Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)VI.- En primer término, es preciso aclarar que el derecho de petición, establecido en el ordinal 27 constitucional, entendido como la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés, se refiere a peticiones puras y simples de información, en cuyo caso normalmente la respuesta deberá darse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y demás normativa que regula la materia. A diferencia de las peticiones puras y simples, existen otros supuestos en los que el artículo 27 Constitucional estrictamente hablando, no es el aplicable, sino el numeral 41 de la Carta Fundamental: "Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes"; tesis que fue recogida en el numeral 3 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, según el cual no son objeto del derecho de petición aquellas solicitudes, reclamos, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico estableció un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en dicha ley. En sentido, salvo plazos especiales que establezca la ley, se aplican los plazos establecidos en la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325). No obstante, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la autoridad pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, a fin de resolver por acto final un procedimiento administrativo -incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, tal y como se indicó en el considerando I, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la falta de resolución de una gestión presentada por personas adultas mayores, la cual aparentemente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable.
Ahora bien, de las propias manifestaciones de la parte recurrente se colige que la gestión aludida fue interpuesta el 18 de agosto de 2025. Por lo anterior, se verificó que en oficio DM-1036-2025 DAJ-MINAE-2580-2025 del 17 de noviembre de 2025, notificado el 18 de noviembre de 2025, el ministro accionado le comunicó a la parte accionante que su reclamo fue remitido al Director de Área de Conservación Arenal –Tempisque a fin de que proceda con el estudio de su gestión conforme a derecho corresponda, toda vez que es a ellos a quienes por competencia les corresponde realizar dicho trámite. No obstante, con mediana claridad se desprende que a la fecha de interposición del recurso de amparo, lo que ocurrió el 10 de noviembre de 2025, habían transcurrido casi tres meses sin que el MINAE haya resuelto el reclamo administrativo bajo estudio en forma definitiva. A mayor abundamiento, adviértase que en el informe adjunto se subrayó que se esperaba tener respuesta del Director de Área de Conservación Arenal –Tempisque para el 25 de noviembre de 2025 en aras de atender el reclamo administrativo; empero, no consta ello haya sido ejecutado. En consecuencia, se estima que, efectivamente, se ha producido una violación al derecho tutelado en el artículo 41 de la Constitución Política, por cuanto, el plazo trascurrido para que la Administración resuelva la gestión de la parte recurrente es irrazonable y desproporcionado. Así las cosas, se impone acoger el recurso, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la sentencia.
English (translation)VI.- First, it is necessary to clarify that the right of petition, established in Article 27 of the Constitution, understood as the power of every citizen to address in writing any public official or official entity in order to present a matter of interest, refers to pure and simple requests for information, in which case the response must normally be given within 10 working days following receipt of the petition, as ordered by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law and other applicable regulations. Unlike pure and simple petitions, there are other cases in which Article 27 of the Constitution is strictly speaking not applicable, but rather Article 41 of the Constitution: "Resorting to the laws, everyone must find redress for the injuries or damages they have suffered in their person, property or moral interests. They must be given prompt, complete justice, without denial and in strict compliance with the laws"; a thesis that was incorporated into Article 3 of Law No. 9097, according to which the right of petition does not cover those requests, claims, complaints or suggestions for which the legal system has established a specific administrative procedure and deadlines different from those regulated in said law. In this sense, unless the law establishes special deadlines, the deadlines set forth in the General Law on Public Administration (Articles 261 and 325) apply. However, since ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative court jurisdiction – with some exceptions – those matters in which the dispute is whether the public authority has complied or not with the deadlines set by the General Law on Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, in order to resolve by final act an administrative proceeding – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the appropriate administrative remedies. Precisely, in the case at hand, as indicated in recital I, an exception arises, since it concerns the lack of resolution of a request filed by elderly persons, which apparently has not been resolved within a reasonable time.
