneas, es decir, se dio una redefinición de sus funciones, al hacer énfasis en las aguas subterráneas. 7. el objeto de esta normativa es definir y regular los alcances de la gestión y acuerdos de la comisión en relación a la gestión de acuíferos y agua subterránea, estableciendo como obligación que las decisiones que se tomen deberán hacerse bajo las normas de la ciencia y la técnica. 8. Nombre99516 como miembro de esta comisión, ha llevado a cabo estudios en los distintos acuíferos del país, conforme a estudios que se han aportado en otros recursos de amparo, incluido el amparo: 25-028736-0007-CO relacionado con este mismo sector de Moín. 9. De todo lo anterior se concluye que Nombre99516 si ha cumplido con su deber de coordinación ambiental. 10.Consideramos, no obstante señalar los siguientes aspectos de carácter legal que no pueden ser obviados: a. Acueductos y Alcantarillado es una institución autónoma creada por Ley 2726 y es una institución autónoma del Estado. b. Nombre99516 es una institución autónoma, creada por Ley 6877. c. Ambas instituciones tienen el mismo rango legal. d. Nombre99516 no es superior o rector de AyA, de manera que no está legitimado para dirigir las políticas específicas de AyA. e. El deber de Nombre99516 es la protección de los Recursos Acuíferos conforme a su Ley constitutiva, deber reiterado por la Sala Constitucional. f. AyA es miembro de la Comisión Interinstitucional. IV. CONCLUSIÓN De lo expuesto se concluye que: Los acuerdos sobre la publicación de la zonificación del Acuífero de Nombre52121 por medio de Nombre4099, se publicaron antes de la aplicación de la Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico en el Cantón Poás, según lo establece el Voto: 008892-2012 (Las Baulas), donde se indico que la aplicación de la matriz de Poás, es obligatoria en todos los cantones o zonas en donde se cuente con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el Nombre99516 y, en todo caso, debe servir de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso del suelo a nivel municipal. Si es importante que la zonificación realizada por Nombre4099, se incorporará al PLAN REGULADOR del Cantón de Limón, como sus diferentes recomendaciones de uso del suelo, con el objetivo de protección de los recursos subterráneos ante posibles fuentes de contaminación. Con respecto a la ZONA DE PROTECCIÓN ABSOLUTA (Zona 6), definido por A y A, no se debería permitir cambios de uso del terreno, como tampoco depositar cualquier sustancia contaminante que pudiera alterar la calidad de las aguas subterráneas, utilizadas en el abastecimiento de agua a nivel público. También se recomienda el análisis de las fuentes o amenazas existente en un acuífero catalogado como calcáreo y de una vulnerabilidad extrema (…)”.

16.- Por escrito aportado a la Sala el 27 de octubre de 2025, Nombre35146 se refiere al informe rendido por el Nombre99516 y señala expresamente lo siguiente: “(…) El informe presentado por SENARA, lejos de desvirtuar los argumentos del recurrente, ratifica la procedencia del recurso de amparo al reconocer expresamente la existencia de una Zona de Protección Absoluta (Zona 6) en el acuífero de Moín, clasificado como calcáreo y de vulnerabilidad extrema, donde no deberían permitirse cambios de uso del suelo ni actividades que impliquen el depósito de sustancias contaminantes que puedan alterar la calidad de las aguas subterráneas destinadas al abastecimiento público. Esta afirmación, contenida en la página 6 del informe de SENARA, evidencia una omisión grave por parte de las autoridades recurridas en la implementación efectiva de las medidas de protección exigidas por la normativa nacional e internacional, lo que constituye una violación al principio de no regresión ambiental, al principio precautorio y al principio preventivo, en perjuicio del derecho fundamental a un ambiente sano. A continuación, se exponen los argumentos técnicos y legales que sustentan esta réplica: 1. Violación al Artículo 50 de la Constitución Política El artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica establece el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber del Estado de garantizarlo. Este derecho ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de esta Sala Constitucional, la cual ha reconocido su carácter fundamental y su vinculación con el derecho a la salud y a la vida (v. gr., Voto 2009-013773). El informe de Nombre99516 reconoce que el acuífero de Moín, en su Dirección2942, es una Zona de Protección Absoluta donde no deben permitirse actividades que alteren la calidad del agua subterránea. Sin embargo, el recurrente ha señalado, y el informe no desmiente, que existen ocupaciones incompatibles con los fines de protección de esta zona, así como decisiones administrativas que flexibilizan las restricciones de uso del suelo sin la debida fundamentación técnica. Estas actuaciones contravienen directamente el mandato constitucional del artículo 50, al permitir actividades que amenazan un recurso hídrico esencial para el abastecimiento público. 2. Violación del Principio de No Regresión Ambiental El principio de no regresión ambiental, reconocido en el derecho internacional y en la jurisprudencia costarricense (v. gr., Voto 2012- 008892), prohíbe la adopción de medidas que reduzcan los niveles de protección ambiental previamente establecidos. El informe de Nombre99516 admite que la Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos es de aplicación obligatoria en zonas con mapas de vulnerabilidad aprobados, como es el caso del acuífero de Moín. Sin embargo, la falta de incorporación de las restricciones de la Dirección2942 en los planes reguladores del Cantón de Limón, así como la tolerancia de actividades incompatibles, constituye un retroceso en la protección del recurso hídrico, violando este principio. 3. Incumplimiento del Principio Precautorio y Preventivo El principio precautorio, consagrado en el artículo 15 de la Declaración de Río de 1992 y en la Ley de Biodiversidad N° 7788, obliga a las autoridades a adoptar medidas de protección ante riesgos ambientales significativos, incluso en ausencia de certeza científica absoluta. El principio preventivo, por su parte, exige actuar para evitar daños ambientales previsibles. Nombre99516 reconoce en su informe que el acuífero de Nombre52121 es de vulnerabilidad extrema y que no deben permitirse actividades que alteren la calidad del agua. No obstante, la omisión de las autoridades en fiscalizar y regular las ocupaciones en la Zona 6, así como la falta de un decreto específico que refuerce su protección, evidencia un incumplimiento de ambos principios. Esta inactividad permite que el acuífero esté expuesto a amenazas contaminantes, lo que vulnera los derechos fundamentales del recurrente y de la comunidad de Limón. 4. Amparo en Convenios Internacionales El derecho a un ambiente sano está protegido por instrumentos internacionales de derechos humanos vinculantes para Costa Rica, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11, interpretado a la luz del derecho a la vida y la salud) y el Protocolo de San Salvador (artículo 11). Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 12) reconoce el derecho a la salud, que incluye el acceso a agua potable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso al agua potable como parte del derecho a la vida y la salud (Caso Comunidades Indígenas de la Cuenca del Río Xingu, 2011). La inactividad de Nombre99516 y AyA en la protección efectiva del acuífero de Moín, permitiendo ocupaciones incompatibles en una zona de vulnerabilidad extrema, constituye una violación de estas obligaciones internacionales. 5. Jurisprudencia de la Sala Constitucional La Sala Constitucional ha reiterado la importancia de proteger los recursos hídricos mediante instrumentos técnicos como mapas hidrogeológicos y matrices de vulnerabilidad (Voto 2012-008892). En dicho precedente, se estableció que la Matriz de Poás es de aplicación obligatoria en zonas con mapas de vulnerabilidad aprobados por SENARA, como es el caso del acuífero de Moín. El informe de Nombre99516 no desmiente la omisión de incorporar estas restricciones en el plan regulador del Cantón de Limón, lo que refuerza la inconstitucionalidad de las actuaciones denunciadas. Asimismo, en el Voto 2009-013773, esta Sala ordenó medidas inmediatas para proteger acuíferos vulnerables ante actividades contaminantes, reafirmando el deber del Estado de actuar con diligencia. La tolerancia de ocupaciones incompatibles en la Zona 6 del acuífero de Nombre52121 contradice estos precedentes y perpetúa la vulneración de derechos fundamentales. 6. Ratificación de la Procedencia del Recurso El informe de SENARA, al reconocer la necesidad de proteger la Zona 6 y la vulnerabilidad extrema del acuífero, confirma los argumentos del recurrente sobre la inactividad de las autoridades en la implementación de medidas efectivas. La falta de coordinación interinstitucional entre Nombre99516 y AyA, la omisión de incorporar las restricciones de la Zona 6 en el plan regulador, y la tolerancia de actividades incompatibles con la protección del acuífero constituyen una violación clara de los derechos fundamentales protegidos por el artículo 50 de la Constitución Política. II. Petición Con base en lo expuesto, respetuosamente solicito a esta honorable Sala Constitucional: 1. Declarar con lugar el recurso de amparo interpuesto por el recurrente Nombre45265, con mi coadyuvancia, en contra de Nombre99516 y AyA, por la violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política. 2. Ordenar a Nombre99516 y AyA la adopción inmediata de medidas para garantizar la protección de la Zona de Protección Absoluta (Zona 6) del acuífero de Moín, incluyendo la incorporación de las restricciones de uso del suelo en el plan regulador del Cantón de Limón y la fiscalización de actividades incompatibles. 3. Ordenar la emisión de un decreto ejecutivo que refuerce la protección del acuífero de Moín, conforme a las matrices de vulnerabilidad aprobadas por Nombre99516 y los principios de no regresión, precautorio y preventivo. 4. Acumular el presente recurso al expediente 25-028736-0007- CO, conforme lo solicitado por Nombre99516, para unificar el análisis de las violaciones denunciadas en relación con el acuífero de Moín. 5. Cualquier otra medida que esta Sala estime necesaria para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales vulnerados (…)”.

17.- Por escrito aportado a la Sala el 27 de octubre de 2025, Nombre35146, realiza ampliación de réplica de informe del Nombre99516, conforme los siguientes términos: “(…) I. OBJETO DE LA AMPLIACIÓN DE RÉPLICA El informe presentado por Nombre99516, en particular el apartado relacionado con la Zona de Protección Absoluta (Zona 6) del Acuífero de Moín, ratifica la procedencia del recurso de amparo interpuesto. Dicho informe señala expresamente que: Ley Orgánica del Nombre99516 (Ley N° 6877)
La Ley N° 6877 asigna a Nombre99516 la responsabilidad de proteger los recursos acuíferos, incluyendo la elaboración y aplicación de matrices de vulnerabilidad y mapas hidrogeológicos. El informe de Nombre99516 confirma que la Zona 6 está destinada a la protección absoluta, lo que implica la prohibición de actividades que alteren el recurso hídrico. La inacción frente a las ocupaciones actuales constituye un incumplimiento de esta normativa. Esta afirmación evidencia la existencia de ocupaciones y usos del suelo incompatibles con la declaratoria de la Zona 6, lo cual constituye una violación al artículo 50 de la Constitución Política, que consagra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a los principios de no regresión, precautorio y preventivo en materia ambiental. Por ello, solicito que esta Sala, en su calidad de garante de la supremacía constitucional, ordene la expropiación de los terrenos ocupados de manera incompatible en la Zona 6, conforme a la normativa aplicable, para garantizar la protección del recurso hídrico y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales (…) III. JUSTIFICACIÓN DE LA EXPROPIACIÓN La expropiación de los terrenos ocupados en la Zona de Protección Absoluta se fundamenta en: 1. Interés público superior: La protección del Acuífero de Moín, esencial para el abastecimiento de agua potable, constituye un interés público que prevalece sobre el derecho de propiedad privada, conforme al artículo 45 de la Constitución Política y la Ley de Expropiaciones (Ley N° 7495). 2. Incompatibilidad de las ocupaciones: El informe de Nombre99516 confirma que las actividades actuales en la Zona 6 son incompatibles con su declaratoria de protección absoluta, al riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. 3. Obligación estatal: El Estado debe garantizar el cumplimiento de las restricciones de uso del suelo establecidas por AyA y SENARA, lo que incluye la remoción de ocupaciones ilegales o incompatibles mediante la expropiación, si es necesario. 4. Precedente jurisprudencial: La Sala Constitucional ha ordenado medidas drásticas, como la demolición de construcciones en zonas protegidas (Voto N° 2008-013258), lo que avala la expropiación como medida para proteger el ambiente. IV. PETICIÓN CONCRETA Con base en lo expuesto, respetuosamente solicito a esta honorable Sala Constitucional: 1. Declaren con lugar el recurso de amparo interpuesto por el recurrente Nombre45265, al constatarse la violación al artículo 50 de la Constitución Política y los principios de no regresión, precautorio y preventivo. 2. Ordenen la expropiación de los terrenos ocupados de manera incompatible en la Zona de Protección Absoluta (Zona 6) del Acuífero de Moín, conforme a la Ley de Expropiaciones (Ley N° 7495), para garantizar la protección del recurso hídrico y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales. 3. Ordenen a Nombre99516 y AyA implementar de inmediato las medidas necesarias para incorporar las restricciones de la Zona 6 en el Plan Regulador del Cantón de Limón, así como realizar el análisis de fuentes o amenazas contaminantes, conforme lo recomendado en el informe de SENARA. 4. Acumulen el presente recurso al expediente 25-028736-0007- CO, por tratarse de materias conexas relacionadas con el Acuífero de Moín.”.

18.- Mediante la Sentencia No. 2025-35761 de las 09:30 hrs. de 31 de octubre de 2025, la Sala dispuso acumular al presente asunto, el expediente No. 25-029204-0007-CO, que se refiere a recurso de amparo interpuesto por Nombre45265, conforme los siguientes términos: “(…) ÚNICO. - Visto el libelo de interposición del presente recurso, la Sala observa que existe una evidente conexión en relación con el proceso tramitado bajo el expediente No. 25-028736-0007-CO y el presente, a saber, la vulneración a los artículos 11 y 50 de la Constitución Política, por las contradicciones entre los Acuerdos de Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Matriz de Criterios de Uso del Suelo del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) y la zonificación del Plan Regulador de Limón, con relación a la protección de la Zona 6 del acuífero Moín, así como la omisión de dichas autoridades en la emisión y publicación del decreto de protección de la Zona 6 del acuífero Moín. En consecuencia, a fin de evitar resoluciones contradictorias, se ordena acumular este asunto al antedicho, donde se resolverá lo que en derecho corresponda (…)”.

19.- Por escrito aportado a la Sala el 3 de noviembre 2025, el recurrente Nombre45265 se refiere a los informes rendidos por el ICAA y por el SENARA, conforme los siguientes términos: “(…) 1. EXPOSICIÓN DEL RECURSO DE AMPARO Desde el año 1980, mediante el Acuerdo AyA N.° 80-121, las nacientes y recargas del acuífero de Nombre52121 habían sido formalmente declaradas como áreas de protección absoluta, prohibiéndose toda actividad que representara riesgo para el abastecimiento humano de agua potable. Esa protección fue luego ratificada y robustecida técnicamente por la Matriz de Criterios de Uso del Suelo del Nombre99516 (2006), la cual —según lo declaró la Sala Constitucional en los votos 2008-004790 y 2011-014596— es de acatamiento obligatorio y clasifica zonas de vulnerabilidad extrema como la Zona 6 del acuífero Nombre52121 como áreas de PROTECCIÓN ABSOLUTA, prohibiendo urbanizaciones, fraccionamientos, impermeabilización significativa y movimientos de tierra. Es importante destacar que el Acuerdo JD-2007-177 del AyA, dictado un año después de la matriz de SENARA, NO crea una nueva categoría, sino que adopta integramente y oficializa públicamente los mismos parámetros técnicos del SENARA, confirmando nuevamente que la Zona 6 constituye un escenario hidrogeológico de máxima fragilidad frente a contaminación, en el que NO se permite intervención humana con riesgo potencial sobre la calidad ni cantidad del agua. Tanto Nombre99516 (2006) como AyA (2007) en sus criterios técnicos y científicos coinciden en que la Zona 6 constituye un área de recarga hídrica prioritaria vital para el abastecimiento humano, cuya condición exige un régimen de prohibición total (no meramente restrictivo), lo que la ubica jurídicamente en el nivel más alto de protección ambiental existente en el ordenamiento costarricense. El propio AyA, mediante su Acuerdo de Junta Directiva JD-2007-177, aplicó de forma textual y explícita esa Matriz, declarando la zona 6 como de protección absoluta por su vulnerabilidad a la contaminación y en su Por Tanto Sexto ordenó literalmente: “Se solicitará al Poder Ejecutivo que se promulgue un decreto con miras a la protección de las fuentes de Moín...”. Con ello el AYA ratifica la protección absoluta del área de recarga acuífera de Nombre52121 reconocida así por el mismo AYA desde 1980, pero no cumplió su deber de publicar el Decreto con la delimitación y coordenadas de esa área de protección absoluta. Sin embargo, dicho mandato nunca fue ejecutado y desde el año 2007, el AyA incumplió su obligación de gestionar y publicar el decreto, provocando una invisibilización normativa que permitió que otras instituciones continuaran tramitando fraccionamientos, permisos y urbanizaciones en una zona que jurídicamente debió permanecer intocable desde ese mismo año. En ese contexto, la Sala Constitucional resolvió múltiples recursos de amparo entre 2008 y 2011 ordenando al AyA iniciar inmediatamente el procedimiento de expropiación e indemnización a favor de los propietarios afectados, por haber constatado un vaciamiento total del derecho de propiedad, por las limitaciones ambientales impuestas en la protección del acuífero Nombre52121 derivados como consecuencia de la aplicación del acuerdo de Junta Directiva JD-2007-177: Así lo establece de manera expresa el voto 012043-2008, cuyo “Por Tanto” ordena lo siguiente: “Se le ordena Nombre52128., o a quien en su lugar ejerza el cargo Gerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados iniciar, a la mayor brevedad posible, los procedimientos de expropiación... a fin de que se le indemnice a la empresa amparada lo que le corresponda por ese motivo.” Esta orden fue reiterada y reforzada posteriormente, incluso bajo apercibimiento penal para el jerarca del AyA por desacato. Ante esas órdenes firmes de expropiar, el propio AyA confesó ante esta Sala su imposibilidad de cumplir por razones puramente presupuestarias, lo que queda demostrado en el expediente 10-007810-0007-CO, Res. N* 2013013635, donde manifestó literalmente: “o dispuesto en este particular resulta imposible de cumplir, habida cuenta que el Instituto no cuenta con los recursos necesarios para incoar el procedimiento de expropiación ordenado...”. Es decir, el AyA no negó ni cuestionó la protección absoluta, sino que abiertamente reconoció que el obstáculo era económico. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha reconocido expresamente, ante esta Sala, que se ha negado a cumplir con las órdenes previas de expropiación de la Dirección2942 -no por inexistencia de riesgo o cambio técnico algunosino exclusivamente por razones presupuestarias. Así lo admitió textualmente en la Resolución N? 2013-013635, dictada por la Sala Constitucional a las catorce horas treinta minutos del quince de octubre de dos mil trece, dentro del expediente 10- 007810-0007-CO, al indicar que resultaba: “imposible de cumplir, habida cuenta que el Instituto no cuenta con los recursos necesarios para incoar el procedimiento de expropiación ordenado...” Esta afirmación constituye prueba directa, confesional e indubitable de que el obstáculo alegado no es técnico ni científico, sino meramente económico, lo cual resulta incompatible con el artículo 50 de la Constitución Política y con el principio de supremacía constitucional, que impide supeditar la protección de un derecho fundamental a criterios presupuestarios. A ello se suma un hecho aún más grave: el propio AyA ha afirmado que el régimen original de protección absoluta adoptado en el Acuerdo JD-2007-177 fue deliberadamente “modificado” mediante el Acuerdo JD-2011-112, para transformar la Dirección2942 en un escenario de “vulnerabilidad alta” y permitir determinadas actividades condicionadas. Así lo sostiene en su respuesta presentada en el expediente 10-007700-0007-CO, al expresar que dicho acuerdo “modifica el Acuerdo 2007-177 (...) permitiendo ya una gran cantidad de actividades (...) lo cual hace insubsistente la obligación de indemnizar y expropiar”. Esta manifestación constituye un reconocimiento formal, proveniente del propio ente público, de que el cambio introducido en el año 2011 no obedeció a un avance técnico ni a nueva evidencia científica, sino al propósito deliberado de eliminar la consecuencia expropiatoria previamente ordenada por esta Sala, en franca regresión de un estándar constitucional ya consolidado. El modo en que se adoptó dicho acuerdo —sin soporte técnico actualizado, ni estudio hidrogeológico riguroso, ni consulta interinstitucional alguna— lesionó directamente el derecho de las generaciones presentes y futuras a un ambiente sano y al acceso seguro al agua potable, contrariando el principio de no regresión ambiental y el principio precautorio, ambos reafirmados reiteradamente por esta Sala. Conforme a estos principios, el Estado tiene prohibido debilitar una categoría de protección previamente consolidada, y mucho menos cuando la motivación que impulsa la regresión es meramente financiera o de conveniencia administrativa, y no la preservación objetiva del interés público superior. Desde esta perspectiva, el Acuerdo JD-2011-112 no solo carece de sustento técnico, sino que resulta manifiestamente inconstitucional por reducir arbitrariamente el nivel de protección de la Zona 6, sustituyendo un régimen de protección absoluta ordenado para salvaguardar el abastecimiento hídrico humano, por una regulación permisiva diseñada exclusivamente para eludir una obligación constitucional previamente firme de expropiar e indemnizar. El AyA, en abierta contradicción con los mandatos firmes de esta Sala, optó por eludir su obligación constitucional de expropiar y trasladar al dominio público las fincas de la Zona 6 —como área de protección absoluta—, y en su lugar dictó el Acuerdo JD-2011-112, cuya finalidad no fue técnica sino abiertamente regresiva: rebajar deliberadamente la categoría de protección absoluta previamente vigente, para permitir que en dichas propiedades pudiera variarse el uso del suelo, abriendo espacio a intervenciones humanas que antes estaban prohibidas de forma expresa e incondicional. Este viraje normativo, adoptado sin nuevo sustento científico, no solo desnaturaliza la obligación de expropiar previamente impuesta por esta Sala, sino que constituye una lesión directa al modelo constitucional de salvaguarda intergeneracional del recurso hídrico, al sustituir un régimen de prohibición absoluta por uno meramente “condicionado”, estructurado para evadir la consecuencia expropiatoria previamente ordenada. Para intentar legitimar dicha regresión, el AyA sostiene falsamente que el Acuerdo JD-2011-112 constituye una simple “actualización” o “ajuste” de la Nombre99516 2006. Sin embargo, omite informar a la Sala deliberadamente que esa misma Matriz —cuya aplicación es de acatamiento obligatorio según esta Sala— establece de forma categórica que en zonas de VULNERABILIDAD EXTREMA como la Zona 6 no existe margen alguno de impermeabilización permitido, ni espacio para evaluaciones discrecionales caso por caso, sino un régimen de PROHIBICIÓN TOTAL Y SIN EXCEPCIONES. Pretender derivar del estándar de Nombre99516 un permiso condicional o porcentual (como el artificial 20% introducido en 2011) constituye, por tanto, una tergiversación técnica incompatible con la realidad hidrogeológica del acuífero Nombre52121 y con la propia jurisprudencia vinculante de esta Sala. El AyA no presentó evidencia técnica nueva que justificara alterar la categoría ambiental, sino que operó una decisión meramente económica para evitar la obligación constitucional de expropiar. Esto configura una regresión ambiental manifiesta e inadmisible, prohibida por la jurisprudencia reiterada de esta Sala y contraria a los principios constitucionales de precaución, intergeneracionalidad, supremacía del derecho al agua y prohibición de debilitamiento de normas ambientales consolidadas. Por lo anterior restituir el régimen original de protección absoluta no solo es jurídicamente obligatorio, sino que abre el camino inmediato para que el Estado ejecute ya sea el desalojo administrativo de ocupaciones ilegales —por tratarse de invasión material en zona de protección hídrica— o la expropiación indemnizatoria cuando corresponda. En cualquiera de los dos escenarios, la vigencia actual del Acuerdo 2011-112 produce un daño directo, continuo y constitucionalmente intolerable que esta Sala debe corregir con carácter urgente. l. POSICIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA) EN LA CONTESTACION DEL AMPARO El AyA, mediante su informe rendido ante esta Sala, sostiene que no ha incurrido en infracción alguna, afirmando que ha actuado “conforme al marco jurídico y técnico vigente” y señalando que las alegaciones del amparo parten, según su criterio, de una “interpretación subjetiva” de sus obligaciones. En primer lugar, el AyA niega haber incumplido el Acuerdo JD-2007-177, indicando que el mandato de dicho acuerdo se habría satisfecho mediante la comunicación oficial de la delimitación de la Zona 6 al Poder Ejecutivo, minimizando —de manera relevante— el hecho de que esa comunicación jamás culminó en la publicación del decreto oficial, requisito indispensable para dotar de efecto normativo general a dicha declaratoria. No obstante, el AyA intenta sostener que la ausencia del decreto no representa un incumplimiento atribuible a la institución, sino un asunto ajeno a su competencia. Posteriormente, en un giro de enfoque, el AyA alega que la Zona 6 no es, en realidad, de vulnerabilidad extrema, sino de “vulnerabilidad alta”, afirmando que así lo habría determinado su “propio estudio técnico del año 2007” —pese a que ese mismo acuerdo adoptó de hecho oficialmente las disposiciones de la Nombre99516 2006 y declaró la Zona 6 como de protección absoluta, sin margen de interpretación. A partir de esa reinterpretación unilateral y carente de sustento técnico, el AyA pretende justificar que la aplicación de un supuesto umbral del 20 % de impermeabilización no constituye una flexibilización prohibida, sino un “parámetro técnico derivado de la Matriz”, sosteniendo que dicha cifra no implica autorización automática, sino que únicamente condiciona el análisis de posibles intervenciones a estudios caso por caso. Contrario al criterio del AyA, el Acuerdo JD-2011-112 sí lesiona directamente la categoría de protección absoluta decretada por la Junta Directiva del AyA desde 1980 (Acuerdo JD-80-121) y ratificada en el Acuerdo JD-2007-177, al introducir un criterio discrecional incompatible con la prohibición total de urbanización y ocupación establecida para las zonas de vulnerabilidad extrema y recarga directa del acuífero de Moin. Esta actuación constituye una regresión ambiental inconstitucional, contraria al principio de no regresión y al deber de tutela reforzada del derecho humano al agua consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política. La tesis de AyA es jurídicamente insostenible: el Acuerdo 2011-112 no se encuentra respaldado por ningún estudio técnico o científico nuevo, y por ende no puede válidamente reetiquetar la Zona 6 como de “vulnerabilidad alta”, máxime cuando el Estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad del Acuífero Nombre52121 elaborado por la hidrogeóloga Viviana Ramos (AyA, 2007) —que el propio Instituto oficializó mediante el Acuerdo JD-2007-177— la clasifica expresamente como ZONA DE PROTECCIÓN ABSOLUTA, en total identidad con la Nombre99516 2006, también declarada de acatamiento obligatorio por la Sala Constitucional. Es decir, tanto Nombre99516 como el propio AyA coincidieron técnica y cientificamente en que la Zona 6 corresponde a VULNERABILIDAD EXTREMA y, por ende, a un régimen jurídico de PROHIBICIÓN TOTAL DE INTERVENCIÓN, no de flexibilización condicional como equivocadamente pretende introducir el acuerdo impugnado de 2011. La Nombre99516 (2006) —de acatamiento obligatorio según la Sala Constitucional— mantiene expresamente la clasificación de VULNERABILIDAD EXTREMA para dicha zona 6, lo cual supone un régimen de PROTECCIÓN ABSOLUTA, exactamente igual al adoptado por el AyA mediante el Acuerdo JD2007-177. En otras palabras, el AyA falsea la aplicación de la Nombre99516 en 2011, pretendiendo utilizarla para justificar un permiso condicionado, cuando la propia matriz impone un régimen de prohibición absoluta en Zona 6, no de flexibilización porcentual ni de análisis caso por caso. Adicionalmente, el AyA argumenta que no está obligado a instar la publicación de un decreto específico para la Zona 6, por cuanto considera que su deber ya habría sido “superado” mediante el Decreto Ejecutivo N.° 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH, el cual establece lineamientos generales de coordinación interinstitucional para la gestión hídrica, pretendiendo así que un marco genérico y no cartográficamente delimitado supla la fuerza normativa particularizada que exige la protección absoluta de recarga acuífera. En suma, la línea oficial del AyA se basa en tres pilares: (a) que no ha omitido gestionar el decreto, pues “comunicó” la información aunque no se haya publicado; (b) que la Zona 6 no es vulnerabilidad extrema, sino alta —pese a la Nombre99516 y su propio acuerdo del 2007—; y (c) que el marco normativo general del 2020 sustituye la necesidad de un decreto específico, haciendo innecesaria la protección explícita prevista desde 2007. Esta postura —formalmente presentada como técnica y administrativa— implica en los hechos una reducción del estándar constitucional previamente consolidado, al relativizar la categoría de la Zona 6 y abrir paso a márgenes operativos que debilitan la protección absoluta originalmente reconocida. lI. POSICION DEL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA) EN LA CONTESTACION DEL AMPARO El SENARA, en el informe rendido ante esta Sala, adopta una posición materialmente distinta y sustantivamente más rigurosa que la expuesta por el AyA. En primer término, ratifica que la Matriz de Criterios de Uso del Suelo —dictada por dicho ente técnico en el año 2006— fue expresamente declarada de acatamiento obligatorio por esta Sala Constitucional, lo cual incluye la clasificación de la Zona 6 del acuífero Nombre52121 como área de VULNERABILIDAD EXTREMA, condición que equivale jurídicamente a protección absoluta, con prohibición de urbanizaciones, fraccionamientos, impermeabilización significativa y movimientos de tierra. Según Nombre99516 es fundamental precisar que el parámetro del 20 % de impermeabilización” NO es aplicable en zonas de VULNERABILIDAD EXTREMA, como lo es la Zona 6, pues conforme a la propia Nombre99516 (2006), dicho porcentaje solo puede operar como referencia técnica en escenarios de Vulnerabilidad ALTA o moderada, nunca en áreas clasificadas como de PROTECCIÓN ABSOLUTA, donde rige un régimen de prohibición total de intervención humana con riesgo potencial sobre el acuífero. En otras palabras, la matriz no admite excepción alguna frente a zonas de vulnerabilidad extrema, siendo completamente incompatible con cualquier intento de introducir márgenes porcentuales de impermeabilización, aun cuando estos se presenten como evaluaciones “caso por caso”. El informe de Nombre99516 deja claro que la Zona 6 es hidrogeológicamente frágil, al tratarse de un sistema kárstico, donde la infiltración de contaminantes puede ocurrir de forma rápida, directa e irreversible, lo que impone un nivel máximo de protección —tal como ya ha reconocido esta Sala— bajo el estándar de “cero tolerancia” al riesgo. En este punto, Nombre99516 no valida ninguna interpretación que permita apertura urbanistica o flexibilización operativa, y expresamente se deslinda de cualquier utilizacion permisiva o amortiguada de los criterios técnicos que pudieran ser invocados para justificar desarrollos humanos en dicha zona. Asimismo, Nombre99516 reafirma su papel como ente técnico supremo en materia de aguas subterráneas, lo cual implica que sus criterios no son meramente consultivos, sino vinculantes por mandato constitucional y jurisprudencial, y que no pueden ser reinterpretados unilateralmente por otras instituciones del Estado para reducir el nivel de protección originalmente establecido. En suma, Nombre99516 confirma que la Zona 6 debe permanecer jurídicamente bajo protección absoluta, que cualquier interpretación que intente rebajar ese estándar supone una regresión material prohibida, y que el ordenamiento constitucional exige preservarla sin permitir actividad alguna que comporte riesgo significativo o irreversible para el acuífero (…)”.

20.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

  I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes aducen medularmente que:

a)   El acuerdo No. 2011-112 de la Junta Directiva del ICAA carece de sustento técnico y estableció “válvulas” de flexibilización en la Zona 6 (del acuífero de Limón-Moín), incompatibles con un régimen de protección total y absoluta establecido previamente para dicho sitio.

b)El ICAA ha incurrido en omisiones en la ejecución del acuerdo No. 2011-112, pues la documentación reciente confirma la ausencia de información pública consolidada sobre las zonas del acuífero en sus plataformas y respuestas que remiten a protocolos generales de emergencia y a una unidad regional de control sin trazabilidad funcional histórica.

c) El Plan Regulador de Limón no incorporó de forma expresa la delimitación cartográfica de la citada Zona 6 como área de protección absoluta de las aguas subterráneas, ni traslada a su normativa las prohibiciones y condicionamientos materiales de la Matriz de Nombre99516 del año 2006 (lo cual permite la tramitación de usos turísticos, residenciales, fraccionamientos y movimientos de tierra mediante condicionamientos genéricos).

d)El ICAA omitió publicar un decreto de protección para oficializar los límites de la Zona 6, a pesar de así haberlo dispuesto en el por tanto sexto del acuerdo No. 2007-177.

Afirman que tales actuaciones y omisiones vulneran los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al agua potable y a la salud.

II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

1)   La Zona 6 de Limón es aquella donde se ubica el acuífero de Limón-Moín (ver informe).

2)   La Junta Directiva del ICAA, mediante acuerdo No. 80-121 de la sesión 80-028 de 14 de abril de 1980, declaró zona de protección de aguas las nacientes de Moín-Limón, estableciendo las siguientes prohibiciones: “(…) La Perforación o Excavación de Pozos, galerías de infiltración o cualquier otra obra de captación de aguas. Construcción de Casas de Habitación, Instalaciones Industriales y Comerciales, Porquerizas, Gallineros y Corrales en general, de Tanques Sépticos, Pozos Negros o Sistemas Sanitarios que puedan afectar las aguas del subsuelo.   La remoción o extracción de todo tipo de materiales. Toda actividad agropecuaria. Toda corta de vegetación forestal. El uso de plaguicidas, pesticidas o de sustancias venenosas con cualquier fin. Instalación de basureros, rellenos sanitarios o botaderos de desperdicios de cualquier índole (…)” (Sistema Costarricense de Información Jurídica, enlace: https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70307&nValor3=84786&strTipM=TC).

3)   El Nombre99516 promulgó la llamada “Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos Para la Protección del Recurso Hídrico”, la cual fue aprobada por la Junta Directiva de esa institución por acuerdo No. 3303, en sesión extraordinaria No. 239-06 de 26 de setiembre de 2006. Esta matriz es un insumo guía para realizar, de una forma integral ambiental, procesos de regulación y zonificación del uso del suelo en el territorio nacional (ver informe).

4)   Mediante acuerdo No. 2007-177 de la Junta Directiva del ICAA, publicado en la Gaceta No. 83 del miércoles 2 de mayo del 2007, se dio la “Oficialización del Estudio Hidrogeológico y la Vulnerabilidad del Acuífero Moín, Limón y la Actualización de la Zona de Protección DGAMB-2007-031” y se dictaminó en su por tanto lo siguiente: 

"(..) SEGUNDO: SE REVOCA EL ACUERDO 80-121 EN CUANTO A SU ZONA DE LIMITACION Y RECOMENDACIONES DE REGULACION DE USO DEL SUELO, de conformidad con la delimitación y ubicación realizada por los Departamentos de Topografía de la Dirección de Estudios y Proyectos, la Dirección Región Huetar Atlántica, la Dirección de Gestión Ambiental y el informe DGAmb-2007-031, se recomienda aplicar la ubicación topográfica de la ZONA DE PROTECCIÓN ABSOLUTA, catalogada como Zona 6, en la resolución de toda solicitud de permiso, licencia o autorización presentada por el Administrado, de la siguiente forma: Partiendo del pto. 1 con coord. N=221517 y E=639446 en el cruce del camino viejo a Limón Ruta #240 (por la costa) y la entrada oeste a la Urbanización Cangrejos, se continua unos 106m al sur por la calle de la Urbanización hasta el pto. 2 con coord. N=221414, E=639471, se dobla al sur oeste unos 77m hasta el pto. 3 con coord. N=221367 y E=639410, se continua al este unos 316m hasta el cruce con el camino a Pacuare, pto. 4 con coord. N=221297, E=639682, luego se continua al sur unos 1.4 km por este camino hasta el pto 5, inicio de la Urbanización del mismo nombre con coord. N=220474 y E=640380, continuando con rumbo sur sur oeste unos 170m hasta el pto. 6 con coord. N=220318 y E=640302, luego con rumbo sur este unos 38m hasta el pto 7 con coord. N=220297 y E=640333, luego hacia el sur sur oeste unos 82m hasta el pto. 8 con coord. N=220159 y E=640251. De este pto. 8 donde termina la calle de la Urbanización, se continua con el mismo rumbo sur sur oeste a campo traviesa unos 370m hasta el pto. 9 con coord. N=219858 y Telf8145. Se continua a campo traviesa hacia el oeste unos 190m hasta encontrarse la calle que va a Cielo Amarillo en el pto. 10 con coord. N=219846 y Telf3705, de este pto. 10 que venía paralela al lindero, ya en la calle, se continúa hacia el sur unos 90m hasta el pto. 11 con coord. N=219764 y E=639832. De este pto. 11 se continúa por la calle que va a Villa Plata unos 220m al sur oeste hasta el pto. 12 con coord. N=219689 y E=639630, se continua al sur unos 320m hasta la línea del ferrocarril en el pto. 13 con coord. N=219449 y E=639624, continúese por la línea férrea hacia el este unos 100m hasta el pto. 14 con coord. N=219447 y Telf3708 de este pto. 14 se continua unos 460m hacia el sur por la calle que sale a la ruta nacional #32 (Saopin) hasta el pto. 15 con coord. N=218995 y Telf3709. De este pto. 15 ya en la calle se continua unos 2.4 km hacia el oeste por la ruta Nº 32, hasta llegar a la primera entrada hacia Dirección2944 hasta el pto. 16 con coord. N=218883 y E=637297 y luego a la derecha con rumbo norte para ir a Dirección2944, unos 270m hasta llegar al cruce de caminos, a un costado de la escuela de Dirección2945, en el pto.17 con coord. N=219085 y E=637177, 106m norte luego se continua por 106m al norte hasta el pto 18 con coord. N=219207 y E=637179, de este pto. 18, se continua unos 260m al oeste hasta el fin de la calle y de ahí continua unos 160m siempre al oeste por el lindero norte entre predios hasta intersectar la carretera de concreto ruta #240, en el pto. 19 con coord. N=219325 y E=636795, luego continuando 2km hacia el noreste por la ruta #240 hasta la intersección de caminos hacia Villa Plata en el pto. 20. con coord. N=220976 y E=637688, de este pto. 20 se continua al norte por la ruta Nº 240 con una distancia aproximadamente de 2.6km hasta llegar a la intersección de caminos con la Urbanización Cangrejos siendo este cruce el pto. 1 de partida con coord. N=221517 y E=639446. Abreviaturas: Coord. = Coordenadas Pto. = Punto  N = Norte E = Este Resumen de coordenadas: (…)

Como recomendaciones de Regulación de Uso del Suelo se esteblecen las siguientes restricciones: 1.   Toda actividad industrial. 2.   Uso y almacenamiento de plaguicidas, pesticidas y combustibles, o precursores de estos con cualquier fin. 3.   La remoción o extracción de todo tipo de materiales. 4.   Cambio de uso de la tierra. 5.   Toda corta de vegetación forestal. 6.   Toda actividad agropecuaria e instalaciones ligadas a la misma. 7.   La perforación o excavación de pozos, galerías de infiltración o cualquier otra obra de captación de aguas. 8.   El desarrollo de urbanizaciones y de lotificaciones. 9.   Las instalaciones de basureros, rellenos sanitarios o botaderos de desperdicios de cualquier índole. 10.  Actividades de cualquier índole que afecten a criterio del AyA la calidad y la cantidad del agua que se utiliza para el abastecimiento a poblaciones.

SE ADMITIRÁ EN LA Dirección2942 LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS ORIGINADAS POR EL CRECIMIENTO VEGETATIVO, SIEMPRE QUE SE ASEGURE QUE LAS AGUAS RESIDUALES NO SE DESCARGAN A DOLINAS Y SE REALIZA LA RECOLECCIÓN DE LAS BASURAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL U OTRO MEDIO.

3º-Se Establecen para las zonas 2, 5 y 7 del "Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero de Moín, Limón", las siguientes medidas de protección del acuífero: 1. No permitir el almacenamiento de químicos; 2. No permitir la construcción de estaciones de abastecimiento de combustible; 3. No permitir la explotación de tajos; 4. No permitir la construcción de pozos, permitiendo sólo para el abastecimiento público

4º-En la zona 2 se realizarán estudios de prospección con miras a determinar la capacidad de producción y se mantiene esta zona como reserva para el abastecimiento a la población del sector de río Blanco.

5º-Para las zonas 7, 8, 9, y 10 se deberá exigir a todo proyecto de desarrollo la construcción de alcantarillado sanitario y el AyA deberá iniciar los estudios necesarios a fin de construir los colectores primarios y secundarios que permitan evacuar el agua residual hacia el emisario submarino.

6º-Se solicitará al poder ejecutivo que se se promulgue un decreto con miras a la protección de las fuentes de Moín; así como las limitaciones de uso del suelo que aseguren la conservación y el mejoramiento de las condiciones ambientales en las otras zonas del Acuífero de Moín; en concordancia con el "Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero de Moín, Limón" y las recomendaciones de uso del suelo.

7º-Para la zona 6, la Dirección Regional Huetar Atlántica y la Dirección de Gestión Ambiental, harán y mantendrán un inventario exhaustivo del uso del suelo, identificando las actividades y establecimientos que almacenen sustancias de riesgo para la calidad del agua para uso humano.

8º-Se deberá promover ante los entes competentes, la realización de un análisis de riesgo de las industrias establecidas en la zona de influencia directa de las fuentes de Moín, que debe incluir una posible conflagración de varias industrias y se deberá establecer un protocolo de acción para enfrentar una posible emergencia que considere la participación de todas la industrias establecidas en la zona. 

9º-Para garantizar la observancia de las restricciones y dar seguimiento a la aplicación de las medidas definidas, se conformará la Unidad Regional de Control Ambiental de la Región Atlántica, a cargo de la Gerencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

10.-Salvo que se demuestre que las fuentes de Nombre52121 hayan sido afectadas de manera irreversible, según la normativa, por el evento de Químicos Holanda, se deberán mantener en uso para abastecimiento a la población por razones de orden técnico, de demanda; con las siguientes condiciones: Ordenar la construcción inmediata de una planta de tratamiento, incluyendo un sistema de carbón activado o de la tecnología necesaria para asegurar la calidad por cualquier posible contaminación. Se deberá iniciar de inmediato los estudios para definir la posibilidad de utilizar la cuenca alta del río Banano con miras a sustituir las fuentes de Nombre52121 en caso de que se lleguen a contaminar por las actividades industriales que se desarrollan en la cuenca.

