Res. 25588-2025 Sala Constitucional — Accession to the 1996 London Protocol on Marine PollutionAdhesión al Protocolo de Londres 1996 sobre contaminación del mar

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Sala Constitucional

Resolución Nº 25588 - 2025

Fecha de la Resolución: 12 de Agosto del 2025 a las 12:00

Expediente: 25-019915-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Consulta legislativa preceptiva

Control constitucional: Sentencia desestimatoria

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

NO APLICA.

AMBIENTE. CONVENIO SOBRE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL MAR
Expediente: 25-019915-0007-CO
Sentencia: 025588-25 del 12 de agosto del 2025
Tipo de asunto: Consulta Legislativa Preceptiva
Norma impugnada: Aprobación de la Adhesión al Protocolo de 1996, relativo al Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, 1972. Expediente Legislativo 24.856
Parte dispositiva: Se evacua esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad, en el sentido de que, con motivo del trámite del proyecto de ley "APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS, 1972”, expediente legislativo número 24.856, no se ha producido ningún vicio sustancial de procedimiento, y en cuanto al fondo, no infringe el Derecho de la Constitución. La magistrada Garro Vargas consigna razones diferentes en relación con el considerando VIII y nota. Notifíquese al Directorio de la Asamblea Legislativa. Comuníquese.

CO01/26

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Texto de la resolución

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Exp: 25-019915-0007-CO

Res. Nº 2025025588

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas del doce de agosto de dos mil veinticinco.

       Consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad que se tramita bajo expediente No. 25-019915-0007-CO formulada por el Directorio de la Asamblea Legislativa, sobre el proyecto de ley de “APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS, 1972”, que se tramita en el expediente legislativo No. 24.856.

Resultando:

 1.- La consulta, que se formula en cumplimiento de lo que establece el inciso a) del artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, fue recibida en la Secretaría de la Sala a las 10:46 horas del 9 de julio de 2025, con una copia certificada del expediente legislativo. La Presidencia de la Sala tuvo por presentada la consulta mediante resolución de las 14:34 horas del 9 de julio de 2025.

 2.- Por resolución de las 10:04 horas del 14 de julio de 2025 se previno al jefe del Departamento de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y al secretario del Directorio Legislativo indicar quién suscribió en representación del Gobierno de la República la "ADHESIÓN AL PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS, 1972” y, en su caso, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el número y fecha de la publicación en La Gaceta de los plenos poderes correspondientes para celebrar el convenio.

3.- Natalia Córdoba Ulate, directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en memorial recibido el 16 de julio de 2025, indicó que, según se detalla en el documento “STATUS OF IMO TREATIES”, el cual contiene la información completa, a junio de 2025, sobre el estado de las convenciones e instrumentos multilaterales respecto de los cuales la Organización Marítima Internacional o su secretario general desempeñan funciones de depositario u otras funciones, Costa Rica no figura como Estado signatario del Protocolo de 1996, relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972. El artículo 24 del Protocolo prevé expresamente la adhesión como mecanismo legítimo para constituirse en Parte Contratante, sin requerirse la firma previa del tratado. Al tratarse de una adhesión y no de una firma del tratado, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Protocolo de 1996 y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, no resulta aplicable el procedimiento de emisión y publicación de plenos poderes que suele exigirse para la firma inicial de tratados internacionales. En los casos de adhesión, la manifestación del consentimiento del Estado se efectúa directamente mediante el depósito del instrumento correspondiente ante el depositario, sin requerir una firma previa. Por ello, es razonable que no existan plenos poderes, dado que el proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo busca precisamente formalizar dicha voluntad de adhesión. Corolario de lo aquí expuesto, se deja constancia de que, mediante el proyecto de ley actualmente en trámite ante la Asamblea Legislativa, el Estado costarricense manifiesta su voluntad formal de adherirse al Protocolo de 1996, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 24 de dicho instrumento y en el marco del ordenamiento jurídico nacional.

4.- En los procedimientos se observaron las prescripciones de ley.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

 I.- OBJETO Y ADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. El Directorio de la Asamblea Legislativa formuló esta consulta en relación con el proyecto de ley de “APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS, 1972” que se tramita en el expediente legislativo número 24.856, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, inciso b) de la Constitución Política y 96 inciso a), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por tratarse de un convenio internacional, la consulta es admisible en cuanto a su objeto. Asimismo, el proyecto fue sometido a votación en la Sesión Plenaria Extraordinaria No. 03 de 30 de junio de 2025 y aprobado en primer debate con cuarenta y dos votos a favor y ninguno en contra, por lo que se cumple lo preceptuado en el artículo 98, párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

II.- SOBRE EL PLAZO PARA RESOLVER. La consulta fue presentada el 9 de julio de 2025 junto con el expediente legislativo N°24.856. Por resolución de las 10:04 horas del 14 de julio de 2025 se previno al jefe del Departamento de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y al secretario del Directorio Legislativo aportar documentación necesaria para resolver la consulta. La respuesta fue recibida en la secretaría de la Sala Constitucional el 16 de julio de 2025. Tal circunstancia amplía el plazo de un mes dispuesto en el artículo 101, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que el plazo para evacuar la consulta vence el 16 de agosto de 2025.