Now, from the statements of the claimants themselves, it follows that the request in question was filed on August 18, 2025. Therefore, it was verified that in official letter DM-1036-2025 DAJ-MINAE-2580-2025 of November 17, 2025, notified on November 18, 2025, the respondent minister informed the claimants that their claim was referred to the Director of the Arenal-Tempisque Conservation Area so that it may proceed with the study of their request in accordance with the law, since it is they who by jurisdiction are responsible for carrying out such procedure. However, it is clear that as of the date of filing the amparo, which was November 10, 2025, almost three months had passed without MINAE having finally resolved the administrative claim under examination. Moreover, note that the attached report emphasized that a response from the Director of the Arenal-Tempisque Conservation Area was expected by November 25, 2025 in order to address the administrative claim; however, there is no record that this has been carried out. Consequently, it is considered that, indeed, a violation of the right protected in Article 41 of the Political Constitution has occurred, since the time elapsed for the Administration to resolve the claimants' request is unreasonable and disproportionate. Thus, it is appropriate to grant the amparo, with the consequences set forth in the operative part of the judgment.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 39747 - 2025 Fecha de la Resolución: 28 de Noviembre del 2025 a las 09:20 Expediente: 25-035031-0007-CO Redactado por: Aracelly Pacheco Salazar Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-035031-0007-CO Res. Nº 2025039747 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-035031-0007-CO, interpuesto por Nombre52599, cédula de identidad CED26532, Nombre52600, cédula de identidad CED26533, contra el MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. RESULTANDO: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:26 horas del 10 de noviembre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA y manifiesta que desde hace más de 60 años son propietarios de un terreno ubicado en El Roble, distrito de Bijagua, cantón de Upala, provincia de Alajuela, con una superficie de 215 hectáreas con 9.845,30 metros cuadrados, según plano de catastro No. 2-1182737-2007. Nombre774 que al adquirir el terreno en el año 1961 no existían restricciones legales y su propósito era desarrollar actividades agropecuarias. Sin embargo, el Decreto Ejecutivo No. 5836-A del 16 de marzo de 1976 creó el "PARQUE NACIONAL VOLCAN TENORIO", dentro del cual incluyó su terreno sin consulta previa, imponiendo limitaciones que afectaron su derecho de propiedad. Nombre774 que nunca se les ha pagado indemnización alguna, a pesar de las promesas verbales de los funcionarios recurridos. Por ello el 18 de agosto de 2025 interpusieron un "Reclamo Administrativo" ante el Ministro, solicitando levantar las restricciones ambientales, pero no han recibido respuesta alguna. Estiman lesionados sus derechos fundamentales. 2.- Informa bajo juramento Nombre34966, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, que: “Mediante los documentos adjuntos, oficio DM-1036-2025 del 17 de noviembre 2025, se demuestra que el MINAE ha brindado respuesta al escrito presentado por los señores Nombre52599, cédula de identidad CED26532, Nombre52600, cédula de identidad CED26533, con fecha el 18 de agosto de 2025, correspondiente a un “reclamo administrativo”. Bajo dicha atención, se ha coordinado con el Área de Conservación Arenal Tempisque, bajo oficio DAJ-MINAE-2579-2025, para indagar en la condición del inmueble plano de catastro No. 2-1182737-2007 respecto a la declaratoria de Parque Nacional conforme el Decreto Ejecutivo No. 5836-A del 16 de marzo de 1976 creó el "PARQUE NACIONAL VOLCAN TENORIO", procurando obtener el insumo técnico para el día 25 del mes en curso”. Concluye que se ha procedido en brindar la debida respuesta a las personas respectivas, como también gestionar aquellas diligencias necesarias para estudio del caso concreto. Solicita que se declare sin lugar el recurso. 3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Nombre51166; y, CONSIDERANDO: I.