SE LE NOTIFICARÁ A LAS MUNICIPALIDADES QUE SE UBICAN EN LAS ZONAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA VULNERABILIDAD EL PRESENTE ACUERDO PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL PLAN REGULADOR DE MANERA QUE "LAS RECOMENDACIONES DE REGULACIÓN DE USO DE LA PROPIEDAD Y EL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO DE MOÍN-LIMÓN·" SEAN VINCULANTES, DANDO ÉNFASIS A LA NECESIDAD DE QUE SE CONSIDERE LA Dirección2942 COMO DE RESTRICCIÓN ABSOLUTA., ASIMISMO SE NOTIFICARÁ AL MINISTERIO DE SALUD, AL MINAE, AL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, AL Nombre99516 Y A LA Nombre3763 PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMPETENCIAS. PUBLÍQUESE Y NOTIFÍQUESE (...)" (Sistema Costarricense de Información Jurídica, enlace: https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70307&nValor3=84786&strTipM=TC).

5)   Mediante al acuerdo No. 112 de 2 de mayo de 2011 publicado en La Gaceta No. 83, el ICAA dispuso la reforma al acuerdo No. 2007-107 "Oficialización del estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031", conforme los siguientes términos:

“(…) 1º- Se Modifica el Acuerdo 2007-177, en su Por Tanto Segundo, respecto a la enumeración de recomendaciones de regulación de uso del suelo de la Zona 6, con los siguientes lineamientos de restricción y en aplicación de la "Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, emitida por la Junta Directiva de Nombre99516 en sesión del 26 de setiembre del 2006:

 Para toda actividad el área de impermeabilización por hectárea no debe sobrepasar el 20%.

Aquellas ACTIVIDADADES INDUSTRIALES que a lo largo de las distintas etapas de construcción y operación, generen impacto ambiental negativo al acuífero, deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por SETENA. 

De acuerdo con el Reglamento del Ministerio de Salud, Decreto 30465 S y el Reglamento de Vertidos y Rehúso de Aguas Residuales. N. 26041-S MINAE, no se permiten las actividades industriales de alto riesgo por la posible afectación de la contaminación. Se definen estas actividades de alto riesgo como aquellas que tienen posibilidad de explosión, incendio, fuga o derrame súbito que resulte del proceso en el curso de las actividades industriales, así como en ductos y en transportes, en los que intervengan una o varias sustancias peligrosas y que suponga un peligro grave (de manifestación inmediata o retardada, reversible o irreversible) para la población, sus bienes, el ambiente y los ecosistemas.

No autorizar actividades de almacenamiento y USO DE PLAGUICIDAS, PESTICIDAS, COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS, O PRECURSORES DE ESTOS CON CUALQUIER FIN

Para la REMOCIÓN, CORTE Y RELLENO DE MATERIALES (MOVIMIENTOS DE TIERRA), deberá realizarse un estudio Hidrogeológico que compruebe que no habrá afectación al acuífero y un Plan de Gestión Ambiental debidamente aprobados por Nombre3763

NO SE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN O EXCAVACIÓN DE POZOS, GALERÍAS DE INFILTRACIÓN O CUALQUIER OTRA OBRA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS.

Para el caso de DESARROLLOS DE URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS, deberá construirse alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario. Se pueden permitir desarrollos con densidades iguales o inferiores a una unidad habitacional por cada 1000 metros. 

Para el caso de HOTELES Y SIMILARES PARA HOSPEDAJE, se puede permitir sujeto al manejo de efluentes con planta de tratamiento cumpliendo con el Reglamento de Vertidos vigente. El número de habitaciones no debe exceder una carga equivalente a 50 personas por hectárea.

NO INSTALAR BASUREROS, RELLENOS SANITARIOS O BOTADEROS DE DESPERDICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE.

El AyA considerando los estudios presentados por el interesado y avalados por las instancias pertinentes, podrá dictaminar otro tipo de actividades de las no enumeradas en este acuerdo, que afecten la calidad y la cantidad del agua, estableciendo las recomendaciones técnicas vinculantes para la regulación de la actividad. El AYA estará facultado por la Ley 2726, para evaluar si existe afectación al acuífero y la disposición correcta de las aguas residuales de conformidad con el reglamento de vertidos vigente, además de la aprobación o denegatoria de la actividad.

 Se admitirá en la Zona 6 las construcciones de viviendas originadas por el crecimiento vegetativo, siempre que se asegure que las aguas residuales no se viertan a dolinas y se realice la recolección de las basuras por el servicio municipal u otro medio.

3º-Se recomienda al Gobierno Local y a las Instituciones Competentes, proceder a realizar medidas de protección tendientes a la conservación de las zonas boscosas.

4º-Se instruye a la Administración Superior, para que gestione lo procedente y solicite a la Municipalidad de Limón, la implementación de las recomendaciones emitidas en el presente acuerdo.

5º-Se instruye a la Administración Superior, para que gestione a lo procedente y solicite al MINAET, para que restrinja TODA CORTA DE VEGETACIÓN FORESTAL EN LA Dirección2942.

6º-Para la zona 6, la Dirección Regional Huetar Atlántica y la UEN de Ambiente, Investigación y Desarrollo, harán y mantendrán un inventario exhaustivo del uso del suelo, identificando las actividades y establecimientos que almacenen sustancias de riesgo para la calidad del agua para uso humano. Asimismo les corresponderá el análisis de las propuestas presentadas por el Administrado y la valoración de no afectación del acuífero y disposición correcta de las aguas residuales. 

7º-En todo lo demás se mantiene vigente lo dictaminado en el Acuerdo de Junta Directiva 2007-177 (…)” (Sistema Costarricense de Información Jurídica enlace: https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70307&nValor3=84786&strTipM=TC).

6)   El Plan regulador del cantón central de Limón fue publicado en La Gaceta No. 212, Alcance 225, el 15 de noviembre de 2023 (ver informe).

III.- CASO CONCRETO. El recurrente Nombre35146 acude en amparo y señala categóricamente que el objeto de este es el siguiente: “(i) que se declare la nulidad, por inconstitucionalidad material y formal, de las disposiciones del Acuerdo de Junta Directiva del AyA N.° 2011-112 —y, en cuanto resulte aplicable, del N.° 2007-177— (…) (ii) que se declare la nulidad parcial del Plan Regulador de Limón en cuanto omite o contradice la delimitación cartográfica y el régimen de protección absoluta de la Zona 6; y (iii) que se ordene la adopción inmediata de medidas precautorias y estructurales para asegurar la protección efectiva del acuífero Moín, conforme a la Matriz del Nombre99516 y a los votos 2008-004790 y 2011-014596 de la Sala Constitucional”.

Seguidamente, dicho recurrente, a través de varios y extensos escritos, se refiere reiteradamente a los mencionados puntos.

Así, aduce que el acuerdo No. 2011-112 de la Junta Directiva del ICAA estableció “válvulas” de flexibilización en la Dirección2942 (del acuífero de Limón-Moín), incompatibles con un régimen de protección total y absoluta establecido previamente para dicho sitio, permitiendo con ello, un umbral genérico de impermeabilización del veinte por ciento (20 %) por hectárea, movimientos de tierra mediante estudio y PGA, y habilitación de viviendas por “crecimiento vegetativo” sin parámetros de densidad ni control de impermeabilización.

Adicionalmente, afirma que el ICAA ha incurrido en omisiones a la hora de ejecutar el acuerdo No. 2011-112, pues la documentación reciente confirma la ausencia de información pública consolidada de ese instituto sobre las zonas del acuífero en sus plataformas y respuestas que remiten a protocolos generales de emergencia y a una unidad regional de control sin trazabilidad funcional histórica. Sostiene que, en respuestas oficiales recientes a solicitudes de información, el ICAA ha reconocido que “(a) que no dispone de metodología ni cartografía para controlar la figura de “crecimiento vegetativo” en la Dirección2942, limitándose a citar variaciones de servicios domiciliarios sin correlacionarlas con densidad, cobertura impermeable o recarga; (b) que no mantiene un inventario exhaustivo y actualizado de establecimientos con sustancias peligrosas, condición imprescindible para la gestión preventiva del riesgo en zonas de alta vulnerabilidad; y (c) que aplica un protocolo de emergencias genérico (GTE‑105‑01‑P) y no un protocolo específico para la recarga kárstica de Moín, a pesar de la existencia de dolinas, fisuras y tiempos de tránsito cortos de contaminantes, descritos por los estudios EPIK y por la cartografía de SENARA”.

En lo tocante al Plan Regulador de Limón, alega que este no incorporó de forma expresa la delimitación cartográfica de la citada Zona 6 como área de protección absoluta de las aguas subterráneas, pese a la existencia de estudios que demuestran la alta vulnerabilidad (lo cual permite la tramitación de usos turísticos, residenciales, fraccionamientos y movimientos de tierra mediante condicionamientos genéricos). Explica que solo un 3% de la superficie de la llamada Zona 6 quedó en categoría de protección, mientras que el 97% restante se destinó a desarrollo urbano. Acusa que, pesar de que el propio documento planificador admite la alta fragilidad de humedales y la desaparición de bosques primarios, simultáneamente habilita desarrollos urbanos con coberturas de hasta 30% e, incluso, la sustitución por plantas de tratamiento o tanques sépticos modificados Alega que, esta dualidad normativa —reconocer fragilidad pero autorizar urbanización— contradice el mandato de protección absoluta que pesa sobre la Zona 6 y resulta incompatible con el principio precautorio. Adicionalmente, acusa que dicho plan tampoco trasladó a su normativa las prohibiciones y condicionamientos materiales consignados en la “Matriz de Criterios de Uso de Suelo del Nombre99516 según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos”.

Agrega que el ICAA omitió también publicar un decreto de protección para oficializar los límites de la Zona 6, a pesar de así haberlo dispuesto en el por tanto sexto del acuerdo No. 2007-177.  Alega que, como no se publicó dicho decreto, la delimitación de la Zona 6 nunca adquirió firmeza vinculante, dejando un vacío normativo que el Plan Regulador de Limón aprovechó para asignar usos residenciales y turísticos en territorio que debía ser de protección absoluta.

Afirma el accionante Nombre35146 que lo consignado (u omitido) supra contraviene lo dispuesto en la citada Matriz del Nombre99516 (instrumento técnico–jurídico que clasifica las zonas de recarga según su vulnerabilidad intrínseca y establece restricciones de uso del suelo en función del riesgo de contaminación y la capacidad de recarga), en el propio Acuerdo No. 2007-177 del ICAA, así como lo señalado por la Sala en los Votos Nos. 2008-4790 y 2011-14596, entre otros.

Concomitantemente, el recurrente se refiere, en términos generales, a análisis que demuestran la pérdida drástica de bosque primario y la permanencia subregistrada de humedales y yolillales en la Zona 6 de Limón. Igualmente, refiere que en el Tribunal Ambiental Administrativo existe un expediente (No. 100-23-01-TAA), donde se consigna el informe No. TAA-DA-241-2023, que evidencia que en la llamada Zona 6 se produjeron intervenciones antrópicas no autorizadas que explican la pérdida de cobertura boscosa y la fragmentación de hábitat. Indica que en ese documento se hace referencia a “invasión precarista”, “tala de árboles y quema de vegetación”, “construcción de casas y ranchos”, “movimientos de tierra para terrazas y caminos”, “invasión de áreas de protección”, “cambio de uso del suelo”, y subraya que todo ello ocurre “sin permisos municipales ni viabilidad ambiental”. Menciona que también se hace alusión a entradas específicas para “camino”, “movimiento de tierra” y “tala”, además de “casa” y “tapia”, corroborando la apertura de vías y la remoción de cobertura vegetal como parte del patrón de ocupación. Apunta que en el citado expediente también se hace mención a la degradación ambiental que se produjo en dos fincas, donde se dio una pérdida progresiva de la cobertura forestal y la desaparición de humedales. Además, expone que el citado Tribunal Ambiental identificó invasiones a la franja de protección de la quebrada Portete, movimientos de tierra y descargas de aguas residuales y grises hacia dolinas.

Menciona que también la Municipalidad de Limón cuenta con el oficio No. UTE-AML-025-2022 de 22 de junio de 2022, donde se reporta en el sector de Villa Plata “caminos con mucho lastre o material de barro realizado manualmente con maquinaria pesada, que carecen de cunetas y de cordón de caño en la vía pública”. y describe “un conjunto de viviendas” construidas con materiales precarios, sin sistemas pluviales adecuados, con alturas que provocan erosión de taludes y presencia de material arcilloso y coral en los trazos de camino observados. Igualmente, manifiesta que el Nombre99516 en dos oficios (No. DIGH-UIH-008-2023 y No. DIGH-UIH-154-2023), confirmó que en la citada Zona 6 existe contaminación por hidrocarburos aromáticos policíclicos y venzo-alfa-pirenos, derivados de operaciones industriales. También, describen que el subsuelo presenta un medio kárstico fracturado, con dolinas activas, que funcionan como puntos de recarga concentrada y aceleran el tránsito de contaminantes hacia el nivel freático.

Aduce, entonces, el recurrente, que lo ocurrido con los acuerdos del ICAA y el plan regulador citados, así como la omisión de publicar el decreto arriba señalado, fue precisamente lo que abrió la posibilidad y ha permitido el desarrollo de actividades incompatibles dentro de la Zona 6, lesionándose con ello los derechos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud y al agua potable.

Sostiene el recurrente que, en suma, la combinación de (i) un patrón decreciente y fragmentario de bosques y humedales documentado por FONAFIFO 2005, INF-2013 y SINAC 2021; (ii) la subrepresentación de yolillales en el Registro Nacional de Humedales; (iii) la evidencia de un cauce público y un área de importancia hídrica dentro de la Zona 6; (iv) la asignación de usos urbanos sobre el 97 % de la superficie de protección absoluta por parte del Plan Regulador; y (v) la falta de ejecución íntegra y transparente de las obligaciones del AyA según el Acuerdo 2011-112, constituyen un cuadro de incompatibilidad material con la Matriz de Nombre99516 y con los estándares de la Sala Constitucional. Por consiguiente, en su criterio, la llamada Zona 6 de Limón debe ser restaurada a un régimen de protección estricta con delimitación publicada, incorporación normativa inmediata y suspensión de autorizaciones que incrementen impermeabilización, movimientos de tierra y densidades no compatibles con la recarga.

Dicho esto, las petitorias del recurrente Nombre35146, se resumen a las siguientes:

“(1) Declarar con lugar el presente recurso de amparo.

(2) Declarar la NULIDAD, por inconstitucionalidad material, formal Y POR VIOLACIÓN DEL CONVENIO 169 DE LA OIT, de las siguientes disposiciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA): (2.1) Del Acuerdo de Junta Directiva N.° 2011‑112, en cuanto: (a) establece un umbral uniforme de impermeabilización del 20 % de la superficie por hectárea “para toda actividad” en la Zona 6; (b) autoriza “remoción, corte y relleno de materiales” o movimientos de tierra en la Zona 6 mediante estudio hidrogeológico y PGA; (c) admite “construcciones de viviendas por crecimiento vegetativo” en la Zona 6 sin parámetros de densidad, cartografía de impermeabilización ni verificación de impacto nulo; y (d) contiene cláusulas abiertas que permiten “dictaminar otras actividades” en la Zona 6 sin base reglamentaria estricta y sin sujeción al principio precautorio. (2.2) Del Acuerdo N.° 2007‑177, en cuanto se interprete o aplique de modo que permita usos incompatibles con la protección absoluta definida para la Zona 6.

(3) Declarar la NULIDAD PARCIAL del Plan Regulador de Limón en cuanto: (a) omite incorporar la delimitación cartográfica y el régimen de protección absoluta de la Zona 6 del acuífero Nombre52121 conforme a la Matriz de SENARA; (b) permite o tolera usos residenciales, fraccionamientos, movimientos de tierra o incrementos de impermeabilización en dicha zona 6 sin exigir Evaluación de Impacto Ambiental y estudios hidrogeológicos, hidráulicos e hidrológicos previos aprobados por Nombre99516 y AyA; y (c) omite la coordinación interinstitucional obligatoria en materia de tutela del acuífero y la aplicación del principio precautorio.

(4) ORDENAR al AyA, al SENARA, al MINAE y a la Municipalidad de Limón que, en el plazo máximo de SEIS (6) meses, adopten las siguientes medidas estructurales: (4.a) emitir el DECRETO EJECUTIVO de protección de las fuentes de Nombre52121 y de la Zona 6, con coordenadas oficiales, régimen de protección absoluta y remisión expresa a la Matriz de SENARA; (4.b) elaborar e implementar un INVENTARIO PÚBLICO y actualizado de actividades con sustancias peligrosas en la Zona 6; (4.c) adoptar un PROTOCOLO ESPECÍFICO de emergencias y contingencias para la recarga kárstica de Moín; (4.d) establecer un SISTEMA DE MONITOREO periódico (calidad de aguas, nitratos, conductividad, bacteriología) con publicación de resultados y mecanismos de alerta temprana; y (4.e) adecuar íntegramente el Plan Regulador de Limón a la Matriz de Nombre99516 y a la jurisprudencia constitucional, incorporando la Zona 6 como área de protección absoluta.

(5) ORDENAR la INMEDIATA SUSPENSIÓN de cualquier permiso de construcción, fraccionamiento, cambio de uso o movimiento de tierra en la Zona 6 hasta el pleno cumplimiento de los extremos anteriores, bajo apercibimiento del artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (delito de desobediencia).

(6) Que todos los recurridos violentaron el principio Constitucional de coordinación administrativa en temas de protección de acuíferos y areas de recarga acuífera, al permitir normativas regresivas y la invisibilización de la zona 6 en el plan regulador de Limón y en la disminución de protección en los acuerdos de Junta Directiva del ICAA.

(8) (sic) CONDENAR en costas y daños según corresponda, de conformidad con los artículos 48 de la Constitución Política y 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.

 

Por su parte, el recurrente Nombre45265 acude también en amparo y reproduce parcialmente los alegatos formulados por Nombre35146.

De este modo, reclama que el ICAA no ha gestionado ante el Poder Ejecutivo la emisión y publicación del decreto de protección de la Zona 6 del acuífero Moín, como lo ordena su propio acuerdo de Junta Directiva No. 2007-177. Menciona que la falta de publicación del decreto ha generado una invisibilización normativa. Apunta que los parámetros de protección definidos por la Matriz de Nombre99516 y ratificados por la Sala Constitucional permanecen sin reflejo en la cartografía y normativa municipal, lo cual permite que el Plan Regulador de Limón continúe tramitando fraccionamientos, urbanizaciones y movimientos de tierra en un territorio que, por mandato técnico y jurisprudencial, debe mantenerse bajo un régimen de protección absoluta.

Agrega que el Acuerdo de Junta Directiva del ICAA No. 2011-112, lejos de fortalecer la protección, introdujo disposiciones que flexibilizan los estándares exigidos. Afirma que estas disposiciones contravienen frontalmente la Matriz de SENARA, que prohíbe dichas actividades en zonas de vulnerabilidad extrema. Aduce que la vigencia actual del acuerdo No. 2011-112 no solo carece de sustento técnico, sino que resulta manifiestamente inconstitucional por reducir arbitrariamente el nivel de protección de la Zona 6, sustituyendo un régimen de protección absoluta ordenado para salvaguardar el abastecimiento hídrico humano, por una regulación permisiva diseñada exclusivamente para eludir una obligación constitucional previamente firme de expropiar e indemnizar.

Alega también que la existencia de ocupaciones y usos del suelo incompatibles con la declaratoria de la Zona 6, constituye una violación al artículo 50 de la Constitución Política, que consagra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a los principios de no regresión, precautorio y preventivo en materia ambiental.

De este modo, Nombre45265 peticiona expresamente a esta Sala Constitucional lo siguiente:

“declarar con lugar el presente recurso de amparo; y decretar que La Junta Directiva del ICAA incumplió con su deber de publicar el decreto de protección y delimitación del acuífero Moín, tal como lo ordenó en su propio Acuerdo de Junta Directiva N.* 2007-177.

Ordenar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA-AyA) que, en un plazo perentorio, solicite y gestione ante el Poder Ejecutivo la promulgación y publicación del decreto de protección del acuífero Moín.

Ordenar que los Acuerdos de Junta Directiva N.* 2007-177 y 2011-112 se apliquen únicamente en la medida en que sean compatibles con la Matriz de Nombre99516 y con la jurisprudencia constitucional, dejando sin efecto sus disposiciones que flexibilicen la protección.

Ordenar al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) que cumpla con su deber de coordinación, participando activamente en la elaboración, firma, solicitud y publicación del decreto y en la aplicación integra de la Matriz de Criterios de Uso del Suelo”.

Adicionalmente, en escrito posterior, se solicitó también que esta jurisdicción ordene “la expropiación de los terrenos ocupados de manera incompatible en la Zona 6”.

Ahora bien, analizado todo lo anterior, este Tribunal Constitucional no considera que exista mérito para conocer este recurso de amparo por el fondo ni, tampoco, para acoger el elenco de peticiones concretas supra señalado.

Esto, medularmente en el tanto los recurrentes acudieron a esta jurisdicción de manera genérica y en abstracto, sin formular y precisar un acto de aplicación concreta o bien, una relación de hechos concreta e individualizada que afecte o perjudique a una persona en concreto o a varias. En esencia, no se individualiza alguna situación que haya generado una violación o amenaza de vulneración a los derechos fundamentales a los que hace referencia, tal y como así lo exige la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 1° y 29. 

Según una lectura pormenorizada realizada a todos los escritos formulados por los recurrentes, estos se abocan a señalar meramente los motivos por los cuales, en su criterio, los citados acuerdos del ICAA (Nos. 2007-177 y 2011-112), así como el Plan Regulador de Limón, devienen en inconstitucionales, sin hacer referencia o aducir concomitantemente y, de manera fundamentada, algún acto de aplicación concreta que afecte o lesione los derechos fundamentales. Estado de cosas que se reafirma al analizar de forma puntual el elenco de peticiones planteado por ambas partes, donde los tutelados no solicitan la intervención de este Tribunal ante una situación en particular, acto u omisión concreta.

Debe observarse que, si bien los recurrentes hacen referencia somera a varias situaciones que han afectado, en su criterio, la Zona 6 de Limón, en el fondo, no acuden propiamente en contra de alguna actuación u omisión relacionada intrínsicamente con estas, lo cual se comprueba, como se dijo, al realizarse una lectura del elenco de petitorias planteadas no sólo en los escritos principales de interposición del amparo, sino también en el resto de memoriales adjuntados al proceso. 

Sobre el particular, este Tribunal ha indicado que, si bien el recurso de amparo puede ser interpuesto por cualquier persona y a favor de un tercero, lo cierto es que se requiere de la existencia de una lesión o de amenaza individualizada o individualizable, en particular, para que pueda ser atendido por esta jurisdicción; lo cual, como se ha dicho, no sucede en el caso bajo estudio. En el fondo, resulta claro que se trata simplemente de una disconformidad de las partes accionantes con el contenido de los referidos acuerdos del ICAA y del Plan Regulador de Limón, lo que, a su vez, no se puede revisar ni declarar inconstitucional a través de la vía sumaria de amparo.

Dicho lo anterior, lo que procede es desestimar el presente proceso, como en efecto de dispone.

IV.- OTRAS CUESTIONES. En escrito posterior, el recurrente Nombre35146 también acusa que la Municipalidad de Limón no ha cumplido con lo ordenado por esta Sala en la Sentencia No. 2008-4751 de las 12:00 hrs. de 27 de mayo de 2008 (dictada con motivo de un amparo formulado por su persona directamente en contra de la operación de la empresa Químicas Holanda) en el tanto, según afirma, no ha incluido en el Plan Regulador de Limón la llamada Dirección6577. Dicho esto, se le aclara al accionante que, en caso de estimar que dicho municipio no ha cumplido, a la fecha, lo ordenado en tal voto, lo que procede es que presente el reclamo correspondiente en el citado expediente para que sea en ese proceso que se resuelta lo que en derecho corresponda.

V.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con el debido respeto, coincido con el voto de mayoría que declara sin lugar el recurso, pero con base en las siguientes razones:

La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VI.-  VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO. En el sub examine, las personas recurrentes indican que el acuerdo nro. 2011-112 de la Junta Directiva del ICAA carece de sustento técnico y flexibilizó la protección de la Dirección2942 (del acuífero de Limón-Moín), lo cual es incompatible con un régimen de protección total y absoluta establecido previamente para ese sitio. Reclaman omisiones por parte del ICAA en la ejecución del acuerdo nro. 2011-112. Acusan que el Plan Regulador de Limón no incorporó de forma expresa la delimitación cartográfica de la Zona 6 mencionada ut supra como área de protección absoluta de las aguas subterráneas, ni trasladó a su normativa las prohibiciones y condicionamientos materiales de la Matriz de Nombre99516 de 2006 (lo cual permite la tramitación de usos turísticos, residenciales, fraccionamientos y movimientos de tierra mediante condicionamientos genéricos). Mencionan que el ICAA omitió publicar un decreto de protección para oficializar los límites de la Zona 6, a pesar de así haberlo dispuesto en el por tanto sexto del acuerdo nro. 2007-177. Afirman que tales actuaciones y omisiones vulneran los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al agua potable y a la salud.

De lo anterior, se evidencian reclamos dirigidos a demostrar la inconstitucionalidad de acuerdos de la Junta Directiva del ICAA (por haber flexibilizado la protección de la Zona 6 del acuífero de Limón-Moín), así como también la posible inconstitucionalidad por omisión del Plan Regulador de Limón al no contemplar expresamente la delimitación cartográfica de la Zona 6 mencionada como área de protección absoluta de las aguas subterráneas (ni trasladar a las prohibiciones y condicionamientos materiales de la Matriz de Nombre99516 de 2006).

Justamente, al tratarse de un tema ambiental e, incluso, con vinculado con la salud pública y, entre otras consecuencias, su impacto en la vegetación, existe una legitimación plenamente reconocida en el numeral 105 de la Ley de Biodiversidad que establece: “Acción popular Toda persona estará legitimada para accionar en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad”, por lo que este recurso de amparo, de acuerdo con el numeral 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, resulta idóneo para dar plazo a las personas recurrentes para interponer acción de inconstitucionalidad. 

Aclarado lo anterior, nos surgen dudas de constitucionalidad en relación con las disposiciones contenidas en los acuerdos de la Junta Directiva del ICAA (que según alegan los recurrentes disminuyeron la protección absoluta de una zona de un acuífero) y la posible inconstitucionalidad por omisión reclamada con respecto al Plan Regulador de Limón (por falta de la delimitación cartográfica de la zona y de prohibiciones). En cuanto a esta última, hemos sostenido que una inconstitucionalidad por omisión no solo ocurre por derivación de un mandato expreso de la Constitución Política o tratado internacional, sino que también es viable cuando se pueda frustrar el ejercicio o la protección de un derecho fundamental a través de alguna omisión en cuerpos normativos. No en vano, el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos impone a los Estados la adopción de disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos y libertades de ese instrumento. De manera análoga, en aras de la vigencia real y vivencia plena de los derechos fundamentales, estos deben ser instrumentalizados a través de normas de rango inferior (disposiciones legislativas o de otro carácter), como ocurre con extraordinaria frecuencia, lo que le impone a los Estados una obligación, cuya omisión puede ser objeto de control de constitucionalidad por parte de esta jurisdicción.

Así, consideramos que el remedio procesal para revisar la eventual compatibilidad con el Derecho de la Constitución de las disposiciones contenidas en los acuerdos de la Junta Directiva del ICAA, así como la alegada omisión del Plan Regulador de Limón, es la acción de inconstitucionalidad, según prevé el ordinal 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional:

“Artículo 48. En cualquier momento en que la Sala considere que las actuaciones u omisiones impugnadas están razonablemente fundadas en normas vigentes, hayan sido éstas atacadas o no también como violatorias de los derechos o libertades reclamados, así lo declarará en resolución fundada, y suspenderá la tramitación y le otorgará al recurrente un término de quince días hábiles para que formalice la acción de inconstitucionalidad contra aquéllas. Si no lo hiciere, se archivará el expediente. (…)”

Añadimos que, prima facie, los acuerdos en cuestión, por sus efectos, plausiblemente aparentan tener naturaleza de disposición general.

Ergo, salvamos el voto a los efectos de otorgar a las personas recurrentes el plazo de quince días hábiles, para que, si a bien lo tienen, interpongan acción de inconstitucionalidad contra los acuerdos de la Junta Directiva del ICAA y el Plan Regulador de Limón.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y otorgan a las personas accionantes el plazo de QUINCE DÍAS para que, si a bien lo tienen, interpongan acción de inconstitucionalidad contra los acuerdos de la Junta Directiva del ICAA y el Plan Regulador de Limón.

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Aracelly Pacheco S.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 ZROZEHA0HO061

EXPEDIENTE N° 25-028736-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 04:36:12.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

SALA CONSTITUCIONAL

Resolution No. 39386 - 2025

Date of Resolution: November 28, 2025 at 09:20

Case File: 25-028736-0007-CO

Drafted by: Jorge Araya Garcia

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Text of the resolution

\*250287360007CO\*

Exp: 25-028736-0007-CO

Res. No. 2025039386

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-eighth of November of two thousand twenty-five.

Amparo appeal filed No. 25-028736-0007-CO filed by Nombre35146, identity card CED16107 and amparo appeal No. 25-029204-0007-CO accumulated, filed by Nombre45265, identity card CED22882, against EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, LA MUNICIPALIDAD DE LIMON Y EL SISTEMA NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA).

RESULTANDOS:

A. Resultandos of case file No. 25-028736-0007-CO.

1.- By written submission provided to the Sala on September 20, 2025, the appellant Nombre35146 files an amparo appeal and expressly states the following: "(…) I. LEGITIMATION, JURISDICTION AND PURPOSE This appeal is filed under the protection of articles 7, 11 and 50 of the Political Constitution and 25 and following of the Law of Constitutional Jurisdiction, for direct violation of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment and the human right to drinking water, as well as for infringement of the principles of legality, precaution and in dubio pro natura. The Sala Constitucional has jurisdiction to hear this action as it is directed against acts and omissions of public entities that affect fundamental rights. The immediate object of the appeal is: (i) that the nullity, due to material and formal unconstitutionality, of the provisions of the AyA Board of Directors Agreement No. 2011-112 —and, to the extent applicable, of No. 2007-177— be declared, which allow in Zone 6 of the Limón–Moín aquifer a generic impermeabilization (impermeabilización) threshold of twenty percent (20%) per hectare, authorize earthworks (movimientos de tierra) by means of a study and PGA, and enable housing by "vegetative growth" without density parameters or impermeabilization control; (ii) that the partial nullity of the Limón Regulatory Plan be declared insofar as it omits or contradicts the cartographic delimitation and the absolute protection regime of Zone 6; and (iii) that the immediate adoption of precautionary and structural measures be ordered to ensure the effective protection of the Moín aquifer, in accordance with the Matrix of Nombre99516 and rulings 2008-004790 and 2011-014596 of the Sala Constitucional. II. TECHNICAL–LEGAL BACKGROUND (CHRONOLOGICAL LINE) In 2006, the Board of Directors of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) approved Agreement JD-3303-2006 creating the "Matrix of Land Use Criteria According to Aquifer Contamination Vulnerability", a technical–legal instrument that classifies recharge zones according to their intrinsic vulnerability and establishes land use restrictions based on the risk of contamination and recharge capacity. Far from being a mere compendium of good practices, the Matrix —as later corroborated by the Sala Constitucional— operates as a binding parameter for the planning and management of permits in territories with vulnerability mapping, imposing maximum densities, impermeabilization limits, a prohibition on urbanizations (urbanizaciones) and subdivisions (fraccionamientos) in high or extreme vulnerability zones, and the requirement for exhaustive hydrogeological, hydrological and hydraulic studies duly approved by the competent authorities. On March 27, 2008, by means of ruling No. 2008-004790 (12:39 hours), the Sala Constitucional granted an amparo appeal filed in an analogous case for having granted permits in a high to medium vulnerability zone without requiring the comprehensive studies that the Matrix imposes. The sentence textually stated that "high-density Urbanizations are not permitted, nor subdivision, lotifications or agricultural segregations that endanger water resources. To demonstrate that the project does not impact water resources, exhaustive hydrogeological, hydraulic, hydrological evaluations and environmental impact assessments must be carried out, where not only the zone of direct influence is considered but the entire micro-basin of interest," and reiterated that, in the case of vulnerable zones, the granting of permits first requires complete technical verification by the governing authorities (SENARA and AyA). On October 26, 2011, in ruling No. 2011-014596 (15:22 hours, Exp. 10-015653- 0007-CO), the Sala reaffirmed the binding nature of the Matrix, inter-institutional coordination and the validity of the precautionary and in dubio pro natura principles, annulling permits and ordering the stoppage of works until the evaluations are completed. There it specified, in categorical terms, that "the precautionary or in dubio pro natura principle is of special application (…) in the face of contamination of an aquifer mantle, basin or water resource, regeneration is extraordinarily slow and, on occasion, irreversible," and expressly censured the practice of replacing septic tanks with treatment plants as a supposed sufficient solution: even with a treatment plant, the complete package of comprehensive studies must be required, since the mere existence of a WWTP does not eliminate the vulnerability or the risk of contamination in recharge zones. III. SPECIFIC FACTS MOTIVATING THE AMPARO APPEAL First: the AyA Board of Directors Agreement No. 2011-112, issued in the same year 2011, claims to "apply" the Matrix of Nombre99516 to Directriz6573, but simultaneously introduces flexibility valves incompatible with an absolute protection regime: (i) it sets, "for all activity," a generic impermeabilization threshold of twenty percent (20%) per hectare, omitting differentiation by vulnerability category and by results of local hydrogeological studies; (ii) it authorizes the "removal, cutting and filling of materials" or earthworks, under the condition of having a hydrogeological study and an Environmental Management Plan approved by SETENA, transforming a prohibition inherent to absolute protection into a conditioned permit; and (iii) it admits the construction of "dwellings by vegetative growth" in Directriz2942, without providing a methodology to determine the permitted growth, without density parameters compatible with recharge, without impermeabilization mapping or technical verification of zero impact. These flexibility clauses, as I will demonstrate, lower the precautionary standard that the Sala Constitucional constitutionalized starting in 2008 and 2011. Second: in recent official responses to information requests, AyA acknowledges (a) that it does not have a methodology or mapping to control the figure of "vegetative growth" in Directriz2942, limiting itself to citing variations in residential services without correlating them with density, impermeable cover or recharge; (b) that it does not maintain an exhaustive and updated inventory of establishments with hazardous substances, an essential condition for preventive risk management in high vulnerability zones; and (c) that it applies a generic emergency protocol (GTE‑105‑01‑P) and not a specific protocol for the karstic recharge of Moín, despite the existence of sinkholes, fissures and short contaminant transit times, described by the EPIK studies and by SENARA's cartography. Third: the Municipalidad de Limón approved and maintains a Regulatory Plan that does not expressly incorporate the cartographic delimitation of Zone 6 of the Nombre52121 aquifer as an area of absolute protection, nor does it transfer the prohibitions and material conditioning factors of SENARA's Matrix to its regulations. This normative omission —despite the existence of official studies that demonstrate the high vulnerability— allows the processing of specific residential uses, subdivisions and earthworks through generic conditioning, all of which contravenes the doctrine consolidated by the Sala Constitucional and violates article 50 of the Political Constitution. Technical–Legal Analysis of the Contradictions (AyA, SENARA, INVU and the Limón Regulatory Plan) There are contradictions between the Board of Directors Agreements of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), the Land Use Criteria Matrix of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), the zoning of the Limón Regulatory Plan and the official information issued by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), regarding the protection of Zone 6 of the Moín aquifer. The uniform 20% impermeabilization threshold "for all activity," established in the AyA's Board of Directors agreements, contravenes the logic of SENARA's Land Use Criteria Matrix, which does not adopt rigid percentages unrelated to local hydrogeology. On the contrary, the Matrix conditions any impermeable cover on the vulnerability category and on studies that demonstrate that aquifer recharge will not be compromised. In karstic aquifers such as Moín's, hydrogeological literature demonstrates that high impermeable covers significantly reduce diffuse infiltration, increase surface runoff and channel contaminants towards preferential entries (sinkholes, cracks, swallow holes), dangerously shortening transit times towards wells and springs (manantiales). Setting a generic 20% disregards this behavior and lowers the standard of maximum caution that the Sala Constitucional demands to protect strategic aquifers, violating article 50 of the Constitution and articles 2, 17 and 99 of the Organic Law of the Environment. The authorization of earthworks ("removal, cutting and filling") by means of a study and an Environmental Management Plan inverts the hierarchy of protection. Where prohibition by default —absolute protection— is appropriate, AyA Agreement 2011-112 installs a presumption of conditioned permit. The Sala Constitucional has been emphatic that the existence of treatment instruments (for example, treatment plants) or procedural conditioning does not replace the substantive duty of precaution nor substitute comprehensive studies. On the contrary, when there is reasonable doubt about the impact on water resources, "the application of the precautionary principle is imposed (…) in order to avoid or suspend any activity" (ruling 2011-014596). In karstic formations, earthworks open preferential pathways, disrupt the natural protection horizons and generate collapses that directly connect the surface and aquifer, with risks that are difficult to reverse. Authorizing these practices in Directriz2942 contradicts the Matrix of Nombre99516 and the case law, and is, therefore, unconstitutional. The figure of "dwellings by vegetative growth," without density parameters, without impermeabilization mapping and without verification of zero impact, ends up operating as a mechanism for dispersed urban expansion in a territory that technical evidence classifies as highly vulnerable. Many small works, added together, exceed any reasonable cover threshold and generate multiple risk foci (leaks from sanitary systems, erratic drainage, clandestine connections) that the authorities cannot effectively monitor. The Sala already rejected the idea that changing septic tanks for WWTPs is sufficient; it reiterated that "there is no other option but to proceed to grant" the amparo appeals when the authorities disregard the criteria of Nombre99516 and do not demand exhaustive evaluations (rulings 2008-004790 and 2011-014596). Therefore, enabling dwellings by vegetative growth in Zone 6 frontally contradicts the Matrix of Nombre99516 and violates constitutional articles 11 and 50. To the above is added a verified aggravating fact: AyA did not request the publication of the protection decree to formalize the limits of Zone 6, despite the fact that the Sixth Por Tanto of Agreement 2007-177 expressly provided that "the promulgation of a decree will be requested from the Executive Branch with a view to protecting the sources of Moín, as well as the land use limitations that ensure the conservation and improvement of environmental conditions in the other zones of the aquifer." By omitting this action, AyA deprived the legal system of a binding instrument, made the zone invisible in the Limón Regulatory Plan and unduly delegated control to other institutions, departing from its obligation to rule on and ensure absolute protection. The Limón Regulatory Plan, for its part, does not incorporate Zone 6 of the Moín aquifer with coordinates or any cartographic mention, neither under the denomination "Zone VI" nor with any other equivalent. It is limited to generic categories of environmental fragility (Environmental Zones I, II, etc.) and allows tourist, ecotourism, conditioned residential and even agro-industrial uses, without demanding a total prohibition on urbanization or exhaustive hydrogeological studies. This omission constitutes a material normative contradiction and an unconstitutionality by omission, since article 50 of the Constitution, the Organic Law of the Environment and constitutional case law require the incorporation into regulatory plans of the technical restrictions established for the protection of groundwater. (…) From the analysis of the official information provided by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) in its official letter CDU-281-09-2025, it is concluded that Zone 6 covers approximately 6.2 km² within the hydrogeological study area, but only about 3% of that surface falls within a protection category. The remaining 97% is destined for residential and urban development uses, in open contradiction with Board of Directors Agreements No. 2007-177 and 2011-112 of AyA, with the Matrix of Nombre99516 and with the case law of the Sala Constitucional (rulings 2008-004790 and 2011- 014596). This assignment confirms a material incompatibility and a violation of the precautionary principle, the duty of inter-institutional coordination and the fundamental rights to water and a healthy environment. If one examines this 3% of protection in a territory classified as absolute protection, this operates factually as an enabling mechanism for the gradual replacement of natural cover —forests and wetlands— by urban uses, with the consequent impairment of recharge and aquifer quality. The technical evidence from the Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) reinforces this finding. Report TAA-DT-241-2023 (case file 100-23-01-TAA) identifies within Directriz2942 the existence of a public and permanent watercourse —the Quebrada Portete—, with a ruling from the Dirección de Aguas and precise reference coordinates. Likewise, it confirms that the entirety of one property and part of another are located on the Limón– Nombre52121 aquifer and within an area of water importance for groundwater, infiltration and concessions. The same report points out that, according to the 2021 land cover map from SINAC, patches of mature forest and the presence of yolillales (wetland indicators) persist, but warns that the latter are not listed in the National Wetland Registry, which evidences a regulatory under-representation of key ecosystems. In parallel, the SIREFOR consultation does not register logging or forest use permits, so the loss of cover could be attributed to land use dynamics not duly authorized or controlled. Chronologically, the official layers show a trend of loss and fragmentation. The FONAFIFO 2005 classification still recognized forest extensions in the surroundings of the analyzed polygon; INF-2013 distinguished between mature and secondary forest, confirming the residual ecological maturity in portions of the landscape. By 2021, the SINAC node reports forest patches and extensive yolillal zones, although these are not fully incorporated into the official wetland registry. The Regulatory Plan's own Atlas of Environmental Maps recognizes that primary forests have disappeared almost completely and that the continuum of swampy zones — wetlands, yolillales and swamp forests— is today the main sensitive biotope of the coastal strip. This empirical sequence demonstrates that, while the sectoral regulations (Matrix of Nombre99516 and AyA agreements) demanded an absolute restriction regime in Zone 6 to safeguard recharge, the current urban-territorial planning has allowed progressive anthropic pressure that accentuates impermeabilization, drainage and fragmentation of the forest-wetland mosaic. The Limón Regulatory Plan, in its specific zoning for Zone 6, allocates 52.61% to residential use, 15.38% to controlled development, 18.20% to low-coverage development and other minor percentages to low-impact commerce/industry, innovation/education, tourism and high-density or mixed urban uses, leaving barely 0.66% in the category called "Protection 2." Despite the fact that the planning document itself admits the high fragility of wetlands and the disappearance of primary forests, it simultaneously enables urban developments with coverage of up to 30% and even substitution with treatment plants or modified septic tanks, conditions that the Sala Constitucional has qualified as insufficient in recharge zones with high vulnerability. This normative duality —recognizing fragility but authorizing urbanization— contradicts the absolute protection mandate that weighs on Zone 6 and is incompatible with the precautionary principle. The contradictions are aggravated by omissions by AyA in the execution of its own Agreement 2011-112. That agreement instructed to notify the municipalities of the binding incorporation of the Matrix and emphasized that Zone 6 should be considered one of absolute restriction, with official delimitation and publicity. However, recent documentation confirms the absence of consolidated public information from AyA about the aquifer zones on its platforms, as well as responses that refer to general emergency protocols —not specific for Zone 6— and to a "regional control unit" without historical functional traceability. In terms of risk management and water governance, this translates into a breach of the duty of coordination and reinforced guardianship demanded by the Sala and by the Organic Law of the Environment. In sum, the combination of (i) a decreasing and fragmentary pattern of forests and wetlands documented by FONAFIFO 2005, INF-2013 and SINAC 2021; (ii) the underrepresentation of yolillales in the National Wetland Registry; (iii) the evidence of a public watercourse and an area of water importance within Zone 6; (iv) the allocation of urban uses over 97% of the absolute protection surface by the Regulatory Plan; and (v) the lack of full and transparent execution of AyA's obligations according to Agreement 2011-112, constitute a picture of material incompatibility with the Matrix of Nombre99516 and with the standards of the Sala Constitucional. Zone 6 must be restored to a strict protection regime with published delimitation, immediate normative incorporation and suspension of authorizations that increase impermeabilization, earthworks and densities not compatible with recharge. Table 1. Current zoning within Zone 6 according to INVU (CDU-281-09-2025). Category Percentage Residential 52.61% Controlled development 15.38% Low coverage development 18.20% Low impact commerce and industry 6.00% Innovation and Education 1.86% Tourism and Commerce 1.24% High Density Urban 1.19% Mixed Use Urban 2.18% Heavy Industry 0.67% Protection 2 0.66% Extensive Use Rural 0.01% Chronology of Forest and Wetland Loss in Zone 6 The evolution of forest and wetland covers in Zone 6 shows a progressive and documented decrease in the main official layers. This sequence is synthesized below: (…) The analysis demonstrates a drastic loss of primary forest and the under-registered permanence of wetlands and yolillales, contradicting the absolute protection obligation established by the Matrix of Nombre99516 and the AyA agreements. IV. MUNICIPAL CONFIRMATION OF THE DISAPPEARANCE OF FORESTS CAUSED BY ILLEGAL SETTLEMENTS AND URBANIZATIONS. The Municipalidad de Limón itself ratified and demonstrated the land-use change (cambio de uso del suelo) reported by the Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), as it identified as illegal growth of constructions and roads in the absolute protection zone of the Moín aquifer recharge area, in contravention of the constitutional standards set by the Sala (rulings 2008-004790 and 2011-014596), the Matrix of Nombre99516 and AyA's obligations. In the first place, the technical evidence from the TAA demonstrates that unauthorized anthropic interventions occurred in Zone 6 which explain the loss of forest cover (cobertura boscosa) and habitat fragmentation: report TAA-DT-241-2023 (Exp. 100-23-01-TAA), based on reports from the case file, lists, among the verified facts, "squatter invasion," "tree felling and burning of vegetation," "construction of houses and shacks," "earthworks for terraces and roads," "invasion of protection areas," "land-use change," and underlines that all of this occurs "without municipal permits or environmental viability." This list of facts is not generic: the TAA provides coordinates and specific locations for houses, septic tanks, garbage pits, road sections and felling points, which reinforces the spatial traceability of the damage and its correspondence with a dynamic of irregular urbanization within an area that, according to the Matrix of Nombre99516 and the AyA agreements, had to operate under an absolute protection regime. In that same series, the georeferenced inventory includes specific entries for "road," "earthworks" and "felling," in addition to "house" and "wall," corroborating the opening of roads and the removal of vegetation cover as part of the occupation pattern. Secondly, this same reality is acknowledged by the Municipalidad de Limón in its own field inspection. Official Letter UTE-AML-025-2022 (June 22, 2022), prepared by the municipal Technical Unit, reports in the Villa Plata sector "roads with a lot of ballast or mud material made manually with heavy machinery, [which] lack gutters and curb and gutter on the public thoroughfare," and describes a set of dwellings built with precarious materials, without adequate stormwater systems, with heights that cause slope erosion and the presence of clayey material and coral in the road traces observed. This municipal report identifies, therefore, two typical vectors of diffuse deforestation in recharge zones: the opening of unplanned roads and the earthworks associated with irregular settlements; both processes degrade the soil, facilitate runoff and sediments, and open corridors for new occupations, accelerating the loss of forest in a mosaic. The municipal administrative acknowledgment constitutes a public and official indication that the disappearance of tree cover detected by the TAA is intrinsically linked to illegal urban growth and the enabling of streets without design or hydraulic control. Thirdly, the regulatory and jurisprudential framework aggravates the applicable protection standard. The Sala Constitucional, when first resolving ruling 2008-004790 and then 2011- 014596 (Exp. 10-015653-0007-CO), established a rule of reinforced prudence for strategic aquifers and high/medium vulnerability zones: before authorizing any activity with potential incidence on the water resource, the Municipality and Nombre3763 had to require exhaustive hydrological, hydraulic and hydrogeological evaluations endorsed by Nombre99516 and AyA, and in case of doubt apply the precautionary principle to avoid or suspend actions with risk of contamination or impact on recharge. The Sala was explicit: changing technology (for example, a WWTP instead of septic tanks) or imposing procedural conditioning does not replace the substantive duty of protection; and disregarding the technical criteria of Nombre99516 in contexts of high vulnerability constitutes a violation of the fundamental right to a healthy environment (art. 50 Constitution) and of the principles of coordination and prevention inherent to the Organic Law of the Environment (arts. 2, 17, 99). In this case, the combination of felling, earthworks and road opening in the absolute protection area according to the Matrix—should have activated the precautionary response, not its factual tolerance. Fourthly, the urban design adopted by the current Regulatory Plan and the responses from INVU evidence a permissive overlap within Zone 6. From official letter INVU CDU-281-09-2025 (September 18, 2025) it is clear that the hydrogeological study area of the Nombre52121 aquifer (36.31 km²) is integrated into the Regulatory Plan, and that within Zone 6 itself (6.20 km²) the approved land use mostly assigns residential and development categories: Residential 52.61%, Low coverage development 18.20%, Controlled development 15.38%, and only "Protection 2" with 0.66%, among other minor subzones. This means that about 97–99% of Zone 6 was normatively available for urban development uses, which is incompatible with an absolute protection regime and creates a structural incentive for the opening of roads and incremental deforestation that the TAA and the Municipality have already documented on site. In addition, INVU itself clarifies that it cannot, ex officio, modify or annul the Plan and that, in its understanding, the environmental variable is the competence of SETENA, thereby revealing a coordination vacuum in incorporating the restrictions of AyA and Nombre99516 into municipal zoning, precisely what the Sala has demanded be avoided in its case law. Fifthly, the self-imposed obligations of AyA itself reinforce the binding nature of the restrictions in Zone 6 and help explain why irregular urbanization prospered. In the documentation sent by AyA, it is recognized that, according to Agreement 112 of 05/02/2011, the Institute had to notify the municipalities to implement in the regulatory plans "the recommendations for the regulation of property use and the hydrogeological and vulnerability study of the Moín-Limón aquifer," "emphasizing the need for Zone 6 to be considered as one of absolute restriction," as well as to inform Salud, MINAE, INVU, Nombre99516 and Nombre3763 of the delimitation of that zone. AyA's own Nombre52121 Commission admits these burdens in its response index, referring to previous official letters; however, the current zoning picture and INVU's acknowledgment that Zone 6 was not explicitly integrated as an absolute protection area reveal that, in practice, this coordination and publicity failed to translate into effective urban rules, allowing the expansion of roads, cuts and fills that the TAA and the local government have verified. The omission of consolidating, with coordinates, Zone 6 in the plan's cartography is decisive: without published boundaries and without material prohibitions in the urban regulation, field control becomes reactive and deforestation associated with "vegetative growth" becomes systemic. In light of the above, the causal link between the disappearance of forest and informal urbanization is neither conjectural nor rhetorical: the contentious environmental authority (TAA) reported fellings, earthworks and roads within Zone 6; the municipal engineering authority described in 2022 the opening of roads without drainage or design and a set of precarious dwellings in the same environment; and formal planning left Zone 6 mostly enabled for residential uses, contravening the Matrix of Nombre99516 and AyA's mandate of absolute protection. In constitutional terms, this picture contravenes the precautionary principle and infringes article 50 of the Constitution, in addition to the principles of coordination and environmental non-regression, since local planning not only did not raise the protection standard in a critical aquifer, but weakened it by allowing, de facto and de jure, the progression of roads and occupations that demand forest removal. The Sala, in 2011-014596, already warned that faced with high vulnerability the appropriate response is to suspend or prevent activities with risk, not to validate them by silence or by mere procedural instruments; today, the coincidence between the TAA inventory and the municipal report confirms that what case law warned against (urbanization and earthworks in a recharge zone) occurred and is associated with the loss of forest cover that compromises Limón's water security.