III.- SOBRE LOS ANTECEDENTES Y FINALIDAD DEL PROYECTO DE LEY “APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS, 1972”. La Organización Marítima Internacional -OMI- fue creada en 1948 como un organismo especializado de la Organización de Naciones Unidas, responsable de la seguridad y del transporte marítimo de buques mercantes, y de la prevención de la contaminación marina y atmosférica causada por los buques. Su labor apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La OMI “es la autoridad mundial encargada de establecer normas para la seguridad, la protección y el comportamiento ambiental que ha de observarse en el transporte marítimo internacional. Su función principal es establecer un marco normativo para el sector del transporte marítimo que sea justo y eficaz, y que se adopte y aplique en el plano internacional” (ver https://www.imo.org/es/About/Paginas/Default.aspx).

Las convenciones clave de la OMI son: el “Convenio internacional para la seguridad de la vida en el mar (SOLAS), 1974”, en su forma enmendada; el “Convenio internacional para prevenir la contaminación por buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 y por el Protocolo de 1997 (MARPOL)” y el “Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (STCW)”, en su forma enmendada, incluidas las enmiendas de 1995 y de Manila y entre los convenios relativos a la prevención de la contaminación marina, encontramos el “Convenio sobre la protección de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias (PMD),1972” y el Protocolo de Londres de 1996 a ese convenio, 

La Conferencia Intergubernamental sobre el Convenio relativo al vertido de desechos en el Mar, que se reunió en Londres en noviembre de 1972, por invitación del Reino Unido, adoptó el “Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias”. Este instrumento, conocido generalmente como el Convenio de Londres, fue uno de los primeros convenios internacionales para la protección del medio marino frente a las actividades humanas. Entró en vigor el 30 de agosto de 1975 y, desde 1977, es administrado por la OMI. El Convenio de Londres contribuye al control y la prevención internacionales de la contaminación marina al prohibir el vertido de determinados materiales peligrosos. Además, se exige un permiso especial antes de verter otra serie de materiales identificados y un permiso general para otros residuos o materias. Por "vertido" se entiende la eliminación deliberada en el mar de residuos u otras materias desde buques, aeronaves, plataformas u otras estructuras artificiales, así como la eliminación deliberada de los propios buques o plataformas. En los anexos se enumeran los residuos que no pueden verterse y otros para los que se requiere un permiso especial de vertido.

Las enmiendas adoptadas en 1993 (que entraron en vigor en 1994) prohibieron el vertido al mar de residuos radiactivos de baja actividad. Además, las enmiendas eliminaron progresivamente el vertido de residuos industriales antes del 31 de diciembre de 1995 y prohibieron la incineración en el mar de residuos industriales. En 1996, las Partes adoptaron un Protocolo del “Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972” (conocido como el Protocolo de Londres) que entró en vigor en 2006. El Protocolo, que está destinado a sustituir con el tiempo al Convenio de 1972, representa un importante cambio de enfoque en la cuestión de cómo regular el uso del mar como depósito de materiales de desecho. En lugar de establecer qué materiales no pueden verterse, prohíbe todos los vertidos, salvo los residuos posiblemente aceptables de la llamada "lista inversa", que figura en un anexo del Protocolo.

Costa Rica es parte de la Organización desde 1981 y ha suscrito diversos convenios que la Organización ha propiciado durante los años para el cumplimiento de sus fines tales como la Convención sobre Seguridad de la Vida en el Mar, de 1974, y sus Protocolos de 1978 y 1988; la Convención sobre Arqueo de Buques, de 1969; el Convenio sobre Estándares de Formación, Certificación y Guardias de la Gente de Mar, de 1978; el Convenio de Salvamento y Rescate Marítimo, de 1979; la Convención sobre la Organización Internacional de Satélites Móviles, de 1976; el Convenio sobre Facilitación del Tráfico Marítimo Internacional, de 1965; el Convenio sobre Responsabilidad Civil por Daños de Contaminación del Petróleo, de 1969, y sus Protocolos 1976 y 1992; la Convención de Londres para la Prevención de la Contaminación Marítima, de 1972; la Convención del Fondo Internacional para Compensación de Daños de la Contaminación del Petróleo, de 1992; y la Convención para suprimir los Actos Ilegales contra la Navegación Marítima, de 1988. 

El Estado costarricense también es parte del “Convenio para la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias.”, aprobado por Ley N°5566 de 26 de agosto de 1974, antecedente directo del “Protocolo de 1996 Relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972”, conocido como Protocolo de Londres, cuya adhesión el Poder Ejecutivo somete a aprobación de la Asamblea Legislativa, y que es el objeto de esta consulta.