- DE PREVIO. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contenciosa administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se alega una dilación excesiva en resolver una gestión presentada por personas adultas mayores. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente manifiesta que desde hace más de sesenta años son propietarios de un terreno ubicado en El Roble, distrito de Bijagua, cantón de Upala, provincia de Alajuela. Nombre774 que al adquirir el terreno en el año 1961 no existían restricciones legales y su propósito era desarrollar actividades agropecuarias. Sin embargo, dicen que el Decreto Ejecutivo No. 5836-A del 16 de marzo de 1976 creó el "PARQUE NACIONAL VOLCAN TENORIO", dentro del cual incluyó su terreno sin consulta previa imponiendo limitaciones que afectaron su derecho de propiedad. Por ello, aducen que el 18 de agosto de 2025 interpusieron un "Reclamo Administrativo" ante el ministro recurrido; empero acusan que no han recibido respuesta alguna. Solicitan que se orden a la autoridad accionada que se brinde respuesta a la gestión interpuesta el 18 de agosto de 2025. III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a) Los recurrentes Nombre52601 y Nombre52600 tienen 77 años y 89 años, respectivamente (véase el sistema de consultas del Tribunal Supremo de Elecciones). b) El 18 de agosto de 2025, la parte accionante presentó de forma personal ante el MINAE un escrito de catorce páginas titulado “reclamo administrativo”, en el cual solicitó a la recurrida que se ordene dejar sin efecto la “ejecución de las limitaciones al libre goce de su derecho de propiedad, así como que se emita un acto de declaratoria de nulidad absoluta del Decreto Ejecutivo No. 24290-MIRENEM. Como medio para recibir notificaciones señalaron la dirección de correo ... (véase la prueba adjunta). c) El auto de curso fue notificado a la autoridad accionada el 14 de noviembre de 2025 (véase el acta adjunta). d) En oficio No. DAJ-MINAE-2579-2025 del 17 de noviembre de 2025, el Asesor Jurídico de la Dirección Asesoría Jurídica del MINAE le comunicó al Director Área de Conservación Arenal-Tempisque (ACAT), lo siguiente: “Se remite a su conocimiento el reclamo administrativo con la prueba adjunta a efectos de que se proceda a revisar y tramitar la solicitud del gestionante y considerar si corresponde proceder conforme el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente o si bien corresponde alguna otra tramitación. Conforme lo solicitado, se solicita rendir informe detallado en el plazo a más tardar el 25 de noviembre de 2025, con el fin de brindar respuesta por parte del Despacho. No se omite manifestar, que en aplicación de la Directriz interna DAJMINAE-0245-2024, notificada el día siete de marzo de dos mil veinticuatro, autoriza los abogados firmar todos los actos preparatorios o interlocutorios, se procede con la firma del presente oficio. Agradezco el acuse de recibido y remitir el informe al correo electrónico, ...838 con copia ...839 y ...” (véase el informe y la prueba adjunta). e) En oficio DM-1036-2025 DAJ-MINAE-2580-2025 del 17 de noviembre, 2025, el ministro accionado le notificó a la parte recurrente lo siguiente: “En atención al reclamo Administrativo dirigido a este Despacho, mediante el cual solicitaron la cancelación de afectaciones por régimen Ambiental, derivado del decreto ejecutivo número 24290-MIRENEM y normativa conexa, con relación al plano catastrado A-1182737-2007, se hace saber: Mediante oficio DAJ-MINAE-2579-2025 se ha dirigido su consulta al Sr. Nombre33075, Director de Área de Conservación Arenal –Tempisque, a efectos de que proceda con el estudio de su reclamo, conforme a derecho corresponda, toda vez que es a ellos a quienes por competencia les corresponde realizar dicho trámite. Para el cumplimiento de lo indicado, se ha previsto tener respuesta de la citada Área de Conservación a más tardar el día 25 del mes en curso, por lo que este Despacho Ministerial espera tener respuesta en tiempo”. Lo anterior fue remitido a la dirección de correo ... el 18 de noviembre de 2025 (véase el informe y la prueba adjunta). f) El presente recurso fue formulado el 10 de noviembre de 2025 (véase los autos). IV.- HECHO NO PROBADO. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución: Único. Que el MINAE haya resuelto el reclamo administrativo interpuesto por la parte recurrente el 18 de agosto de 2025 en forma definitiva. V.