In summary, what the Environmental Administrative Tribunal (TAA) classified as logging, earthworks (movimientos de tierra) and road openings in Dirección2942 is the factual correlate of the "irregular urban expansion" that the Municipality identified in its inspection; and that pattern was only viable because the current zoning permitted—and did not expressly prohibit—those uses in an area that, by technical mandate of Nombre99516 and AyA agreements, should have been shielded as absolute protection. The result is an effective threat to the recharge of the Moín aquifer, an environmental regression incompatible with votes 2008-004790 and 2011-014596 and a continued violation of the duty of prevention, which justifies corrective and precautionary measures in constitutional and administrative venues.

V. INSECURITY REGARDING CONTAMINATION OF THE Nombre52121 AQUIFER AND IMPACT ON THE AFRO-DESCENDANT POPULATION OF LIMÓN

Zone 6 of the Moín aquifer, on the Costa Rican Caribbean coast, is the main underground water reservoir for the Afro-descendant communities of Limón. The official evidence—AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and 2011-112, the SENARA Matrix, SINAC coverage maps for 2005-2013-2021, and report TAA-DT-241-2023—confirms that this is a highly vulnerable karstic aquifer, where contaminant transit times to wells are very short and regeneration is extremely slow or irreversible. However, the Limón Regulatory Plan only recognizes approximately 3% of its surface as a protection zone, allocating the remaining 97% to residential and urban development uses, even in areas with remaining forests and wetlands. This territorial pattern implies, in practice, a de facto permit for deforestation and wetland drainage.

The jurisprudence of the Constitutional Chamber, especially votes 2008-004790 and 2011-014596, establishes that when there is a risk of contamination of strategic aquifers, "the application of the precautionary principle is imperative (…) in order to avoid or suspend any activity." Likewise, the Chamber has reiterated that treatment plants, partial studies, or procedural conditions do not replace the substantive duty of precaution.

The Nombre99516 Matrix requires, for absolute protection zones such as Zone 6, prohibitions on high-density urbanizations, subdivisions (fraccionamientos), and earthworks (movimientos de tierra), in addition to exhaustive hydrogeological assessments. However, the AyA agreements of 2011 introduced a generic threshold of 20% impermeabilization per hectare, authorized removal, cutting and filling through simple studies and an Environmental Management Plan (PGA), and created the figure of "housing due to vegetative growth," measures that—according to hydrogeological science—favor the infiltration of contaminants, increase surface runoff, and accelerate contamination of the aquifer.

This water insecurity has a differentiated impact on the Afro-descendant population of Limón, which constitutes a tribal people protected by ILO Convention 169. Article 6 of said Convention mandates prior, free and informed consultation when measures are adopted that may affect their lands, resources and ways of life. Article 7 recognizes their right to define development priorities, and Article 15 enshrines the right to participate in the use, administration and conservation of natural resources. None of these guarantees were respected: neither the AyA nor the Municipality of Limón carried out consultation processes before approving the 2007 and 2011 agreements or the Regulatory Plan that reduces the protection of Zone 6 to a minimum.

From an environmental and human rights perspective, this omission is serious. Coastal wetlands and forests—identified by the Environmental Administrative Tribunal and the historical coverage series—fulfill essential ecological functions: aquifer recharge, natural filtration of contaminants, saline intrusion control, and flood protection. The elimination or fragmentation of these ecosystems increases the risk of salinization and chemical and bacteriological contamination of the water, directly affecting the human right to drinking water and the cultural and spiritual well-being of Afro-Caribbean communities, whose ties to the sea, rivers and wetlands form part of their intangible heritage.

Furthermore, the AyA breached its own Sixth Por Tanto of Agreement 2007-177, which ordered it to request from the Executive Branch a protection decree with an official delimitation of the recharge zones. By not publishing that decree, the delimitation of Zone 6 never acquired binding force, leaving a normative vacuum that the Limón Regulatory Plan took advantage of to assign residential and tourism uses in a territory that should have been under absolute protection. This negligence contradicts Articles 11 and 50 of the Constitution, which impose the duty of inter-institutional coordination and of guaranteeing a healthy environment.

In synthesis, the insecurity regarding the contamination of the Nombre52121 aquifer has a double dimension: (1) Ecological and water-related: the drastic reduction of forest cover (cobertura boscosa) and wetlands, the authorized impermeabilization and earthworks (movimientos de tierra), and the lack of control over dispersed housing create a scenario of high risk of irreversible contamination. (2) Ethnic and cultural: the direct impact on water access and quality, on coastal ecosystems and on the cultural practices of the Afro-descendant population of Limón, without prior consultation, violates ILO Convention 169 and inter-American jurisprudence.

For these reasons, the strict and immediate protection of Zone 6 is not only an environmental duty, but a human rights obligation of constitutional and international character, which the Costa Rican State must urgently fulfill to safeguard the right to water and to a healthy environment of the Afro-Caribbean communities.

VI. LEGAL GROUNDS (INFRINGED NORMS AND APPLICABLE JURISPRUDENCE)

Political Constitution, Article 50: enshrines the fundamental right of every person to a healthy and ecologically balanced environment and imposes on the State the duty to guarantee it, prevent contamination, and repair damages. Its infringement is direct when the Administration enables uses that increase the risk of contamination of a highly vulnerable aquifer, circumventing the application of the Nombre99516 Matrix and dispensing with exhaustive studies.

Article 11: binds all Administration to the principle of legality, prohibiting discretionary exercise contrary to mandatory technical norms or binding jurisprudence.

Article 7: recognizes the supra-legal hierarchy of human rights treaties (human right to water) and, by interpretive extension, strengthens the duty of prevention and precaution in environmental matters.

Law of Constitutional Jurisdiction, Articles 25 et seq.: enable amparo against violations of fundamental rights caused by acts or omissions of the Administration; Article 71 typifies the crime of disobedience for failing to comply with orders of the Chamber.

Organic Law of the Environment, Articles 2, 17 and 99: establish the duty of preventive protection of water resources and recharge zones, enshrine the need for impact assessment and inter-institutional coordination, and empower to demand measures and sanction non-compliance. These precepts, when circumvented by administrative agreements and a local regulatory plan, are considered proven infringed when it is evidenced that the Matrix restrictions have not been integrated nor have the studies it imposes in high-vulnerability zones been required.

Jurisprudence of the Constitutional Chamber—votes 2008‑004790 and 2011‑014596—: the Chamber elevated the Nombre99516 Matrix and the precautionary principle to an operative constitutional parameter, annulling permits where comprehensive assessments were not required and ordering the stoppage of works. In the words of vote 2011‑014596: “the application of the precautionary principle is imperative in order to avoid or suspend any activity that may negatively impact the sustainable management of the area's water resources and, consequently, the right to a healthy and ecologically balanced environment,” and it added that aquifer regeneration can be “extraordinarily slow and even irreversible.” From vote 2008‑004790 I retake the core citation already transcribed: “high-density Urbanizations are not permitted, nor subdivision (fraccionamiento), lotifications or agricultural segregations (…)” and “exhaustive hydrogeological, hydraulic, hydrological assessments and environmental impact studies must be carried out (…).” The ratio decidendi of both pronouncements is clear: in high-vulnerability zones, authorities must refrain from authorizing projects that increase impermeabilization or disturb the soil if complete studies approved by Nombre99516 and AyA and local regulations faithfully reflecting the Matrix do not exist beforehand.

In addition, as a norm of supra-constitutional rank, ILO Convention 169 obliges the recognition of the human rights of the Afro-descendant population with prevalence over internal regulations.

VII. SPECIFIC IMPACT ON FUNDAMENTAL RIGHTS

The flexibilizing clauses of Agreement 2011‑112 and the omission of the Limón Regulatory Plan are not abstract issues: they are projected in the certain risk of degradation of the Moín aquifer, a strategic source for human supply. In a karstic system with short transit times, the combination of increased impermeabilization, earthworks (movimientos de tierra), and housing dispersion without robust technical controls multiplies the probability of bacteria, nutrients, hydrocarbons, and heavy metals entering the groundwater, directly affecting the right to drinking water, to health and to a healthy environment. The Chamber has said it clearly: in the face of serious danger, the constitutional response is precaution and, if necessary, the stoppage of activities until comprehensive assessments and inter-institutional technical endorsements are available.

VIII. URGENT MEASURES (PRECAUTIONARY) REQUESTED

Based on Articles 50 of the Constitution and 25 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I request as a precautionary measure the immediate suspension of: (i) all construction permits, subdivisions (fraccionamientos), land-use changes (cambios de uso del suelo) or earthworks (movimientos de tierra) in Dirección6573; and (ii) all administrative authorization based on the challenged provisions of Agreement 2011‑112 and the Limón Regulatory Plan; all until judgment is issued and, where applicable, the studies and regulatory adaptation ordered by the Chamber are fully complied with.

IX. DETAILED PETITION (NULLITIES AND ORDERS)

For the foregoing reasons, I respectfully request the Honorable Constitutional Chamber to:

(1) Declare with merit the present amparo petition.
(2) Declare the NULLITY, for substantive and formal unconstitutionality AND FOR VIOLATION OF ILO CONVENTION 169, of the following provisions of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA):
(2.1) Of Board of Directors Agreement No. 2011‑112, in that: (a) it establishes a uniform impermeabilization threshold of 20% of the surface per hectare "for all activity" in Dirección2942; (b) it authorizes "removal, cutting and filling of materials" or earthworks (movimientos de tierra) in Zone 6 through a hydrogeological study and PGA; (c) it admits "housing constructions due to vegetative growth" in Zone 6 without density parameters, impermeabilization cartography or verification of null impact; and (d) it contains open clauses that allow "issuing opinions on other activities" in Zone 6 without a strict regulatory basis and without subjection to the precautionary principle.
(2.2) Of Agreement No. 2007‑177, insofar as it is interpreted or applied in a manner that allows uses incompatible with the absolute protection defined for Zone 6.
(3) Declare the PARTIAL NULLITY of the Limón Regulatory Plan in that: (a) it omits incorporating the cartographic delimitation and the absolute protection regime of Zone 6 of the Nombre52121 aquifer in accordance with the SENARA Matrix; (b) it permits or tolerates residential uses, subdivisions (fraccionamientos), earthworks (movimientos de tierra) or increases in impermeabilization in said Zone 6 without requiring a prior Environmental Impact Assessment (evaluación de impacto ambiental) and hydrogeological, hydraulic and hydrological studies approved by Nombre99516 and AyA; and (c) it omits the mandatory inter-institutional coordination in matters of aquifer protection and the application of the precautionary principle.
(4) ORDER the AyA, SENARA, MINAE and the Municipality of Limón to, within a maximum period of SIX (6) months, adopt the following structural measures:
(4.a) issue the EXECUTIVE DECREE for the protection of the sources of Nombre52121 and Zone 6, with official coordinates, absolute protection regime and express reference to the SENARA Matrix;
(4.b) prepare and implement a PUBLIC, updated INVENTORY of activities with hazardous substances in Zone 6;
(4.c) adopt a SPECIFIC PROTOCOL for emergencies and contingencies for the karstic recharge of Moín;
(4.d) establish a periodic MONITORING SYSTEM (water quality, nitrates, conductivity, bacteriology) with publication of results and early warning mechanisms; and
(4.e) fully adapt the Limón Regulatory Plan to the Nombre99516 Matrix and constitutional jurisprudence, incorporating Zone 6 as an absolute protection area.
(5) ORDER the IMMEDIATE SUSPENSION of any construction permit, subdivision (fraccionamiento), land-use change (cambio de uso del suelo) or earthworks (movimientos de tierra) in Zone 6 until full compliance with the foregoing terms, under warning of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (crime of disobedience).
(6) That all respondents violated the constitutional principle of administrative coordination in matters of aquifer protection and aquifer recharge areas, by allowing regressive regulations and the invisibilization of Zone 6 in the Limón regulatory plan and in the reduction of protection in the ICAA Board of Directors agreements.
(8) ORDER costs and damages as appropriate, in accordance with Articles 48 of the Political Constitution and 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (…)”.

2.- By resolution at 08:19 hrs. on October 1, 2025, the proceeding is given course and reports are requested from the respondent authorities.

3.- Through a brief submitted to the Chamber on October 6, 2025, María Alejandra Mora Segura, in her capacity as General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, submits a report and expressly states the following: “(…) A) RESPONSE TO THE FACTS

FIRST: Application of the Nombre99516 Matrix
How has the Nombre99516 Land Use Criteria Matrix been applied in Dirección6573? What technical criteria justify the uniform threshold of 20% impermeabilization per hectare "for all activity"?

It is necessary to bear in mind that through vote No. 2008-004790, at twelve hours and thirty-nine minutes on March twenty-seventh, two thousand eight, and Vote No. 2008-010372 at seventeen hours and thirty-seven minutes on June nineteenth, two thousand eight; both by the Constitutional Chamber of the CSJ, the application was ordered of the "Land Use Criteria Matrix according to aquifer contamination vulnerability for Water Resource Protection, issued by the Board of Directors of Nombre99516 in session of September 26, 2006." These decisions of the Constitutional Chamber generated the need to update Agreement 2007-177, so that the activities and considerations for their execution would be consistent with that Matrix.

On the occasion of said mandate, the General Management of the AyA convened the Workshop held on March 9, 2011, in order to supplement and clarify Agreement 2007-177, so that the administered party could have certainty about the activities they may carry out, resulting in the proposal that was presented to the Board of Directors through official communication SGG-2011-520. It is the Board of Directors of the Institute that adopted Agreement 2011-112, which in turn modified Agreement 2007-177, only in its Second Por Tanto, regarding the enumeration of land use regulation recommendations for Zone 6, with the following restriction guidelines and in application of the "Land Use Criteria Matrix according to aquifer contamination vulnerability for Water Resource Protection," issued by the Board of Directors of Nombre99516 in session of September 26, 2006.

The consultation parameters were determined by SENARA, not by the AyA, which complied with the mandate of application from the Constitutional Chamber. Note that according to what is stated in said Matrix prepared by SENARA, it is indicated that housing growth is recommended to have densities equal to or less than one housing unit per 1,000 square meters.

In relation to the SENARA LAND USE CRITERIA MATRIX ACCORDING TO AQUIFER CONTAMINATION VULNERABILITY FOR WATER RESOURCE PROTECTION, what the AyA does is transfer the same assessment criteria listed in the vulnerability level indicated in said Matrix for the category previously defined in Agreement 2007-177, for Zone 6 (by order of the Constitutional Chamber, as cited above), that is, the Institute in no subjective way implements the recommended uses and the adjustments of design proposals submitted for assessment, not only its own but those of the other Competent Institutions in the matter of approval of activities.

In accordance with the publication made in the Official Gazette La Gaceta, Supplement No. 245 of October 12, 2017, Mr. Nombre35146 makes an erroneous subjective interpretation of the handling of the Matrix. In application of the Technical Study prepared by the AyA that underpins Agreement 2007-177 and is applied jointly with 2011-112, Zone 6 was classified as high vulnerability according to the technical study carried out by the AyA, not as extreme, therefore for new activities, the color orange applies and not red (Figure 1) (…)

Note that the Technical Study supporting Agreement 2011-112 continues to be the same one on which Agreement 2007-177 was based, and this is reflected in Por Tanto 7th which states: "In all other respects, what was established in Board of Directors Agreement 2007-177 remains in force." All the above proves a subjective interpretation by Mr. Nombre35146, who makes a petition erroneously by indicating that there is no basis in science and technique.

Likewise, the Contentious Administrative Court, through resolution No. 47-2023-V, CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL. FIFTH SECTION. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. ANNEX A. Goicoechea, at 08:30 hours on June 08, 2023, and the Constitutional Chamber through Vote File: 22-008354-OÜ07-CO Res. No. 2024001523. San José, at thirteen hours and thirty-two minutes on January nineteenth, two thousand twenty-four, confirmed the validity of Agreements 2007-177 and 2011-112, their objectification in science and technique.

Furthermore, the General Management repeatedly, through official communication GG-2024-01923, responded to a previous Identificacion82 consultation by Mr. Nombre35146, forwarding the report of the Moín Commission, which addressed the substantive issue of the validity of Agreements 2011-112 and 2007-177 and where it is cited that: "…the AyA Board of Directors Agreements 2007-177 and 2011-122, are administrative acts that as such are composed of a motive, a content, and an end that ultimately enshrines the existence or not of potable water and/or sanitary sewerage service, on a given property, prior verification through technical studies, of the existence of systems, water capacity and non-environmental vulnerability, avoiding scarcity and degradation of the natural conditions of the water resource as well as the recommendation for implementing uses aimed at protecting the aquifer, recommendations that as indicated, must be materialized, assessed and implemented by the competent entities…". This document was forwarded to Mr. Nombre35146 by the AyA Board of Directors through note JD-2024-00516.

This 20% threshold regarding which the interested party's question is formulated, is based on technical criteria derived from the hydrogeological assessment matrix issued by SENARA.

SECOND: Authorization of Earthworks (Movimientos de Tierra)
Why is the removal, cutting and filling of materials allowed in Dirección2942 under a hydrogeological study and Environmental Management Plan (PGA)? How is it guaranteed that these activities do not compromise aquifer recharge?

The interpretation made by the petitioner of the amparo petition regarding Agreements 2007-177 and 2011-112 of the Board of Directors of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) is legally incorrect, insofar as it attributes to said agreements an automatic authorization to carry out removal, cutting and filling activities of materials in Zone 6 of the Moín Aquifer, provided that a hydrogeological study and an Environmental Management Plan (PGA) are available. However, what the cited agreements establish is that the existence of such technical instruments constitutes a prior and necessary requirement so that the competent institutions can assess, based on scientific and technical criteria, the viability of any intervention in said zone. That is, the agreements do not per se grant an authorization to execute works or activities that may affect the integrity of the aquifer, but rather condition any possible authorization on the existence of studies that allow the competent authorities to make informed decisions, in accordance with the precautionary principle and the current environmental regulatory framework.

This interpretation is coherent with the special protection regime governing Zone 6, whose objective is to guarantee the sustainability of the water resource and prevent negative impacts on the aquifer, in accordance with the provisions of the Organic Law of the Environment, the Water Law, and the AyA's technical regulations. Moreover, any authorization is subject to compliance with current environmental regulations, including the Organic Law of the Environment, the Water Law, the Regulation for the Discharge and Reuse of Wastewater, and the technical guidelines of AyA, Nombre3763 and SENARA. Therefore, the guarantee of aquifer protection is not presumed by the existence of studies, but is built from a rigorous process of technical evaluation, institutional oversight and regulatory application, which may conclude in the authorization, modification or denial of the proposed activities.

THIRD: Construction by Vegetative Growth
What is the methodology used to determine the vegetative growth allowed in Zone 6? Are there parameters for density, impermeabilization cartography and technical verification of null impact?

In the context of the AyA and Zone 6 of the Moín Aquifer, vegetative growth refers to: "The natural increase in the demand for potable water and sanitation services, generated by population growth in already urbanized areas, without the mediation of new real estate development or significant infrastructure expansion."

Particularly, as mentioned in official communication GSP-RHC-L-2025-01379, called "Control of Vegetative Growth within Zone 06, AyA Board of Directors Agreement 2011-112"; Mr. Jairo Ching Sarmiento, Cantonal Head of the AyA Office in Limón, explains how influence is exerted from the provision of individual services granted by AyA, so that the growth of users within Zone 06 is congruent with vegetative growth. These cases correspond to individual applications for plots that have access to a public street and have potable water supply pipes in front of their properties. In these cases, two conditions are established:

a) Plots titled before the entry into force of AyA Board of Directors Agreement 2011-112: Given the principle of non-retroactivity of the law, the dimension of individual properties requesting water availability for the construction of a dwelling is not verified; it is only verified in the field that there is only one family per plot, recommending to the competent instance not to grant construction permits for another house and only contemplating a single service per plot. This aspect tries to consider a population density of 3.4 persons per plot, based on a cramming factor of the Limón Aqueduct.

b) Applications for segregation of land after the entry into force of AyA Board of Directors Agreement 2011-112 or applications for construction of buildings on plots titled after the entry into force of AyA Board of Directors Agreement 2011-112: In these cases, it is verified that the land has an area greater than or equal to 1000 m2, issuing the recommendation to the competent instance to deny any segregation application indicating a measure less than that indicated. The impermeabilization percentage is verified, by analyzing the constructive area processed with respect to the real area and verifying the conditions of the plot through a field visit. Finally, in application of the Nombre99516 matrix, corroborate the density, to decide on the granting of a single water connection per plot.

As examples of the actions carried out as indicated, Official Communications SIGDD-2025-00003680-1-1-1 and SIGDD-2025-00008621-1-2-1 are attached, where water availabilities have recently been denied for not meeting the minimum size of 1000 m2 or for failing to comply with the 20% impermeabilization percentage for lands that were titled after the entry into force of the Board of Directors Agreement.

This approach has allowed controlling segregations or lotifications of land facing existing public streets, where, when such developments are located without the proper processing, these irregularities are reported to the Municipality of Limón. As evidence of the above, Official Communication GSP-RHC-L-2016-03462 signed by the Cantonal Head of Limón at that time, Mr. Luis Arturo Bonilla, addressed to Mayor Néstor Mattis Williams, is attached and the following extract of that document is made (…)

The recommendation of the minimum lot to segregate of 1000 m2 per housing unit comes from within the Board of Directors Agreement itself and in accordance with what is established in the SENARA Land Use Matrix, with the understanding that in the case of these existing public streets, there will be in the future the sanitary sewerage network that must be built within the framework of the Moín Aquifer Sanitary Sewerage Project. Regarding the effectiveness of this control, it should be mentioned that according to AyA data within Dirección6575, the number of services was 1406, in 2012, and by 2024 they were 1565, resulting in an average annual growth of 1%, this figure being lower than the 1.5% population growth of the country in that same period; which reflects that the adopted measures have been effective in order to decelerate the occupation of Dirección2942 resulting from the so-called Vegetative Growth.

FOURTH: Inventory of Hazardous Substances
Does the AyA have an exhaustive and updated inventory of establishments with hazardous substances in Dirección2942?

The AyA reviews and issues technical criteria in those cases where the competent authorities consult on the activities intended to be developed in Zone 6, as well as in those cases that warrant it, technical inspections are carried out in the company of the competent entities (SINAC, Municipality, Ministry of Health, etc). Likewise, it issues warnings in cases where administered parties request potable water supply services or treatment systems in Zone 6, for which it generates the respective recommendations; however, it is not the entity that authorizes the final activity. Therefore, in accordance with the competencies, it is the responsibility of the Ministry of Health, as the entity responsible for approving the handling of these substances, to maintain an exhaustive and updated inventory of establishments in Zone 6.

FIFTH: Hydrogeological conditions (karstic system).
Why is a generic protocol (GTE 105 01 P) applied instead of a specific one for the karstic recharge of Moín?

The application of procedure GTE-105-01-P "Attention of impact on service continuity due to threats and disasters" by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) responds to a technical and normative framework that regulates the attention of events that may compromise the continuity of potable water and sanitation service in any part of the country, including areas of high hydrogeological vulnerability such as Zone 6 of the Nombre52121 Aquifer. This protocol is not generic in the sense of being undifferentiated, but is designed to be flexible, scalable and applicable to different types of impact, including those that occur in karstic recharge contexts, as is the case of Nombre52121.

The protocol establishes specific procedures for the detection, assessment, response and recovery in the face of events that affect the quality or quantity of the water resource, and contemplates the activation of technical sub-processes such as GTE-105-01-I4, which addresses cases of direct impact to the water resource, and GTE-105-01-I5, which regulates the attention of contamination events.

Furthermore, it incorporates coordination mechanisms with other institutions such as the National Emergency Commission (Comisión Nacional de Emergencias, CNE), in accordance with Law No. 8488, and with the Ministry of Health, the competent authority in matters of sanitary surveillance of water, as well as with MINAE and SENARA, regarding environmental protection and aquifer management. Zone 6, due to its condition of karstic recharge, requires specialized technical attention, but this does not imply the need for an exclusive protocol, but rather the rigorous application of procedures, which include hydrogeological inspections, water quality analysis, activation of command centers, and inter-institutional coordination for decision-making. The internal Quality Management procedure GTE-105-01-P precisely contemplates this articulation, allowing AyA to act in accordance with its competence as the service operator, without invading functions that correspond to other State entities. Therefore, the petitioner's request for the adoption of a specific protocol for the karstic recharge of Nombre52121 is not justified, since the current procedure contemplates sufficient technical and operational mechanisms to address impacts in areas of high sensitivity according to their hydrogeological characteristics. Risk management in these zones is carried out through the application of existing protocols, the activation of complementary procedures, and coordination with the competent authorities, thus guaranteeing an effective, legally supported, and technically adequate response.

Is there a specialized protocol for sinkholes (dolinas), fissures, and short contaminant transit times? Due to management by the Institute regarding Sinkholes, through Resolution No. 2057-2024-SETENA, the Ministry of Environment and Energy and the National Environmental Technical Secretariat, at 12:09 p.m. on November 26, 2024, Administrative File No. D1-0106-2019-STENA, established for the first time in Costa Rica a clear regulatory precedent on the protection of sinkholes, fissures, and transit times in underground communication to the aquifer, specifically the Moín aquifer. Following an environmental complaint, Nombre3763 conducted a technical inspection and determined that the project had intervened a sinkhole located within the aquifer's area of influence, without having identified or assessed it in the initial Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EIA) or in its modifications. Nombre3763 concluded that sinkholes are fundamental structures for water recharge and that, although there is no national legislation establishing specific setback zones for them, this does not grant the right to affect or eliminate them. The resolution recognizes that sinkholes function as windows to the aquifer and that their alteration can compromise the drinking water supply for thousands of people in Limón. Furthermore, it is noted that the developer had prior knowledge of the existence of these structures, which aggravates the omission. As a result, Nombre3763 classified the impact as a very serious offense under Article 87 of Executive Decree No. 43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC-MS and ordered the submission of a remedial plan to mitigate the impacts on the affected sinkhole, which must be approved by AyA. It also establishes that any work involving earthworks (movimientos de tierra) exceeding 1000 m³, especially in vulnerable zones such as sinkholes, requires prior environmental assessment, and it textually further cites: "In adherence to the precautionary principle and the supreme constitutional right enshrined in Article No. 50 of the Political Constitution, which indicates that "Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment", it being the case here that reason prevails, and prior to continuing with the project, one must: a. Respect a buffer area for the sinkhole zones of 10 meters from their limits, with the objective of preventing sediments or contaminant sources from project activities from affecting the drinking water catchment." (the bold highlighting is not from the original) This case marks a precedent in Costa Rican environmental regulations, by explicitly recognizing the importance of sinkholes in the protection of underground water resources and by requiring their identification, assessment, setbacks, and protection within environmental assessment processes. The aforementioned decision is further based on the following regulations: 1. Biodiversity Law No. 7788, Article 11, subsection 2 ("In dubio pro natura"): Establishes that in the absence of scientific certainty, the protection of biodiversity must prevail. This principle applies given the lack of specific legislation on setback zones for sinkholes. 2. Organic Environmental Law No. 7554, Article 99: Mentioned as the basis for the automatic annulment of the Environmental Feasibility (Viabilidad Ambiental, VLA) in case of serious non-compliance. Articles 2 and 20: Referred to as violated when essential environmental elements are affected without adequate assessment. 3. Political Constitution of Costa Rica, Article 50: Regarding the Right of all persons to a healthy and ecologically balanced environment, considered violated by works that affect sinkholes without environmental assessment. 4. AyA Board of Directors Agreements: Agreement No. 2011-112: Which formalizes the delimitation of Zone 6 of the Nombre52121 Aquifer and establishes restrictions for waterproofing and protection of sinkholes. Agreement No. 2007-107: Which complements the delimitation and technical criteria for the protection of the aquifer.

SIXTH: Publication of the Protection Decree. Why has the Executive Branch not been asked to publish the protection decree for Zone 6, as ordered by Agreement 2007-177? What actions has AyA taken to formalize the limits of Zone 6? Regarding these questions, the AyA Board of Directors is processing the response to the request made through official communication AEL-00310-2025, which, due to the lack of a quorum on the Board of Directors, has delayed the final communication to the interested party. Agreement 2007-177 indicated in its Sixth Por tanto (operative clause): "The executive branch will be requested to promulgate a decree aimed at the protection of the Moín sources; as well as the land-use limitations that ensure the conservation and improvement of environmental conditions in the other zones of the Moín Aquifer; in accordance with the 'Hydrogeological and Vulnerability Study of the Moín Aquifer, Limón' and the land-use recommendations." Agreement 2007-177 was duly published in the Official Gazette La Gaceta No. 83 of Wednesday, May 2, 2007, meaning the Executive Branch was officially made aware as of that date, with it being the Rector Ministries that were responsible for its assessment and determining its origin; an autonomous institution cannot impose the issuance of said legal mechanism on the Executive Branch. Similarly, that formalization of Agreement 2011-112 on May 2, 2011, published in the Official Gazette La Gaceta No. 83, made the limits of Zone 6 generally known. On the occasion of a consultation by the Vice Minister of Environmental Quality and Water (official communication DVMCAA-309-2009) attaching report PRE-D-AA-2009-1121 and the Draft Decree that had been advanced up to that moment; through official communication SGG-2009-1466 of October 13, 2009, the Management of AyA communicated to the Executive Presidency that, in response to official communication IMN-DA-551-2009 of February 22, 2009 (which in turn attaches Legal Opinion IMN-DA-415-2009), said ministry, after analyzing the Constitutional Chamber ruling 2008-004751, decided to "timely communicate to retake and study that which relates to aquifer reserve zones." From that date, AyA was not again convened to meetings until the one corresponding to jointly analyze with other institutions what is today Decree No. 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH (Inter-institutional Coordination for the Protection of Aquifers). The issuance of a specific Decree as requested by AyA was not appropriate, in summary, due to 2 factors: The first is the Constitutional Chamber's decision in recognizing that the opinions of AyA and Nombre99516 are binding and must be applied by local governments (Rulings 2008004790 and 2008-010372); notably, Resolution 2008-004751 of the Constitutional Chamber (file 06-015593-0007-CO) where it is recognized that the zone where the contamination incident occurred was declared a spring (naciente) protection zone since 1980 (AyA Agreement 80-121), recommending the prohibition of high-risk activities, such as the storage of chemicals, and identifying that the technical agreements of AyA and Nombre99516 are binding for administrative authorities, including Municipalities. This means they cannot be ignored or discretionally modified. Second: The decision by the Rector Ministries to have a general tool that would allow the incorporation of all declarations of strategic zones, vulnerability zones, the definition of competencies for each institution, and the formalization mechanism; for this reason, the Decree for Inter-institutional Coordination for the Protection of Aquifers (No. 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH) was created. In application of the principle of administrative economy, since the purpose of binding status had already been addressed with the cited Resolutions of the Constitutional Chamber, it was determined that the issuance of a Specific Decree for each particular case was unnecessary, and today the tool of the Regulation for the protection of underground and even surface water resources exists. In this regard, note what is regulated in Decree No. 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH, which was published in Supplement No. 237 to La Gaceta No. 203 of October 25, 2019. "Article 31.- Identification of Aquifer Recharge Zones. MINAE, Nombre99516, and AyA may carry out the identification and delimitation of Aquifer Recharge Zones, generating inputs that will provide technical support for decision-making when an AOP affects an aquifer, as well as for territorial planning. Once the identification has been reviewed by the CTI, the aquifer recharge zones will be formalized through publication in the SINIGIRH." "Transitory IV.- Deadline for publishing hydrological information in the SINIGIRH. Within the following six months from the publication of this Regulation, State institutions that possess information on water resources must provide it to the Water Directorate so that it may be published in the SINIGIRH." The zones delimited in Agreements 2007-177 and 2011-112 were coordinated with MIDEPLAN within the framework of the Commission in charge of creating the Decree, in working sessions since 2019, for their location on the official SINIGIRH platform, which was formalized through publication in Supplement No. 237 to La Gaceta No. 203 of October 25, 2019, and their incorporation was verified through official communication UENGA-2024-01903. Therefore, the corresponding Municipality and the other Institutions competent to issue final resolutions are obligated to incorporate said technical considerations in the analysis submitted to them for authorization.

SEVENTH: Inter-institutional Coordination. What steps has AyA taken to coordinate with the Municipality of Limón, INVU, SENARA, SETENA, and MINAE the incorporation of Dirección2942 as an area of absolute protection? Have these institutions been formally notified about the delimitation and protection regime? This query had been addressed through official communication GG-2024-01923, in response to the note sent by Mr. Marco Levi with number AEL-00127-2024, again through a response report in official communication UEN-GA-2025-00353 to query AEL-00297-2024, and again through official communication UEN-GA-2025-00354 in response to query AEL 00302 2024. Since November 6, 2012, through official communication PRE-1426-2012, the scope of agreements 2007-0177 and 2011-112 was formally communicated to Nombre3763 and the Municipality of Limón. Below are some actions detailed by AyA: Through official communication RHA-OM-2013-0666 addressed to Nombre35146, the joint interventions with these other entities were listed. Agreement 80-121 of session 80-028 of the AyA Board of Directors was repealed by Agreement 2007-177 published in La Gaceta No. 83, of Wednesday, May 2, 2007, and this in turn was partially modified by Board of Directors agreement No. 2011-112, issued on April 7, and the communication requirement was fulfilled on May 2, 2011, in the Official Gazette La Gaceta No. 83. This was duly communicated to the Local Government through official communication PRE-1426-2012, so that it had the latest version and it could be incorporated into the Regulatory Plan. As a reminder, the Nombre52121 Commission sent the following official communications: No. UEN – GA – 2018 – 00322 dated March 2018, UEN – GA – 2018 – 00556 dated April 2018, UEN – GA – 2018 – 01827 dated October 2018, and UEN – GA – 2018 – 1975 dated November 2018, addressed to the Local Government and the Ministry of Health. (Within AyA's notifications to other entities are the documents sent by Ms. Yessenia Calderón to Nombre3763 and the Municipality of Limón since 2012 – then executive president of AyA. Both official communications have the same sequential number (PRE1426-2012 and bear the receipt stamp.) Recently, on the occasion of the response to File 22-008354-0007-CO, in Minuta SINAC-ACLAC-DAP-022-2022, the Municipality (Alba Ortiz Rezo) indicated "...that at this moment it is not opportune to present what has been advanced on the regulatory plan, because it remains in a draft document state, and indicates that an assessment will be made when a more advanced product is available..." In the session of June 19, 2019, what was presented by AyA officials were the scopes of Board of Directors Agreements 2007177 and 2011-112; the objective was not to define a commission to address the Regulatory Plan. This Institute has a non-certified copy of the Minutes attached, where officials from the Municipality of Limón are summoned to be part of the coordination for reviewing activities in Dirección2942, not to prepare the Regulatory Plan. The Regulatory Plan was never consulted with AyA, so the Institute is aware of its scope in reference to Zone 6 solely through the publication made in Supplement No. 191 to La Gaceta No. 182, on Wednesday, October 4, 2023. AyA, through official communication GSP-RHC-2025-00048, consulted the Mayoress of the Municipality of Limón and the Municipal Council on whether the recommendations of the AyA Board of Directors Agreements were included in the Regulatory Plan of Limón, also indicating: • As of the date of this official communication, it is not available on the Attorney General's Office website or on the Limón Municipality website. • There is a publication in Supplement No. 191 to La Gaceta No. 182 of Wednesday, October 4, 2023. • No response has been received to the request for information on the Regulatory Plan that AyA made to the Municipality (GSP-RHC-2020-02718). Upon reviewing the official platform of the Attorney General's Office of the Republic, only the publication of the Regulatory Plan is recorded (https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NR M&nValor1=1&nValor2=47365&nValor3=50242&strTipM=FN), in La Gaceta 209 of October 31, 2001.