Como indica la exposición de motivos del proyecto de ley de aprobación, el protocolo surge como respuesta al cambio en las condiciones ambientales, a la concientización mundial sobre la necesidad de procurar el debido manejo de los desechos y otras materias y el reconocimiento de estas prácticas de vertido como un problema global interdisciplinario, que abarca aspectos ecológicos, económicos, jurídicos y políticos. Se promovió la emisión de un acuerdo más moderno y amplio, a efectos de proteger el medio ambiente marino en las actividades de vertimiento, resultando la promulgación del Protocolo de Londres, adoptado en esa ciudad en 1996. El referido Protocolo entró en vigor en 2006 y sustituye al Convenio de Londres, acordado en 1972, que queda derogado para las partes que lo ratifiquen -artículo 23 del Protocolo de 1996-.

IV.- LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE LEGISLATIVO NÚMERO 24.856. A tenor del artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al evacuar la consulta, la Sala dictaminará sobre cualesquiera aspectos o motivos que estime relevantes desde el punto de vista constitucional, pero es vinculante sólo en lo que se refiere a los trámites. Para los efectos anteriores, se hará una síntesis de los trámites legislativos seguidos en este caso. El proyecto denominado “APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS, 1972” ha seguido el siguiente íter:

1)  El proyecto, que es de iniciativa del Poder Ejecutivo, fue presentado a la Asamblea Legislativa el 25 de febrero de 2025 para que se le diera el trámite de rigor (folio 1 del expediente legislativo);

2) El 24 de marzo de 2025 se asigna el proyecto de ley a conocimiento de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior para ser dictaminado (folio 102);

3) La iniciativa fue publicada en el Alcance N°36 a la Gaceta N°49 de 13 de marzo de 2025, visible en la web en el siguiente enlace: ALCANCE N° 36 A LA GACETA N° 49 de la fecha 13 03 2025 (imprentanacional.go.cr);

4) En la sesión N°25 del 02 de abril de 2025 la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior aprueba una moción de varios diputados para que el proyecto de ley sea consultado a: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, División Marítima Portuaria,  Ministerio de Ambiente y Energía, Procuraduría General de la República, Defensoría de los Habitantes, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Servicio Nacional de Guardacostas, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio de Salud, Incoop, Japdeva, todas las municipalidades del país, Acueductos y Alcantarillados, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Cámara Costarricense de la Construcción (folio 105);

5) Mediante Decreto Ejecutivo 44976-MP del 30 de abril de 2025, el Poder Ejecutivo amplía la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, a fin de que se conociera, entre otros, el expediente N°24856 (folio 393 y ss);

6) Mediante Decreto Ejecutivo 44977-MP del 7 de mayo de 2025, el Poder Ejecutivo amplía la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, a fin de que se conociera, entre otros, el expediente N°24856 (folio 408 y ss);

7) Mediante Decreto Ejecutivo 44983-MP del 14 de mayo de 2025, el Poder Ejecutivo amplía la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, a fin de que se conociera, entre otros, el expediente N°24856 (folio 422 y ss);

8) Mediante oficio AL-DEST-IJU-207-2025 de 6 de junio de 2025 el director del Departamento de Servicios Técnicos somete a consideración de la Comisión de Relaciones Internacionales el informe jurídico del expediente No. 24856 (folio 448-466);

 9) En sesión ordinaria N°02 del 11 de junio de 2025 de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, se amplió el plazo para rendir informe por quince días a la Subcomisión que conoce del expediente N°24586 (folio 467-473);

10) En la sesión ordinaria del Plenario Legislativo N°27 del 19 de junio de 2025, se presentó y aprobó una moción de orden de dispensa de trámites del proyecto de ley que se tramita bajo expediente N°24856 (folio 474-484);

11) En la Sesión Extraordinaria No. 03 de 30 de junio de 2025 el plenario legislativo inicia la discusión en primer debate del expediente legislativo N.24856 ley “APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS, 1972”, se sometió a votación y se aprobó con 42 votos a favor y 0 en contra (folio 487-494);

 12) La Comisión Permanente Especial de Redacción en la Sesión N°6 de 3 de julio de 2025 aprueba la redacción final del proyecto de ley que se conoce en expediente legislativo N.24856 (folio 512811-845);

 V.- SOBRE EL TRAMITE DEL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N°24586. El Poder Ejecutivo presenta a aprobación de la Asamblea Legislativa la adhesión al “Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972”. Al respecto, el artículo 24 del protocolo, prevé expresamente la adhesión como mecanismo legítimo para constituirse en Parte Contratante, sin requerirse la firma previa del tratado conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Al tratarse de una adhesión y no de una firma del tratado, la manifestación del consentimiento del Estado se efectúa directamente mediante el depósito del instrumento correspondiente ante el depositario, sin requerir una firma previa. Esto explica el hecho de que no conste en el expediente legislativo el otorgamiento de plenos poderes. Precisamente, el Poder Ejecutivo busca formalizar dicha voluntad de adhesión mediante el proyecto de ley presentado a la corriente legislativa el 25 de febrero de 2025, en ejercicio de su poder de iniciativa a fin de que se le dé el trámite previsto en la Constitución Política.