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite se acreditado que los recurrentes Nombre52601 y Nombre52600, tienen 77 años y 89 años, respectivamente. El 18 de agosto de 2025 la parte accionante presentó de forma personal ante el MINAE un escrito de catorce páginas titulado “reclamo administrativo”, en el cual solicitó a la recurrida que se ordene dejar sin efecto la “ejecución de las limitaciones al libre goce de su derecho de propiedad, así como que se emita un acto de declaratoria de nulidad absoluta del Decreto Ejecutivo No. 24290-MIRENEM. Como medio para recibir notificaciones señalaron la dirección de correo .... En atención a lo anterior, se colige que en oficio No. DAJ-MINAE-2579-2025 del 17 de noviembre de 2025 el Asesor Jurídico de la Dirección Asesoría Jurídica del MINAE le comunicó al Director Área de Conservación Arenal-Tempisque (ACAT), lo siguiente: “Se remite a su conocimiento el reclamo administrativo con la prueba adjunta a efectos de que se proceda a revisar y tramitar la solicitud del gestionante y considerar si corresponde proceder conforme el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente o si bien corresponde alguna otra tramitación. Conforme lo solicitado, se solicita rendir informe detallado en el plazo a más tardar el 25 de noviembre de 2025, con el fin de brindar respuesta por parte del Despacho. No se omite manifestar, que en aplicación de la Directriz interna DAJMINAE-0245-2024, notificada el día siete de marzo de dos mil veinticuatro, autoriza los abogados firmar todos los actos preparatorios o interlocutorios, se procede con la firma del presente oficio. Agradezco el acuse de recibido y remitir el informe al correo electrónico, o, ... con copia ia ... y ”. Asimismo, se verifica que en oficio DM-1036-2025 DAJ-MINAE-2580-2025 del 17 de noviembre, 2025, el ministro accionado le notificó a la parte accionante lo siguiente: “En atención al reclamo Administrativo dirigido a este Despacho, mediante el cual solicitaron la cancelación de afectaciones por régimen Ambiental, derivado del decreto ejecutivo número 24290-MIRENEM y normativa conexa, con relación al plano catastrado A-1182737-2007, se hace saber: Mediante oficio DAJ-MINAE-2579-2025 se ha dirigido su consulta al Sr. Nombre33075, Director de Área de Conservación Arenal –Tempisque, a efectos de que proceda con el estudio de su reclamo, conforme a derecho corresponda, toda vez que es a ellos a quienes por competencia les corresponde realizar dicho trámite. Para el cumplimiento de lo indicado, se ha previsto tener respuesta de la citada Área de Conservación a más tardar el día 25 del mes en curso, por lo que este Despacho Ministerial espera tener respuesta en tiempo”. Lo anterior fue remitido a la dirección de correo eo el 18 de noviembre de 2025. VI.- En primer término, es preciso aclarar que el derecho de petición, establecido en el ordinal 27 constitucional, entendido como la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés, se refiere a peticiones puras y simples de información, en cuyo caso normalmente la respuesta deberá darse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y demás normativa que regula la materia. A diferencia de las peticiones puras y simples, existen otros supuestos en los que el artículo 27 Constitucional estrictamente hablando, no es el aplicable, sino el numeral 41 de la Carta Fundamental: "Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes"; tesis que fue recogida en el numeral 3 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, según el cual no son objeto del derecho de petición aquellas solicitudes, reclamos, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico estableció un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en dicha ley. En sentido, salvo plazos especiales que establezca la ley, se aplican los plazos establecidos en la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325). No obstante, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la autoridad pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, a fin de resolver por acto final un procedimiento administrativo -incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, tal y como se indicó en el considerando I, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la falta de resolución de una gestión presentada por personas adultas mayores, la cual aparentemente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Ahora bien, de las propias manifestaciones de la parte recurrente se colige que la gestión aludida fue interpuesta el 18 de agosto de 2025. Por lo anterior, se verificó que en oficio DM-1036-2025 DAJ-MINAE-2580-2025 del 17 de noviembre de 2025, notificado el 18 de noviembre de 2025, el ministro accionado le comunicó a la parte accionante que su reclamo fue remitido al Director de Área de Conservación Arenal –Tempisque a fin de que proceda con el estudio de su gestión conforme a derecho corresponda, toda vez que es a ellos a quienes por competencia les corresponde realizar dicho trámite. No obstante, con mediana claridad se desprende