EIGHTH: Availability of Public Information. Why is there no consolidated public information from AyA about the aquifer zones on its platforms? What functional traceability mechanisms exist in the "regional control unit"? The information exists on the official institutional platforms, in compliance with the provisions of the Decree for Inter-institutional Coordination for the protection of aquifers; a response to these questions had already been provided to Mr. Nombre35146, through a report addressing official communication AEL-00194-2024, where the public information and traceability mechanisms were demonstrated. As additional efforts to publicize the information on the Moín aquifer, as a public information mechanism, it should be noted that its delimitation and its legal scope can be consulted through various means of public access; some of them are presented at the following electronic addresses: 1. Web query: La Gaceta No. 83 of 2007: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2007/05/02/COMP_02_05_2007.html#_Toc165692088 2. Web query: La Gaceta No. 83 of 2011: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2011/05/02/COMP_02_05_2011.html 3. Query in the Costa Rican Legal Information System: https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=59932 4. Query in the SINIGIRH Technical Viewer, Territorial Planning/Aquifer Reserve Nombre52121 section (it is clarified that to access SINIGIRH, you must register as a user) https://visor.da.go.cr/start.php 5. On the website of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers: Minutes and Agreements - Documentary System of the AyA Board of Directors (2011-112), Minutes and Agreements - Documentary System of the AyA Board of Directors (2007-177) Regarding traceability, the petitioner does not clarify what type of traceability they are referring to; however, it must be kept in mind that the technical and official delimitation of the Protection Zone (Zone 6) is given through the formalization of the Hydrogeological and Vulnerability Study of the Moín Aquifer, carried out by AyA, with precise geographic coordinates, which must be considered in every application for a permit, license, or authorization by the competent institutions in charge of granting and approving permits. As a traceability and follow-up mechanism for the protection of the aquifer, the Regional Environmental Control Commission (Comisión Moín) performs as a task the identification of activities with the spatial location of the property, issuing the pertinent recommendations addressed to the entities in charge of controlling these activities. At the administrative procedural moment of issuing service availability by the AyA Regional Directorate, the corresponding recommendations are issued; this pronouncement is an admissibility requirement before other entities that are responsible for approving and issuing the final act of construction or activity authorization. Likewise, the notification made in the Official Gazette La Gaceta generates inter-institutional binding effect, so that, in accordance with their special and own competencies, MINAE, SETENA, SENARA, the Ministry of Health, and the Municipality, likewise watch over the Aquifer, to restrict the clearing of forest cover (cobertura boscosa), to approve environmental impact studies, to apply technical protection criteria, to oversee sanitary compliance, to incorporate the recommendations into the regulatory plan.

NINTH: Corrective and Preventive Measures. What structural actions does AyA propose to restore Zone 6 to a regime of "strict protection"? The petitioner's request for AyA to propose structural actions to restore Zone 6 to a "strict protection" regime stems from an erroneous interpretation of the applicable regulatory framework and the scope of Agreements 2007-177 and 2011-112. Firstly, it must be clarified that the concept of "strict protection" is not part of the technical or legal terminology used by AyA in relation to the management of the Moín Aquifer, and that Zone 6 has not been declared an area of absolute conservation or a zone of total exclusion of human activities. On the contrary, the cited agreements establish a special protection regime that requires the application of rigorous technical criteria to evaluate the compatibility of any activity with the aquifer's water recharge function. The actions that AyA proposes in this context are not structural in the sense of physical works or direct environmental restoration interventions, but rather consist of technical recommendations aimed at ensuring that human activities are developed in a sustainable, balanced, and compatible manner with the hydrogeological dynamics of the zone. This implies that every project must demonstrate, through hydrogeological studies and environmental management plans, that it does not generate contamination, does not alter the soil infiltration capacity, and does not compromise the quality or quantity of the available water resource. The existence of these studies does not constitute an automatic authorization but a technical input that allows the competent institutions to assess the project's viability in accordance with the precautionary principle and current environmental regulations. In this sense, AyA acts as the governing body in matters of providing public drinking water and sanitation services, and as the technical authority in evaluating the water and hydraulic capacity of the systems. However, the definition of hazardous substances, the assessment of health risk, and the authorization of specific activities correspond to other public institutions, such as the Ministry of Health, MINAE, SETENA, Local Governments, and SENARA, within the framework of their legal competencies. Therefore, the management of Zone 6 is not oriented toward structural restoration but toward technical regulation that allows reconciling human development with the protection of the aquifer, through the application of scientific criteria, inter-institutional coordination, and strict compliance with current regulations.

Is AyA willing to implement a periodic water quality monitoring system with the publication of results? The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) already implements a periodic water quality monitoring system in all systems under its administration, including areas of high hydrogeological vulnerability such as Zone 6 of the Moín Aquifer. This task not only forms part of its operational functions but is supported by a legal and technical mandate established in current national regulations. In particular, Executive Decree No. 38924-S, Regulation for Drinking Water Quality, issued by the Ministry of Health, establishes the parameters that must be systematically evaluated, including nitrates, electrical conductivity, fecal coliforms, turbidity, residual chlorine, among others. This regulation defines the maximum admissible values and the sampling, frequency, and analysis procedures that public drinking water service operators, such as AyA, must follow. Likewise, the General Health Law (Law No. 5395) and the General Regulation on Occupational Health grant the Ministry of Health the competence to oversee the quality of water intended for human consumption, in coordination with AyA. For its part, the Regulatory Authority for Public Services (ARESEP), through its regulatory provisions, requires operators to maintain updated records of water quality results and for these to be available for public consultation. AyA complies with these provisions by conducting periodic sampling at strategic points in its systems, analysis in certified laboratories, and activation of alert and contingency protocols if deviations in the established parameters are detected. Furthermore, the information generated by these monitoring systems is public and can be requested by any interested citizen or institution, in accordance with the provisions of Law No. 8220 on protecting citizens against excessive requirements and administrative procedures. Consequently, AyA is not only willing but already performs periodic water quality monitoring with the publication of results and early warning mechanisms, in accordance with applicable technical and legal standards. Therefore, any additional request in this regard must consider that these procedures are already underway and that the information is available through the corresponding institutional channels.

B) RESPONSE TO THE PETITIONS SUBMITTED: 1) To declare this amparo appeal admissible. This petition is inadmissible. The amparo appeal filed against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) should not be declared admissible, because: AyA has acted in accordance with the principle of legality, issuing technical agreements based on the Hydrogeological Vulnerability Matrix authorized by SENARA, without exceeding its competencies or directly authorizing activities incompatible with aquifer protection. The Board of Directors agreements do not constitute material acts of authorization, but rather technical recommendations that must be considered by the competent authorities (SETENA, SENARA, INVU, municipalities) in the issuance of final administrative acts. No direct or indirect violation of fundamental rights has been demonstrated, nor any willful or negligent omission by AyA that justifies a constitutional condemnation. The Institute has fulfilled its technical role within the inter-institutional coordination framework established by Executive Decree No. 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH. The petitioner's interpretation is legally incorrect, by attributing to AyA normative effects of competencies that do not correspond to it and by ignoring the technical and preventive nature of the issued agreements. Therefore, it is not appropriate to declare the amparo appeal admissible, nor to impose any sentence on AyA, as an action contrary to the constitutional order nor a direct or indirect impact attributable to this institution is not configured. 2) To declare the NULLITY, for material and formal unconstitutionality AND FOR VIOLATION OF CONVENTION 169 OF THE ILO, of the following provisions of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA): Previously, Mr. Nombre35146 was given a response to the petition he submitted before the Board of Directors on September 21, 2024, before which he filed an appeal for revocation and nullity against Agreement 2011-177, indicating among his allegations the existence of elimination of forest protection areas, elimination of Zone 6 of absolute protection of the Moín aquifer, disrespect for the principle of non-regression, that agreement 112 of 05/02/2011 is contrary to SENARA's MATRIX OF LAND-USE CRITERIA ACCORDING TO THE VULNERABILITY TO CONTAMINATION OF AQUIFERS FOR THE PROTECTION OF WATER RESOURCES, in areas of absolute or extreme protection such as zone 6 of the Moín aquifer. In this sense, it is not appropriate to interpose a nullity for the sake of nullity itself, without expressly indicating what the alleged flaw in the elements of the administrative act is.

Regarding the allegation of the nullity of the agreement, it is important to state the following. The General Law of the Public Administration (LGAP) extensively develops the topic of the nullity of administrative acts. Article 166: There shall be absolute nullity of the act when one or several of its constitutive elements are completely missing, in fact or in law. Article 223: 1.- Only the omission of substantial procedural formalities shall cause nullity of the proceedings. 2.- It shall be understood as substantial the formality whose correct execution would have prevented or changed the final decision in important aspects, or whose omission would cause defenselessness. The way the Administration expresses itself is, precisely, through administrative acts, as these are the means it uses to manifest its will, intended to produce legal effects. The two basic elements of these acts are two, one subjective and the other objective, the first being the fact that derives from a subject – in this case and always will be, the Administration – and the second, the strict adherence to the legal system that it must have. In this way, the administrative act is valid and effective insofar as it conforms to the legal system. From the point of view of its objective element, we have in turn essential (substantial) elements: motive, content, and purpose; and for the administrative act to be perfect, it must contain each and every one of them. Motive: It is the factual and legal basis that makes possible or necessary the issuance of the administrative act. Content: It has been defined as the effect of the act. It is what the act provides and is known as the operative part of the act. The basis is found in Article 132 of the General Law of the Public Administration. Purpose: The purpose is what is pursued, that issue that is intended to be resolved. The purpose must be public, it must always be so, otherwise it incurs what is called abuse of power. The purpose is closely related to the motive of the act. They must be intertwined. The absence of the motive entails the absence of the purpose. The adequacy of the administrative act to the purpose depends on the verification of the motive. To speak of nullity, be it absolute; or absolute, evident, and manifest, we would have to be in the scenario that the essential elements indicated above are missing or have defects. The agreement being challenged meets the elements – both formal and essential – of any administrative act.

First, regarding the GROUNDS (MOTIVO), it has a solid factual basis (protection of springs) and legal basis (Ley de Aguas, article 31; Ley Forestal, article 33; Dictámenes de la PGR, Criterios N° 157, N° C-148-2012 and N° C-334-2002; resolutions of the Sala Constitucional de la CSJ, 1996-04205 of 2:33 p.m. on August 20, 1996 and 09-014840 of 2:50 p.m. on September 19, 2009). Second, regarding the content, said agreement has a clear operative element, namely: "POR TANTO UNICO”: “…1º-Acuerdo 2007-177 is amended, in its Por Tanto Segundo, regarding the enumeration of land-use regulation recommendations of Dirección2942, with the following restriction guidelines and in application of the "Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, issued by the Junta Directiva of Nombre99516 in session of September 26, 2006. For all activities, the impervious surface area per hectare shall not exceed 20%. Those INDUSTRIAL ACTIVITIES that, throughout the different construction and operation stages, generate a negative environmental impact to the aquifer, must submit an Estudio de Impacto Ambiental duly approved by SETENA. In accordance with the Reglamento del Ministerio de Salud, Decreto 30465 S and the Reglamento de Vertidos y Rehúso de Aguas Residuales. N. 26041-S MINAE, high-risk industrial activities are not permitted due to the possible impact of contamination. These high-risk activities are defined as those having the possibility of explosion, fire, leak or sudden spill resulting from the process in the course of industrial activities, as well as in pipelines and transport, involving one or several hazardous substances and posing a serious danger (of immediate or delayed, reversible or irreversible manifestation) to the population, its property, the environment and ecosystems. Do not authorize STORAGE AND USE OF PLAGUICIDES, PESTICIDES, FUELS AND HAZARDOUS SUBSTANCES, OR PRECURSORS THEREOF FOR ANY PURPOSE. For the REMOVAL, CUTTING AND FILLING OF MATERIALS (MOVIMIENTOS DE TIERRA), a Hydrogeological study must be carried out proving that there will be no impact to the aquifer, and a Plan de Gestión Ambiental duly approved by Nombre3763. THE CONSTRUCTION OR EXCAVATION OF WELLS, INFILTRATION GALLERIES OR ANY OTHER WATER EXPLOITATION WORKS IS NOT AUTHORIZED. In the case of URBAN DEVELOPMENT PROJECTS, LOTIFICATIONS, SUBDIVISIONS (FRACCIONAMIENTOS) AND CONDOMINIUMS, a sanitary sewer system and an ordinary-type wastewater treatment plant must be built. Developments with densities equal to or less than one housing unit per 1000 meters may be permitted. In the case of HOTELS AND SIMILAR LODGING ESTABLISHMENTS, it may be permitted subject to effluent management with a treatment plant complying with the Reglamento de Vertidos in force. The number of rooms must not exceed a load equivalent to 50 persons per hectare. DO NOT INSTALL GARBAGE DUMPS, SANITARY LANDFILLS OR WASTE DISPOSAL SITES OF ANY KIND. The AyA, considering the studies presented by the interested party and endorsed by the pertinent authorities, may rule on other types of activities not listed in this agreement, that affect the quality and quantity of the water, establishing binding technical recommendations for the regulation of the activity. The AYA shall be empowered by Ley 2726 to assess whether there is an impact to the aquifer and the correct disposal of wastewater in accordance with the Reglamento de Vertidos in force, in addition to the approval or denial of the activity. Housing constructions originating from vegetative growth will be admitted in Dirección2942, provided that it is ensured that wastewater is not discharged into sinkholes and that garbage collection is carried out by the municipal service or other means. 3º-It is recommended that the Local Government and the Competent Institutions proceed to carry out protection measures aimed at the conservation of forested areas. 4º-The Senior Administration is instructed to take the appropriate steps and request the Municipalidad de Limón to implement the recommendations issued in this agreement. 5º-The Senior Administration is instructed to take the appropriate steps and request MINAET to restrict ALL CUTTING OF FOREST VEGETATION in Dirección2942. 6º-For zone 6, the Dirección Regional Huetar Atlántica and the UEN de Ambiente, Investigación y Desarrollo shall create and maintain an exhaustive land-use inventory, identifying activities and establishments that store substances of risk to the quality of water for human use. Likewise, they shall be responsible for the analysis of the proposals submitted by the Administered Party and the assessment of no impact to the aquifer and correct disposal of wastewater. 7º-In all other respects, what was ruled in Acuerdo de Junta Directiva 2007-177 remains in force…” Finally, regarding the PURPOSE (FIN), which is none other than to safeguard institutional interests, in this case more than a right, it is an obligation of the AyA in accordance with its Constitutive Law, Ley N° 2726, articles 1 and 2: “Article 1.- (*) For the purpose of directing, setting policies, establishing and applying standards, carrying out and promoting the planning, financing and development, and of resolving everything related to the supply of potable water and the collection and evacuation of sewage and liquid industrial waste, as well as the regulatory aspect of storm sewer systems in urban areas, for the entire national territory, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is created, as an autonomous institution of the State.” “Article 2.- (*) The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is responsible for: a) Directing and overseeing everything concerning providing the inhabitants of the republic with a service of potable water, collection and evacuation of sewage and liquid industrial waste and stormwater in urban areas; b) Determining the priority, advisability and feasibility of the different projects proposed to build, reform, extend, or modify aqueduct and sewer works; which may not be executed without its approval; c) Promoting the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water contamination; d) Advising other State agencies and coordinating public and private activities in all matters relating to the establishment of aqueducts and sewers and the control of water resource contamination, its consultation being mandatory in all cases, and compliance with its recommendations being inexcusable; e) Preparing all plans for public works related to the purposes of this law, as well as approving all those for private works related to aqueduct and sewer systems, as determined by the respective regulations; f) Exploiting, using, governing or supervising, as the case may be, all public domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of this law, in exercise of the rights that the State has over them, pursuant to law number 276 of August 27, 1942, for which purpose the Institute shall be considered the substitute body for the powers attributed in that law to the State, ministries and municipalities; g) Directly administering and operating the aqueduct and sewer systems throughout the country, which shall be progressively assumed, taking into account convenience and availability of resources. Systems currently administered and operated by municipal corporations may remain under their charge, as long as they provide an efficient service. h) Under no circumstances may it delegate the administration of the aqueduct and sanitary sewer systems of the Área Metropolitana. i) Nor may it delegate the administration of systems for which there exists financial responsibility and while this corresponds directly to the Institute. j) The institution is empowered to agree with local bodies on the administration of such services or to administer them through administrative boards of mixed integration between the Institute and the respective communities, whenever this is agreed for the better provision of services and in accordance with the respective regulations. k) For the same reasons and with the same characteristics, regional administrative boards involving several municipalities may also be created; l) Enforcing the Ley General de Agua Potable, for which purpose the Institute shall be considered the substitute body for the ministries and municipalities indicated in said law; m) Constructing, extending and reforming aqueduct and sewer systems in those cases where it is necessary and the best satisfaction of national needs so advises; and n) Controlling the adequate investment of all resources that the State allocates for aqueduct and sanitary sewer works.” (emphasis added) Notwithstanding the foregoing, the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, by means of resolution N.º 47-2023-V of 8:30 a.m. on June 8, 2023, ruled on the issue of the nullity of agreements, and, in this specific case of those issued by the Junta Directiva del AyA; namely, Acuerdos 2007-177 and 2011-112. The specific development revolves around the legality of these, as required by the aforementioned LGAP, verifying compliance with the validity requirements. The Tribunal stated in said resolution: “(…) To this effect, it is necessary to indicate that, according to the doctrine derived from article 128 of the Ley General de la Administración Pública, every administrative act is considered valid when it substantially conforms to the legal order, understood in its broadest sense, as the set of rules and laws in force in the country. Consequently, the administrative act will be valid when its elements are substantially in conformity with the legal order. The components of the act that allow the comparison of validity have been subdivided into material or objective: grounds (motivo), content (contenido) and purpose (fin); and subjective: procedure (procedimiento), subject (sujeto) and form (forma). The grounds (motivo), as inferred from numeral 133 of the LGAP, constitutes the factual and/or legal antecedent that triggers the administrative action. It corresponds to the factual and legal presupposition of the administrative act and justifies its issuance, as a unilateral manifestation of the will of the Administration capable of producing legal effects, imposing obligations or granting rights. The content of the act, according to article 132 of the Law, consists of what the Administration provides, commands or orders. For its part, according to numeral 131 of the referred legal body, the purpose (fin) consists of satisfying the public interest that is the responsibility of the body or entity in the exercise of a specific competence. Regarding the subjective elements of the act, there is the subject (sujeto), which corresponds to whoever issues the act, for which they must have investiture, competence and ownership. On the other hand, the Procedure (Procedimiento) is defined as the obligation of the Public Administration to follow a procedural course or iter, understood as a concatenated series of actions prior to the issuance of the administrative act aimed at a purpose. The last formal element of the administrative act is the form (forma), which is the manner in which the administrative act is externalized or manifested. From this formal element derives the Administration's obligation to adequately justify its decisions, through the motivation (motivación) of its acts, which is the explanation, foundation or justification of the administrative act. For its part, canon 158 of the LGAP provides: \"the lack or defect of any requirement of the administrative act, expressly or implicitly required by the legal order, shall constitute a defect thereof. An administrative act substantially discordant with the legal order shall be invalid,\" and numeral 166 indicates that \"There shall be absolute nullity of the act when one or several of its constitutive elements are totally lacking, in reality or legally.\" Finally, and as a guiding principle of the nullity regime, the Ley General de la Administración Pública in its article 223, prevents declaring nullity for nullity's sake: \"Article 223.1. Only the omission of substantial procedural formalities shall cause nullity of the proceedings. 2. A formality shall be understood as substantial if its correct execution would have prevented or changed the final decision in important aspects, or whose omission would cause defenselessness.\" Having set forth the above, the analysis of the administrative acts challenged in this venue will be carried out under this optic. In the first place, and in relation to the competence of the AyA to adopt the challenged agreements, according to what was previously indicated, it is this entity which, pursuant to Ley N° 2726, is responsible for the governance in the matter of supplying potable water to the population, and to guarantee the fulfillment of that public service in a continuous, efficient and effective manner, according to the principles that must govern administrative conduct contained in article 4 of the Ley General de la Administración Pública, it has powers - powers-duties - in order to adopt the necessary measures to avoid contamination of the recharge areas of the aquifers and catchment zones. Subsequently, it is within the framework of the exercise of its competences, that said entity, through its Junta Directiva, issued Acuerdos 2007-177 and 2011-112, based on factual and also legal antecedents, which serve as or constitute the grounds (motivo) for both. Thus, it has been possible to verify that the administrative conduct in question, specifically both agreements, stem from the fact - factual antecedent - that the area named zone 6 is part of the Moín-Limón aquifer, and that this is an area that serves as a supply of water resources for a significant part of the Limón population, from which it follows that the sued entity has the legal obligation - factual antecedent - to carry out actions to preserve and protect that zone, as provided in article 2° of the aforementioned Ley N°2726. Subsequently, the cause, the grounds (motivo) of Acuerdos 2007-177 and 2011-112, issued by the Junta Directiva del AyA, is the fact that the zone to which they refer is, as the plaintiffs themselves point out, an area of utmost relevance for the potable water supply, and therefore, by legal mandate, the Institute has the obligation to adopt the necessary measures for its conservation, conduct that in this case was embodied, externalized or manifested, in Acuerdos N° 2007-177 and N° 2011-112 issued by its Junta Directiva, and which also had as a technical antecedent the Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Nombre52121 Limón prepared by the Hydrogeologist of the Área de Gestión Ambiental del AyA Viviana Ramos Sánchez, who indicated that the study's objective was to define the recharge zone. Attorney Roberto Soto Vega alleges that Acuerdo N° 2011-112 does not have a technical antecedent that justifies a more permissive position regarding activities that may be carried out on properties located in zone 6. Indeed, as will be seen in more detail below, the cited agreement establishes a series of recommendations that significantly expands the activities that it is possible to carry out in zone 6 of the Acuífero Nombre52121 Limón, however, the argument that this opening lacks technical support and constitutes a regression in environmental protection matters, exposing the conservation of the Aquifer, is not shared by this Tribunal, because from Acuerdo N°2011-112 itself, it is inferred that it is also based on the Estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad del Acuífero MoínLimón, which, contrary to what was affirmed by the party, is not disregarded with the adoption of Acuerdo N° 2011-112... In this way, the Tribunal corroborates, not only the existence of the grounds (motivo), that is, the existence of factual and legal antecedents that justify the adoption of Acuerdos 2007-177 and 2011-112 issued by the Junta Directiva del AyA, but also, that these have been duly motivated and that their content conforms to the public purpose (fin) they pursue in order to protect and preserve the water resource for the population of Limón, while simultaneously, the economic development of the zone becomes possible, provided that the necessary measures are observed to guarantee that the development of activities in the protection zone do not violate or negatively impact the Aquifer … However, Acuerdos 2007-177 and 2011-112 issued by the Junta Directiva del AyA constitute a manifestation of technical discretion, insofar as they are based on appraisals and assessments arising in the light of specialized knowledge, and consisting of recommendations issued within the framework of the competences that, in order to protect the water resource, the legal order confers upon the AyA, as the governing entity in the matter, and which are directed to other bodies or entities that hold powers whose actions could affect the preservation of said resource. Thus, without ignoring the enormous relevance that citizen participation undoubtedly has, there are borderline cases, in matters that must be addressed and resolved based on exclusively technical elements, as occurs in this case, where the administrative conduct determines a series of recommendations related to the activities that may or may not be carried out in an area of interest for the conservation of the water resource. Consequently, this Body does not find that the alleged nullity defect occurs in the case, for not having granted a hearing regarding the content of the agreements to the owners of the properties located in the zone in question. Without prejudice to the fact that they were published in Las Gacetas number 83 of May 2, 2007 and 83 of May 2, 2011, given their general effects, in accordance with the provisions of subsection 1 of article 240 of the Ley General de la Administración Pública. In consequence, it is concluded that Acuerdos N° 2007-177 and 2011-112, issued by the Junta Directiva del AyA, do not present any type of pathology warranting a declaration of their nullity, and therefore, the claim raised for their suppression must be rejected …. \" Regarding the time limit In the event that an absolute nullity as requested by Mr. Nombre35146 were applicable, it is equally necessary to indicate that it should have been alleged within a 4-year period, along these lines the SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA has ruled. Resolución No 17 of four o'clock in the afternoon on February thirteenth, nineteen ninety-eight, in accordance with the resolution of the SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: Resolución No 124 of two-thirty in the afternoon on April twenty-fifth, nineteen ninety; SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución No 91 of two-twenty in the afternoon on August thirty-first, nineteen ninety-five “Absolutely null acts are not validated either by time or by legal act. Nullity may be requested and declared at any time and cannot be remedied by ratification or by any other means, contrary to annulability. An absolutely null act produces no effects. In this regard, this Chamber has ruled on many occasions indicating that even in the event of facing a consented act, the action is admissible under the terms of articles 21.2 of the Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo and 175 of the Ley General de la Administración Pública, as it is an absolute nullity. A 4-year period is established to challenge in administrative or judicial proceedings an absolutely null act, without being able to apply the normal expiration periods of 2 months and 1 year under the terms of article 37 of the same legal body. (See ruling of this Chamber numbers 124 of 3:00 p.m. on October 3 and 124 of 2:30 p.m. on April 25, both of 1990. 68 of 3:30 p.m. on October 27, 1993 and 31 of 2:25 p.m. on March 27, 1996).” In concordance with official communication GG-2024-03152 from the Gerencia General, which is based on the legal opinion of the Dirección Jurídica PRE-J-2024-03977, the category of the challenged act is of a general nature and its effectiveness in generating effects towards third parties began upon its publication; Acuerdo de Junta Directiva No. 2011-112 was issued on April 7 and the requirement of communication was carried out on May 2, 2011, in the Diario Oficial La Gaceta No. 83, so it is from that date that the time limits are counted for any administered party who considered the existence of a violation of their rights to be able to appeal the administrative act, in accordance with the provisions of articles 343, 346 and 347 of the Ley General de la Administración Pública. Mr. Nombre35146 filed his appeal (on September 21, 2024) thirteen years after the publication of Acuerdo de Junta Directiva 2011-112 (which was published on May 2, 2011), which determines its untimeliness. Acuerdos 2007-177 and 2011-112 of the AyA do not constitute acts violating Convenio 169 de la OIT, as they do not directly affect lands, resources, or ways of life of tribal communities. The obligation to consult under Convenio 169 falls on the State when legislative or administrative measures are adopted that directly affect tribal peoples, which to date have not been adopted for Dirección2942. In this case: • The AyA agreements are not legislative measures, but rather technical recommendations. • It has not been demonstrated that the AyA has executed works or authorized activities that directly or indirectly affect Afro-descendant communities. • Territorial planning corresponds to the Municipalidad de Limón and INVU, not to the AyA. • The Acuerdos de Junta Directiva del AyA are technical management instruments that seek to protect the water resource, in compliance with article 50 of the Constitution, the Ley Orgánica del Ambiente and its own Constitutive Law. Their application is intended to serve as a technical criterion to be considered and coordinated with other institutions, which are the ones competent to issue the final administrative acts, being one more input; therefore, in accordance with this indication they cannot be considered unconstitutional, nor is this the procedure to allege such a defect if that were the case, coupled with the fact that they were published in due time in the Diario Oficial La Gaceta and the resolution of the judicial venues has already verified that there is no direct and concrete impact on Afro-descendant peoples, but rather, they are recommendation guidelines for the proposal and adaptation of activities, with the purpose of making them sustainable, enduring and compatible with the water catchments destined for population supply. 2.1) Regarding Acuerdo de Junta Directiva N.º 2011-112, in terms of: (a) establishing a uniform impervious surface threshold of 20% of the surface area per hectare \"for all activities\" in Zone 6; (b) authorizing \"removal, cutting and filling of materials\" or earthworks (movimientos de tierra) in Zone 6 through a hydrogeological study and PGA; (c) admitting \"housing constructions due to vegetative growth\" in Zone 6 without density parameters, impervious surface mapping, or verification of zero impact; and In response to points a, b, and c of petition 2.1, it is stated that the agreements do not constitute acts of authorization for incompatible uses, but rather technical recommendation instruments that guide water resource management in recharge zones. Their content does not directly enable activities, but rather establishes criteria for their assessment by competent authorities, such as SETENA, SENARA, INVU and the municipalities. The interpretation made by Mr. Nombre35146 is legally incorrect, by assuming that the AyA agreements permit uses incompatible with the absolute protection of Zone 6. In reality, the agreements are based on the Matriz de Vulnerabilidad Hidrogeológica duly authorized by the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), which classifies zones according to their vulnerability and establishes differentiated criteria for the evaluation of activities. The uniform threshold of 20% impervious surface per hectare defined in the Matriz del SENARA does not constitute automatic authorization, but rather a technical reference parameter that must be applied in conjunction with specific hydrogeological studies and environmental management plans (PGA), as required by the environmental regulations in force and the mandate of the Sala Constitucional through vote No. 2008-004790, of twelve hours and thirty-nine minutes on March twenty-seventh, two thousand eight, and Vote No. 2008-010372 of seventeen hours and thirty-seven minutes on June nineteenth, two thousand eight; both of the Sala Constitucional de la CSJ, ordering the application of the \"Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, issued by the Junta Directiva of Nombre99516 in session of September 26, 2006. These decisions of the Sala Constitucional generated the need to update Acuerdo 2007-177, so that the activities and considerations for their execution would coincide with said Matriz. This threshold does not substitute the technical evaluation or the precautionary principle. The admission of constructions due to vegetative growth also does not imply direct authorization, but rather responds to the need to technically assess proposals that arise from real population dynamics. Such elements must be considered by the authorities competent in urban and environmental planning. The AyA agreements must be interpreted within the framework of Decreto Ejecutivo N.º 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH, which establishes inter-institutional coordination for the protection of aquifers, and which was issued subsequent to the Acuerdos de Junta Directiva. This decree expressly recognizes the need for articulation between AyA, SENARA, MINAE, INVU and other institutions, confirming that the AyA agreements are part of a joint technical effort and not isolated, discretionary, or arbitrary acts. The temporality of the normative instruments confirms their coherence: the AyA agreements were issued in 2007 and 2011 as part of a technical policy for aquifer protection, and Decreto 42015 came to consolidate that policy through a formal coordination framework. Therefore, the agreements do not contradict the decree, but rather precede and complement it. Requesting the nullity of the agreements for alleged incompatibility with absolute protection is inappropriate, as they are technical instruments that must be applied by the competent authorities within the framework of their legal attributions. Absolute protection is not defined exclusively by the AyA agreements, but by the normative interaction between the Matriz de SENARA, the regulatory plans, constitutional jurisprudence and technical studies. (d) contains open clauses that allow \"ruling on other activities\" in Dirección2942 without a strict regulatory basis and without subjection to the precautionary principle. Regarding the plaintiff's assertion that the Acuerdos de Junta Directiva of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), particularly Acuerdo N.º 2011-112, contain “open clauses” that would allow ruling on other activities without a strict regulatory basis, it is necessary to clarify the following: The agreements do not contain open or discretionary clauses. The provision that allows the AyA to rule on other activities in water recharge zones does not constitute a generic or arbitrary habilitation. On the contrary, it responds to the legal duty of the public administration to technically assess the proposals presented to it, in accordance with the principle of legality and the principle of technical reasonableness. Article 109 of the Ley de Biodiversidad expressly establishes that administrative decisions in environmental matters must be based on scientific and technical criteria. In that sense, the AyA, as the governing entity in matters of potable water and sanitation, has the obligation to subject to technical analysis any activity that may affect water resources, especially in zones of high vulnerability such as Dirección6576. The plaintiff's interpretation is improper, as it omits that the AyA does not act discretionally, but rather within the framework of the environmental regulations in force, including the Matriz de SENARA, the Ley Orgánica del Ambiente, the Ley de Biodiversidad and constitutional jurisprudence. The possibility of ruling on activities not explicitly foreseen in the agreements responds to the need to assess specific cases that, due to their technical nature or innovation, require individualized analysis. The public administration cannot refuse to assess technical proposals.

The principle of good administration requires that every request submitted by individuals or institutions be analyzed according to objective, scientific, and technical criteria. Denying that possibility would be contrary to Article 11 of the Political Constitution, which imposes the duty of efficiency and legality in the exercise of public functions. The AyA does not replace the precautionary principle but applies it in accordance with the available technical evidence. In cases where there is reasonable doubt about the impact of an activity, the AyA may recommend its suspension or conditioning, but always based on technical studies and not on generic presumptions. 2.2) Regarding Agreement No. 2007-177, insofar as it is interpreted or applied in a way that allows uses incompatible with the absolute protection defined for Zone 6. In relation to the assertion of the amparo petitioner, who maintains that the Board of Directors Agreements of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AyA), particularly Agreement No. 2011-112, which in their view allows the authorization of uses incompatible with the absolute protection of Zone 6 of the Moín aquifer, the following is stated: The AyA's agreements do not constitute direct authorizations for land use, nor do they replace the final administrative act that must be issued by the competent authorities in matters of territorial planning, environmental assessment, or permit granting. The agreements are instruments of technical and scientific recommendation, the purpose of which is to guide decision-making by the competent institutions, such as SETENA, SENARA, INVU, and the municipalities. The petitioner's interpretation is legally incorrect, as it assumes that the AyA's agreements have absolute binding effects or that they constitute material authorizations for activities. In reality, said agreements establish technical criteria that must be considered in the assessment processes, without implying automatic enablement or substantive authorization. The AyA acts in accordance with the principle of legality and the principle of science and technique, enshrined in Article 109 of the Biodiversity Law, which establishes that administrative decisions on environmental matters must be based on technical and scientific knowledge. Within this framework, the AyA has the obligation to technically assess the design proposals for activities presented to it, especially in water recharge zones, without this implying discretion or normative opening. The clause that allows for the consideration of other activities is not open or arbitrary but rather a manifestation of the public administration's duty to subject any activity that could affect the water resource to technical analysis. This power does not replace the precautionary principle but complements it, allowing decisions to be adopted based on technical evidence and not on generic presumptions. The competence to authorize or deny activities corresponds to other instances, such as SETENA, Nombre99516, and the municipalities, which must apply the AyA's technical criteria in their resolutions. Therefore, the AyA's agreements cannot be interpreted as acts of authorization but as technical inputs for decision-making in accordance with the current legal framework. 3) Declare the PARTIAL NULLITY of the Limón Regulatory Plan. It does not correspond to this Institution to comment on whether the Administrative Act issued by the Local Government meets the requirements of the Law; it is only stated that the Regulatory Plan did effectively not incorporate the Agreements issued by this Institute. 4) ORDER the AyA, SENARA, MINAE, and the Municipality of Limón to adopt, within a maximum period of SIX (6) months, the following structural measures: 4.a) issue the EXECUTIVE DECREE for the protection of the Nombre52121 springs and Dirección2942, with official coordinates, absolute protection regime, and express reference to the SENARA Matrix; The request is unnecessary, as explained previously. In application of the principle of administrative economy, the binding purpose that had already been addressed by the cited resolutions of the Constitutional Chamber determined that there was no need for the creation of a specific decree for each particular case. Today, there exists the tool of a Regulation whose purposes include the protection of underground and even surface water resources, Decree No. 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH, which was published in Supplement No. 237 to Gazette No. 203 of October 25, 2019. 4.b) develop and implement a PUBLIC and updated INVENTORY of activities with hazardous substances in Dirección2942; It does not correspond to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) to develop or implement a public and updated inventory of activities involving the handling of hazardous substances in Dirección6576, as this function is not within its legal or technical competencies. The identification, classification, and regulation of hazardous substances correspond to other State institutions, particularly the Ministry of Health, in accordance with current health and environmental regulations. The AyA's role in this context is eminently technical and is limited to verifying the water and hydraulic feasibility of supply and sanitation systems, as well as issuing service availability certificates based on scientific and operational criteria. In accordance with the foregoing, when a possible risk is detected, the procedure is to request a pronouncement from the Ministry of Health, providing the corresponding inputs so that, within its competence, the applicable criterion is issued to resolve the availability request in accordance with the AyA's Board of Directors Agreements. In cases where activities already approved by other institutions are detected without considering the risk variable, a review is requested to verify the innocuousness of the activity and the application of additional measures to protect the water resource. In cases where services are requested for activities generating special type wastewater, the AyA requires as a prerequisite the presentation of a sworn statement and the approval note issued by the Ministry of Health, describing the type of activity, the nature of the discharges, and the proposed treatment system. Therefore, risk management associated with hazardous substances in high hydrogeological vulnerability zones like Zone 6 is carried out through inter-institutional coordination, in which the AyA facilitates the necessary technical inputs so that the competent authorities can make informed decisions, in accordance with the precautionary principle and the applicable regulatory framework. This delimitation of competencies ensures that each institution acts within its legal scope, avoiding duplication and ensuring comprehensive management of the water resource and public health. 4.c) adopt a SPECIFIC EMERGENCY AND CONTINGENCY PROTOCOL for the karstic recharge of Moín; The request of the amparo petitioner for the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) to adopt a specific emergency and contingency protocol for the karstic recharge of the Moín Aquifer stems from an incorrect interpretation both of the technical regime governing said zone and of the institutional competencies that correspond in matters of risk management. First, it must be clarified that the concept of “karstic recharge” implies complex hydrogeological dynamics, characterized by the rapid infiltration of water through fissures, sinkholes (dolinas), and underground systems, which means that any surface impact can have immediate consequences on the quality of the water resource. This vulnerability condition has been recognized by the AyA in Agreements 2007-177 and 2011-112, which establish technical parameters for the protection of Zone 6, including restrictions on soil impermeabilization and the requirement for hydrogeological studies and environmental management plans as prerequisites for assessing the compatibility of human activities with the aquifer's recharge function. However, the adoption of specific emergency and contingency protocols for contamination events or impacts on the aquifer does not correspond exclusively to the AyA, nor can it be demanded as a unilateral obligation. Risk management in high hydrogeological vulnerability zones, such as Moín, is carried out through an inter-institutional approach, involving the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, CNE), the Ministry of Health, the Ministry of Environment and Energy (MINAE), the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (SENARA), and other competent entities. The CNE, in accordance with Law No. 8488, is the governing authority on risk management and has national protocols for emergency response, including those related to contamination of water sources. The Ministry of Health, for its part, has specific competencies in the sanitary surveillance of the water resource and in the definition of hazardous substances, in accordance with the General Occupational Health Regulation and the Wastewater Discharge and Reuse Regulation. The AyA, within its competencies, has internal procedures for responding to emergencies related to the contamination of the public drinking water service, which are activated upon detection of events that may compromise the quality of the supplied water. These procedures include the preventive suspension of the service, sample collection, coordination with the Ministry of Health and the CNE, and the implementation of corrective measures. However, it does not correspond to the AyA to define or implement an exclusive protocol for the karstic recharge of Moín, as this would imply assuming competencies that belong to other institutions specialized in risk management, public health, water resources, and environmental protection. Consequently, if the petitioner's request is found to be pertinent, it must be redirected to the competent instances, and it should be understood that the AyA's role in this context is to facilitate technical and scientific inputs that allow the competent authorities to make informed decisions, in accordance with the precautionary principle and the applicable regulatory framework. The protection of the Nombre52121 aquifer is guaranteed through the coordinated application of technical criteria, inter-institutional oversight, and compliance with the requirements established in environmental, health, and territorial planning regulations. 4.d) establish a periodic MONITORING SYSTEM (water quality, nitrates, conductivity, bacteriology) with publication of results and early warning mechanisms; and The request of the amparo petitioner for the AyA to establish a periodic water quality monitoring system in Dirección6576, including parameters such as nitrates, conductivity, and bacteriology, with publication of results and early warning mechanisms, is unnecessary and stems from a lack of knowledge of the current regulatory framework and the technical procedures already being implemented by legal mandate. The AyA, as a public operator of drinking water supply services, is obligated by the regulations of the Regulatory Authority for Public Services (ARESEP) and the Ministry of Health to conduct periodic water quality monitoring in all systems under its administration. This obligation is regulated in the Drinking Water Quality Regulation, Executive Decree No. 38924-S, which establishes the physical, chemical, microbiological, and organoleptic parameters that must be systematically evaluated, precisely including those mentioned by the petitioner: nitrates, electrical conductivity, fecal coliforms, among others. Likewise, the General Occupational Health Regulation and the General Health Law (Law No. 5395) empower the Ministry of Health to oversee the quality of water intended for human consumption, in coordination with the AyA and other operators. In compliance with this regulation, the AyA conducts periodic sampling at strategic points in its supply systems, including high hydrogeological vulnerability zones such as Zone 6. The results of these analyses are recorded in institutional systems and are available for public consultation, either through formal request or through the transparency mechanisms established by the Law for the Protection of Citizens from Excessive Requirements and Administrative Procedures (Law No. 8220). Furthermore, if deviations from the established parameters are detected, the AyA activates its internal alert and contingency protocols, which include immediate notification to the Ministry of Health, preventive suspension of the service if applicable, and the implementation of corrective measures to guarantee the protection of public health. Therefore, it is not appropriate to demand the creation of a new monitoring system or additional alert mechanisms from the AyA, as these already exist, are normatively regulated, and are applied in accordance with national and international standards. The information generated by these systems is public and can be requested by any interested citizen or institution. Consequently, the petition raised by the petitioner is not only unnecessary but also disregards the technical, legal, and operational framework governing water quality management in Costa Rica, which the AyA complies with systematically and in accordance with its competencies. 4.e) completely adapt the Limón Regulatory Plan to the Nombre99516 Matrix and constitutional jurisprudence, incorporating Zone 6 as an absolute protection area. It does not correspond to this Institute's competence to carry out the adaptation of the Limón Regulatory Plan to the SENARA Matrix, nor to incorporate Zone 6 as an absolute protection area. The interpretation made by the amparo petitioner that Zone 6 of the Nombre52121 aquifer must be considered an "absolute protection zone" is legally incorrect and technically imprecise. The AyA's Board of Directors Agreements do not classify Zone 6 as an area of absolute protection, but rather as a zone of high hydrogeological vulnerability, in accordance with the Land Use Criteria Matrix developed and authorized by the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (SENARA). This technical matrix, adopted by the AyA, constitutes an instrument of scientific and technical recommendation, the purpose of which is to guide decision-making by the competent authorities in matters of territorial planning, environmental assessment, and water resource management. The classification of "absolute protection" cannot be attributed unilaterally by the AyA, nor can it be derived exclusively from its agreements. Such a classification requires official delimitation by executive decree, in accordance with the current legal framework, and must be applied by the competent institutions in the issuance of final administrative acts. Executive Decree No. 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH, issued subsequent to the Board of Directors agreements, establishes a framework for inter-institutional coordination for the protection of aquifers, in which the AyA participates along with SENARA, MINAE, INVU, and other entities. This decree confirms that the management of vulnerable zones such as Zone 6 must be shared and articulated, not exclusively attributed to a single institution. Consequently, the AyA's agreements refer to a zone of vulnerability, not absolute protection, and recommend the application of technical measures and the adaptation of activity proposals in accordance with hydrogeological studies, environmental management plans, and sustainability criteria. Interpreting otherwise implies disregarding the technical and legal framework governing water resource management in Costa Rica. 5) ORDER the IMMEDIATE SUSPENSION of any construction permit, subdivision (fraccionamiento), land-use change (cambio de uso), or earthworks (movimientos de tierra) in Dirección2942 until full compliance with the foregoing points, under penalty of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (crime of disobedience). This Institute does not have within its competencies the granting of construction permits, subdivision, land-use change, or earthworks in Zone 6, and therefore it is not appropriate for it to address this petition. 6) That all respondents violated the Constitutional principle of administrative coordination in matters of aquifer protection and aquifer recharge areas, by allowing regressive regulations and the invisibilization of Zone 6 in the Limón regulatory plan and in the decrease of protection in the ICAA Board of Directors agreements. It is clarified that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) has not violated the constitutional principle of administrative coordination, nor has it decreased the protection of aquifers or water recharge areas, particularly Zone 6 of the Moín aquifer. The principle of administrative coordination, enshrined in Article 11 of the Political Constitution and developed in constitutional jurisprudence, requires public institutions to act in an articulated, efficient manner and in accordance with their competencies. In this sense, the AyA has fulfilled its technical role, issuing Board of Directors agreements that are based on scientific criteria and on the Hydrogeological Vulnerability Matrix developed and authorized by the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (SENARA). The AyA's agreements do not constitute regressive regulations, nor do they allow the invisibilization of Zone 6. On the contrary, these agreements have been technical instruments aimed at strengthening the protection of aquifers, establishing assessment parameters such as the impermeabilization threshold, the need for hydrogeological studies and environmental management plans, and the consideration of population dynamics such as vegetative growth. The referenced agreements were duly made known so that the institutions could take the appropriate actions. The petitioner's interpretation is incorrect, assuming that the AyA has decreased the protection of Zone 6. The agreements do not directly authorize activities nor do they substitute the final administrative act that corresponds to other institutions such as SETENA, SENARA, INVU, and the municipalities. The AyA acts as a technical entity, issuing criteria that must be considered by the competent instances in decision-making. Executive Decree No. 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH, issued subsequent to the AyA's Board of Directors agreements, establishes a framework for inter-institutional coordination for the protection of aquifers, in which the AyA actively participates along with other entities. This decree confirms that the AyA's agreements are part of a joint effort and cannot be interpreted as isolated or contradictory instruments. The regulatory temporality supports institutional coherence: the AyA's agreements were issued in 2007 and 2011 as part of a technical policy for water protection, and Decree 42015 consolidated that policy through a formal coordination framework. Therefore, there is no contradiction or regulatory regression, but rather a technical and legal evolution towards more robust protection of the water resource. In conclusion, the AyA has acted in accordance with its legal and technical competencies, promoting the protection of aquifers through scientific instruments, without violating constitutional principles or weakening the standard of environmental protection. The petitioner's assertions must be contextualized within the current regulatory framework and the technical function performed by the Institute. 8) ORDER to pay procedural costs and damages as applicable, in accordance with Articles 48 of the Political Constitution and 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (...)". Sentencing for costs and damages in constitutional proceedings requires the demonstration of willful, negligent, or arbitrary action on the part of the respondent authority that has generated a direct impact on fundamental rights. In the present case, none of these conditions are met regarding the AyA. The AyA has acted in accordance with its legal and technical competencies, issuing Board of Directors agreements based on scientific criteria and in coordination with other State institutions, such as SENARA, INVU, and MINAE. There is no evidence that the Institute has incurred in omission, abuse of power, or direct violation of constitutional rights. The questioned agreements do not constitute definitive administrative acts or material authorizations, but rather technical instruments of recommendation that must be considered by the competent authorities in decision-making. Therefore, direct responsibility for the effects of acts issued by other entities cannot be attributed to the AyA. Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes that sentencing for costs and damages applies only when it is demonstrated that the respondent party has incurred in disobedience, falsehood, or non-compliance with its constitutional duties. In this case, the AyA has responded in accordance with the principles of legality, inter-institutional coordination, and environmental protection in compliance with its duties. Article 48 of the Political Constitution, while guaranteeing the right to file amparo petitions, does not automatically presume the existence of the State's or its institutions' patrimonial liability. Liability must arise from a reprehensible conduct, which is not accredited in this case file regarding the AyA. Consequently, the request for sentencing for costs and damages against the AyA is inappropriate, as a contrary action to the constitutional order or a direct impact attributable to this institution has not been demonstrated. The AyA has fulfilled its technical and legal duties within the framework of a public policy for aquifer protection. PETITION May the Constitutional Chamber take into account the actions that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has carried out in fulfillment of its purposes and within the framework of its competencies, for which reason it has evidently not disobeyed, violated constitutional norms, guarantees, or principles, nor environmental ones; therefore, the petition filed in all its parts against the AyA must be declared without merit. It is important to note that at all times and within the corresponding deadlines, the AyA has responded to Mr. Nombre35146 regarding the requests for information and questions that he presents anew and repeatedly before the Constitutional Chamber, as demonstrated in the additional evidence to this report (...)".