Asimismo, consta que fue asignado a la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, para ser dictaminado. En cumplimiento del principio de publicidad, el texto del proyecto de ley fue publicado en el Alcance N°36 a la Gaceta N°49 de 13 de marzo de 2025.  Posteriormente, en la sesión ordinaria del Plenario Legislativo N°27 del 19 de junio de 2025, se presentó y aprobó una moción de orden de dispensa de trámites del proyecto de ley que se tramita bajo expediente N°24856. No se observa infracción a los derechos y potestades de los legisladores, pues el proyecto de ley fue conocido por el Plenario Legislativo como correspondía, por tratarse de la aprobación de convenio internacional y, en esa medida, no podía ser delegado en una Comisión Legislativa con Potestad Plena según lo establece el artículo 124 párrafo 3 de la Constitución Política en relación con el artículo 121 párrafo 4 ibídem. Finalmente, tal y como se acreditó, el proyecto de ley fue votado durante el período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, espacio temporal en el que la iniciativa en la formación de las leyes le compete de forma exclusiva al Poder Ejecutivo, como lo dispone el artículo 118 constitucional. El proyecto de ley consultado estaba incluido en el Decreto Ejecutivo N°44983-MP del 14 de mayo de 2025 que amplió la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa e incluyó el expediente legislativo No. 24856. De acuerdo con lo anterior, la Asamblea Legislativa estaba habilitada para deliberar sobre el proyecto de ley en cuestión. Finalmente, la iniciativa de ley contó, para su aprobación, con el voto de 42 diputados y diputadas, por lo que a tal efecto, se cumplió lo dispuesto en el numeral 124 inciso 3 de la Constitución Política en relación con el 121, párrafo 4, ibídem, pues el proyecto de ley fue conocido por el Plenario Legislativo y cumplió sobradamente tal mayoría absoluta. En este sentido, se puede comprobar que el proyecto fue tramitado según el procedimiento legislativo correspondiente, sin que esta Sala observe vicio de procedimiento alguno.

VI.- SOBRE EL PROYECTO DE LEY Y EL CONTENIDO DEL CONVENIO. El proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo número 24.856 presenta para aprobación la versión consolidada del Protocolo de 1996 y las enmiendas que se detallan en el artículo 1. Así lo hace constar el coordinador del Proceso Normativo de la Actividad Marítima y Asesor Legal de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el 28 de enero de 2025 (folio 8 del expediente 24.586). La iniciativa de ley consta de dos artículos, los cuales señalan:

“Artículo 1- Se aprueba la adhesión del Gobierno de la República de Costa Rica al Protocolo de 1996, relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, de 1972, modificado por sus enmiendas, y que en su versión consolidada oficial, consta de lo siguiente:

 

RELATIVAS AL PROTOCOLO Y SUS ENMIENDAS




Protocolo de 1996, relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972




Enmiendas de 2006 al Protocolo de 1996, relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972, enmienda para para incluir en el Anexo 1 del Protocolo de Londres el secuestro de CO2 en las formaciones geológicas del subfondo marino (Resolución LP.1(1).




Enmiendas de 2009 al Protocolo de 1996, relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972, enmienda relativa al artículo 6 del Protocolo de Londres (Resolución LP.3(4).




Enmiendas de 2009 al Protocolo de 1996, relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972, enmienda relativa al artículo 6 del Protocolo de Londres (Resolución LP.3(4).




Enmiendas de 2013 al Protocolo de 1996, relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972, para regular la colocación de materias a fines de fertilización de los océanos y otras actividades de geoingeniería marina (Resolución LP.4(8)




Enmiendas de 2022 al Protocolo de 1996, relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972, para retirar los fangos cloacales de los anexos 1 y 2, relativos a la lista y la evaluación de los desechos u otras materias cuyo vertimiento podrá considerarse (Resolución LP.6 (17)

 

Artículo 2- La República de Costa Rica hace reserva a los artículos 21 y 22 del Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972, sus anexos y enmiendas; en el sentido de que las enmiendas aprobadas conforme al procedimiento ahí descrito tendrán vigencia en el país cuando se consideren protocolos de menor rango derivados del Convenio en los términos que establece nuestra Constitución Política. En el caso de enmiendas sustanciales, tendrán vigencia una vez que hayan sido aprobados de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución Política.

Rige a partir de su publicación.”

 

El artículo 1 del proyecto de ley aprueba “la adhesión del Gobierno de la República de Costa Rica al Protocolo de 1996, relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, de 1972, modificado por sus enmiendas. La Sala procederá de seguido a analizar el contenido del indicado instrumento internacional, conocido como Protocolo de Londres. El artículo 2 del proyecto de ley será analizado en el considerando VII de esta sentencia.

En primer término, se observa que el Protocolo propiamente dicho, es decir, lo que en la técnica del Derecho de los Tratados se conoce como su parte dispositiva y consideraciones finales, consta de veintinueve artículos y cinco anexos, con los objetivos señalados en su artículo 2, de “prevenir, reducir y, cuando sea factible, eliminar la contaminación causada por el vertimiento o la incineración en el mar de desechos u otras materias”.