que a la fecha de interposición del recurso de amparo, lo que ocurrió el 10 de noviembre de 2025, habían transcurrido casi tres meses sin que el MINAE haya resuelto el reclamo administrativo bajo estudio en forma definitiva. A mayor abundamiento, adviértase que en el informe adjunto se subrayó que se esperaba tener respuesta del Director de Área de Conservación Arenal –Tempisque para el 25 de noviembre de 2025 en aras de atender el reclamo administrativo; empero, no consta ello haya sido ejecutado. En consecuencia, se estima que, efectivamente, se ha producido una violación al derecho tutelado en el artículo 41 de la Constitución Política, por cuanto, el plazo trascurrido para que la Administración resuelva la gestión de la parte recurrente es irrazonable y desproporcionado. Así las cosas, se impone acoger el recurso, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la sentencia. VII.- NOTA DEL MAGISTRADO Nombre209, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA -Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se declara con lugar el recurso por infracción al artículo 41 de la Constitución Política. Se ordena a Nombre34966, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, o a quien ocupe ese cargo, que dentro del plazo de UN MES contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva y notifique a la parte recurrente el reclamo administrativo que presentaron el 18 de agosto de 2025. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Nombre209 consigna nota. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Nombre210. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Nombre51167. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- PO7PITSGYIE61 EXPEDIENTE N° 25-035031-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:51:50. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Resolution No. 39747 - 2025 Date of Resolution: November 28, 2025 at 9:20 a.m. Expediente: 25-035031-0007-CO Drafted by: Aracelly Pacheco Salazar Type of matter: Recurso de amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Text of the resolution Exp: 25-035031-0007-CO Res. No. 2025039747 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty in the morning on the twenty-eighth of November of two thousand twenty-five. Recurso de amparo processed in expediente number 25-035031-0007-CO, filed by Nombre52599, identity card CED26532, Nombre52600, identity card CED26533, against the MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. RESULTANDO: 1.- By brief received in the Secretariat of the Sala at 10:26 a.m. on November 10, 2025, the appealing party files a recurso de amparo against the MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA and states that for more than 60 years they have been owners of a property located in El Roble, district of Bijagua, canton of Upala, province of Alajuela, with an area of 215 hectares and 9,845.30 square meters, according to cadastral map No. 2-1182737-2007. Nombre774 that when acquiring the property in the year 1961 there were no legal restrictions and their purpose was to develop agricultural activities. However, Executive Decree No. 5836-A of March 16, 1976 created the "PARQUE NACIONAL VOLCAN TENORIO", within which it included their property without prior consultation, imposing limitations that affected their property right. Nombre774 that they have never been paid any compensation, despite verbal promises from the respondent officials. Therefore, on August 18, 2025, they filed an "Administrative Claim (Reclamo Administrativo)" before the Minister, requesting the lifting of the environmental restrictions, but they have not received any response. They consider their fundamental rights injured. 2.- Nombre34966 reports under oath, in his capacity as Ministro de Ambiente y Energía, that: "Through the attached documents, official letter DM-1036-2025 of November 17, 2025, it is demonstrated that MINAE has provided a response to the brief submitted by Mr. Nombre52599, identity card CED26532, Ms. Nombre52600, identity card CED26533, dated August 18, 2025, corresponding to an 'administrative claim (reclamo administrativo)'. Under said attention, coordination has been made with the Área de Conservación Arenal Tempisque, under official letter DAJ-MINAE-2579-2025, to inquire into the condition of the property cadastral map No. 2-1182737-2007 regarding the declaration of National Park pursuant to Executive Decree No. 5836-A of March 16, 1976, which created the "PARQUE NACIONAL VOLCAN TENORIO", seeking to obtain the technical input for the 25th of this month." He concludes that they have proceeded to provide the due response to the respective persons, as well as to manage those necessary diligences for the study of the specific case. He requests that the recurso be dismissed. 