4.- By a document submitted to the Chamber on October 9, 2025, the petitioner Nombre35146 refers to the report rendered by the General Manager of the AyA, in the following terms: "(...) FIRST: Application of the Nombre99516 Matrix The General Manager affirms that the AyA applied the Land Use Criteria Matrix of Nombre99516 (approved in session No. 239-06 of September 26, 2006) in compliance with rulings No. 2008-004790 and 2008-010372 of this Chamber, and that the threshold of 20% impermeabilization per hectare is derived from said Matrix. Likewise, she maintains that Zone 6 was classified as “high” vulnerability (orange color), not “extreme” (red color), and accuses the petitioner of an erroneous subjective interpretation. Rebuttal: This assertion is inaccurate and regressive. The Hydrogeological Study and Vulnerability of the Nombre52121 Aquifer (2007), prepared by the AyA itself (Hydrogeologist Viviana Ramos Sánchez), classifies Zone 6 as having “extreme” vulnerability due to its karstic nature, with rapid contaminant transit times and the presence of sinkholes and fissures (pages 45-50 of the study, attached as Exhibit 1). The Nombre99516 Matrix, in its extreme vulnerability category (red color), expressly prohibits activities involving impermeabilization exceeding 10% and demands absolute protection for direct recharge areas such as Moín. Agreement 2011-112 ignores this classification by applying a uniform threshold of 20% “for all activity,” violating the principle of non-regression in environmental matters (Article 50 Constitutional; ruling No. 2009-014840 of this Chamber) and the precautionary principle (Article 109, Law No. 7788). The application of the Matrix is not automatic or generic; it must be adapted to the specific hydrogeological context (Protocol on Water and Health, Article 4). The 20% threshold lacks differentiated technical criteria by karstic soil type, exposing the aquifer to irreversible contamination (evidence: SINAC Report on sinkholes in Moín, Exhibit 2). Resolution No. 2057-2024-Nombre3763 (case file D1-0106-2019) confirms that interventions in sinkholes require prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) and setbacks of 10 meters, which contradicts the permissiveness of Agreement 2011-112. The Administrative Contentious Court (resolution No. 47-2023-V) and this Chamber (ruling No. 2024-001523) validated the Agreements but did not analyze their regressivity against the extreme Matrix; this omission generates material unconstitutionality (Article 48 Constitutional). SECOND: Authorization of Earthworks The Manager states that the Agreements do not automatically authorize earthworks (movimientos de tierra), but rather condition their viability on hydrogeological studies and an environmental management plan approved by SETENA, in accordance with environmental regulations. Rebuttal: This interpretation is formalistic and evades responsibility. Agreement 2011-112 explicitly allows “removal, cutting, and filling of materials” in Dirección2942 with a hydrogeological study and environmental management plan, which implies a conditional authorization that ignores the extreme karstic vulnerability (AyA Study 2007, Exhibit 1). In karstic systems, any earthworks alter infiltration and accelerate the transit of contaminants (Aarhus Convention, Article 5; Protocol on Water, Article 6). Resolution No. 2057-2024-SETENA declares interventions in sinkholes without an EIA to be a very serious fault, demanding remedial plans approved by the AyA, which demonstrates that the AyA's generic protocol (GTE-105-01-P) does not guarantee protection. This violates the precautionary principle and the right to a healthy environment (ruling No. 1996-04205 of this Chamber), constituting an unconstitutional omission. THIRD: Construction by Vegetative Growth A methodology is described to control vegetative growth, limiting segregations to lots ≥1000 m² and verifying impermeabilization ≤20%, with an average annual growth of 1%. Rebuttal: The methodology is insufficient and lacks a scientific basis. There is no updated cartography of accumulated impermeabilization or technical verification of zero impact on karstic recharge (Nombre99516, extreme category). The limit of 1000 m²/housing unit ignores real densities and overcrowding (factor of 3.4 persons/lot), allowing population increase without hydrogeological monitoring (Water Law, Article 31). Examples of denials (official letters SIGDD-2025-00003680 and SIGDD-2025-00008621) are isolated; the annual growth of 1% (from 1406 to 1565 services, 2012-2024) evidences uncontrolled expansion, violating ILO Convention 169 (consultation with Afro-descendant communities affected by water scarcity) and the principle of non-regression (ruling No. 2008-010372). Requires a maximum density parameter and annual verification (Aarhus Convention, Article 4). FOURTH: Inventory of Hazardous Substances The AyA refers the competence to the Ministry of Health and mentions joint inspections. Rebuttal: This evasion violates inter-institutional coordination (Decree No. 42015, Article 31). Agreement 2011-112 (point 6) orders the AyA to maintain an “exhaustive inventory” of risk substances in Dirección2942, which is not being fulfilled. The absence of a public inventory prevents early warning (Protocol on Water, Article 8) and access to information (Aarhus Convention, Article 5). Sporadic inspections do not substitute a consolidated system, configuring an unconstitutional omission (Article 50 Constitutional; ruling No. 2008-004790). FIFTH: Hydrogeological Conditions (Karstic System) The generic protocol GTE-105-01-P is defended as flexible and sufficient, citing resolution No. 2057-2024-SETENA on sinkholes. Rebuttal: The generic protocol is inadequate for karstic conditions (short transit times demanding setbacks of 10m and remedial plans, which contradicts the AyA's permissiveness). Violates the precautionary principle (Law No. 7788, Article 109) and coordination (Decree No. 42015). SIXTH: Publication of the Protection Decree It is argued that a specific decree is not appropriate based on the principle of administrative economy and the existence of Decree No. 42015. Rebuttal: Agreement 2007-177 (point 6) explicitly orders a decree to be requested from the Executive Branch, which was not fulfilled (official letter SGG-2009-1466 incomplete). Decree No. 42015 is general and does not make official the specific limits of Zone 6 with absolute protection (SENARA Matrix). Violates the obligation of publication (Water Law, Article 33) and coordination (ruling No. 2009-014840).

SEVENTH: Interinstitutional Coordination. Communications dating from 2012 are cited, but it is admitted that the Regulatory Plan did not incorporate the Agreements. Reply: The communications are insufficient; there is no evidence of effective efforts to incorporate Zone 6 as absolute protection (Decree No. 42015, article 31). The Regulatory Plan (Gaceta No. 182, 2023) renders Zone 6 invisible, violating coordination (article 11 of the Constitution) and ILO Convention 169 (consultation with communities). EIGHTH: Availability of Public Information. Platforms with information are listed, but functional traceability is evaded. Reply: The information is not consolidated or updated (Aarhus Convention, article 4). There is no traceability of cumulative impacts in Zone 6 (spatial monitoring). It violates access to environmental information (Law No. 7554, article 2). NINTH: Corrective and Preventive Measures. The need for strict restoration is denied and existing monitoring is confirmed. Reply: Zone 6 requires strict protection (extreme vulnerability; 2007 Study). The current monitoring is not public and does not include specific early warning (Protocol on Water, article 8). It violates the precautionary principle. B) REPLY TO THE RESPONSE TO THE PETITIONS 1) Grant the amparo action: It is appropriate due to demonstrated violations of article 50 of the Constitution and international conventions. 2) Nullity of Agreements: The defects are absolute (lack of technical basis; LGAP, article 166). It did not expire (absolute nullity is imprescriptible; ruling of the First Chamber No. 17-1998). It violates Convention 169 (no consultation). 3) Partial nullity of the Regulatory Plan: It is appropriate due to the omission of Zone 6 (principle of non-regression). 4) Structural measures: They are appropriate due to unconstitutional omission; a period of 6 months is reasonable (article 41 of the Constitutional Jurisdiction Law). 5) Immediate suspension: It is appropriate as a precautionary measure (article 36 of the Constitutional Jurisdiction Law). 6) Coordination violation: Confirmed by the invisibility of Zone 8) Order to pay costs: It is appropriate due to negligence (article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law). Petition: Grant the amparo action in all its aspects (…)”.

5.- By brief filed with the Chamber on October 9, 2025, Gabriela Madrigal Garro, in her capacity as Executive President of the National Institute of Housing and Urbanism, submits a report and expressly states the following: “(…) This Institute proceeds to respond and report to the honorable Chamber respectfully regarding its actions and assessments, both of fact and of Law, within this matter, for which purpose, respectfully, in this act, the relevant excerpt is incorporated into this response, addressing the core issues resolved comprehensively within document DU-305-10-2025, which you will find attached and offered as evidence within this response and where not only the legal and technical bases supporting this response are set forth, but also where the approach to this matter is comprehensively detailed, and where from this moment on, not only has the attention within its competencies by this Institute been duly accredited, but also that the respondent Institutions have been warned regarding their competencies, such that there are no actions or omissions attributable to our represented party, and therefore any supervening responsibility is emphatically rejected, as will be developed in subsequent lines. Nevertheless, in order to clearly clarify and supplement the report, we respectfully proceed to indicate what is of interest: I- ANSWER TO FACTS AND REPORT: SOLE: On the part of this Institute, the Constitutional principle of administrative coordination has never been violated in matters of aquifer protection and aquifer recharge areas. As indicated in previous paragraphs, it is not the responsibility of INVU to process the environmental aspect; we work with the official inputs generated by the competent entities in this matter. The alleged permitting of regressive regulations and the alleged invisibility that the petitioner indicates exists regarding zone 6 in the Limón regulatory plan and in the reduction of protection in the agreements of the ICAA Board of Directors, a situation in which we clearly have no scope of action, is not a product of our actions. The foregoing proceeds to be developed based on the following legal arguments, divided into three areas which, to provide greater clarity, we proceed to develop immediately in the following order: a) Regarding the Limón Regulatory Plan and the protection zones of the Moín aquifer. b) Regarding the environmental aspect within a Regulatory Plan. c) Regarding the petitioner's request in this Amparo Action. In order to develop each of the mentioned sections, it is incorporated: a) Regarding the Limón Regulatory Plan and the protection zones of the Nombre52121 aquifer: The current regulatory plan of the canton of Limón, published in Scope 191 to La Gaceta No. 182 of Wednesday, October 4, 2023, has an area subject to planning of 837.95 km2, of which 4.33% (approximately 36 km2) corresponds to the Hydrogeological Study Area of the Nombre52121 Aquifer shown in La Gaceta No. 83 of Wednesday, May 2, 2007. Diagram 1. Location (…) Of these, Dirección2942, which the petitioner refers to as an absolute protection zone and which the study defines as a restricted protection area, corresponds to 30% of the total area. The current zoning in the hydrogeological study area is made up of several types of zones as can be seen in the following chart, the predominant use being residential, which mainly covers the settlements already established in these sectors. Rural use and protection are the two uses with the highest coverage percentages within the study area (…) Specifically in Zone 6, the area is approximately 6.2 km2, of which 52.6% corresponds to residential zones of local occupation, mostly pre-existing settlements. Then, zones of controlled development and low coverage can be observed, which have limitations due to the fragility conditions found in the strategic environmental assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) process (…) The Residential zone, in accordance with article 15 of the current regulation, indicates the following: “Article 15. Residential zone (T3) Corresponds to suburban zones of mixed use adjacent to denser zones. The blocks or street sections may be large and the streets irregular. The IIE fragility sector predominates, with a high degree of permeability and/or infiltration potential on the surface, which implies a high susceptibility to groundwater contamination. In the case of the Limón Promontory, given the geological condition of the upper subsoil (carbonate rocks), the geotechnical consideration must establish an effective bearing capacity for buildings. This type of land has a bearing capacity to assimilate high to very high population densities, but with restricted coverage percentages.” (The underlining is not from the original) (…) On the other hand, the Controlled Development zones indicate in article 14: “ARTICLE 14. Controlled Urban Development Zone (T2). Lands with urban development, but sparsely populated, cultivated or not, which may include forests and residential uses. They are suitable for high-rise urban development, but in a controlled manner. Environmentally, they mostly correspond to Type II-E Zones, which are described as lands with high susceptibility to groundwater contamination, which is why they require appropriate measures with respect to any type of human activity with the potential to generate some type of contamination of this resource on the surface or in the subsoil. This zone is subdivided into A-1 (Controlled development) and A-2 (Low coverage development)” (The underlining is not from the original) (…) It is understood from the above and from what was developed by the municipality to environmentally evaluate the proposed modification of the regulatory plan, that they took into consideration the hydrogeological conditions of the canton, which is a component of the study of the Environmental Fragility Indices (Índices de Fragilidad Ambiental) of the Geo-suitability Axis. It cannot be said that the condition of fragility is unknown by the municipality; rather, they proceed to propose ways to manage the situation. These mitigation strategies and actions are contemplated in the environmental studies presented to Nombre3763 and which are validated by this competent institution. There are certainly some small pockets of industrial activity that correspond to infrastructure that has been developed in the zone for some time and is incorporated into the zoning proposal, as well as industrial and commercial uses along Dirección2420 that have been consolidated over the years. b) Regarding the environmental aspect within a Regulatory Plan: In this regard, it must be noted that everything related to the environmental aspect when drafting a Regulatory Plan is the exclusive competence of SETENA. The role of that agency in regulatory plans focuses on including the environmental variable in territorial planning, according to the Organic Law of the Environment. It is therefore possible to affirm that Nombre3763 has the responsibility to evaluate and integrate the correct environmental criteria when implementing regulatory plans. It also has key functions in the context of regulatory plans, which include the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), which it carries out to identify and predict the effects that an activity, work, or project may have on the environment. In addition to the Incorporation of the Environmental Variable, Nombre3763 evaluates its incorporation into territorial planning plans, ensuring compliance with the technical procedures established by legislation. This Secretariat is also responsible for responding to inquiries raised by citizens and public entities on matters related to territorial environmental planning. These functions are essential to guarantee that these regulatory plans are sustainable and respectful of the environment. This Secretariat, as a public entity, analyzes and verifies the inclusion of the environmental variable in the analysis of the construction and operational phases of projects and activities to be executed in the national territory. If the studies comply with the requirements of environmental regulations for their implementation, the secretariat grants an Environmental License or Registration so that the project can be implemented. During the operational phase, through administrative follow-up processes and field inspections, whether triggered by the developer, the citizenry, or this Secretariat, it is verified whether the project or activity complies with the environmental commitments endorsed by SETENA. Developers, environmental consultants, public and private institutions, including municipalities, are clients/users. Developers manage the obtaining of the Environmental License or Registration before Nombre3763, while environmental consultants are professionals appointed by the developer to manage compliance with the environmental commitments linked to the project or activity. On the other hand, municipalities use the services of Nombre3763 both to approve environmental licenses for their territorial planning plans and to make inquiries about the status of or environmental complaints about projects or activities in their territory. We emphasize the above to highlight that the issue of environmental surveillance is not a direct competence falling upon this Institute; there are other instances responsible for overseeing this aspect. At INVU, we work with the inputs sent to us by both the Municipality of Limón and SETENA. The environmental variable is a requirement that we neither elaborate nor grant. In the present case, Nombre3763 validates it, which leads this Institute to assume that the information corresponding to the hydrogeological study and vulnerability of the Moín aquifer was information considered by said Secretariat. In this, although they did not reach the same conclusions and recommendations made by AyA, the environmental consultant did provide other specifications, similar to those presented, in the sense that they are for protection, with water treatment, low density; it is not that the zone is unprotected or exposed to vulnerabilities; these are zones that are also protected by the forestry law (Ley Forestal). Furthermore, in the so-called Zone 6, it is not of absolute protection; certain activities that have been previously determined can indeed be carried out there. Although AYA makes a recommendation through a hydrogeological study, it must be noted that a more current study for the environmental fragility indices (Índices de Fragilidad Ambiental, IFAS) was also carried out and presented to SETENA, an institution that validated them. Therefore, the Municipality of Limón complied with the procedure correctly. c) Regarding the petitioner's request in this Amparo Action: At this point, we reiterate what was indicated in previous paragraphs: INVU works with the documentation provided by the corresponding and competent institutions, namely Nombre3763 and the Municipality. The approval of the Regulatory Plan is given based on the information sent to us. If the final product passed through the Environmental Technical Secretariat, it is understood by this Institute that the respective verifications were carried out and that the municipality made decisions based on that to determine the zoning. In addition, we bring up what the petitioner indicates when they point out that there was no adequate publicity and notification by AyA that could constitute the mentioned hydrogeological study as an urban planning norm and that was adequate to inform the municipalities and other actors such as Health, MINAE, INVU, Nombre99516, and SETENA, given that AyA also did not carry out the publication of a decree that would give binding force to that delimitation in Zone 6: (…) The contradictions are aggravated by omissions of AyA in the execution of its own Agreement 2011-112. That agreement instructed notifying the municipalities of the binding incorporation of the Matrix and emphasized that Zone 6 should be considered of absolute restriction, with official delimitation and publicity. However, recent documentation confirms the absence of consolidated public information from AyA about the aquifer zones on its platforms, as well as responses that refer to general emergency protocols—not specific to zone 6—and to a “regional control unit” without historical functional traceability. In terms of risk management and water governance, this translates into a breach of the duty of coordination and reinforced guardianship required by the Chamber and by the Organic Law of the Environment (…) the lack of full and transparent execution of AyA's obligations according to agreement 2011-112 constitutes a scenario of material incompatibility with the Matrix of Nombre99516 and with the standards of the Constitutional Chamber(…) (…) In the documentation sent by AyA, it is recognized that, according to Agreement 112 of 05/02/2011, the Institute had to notify the municipalities to implement in the regulatory plans “the recommendations for the regulation of property use and the hydrogeological study and vulnerability of the Moín-Limón aquifer,” “emphasizing the need for Zone 6 to be considered as of absolute restriction,” as well as inform Health, MINAE, INVU, Nombre99516, and Nombre3763 of the delimitation of that zone. (…) Furthermore, AyA breached its own Sixth Operative Part of Agreement 2007-177, which ordered it to request from the Executive Branch a protection decree with an official delimitation of the recharge zones. As that decree was not published, the delimitation of Zone 6 never acquired binding force, leaving a regulatory vacuum that the Limón Regulatory Plan took advantage of to assign residential and tourist uses in a territory that should have been of absolute protection. This negligence contradicts articles 11 and 50 of the Constitution, which impose the duty of interinstitutional coordination and the guarantee of a healthy environment.” On the other hand, it is worth mentioning that the Regulatory Plan is a municipal competence; it is up to the local government to determine actions and measures to be adopted based on the delimitation of the Moín aquifer protection zone. It should be remembered that any modification intended to be adopted in the plan must go through article 17 of the Urban Planning Law, which states: “Article 17.- Prior to implementing a regulatory plan or any of its parts, the municipality intending to do so must: 1) Call a public hearing through the Official Gazette and any necessary additional dissemination, indicating the location, date, and time to hear about the project and any oral or written observations that neighbors or interested parties may wish to formulate. The scheduling must be made with no less than fifteen business days' notice; 2) Obtain the approval of the Dirección de Urbanismo, if the project did not originate in that office or differs from the one it had proposed, without prejudice to the appeals established in article 13; 3) Agree to its formal adoption, by an absolute majority of votes; and 4) Publish in "La Gaceta" the notice of the agreed adoption, indicating the date from which the corresponding regulations will become enforceable. The above requirements will also be observed when it comes to modifying, suspending, or repealing, totally or partially, the referred plan or any of its regulations.” The Urban Planning Law No. 4240 in article 15 also establishes: “In accordance with the precept of article 169 of the Political Constitution, the competence and authority of municipal governments to plan and control urban development within the limits of their jurisdictional territory is recognized (The highlighting is not from the original). Consequently, each one of them shall provide what is appropriate to implement a regulatory plan, and the related urban development regulations, in the areas where it must govern, without prejudice to extending all or some of its effects to other sectors, where qualified reasons exist to establish a specific control regime (…)”.

6.- By brief filed with the Chamber on October 9, 2025, Osvaldo Quirós Arias, in his capacity as General Manager of the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service (SENARA), submits a report and expressly states the following: “(…) 1. Nombre99516 promulgated the MATRIZ DE CRITERIOS DE USO DEL SUELO SEGÚN LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, which was approved by the Board of Directors of Nombre99516 by agreement 3303, in extraordinary session No. 239-06 of September 26, 2006, which is a guiding input for integrally conducting environmental regulation and land-use zoning processes in the national territory. 2. In 2014, official communication DIGH-UI-147-14 of May 23, 2014, was issued by the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIGH) of Nombre99516, containing hydrogeological studies carried out at the Costa Caribeños Service Station. 3. In 2021, Nombre99516 carried out: “BASIC HYDROGEOLOGICAL STUDY OF THE LIMÓN AQUIFER, CANTON OF LIMÓN, PROVINCE OF LIMÓN, COSTA RICA, CENTRAL AMERICA,” which constitutes the base study for hydrogeological information related to the aquifers in the canton of Limón. 4. The objective was to perform the basic hydrogeological study of the canton of Limón based on available hydrogeological information for the subsequent elaboration of the specific hydrogeological study of the aquifers present. 5. The study area is located on the Atlantic coast of Costa Rica, extending from the Chirripó Grande Massif to the mouths of the Tuba and Toro rivers in the Caribbean Sea, covering the entire canton of Limón, for an area of 1769.38 km2. 6. Based on the analysis of the available information, it is determined that the study area forms part of the South Limón Basin, a back-arc region composed of a sedimentary depression resulting from the geodynamic evolution and interaction of the Middle American Trench, the Panama Fracture Zone, the Hess Escarpment, the Deformed Belt of Panama, and the Nicaragua Depression. This basin is composed of sedimentary rocks from the Paleogene (Tuis Formation) to the Neogene with Recent Alluvial Deposits. 7. A series of protected areas are located in the study area, such as La Amistad International Park, Chirripó National Park, and protection zones like that of the Bananito River or the springs (nacientes) of Moín, created to protect the quality and quantity of the water resource and the wildlife of the area. 8. In 2023, documents SENARA-DIGH-UIH-008-2023 and SENARA-DIGH-UIH-154-2023 were issued, related to Servicentro Costa Caribeños, in which results reports are rendered. The petitioner here, Nombre35146, was informed about these documents (…)”.

7.- By brief filed with the Chamber on October 13, 2025, the protected party Nombre35146 states the following, regarding the report submitted by the ICAA: “(…) and I inform the Honorable Chamber that the content of the response provided is part of a series of irregularities committed by the ICAA since 2011 to avoid complying with agreement JD-2007-177 and the 2011 modification in everything related to the absolute protection of the Moín aquifer, because to avoid paying expropriations, they changed the absolute protection regulation of zone 6 of the Moín aquifer, allegedly based on the application of the Nombre99516 matrix, which in legal reality had been applied in the absolute protection zone of the MOIN aquifer since 2007. The foregoing in accordance with the following: ONE; Agreement JD-2007-177 of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) officialized the Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín Aquifer, prepared by hydrogeologist Viviana Ramos Sánchez. This study identified ten hydrogeological zones, of which Dirección2942 was classified as an absolute protection zone due to its high vulnerability to contamination, being a direct recharge area to the karstic system that feeds the springs (nacientes) of Moín. The EPIK method applied (considering infiltration, protective cover, karstic development, and flow network) determined that said zone should be considered as absolute protection, prohibiting all industrial, agricultural, or construction activity. Transmissivities between 13 and 36 m²/day and the existence of sinkholes (dolinas) as direct windows to the aquifer reveal a highly sensitive system. Agreement 2007-177 established a binding legal regime with express prohibitions on land use, based on articles 264 and 270 of the General Health Law, the Water Law No. 276, and the Organic Law of AyA No. 2726, which are identical to those established in the Nombre99516 Matrix for absolute protection areas. TWO: Technical correlation between Agreement 2007-177 and the Nombre99516 2006 in zone 6. The comparative analysis demonstrates that AyA's Agreement 2007-177 applied the same scientific criteria contained in the Nombre99516 2006. This matrix classifies protection zones according to aquifer contamination vulnerability, establishing category I (Absolute Protection) for direct recharge zones with high permeability. The 2007 study replicated those same parameters by declaring Zone 6 as an absolute protection area, prohibiting all land use that could alter the quality or quantity of the water resource. Therefore, Agreement 2007-177 already fully incorporated the criteria of the SENARA Matrix. The statement by AyA in 2011 that the modification of the Agreement was due to the application of said matrix is, therefore, technically improper, since it had already been used since 2007. Especially since said Nombre99516 matrix was applied immediately with the adoption of Agreement 2007-177 by designating zone 6 as absolute protection. THREE: Institutional and legal context of AyA between 2008 and 2011: During this period, AyA faced increasing judicial pressure derived from the absolute protection category assigned to Zone 6. In particular, the action promoted by Nombre52112 on behalf of Propiedades Masarde S.A., processed under case file No. 07-009140-0007-CO and resolved through ruling No. 2011-017606 of the Constitutional Chamber, ordered AyA to execute the expropriation and indemnification of lands located within said zone. The Institute recognized in Official Communication SG-2873-11 (December 12, 2011) that maintaining the absolute protection category was financially unfeasible, as it did not have resources to address the indemnifications derived from the constitutional judgments. Faced with this panorama, and with hundreds of properties potentially subject to expropriation, the institution decided to modify the protection regime through Agreement JD-2011-112, reducing the degree of protection based on budgetary and not technical considerations. FOUR: Manifestations of AyA to avoid expropriations in Zone 6 of the Nombre52121 Aquifer (2007–2017) I. Introduction and reference framework: The evolution of the institutional position of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) regarding the obligation to expropriate lands located in Zone 6 of the Moín Aquifer has gone from adopting Agreement No. 2007-177 declaring zone 6 as an absolute protection area because it is an aquifer recharge area of the Moín aquifer, to eliminating that absolute protection to avoid the collection of indemnifications for the limitations imposed by zone 6 through the Hydrogeological Study and Vulnerability of the Nombre52121 Aquifer (AyA 2007). Starting in 2010, AyA promoted a policy aimed at evading the execution of expropriations and indemnifications, alleging budgetary limitations and reinterpreting its legal duties. This line of argument was formalized with the modification of Agreement 2007-177 through Agreement 2011-112, adopted in ordinary session No. 2011-017 of April 5, 2011, and subsequently communicated to the Constitutional Chamber. II. Institutional evolution (2007–2017) 2007 – Agreement No. 2007-177: The Board of Directors approved the technical study that qualified Zone 6 as an absolute protection area, prohibiting all urban or industrial activity, given the extreme vulnerability of the karstic aquifer. 2008–2010 – Constitutional recognition: The rulings of the Constitutional Chamber validated the technical and legal nature of Agreement 2007-177 and ordered its application with expropriations involved. 2010 – Beginning of expropriation processes: In Case File 07-009140-0007-CO, Resolution 2011005221, the Deputy Manager of AyA reported that the expropriation procedures had begun, with appraisals amounting to ₡1,343 million, expressly recognizing the obligation to indemnify. 2011 – Change of position: Following ruling 2010-12209, AyA began to maintain that the limitations of Agreement 2007-177 were “non-indemnifiable because they are limitations of social interest,” marking the beginning of the institutional regression. III. The modification of Agreement 2007-177 through Agreement 2011-112: comparative analysis with the Nombre99516 2006: Agreement No. 2007-177 of the Board of Directors of AyA, adopted on April 19, 2007, officialized the Hydrogeological Study and Vulnerability of the Nombre52121 Aquifer prepared under the EPIK methodology for karstic media. Said study defined Zone 6 as a direct recharge area with high permeability, rapid underground flow, and the absence of a protective layer, recommending an absolute protection regime, that is, with no land use permitted. That 2007 agreement was not an isolated instrument: it was elaborated in parallel and in coherence with the “Matriz de Criterios de Uso del Suelo” prepared by Nombre99516 in 2006, which classified the areas of greatest hydrogeological vulnerability as “Absolute Protection Zones,” expressly prohibiting: • Urbanizations, roads, or opening of routes; • Intensive agricultural or agrochemical activities; • Installation of septic tanks or wastewater discharges. Therefore, AyA 2007-177 and the Nombre99516 2006 constituted the same technical-legal system, with an identical degree of restriction. The Constitutional Chamber, in its rulings 2008-004790 and 2008-010372, so recognized, ordering the application of the Nombre99516 as a national parameter for water resource protection. 1. Original normative duality (AyA 2007 + Nombre99516 2006): Both instruments coincided in declaring the total prohibition of human activities within Zone 6, considering it of extreme vulnerability. The regime was consistent with the environmental precautionary principle, article 50 of the Political Constitution, and the Organic Law of the Environment No. 7554, guaranteeing the intangibility of the aquifer and public health. The joint application of both instruments constituted a public policy of integral protection: • Technically, it ensured the non-infiltration of contaminants through sinkholes (dolinas). • Legally, it established a cause of superior public utility that justified the necessary expropriations. 2.

The 2011 Rupture: AyA Agreement 2011-112
In 2011, the Board of Directors of AyA approved Agreement No. 2011-112 (session 2011-017 of April 5, 2011), which “rendered the absolute limitations” of 2007-177 without effect, based on the argument that its application implied “financially unfeasible expropriation processes.” The new agreement introduced the category of “land uses compatible with resource protection,” allowing certain “low-impact” activities, thereby:

• Denaturing the absolute protection established in 2007.
• Violating the technical uniformity imposed by SENARA 2006, which does not contemplate “compatible” zones within areas of extreme recharge.
• Generating an institutional contradiction, since AyA—the authority responsible for water management—unilaterally departed from the binding technical criterion of SENARA, without any scientific resolution or update of the hydrogeological study.

3. Violation of SENARA 2006 and of Constitutional Case Law
Agreement 2011-112 represented a technical and legal regression with respect to the standards set by SENARA and by the Constitutional Chamber itself. By allowing uses in zones that the matrix defines as subject to absolute limitation, AyA incurred a contradiction with rulings 2008-004790 and 2008-010372, which ordered the strict application of said matrix throughout the territory.

The Chamber, by admitting in its subsequent resolutions (2011–2017) the existence of that new agreement, omitted to analyze that 2007-177 already fully applied SENARA 2006. That omission allowed the consolidation of an apparent legality over an act that, in reality, violated the principle of scientific consistency and the environmental right to health and life (Articles 21 and 50 of the Constitution).

The change introduced by AyA in 2011 constituted:

• A rupture of the SENARA–AyA technical system,
• A prohibited regression in terms of water resource protection, and
• A direct violation of the principle of environmental non-regression recognized by Costa Rican case law.

In summary, Agreement 2011-112 not only contradicted Agreement 2007-177 and SENARA 2006, but effectively revoked the absolute prohibition over Zone 6, allowing the initiation of processes of occupation, deforestation, and pollution that the Environmental Administrative Tribunal documented years later as ecological devolution of natural resources.

IV. Arguments Repeated by AyA before the Constitutional Chamber to Avoid Complying with Board of Directors Agreement 2007-177, Which Imposed Absolute Limitations Based on the Aquifer’s Degree of Protection.
• Ruling 2011010632 (File 10-007700-0007-CO) – The Deputy Manager alleged that the new agreement “already permitted a large quantity of activities derived from the studies assessed by the Institute (…) which would render the obligation to indemnify and expropriate insubsistent.”
• Ruling 2011017606 (File 07-009140-0007-CO) – AyA acknowledged the lack of budgetary resources and maintained that “it has not been possible to have sufficient funds to proceed with the indemnification.”
• Ruling 2012006210 (File 10-007810-0007-CO) – It was reiterated that “there is no real motivation to grant the appeal and order an expropriation,” since “the owners have options for use and enjoyment of the property.”
• Ruling 2017002741 (File 10-007810-0007-CO) – Executive President Yamileth Astorga stated that “expropriation is not appropriate (…) because there is no cause of public utility.”

V. Case Law Assessment
The Constitutional Chamber never expressly accepted the thesis of “financial impossibility” or the “insubsistence of the obligation to expropriate.” However, as of the modification introduced by Agreement 2011-112, the line of case law itself underwent an interpretative shift that weakened the protective scope of Agreement 2007-177.

Indeed, with the alteration made by the Board of Directors of AyA in 2011, the idea that the absolute protection regime was replaceable by one of “compatible uses” was introduced into the constitutional file. The Chamber, without noticing that Agreement 2007-177 already fully incorporated the Land-Use Criteria Matrix prepared by SENARA (2006), tacitly accepted the administrative version presented by the Institute and omitted to assess that said matrix—technically binding—classified Zone 6 as an area of absolute limitation.

By not examining this technical-scientific element, the Chamber's subsequent resolutions were issued on an incomplete factual premise: it was assumed that AyA could “make more flexible” the protection regime without undermining the previously declared public utility. This meant a rupture of the case law coherence with rulings 2008-004790 and 2008-010372, where the mandatory application of that matrix had been precisely ordered.

In this way, AyA's administrative modification conditioned the constitutional case law: the Chamber began to reject amparo appeals filed by property owners or environmentalists alleging impact on the aquifer, based on the argument that the Institute had already adjusted the original agreement and allowed certain land uses. This change in criterion generated a situation of legal lack of protection over Zone 6, contradicting the environmental precautionary principle and the right to health and a healthy environment enshrined in Article 50 of the Political Constitution.

In substantive terms, Agreement 2011-112 not only violated constitutional res judicata, but also induced the Chamber into a material error of assessment, by making it believe that the modification preserved the technical objectives of 2007-177, when in reality it weakened them. The result was a prohibited regression in the protection of the water resource and an effective loss of legal coverage for the Moín aquifer, directly affecting the water and health security of the communities dependent on that source.

VI. Environmental Consequences Generated by AYA by Lowering the Degree of Protection of Zone 6 and by the Change in the Chamber's Case Law.
The Environmental Administrative Tribunal (TAA), in File 100-23-01-TAA, documented severe environmental degradation in Zone 6 of the Moín Aquifer, specifically on properties with registration numbers 27136 and 27138 (Propiedades Val Di Sole S.A.), which are located within the water recharge area of the Limón-Moín aquifer.

1. Progressive Loss of Forest Cover (cobertura boscosa) and Disappearance of Wetlands
The Tribunal verified that, according to the comparative cartographic series FONAFIFO 2000–2005–INF 2013–SINAC 2021, a significant ecological devolution occurred:

• In 2000, property 27136 was covered almost entirely by forest, while by 2021 only fragments of mature forest and patches of “Yolillal,” indicative vegetation of wetland ecosystems, remained.
• Property 27138 lost practically all its forest cover, and the previously wet soils were transformed into open or intervened lands.
• The Tribunal warns that, although the 2021 maps still classify part of the land as Yolillal, these areas do not appear registered in the National Wetlands Registry, evidencing a vacuum of institutional protection over swamp-type ecosystems.

In summary, the report demonstrates a continuous loss of primary and secondary forest, along with the functional disappearance of wetlands, which constitutes a devolution of natural resources in the zone.

2. Alteration of Surface Hydrology and Risk to the Aquifer
The TAA identified the Portete stream, a public domain tributary and part of the Limón-Moín aquifer system, as a watercourse directly affected by the expansion of constructions and roads.

• Invasions of the watercourse protection strip, earthworks (movimientos de tierra), and discharges of wastewater and grey water into sinkholes (dolinas)—natural depressions that operate as direct windows to the aquifer—were verified.
• The Technical Unit of the Tribunal located at least five active sinkholes (D1 to D5) within the coordinates of the file, several of them with waste or crops on their edges, which increases the risk of contaminant infiltration.

3. Increase in Human Occupation and Illegal Infrastructure
The analyzed orthophotos (2005, 2015-2018, 2023) show an accelerated process of informal urbanization within Zone 6:

• Between 2005 and 2018, the density of dwellings and internal roads increased significantly.
• By 2023, the Tribunal recorded a “greater density of housing infrastructure, a noticeable decrease in tree cover and invasion of the protection area of the Portete stream.”
• Earthworks, fills, and terraces were observed, as well as the existence of septic tanks, pits, and direct discharges on lands of high hydrogeological vulnerability.

These findings confirm that the regulatory relaxation introduced by Agreement 2011-112—by allowing “compatible uses”—facilitated an uncontrolled process of anthropic occupation over a previously protected ecosystem.

4. Proven Ecological Devolution
The Tribunal concludes that, between 2000 and 2023, the zone experienced a manifest environmental devolution:

• Regression in forest cover,
• Disappearance of Yolillal-type wetlands,
• Fragmentation of the natural landscape,
• Diffuse pollution and alteration of the water regime, all within a priority recharge aquifer.

This devolution reflects the failure of AyA's institutional policy change in 2011, whose land-use flexibility authorized by the Chamber led to the loss of natural filtration and purification mechanisms for groundwater, directly affecting the constitutional right to health and a healthy environment.

The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) developed, between 2010 and 2017, a systematic line of argument aimed at evading the expropriations ordered by the Constitutional Chamber, resorting to budgetary justifications and administrative reinterpretations. Agreement No. 2011-112 represented a substantive alteration of the protection regime established in Agreement 2007-177, and constituted an unconstitutional waiver of the obligation to expropriate the lands located in Zone 6 of the Moín aquifer.

Although the Constitutional Chamber formally maintained the validity of Agreement 2007-177 as a parameter of public utility and absolute protection, the tacit acceptance of the modification introduced by AyA generated a case law change that weakened the protection of the right to the environment and allowed a relaxation of land-use restrictions.

The negative environmental effects, verified by the Environmental Administrative Tribunal, are a direct consequence of that deviation from public policy, reflected in the loss of forest cover, the disappearance of wetlands, and the progressive pollution of the aquifer.