En cuanto a su texto, a pesar de no estar dividido en capítulos, sigue un orden lógico a través de sus veintinueve artículos, donde se identifican las tres secciones habituales -preámbulo, contenido y disposiciones finales- desde la definición de las obligaciones generales, las conductas que los Estados Contratantes se comprometen a prohibir, con sus excepciones, y cómo proceder, el ámbito de aplicación, así como la solución de las controversias que llegaren a suscitarse y la información que debe compartirse. Fuera de ello, el resto del articulado comprende las normas habituales del Derecho de los Tratados, como las relacionadas con la firma, suscripción, adhesión, reservas, denuncias, y posibilidad de enmiendas, modificaciones y momentos de entrada en vigor del instrumento.

Un análisis más detallado del articulado del tratado muestra que en el artículo 1 contiene las definiciones de términos que se utilizan en el Protocolo, circunscritas a éste, esenciales para la aplicación de dicho instrumento internacional. Así, por ejemplo, el apartado 4.1 define qué se entiende por “vertimiento”:

“4.1 Por vertimiento se entiende:

1. toda evacuación deliberada en el mar de desechos u otras materias desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar;

2. todo hundimiento deliberado en el mar de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar;

3. todo almacenamiento de desechos u otras materias en el lecho del mar o en el subsuelo de éste desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar; y

 4. todo abandono o derribo in situ de plataformas u otras construcciones en el mar, con el único objeto de deshacerse deliberadamente de ellas.

 

Adicionalmente, el apartado 4.2 aclara aún más el concepto, explicando lo que no se entiende por vertimiento. En ese sentido, el apartado 4.3 excluye la aplicación del Protocolo a “la evacuación o el almacenamiento de desechos u otras materias que resulten directamente de la exploración, explotación y consiguiente tratamiento mar adentro de los recursos minerales del lecho del mar, o que estén relacionados con dichas actividades.”

También resulta relevante la definición de “incineración en el mar” contenida en el apartado 5.1: “por incineración en el mar se entiende la quema de desechos u otras materias a bordo de un buque, una plataforma u otra construcción en el mar para su eliminación deliberada por destrucción térmica”. El apartado 5.2 enumera en qué casos la incineración es permitida.  Por su parte, el apartado 5 bis define: “Por geoingeniería marina se entiende una intervención deliberada en el medio marino para manipular procesos naturales incluido para contrarrestar el cambio climático antropógeno y/o sus repercusiones, y que puede resultar en efectos perjudiciales, especialmente cuando esos efectos son generalizados, duraderos o graves.”

El artículo 2 corresponde a los objetivos del Convenio:

“Artículo 2

Objetivos

Las Partes Contratantes protegerán y preservarán el medio marino contra todas las fuentes de contaminación y adoptarán medidas eficaces, según su capacidad científica, técnica y económica, para prevenir, reducir y, cuando sea factible, eliminar la contaminación causada por el vertimiento o la incineración en el mar de desechos u otras materias. Cuando proceda, las Partes Contratantes armonizarán sus políticas a este respecto.”

 

Por su parte el artículo 3, establece las obligaciones generales de las Partes Contratantes, que son:

“Artículo 3

Obligaciones generales

1. Al implantar el presente Protocolo, las Partes Contratantes aplicarán un planteamiento preventivo de la protección del medio ambiente contra el vertimiento de desechos u otras materias o contra la colocación de materias para las actividades de geoingeniería marina que pueden considerarse para la concesión de permisos de conformidad con el anexo 4.

2. Teniendo en cuenta el planteamiento de quién contamina debería, en principio sufragar los costes de la contaminación, cada Parte Contratante tratará de fomentar prácticas en virtud de las cuales aquellos a quienes haya autorizado a realizar actividades de vertimiento o incineración en el mar sufragarán los costes ocasionados por el cumplimiento de las prescripciones sobre prevención y control de la contaminación de las actividades autorizadas teniendo debidamente en cuenta el interés público.

3. Al implantar las disposiciones del presente protocolo, las Partes contratantes actuarán de modo que no transfieran directa o indirectamente los daños o la probabilidad de causar daños de una parte del medio ambiente a otra ni transformen en un tipo de contaminación en otro.

4. Nada de lo dispuesto en el presente protocolo se interpretará en el sentido de impedir que las Partes Contratantes tomen, por separado o conjuntamente, medidas más rigurosas de conformidad con el derecho internacional en lo que respecta a la prevención, la reducción y, cuando sea factible, la eliminación de la contaminación.”

 

Esta disposición del Protocolo de 1996 es medular pues, en sintonía con numerosos Convenios Multilaterales que le preceden, consagra el principio preventivo y el principio el que contamina, paga, aplicables a la protección de medio ambiente.

Los artículos 4, 5, 6 y 6 bis contemplan otras obligaciones más específicas. La principal es la contenida en el artículo 4, que consiste en desarrollar medidas internas para prohibir el vertimiento de desechos al mar. Indica la indicada norma:

“Artículo 4

Vertimiento de desechos u otras materias

1.1  Las Partes Contratantes prohibirán el vertimiento de cualesquiera desechos u otras materias, con excepción de los que se enumeran en el anexo 1.