3.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed. Drafted by Judge Nombre51166; and, CONSIDERANDO: I.- PRELIMINARY. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, starting from judgment No. 2008-02545 at 08:55 a.m. on February 22, 2008, this Sala has referred to the contentious-administrative jurisdiction - with some exceptions - those matters in which it is disputed whether the Public Administration has complied or not with the time limits set by the General Public Administration Act (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure - initiated ex officio or at the request of a party - or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the case sub lite, an exceptional scenario is raised, as an excessive delay is alleged in resolving a request submitted by elderly persons. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. II.- SUBJECT OF THE RECURSO. The appealing party states that for more than sixty years they have been owners of a property located in El Roble, district of Bijagua, canton of Upala, province of Alajuela. Nombre774 that when acquiring the property in the year 1961 there were no legal restrictions and their purpose was to develop agricultural activities. However, they say that Executive Decree No. 5836-A of March 16, 1976 created the "PARQUE NACIONAL VOLCAN TENORIO", within which it included their property without prior consultation imposing limitations that affected their property right. Therefore, they allege that on August 18, 2025, they filed an "Administrative Claim (Reclamo Administrativo)" before the respondent minister; however, they accuse that they have not received any response. They request that the respondent authority be ordered to provide a response to the request filed on August 18, 2025. III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them according to what is provided in the initial order: a) The appellants Nombre52601 and Nombre52600 are 77 years old and 89 years old, respectively (see the consultation system of the Tribunal Supremo de Elecciones). b) On August 18, 2025, the claimant party personally filed before MINAE a fourteen-page brief titled "administrative claim (reclamo administrativo)", in which they requested the respondent to order the annulment of the "execution of the limitations on the free enjoyment of their property right, as well as that an act be issued declaring the absolute nullity of Executive Decree No. 24290-MIRENEM." As a means of receiving notifications, they indicated the email address ... (see attached evidence). c) The initial procedural order was notified to the respondent authority on November 14, 2025 (see attached record). d) In official letter No. DAJ-MINAE-2579-2025 of November 17, 2025, the Legal Advisor of the MINAE Legal Advisory Directorate communicated to the Director of the Área de Conservación Arenal-Tempisque (ACAT), the following: "The administrative claim (reclamo administrativo) with the attached evidence is forwarded for your attention so that you proceed to review and process the petitioner's request and consider whether it is appropriate to proceed pursuant to article 38 of the Organic Environmental Act (Ley Orgánica del Ambiente) or whether some other processing applies. As requested, a detailed report is requested no later than November 25, 2025, in order to provide a response from the Ministry. It is not omitted to state that, in application of Internal Directive DAJMINAE-0245-2024, notified on the seventh of March of two thousand twenty-four, which authorizes lawyers to sign all preparatory or interlocutory acts, the signing of this official letter proceeds. I appreciate the acknowledgment of receipt and sending the report to the email address, ...838 with copy ...839 and ...” (see report and attached evidence). e) In official letter DM-1036-2025 DAJ-MINAE-2580-2025 of November 17, 2025, the respondent minister notified the appealing party as follows: "In response to the Administrative Claim (Reclamo Administrativo) addressed to this Ministry, whereby you requested the cancellation of encumbrances (afectaciones) due to Environmental regime, derived from executive decree number 24290-MIRENEM and related regulations, in relation to the cadastral map A-1182737-2007, it is made known: Through official letter DAJ-MINAE-2579-2025, your inquiry has been referred to Mr. Nombre33075, Director of the Área de Conservación Arenal –Tempisque, in order for them to proceed with the study of your claim (reclamo), in accordance with the applicable law, since it is they to whom, by competence, it corresponds to carry out said procedure. For the fulfillment of what is indicated, it is anticipated to have a response from the cited Conservation Area no later than the 25th of this month, so this Ministerial Office expects to have a response in time." The foregoing was sent to the email address ... on November 18, 2025 (see report and attached evidence). f) This recurso was filed on November 10, 2025 (see the orders). IV.