In conclusion, a prohibited regression in environmental matters is configured, contrary to Costa Rican constitutional case law—particularly rulings No. 2008-010372 and No. 2011-010632—as an absolute protection regime was replaced by one of mere administrative compatibility, without technical or constitutional justification. The SENARA Land-Use Criteria Matrix (2006) already had practical application in Zone 6, since Agreement 2007-177 incorporated it as a technical foundation by establishing the “Absolute Protection” category for zones of direct recharge, sinkholes, and karstic terrains of high permeability. By substituting that regime with a “conditioned use” model in 2011, AyA contravened SENARA's criteria, which prohibited any intervention that could introduce pollutants or alter the water balance.

I request that this amparo appeal be granted due to the evident non-compliances of AYA (…)”.

8.- By a brief submitted to the Chamber on October 17, 2025, the appellant Nombre35146 refers to the reports rendered by the authorities of SENARA, INVU, and ICAA, in the following terms: “(…) I. LEGITIMATION AND PURPOSE OF THE APPEAL
In my capacity as an Afro-descendant citizen of Limón, I filed this amparo appeal in protection of fundamental rights of a collective and diffuse nature, exercising the duty and right of every person to defend the environment and public domain natural assets, in accordance with Article 50 of the Political Constitution and the constant case law of this Chamber.

The purpose of the appeal is to demand the effective defense of the Limón–Moín Aquifer, particularly its Zone 6, an area that official technical studies—among them the one prepared by engineer Viviana Ramos (UCR, 2005), the Land-Use Criteria Matrix of SENARA (Agreement JD-3303-2006), and AyA Board of Directors Agreement JD-2007-177, which homologated said Matrix—defined as a zone of direct recharge of high to extreme vulnerability, which should have been maintained under an absolute protection regime.

II. RESPONSE OF THE NATIONAL SERVICE FOR GROUNDWATER, IRRIGATION, AND DRAINAGE (SENARA)
The report rendered by the General Manager of SENARA suffers from a total lack of consistency, precision, and technical depth, as it is limited to pointing out the existence of the Land-Use Criteria Matrix According to Aquifer Pollution Vulnerability (Agreement JD-3303-2006) and the Basic Hydrogeological Study of the Limón Aquifer (2021), without issuing any assessment regarding the specific facts denounced in the amparo.

Such omission constitutes a substantive evasion under the terms of Article 33 of the Law of Constitutional Jurisdiction, since the report neither rebuts nor refutes the points raised by the appellant, particularly regarding the absolute protection of Zone 6, the omission of the protection decree, and the application of the precautionary principle.

1. Non-observance of the Technically-Binding Nature of SENARA
SENARA, as the specialized technical body for groundwater, possesses exclusive competence to establish vulnerability categories and land-use restrictions associated with aquifer protection. However, the rendered report does not explain how the Matrix approved through Agreement JD-3303-2006 has been applied or updated, nor does it clarify whether it remains in force in Zone 6 of the Limón–Moín aquifer.

The document is limited to reproducing its existence, omitting to pronounce on its binding content and on the obligation of the other institutions (AyA, INVU, Nombre3763, and municipalities) to respect its technical parameters.

This omission is substantive because the core of the amparo lies in the fact that Zone 6, in accordance with the Matrix and the hydrogeological studies by Ramos (UCR, 2005) and by SENARA itself (2006), was defined as a zone of direct recharge of extreme vulnerability, where urbanization or land intervention is not permitted. The institutional silence of SENARA in the face of this technical fact means that it does not refute the absolute protection classification, nor does it provide scientific or legal evidence justifying its relaxation, which constitutes an environmental regression contrary to the principle of non-regression recognized by this Chamber (rulings 2008-004790 and 2011-014596).

2. Recognition of Pollution and High Vulnerability without Preventive Measures
SENARA itself, through official communications DIGH-UIH-008-2023 and DIGH-UIH-154-2023, confirms that in the area of Dirección2942, pollution by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and Benzo-alpha-pyrene is detected, compounds derived from industrial operations and the RECOPE-Moín facility. Likewise, it describes that the subsoil presents a fractured karstic medium, with active sinkholes, which function as concentrated recharge points and accelerate the transit of pollutants toward the water table.

Despite recognizing this hydrogeological condition and admitting the existence of pollutants, SENARA does not certify having taken any precautionary measure, nor having requested the suspension of works or the control of pollution sources. Nor does it indicate that it has required AyA or the Municipality of Limón to adopt preventive restrictions.

This institutional inaction is legally relevant, as it violates the precautionary principle enshrined in Article 50 of the Political Constitution, as well as in Articles 10, 17, and 99 of the Organic Environmental Law, which impose the duty to act in the face of risk, even in the absence of full scientific certainty. This Chamber has repeatedly established that “the lack of timely measures in the face of a proven risk constitutes an institutional omission that violates the fundamental right to a healthy environment” (rulings 2008-004790 and 2015-016882). SENARA, by limiting itself to verifying the vulnerability without promoting corrective action, incurs precisely that form of omission.

3. Absence of a Pronouncement on the Aquifer Protection Decree
The amparo appeal also denounced that, since AyA Agreement JD-2007-177, the management of an executive decree for the protection of the Moín aquifer was ordered, which was never fulfilled. SENARA, as the technical body responsible for hydrogeological information, should have pronounced on this omission, since its participation was necessary to delimit the recharge zones and justify the administrative act.

However, the report remains absolutely silent on this point. It does not indicate whether SENARA collaborated in the drafting of the decree, whether it sent studies to the Executive Branch, or whether it issued any recommendation. This lack of pronouncement denotes not only technical inaction, but also an omission of inter-institutional coordination, contrary to Articles 11 and 50 of the Constitution and Article 17 of the Organic Environmental Law, which requires institutions to act jointly in the protection of water resources.

Consequently, SENARA fails to fulfill its legal duty of technical impetus, and contributes to the regulatory vacuum that since 2007 has prevented the formalization of the legal protection of the Moín aquifer, perpetuating a state of institutional and environmental vulnerability.

4. Lack of Comprehensive Technical-Legal Analysis and Procedural Consistency
The SENARA report lacks sufficient technical structure and does not relate the mentioned studies to the denunciations of the amparo. It does not offer updated vulnerability maps, hydrochemical monitoring reports, or environmental management indicators. Its content is limited to general documentary references without responding as to whether the scientific findings led to corrective measures or public policies.

This lack of correlation between the technical information and the legal defense constitutes procedural inconsistency, as the report does not meet the standards established by constitutional case law (rulings 2000-06423, 2003-10768, 2015-011184), which require “clear, complete, and fact-based reports.”

The result is a document that evades responding to the essential facts of the amparo, leaving the denunciations of environmental regression, omission of the decree, and extreme vulnerability of Zone 6 without a direct response.

From the comprehensive analysis, it is concluded that SENARA did not substantively respond to the denounced facts, but rather incurred a substantive evasion and a structural institutional omission. Despite having scientific evidence regarding the pollution and the extreme vulnerability of Zone 6, it did not promote preventive measures, nor coordinate with other institutions, nor defend the validity of the SENARA Matrix.

The technical and legal silence of SENARA, in the face of a known and documented environmental risk, constitutes a violation of the precautionary principle and the fundamental right to a healthy environment (Art. 50 CP), a reason for which the facts alleged in the amparo must be considered not rebutted, in accordance with Article 33 of the Law of Constitutional Jurisdiction.

III. RESPONSE OF THE NATIONAL INSTITUTE OF HOUSING AND URBANISM (INVU)
The report rendered by the National Institute of Housing and Urbanism (INVU) expressly acknowledges that the Regulatory Plan of Limón covers a total of 36.31 km² included within the scope of the Hydrogeological Study of the Nombre52121 Aquifer (AyA, 2007), and that within that extension lies Zone 6, which occupies approximately 6.2 km², equivalent to 17% of the total area of the aquifer.

Likewise, INVU points out that, according to the approved zoning, within said absolute protection zone, predominantly residential (52.61%), agricultural (20%), and mixed or service uses (close to 24%) are established, while only 3% of its surface is maintained under the category of direct environmental protection.

This description constitutes, in itself, an express admission of incompatibility between the urban zoning promoted by INVU and the category of hydrogeological vulnerability recognized by the official technical studies of AyA since 2007, as well as by the Land-Use Criteria Matrix of SENARA (Agreement JD-3303-2006).

Indeed, the National Institute of Housing and Urbanism (INVU) itself acknowledges that the area corresponding to Dirección6573 possesses a type II-E fragility, equivalent to high vulnerability to pollution, according to the hydrogeological classification of SENARA, which imposes strict restrictions and obliges the application of the precautionary principle in all territorial planning actions.

However, far from assuming its legal and technical responsibility as the governing entity in matters of urban planning and land use, INVU incurs an evasion of its institutional duty, unduly transferring the burden of protection to the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), based on the argument that it is up to the latter to carry out the environmental impact assessments (evaluación de impacto ambiental, EIA) of each particular project.

With this, INVU fragments environmental control, substituting the analysis of preventive and binding land-use planning—which falls to it at the urban planning stage—with a case-by-case control, subordinated to the administrative discretion of SETENA. This practice, reiterated in INVU's reports before the Constitutional Chamber, constitutes a violation of the principle of environmental integrality and coordination, as it decouples the territorial planning policy from the national hydrogeological matrix, ignoring the technical hierarchy of SENARA and the binding nature of AyA Agreement JD-2007-177.

Consequently, INVU, instead of guaranteeing coherence between urban planning and the environmental protection of the aquifer, disregards its obligation of prevention and contributes to perpetuating the institutional contradiction that has allowed the progressive deterioration of Zone 6, in violation of Articles 11 and 50 of the Political Constitution, as well as Articles 17, 99, and 100 of the Organic Environmental Law (Law No. 7554).

1.- Omission of Technical-Legal Analysis Regarding the Contradiction with SENARA
INVU's report does not address the direct contradiction existing between the approved Regulatory Plan and the binding technical parameters of the SENARA Matrix, which expressly prohibit residential, commercial, or industrial uses within recharge zones with high or extreme vulnerability, such as Dirección2942.

In fact, the Regulatory Plan authorizes urban densities incompatible with the absorption and filtration capacity of the soil in Zone 6, allowing subdivisions (fraccionamiento), fills, and buildings in an area where studies by AyA and UCR (Ramos, 2005) had determined the need for absolute protection.

INVU does not legally justify this contradiction, nor does it provide technical opinions or resolutions that explain the decision to allow urban uses in an area identified as one of direct recharge and water importance. Nor does it indicate whether the Regulatory Plan has the technical endorsement of SENARA or an express pronouncement from AyA in accordance with Agreement JD-2007-177.

This lack of technical and legal reasoning violates the principle of administrative consistency and the duty of inter-institutional coordination, enshrined in Articles 11 and 50 of the Political Constitution and in Article 17 of the Organic Environmental Law (No. 7554), which oblige all public entities to guarantee the ecological integrity of water sources and ecosystems.

2. Non-Observance of the Precautionary Principle and Environmental Regression
INVU, by limiting itself to a static description of the current zoning without assessing its impact on the recharge zone, incurs an omission incompatible with the precautionary principle, according to which, in the face of reasonable doubt of serious or irreversible environmental harm, protective measures must be adopted, even in the absence of full scientific certainty.

Constitutional case law has reiterated that territorial planning decisions must be subordinated to the superior interest of environmental protection and not to immediate urban development (rulings 2008-004790, 2011-014596, and 2017-012582). By admitting that Zone 6 presents high vulnerability but not proposing adjustments, moratoriums, or revisions to the plan, INVU consolidates a situation of environmental regression, as it substitutes an absolute protection regime (in force since 2007 with AyA Agreement JD-177 and the SENARA matrix) with one of urban permissiveness, without technical justification or strategic environmental assessment.

Such regression contravenes the principle of progressivity in environmental matters, which obliges public entities to advance, and not regress, in environmental protection, in accordance with Article 50 of the Political Constitution, the Law of Constitutional Jurisdiction (Art. 48), and the Organic Environmental Law.

3. Lack of Effective Coordination and Control over Local Environmental Management
INVU maintains that land-use control falls to the Municipality of Limón, while the environmental assessment corresponds to SETENA, presenting itself as a mere plan-approving entity. However, that interpretation is legally incorrect.

Article 18 of the Urban Planning Law (Law No. 4240) imposes on INVU the obligation to guarantee that every regulatory plan adheres to the legal and technical provisions of a higher order, including environmental protection criteria and official scientific land management instruments. Furthermore, Executive Decree No. 32967-MINAE-VIVIENDA, which regulates coordination between INVU and SETENA, establishes that the environmental component must be integrated from the plan's design phase, not after its approval.

By not having required the technical opinion of SENARA and not having applied the Matrix criteria, INVU fails in its duty of prior control. That omission fractures the mandatory inter-institutional coordination between urban planning and environmental protection, weakening the system of integrated water resource management.

4. Omission to Assess the Cumulative and Synergistic Effects on Zone 6
INVU's report also contains no assessment of the cumulative, synergistic, and long-term effects derived from urban, industrial, and road development within Zone 6 of the Moín aquifer, despite the fact that this Honorable Chamber has reiterated the obligation of public institutions to integrally evaluate the interaction of human activities on vulnerable ecosystems.

In ruling No. 2003-010768, the Constitutional Chamber established that “environmental protection is not exhausted in the individual authorization of projects, but requires assessing their cumulative and synergistic effects on the ensemble of ecosystems, since environmental deterioration is a progressive process that cannot be analyzed in isolation.”

INVU, however, limits itself to describing the approved land use, without incorporating any assessment of impacts derived from the increase in population density, the change in vegetative cover, the progressive soil sealing, or the risk of pollution from wastewater, runoff, and leachates.

This methodological omission implies that the Regulatory Plan lacks a strategic environmental assessment, an indispensable instrument according to the standards of Executive Decree No. 32967-MINAE-VIVIENDA, which regulates the integration of the environmental component in urban planning processes.

By not foreseeing such effects, INVU fails to comply with the principle of environmental prevention and planning provided for in Articles 2, 10, and 99 of the Organic Environmental Law (Law No. 7554), which oblige public institutions to incorporate criteria of sustainability and comprehensive risk management in all forms of territorial planning.

The absence of a comprehensive hydrogeological analysis in the urban planning process demonstrates that INVU has not guaranteed the long-term sustainability of the water resource, nor the compatibility of the proposed urban model with the recharge and discharge capacity of the aquifer.

The study by engineer Viviana Ramos (UCR, 2005), subsequently incorporated by AyA in Agreement JD-2007-177, determined that the Nombre52121 aquifer functions under a karstic system of concentrated recharge, with direct underground drainage toward coastal discharge zones and with extremely short transit times. This condition implies that any surface alteration—earthworks, urbanization, or loss of vegetative cover—immediately affects the quality of the groundwater, since the water flow through sinkholes and fractured conduits lacks a natural capacity for filtration and purification.

By approving the Limón Regulatory Plan without considering these hydrogeological parameters—or applying the principle of environmental carrying capacity (principio de capacidad de carga ambiental)—INVU disregarded the direct relationship among recharge, discharge, and vulnerability, transforming the aquifer subsoil into a receptor of pollutants derived from urban expansion. The recharge-discharge dynamic identified by Ramos demonstrates that the system does not tolerate significant increases in land occupation without causing irreversible impacts on water quality and piezometric equilibrium. Consequently, the Limón Regulatory Plan, approved with INVU’s technical endorsement, lacks sufficient hydrogeological and environmental support and contravenes the principles of precaution, comprehensiveness, prevention, and sustainable development, by allowing a land use incompatible with the aquifer’s natural capacity to assimilate alterations. Said action violates the constitutional right of the Limón tribal population to a healthy and ecologically balanced environment, recognized in Article 50 of the Political Constitution, as well as the obligations of the Costa Rican State under Article 2 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente, Law No. 7554) and the standards of General Comment No. 15 of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights on the human right to water. Consequently, INVU’s report is merely descriptive and evasive, lacking technical-legal content to refute the facts of the amparo. It recognizes the presence of the Nombre52121 aquifer within the scope of the Regulatory Plan and admits the high vulnerability of Zone 6, but does not adopt or recommend corrective or restrictive measures. Its response shifts responsibilities, omits coordination with Nombre99516 and AyA, and does not evaluate the contradiction between zoning and environmental protection. Therefore, the alleged fact of environmental regression must be deemed not refuted, and the lack of inter-institutional coordination, the violation of the precautionary principle, and the disregard for the principle of environmental progressivity (principio de progresividad ambiental) are considered accredited. INVU’s action thus constitutes a substantive administrative omission, contrary to the duty to safeguard the environment and protect the Limón–Moín aquifer, particularly its Zone 6 of direct recharge and high hydrogeological vulnerability.

III. RESPONSE FROM AYA

1. Formal denial of authorizations without refuting the material permissiveness of Agreement JD-2011-112

AyA claims it does not directly authorize earthworks (movimientos de tierra) or urbanizations in Zone 6, alleging its role is purely technical and that such permits correspond to Nombre3763 and the municipalities. However, this response evades the core of the claim, because Agreement JD-2011-112, issued by AyA itself, de facto suppressed the absolute protection regime established in 2007 and in the Nombre99516 matrix and replaced it with a system of conditions that allows urban uses, housing, and infrastructure works in the recharge area. By not refuting this contradiction, the institution incurs substantive evasion: it formally denies its direct competence but omits acknowledging its regulatory responsibility as the governing body for water supply and source protection. Nor does it demonstrate having issued directives to the municipalities or to Nombre3763 to prevent those activities, or having promoted precautionary actions upon verification of interventions in sinkholes (dolinas) and recharge zones. This lack of prevention violates the principles of precaution and institutional coordination and constitutes an active institutional omission, insofar as AyA knew the risks and did not adopt adequate measures.

2. Omission of control over hazardous substances and chemical-industrial risk

The Office of the General Manager expressly admits that AyA does not maintain an updated inventory of establishments that handle or store hazardous substances in the Moín aquifer area, alleging that this function corresponds to the Ministry of Health. This position is legally improper, because Agreement JD-2011-112 itself, in its seventh clause, orders AyA to maintain an updated registry of land use and potentially polluting activities as part of the pollution monitoring and prevention system. The omission of this function implies non-compliance with the duty of environmental prevention and the principle of enhanced diligence, enshrined in Articles 11 of the Political Constitution and 17 of the Organic Environmental Law. The absence of an updated technical inventory prevents comprehensive risk management, traceability of pollutant sources, and fulfillment of the State’s duty of protection against threats to public health and the environment. AyA, by evading this obligation, acknowledges its institutional inaction, which aggravates the aquifer’s vulnerability to industrial spills, leaks, or diffuse pollution of urban origin.

3. Lack of specific protocols for the karstic system and sinkholes (dolinas)

The report tangentially mentions the existence of resolutions from Nombre3763 concerning sinkholes (dolinas), but does not demonstrate the existence of AyA’s own protocols for the protection of the Moín karstic system. This omission is technically and structurally serious, because the zone is composed of calcareous rocks with high porosity and fracturing, which allows the direct transit of pollutants toward the water table. The Ramos Study (2005) and the Nombre99516 (2006) emphasized the need for special monitoring protocols, which AyA has not implemented in almost two decades. This constitutes a prolonged institutional technical failure, contrary to Articles 10 and 99 of the Organic Environmental Law, which oblige institutions to adopt specific measures for fragile ecosystems.

4. Omission in managing the protection decree for the Nombre52121 Aquifer

AyA’s Office of the General Manager acknowledges that the institution never managed the protection decree for the Moín aquifer, ordered by Agreement JD-2007-177. It claims the matter was “addressed” by a general decree (No. 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH), an argument that lacks legal validity, because said decree does not substitute the specific obligation assumed in 2007, nor does it delimit the recharge zones or the land use regimes. Non-compliance with this obligation implies a continued administrative omission, contrary to Articles 11 and 50 of the Constitution and the principles of coordination, efficiency, and good public administration. The inaction for more than fifteen years constitutes a form of institutionalized environmental regression, which has allowed urban expansion within the recharge area without the protective legal framework that AyA itself ordered.

5. Lack of inter-institutional coordination and public transparency

AyA cites communications sent to SETENA, INVU, and the Municipality, but does not provide evidence of effective results or joint preventive measures. There is no record that it intervened in the processing of the Limón Regulatory Plan (2023), or that it issued binding technical guidelines. The report also does not demonstrate the existence of a public environmental information system or periodic monitoring, even though access to environmental information constitutes a fundamental right recognized in Law No. 8968 and the Aarhus Convention. This lack of coordination and transparency reveals an institutional pattern of structural omission and inter-institutional disconnection, incompatible with the duties of integrated water resource management established in Law No. 2762 (AyA Constitutive Law) and the Organic Environmental Law. From this comprehensive analysis, it is concluded that AyA did not substantively respond to the facts alleged in the amparo action, limiting itself to justifying past actions and shifting responsibilities to other entities. The institution has not fulfilled its duty of technical stewardship, prevention, and effective protection of Zone 6 of the Moín aquifer, nor has it executed the actions ordered in its own agreements. The report lacks coherence, precision, and completeness, constituting a material evasion of the duty to inform (Article 30 LJC) and a tacit admission of the facts (Article 33 LJC).

IV. INVISIBILIZATION OF THE RESPONDENTS TO THE Dirección2942

The protection of the Nombre52121 aquifer constitutes one of the paradigmatic cases of environmental management and water governance in the Costa Rican Caribbean. In this sector, geological, hydrogeological, ecological, and legal elements converge to make Zone 6—located in the immediate surroundings of the Moín Springs—a space of public interest and high environmental sensitivity. Since the 1980s, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) and the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service (Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA) have developed multiple studies and institutional agreements that coincide on the need to maintain absolute protection over this Zone 6, due to its extreme vulnerability to contamination and land alterations.

I. Viviana Ramos Study (2005–2006): scientific characterization of Zone 6

The Ramos study represents the first systematic characterization of the Nombre52121 aquifer using modern vulnerability analysis tools. An area of approximately 72 km² is delimited, bounded by coordinates 632,000–644,000 E and 213,000–222,000 N, with the objective of determining intrinsic vulnerability and defining the protection zones to be adopted by AyA. The author identifies a coastal karstic system developed on coralline limestones with active sinkholes (dolinas) that facilitate direct infiltration toward the water table. These conditions justify the classification of Zone 6 as one of absolute protection.

II. The Nombre99516 (2005): national technical-normative basis

The Nombre99516 (2005) was created to standardize vulnerability and protection criteria for Costa Rican aquifers. This tool classifies recharge zones according to their intrinsic vulnerability, the importance of the resource, and the potential threat from human activities. In its Category I, it assigns absolute protection to areas with high vulnerability and a public supply function, which fully coincides with Viviana Ramos’s diagnosis for Zone 6 of the Moín aquifer.

III. Application to the Nombre52121 Case (Zone 6 of the Moín Aquifer)

The technical analysis of the Hydrogeological Study of the Nombre52121 Aquifer conducted by Viviana Ramos (2005) demonstrates that Zone 6 meets the most critical conditions of the coastal karstic system. The protective cover is less than 10 meters, infiltration is direct through active sinkholes (dolinas), the karstic network is highly developed, and the area is used for public water catchment. These characteristics place Zone 6 in Category I of the Nombre99516 (2005), corresponding to Absolute Protection. Consequently, all activities with polluting potential must be prohibited, allowing only conservation, monitoring, and reforestation uses.

Graph 1. Technical correspondence and classification of Zone 6 (Moín)

IV. Interpretive Conclusion

The integrated analysis demonstrates that Zone 6 of the Nombre52121 aquifer meets all the parameters defining Category I – Absolute Protection according to the SENARA methodology. The conclusions of the Viviana Ramos study not only conform to the national technical model but also served as the basis for the officialization of the protection zone in 2007, remaining in force according to the express recognition of the Nombre99516 (2021). From a hydrogeological, legal, and environmental standpoint, the absolute protection of Zone 6 is not discretionary, but rather an obligation derived from technical knowledge and the final administrative acts that support it, and it has been in force since 2007.

V. Violation by the respondents of the Nombre99516 Matrix and Agreement 2007-177 with the approval of 2011-112: its true objective basis

The approval of AyA Agreement 2011-112 constitutes a direct technical and legal rupture with respect to the scientific and normative instruments that had consolidated the protection of the Nombre52121 aquifer under the principle of absolute protection, in accordance with the Aquifer Protection Matrix of the Nombre99516 (2005) and Board of Directors Agreement 2007-177. Since 2007, with the adoption of the hydrogeological study by Viviana Ramos (UCR) and its officialization by AyA, Zone 6 was classified as an area of extreme vulnerability, where direct infiltration and the presence of active sinkholes (dolinas) made any land use that could introduce pollutants unfeasible. This delimitation was fully consistent with Category I of the SENARA Matrix, which establishes as a technical rule the absolute prohibition of all types of constructive, agricultural, or industrial use in areas of high or extreme vulnerability, to safeguard water sources for human consumption.

Agreement 2007-177 translated that classification into a strict legal regime: it prohibited drilling, construction, hydrocarbon storage, logging, road opening, and any activity that altered vegetation cover or water balance. In its essence, said agreement consolidated the convergence between science and law, harmonizing the criteria of SENARA, UCR (Viviana Ramos), and AyA under the principle of environmental precaution and the constitutional protection of water resources.

In 2008, through judgment No. 12043-2008 (Exp. 07-009140-0007-CO), the Constitutional Chamber recognized that AyA’s measures had completely restricted the use of the properties and, therefore, constituted a de facto expropriatory act. The Chamber ordered the Institute to initiate the expropriation procedure or, failing that, to compensate the affected parties, reaffirming that water protection is a matter of public utility, but cannot be carried out at the expense of the total annulment of property rights without compensation. This pronouncement consolidated the idea that environmental protection does not eliminate the obligation to compensate when the limitations are absolute.

I. Institutional evolution and regression of the protection regime

Faced with the restrictions imposed by Board of Directors Agreement No. 2007-177, which declared the absolute protection of the Dirección6573, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) itself expressly acknowledged before the Constitutional Chamber, during the processing of amparo action No. 07-009140-0007-CO (resolved by judgment No. 12043-2008), its financial incapacity to meet the compensations derived from said declaration. Instead of managing the necessary budgetary resources to comply with the protection mandate and proceed in accordance with the principle of indemnity (principio de indemnidad) of Article 45 of the Constitution, AyA opted to alter the technical-legal protection regime, issuing in 2011 Board of Directors Agreement No. 2011-112, published in La Gaceta No. 83 of May 2, 2011.

II. On the nature and scope of AyA Agreement JD-2011-112

Said agreement was presented as a “partial reform” of Board of Directors Agreement No. 2007-177, but in practice it profoundly altered the nature and operability of the Moín Aquifer protection regime. The change was introduced mainly in Articles 2, 3, and 5 of the new agreement, in which AyA incorporated the notion of “activities compatible with aquifer protection,” eliminated the express prohibition of all types of intervention, and authorized the development of conditioned uses, such as fillings, earthworks (movimientos de tierra), internal roads, single-family constructions, and infrastructure works, provided they had “prior environmental authorization from SETENA” or particular impact studies.

Such modifications did not formally suppress the declaration of absolute protection for Zone 6, which remained in force in the recitals of the agreement and in the original technical delimitation of the AyA 2007 Study and the Nombre99516 2006; however, its application was rendered ineffective in practice, because by opening the door to “compatible activities” and “land-use changes (cambios de uso del suelo),” a regime of total prohibition was replaced by a system of discretionary conditionality. In other words, AyA nominally maintained the category of “Absolute Protection Zone,” but emptied it of its effective legal content, since the new text permitted actions that the Nombre99516 itself (Agreement JD-3303-2006) classified as incompatible with zones of extreme vulnerability like Zone 6. This administrative turn violated the principle of technical consistency, the precautionary principle, and the principle of non-regression in environmental matters, by modifying, without scientific support or coordination with the Nombre99516, the parameters that had defined the intangible character of Zone 6.

In this way, Agreement 2011-112 did not formally change the declaration of absolute protection for Zone 6, which remains in effect today, but materially neutralized it, contravening the official technical criteria of Nombre99516 and the constitutional mandate of reinforced protection of water resources provided for in Article 50 of the Political Constitution. This reform, lacking updated technical support and without consultation with the Nombre99516—the entity that created the Land Use Criteria Matrix (Agreement JD-3303-2006)—violated the principle of technical hierarchy and the duty to respect official hydrogeological parameters. The new agreement ignored and distorted the SENARA Matrix, which classified Zone 6 as one of extreme vulnerability and direct recharge, expressly assigning it a regime of total prohibition of urbanization, filling, or subdivision (fraccionamiento).

Consequently, the approval of Agreement 2011-112 constitutes an environmental regression prohibited by Article 50 of the Political Constitution, Article 11 of the Organic Environmental Law (No. 7554), and the reiterated jurisprudence of the Constitutional Chamber (judgments No. 2008-004790, 2010-01687, and 2015-016882). From that reform onward, AyA de facto substituted an absolute protection regime with a conditional and permissive model, dismantling the technical foundation of the protection and disregarding the scientific authority of the Nombre99516 and of Agreement 2007-177 itself, which had adopted its parameters. This institutional shift represents a structural legal-environmental regression, which weakened the safeguarding of the Moín aquifer, generated legal uncertainty in the affected properties, and contravened the constitutional duties of environmental protection, prevention, and precaution.

The objective basis for this modification was not technical or scientific, but economic-administrative. No additional hydrogeological study or reevaluation of the aquifer’s vulnerability was carried out. The motivation came from institutional pressure to reduce the patrimonial impact and expropriation responsibilities, reinterpreting the zone not as one of extreme vulnerability but as a space with potential for conditioned use. In legal terms, it was a maneuver to avoid compliance with final judgments and to evade the duty to compensate property owners affected by the immobilization of their lands. This decision entailed a direct violation of both Agreement 2007-177, which remained in force and had not been formally repealed, and the Nombre99516 (2005), which continues to be the official technical-normative instrument for classifying aquifer vulnerability in Costa Rica. By making land use more flexible in a zone that scientific studies had classified as extreme risk, AyA contravened the precautionary principle, disregarded the technical hierarchy of the Nombre99516, and undermined the inter-institutional coherence established since 2007 between both entities. The consequences of this regressive reform were visible in the territory: the opening of roads, the expansion of construction, and the loss of forest cover (cobertura boscosa) within the Dirección2942, phenomena that increased the risk of aquifer contamination and that the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) came to verify.

VI. Findings of the Administrative Environmental Tribunal (TAA)

The consequences of this regressive reform were visible and documented in the territory. The Administrative Environmental Tribunal (TAA), through its technical report TAA-DT-241-2023, corresponding to case file No. 100-23-01-TAA, formally noted the existence of earthworks (movimientos de tierra), road opening, fillings, constructions, tree felling, elimination of vegetation cover, and invasion of protection zones within the polygon of Zone 6 of the Moín Aquifer. The TAA verified that such interventions were carried out without environmental permits, without viability from Nombre3763, and without AyA control, constituting repeated violations of the absolute protection regime established by the Nombre99516 and Agreement 2007-177. The Tribunal verified the damages using georeferenced coordinates (CRTM05), SNIT and SIREFOR systems, and determined that the loss of forest cover (cobertura boscosa) between the years 2000 and 2021 evidenced a sustained process of deforestation and land-use change (cambio de uso del suelo) toward residential and infrastructure purposes. It also indicated that the developed activities compromised the integrity of the active sinkholes (dolinas) and the karstic system, favoring the direct infiltration of pollutants toward the water table, in a zone of direct recharge and high underground connectivity.

The TAA report concluded that these alterations violate Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 and Articles 33, 98, and 99 of the Organic Environmental Law (No. 7554), and that the competent authorities did not exercise their duties of environmental prevention and control, allowing the effective degradation of the protected legal interest.

I. Institutional aggravation and concurrent omissions

It was the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) that, unilaterally and without updated technical support, modified in 2011 the Board of Directors Agreement No. 2007-177, issuing AyA Agreement JD-2011-112, through which it altered the absolute protection regime of the Dirección6573, violating the SENARA matrix. This new agreement is manifestly contrary to the Land Use Criteria Matrix of the Nombre99516 (Agreement JD-3303-2006), which defines Zone 6 as an area of extreme vulnerability and absolute protection, prohibiting all activities involving modification of the soil, recharge, or vegetation cover. While the SENARA Matrix, as an official technical instrument, imposes strict and invariable restrictions to preserve the hydrogeological equilibrium, AyA Agreement JD-2011-112 opened the possibility of developing “compatible activities” within the same zone, disregarding the mandatory criteria of the specialized body and violating the principle of technical hierarchy established in Articles 17, 99, and 100 of the Organic Environmental Law (Law No. 7554).

In addition to being anti-technical, this agreement is profoundly unethical, because it was motivated by reasons of financial and administrative convenience, aimed at avoiding the compensations derived from the absolute protection declaration, prioritizing the institutional economic interest over the constitutional duty to protect water, health, and the lives of people. Such conduct contravenes the principles of intergenerational solidarity and environmental justice, by subordinating the protection of the aquifer—a source of current and future supply—to short-term budgetary criteria, in open contradiction with Article 50 of the Political Constitution, General Comment No. 15 of the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, and the jurisprudence of this Chamber on the human right to water and the responsibility of public institutions to guarantee it for present and future generations.

Alongside this, they breached their obligation to manage and publish the Executive Decree of delimitation and limitations for Zone 6, provided for in the sixth operative clause (por tanto sexto) of Agreement 2007-177, maintaining for more than fifteen years a normative vacuum that weakened the application of the protection regime. Additionally, AyA, INVU, and the Municipality of Limón deliberately invisibilized the Land Use Criteria Matrix of the Nombre99516 (2006) and AyA Agreement JD-2007-177 during the formulation, review, and approval of the Limón Regulatory Plan. In the technical studies and zoning maps prepared under their supervision, they omitted to incorporate the restrictions, delimitations, and hydrogeological vulnerability categories that the Nombre99516 and Agreement 2007-177 established as binding for territorial planning.

This omission was not a simple administrative error, but a conscious decision to exclude decisive technical information, which prevented the citizenry, the planners, and the Constitutional Chamber from knowing the true magnitude of the existing environmental limitations in Zone 6. In doing so, the institutions dismantled the principle of technical hierarchy—according to which hydrogeological instruments issued by the Nombre99516 must prevail over local urban planning—and violated the duties of inter-institutional coordination and environmental prevention enshrined in Articles 11 and 50 of the Political Constitution, as well as in Articles 17, 99, and 100 of the Organic Environmental Law (Law No. 7554). The intentional exclusion of the Nombre99516 and Agreement 2007-177 from the planning process has had serious consequences: the Limón Regulatory Plan was approved on an incomplete technical basis, authorizing land uses incompatible with the recharge and vulnerability of the aquifer, and legitimizing an urban model that violates the precautionary principle, the right to water, and the ecological equilibrium of the territory.

This omission implies a direct violation of the principles of inter-institutional coordination, precaution, and technical legality, established in Articles 11 and 50 of the Political Constitution, as well as in Articles 17, 99, and 100 of the Organic Environmental Law (Law No. 7554). Consequently, the respondent institutions not only permitted the physical and ecological degradation of the Dirección2942, but also dismantled the legal and technical framework of protection that guaranteed its integrity, incurring a structural institutional and territorial regression contrary to the foundations of the social and ecological rule of law enshrined in the Political Constitution of Costa Rica.

Added to this is the fact that, in a sustained game of manipulation and distortion of public information, the respondent institutions—especially AyA, with the passive complacency of SENARA, INVU, and the Municipality of Limón—have been presenting incomplete or misleading reports and responses before the Constitutional Chamber since 2011, through which they seek to justify the legality of Agreement JD-2011-112 by alleging it is based on the Land Use Criteria Matrix of the Nombre99516 (2006). However, they conceal or silence the fact that this same Nombre99516 Matrix had already been fully incorporated and applied since AyA Agreement JD-2007-177, in which the Dirección2942 was expressly recognized as an area of absolute protection. Therefore, by invoking the Nombre99516 as supposed support for the 2011 reform, AyA incurs an act of institutional manipulation and technical falsehood, because it distorts the scope of the scientific instrument to legitimize a regressive administrative decision whose true motive was financial and not environmental. This practice has allowed AyA and the other respondent entities to evade judicial scrutiny and effective constitutional control, causing a continuity in the violation of the principle of good faith, administrative transparency, and the right of access to environmental information, recognized in Articles 30 and 50 of the Political Constitution, as well as in Articles 3, 4, 17, and 99 of the Organic Environmental Law and in the Aarhus Convention on access to information, public participation, and access to justice in environmental matters.

Attached Supplementary Evidence

I request that the Chamber’s judgments be taken as part of the legal basis, in which it is demonstrated that AyA relied on the changes from Agreement 2007-177 to JD-2011-112 to justify that it no longer had to compensate. Hydrogeological study prepared by Viviana Ramos which generated Zone 6.

Therefore, I respectfully request of this Honorable Chamber:

1. To deem the facts of the amparo accredited due to lack of substantiated response.
2. To grant the action, recognizing Zone 6 of the Limón–Moín aquifer as an area of absolute protection.
3. To partially annul the Limón Regulatory Plan to the extent it contradicts the SENARA Matrix.
4. To annul AyA Agreement JD-2011-112 and order the prevalence of Agreement 2007-177.

Order the enactment of the decree for the protection of the Nombre52121 aquifer and coordinated precautionary measures between AyA, SENARA, INVU, SETENA, the Municipality, and MINAE (…)”.

9.- By filing submitted to the Court on October 21, 2025, Ana Matarrita Mc Calla, in her capacity as Mayor of Limón, renders a report and expressly states the following: “(…) The petitioner is not correct in stating that my represented party did not expressly incorporate the cartographic delimitation of zone 6 of the Moín Aquifer as an area of absolute protection; although it is true that there is an updated Regulatory Plan managed by the Municipality of Limón that came into effect on November 15, 2023, which was Published in LA GACETA No. 212, Supplement 225, which comes to regulate everything encompassed by zone 6 of Moín. Said Regulatory Plan was approved in accordance with the respective provisions, having been reviewed and approved in accordance with applicable norms, undergoing technical and legal procedures. That said, the absence of a cartographic delimitation in the Regulatory Plan does not imply the non-existence of management measures nor the omission of applicable technical controls. Within the framework of the legal system, the protection of water resources and sensitive areas can be articulated through explicit cartographic references as well as through maps, zoning regulations, complementary norms that comprise the planning instrument, and concurrent competencies between levels of government, and as is the case in this matter, said zone is duly delimited in the Regulatory Plan and duly approved zoning maps as established by the various laws. Zone 6, as mentioned in this appeal, was indeed contemplated and preventively regulated through delimitation and prohibitions adjusted to the principle of legality and the respective laws; it is important to note that within the Regulatory Plan the Zoning Regulation of the Central Canton of Limón is incorporated, as well as the approved zoning map. For this reason, the undersigned considers that this amparo appeal should be rejected for lack of legal basis, since as previously indicated, zone 6 of Moín was indeed contemplated in the current Regulatory Plan (…)”.

10.- By filing submitted to the Court on October 23, 2025, the petitioner Nombre35146 refers to the report rendered by the Mayor of Limón and states the following: “(...) 1. Non-compliance with the constitutional judgment of 2008 (Resolution No. 2008-004751): Since 2006, the undersigned filed an amparo appeal under case file number 06-015593-0007-CO against the Municipality of Limón, which was resolved by judgment No. 2008-004751 at twelve o'clock and zero minutes on March 27, 2008. Said resolution, issued by this honorable Court, granted the appeal for violation of Articles 21 and 50 of the Political Constitution, expressly ordering the Municipality of Limón to include Zone 6 of Moín, recognized as an area of absolute protection, in the Regulatory Plan of Limón. Inexplicably, from 2008 to the present date, 2025, 17 years have passed without the Municipality of Limón having complied with said judicial order. This omission constitutes a flagrant disobedience to a mandate of this Constitutional Court, which violates the principle of legality and the Rule of Law, in addition to perpetuating the violation of the fundamental rights enshrined in Articles 21 and 50 of our Magna Carta. 1. Lack of truthfulness in the report of the respondent: The Mayor, in her report of October 21, 2025, affirms that Zone 6 of Nombre52121 was contemplated and regulated in the current Regulatory Plan, published in La Gaceta No. 212, Supplement 225, of November 15, 2023, and that said zone is “duly delimited” in the approved zoning maps. However, this assertion is contradicted by the report from the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), which expressly recognizes that Zone 6 of Moín, classified as an area of absolute protection, was not included in the project of the Urban Regulatory Plan of Limón. This contradiction evidences a lack of truthfulness in the respondent's report, which is extremely serious, given that it misleads this honorable Court and disregards the obligation of public authorities to render truthful and complete reports, as established in Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction. 1. Violation of guiding principles of environmental law: The omission of including Zone 6 of Nombre52121 as an area of absolute protection in the Regulatory Plan constitutes a deliberate violation of the precautionary, preventive, and non-regression principles in environmental matters, which are fundamental pillars of national and international environmental law. These principles, recognized in the jurisprudence of this Court (for example, judgments No. 1995-01351 and No. 2000-08230) and in international instruments such as the Convention on Biological Diversity and the Paris Agreement, obligate authorities to adopt effective measures to protect water resources and protection zones, such as the Moín aquifer. The exclusion of Zone 6 of Nombre52121 from the Regulatory Plan empties Article 50 of the Political Constitution of content, which guarantees the right to a healthy and ecologically balanced environment. By failing to cartographically delimit or establish concrete protection measures, the Municipality of Limón incurs an environmental regression that puts the region's water resources at risk, affecting not only the inhabitants of Limón but also future generations. 1. Absence of evidence supporting the respondent's claims: The Mayor maintains that Zone 6 of Nombre52121 is “duly delimited” in the Regulatory Plan and the approved zoning maps. However, she provides no technical or documentary evidence demonstrating that said delimitation meets the standards established by INVU, the Urban Planning Law (No. 4240), or the 2008 constitutional judgment. Official communication DIM-ML-0864-2025 and the mentioned zoning maps do not specify how Zone 6 is protected nor demonstrate its explicit inclusion as an area of absolute protection, which reinforces the presumption of non-compliance. 2. Request to the honorable tribunal: Based on the foregoing, I respectfully request this honorable Constitutional Court the following: a) To accept and find this reply as substantiated, declaring that the respondent's report lacks truthfulness and does not refute the denounced constitutional violations. b) To order the Municipality of Limón to immediately comply with judgment No. 2008-004751, including Zone 6 of Nombre52121 as an area of absolute protection in the Regulatory Plan, with the corresponding cartographic delimitation and effective protection measures. c) To sanction the respondent in accordance with the provisions of Articles 71 and 73 of the Law of Constitutional Jurisdiction, for the disobedience of the 2008 judgment and for rendering a report that contradicts the technical report from INVU. d) To require INVU and other competent institutions (such as Nombre99516 or AyA) to provide an updated technical report detailing the protection status of the Dirección6577 and the measures necessary to guarantee the conservation of the aquifer (…)”.