1.2 Para el vertimiento de desechos u otros materiales enumerados en el anexo 1 será necesario un permiso. Las Partes Contratantes adoptarán medidas administrativas o legislativas a fin de garantizar que la expedición de los permisos y las condiciones de éstos cumplen las disposiciones del anexo 2. Se prestará particular atención a las posibilidades de evitar el vertimiento en favor de alternativas preferibles desde el punto de vista ambiental.

2  Nada de lo dispuesto en el presente protocolo se interpretará en el sentido de impedir que una Parte Contratante prohíba, en lo que esa Parte concierne el vertimiento de los desechos u otras materias mencionados en el anexo 1. La parte en cuestión notificará tales medidas a la Organización.”

 

Las Partes Contratantes del Protocolo de Londres se obligan a prohibir el vertimiento de desechos y otras materias en el mar. De suma importancia es la introducción del enfoque de “lista inversa”. En lugar de establecer cuáles son los materiales que no podrán verterse en el mar, como estaba regulado en el Convenio de Londres, se invierte la regulación, que prohíbe todo vertimiento, excepto el de los desechos que figuran como vertimientos permitidos, enumerados en el Anexo 1. Adicionalmente, las Partes Contratantes se obligan a establecer medidas administrativas o legislativas para prohibir el vertimiento de desechos en el mar y autorizar las excepciones sólo mediante permisos que emitirán autoridades competentes designadas a tal efecto.

Mediante los artículos 5, 6, y 6 bis, las Partes Contratantes se obligan a prohibir otras conductas, por su impacto negativo en el ambiente marino:

 

“Artículo 5

Incineración en el mar

Las Partes Contratantes prohibirán la incineración en el mar de cualesquiera desechos u otras materias.

Artículo 6

Exportación de desechos u otras materias

1 Las Partes Contratantes no permitirán la exportación de desechos u otras materias a otros países para su vertimiento o incineración en el mar.

2 No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los flujos de dióxido de carbono podrán exportarse para su evacuación de conformidad con lo dispuesto en el anexo 1 a condición de que los países interesados hayan concluido un acuerdo o concierto. Dicho acuerdo o concierto incluirá:

.1 la confirmación y asignación de las responsabilidades del permiso entre los países exportadores y receptores, en consonancia con las disposiciones del presente Protocolo y otro derecho internacional aplicable; y

.2 en el caso de exportaciones a Estados que no son Partes Contratantes, disposiciones equivalentes, como mínimo, a las recogidas en el presente Protocolo, incluidas las relativas a la expedición de permisos y a las condiciones de los permisos para el cumplimiento de las disposiciones del anexo 2, para garantizar que el acuerdo o concierto no menoscabe las obligaciones de las Partes Contratantes en virtud del presente Protocolo de proteger y preservar el medio marino.

Toda Parte Contratante que concluya tal acuerdo o concierto lo notificará a la Organización.

Artículo 6bis

Actividades de Geoingeniería Marina

1 Las Partes Contratantes no permitirán la colocación de materias en el mar efectuada desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar para las actividades de geoingeniería marina enumeradas en el anexo 4, salvo que en la enumeración se disponga que la actividad o la subcategoría de la actividad puede autorizarse en virtud de un permiso.

2 Las Partes Contratantes adoptarán medidas administrativas o legislativas a fin de garantizar que la expedición de los permisos y las condiciones de los permisos cumplen las disposiciones del anexo 5 y que se tiene en cuenta todo marco específico de evaluación elaborado para una actividad y adoptado por la Reunión de las Partes Contratantes. Sólo podrá expedirse un permiso después de que la actividad haya sido objeto de una evaluación en la que se haya determinado que, en la medida de lo posible, la contaminación del medio marino debida a la actividad propuesta se evita o reduce al mínimo. Un permiso sólo podrá expedirse si en la evaluación se concluye que la actividad no es contraria a los objetivos del Protocolo.

3 El artículo 4 no se aplica a las actividades enumeradas en el anexo 4.”

 

Referido al ámbito de aplicación del Protocolo, conforme lo dispuesto en el artículo 1 apartado 7, sus disposiciones se aplican al mar, entendido como “todas las aguas marinas, que no sean las aguas interiores de los Estados, así como el lecho del mar y el subsuelo de éste. Este término no incluye los depósitos en el subsuelo del mar a los que sólo se tiene acceso desde tierra”. El artículo 7 dispone: 

“Artículo 7

Aguas interiores

1. No obstante, cualquier otra disposición del presente protocolo, éste se referirá a las aguas interiores solamente en la medida prevista en los apartados 2 y 3.

2. Cada Parte Contratante, a discreción suya, aplicará las disposiciones del presente protocolo o adoptará otras medidas efectivas de concesión de permisos y de reglamentación para controlar la evacuación deliberada de desechos u otras materias en aguas marinas interiores en los casos en que tal evacuación constituiría vertimiento o incineración en el mar en el sentido del artículo 1 y si se realizara en el mar.