- UNPROVEN FACT. The following fact of relevance for this resolution is not deemed proven: Single. That MINAE has definitively resolved the administrative claim (reclamo administrativo) filed by the appealing party on August 18, 2025. V.- ON THE MERITS. In the case sub lite, it has been accredited that the appellants Nombre52601 and Nombre52600 are 77 years old and 89 years old, respectively. On August 18, 2025, the claimant party personally filed before MINAE a fourteen-page brief titled "administrative claim (reclamo administrativo)", in which they requested the respondent to order the annulment of the "execution of the limitations on the free enjoyment of their property right, as well as that an act be issued declaring the absolute nullity of Executive Decree No. 24290-MIRENEM." As a means of receiving notifications, they indicated the email address .... In response to the foregoing, it is inferred that in official letter No. DAJ-MINAE-2579-2025 of November 17, 2025, the Legal Advisor of the MINAE Legal Advisory Directorate communicated to the Director of the Área de Conservación Arenal-Tempisque (ACAT), the following: "The administrative claim (reclamo administrativo) with the attached evidence is forwarded for your attention so that you proceed to review and process the petitioner's request and consider whether it is appropriate to proceed pursuant to article 38 of the Organic Environmental Act (Ley Orgánica del Ambiente) or whether some other processing applies. As requested, a detailed report is requested no later than November 25, 2025, in order to provide a response from the Ministry. It is not omitted to state that, in application of Internal Directive DAJMINAE-0245-2024, notified on the seventh of March of two thousand twenty-four, which authorizes lawyers to sign all preparatory or interlocutory acts, the signing of this official letter proceeds. I appreciate the acknowledgment of receipt and sending the report to the email address, or, ... with copy ia ... and ”. Likewise, it is verified that in official letter DM-1036-2025 DAJ-MINAE-2580-2025 of November 17, 2025, the respondent minister notified the claimant party as follows: "In response to the Administrative Claim (Reclamo Administrativo) addressed to this Ministry, whereby you requested the cancellation of encumbrances (afectaciones) due to Environmental regime, derived from executive decree number 24290-MIRENEM and related regulations, in relation to the cadastral map A-1182737-2007, it is made known: Through official letter DAJ-MINAE-2579-2025, your inquiry has been referred to Mr. Nombre33075, Director of the Área de Conservación Arenal –Tempisque, in order for them to proceed with the study of your claim (reclamo), in accordance with the applicable law, since it is they to whom, by competence, it corresponds to carry out said procedure. For the fulfillment of what is indicated, it is anticipated to have a response from the cited Conservation Area no later than the 25th of this month, so this Ministerial Office expects to have a response in time." The foregoing was sent to the email address eo on November 18, 2025. VI.- First of all, it is necessary to clarify that the right of petition, established in Constitutional article 27, understood as the faculty that every citizen possesses to address in writing any public official or official entity in order to present a matter of their interest, refers to pure and simple requests for information, in which case the response must normally be given within 10 business days following the receipt of the request, as ordered by article 32 of the Constitutional Jurisdiction Act (Ley de Jurisdicción Constitucional) and other regulations governing the matter. Unlike pure and simple requests, there are other scenarios in which Constitutional article 27, strictly speaking, is not the applicable one, but article 41 of the Fundamental Charter: "Resorting to the laws, everyone must find reparation for the injuries or damages they have received in their person, property, or moral interests. They must be given prompt, complete justice, without denial and in strict accordance with the laws"; a thesis that was adopted in article 3 of the Right of Petition Regulation Act No. 9097, according to which those applications, claims, complaints, or suggestions for whose satisfaction the legal system established a specific administrative procedure and different time limits from those regulated in said law are not