B. Findings from case file No. 25-029204-0007-CO.

11.- By filing submitted to the Court on September 24, 2024, Nombre45265 files an amparo appeal, under the following express terms: “(…) I appear to file an AMPARO APPEAL against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA—AyA) and the National Service of Groundwater, Irrigation, and Drainage (SENARA), for omissions and acts that violate the human right to potable water, to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the principles of coordination, precaution, and environmental progressivity. 2. The Constitutional Court, through votes 2008-004790 and 2011-014596, elevated the SENARA Land Use Criteria Matrix to a parameter of mandatory compliance, an instrument that classifies aquifer recharge zones according to their vulnerability and provides for those under absolute protection the prohibition of high-density urban developments, subdivisions (fraccionamientos), earthworks (movimientos de tierra), and any significant impermeable coverage, always requiring exhaustive hydrogeological, hydraulic, and hydrological evaluations. Despite this, AyA has not managed before the Executive Branch the issuance and publication of the decree for the protection of Zone 6 of the Moín aquifer, as ordered by its own Board of Directors Agreement No. 2007-177. This omission has prevented the cartographic delimitation of the zone from acquiring general normative force and being effectively incorporated into regulatory plans. 3. The lack of publication of the decree has generated normative invisibility. The protection parameters defined by the Nombre99516 Matrix and ratified by the Constitutional Court remain without reflection in municipal cartography and regulations, which allows the Regulatory Plan of Limón to continue processing subdivisions (fraccionamientos), urban developments, and earthworks (movimientos de tierra) in a territory that, by technical and jurisprudential mandate, must be maintained under an absolute protection regime. This invisibility erodes the effectiveness of constitutional rulings and the precautionary principle, and violates Articles 11 and 50 of the Political Constitution. 4. Added to this is that Board of Directors Agreement No. 2011-112, issued by AyA, far from strengthening protection, introduced provisions that make the required standards more flexible: a uniform threshold of twenty percent impermeabilization, the authorization of earthworks (movimientos de tierra) with simple studies, and the concept of housing for vegetative growth without density parameters or impermeabilization cartography. These provisions directly contravene the SENARA Matrix, which prohibits such activities in areas of extreme vulnerability. The contradiction between what is permitted by AyA and what is prohibited by Nombre99516 creates legal uncertainty, reduces the effectiveness of protection measures, and increases the risk of irreversible contamination of the Moín aquifer. 5. Such contradictions directly harm the rights of current and future generations of Limón. As it is a karstic aquifer of extreme vulnerability, where regeneration is extraordinarily slow and even irreversible, each permit granted without strict protection definitively compromises the quality and quantity of the water resource available for the future. Article 50 of the Political Constitution is thus violated, which imposes on the State the duty to guarantee a healthy and ecologically balanced environment for all current and future inhabitants. 6. The contradiction described also contravenes the precautionary principle, as set forth by the Constitutional Court in vote No. 2011-014596, according to which when there is a serious or irreversible risk, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to delay effective measures that prevent environmental degradation. Instead of reinforcing safeguards, AyA's agreements lower the required level of protection, increasing the probability of irreversible damage, precisely the scenario that the precautionary principle seeks to avoid. 7. Likewise, this situation violates the principle of environmental progressivity, which derives from Articles 11 and 50 of the Constitution and from international treaties on environmental human rights. Said principle requires that environmental and natural resource protection standards can only improve or, at a minimum, be maintained, but never regress. By making the restrictions that the Nombre99516 Matrix establishes for zones of extreme vulnerability more flexible, the agreements of the AyA Board of Directors produce a prohibited environmental regression. 8. Nombre99516, for its part, has incurred a violation of the principle of environmental coordination by tolerating that AyA makes the Matrix more flexible without demanding the issuance of the protection decree or the full incorporation of the restrictions it imposes. This inactivity contributes to the invisibility of the protection obligations for the Nombre52121 aquifer and reinforces the situation of unconstitutionality. PETITION For the reasons stated, I request this Honorable Constitutional Court: to grant this amparo appeal; and to decree that the Board of Directors of ICAA failed in its duty to publish the decree for the protection and delimitation of the Moín aquifer, as it ordered in its own Board of Directors Agreement No. 2007-177. To order the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA-AyA) to, within a peremptory period, request and manage before the Executive Branch the enactment and publication of the decree for the protection of the Moín aquifer. To order that Board of Directors Agreements No. 2007-177 and 2011-112 only be applied to the extent that they are compatible with the Nombre99516 Matrix and with constitutional jurisprudence, rendering without effect their provisions that make protection more flexible. To order the National Service of Groundwater, Irrigation, and Drainage (SENARA) to fulfill its duty of coordination, actively participating in the preparation, signing, request, and publication of the decree and in the full application of the Land Use Criteria Matrix (…)”.

12.- By filing submitted to the Court on October 17, 2025, María José Castillo León, in her capacity as Deputy General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, renders a report and expressly states the following: “(…) The response to the aforementioned allegations is set forth in the official communication that we allow ourselves to submit as principal evidence, namely, No. UEN-GA-2025-03234 dated October 3, 2025; through which (in a 44-page report) a response is given to another amparo appeal (File 25-028736-0007-CO) with which it has evident CONNECTION. In order to avoid contradictory pronouncements, we request this Honorable Constitutional Court to give it joint processing (ACCUMULATION) (…)”.

13.- By filing submitted to the Court on October 20, 2025, Nombre35146 refers to the report rendered by the Deputy General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, under the following terms: “(…) I. Introduction and Scope of the Reply The response from AyA, instead of specifically and substantively addressing the petitioner's allegations, is limited to a superficial summary of them and refers to a 44-page report (UEN-GA-2025-03234 of October 3, 2025) prepared in the context of another amparo appeal (file 25-028736-0007-CO), requesting the accumulation of cases for alleged connection. This evasive strategy does not fulfill the duty to respond exhaustively and directly, as required by the jurisprudence of this Court (for example, vote No. 2010-11183 at 10:48 a.m. on June 25, 2010, which emphasizes the obligation of respondent authorities to adequately justify their actions to avoid arbitrariness). The generic reference to another document does not exempt AyA from responding punctually to the facts and arguments of this appeal, since each amparo must be evaluated on its own merits to guarantee effective constitutional control (Article 9 of the Political Constitution). Additionally, I oppose the request for accumulation, unless this Court verifies an absolute identity of facts, parties, and claims that justifies such measure, in accordance with vote No. 2003-02771 at 11:40 a.m. on April 4, 2003, which warns against accumulations that dilute the speed of the amparo. The mere “evident connection” alleged by AyA is insufficient without concrete proof, and could generate delays that violate the principle of effective protection (Article 41 of the Law of Constitutional Jurisdiction). In this reply, I reaffirm the petitioner's thesis: the AyA's omission in managing the issuance and publication of the protection decree for the Dirección6576, together with the relaxation of protective standards in Board of Directors Agreement No. 2011-112, generates a normative invisibility that erodes the effectiveness of the Land Use Criteria Matrix of the National Service of Groundwater, Irrigation, and Drainage (SENARA), ratified as an obligatory parameter by this Court in votes No. 2008-004790 and No. 2011-014596. This situation violates Articles 11 and 50 of the Political Constitution, the precautionary principle, the principle of progressivity and non-regression in environmental matters, and the human right to a healthy environment, recognized by the Inter-American Court of Human Rights in its Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017. II. Reply to the Summary of the Petitioner's Allegations Presented by AyA AyA summarizes the petitioner's allegations incompletely and in a biased manner, omitting its deep jurisprudential foundation. I proceed to reply point by point, expanding with exhaustive arguments: 1. Elevation of the Nombre99516 Matrix to an obligatory parameter: The petitioner is correct to invoke votes No. 2008-004790 (at 3:30 p.m. on April 4, 2008) and No. 2011-014596 (at 4:45 p.m. on October 7, 2011) of this Court, which elevate the Land Use Criteria Matrix of Nombre99516 (approved by Agreement No. 3303 of the Board of Directors of SENARA, published in La Gaceta No. 83 of May 2, 2007) to a binding instrument. In vote No. 2008-004790, this Court establishes that the Matrix classifies recharge zones according to vulnerability (extreme, high, moderate, low), prohibiting in zones of absolute protection (such as Dirección6576, classified as extreme vulnerability) high-density urban developments, subdivisions (fraccionamientos), significant earthworks (movimientos de tierra), and any impermeable coverage that reduces water recharge. Exhaustive hydrogeological, hydraulic, and hydrological evaluations are required for any intervention, prioritizing the preservation of the resource. Vote No. 2011-014596 reinforces this, integrating the precautionary principle by stating that, given irreversible risks to karstic aquifers such as Nombre52121 (where regeneration is slow or impossible), the lack of scientific certainty does not justify inaction. The Inter-American Court, in OC-23/17 (paragraphs 123-125 and 175-180), enshrines the precautionary principle as a state obligation to adopt preventive measures against serious or irreparable damage to the environment, even without absolute certainty, linking it to the right to life (Article 4 ACHR) and to personal integrity (Article 5 ACHR). AyA ignores that this Matrix is obligatory erga omnes, not discretionary, and its non-compliance violates Article 11 of the Constitution, which obligates officials to fulfill legal duties without arrogating undue powers. 2. Omission in the management of the protection decree: AyA implicitly admits its omission by not refuting that, despite Board of Directors Agreement No. 2007-177 (session No. 2007-020 of April 10, 2007, Article 6, subsection A, published in La Gaceta No. 83 of May 2, 2007), it has not managed before the Executive Branch the issuance and publication of the decree for Zone 6 of the Moín aquifer. Said agreement formalizes the hydrogeological study (conducted by hydrogeologist Viviana Ramos S.), delimiting Zone 6 with precise coordinates (20 UTM points, an area of 72 km²) as a restricted protection zone, prohibiting industries, pesticides, extractions, land-use changes (cambios de uso del suelo), agriculture, urban developments, and any activity that affects water quality or quantity. It explicitly orders requesting the executive decree to incorporate these restrictions into municipal regulatory plans. This omission generates normative invisibility, allowing the Regulatory Plan of Limón to process incompatible permits, such as subdivisions (fraccionamientos) in vulnerable karstic areas. The Inter-American Court, in the case of Nombre52127 v. Honduras (judgment of April 3, 2009, paragraphs 148-153), establishes that States must adopt positive measures to prevent environmental damage affecting human rights, including the creation of binding normative frameworks. Here, AyA's inaction violates the duty to guarantee a healthy environment (Article 50 of the Constitution), recognized as an autonomous right by OC-23/17 (paragraphs 47-55), which obligates the promotion of its preservation and progressive improvement. 3. Normative invisibility and erosion of constitutional rulings: The lack of a decree prevents the cartographic incorporation of Zone 6 into municipal regulations, eroding the effectiveness of the cited votes and violating the precautionary principle (vote No. 2011-014596, which integrates it as an environmental guiding principle: when there are serious risks, measures are not postponed). The Inter-American Court in OC-23/17 (paragraphs 141-142) emphasizes that States must regulate and supervise risky activities to prevent significant damage, including exhaustive environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental, EIAs). AyA does not deny that this omission allows earthworks (movimientos de tierra) and urban developments in a karstic aquifer with an annual recharge of 5,187,701 m³, with a precarious balance (extraction of 5,171,904 m³/year), where sinkholes facilitate irreversible contamination. 4. Flexibility in Agreement No. 2011-112: This agreement (session of May 2, 2011, modifying 2007-177) introduces uniform thresholds of 20% impermeabilization, authorizes earthworks (movimientos de tierra) with “simple studies,” and permits housing for vegetative growth without density parameters or impermeabilization cartography. This directly contravenes the SENARA Matrix, which in areas of extreme vulnerability prohibits any significant impermeabilization, urban developments, and earthworks (movimientos de tierra), demanding zero tolerance to preserve natural infiltration. Vote No. 2008-004790 classifies such relaxations as a prohibited regression. The Inter-American Court, in the case of the Indigenous People Kuna of Madungandí and Emberá of Bayano v. Panama (judgment of October 14, 2014, paragraphs 123-130), applies the principle of non-regression, derived from the progressivity of economic, social, and cultural rights (Article 26 ACHR), prohibiting regressions in environmental standards without exceptional justification. Here, Agreement 2011-112 generates legal uncertainty and increases risks of irreversible contamination, harming the rights of present and future generations. 5. Contradiction with environmental principles: The contradiction between what is permitted by AyA and what is prohibited by Nombre99516 violates Article 50 of the Constitution (the State's duty to guarantee a healthy environment for current and future generations) and the precautionary principle (vote No. 2011-014596: not to use uncertainty as an excuse for inaction). The Inter-American Court in OC-23/17 (paragraphs 123-125) requires preventive measures proportional to the risk, prioritizing prevention over restoration. Additionally, it violates the principle of environmental progressivity and non-regression, deriving from Articles 11 and 50 of the Constitution and international treaties (e.g., Protocol of San Salvador, Article 11). This Court has developed this principle in votes such as No. 2015-05616 of April 22, 2015, prohibiting regressions in environmental safeguards. Nombre99516 incurs a violation by tolerating this flexibility without demanding the decree, contravening the principle of environmental coordination (Organic Law of the Environment, Article 60). 6. Direct injury to human rights: The Moín aquifer, karstic and vulnerable, supplies Limón; each permit granted irreversibly compromises the resource, violating the right to a dignified life (Article 4 ACHR) and to integrity (Article 5 ACHR), as established by the Inter-American Court in the case of the Community of La Oroya v. Peru (judgment of November 27, 2023, paragraphs 148-150), which links environmental contamination to state responsibility for omissions. III. Critique of AyA's Response and its Reference to Another Report The reference to report UEN-GA-2025-03234 does not substitute a specific response; this Court has rejected such practices in votes such as No. 2017-06340 of May 5, 2017, demanding autonomous justification. AyA does not prove that said report addresses the unique facts of this appeal, such as the omission of the decree for Zone 6. Its “actions in compliance with its purposes” are insufficient given evidence of omission and flexibility. The evidence provided (certification of authority and the report) does not refute the allegations; I request its dismissal for irrelevance. IV. Petition Based on the foregoing, I request this Honorable Constitutional Court: 1. To grant the amparo appeal in its entirety against AyA and SENARA. 2. To order AyA to immediately manage before the Executive Branch the issuance and publication of the protection decree for Zone 6 of the Moín aquifer, incorporating it into regulatory plans. 3. To annul the relaxing provisions of Agreement No. 2011-112 that contravene the SENARA Matrix. 4. To order the suspension of permits in Zone 6 until the decree is published, applying the precautionary principle. 5. To order AyA to pay costs, damages, and losses, in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (…)”.

14.- By filing submitted to the Court on October 20, 2025, Nombre35146 files a request for joinder, under the following terms: “(…) My intervention seeks to reinforce the arguments presented by the petitioner, incorporating extensive jurisprudence from this Constitutional Court and from the Inter-American Court of Human Rights, in order to demonstrate the systematic violation of constitutional and conventional principles in environmental and human rights matters. As a citizen indirectly affected by the potential degradation of the Nombre52121 aquifer —a water resource of vital importance for present and future generations in the province of Limón—, I rely on the diffuse interest recognized by this Court in multiple resolutions, such as Vote No. 2008-004790 and Vote No. 2011-014596, cited by the petitioner, to assist in this case of collective significance. I. CONSTITUTIONAL AND CONVENTIONAL FOUNDATIONS OF THE RIGHT TO WATER AND A HEALTHY ENVIRONMENT The human right to potable water and to a healthy and ecologically balanced environment constitutes a fundamental pillar of the Costa Rican legal system, elevated to constitutional rank by Article 50 of the Political Constitution, which imposes on the State the duty to guarantee a healthy environment for all inhabitants, including future generations. This Court has consistently interpreted this right as an autonomous fundamental right, derived from the rights to life, health, and human dignity (Articles 21, 28, and 33 of the Constitution). In Vote No. 17397-2019, this Court emphasized that the right to water and a healthy environment must be interpreted interdependently, recognizing that any state omission that compromises the quality or availability of water resources directly violates these rights. At the inter-American level, the Inter-American Court has developed solid jurisprudence on this matter. In Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, the Court recognized the right to a healthy environment as an autonomous right derived from Article 26 of the American Convention on Human Rights (Pact of San José), with individual and collective dimensions that obligate States to prevent significant environmental damage. More recently, in Advisory Opinion OC-32/25 of May 29, 2025, the Court extended this right to a “healthy climate” and to “clean air and water,” underscoring the state obligation to adopt preventive measures against the degradation of water resources such as aquifers. In the case of the Community of La Oroya v. Peru (Judgment of November 27, 2023), the Court held the State responsible for violations of the right to a healthy environment due to omissions in the regulation of contaminating activities, emphasizing responsibility for lack of diligence in protecting vital resources like water. These precedents obligate Costa Rica, as a State party to the American Convention, to incorporate the block of constitutionality (Article 7 of the Political Constitution), integrating the interpretations of the Inter-American Court into its internal jurisprudence. This Court has complied with this mandate in votes such as No. 2011-014596, where it ratified the SENARA Land Use Criteria Matrix as an obligatory parameter to protect vulnerable aquifers. II. VIOLATION OF THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE DUE TO OMISSION IN THE PUBLICATION OF THE PROTECTION DECREE Concurring with the petitioner, the AyA's omission in managing and publishing the decree for the protection of Zone 6 of the Nombre52121 aquifer —ordered by its own Board of Directors Agreement No. 2007-177— constitutes a flagrant violation of the precautionary principle. This Court has defined this principle in Vote No. 2011-014596 as the obligation to adopt effective measures in the face of serious or irreversible risks to the environment, even in the absence of absolute scientific certainty. In Vote No. 2008-004790, the SENARA Matrix was elevated to a binding instrument, prohibiting high-density urban developments and earthworks (movimientos de tierra) in absolute recharge zones without exhaustive evaluations. The Inter-American Court has reinforced this principle in Advisory Opinion OC-23/17, establishing that States must assess environmental impacts preventively and mitigate risks to human rights, including access to water. In the case of Nombre52127 v.

Honduras (Judgment of April 3, 2009), the Court emphasized that the lack of adequate environmental regulation violates the right to life and a healthy environment when there is a risk of irreversible damage. The “regulatory invisibilization” (invisibilización normativa) denounced by the petitioner—by not incorporating cartographic delimitation into regulatory plans—erodes this principle, allowing activities that compromise the karstic aquifer of Moín, whose regeneration is slow and irreversible, violating Articles 11 and 50 of the Constitution. III. ENVIRONMENTAL BACKSLIDING PROHIBITED BY THE PRINCIPLE OF PROGRESSIVITY AND NON-REGRESSION The AyA Board of Directors Agreements No. 2011-112, which relax protection standards (such as impermeabilization thresholds at 20% and authorizations for earthworks (movimientos de tierra) with simplified studies), represent a prohibited environmental backsliding. This Chamber expressly recognized the principle of non-regression in environmental matters in Ruling No. 2010-XXXX (a jurisprudential line begun in 2010), derived from Articles 11 and 50 of the Constitution, which requires that protection standards only improve or be maintained, but never regress. In Ruling No. 3705-93, this Chamber integrated environmental law as part of Constitutional Law, recognizing its inherent progressivity. The Inter-American Court has extracted this principle from third-generation rights, such as the right to a healthy environment, in interpretations like that of the Pact of San José and the Protocol of San Salvador. In Advisory Opinion OC-32/25, it is emphasized that any measure that reduces environmental protections violates non-regressivity, obligating States to avoid irreversible damage to resources such as water. In the case of the Maya Kakchiquel Indigenous Peoples of Sumpango vs. Guatemala (Judgment of October 6, 2022), the Court condemned omissions that allowed environmental degradation, invoking progressivity in collective rights. These contradictions between AyA and Nombre99516 generate legal uncertainty and harm the rights of future generations, contravening the principle of environmental progressivity ratified by this Chamber in rulings such as No. 2011-014596. IV. FAILURE TO COMPLY WITH THE PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL COORDINATION BY Nombre99516 has violated the principle of environmental coordination by tolerating the relaxation of the Matrix without requiring publication of the decree. This Chamber has interpreted this principle in Ruling No. 17397-2019 as an inter-institutional obligation to guarantee the effectiveness of protective measures. The Inter-American Court, in the Judgment of the La Oroya case, underscored that the lack of state coordination in environmental matters violates the duty of diligence, affecting access to information and public participation (Articles 13 and 23 of the American Convention). This inactivity reinforces the regulatory invisibilization (invisibilización normativa) and contravenes Article 50 of the Constitution (…)”.

15.- By a brief submitted to the Chamber on October 22, 2025, Osvaldo Quirós Arias, in his capacity as General Manager of the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA), renders a report and expressly states the following: “(…) i. Nombre99516 HAS COMPLIED WITH THE OBLIGATIONS ASSIGNED BY LAW 6877 Nombre99516, through the Directorate of Water Research and Management (Dirección de Investigación y Gestión Hídrica), in the exercise of its powers, has acted in relation to the application of vulnerability matrices, carrying out the following actions: Likewise, the Constitutional Chamber has established the need and convenience of establishing and applying technical instruments such as hydrogeological cartography and maps, and matrices for the protection of water resources according to vulnerability to contamination. In this regard, said Constitutional Court has indicated: “In summary, the Chamber refers to the issuance of documents such as hydrogeological maps—on which the surface under which an aquifer sits is traced or demarcated—and land-use matrices according to the vulnerability of aquifers to contamination—which establish a specific regime for the use or affectation of land in relation to groundwater—, whose protection perimeters are of mandatory compliance and must be reflected in the regulatory plans on land use and territorial planning (v. gr. zoning or construction regulations) by municipal corporations or the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU), given their residual competence in urban planning matters in the absence of local regulatory plans.” (Constitutional Chamber. Ruling No. 2012-08892 at sixteen hours and three minutes of June twenty-seventh, two thousand twelve.). Regarding the application of MATRICES, a Recurso de Amparo is filed and admitted due to problems with water access. Huacas-Tamarindo aquifer (Las Baulas). The "Land Use Criteria Matrix According to the Vulnerability to Contamination of Aquifers for the Protection of Water Resources in the Poás Canton" is of mandatory application in all cantons or zones where vulnerability maps approved or prepared by Nombre99516 exist and, in any case, must serve as a technical guide and orientation for the elaboration of land-use policies, while such cantons or zones do not have their own matrix prepared by Nombre99516 with the participation of the other institutions that prepared the matrix, and that guarantees the same or a higher level of protection of the water resource. The wording of the Recurso indicated supra is as follows: “The amparo is partially granted. Consequently, Gloria Abraham Peralta and Bernal Soto Zúñiga, in their order President and General Manager of SENARA, or those occupying those positions, are ordered to immediately inform Vianney Saborío Hernández, or whoever represents Simen Mountain Business in her stead, as well as the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) and all municipalities, that the "Land use criteria matrix according to the vulnerability to contamination of aquifers for the protection of the water resource in the Poás canton" is of mandatory application in all cantons or zones where vulnerability maps approved or prepared by Nombre99516 exist and, in any case, must serve as a technical guide and orientation for the elaboration of land-use policies, while such cantons or zones do not have their own matrix prepared by Nombre99516 with the participation of the other institutions that prepared the matrix, and that guarantees the same or a higher level of protection of the water resource.” (Expediente: 09-011327-0007-CO Ruling: 008892-2012, June 27, 2012 at 16:03 hours). Regarding the matrices: 1. The "Land Use Criteria Matrix According to the Vulnerability to Contamination of Aquifers for the Protection of Water Resources in the Poás Canton", was approved by agreement of the SENARA Board of Directors, agreement 3303 of October 02, 2006, this matrix was designed specifically for the Canton of Poás, and the municipality, INVU, SENARA, Nombre4099, and others participated in its preparation. 2. It was not until June 27, 2012, when the Constitutional Chamber, through Ruling: 008892-2012, indicated mandatory application in all cantons or zones where vulnerability maps approved or prepared by Nombre99516 exist and, in any case, it must serve as a technical guide and orientation for the elaboration of land-use policies at the municipal level. 3. The agreements on the zoning of the Nombre52121 Aquifer and Zone 6 were taken by the Board of Directors of Nombre4099 and were published in Gazette No. 83 ---May 2, 2007 and Gazette No. 83 ---May 2, 2011. Compliance with the Duty of SENARA: 4. In 2014, by Executive Decree: 38449-MINAE-MAG, the Inter-Institutional Technical Commission for Aquifer Management was created, composed of: a. Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy (DA/MINAE), which will coordinate b. Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AyA). c. National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (SENARA). 5. The purpose of said commission, according to Article 3 of the decree, is to integrate and enhance efforts so that resources are allocated in each institutional budget to invest in groundwater management, particularly in monitoring and studies carried out by the institutions that make up the commission or by third parties. It must also reach consensus and agree on conditions for subsoil drilling and sustainable use of water and aquifer systems. 6. By Decree 42929-MINAE-MAG of 2021, the commission’s regulations are modified, and it is renamed the Inter-Institutional Technical Commission for Groundwater Management. A new purpose is established, that the commission be the technical body for institutional coordination in the matter of aquifer and groundwater management, that is, its functions were redefined, emphasizing groundwater. 7. The object of this regulation is to define and regulate the scope of the commission's management and agreements in relation to aquifer and groundwater management, establishing as an obligation that the decisions taken must be made under the norms of science and technique. 8. Nombre99516, as a member of this commission, has carried out studies in different aquifers of the country, according to studies that have been contributed in other amparo appeals, including amparo: 25-028736-0007-CO related to this same Moín sector. 9. From all the above, it is concluded that Nombre99516 has indeed complied with its duty of environmental coordination. 10. We consider, however, pointing out the following legal aspects that cannot be overlooked: a. Acueductos y Alcantarillados is an autonomous institution created by Law 2726 and is an autonomous institution of the State. b. Nombre99516 is an autonomous institution, created by Law 6877. c. Both institutions have the same legal rank. d. Nombre99516 is not the superior or governing body of AyA, and therefore is not legitimated to direct the specific policies of AyA. e. The duty of Nombre99516 is the protection of Aquifer Resources according to its constitutive Law, a duty reiterated by the Constitutional Chamber. f. AyA is a member of the Inter-Institutional Commission. IV. CONCLUSION From the foregoing, it is concluded that: The agreements on the publication of the zoning of the Nombre52121 Aquifer by Nombre4099 were published before the application of the Land Use Criteria Matrix According to the Vulnerability to Contamination of Aquifers for the Protection of Water Resources in the Poás Canton, as established by Ruling: 008892-2012 (Las Baulas), where it was indicated that the application of the Poás matrix is mandatory in all cantons or zones where vulnerability maps approved or prepared by Nombre99516 exist and, in any case, must serve as a technical guide and orientation for the elaboration of land-use policies at the municipal level. It is important that the zoning carried out by Nombre4099 be incorporated into the REGULATORY PLAN of the Limón Canton, along with its different land-use recommendations, with the objective of protecting underground resources from potential sources of contamination. Regarding the ABSOLUTE PROTECTION ZONE (Zone 6), defined by AyA, changes in land use should not be permitted, nor should depositing any contaminating substance that could alter the quality of the groundwater used for public water supply. The analysis of existing sources or threats in an aquifer classified as calcareous and of extreme vulnerability is also recommended (…)”.

16.- By a brief submitted to the Chamber on October 27, 2025, Nombre35146 refers to the report rendered by Nombre99516 and expressly states the following: “(…) The report submitted by SENARA, far from refuting the petitioner's arguments, confirms the admissibility of the recurso de amparo by expressly recognizing the existence of an Absolute Protection Zone (Zona 6) in the Moín aquifer, classified as calcareous and of extreme vulnerability, where land-use changes (cambios de uso del suelo) or activities involving the deposit of contaminating substances that may alter the quality of the groundwater intended for public supply should not be permitted. This statement, contained on page 6 of the SENARA report, evidences a serious omission by the respondent authorities in the effective implementation of the protection measures required by national and international regulations, which constitutes a violation of the principle of environmental non-regression, the precautionary principle, and the preventive principle, to the detriment of the fundamental right to a healthy environment. Below, the technical and legal arguments supporting this reply are set forth: 1. Violation of Article 50 of the Political Constitution Article 50 of the Political Constitution of Costa Rica establishes the right of every person to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, as well as the duty of the State to guarantee it. This right has been extensively developed by the jurisprudence of this Constitutional Chamber, which has recognized its fundamental nature and its link to the right to health and life (v. gr., Ruling 2009-013773). The Nombre99516 report acknowledges that the Moín aquifer, in its Dirección2942, is an Absolute Protection Zone where activities that alter the quality of the groundwater should not be permitted. However, the petitioner has pointed out, and the report does not deny, that there are occupations incompatible with the protection purposes of this zone, as well as administrative decisions that relax land-use restrictions without proper technical justification. These actions directly contravene the constitutional mandate of Article 50, by allowing activities that threaten an essential water resource for public supply. 2. Violation of the Principle of Environmental Non-Regression The principle of environmental non-regression, recognized in international law and in Costa Rican jurisprudence (v. gr., Ruling 2012-008892), prohibits the adoption of measures that reduce previously established levels of environmental protection. The Nombre99516 report admits that the Land Use Criteria Matrix According to the Vulnerability to Contamination of Aquifers is of mandatory application in areas with approved vulnerability maps, as is the case of the Moín aquifer. However, the failure to incorporate the restrictions of Dirección2942 into the regulatory plans of the Limón Canton, as well as the tolerance of incompatible activities, constitutes a backsliding in the protection of the water resource, violating this principle. 3. Failure to Comply with the Precautionary and Preventive Principle The precautionary principle, enshrined in Article 15 of the 1992 Rio Declaration and in the Biodiversity Law No. 7788, obliges authorities to adopt protective measures in the face of significant environmental risks, even in the absence of absolute scientific certainty. The preventive principle, for its part, requires acting to avoid foreseeable environmental damage. Nombre99516 acknowledges in its report that the Nombre52121 aquifer is of extreme vulnerability and that activities that alter water quality should not be permitted. However, the omission of the authorities in supervising and regulating occupations in Zone 6, as well as the lack of a specific decree reinforcing its protection, demonstrates a failure to comply with both principles. This inactivity exposes the aquifer to contaminating threats, violating the fundamental rights of the petitioner and the community of Limón. 4. Support in International Conventions The right to a healthy environment is protected by international human rights instruments binding on Costa Rica, such as the American Convention on Human Rights (Article 11, interpreted in light of the right to life and health) and the Protocol of San Salvador (Article 11). Likewise, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Article 12) recognizes the right to health, which includes access to potable water. The Inter-American Court of Human Rights has indicated that States have the obligation to guarantee access to potable water as part of the right to life and health (Case of the Indigenous Communities of the Xingu River Basin, 2011). The inactivity of Nombre99516 and AyA in the effective protection of the Moín aquifer, allowing incompatible occupations in a zone of extreme vulnerability, constitutes a violation of these international obligations. 5. Jurisprudence of the Constitutional Chamber The Constitutional Chamber has reiterated the importance of protecting water resources through technical instruments such as hydrogeological maps and vulnerability matrices (Ruling 2012-008892). In said precedent, it was established that the Poás Matrix is of mandatory application in areas with vulnerability maps approved by SENARA, as is the case of the Moín aquifer. The Nombre99516 report does not refute the omission of incorporating these restrictions into the regulatory plan of the Limón Canton, which reinforces the unconstitutionality of the denounced actions. Likewise, in Ruling 2009-013773, this Chamber ordered immediate measures to protect vulnerable aquifers from contaminating activities, reaffirming the State's duty to act with diligence. The tolerance of incompatible occupations in Zone 6 of the Nombre52121 aquifer contradicts these precedents and perpetuates the violation of fundamental rights. 6. Ratification of the Admissibility of the Recurso The SENARA report, by recognizing the need to protect Zone 6 and the extreme vulnerability of the aquifer, confirms the petitioner's arguments regarding the inactivity of the authorities in implementing effective measures. The lack of inter-institutional coordination between Nombre99516 and AyA, the omission of incorporating Zone 6 restrictions into the regulatory plan, and the tolerance of activities incompatible with the protection of the aquifer constitute a clear violation of the fundamental rights protected by Article 50 of the Political Constitution. II. Petition Based on the foregoing, I respectfully request this honorable Constitutional Chamber: 1. To grant the recurso de amparo filed by petitioner Nombre45265, with my coadjuvancy, against Nombre99516 and AyA, for the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment enshrined in Article 50 of the Political Constitution. 2. To order Nombre99516 and AyA to immediately adopt measures to guarantee the protection of the Absolute Protection Zone (Zona 6) of the Moín aquifer, including the incorporation of land-use restrictions into the regulatory plan of the Limón Canton and the supervision of incompatible activities. 3. To order the issuance of an executive decree reinforcing the protection of the Moín aquifer, in accordance with the vulnerability matrices approved by Nombre99516 and the principles of non-regression, precautionary, and preventive. 4. To accumulate the present recurso to expediente 25-028736-0007-CO, as requested by Nombre99516, to unify the analysis of the violations reported in relation to the Moín aquifer. 5. Any other measure that this Chamber deems necessary to guarantee the fulfillment of the violated fundamental rights (…)”.

17.- By a brief submitted to the Chamber on October 27, 2025, Nombre35146, makes an amplification of the reply to the Nombre99516 report, in the following terms: “(…) I. PURPOSE OF THE AMPLIFICATION OF REPLY The report submitted by Nombre99516, particularly the section related to the Absolute Protection Zone (Zona 6) of the Moín Aquifer, ratifies the admissibility of the recurso de amparo filed. Said report expressly states that: Organic Law of Nombre99516 (Law No. 6877) Law No. 6877 assigns Nombre99516 the responsibility of protecting aquifer resources, including the preparation and application of vulnerability matrices and hydrogeological maps. The Nombre99516 report confirms that Zone 6 is intended for absolute protection, which implies the prohibition of activities that alter the water resource. Inaction in the face of current occupations constitutes a failure to comply with this regulation. This statement demonstrates the existence of occupations and land uses incompatible with the declaration of Zone 6, which constitutes a violation of Article 50 of the Political Constitution, which enshrines the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the principles of non-regression, precautionary, and preventive in environmental matters. Therefore, I request that this Chamber, in its capacity as guarantor of constitutional supremacy, order the expropriation of the lands occupied in an incompatible manner in Zone 6, in accordance with applicable regulations, to guarantee the protection of the water resource and compliance with constitutional and international obligations (…) III. JUSTIFICATION FOR EXPROPRIATION The expropriation of the lands occupied in the Absolute Protection Zone is based on: 1. Superior public interest: The protection of the Moín Aquifer, essential for the supply of potable water, constitutes a public interest that prevails over the right of private property, in accordance with Article 45 of the Political Constitution and the Expropriations Law (Ley No. 7495). 2. Incompatibility of occupations: The Nombre99516 report confirms that the current activities in Zone 6 are incompatible with its declaration of absolute protection, and with the risk of contamination of groundwater. 3. State obligation: The State must guarantee compliance with the land-use restrictions established by AyA and SENARA, which includes the removal of illegal or incompatible occupations through expropriation, if necessary. 4. Jurisprudential precedent: The Constitutional Chamber has ordered drastic measures, such as the demolition of constructions in protected areas (Ruling No. 2008-013258), which supports expropriation as a measure to protect the environment. IV. SPECIFIC PETITION Based on the foregoing, I respectfully request this honorable Constitutional Chamber: 1. To grant the recurso de amparo filed by petitioner Nombre45265, as the violation of Article 50 of the Political Constitution and the principles of non-regression, precautionary, and preventive has been verified. 2. To order the expropriation of the lands occupied in an incompatible manner in the Absolute Protection Zone (Zona 6) of the Moín Aquifer, in accordance with the Expropriations Law (Ley No. 7495), to guarantee the protection of the water resource and compliance with constitutional and international obligations. 3. To order Nombre99516 and AyA to immediately implement the necessary measures to incorporate the Zone 6 restrictions into the Regulatory Plan of the Limón Canton, as well as to carry out the analysis of contaminating sources or threats, as recommended in the SENARA report. 4. To accumulate the present recurso to expediente 25-028736-0007-CO, as they are related matters concerning the Moín Aquifer.”.

18.- By Judgment No. 2025-35761 of 09:30 hrs. on October 31, 2025, the Chamber ordered the accumulation to the present matter of expediente No. 25-029204-0007-CO, which refers to a recurso de amparo filed by Nombre45265, in the following terms: “(…) SOLE. – Having reviewed the filing brief of the present recurso, the Chamber observes that there is an evident connection in relation to the process processed under expediente No. 25-028736-0007-CO and the present one, namely, the violation of Articles 11 and 50 of the Political Constitution, due to the contradictions between the Board of Directors Agreements of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), the Land Use Criteria Matrix of the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (SENARA), and the zoning of the Limón Regulatory Plan, in relation to the protection of Zone 6 of the Moín aquifer, as well as the omission of said authorities in the issuance and publication of the protection decree for Zone 6 of the Moín aquifer. Consequently, in order to avoid contradictory resolutions, it is ordered to accumulate this matter to the aforementioned one, where the corresponding legal decision will be made (…)”.

19.- By a brief submitted to the Chamber on November 3, 2025, petitioner Nombre45265 refers to the reports rendered by ICAA and by SENARA, in the following terms: “(…) 1. STATEMENT OF THE RECURSO DE AMPARO Since 1980, through AyA Agreement No. 80-121, the springs (nacientes) and recharge areas of the Nombre52121 aquifer had been formally declared as absolute protection areas, prohibiting any activity that represented a risk for the human supply of potable water. That protection was subsequently ratified and technically strengthened by Nombre99516's Land Use Criteria Matrix (2006), which—as declared by the Constitutional Chamber in rulings 2008-004790 and 2011-014596—is of mandatory compliance and classifies zones of extreme vulnerability, such as Zone 6 of the Nombre52121 aquifer, as ABSOLUTE PROTECTION areas, prohibiting urbanizations, subdivisions (fraccionamientos), significant impermeabilization, and earthworks (movimientos de tierra). It is important to highlight that AyA Agreement JD-2007-177, issued one year after the SENARA matrix, does NOT create a new category, but rather integrally adopts and publicly officializes the same technical parameters of SENARA, confirming again that Zone 6 constitutes a hydrogeological scenario of maximum fragility against contamination, in which NO human intervention with potential risk to water quality or quantity is permitted. Both Nombre99516 (2006) and AyA (2007) in their technical and scientific criteria coincide that Zone 6 constitutes a priority water recharge area vital for human supply, whose condition demands a regime of total prohibition (not merely restrictive), which legally places it at the highest level of environmental protection existing in the Costa Rican legal system. AyA itself, through its Board of Directors Agreement JD-2007-177, applied said Matrix textually and explicitly, declaring Zone 6 as an absolute protection zone due to its vulnerability to contamination, and in its Sixth Por Tanto literally ordered: “The Executive Branch will be requested to promulgate a decree with a view to the protection of the Moín sources...”. With this, AyA ratifies the absolute protection of the aquifer recharge area of Nombre52121, thus recognized by AyA itself since 1980, but it did not fulfill its duty to publish the Decree with the delimitation and coordinates of that absolute protection area. However, said mandate was never executed and since 2007, AyA failed to comply with its obligation to manage and publish the decree, causing a regulatory invisibilization (invisibilización normativa) that allowed other institutions to continue processing subdivisions (fraccionamientos), permits, and urbanizations in an area that legally should have remained untouchable since that same year. In that context, the Constitutional Chamber resolved multiple amparo appeals between 2008 and 2011, ordering AyA to immediately initiate the expropriation and compensation procedure in favor of the affected owners, having verified a total emptying of the right of property, due to the environmental limitations imposed in the protection of the Nombre52121 aquifer derived as a consequence of the application of the Board of Directors Agreement JD-2007-177: This is expressly established by ruling 012043-2008, whose “Por Tanto” orders the following: “Nombre52128., or whoever in his stead exercises the position of Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, is ordered to initiate, as soon as possible, the expropriation procedures... so that the amparo-granted company is compensated for what corresponds for that reason.” This order was reiterated and reinforced subsequently, even under criminal warning for the head of AyA for contempt. Faced with those firm expropriation orders, AyA itself confessed to this Chamber its inability to comply for purely budgetary reasons, which is demonstrated in expediente 10-007810-0007-CO, Res. No. 2013013635, where it literally stated: “what is ordered in this regard is impossible to comply with, given that the Institute lacks the necessary resources to initiate the ordered expropriation procedure...”. That is, AyA did not deny or question the absolute protection, but openly recognized that the obstacle was economic. The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) has expressly acknowledged, before this Chamber, that it has refused to comply with the previous expropriation orders for Dirección2942—not due to the non-existence of risk or any technical change—but exclusively for budgetary reasons. It admitted this textually in Resolution No.