3. Cada parte contratante debería facilitar a la Organización información sobre la legislación y los mecanismos institucionales relativos a la implantación, el cumplimiento y la ejecución en aguas marinas interiores. Las Partes Contratantes deberían también hacer todo lo posible por facilitar con carácter voluntario informes resumidos sobre el tipo y la naturaleza de los materiales que se viertan en las aguas marinas interiores.”

 

Las aguas interiores en el derecho del mar son de exclusiva soberanía del Estado que las contiene. De allí que el artículo 7 deja a arbitrio de las Partes Contratantes la aplicación de las disposiciones del Protocolo para controlar la evacuación deliberada de desechos u otras materias en aguas marinas interiores, en los casos en que tal evacuación constituiría vertimiento o incineración en el mar, en el sentido del artículo 1, y si se realizara en el mar.

El artículo 8 dispone:

“Artículo 8

Excepciones

1. Las disposiciones de los artículos 4.1 y 5 no se aplicarán cuando sea necesario salvaguardar la seguridad de la vida humana o de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar, en casos de fuerza mayor debidos a las inclemencias del tiempo o en cualquier otro caso que constituya un peligro para la vida humana o una amenaza real para buques aire naves (sic) plataformas u otras construcciones en el mar si el vertimiento o la incineración en el mar parecen ser el único medio para evitar la amenaza y si existe toda probabilidad de que los daños resultantes de dicho vertimiento o de dicha incineración en el mar sean menores que los que ocurrirían de otro modo. Dicho vertimiento o dicha incineración en el mar se llevarán a cabo de forma que se reduzca al mínimo la probabilidad de causar daños a los seres humanos o la flora y fauna marinas y se pondrán inmediatamente en conocimiento de la Organización.

2. Una parte contratante podrá expedir un permiso como excepción a lo dispuesto en los artículos 4.1 y 5, en casos de emergencia que constituyen una amenaza inaceptable para la salud humana, la seguridad o el medio marino y en los que no quepa otra solución factible. Antes de expedirlo, la Parte Contratante consultará con cualquier otro país o países que pudieran verse afectados y con la Organización, la cual después de consultar con las otras partes contratantes y con las organizaciones internacionales competentes que estime pertinente, recomendará sin demora a la Parte Contratante, de conformidad con el artículo 18.1.6 los procedimientos más adecuados que deban ser adoptados. La Parte Contratante seguirá estás recomendaciones en la máxima medida factible de acuerdo con el plazo dentro del cual deba tomar las medidas y con la obligación general de evitar causar daños al medio marino y notificará a la Organización las medidas que adopte. Las Partes Contratantes se comprometen a ayudarse mutuamente en tales situaciones.

3. Cualquier Parte Contratante podrá renunciar al derecho reconocido en el apartado dos del presente artículo en el momento de ratificar el presente protocolo o de adherirse al mismo, o en cualquier otro momento ulterior.”

 

La disposición transcrita exceptúa las obligaciones del Protocolo cuando se configuran situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o emergencias.

Por su parte, el artículo 9 establece obligaciones procedimentales, de vigilancia e información, que complementan las estipuladas en el artículo 4, en los siguientes términos:

 

“Artículo 9

Expedición de permisos y notificación

1. Cada Parte Contratante designará a la autoridad o autoridades competentes para:

1. expedir permisos de conformidad con el presente protocolo;

2. llevar registros de la naturaleza y las cantidades de todos los desechos u otras materias para los cuales se hayan expedido permisos y, cuando sea factible, de las cantidades que se hayan efectivamente vertido, o colocado de conformidad con el artículo 6bis, así como del lugar, fecha y método de vertimiento o colocación; y

3. vigilar individualmente o en colaboración con otras Partes Contratantes y con organizaciones internacionales competentes el estado del mar para los fines del presente protocolo.

2. La autoridad o autoridades competentes de una Parte Contratante expedirán permisos de conformidad con el presente Protocolo respecto a los desechos u otras materias destinados a ser vertidos o, según lo previsto en el artículo 6 bis, colocados o, según lo previsto en el artículo 8.2, incinerados en el mar:

1. que se carguen en su territorio; y

2. que se carguen en un buque o aeronave registrado o abanderado en su territorio, cuando la carga tenga lugar en el territorio de un Estado que no sea Parte Contratante del presente protocolo.

3. Para la expedición de permisos, la autoridad o autoridades competentes observarán las prescripciones del artículo 4 y del artículo 6 bis, así como los criterios, medidas y requisitos adicionales que se consideran pertinentes.

4. Cada Parte Contratante notificará a la Organización y, cuando proceda, a las otras Partes Contratantes directamente o a través de una secretaría establecida con arreglo a un acuerdo regional:

1. la información especificada en los apartados 1.2 y 1.3;

2. las medidas administrativas y legislativas tomadas para implantar las disposiciones del presente protocolo, incluido un resumen de las medidas de ejecución; y

3. la eficacia de las medidas a que se hace referencia en el apartado 4.2, así como cualquier problema que plantee su aplicación.

 

La información mencionada en los apartados en 1.2 y 1.3 se facilitará anualmente. La información mencionada en los apartados 4.2 y 4.3 se facilitará con regularidad.