the object of the right of petition. In this sense, except for special time limits established by law, the time limits established in the General Public Administration Act (articles 261 and 325) apply. Nevertheless, starting from vote number 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Sala has referred to the contentious-administrative jurisdiction - with some exceptions - those matters in which it is disputed whether the public authority has complied or not with the time limits set by the General Public Administration Act (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, in order to resolve by final act an administrative procedure - initiated ex officio or at the request of a party - or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the case sub lite, as indicated in considerando I, an exceptional scenario is raised, as we are faced with the lack of resolution of a request submitted by elderly persons, which apparently has not been resolved within a reasonable time. Now then, from the appealing party's own statements it is inferred that the aforementioned request was filed on August 18, 2025. For the foregoing, it was verified that in official letter DM-1036-2025 DAJ-MINAE-2580-2025 of November 17, 2025, notified on November 18, 2025, the respondent minister communicated to the claimant party that their claim was referred to the Director of the Área de Conservación Arenal –Tempisque so that they proceed with the study of their request in accordance with the applicable law, since it is they to whom, by competence, it corresponds to carry out said procedure. Nevertheless, it is quite clear that as of the date of filing the recurso de amparo, which took place on November 10, 2025, almost three months had elapsed without MINAE having definitively resolved the administrative claim (reclamo administrativo) under study. Furthermore, note that in the attached report it was emphasized that a response was expected from the Director of the Área de Conservación Arenal –Tempisque by November 25, 2025, in order to address the administrative claim; however, there is no record that this has been carried out. Consequently, it is considered that, indeed, a violation of the right protected in article 41 of the Political Constitution has occurred, inasmuch as the time elapsed for the Administration to resolve the appealing party's request is unreasonable and disproportionate. Thus, it is necessary to grant the recurso, with the consequences that will be stated in the dispositiva part of the judgment. VII.- NOTE OF JUDGE Nombre209, REGARDING PROMPT - AND COMPLETE - ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when the litigant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who should hear the legal controversy are the Tribunals of the Contencioso-Administrativo and not this Sala. Now then, with the recent enactment of Law No. 9097, Right of Petition Regulation Act (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the recurso de amparo established by article 32 of the Constitutional Jurisdiction Act, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the newly enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it corresponds exclusively to it, based on article 7 of its Act, to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Sala as exceptional scenarios, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial)", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. POR TANTO: The recurso is granted for violation of article 41 of the Political Constitution. Nombre34966, in his capacity as Ministro de Ambiente y Energía, or whoever holds that position, is ordered to resolve and notify the appealing party of the administrative claim (reclamo administrativo) they presented on August 18, 2025, within a period of ONE MONTH counted from the notification of this judgment. The respondent authority is warned that, in accordance with article 71 of the Constitutional Jurisdiction Act, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on whoever receives an order that they must comply with or enforce, issued within a recurso de amparo and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely penalized. The State is sentenced to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of sentence of the contentious-administrative jurisdiction. Judge Nombre209 records a note. Notify. Fernando Castillo V. Presidente Nombre210. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Nombre51167. Digitally Signed Document -- Verification code -- PO7PITSGYIE61 EXPEDIENTE No. 25-035031-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). This is a true copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 11:51:50. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República