2013-013635, issued by the Constitutional Chamber at fourteen hours thirty minutes on October fifteen, two thousand thirteen, within case file 10-007810-0007-CO, by stating that it was: “impossible to comply, given that the Institute lacks the necessary resources to initiate the ordered expropriation procedure…” This statement constitutes direct, confessional, and indubitable proof that the alleged obstacle is neither technical nor scientific, but purely economic, which is incompatible with Article 50 of the Political Constitution and with the principle of constitutional supremacy, which prevents the protection of a fundamental right from being subordinated to budgetary criteria. Added to this is an even more serious fact: AyA itself has affirmed that the original absolute protection regime adopted in Agreement JD-2007-177 was deliberately “modified” by Agreement JD-2011-112, in order to transform the Zone2942 into a “high vulnerability” scenario and allow certain conditioned activities. It so maintains in its response submitted in case file 10-007700-0007-CO, stating that said agreement “modifies Agreement 2007-177 (...) already permitting a large number of activities (...) which renders the obligation to indemnify and expropriate insubsistent.” This statement constitutes a formal acknowledgment, coming from the public entity itself, that the change introduced in 2011 did not respond to a technical advancement or new scientific evidence, but rather to the deliberate purpose of eliminating the expropriatory consequence previously ordered by this Chamber, in a clear regression of a constitutional standard already consolidated. The manner in which said agreement was adopted —without updated technical support, without a rigorous hydrogeological study, and without any inter-institutional consultation— directly violated the right of present and future generations to a healthy environment and to secure access to drinking water, contradicting the principle of non-regression in environmental matters and the precautionary principle, both repeatedly reaffirmed by this Chamber. In accordance with these principles, the State is prohibited from weakening a previously consolidated category of protection, even less so when the motivation driving the regression is merely financial or of administrative convenience, and not the objective preservation of the superior public interest. From this perspective, Agreement JD-2011-112 not only lacks technical support, but is manifestly unconstitutional for arbitrarily reducing the level of protection of Zone 6, substituting an absolute protection regime ordered to safeguard human water supply with a permissive regulation designed exclusively to evade a previously firm constitutional obligation to expropriate and indemnify. AyA, in open contradiction with the firm mandates of this Chamber, chose to evade its constitutional obligation to expropriate and transfer the properties of Zone 6 —as an absolute protection area— to the public domain, and instead issued Agreement JD-2011-112, the purpose of which was not technical but openly regressive: to deliberately lower the previously existing absolute protection category, in order to allow a land-use change (cambio de uso del suelo) on said properties, opening space for human interventions that were previously prohibited in an express and unconditional manner. This normative shift, adopted without new scientific support, not only distorts the obligation to expropriate previously imposed by this Chamber, but constitutes a direct injury to the constitutional model of intergenerational safeguarding of water resources, by replacing a regime of absolute prohibition with a merely “conditioned” one, structured to evade the expropriatory consequence previously ordered. In an attempt to legitimize said regression, AyA falsely argues that Agreement JD-2011-112 constitutes a simple “update” or “adjustment” of the Matrix52121 2006. However, it deliberately omits to inform the Chamber that this same Matrix —whose application is of mandatory observation according to this Chamber— categorically establishes that in zones of EXTREME VULNERABILITY such as Zone 6, there is no margin of permitted impermeabilization whatsoever, nor space for discretionary case-by-case evaluations, but rather a regime of TOTAL PROHIBITION WITHOUT EXCEPTIONS. To try to derive a conditional or percentage-based permit (such as the artificial 20% introduced in 2011) from the Matrix52121 standard therefore constitutes a technical distortion incompatible with the hydrogeological reality of the Aquifer52121 and with the binding jurisprudence of this Chamber itself. AyA did not present new technical evidence that would justify altering the environmental category, but instead implemented a purely economic decision to avoid the constitutional obligation to expropriate. This constitutes a manifest and inadmissible environmental regression, prohibited by the reiterated jurisprudence of this Chamber and contrary to the constitutional principles of precaution, intergenerational equity, supremacy of the right to water, and prohibition on weakening consolidated environmental norms. In light of the foregoing, restoring the original absolute protection regime is not only legally obligatory, but it also opens an immediate path for the State to execute either the administrative eviction of illegal occupations —these being material invasions in a water protection zone— or compensated expropriation where appropriate. In either scenario, the current force of Agreement 2011-112 produces direct, continuous, and constitutionally intolerable harm that this Chamber must urgently correct. l. POSITION OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA) IN THE AMPARO RESPONSE AyA, in its report rendered before this Chamber, maintains that it has committed no violation whatsoever, affirming that it has acted “in accordance with the current legal and technical framework” and noting that, in its view, the claims of the amparo action are based on a “subjective interpretation” of its obligations. In the first place, AyA denies having failed to comply with Agreement JD-2007-177, indicating that the mandate of said agreement would have been satisfied by means of the official communication of the delimitation of Zone 6 to the Executive Branch, minimizing —in a relevant manner— the fact that this communication never resulted in the publication of the official decree, an indispensable requirement for endowing said declaration with general normative effect. However, AyA attempts to hold that the absence of the decree does not represent a failure to comply attributable to the institution, but rather a matter alien to its competence. Subsequently, in a change of focus, AyA claims that Zone 6 is not, in reality, of extreme vulnerability, but rather of “high vulnerability,” affirming that its “own technical study from 2007” would have so determined —despite the fact that that same agreement officially adopted de facto the provisions of the Matrix52121 2006 and declared Zone 6 as one of absolute protection, without a margin for interpretation. Based on that unilateral reinterpretation, which lacks technical support, AyA attempts to justify that the application of an alleged 20% impermeabilization threshold does not constitute a prohibited flexibilization, but rather a “technical parameter derived from the Matrix,” holding that said figure does not imply automatic authorization, but only conditions the analysis of possible interventions on case-by-case studies. Contrary to AyA's opinion, Agreement JD-2011-112 does directly injure the absolute protection category decreed by AyA’s Board of Directors since 1980 (Agreement JD-80-121) and ratified in Agreement JD-2007-177, by introducing a discretionary criterion incompatible with the total prohibition on urbanization and occupation established for zones of extreme vulnerability and direct recharge of the Moín aquifer. This action constitutes an unconstitutional environmental regression, contrary to the principle of non-regression and the duty of reinforced protection of the human right to water enshrined in Article 50 of the Political Constitution. AyA's thesis is legally unsustainable: Agreement 2011-112 is not backed by any new technical or scientific study, and therefore cannot validly reclassify Zone 6 as one of “high vulnerability,” especially when the Hydrogeological and Vulnerability Study of the Aquifer52121 prepared by hydrogeologist Viviana Ramos (AyA, 2007) —which the Institute itself made official through Agreement JD-2007-177— expressly classifies it as an ABSOLUTE PROTECTION ZONE, in total identity with Matrix52121 2006, also declared of mandatory observation by the Constitutional Chamber. That is to say, both Matrix52121 and AyA itself coincided technically and scientifically that Zone 6 corresponds to EXTREME VULNERABILITY and, therefore, to a legal regime of TOTAL PROHIBITION OF INTERVENTION, not of conditional flexibilization as the challenged 2011 agreement wrongly attempts to introduce. Matrix52121 (2006) —of mandatory observation according to the Constitutional Chamber— expressly maintains the classification of EXTREME VULNERABILITY for said Zone 6, which entails a regime of ABSOLUTE PROTECTION, exactly the same as adopted by AyA through Agreement JD-2007-177. In other words, AyA falsifies the application of Matrix52121 in 2011, attempting to use it to justify a conditioned permit, when the matrix itself imposes a regime of absolute prohibition in Zone 6, not one of percentage-based flexibilization nor case-by-case analysis. Additionally, AyA argues that it is not obligated to request the publication of a specific decree for Zone 6, as it considers that its duty would have already been “superseded” by Executive Decree No. 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH, which establishes general inter-institutional coordination guidelines for water management, thus attempting to have a generic and non-cartographically delimited framework substitute the particularized normative force that the absolute protection of aquifer recharge demands. In sum, AyA's official line is based on three pillars: (a) that it has not omitted to process the decree, since it “communicated” the information even though it was not published; (b) that Zone 6 is not extreme vulnerability, but high —despite Matrix52121 and its own 2007 agreement—; and (c) that the general normative framework of 2020 substitutes the need for a specific decree, making the explicit protection foreseen since 2007 unnecessary. This position —formally presented as technical and administrative— implies in practice a reduction of the previously consolidated constitutional standard, by relativizing the category of Zone 6 and opening the way for operational margins that weaken the originally recognized absolute protection. lI. POSITION OF THE SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA) IN THE AMPARO RESPONSE SENARA, in the report rendered before this Chamber, adopts a materially distinct and substantively more rigorous position than that expressed by AyA. In the first place, it ratifies that the Land-Use Criteria Matrix (Matriz de Criterios de Uso del Suelo) —issued by said technical entity in 2006— was expressly declared of mandatory observation by this Constitutional Chamber, which includes the classification of Zone 6 of the Aquifer52121 as an area of EXTREME VULNERABILITY, a condition that is legally equivalent to absolute protection, with prohibition of urban developments, subdivisions (fraccionamientos), significant impermeabilization, and earthworks (movimientos de tierra). According to Matrix52121, it is fundamental to specify that the “20% impermeabilization” parameter is NOT applicable in zones of EXTREME VULNERABILITY, such as Zone 6, because in accordance with Matrix52121 itself (2006), said percentage can only operate as a technical reference in scenarios of HIGH or moderate vulnerability, never in areas classified as ABSOLUTE PROTECTION, where a regime of total prohibition of human intervention with potential risk to the aquifer prevails. In other words, the matrix admits no exception whatsoever for zones of extreme vulnerability, being completely incompatible with any attempt to introduce percentage-based margins of impermeabilization, even when these are presented as “case-by-case” evaluations. The report from Matrix52121 makes it clear that Zone 6 is hydrogeologically fragile, being a karstic system, where the infiltration of contaminants can occur in a rapid, direct, and irreversible manner, which imposes a maximum level of protection —as this Chamber has already recognized— under the standard of “zero tolerance” to risk. On this point, Matrix52121 does not validate any interpretation that allows for urban development or operational flexibilization, and expressly dissociates itself from any permissive or buffered use of the technical criteria that might be invoked to justify human developments in said zone. Likewise, Matrix52121 reaffirms its role as the supreme technical entity in matters of groundwater, which implies that its criteria are not merely consultative, but binding by constitutional and jurisprudential mandate, and that they cannot be unilaterally reinterpreted by other State institutions to reduce the level of protection originally established. In sum, Matrix52121 confirms that Zone 6 must legally remain under absolute protection, that any interpretation attempting to lower that standard constitutes a prohibited material regression, and that the constitutional order demands its preservation without permitting any activity that entails a significant or irreversible risk to the aquifer (…)”.

20.- In the substantiation of the process, the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Judge Araya García; and,

CONSIDERING:

I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellants essentially claim that:

a) Agreement No. 2011-112 of the Board of Directors of ICAA lacks technical support and established flexibilization “valves” in Zone 6 (of the Limón-Moín aquifer), incompatible with a regime of total and absolute protection previously established for said site.

b) ICAA has incurred omissions in the execution of Agreement No. 2011-112, as recent documentation confirms the absence of consolidated public information on the aquifer zones on its platforms and responses that refer to general emergency protocols and a regional control unit without historical functional traceability.

c) The Limón Regulatory Plan (Plan Regulador) did not expressly incorporate the cartographic delimitation of the cited Zone 6 as an area of absolute protection for groundwater, nor does it transfer to its regulations the prohibitions and material conditions of the Matrix52121 of 2006 (which allows the processing of tourism, residential uses, subdivisions (fraccionamientos), and earthworks (movimientos de tierra) through generic conditions).

d) ICAA omitted publishing a protection decree to formalize the boundaries of Zone 6, despite having so ordered in the sixth operative clause (por tanto) of Agreement No. 2007-177.

They affirm that such actions and omissions violate the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment, to drinking water, and to health.

II.- PROVEN FACTS. The following are deemed accredited as relevant for resolving this amparo appeal:

1) Zone 6 of Limón is the area where the Limón-Moín aquifer is located (see report).

2) The Board of Directors of ICAA, through Agreement No. 80-121 of session 80-028 of April 14, 1980, declared the springs (nacientes) of Moín-Limón a water protection zone, establishing the following prohibitions: “(...) The Drilling or Excavation of Wells, infiltration galleries, or any other water catchment works. Construction of Dwelling Houses, Industrial and Commercial Installations, Pigsties, Henhouses and Corrals in general, Septic Tanks, Cesspools, or Sanitary Systems that may affect subsurface waters. The removal or extraction of all types of materials. All agricultural activities. All cutting of forest vegetation. The use of plaguicides, pesticides, or poisonous substances for any purpose. Installation of garbage dumps, sanitary landfills, or waste disposal sites of any kind (...)” (Sistema Costarricense de Información Jurídica, link: https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70307&nValor3=84786&strTipM=TC).

3) Matrix52121 promulgated the so-called “Land-Use Criteria Matrix According to Aquifer Contamination Vulnerability for Water Resource Protection” (Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos Para la Protección del Recurso Hídrico), which was approved by the Board of Directors of that institution by Agreement No. 3303, in extraordinary session No. 239-06 of September 26, 2006. This matrix is a guiding input for carrying out, in a comprehensive environmental manner, land-use regulation and zoning processes in the national territory (see report).

4) Through Agreement No. 2007-177 of the Board of Directors of ICAA, published in Gazette No. 83 of Wednesday, May 2, 2007, the “Formalization of the Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín, Limón Aquifer and the Update of the Protection Zone DGAMB-2007-031” was issued, and the following was ordered in its operative clauses (por tanto):

"(..) SECOND: AGREEMENT 80-121 IS REVOKED WITH RESPECT TO ITS DELIMITATION ZONE AND LAND-USE REGULATION RECOMMENDATIONS, in accordance with the delimitation and location carried out by the Topography Departments of the Directorate of Studies and Projects, the Huetar Atlántica Regional Directorate, the Environmental Management Directorate, and report DGAmb-2007-031, it is recommended to apply the topographical location of the ABSOLUTE PROTECTION ZONE, cataloged as Zone 6, in the resolution of any request for a permit, license, or authorization submitted by the Administered Party, as follows: Starting from pt. 1 with coord. N=221517 and E=639446 at the crossing of the old road to Limón Route #240 (along the coast) and the west entrance to the Cangrejos Urbanization, continue approx. 106m south along the Urbanization street to pt. 2 with coord. N=221414, E=639471, turn southwest approx. 77m to pt. 3 with coord. N=221367 and E=639410, continue east approx. 316m to the intersection with the road to Pacuare, pt. 4 with coord. N=221297, E=639682, then continue south approx. 1.4 km along this road to pt. 5, the start of the Urbanization of the same name with coord. N=220474 and E=640380, continuing south-southwest approx. 170m to pt. 6 with coord. N=220318 and E=640302, then heading southeast approx. 38m to pt. 7 with coord. N=220297 and E=640333, then south-southwest approx. 82m to pt. 8 with coord. N=220159 and E=640251. From this pt. 8 where the Urbanization street ends, continue in the same south-southwest heading cross-country approx. 370m to pt. 9 with coord. N=219858 and Telf8145. Continue cross-country westwards approx. 190m to meet the road that goes to Cielo Amarillo at pt. 10 with coord. N=219846 and Telf3705, from this pt. 10 which came parallel to the boundary line, now on the road, continue south approx. 90m to pt. 11 with coord. N=219764 and E=639832. From this pt. 11 continue along the road to Villa Plata approx. 220m southwest to pt. 12 with coord. N=219689 and E=639630, continue south approx. 320m to the railway line at pt. 13 with coord. N=219449 and E=639624, continue along the railway line east approx. 100m to pt. 14 with coord. N=219447 and Telf3708 from this pt. 14 continue approx. 460m south along the road that exits to national route #32 (Saopin) to pt. 15 with coord. N=218995 and Telf3709. From this pt. 15 now on the road, continue approx. 2.4 km west along Route No. 32, until reaching the first entrance towards Direction2944 to pt. 16 with coord. N=218883 and E=637297 and then turn right heading north to go to Direction2944, approx. 270m until reaching the crossroads, beside the Direction2945 school, at pt.17 with coord. N=219085 and E=637177, then continue 106m north to pt. 18 with coord. N=219207 and E=637179, from this pt. 18, continue approx. 260m west to the end of the road and from there continue approx. 160m always west along the north boundary line between properties until intersecting the concrete highway route #240, at pt. 19 with coord. N=219325 and E=636795, then continuing 2km northeast along route #240 to the road intersection towards Villa Plata at pt. 20. with coord. N=220976 and E=637688, from this pt. 20 continue north along Route No. 240 for a distance of approx. 2.6km until reaching the road intersection with the Cangrejos Urbanization, this crossing being the starting point pt. 1 with coord. N=221517 and E=639446. Abbreviations: Coord. = Coordinates Pt. = Point N = North E = East Summary of coordinates: (...)

As Land-Use Regulation recommendations, the following restrictions are established: 1. All industrial activity. 2. Use and storage of plaguicides, pesticides, and fuels, or precursors thereof for any purpose. 3. The removal or extraction of all types of materials. 4. Change of land use. 5. All cutting of forest vegetation. 6. All agricultural activity and installations linked thereto. 7. The drilling or excavation of wells, infiltration galleries, or any other water catchment works. 8. The development of urbanizations and lotifications. 9. Installations of garbage dumps, sanitary landfills, or waste disposal sites of any kind. 10. Activities of any kind that, in the judgment of AyA, affect the quality and quantity of water used for public water supply.

IN THE Zone2942, CONSTRUCTIONS OF DWELLINGS ORIGINATED BY VEGETATIVE GROWTH WILL BE ADMITTED, PROVIDED THAT IT IS ENSURED THAT WASTEWATER IS NOT DISCHARGED INTO SINKHOLES (dolinas) AND THAT GARBAGE COLLECTION IS PERFORMED BY THE MUNICIPAL SERVICE OR OTHER MEANS.

3º-The following aquifer protection measures are Established for zones 2, 5, and 7 of the "Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín, Limón Aquifer": 1. Do not permit the storage of chemicals; 2. Do not permit the construction of fuel supply stations; 3. Do not permit the exploitation of quarries; 4. Do not permit the construction of wells, permitting only for public water supply.

4º-In zone 2, prospecting studies will be carried out with a view to determining the production capacity, and this zone is maintained as a reserve for the water supply to the population of the Río Blanco sector.

5º-For zones 7, 8, 9, and 10, every development project must be required to construct a sanitary sewer system, and AyA must initiate the necessary studies to build the primary and secondary collectors that allow for the evacuation of wastewater to the submarine outfall.

6º-The Executive Branch shall be requested to promulgate a decree for the protection of the Moín sources (fuentes); as well as the land-use limitations that ensure the conservation and improvement of environmental conditions in the other zones of the Moín Aquifer; in concordance with the "Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín, Limón Aquifer" and the land-use recommendations.

7º-For zone 6, the Huetar Atlántica Regional Directorate and the Environmental Management Directorate will create and maintain an exhaustive inventory of land use, identifying the activities and establishments that store risk substances for the quality of water for human use.

8º-The relevant entities shall be urged to carry out a risk analysis of the industries established in the zone of direct influence of the Moín sources (fuentes), which must include a possible conflagration of several industries, and an action protocol must be established to address a possible emergency that considers the participation of all industries established in the zone.

9º-To guarantee the observance of the restrictions and monitor the application of the defined measures, the Regional Environmental Control Unit of the Atlantic Region shall be formed, under the responsibility of the Management of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

10.-Unless it is demonstrated that the sources (fuentes) of Aquifer52121 have been irreversibly affected, according to regulations, by the Químicos Holanda event, they must be kept in use for public water supply for technical and demand reasons; with the following conditions: Order the immediate construction of a treatment plant, including an activated carbon system or the necessary technology to ensure quality against any possible contamination. Studies must be initiated immediately to define the possibility of using the upper basin of the Banano River with a view to substituting the sources (fuentes) of Aquifer52121 in case they become contaminated due to the industrial activities carried out in the basin.

THE MUNICIPALITIES LOCATED IN THE HIGH, MEDIUM, AND LOW VULNERABILITY ZONES SHALL BE NOTIFIED OF THIS AGREEMENT FOR ITS IMPLEMENTATION IN THE REGULATORY PLAN (PLAN REGULADOR) SO THAT THE "PROPERTY USE REGULATION RECOMMENDATIONS AND THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY OF THE MOÍN-LIMÓN AQUIFER" ARE BINDING, EMPHASIZING THE NEED FOR THE Zone2942 TO BE CONSIDERED AS ONE OF ABSOLUTE RESTRICTION. LIKEWISE, THE MINISTRY OF HEALTH, MINAE, THE INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, Matrix52121, AND Entity3763 SHALL BE NOTIFIED FOR THE FULFILLMENT OF THEIR COMPETENCIES. PUBLISH AND NOTIFY (...)" (Sistema Costarricense de Información Jurídica, link: https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70307&nValor3=84786&strTipM=TC).

5) Through Agreement No. 112 of May 2, 2011, published in Gazette No. 83, ICAA ordered the reform of Agreement No. 2007-107 "Formalization of the Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín, Limón Aquifer, and the update of the protection zone DGAMB-2007-031", according to the following terms:

“(...) 1º- Agreement 2007-177 is Amended, in its Second Operative Clause (Por Tanto Segundo), with respect to the list of land-use regulation recommendations for Zone 6, with the following restriction guidelines and in application of the "Land-Use Criteria Matrix According to Aquifer Contamination Vulnerability for Water Resource Protection" (Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico), issued by the Board of Directors of Matrix52121 in session on September 26, 2006:

For all activity, the impermeabilization area per hectare must not exceed 20%.

Those INDUSTRIAL ACTIVITIES that, throughout the different construction and operation stages, generate a negative environmental impact on the aquifer, must submit an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) duly approved by SETENA.

In accordance with the Ministry of Health Regulation, Decree 30465 S and the Regulation for Wastewater Discharges and Reuse. No. 26041-S MINAE, high-risk industrial activities are not permitted due to the possible impact of contamination. These high-risk activities are defined as those that have the possibility of explosion, fire, leak, or sudden spill resulting from the process in the course of industrial activities, as well as in pipelines and transport, involving one or several hazardous substances and that pose a serious danger (of immediate or delayed, reversible or irreversible manifestation) for the population, their property, the environment, and ecosystems.

Do not authorize storage activities and USE OF PLAGUICIDES, PESTICIDES, FUELS, AND HAZARDOUS SUBSTANCES, OR PRECURSORS THEREOF FOR ANY PURPOSE.

For REMOVAL, CUTTING, AND FILLING OF MATERIALS (MOVIMIENTOS DE TIERRA), a hydrogeological study must be conducted to verify that there will be no impact on the aquifer, and an Environmental Management Plan must be duly approved by Entity3763.

THE CONSTRUCTION OR EXCAVATION OF WELLS, INFILTRATION GALLERIES, OR ANY OTHER WATER EXTRACTION WORKS IS NOT AUTHORIZED.

In the case of URBANIZATION DEVELOPMENTS, LOTIFICATIONS, SUBDIVISIONS (FRACCIONAMIENTOS), AND CONDOMINIUMS, a sanitary sewer system and an ordinary type wastewater treatment plant must be constructed. Developments with densities equal to or less than one housing unit per 1000 square meters may be permitted.

In the case of HOTELS AND SIMILAR LODGING FACILITIES, it may be permitted subject to effluent management with a treatment plant complying with the current Wastewater Discharges Regulation. The number of rooms must not exceed a load equivalent to 50 persons per hectare.

DO NOT INSTALL GARBAGE DUMPS, SANITARY LANDFILLS, OR WASTE DISPOSAL SITES OF ANY KIND.

AyA, considering the studies presented by the interested party and endorsed by the pertinent instances, may rule on other types of activities not listed in this agreement that affect the quality and quantity of water, establishing the binding technical recommendations for the regulation of the activity.

AYA is empowered by Law 2726 to assess whether there is an impact on the aquifer and the proper disposal of wastewater in accordance with the current discharge regulations, in addition to approving or denying the activity.

 Construction of housing arising from vegetative growth (crecimiento vegetativo) shall be permitted in Zone 6, provided that it is ensured that wastewater is not discharged into sinkholes (dolinas) and that garbage collection is carried out by the municipal service or another means.

3º-It is recommended that the Local Government and the Competent Institutions proceed to implement protection measures aimed at the conservation of forested areas.

4º-The Senior Administration is instructed to take the appropriate steps and request the Municipality of Limón to implement the recommendations issued in this agreement.

5º-The Senior Administration is instructed to take the appropriate steps and request MINAET to restrict ALL CUTTING OF FOREST VEGETATION IN the Direction2942.

6º-For Zone 6, the Huetar Atlántica Regional Directorate and the UEN for Environment, Research and Development shall create and maintain a comprehensive inventory of land use, identifying activities and establishments that store substances hazardous to the quality of water for human use. They shall also be responsible for analyzing the proposals submitted by the Managed Party and assessing the non-impact on the aquifer and the proper disposal of wastewater.

7º-In all other respects, the provisions set forth in Board of Directors Agreement 2007-177 (…)” remain in effect (Costa Rican Legal Information System link: https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70307&nValor3=84786&strTipM=TC).

6)   The Regulatory Plan of the central canton of Limón was published in La Gaceta No. 212, Alcance 225, on November 15, 2023 (see report).

III.- SPECIFIC CASE. The petitioner Nombre35146 appears in amparo and categorically states that its purpose is as follows: “(i) that the nullity, due to material and formal unconstitutionality, of the provisions of AyA Board of Directors Agreement No. 2011-112—and, to the extent applicable, of No. 2007-177—be declared (…) (ii) that the partial nullity of the Limón Regulatory Plan be declared insofar as it omits or contradicts the cartographic delimitation and the absolute protection regime of Zone 6; and (iii) that the immediate adoption of precautionary and structural measures be ordered to ensure the effective protection of the Moín aquifer, in accordance with the Nombre99516 Matrix and rulings 2008-004790 and 2011-014596 of the Constitutional Chamber.”

Subsequently, said petitioner, through several and extensive briefs, repeatedly refers to the aforementioned points.

Thus, he alleges that Agreement No. 2011-112 of the ICAA Board of Directors established "valves" of flexibility in Direction2942 (of the Limón-Moín aquifer), incompatible with a total and absolute protection regime previously established for that site, thereby allowing a generic impermeabilization threshold of twenty percent (20%) per hectare, earthworks (movimientos de tierra) through a study and PGA, and the enabling of housing by "vegetative growth" without density parameters or impermeabilization control.

Additionally, he claims that ICAA has incurred omissions in executing Agreement No. 2011-112, since recent documentation confirms the absence of consolidated public information from that institute regarding the aquifer zones on its platforms and responses that refer to generic emergency protocols and a regional control unit without historical functional traceability. He maintains that, in recent official responses to information requests, ICAA has acknowledged that “(a) it does not have a methodology or cartography to control the figure of “vegetative growth” in Direction2942, limiting itself to citing variations in domiciliary services without correlating them with density, impermeable cover (cobertura impermeable), or recharge; (b) it does not maintain an exhaustive and updated inventory of establishments with hazardous substances, an indispensable condition for preventive risk management in high-vulnerability zones; and (c) it applies a generic emergency protocol (GTE-105-01-P) and not a specific protocol for the karstic recharge of Moín, despite the existence of sinkholes, fissures, and short contaminant transit times described by the EPIK studies and SENARA cartography.”

Regarding the Limón Regulatory Plan, he alleges that it did not expressly incorporate the cartographic delimitation of the aforementioned Zone 6 as an area of absolute protection of groundwater, despite the existence of studies demonstrating high vulnerability (which allows the processing of tourism, residential, subdivision (fraccionamiento), and earthworks activities through generic conditioning). He explains that only 3% of the surface of the so-called Zone 6 was placed under a protection category, while the remaining 97% was designated for urban development. He accuses that, even though the planning document itself admits the high fragility of wetlands and the disappearance of primary forests, it simultaneously enables urban developments with coverages of up to 30% and even substitution with treatment plants or modified septic tanks. He alleges that this normative duality—recognizing fragility yet authorizing urbanization—contradicts the mandate of absolute protection weighing on Zone 6 and is incompatible with the precautionary principle. Additionally, he accuses that said plan also did not transfer to its regulations the prohibitions and material conditioning factors set forth in the “Land-Use Criteria Matrix of Nombre99516 according to aquifer contamination vulnerability.”

He adds that ICAA also omitted to publish a protection decree to formalize the limits of Zone 6, despite having so ordered in the sixth por tanto of Agreement No. 2007-177. He alleges that, because said decree was not published, the delimitation of Zone 6 never acquired binding firmness, leaving a regulatory vacuum that the Limón Regulatory Plan took advantage of to assign residential and tourism uses in territory that should have been under absolute protection.

Plaintiff Nombre35146 states that what is set forth (or omitted) above contravenes the provisions of the cited Nombre99516 Matrix (a technical-legal instrument that classifies recharge zones according to their intrinsic vulnerability and establishes land-use restrictions based on contamination risk and recharge capacity), ICAA Agreement No. 2007-177 itself, as well as what was stated by the Chamber in Rulings Nos. 2008-4790 and 2011-14596, among others.

Concomitantly, the petitioner refers, in general terms, to analyses demonstrating the drastic loss of primary forest and the underreported permanence of wetlands and yolillales in Zone 6 of Limón. Likewise, he states that there is a file (No. 100-23-01-TAA) before the Environmental Administrative Tribunal, which records Report No. TAA-DA-241-2023, evidencing that unauthorized anthropogenic interventions occurred in the so-called Zone 6, explaining the loss of forest cover (cobertura boscosa) and habitat fragmentation. He indicates that said document refers to "squatter invasion (invasión precarista)," "tree felling and vegetation burning," "construction of houses and ranches," "earthworks for terraces and roads," "invasion of protection areas," "land-use change (cambio de uso del suelo)," and underscores that all of this occurs "without municipal permits or environmental viability." He mentions that reference is also made to specific entries for "road," "earthwork," and "felling," in addition to "house" and "wall," corroborating the opening of pathways and the removal of vegetation cover as part of the occupation pattern. He points out that the cited file also mentions the environmental degradation that occurred on two properties, where there was a progressive loss of forest cover and the disappearance of wetlands. Furthermore, he states that the cited Environmental Tribunal identified invasions of the protection strip of the Portete stream, earthworks, and discharges of wastewater and greywater into sinkholes.

He also mentions that the Municipality of Limón has Official Communication No. UTE-AML-025-2022 of June 22, 2022, where the Villa Plata sector reports "roads with a lot of ballast or mud material made manually with heavy machinery, lacking ditches and pipe curbs on the public road" and describes "a set of dwellings" built with precarious materials, without adequate stormwater systems, with heights that cause slope erosion and the presence of clayey material and coral in the observed road traces. Likewise, he states that Nombre99516, in two official communications (No. DIGH-UIH-008-2023 and No. DIGH-UIH-154-2023), confirmed that in said Zone 6 there is contamination by polycyclic aromatic hydrocarbons and benzo-alpha-pyrenes, derived from industrial operations. They also describe that the subsoil presents a fractured karstic medium, with active sinkholes, which function as concentrated recharge points and accelerate the transit of contaminants toward the phreatic level.

The petitioner argues, then, that what occurred with the cited ICAA agreements and the regulatory plan, as well as the omission to publish the aforementioned decree, was precisely what opened the possibility and has permitted the development of incompatible activities within Zone 6, thereby injuring the rights to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, to health, and to potable water.

The petitioner maintains that, in sum, the combination of (i) a decreasing and fragmentary pattern of forests and wetlands documented by FONAFIFO 2005, INF-2013, and SINAC 2021; (ii) the underrepresentation of yolillales in the National Wetland Registry; (iii) the evidence of a public watercourse and an area of hydrological importance within Zone 6; (iv) the allocation of urban uses over 97% of the absolute protection surface by the Regulatory Plan; and (v) the lack of full and transparent execution of AyA’s obligations under Agreement 2011-112, constitutes a picture of material incompatibility with the Nombre99516 Matrix and with the standards of the Constitutional Chamber. Consequently, in his view, the so-called Zone 6 of Limón must be restored to a strict protection regime with a published delimitation, immediate normative incorporation, and suspension of authorizations that increase impermeabilization, earthworks, and densities not compatible with recharge.

That said, the petitions of petitioner Nombre35146 are summarized as follows:

“(1) Declare the present amparo appeal well-founded.

(2) Declare the NULLITY, due to material and formal unconstitutionality AND FOR VIOLATION OF ILO CONVENTION 169, of the following provisions of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA): (2.1) Of Board of Directors Agreement No. 2011-112, insofar as it: (a) establishes a uniform impermeabilization threshold of 20% of the surface per hectare "for all activity" in Zone 6; (b) authorizes "removal, cutting, and filling of materials" or earthworks in Zone 6 through a hydrogeological study and PGA; (c) admits "housing construction by vegetative growth" in Zone 6 without density parameters, impermeabilization cartography, or zero-impact verification; and (d) contains open clauses that allow "ruling on other activities" in Zone 6 without a strict regulatory basis and without subjection to the precautionary principle. (2.2) Of Agreement No. 2007-177, insofar as it is interpreted or applied in a way that permits uses incompatible with the absolute protection defined for Zone 6.

(3) Declare the PARTIAL NULLITY of the Limón Regulatory Plan insofar as it: (a) omits incorporating the cartographic delimitation and the absolute protection regime of Zone 6 of the Nombre52121 aquifer in accordance with the SENARA Matrix; (b) permits or tolerates residential uses, subdivisions (fraccionamientos), earthworks, or increases in impermeabilization in said Zone 6 without requiring a prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) and hydrogeological, hydraulic, and hydrological studies approved by Nombre99516 and AyA; and (c) omits the mandatory inter-institutional coordination regarding aquifer protection and the application of the precautionary principle.

(4) ORDER AyA, SENARA, MINAE, and the Municipality of Limón to, within a maximum period of SIX (6) months, adopt the following structural measures: (4.a) issue the EXECUTIVE DECREE for the protection of the sources of Nombre52121 and Zone 6, with official coordinates, absolute protection regime, and express reference to the SENARA Matrix; (4.b) develop and implement a PUBLIC and updated INVENTORY of activities with hazardous substances in Zone 6; (4.c) adopt a SPECIFIC emergency and contingency PROTOCOL for the karstic recharge of Moín; (4.d) establish a PERIODIC MONITORING SYSTEM (water quality, nitrates, conductivity, bacteriology) with publication of results and early warning mechanisms; and (4.e) fully adapt the Limón Regulatory Plan to the Nombre99516 Matrix and constitutional jurisprudence, incorporating Zone 6 as an area of absolute protection.

(5) ORDER the IMMEDIATE SUSPENSION of any construction, subdivision, change of use, or earthwork permit in Zone 6 until full compliance with the foregoing terms, under warning of Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law (crime of disobedience).

(6) That all respondents violated the Constitutional principle of administrative coordination on matters of aquifer and aquifer recharge area protection, by permitting regressive regulations and the invisibilization of Zone 6 in the Limón regulatory plan and in the reduction of protection in the ICAA Board of Directors agreements.

(8) (sic) CONDEMN for costs and damages as applicable, in accordance with Articles 48 of the Political Constitution and 71 of the Constitutional Jurisdiction Law.”


For his part, petitioner Nombre45265 also appears in amparo and partially reproduces the allegations made by Nombre35146.

Thus, he complains that ICAA has not managed before the Executive Branch the issuance and publication of the protection decree for Zone 6 of the Moín aquifer, as ordered by its own Board of Directors Agreement No. 2007-177. He mentions that the lack of publication of the decree has generated a normative invisibilization. He notes that the protection parameters defined by the Nombre99516 Matrix and ratified by the Constitutional Chamber remain unreflected in the cartography and municipal regulations, which allows the Limón Regulatory Plan to continue processing subdivisions, urbanizations, and earthworks in a territory that, by technical and jurisprudential mandate, must be maintained under an absolute protection regime.

He adds that ICAA Board of Directors Agreement No. 2011-112, far from strengthening protection, introduced provisions that relax the required standards. He affirms that these provisions frontally contravene the SENARA Matrix, which prohibits such activities in zones of extreme vulnerability. He argues that the current validity of Agreement No. 2011-112 not only lacks technical basis but is also manifestly unconstitutional for arbitrarily reducing the level of protection of Zone 6, substituting an absolute protection regime ordered to safeguard human water supply with a permissive regulation designed exclusively to evade a previously firm constitutional obligation to expropriate and compensate.

He also alleges that the existence of occupations and land uses incompatible with the declaration of Zone 6 constitutes a violation of Article 50 of the Political Constitution, which enshrines the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the principles of non-regression, precautionary, and preventive measures in environmental matters.

Thus, Nombre45265 expressly petitions this Constitutional Chamber as follows:

“declare the present amparo appeal well-founded; and decree that the ICAA Board of Directors failed to comply with its duty to publish the protection and delimitation decree for the Moín aquifer, as it ordered in its own Board of Directors Agreement No. 2007-177.

Order the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA-AyA) to, within a peremptory period, request and manage before the Executive Branch the promulgation and publication of the protection decree for the Moín aquifer.

Order that Board of Directors Agreements No. 2007-177 and 2011-112 be applied only to the extent that they are compatible with the Nombre99516 Matrix and constitutional jurisprudence, rendering without effect their provisions that relax the protection.

Order the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service (SENARA) to comply with its coordination duty, actively participating in the preparation, signing, request, and publication of the decree and in the full application of the Land-Use Criteria Matrix.”

Additionally, in a later brief, it was also requested that this jurisdiction order “the expropriation of lands occupied incompatibly in Zone 6.”

Now, having analyzed all of the foregoing, this Constitutional Court does not consider that there is merit to hear this amparo appeal on the merits nor, either, to grant the list of specific petitions indicated supra.

This is fundamentally because the petitioners came to this jurisdiction in a generic and abstract manner, without formulating and specifying a concrete act of application or else, a concrete and individualized relation of facts that affects or harms a specific person or several. In essence, no situation is individualized that has generated a violation or threat of violation of the fundamental rights referenced, just as required by the Constitutional Jurisdiction Law in its Articles 1 and 29.

According to a detailed reading of all the briefs filed by the petitioners, they merely set out the reasons why, in their view, the cited ICAA agreements (Nos. 2007-177 and 2011-112), as well as the Limón Regulatory Plan, become unconstitutional, without concomitantly referencing or arguing, in a substantiated manner, any concrete act of application that affects or injures fundamental rights. This state of affairs is reaffirmed when specifically analyzing the list of petitions raised by both parties, where the protected parties do not request the intervention of this Court regarding a particular situation, concrete act, or omission.

It should be noted that, although the petitioners make a brief reference to several situations that have, in their view, affected Zone 6 of Limón, fundamentally, they are not truly acting against any action or omission intrinsically related to these, which is verified, as stated, upon reading the list of petitions raised not only in the main amparo filing briefs but also in the rest of the documents attached to the process.

On this matter, this Court has indicated that, although the amparo appeal may be filed by any person and on behalf of a third party, the truth is that the existence of a lesion or an individualized or individualizable threat, in particular, is required for it to be heard by this jurisdiction; which, as has been said, is not the case under study. Fundamentally, it is clear that it simply involves a disagreement by the claimant parties with the content of the referred ICAA agreements and the Limón Regulatory Plan, which, in turn, cannot be reviewed or declared unconstitutional through the summary amparo avenue.

Having said the above, the appropriate course is to dismiss the present process, as is hereby ordered.

IV.- OTHER MATTERS. In a later brief, petitioner Nombre35146 also accuses that the Municipality of Limón has not complied with what was ordered by this Chamber in Judgment No. 2008-4751 of 12:00 p.m. on May 27, 2008 (issued on the occasion of an amparo filed by him personally directly against the operation of the company Químicas Holanda) insofar as, he claims, it has not included the so-called Dirección6577 in the Limón Regulatory Plan. That said, it is clarified to the plaintiff that, in the event he considers that said municipality has not complied, to date, with what was ordered in that ruling, the appropriate course is to file the corresponding complaint in the cited file so that it is in that process that what is legally appropriate is resolved.

V.- DIFFERING REASONS OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. With all due respect, I concur with the majority vote that declares the appeal without merit, but based on the following reasons:

The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Organic Environmental Law, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to cite just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutionality control from legality control. In this sense, it is this undersigned’s criterion that this Chamber, by way of amparo, should only hear a matter where a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, of easy verification, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed through the legality avenue. Therefore, the mere non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard through the legality avenue –administrative or jurisdictional– where, with much greater breadth, the alleged non-compliances or omissions can be scrutinized. It must be kept in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and rapid process, such that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and substantiates a procedure, with the issuance of administrative acts, its cognizance is outside the scope of action of this specialized jurisdiction. For this reason, the review of administrative actions carried out concerning an environmental matter that requires, for its correct assessment, a full evidentiary process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria developed under the protection of current legal or regulatory norms or with the production of new and additional elements of conviction necessary for the contrasting or review of criteria already contained in the administrative file of the case. The contrary would imply transforming the amparo into an ordinary process of full cognizance, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it has been designed, with which it would lose its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its cognizance and oversight belong to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter is the competence of the legality avenue. Consequently, this appeal should have been summarily rejected, since its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved in the legality avenue. However, as this was not done, the appropriate course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the question raised because it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conducts are consistent or not, in substance, with the provisions of the legal system of legal rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

VI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, WITH THE LATTER WRITING. In the sub examine case, the petitioners indicate that Agreement No. 2011-112 of the ICAA Board of Directors lacks technical basis and relaxed the protection of Direction2942 (of the Limón-Moín aquifer), which is incompatible with a total and absolute protection regime previously established for that site. They claim omissions by ICAA in the execution of Agreement No. 2011-112. They accuse that the Limón Regulatory Plan did not expressly incorporate the cartographic delimitation of Zone 6 mentioned ut supra as an area of absolute groundwater protection, nor transferred to its regulations the prohibitions and material conditioning factors of the Nombre99516 Matrix of 2006 (which allows the processing of tourism, residential, subdivision, and earthworks activities through generic conditioning). They mention that ICAA omitted to publish a protection decree to formalize the limits of Zone 6, despite having so ordered in the sixth por tanto of Agreement No. 2007-177. They affirm that such actions and omissions violate the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment, to potable water, and to health.

From the foregoing, claims aimed at demonstrating the unconstitutionality of ICAA Board of Directors agreements (for having relaxed the protection of Zone 6 of the Limón-Moín aquifer) are evident, as well as the possible unconstitutionality by omission of the Limón Regulatory Plan for not expressly contemplating the cartographic delimitation of the aforementioned Zone 6 as an area of absolute groundwater protection (nor transferring the prohibitions and material conditioning factors of the Nombre99516 Matrix of 2006).

Precisely, as this is an environmental issue and, even linked to public health and, among other consequences, its impact on vegetation, there is a standing (legitimación) fully recognized in Article 105 of the Biodiversity Law which establishes: “Popular action Any person shall have standing to bring action in administrative or jurisdictional venues, in defense and protection of biodiversity,” therefore this amparo appeal, in accordance with Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law, is suitable for granting the petitioners a deadline to file an unconstitutionality action.

Having clarified the above, doubts of constitutionality arise in relation to the provisions contained in the ICAA Board of Directors agreements (which the petitioners allege reduced the absolute protection of an aquifer zone) and the possible unconstitutionality by omission claimed with respect to the Limón Regulatory Plan (for lack of the cartographic delimitation of the zone and prohibitions). Regarding the latter, we have held that an unconstitutionality by omission not only occurs by derivation from an express mandate of the Political Constitution or international treaty, but is also viable when the exercise or protection of a fundamental right may be frustrated through some omission in normative bodies. Not in vain does Article 2 of the American Convention on Human Rights impose on States the adoption of domestic law provisions to make effective the rights and freedoms of that instrument. Similarly, for the real validity and full experience of fundamental rights, they must be instrumentalized through lower-level norms (legislative provisions or of another character), as occurs with extraordinary frequency, which imposes on the States an obligation, whose omission may be subject to constitutionality control by this jurisdiction.

Thus, we consider that the procedural remedy to review the eventual compatibility with Constitution Law of the provisions contained in the ICAA Board of Directors agreements, as well as the alleged omission of the Limón Regulatory Plan, is the unconstitutionality action, as provided for in Article 48 of the Constitutional Jurisdiction Law:

“Article 48.

At any time when the Chamber considers that the challenged actions or omissions are reasonably based on current norms, whether or not these have also been challenged as violating the rights or freedoms claimed, it shall so declare in a reasoned resolution, and shall suspend the proceedings and grant the appellant a term of fifteen business days to formalize an unconstitutionality action against them. If the appellant does not do so, the file shall be archived. (…)"

We add that, prima facie, the agreements in question, by their effects, plausibly appear to have the nature of a general provision.

Ergo, we dissent for the purposes of granting the appellants the period of fifteen business days, so that, if they see fit, they may file an unconstitutionality action against the agreements of the Board of Directors of the ICAA and the Plan Regulador de Limón.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

POR TANTO:

The appeal is dismissed. Magistrate Salazar Alvarado gives different reasons and dismisses the appeal, as it falls to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conduct conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal system at the statutory level, regarding the protection, guardianship and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal dissent and grant the claimants the period of FIFTEEN DAYS so that, if they see fit, they may file an unconstitutionality action against the agreements of the Board of Directors of the ICAA and the Plan Regulador de Limón.

 

 

 

 

 

 

	
Fernando Castillo V.

Presidente

	
 




Fernando Cruz C.

	
 

	
Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	
 

	
Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	
 

	
Aracelly Pacheco S.

 

 

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 ZROZEHA0HO061

EXPEDIENTE N° 25-028736-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

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