5. Los informes presentes con arreglo a los apartados cuatro dos y 4.3 serán evaluados por un órgano auxiliar adecuado según lo decida la Reunión de las Partes Contratantes. Ese órgano dará parte de sus conclusiones a la oportuna reunión o reunión especial de las Partes Contratantes.”

 

El artículo 10, referido al ámbito de aplicación del Protocolo, excluye su aplicación a buques o aeronaves que tengan derecho a inmunidad soberana de acuerdo con el derecho internacional. Esta exclusión que formaliza el Protocolo resulta relevante porque a partir de aquí se entiende que su aplicación se limita a la flota mercante. Dispone la indicada norma:

“Artículo 10

Aplicación y ejecución

1. Cada Parte Contratante aplicará las medidas necesarias para la aplicación del presente protocolo a todos los:

1. buques y aeronaves registrados o abanderados en su territorio;

2. buques y aeronaves seguir (sic) que carguen en su territorio los desechos u otras materias que están destinados a ser vertidos, incinerados, o colocados, de conformidad con el artículo 6 bis, en el mar; y

3. buques, aeronaves y plataformas u otras construcciones que a su juicio se dediquen a operaciones de vertimiento, incineración o colocación, de conformidad con el artículo 6 bis, en el mar en las zonas respecto de los cuales tenga derecho a ejercer jurisdicción con arreglo al derecho internacional.

2. Cada Parte Contratante tomará las medidas apropiadas con arreglo al derecho internacional para prevenir y, si es necesario, castigar los actos contrarios a las disposiciones del presente protocolo.

3. Las Partes Contratantes acuerdan cooperar en la elaboración de procedimientos para la aplicación efectiva del presente protocolo en las zonas situadas más allá de la jurisdicción de cualquier Estado, incluidos los procedimientos para informar sobre los buques y aeronaves que hayan sido vistos mientras realizaban operaciones de vertimiento o incineración en el mar, contraviniendo lo dispuesto en el presente protocolo.

 

4. El presente protocolo no se aplicará a los buques y aeronaves que tengan derecho a inmunidad soberana con arreglo al derecho internacional. No obstante, cada Parte Contratante garantizará, mediante la adopción de medidas apropiadas, que los buques y aeronaves que tengan en propiedad o en explotación operen de forma compatible con el objeto y fines del presente protocolo, e informará a la Organización en consecuencia.

 

5. Todo Estado podrá, cuando manifieste su consentimiento en obligarse por el presente protocolo o en cualquier momento posterior, declarar que aplicará las disposiciones del presente protocolo a sus buques y a aeronaves a los que se hace mención en el apartado 4, reconociendo que solo será ese Estado el que pueda aplicar tales disposiciones a dichos buques y aeronaves.”

 

 El artículo 11 establece obligaciones de cumplimiento para la Reunión de las Partes Contratantes y prevé la posibilidad de que ésta brinde cooperación tanto a las Partes Contratantes como a Estados que no lo son, al disponer:

“Artículo 11

Procedimientos para el complimiento

1. A más tardar dos años después de la entrada en vigor del presente protocolo, la Reunión de las Partes Contratantes habilitará los procedimientos y mecanismos necesarios para evaluar y fomentar el cumplimiento del presente protocolo. Dichos procedimientos mecanismos se elaboran con miras a facilitar el intercambio pleno y abierto de información de manera constructiva.

2. Después de examinar atentamente toda la información presentada de acuerdo con el presente protocolo y toda la recomendación formulada mediante los procedimientos implican mismo (sic) establecidos con arreglo al apartado 1, la Reunión de las Partes Contratantes podrá ofrecer asesoramiento, asistencia o cooperación a las Partes Contratantes y a los Estados que no son Partes Contratantes.”

 

El numeral 12 alienta la cooperación regional entre Partes Contratantes, que compartan interés en proteger el medio marino en una determinada zona geográfica y la concertación de acuerdos para lograr los objetivos del Protocolo, en los siguientes términos: 

“Artículo 12

Cooperación regional

Para facilitar el logro de los objetivos del presente protocolo, las Partes Contratantes que tengan intereses comunes que proteger el medio marino de una zona geográfica determinada se esforzarán por fomentar la cooperación regional, incluida la concertación de acuerdos regionales compatibles con el presente protocolo, para la prevención, la reducción y, cuando sea factible, la eliminación de la contaminación causada por el vertimiento o la incineración en el mar de desechos u otros materias, teniendo en cuenta los aspectos característicos de la región. Las Partes Contratantes procurarán cooperar con las partes de acuerdos regionales para elaborar procedimientos armonizados y además que deberán ser observados por las partes contratantes de los diversos convenios en cuestión.”

 

El artículo 13 fomenta la colaboración entre los Estados Parte y la Organización Marítima Internacional -Artículo 1.2- y otras organizaciones internacionales competentes para coordinar apoyo bilateral y multilateral, en aras de cumplir los objetivos del Protocolo. La disposición señala:

“Artículo 13

Cooperación y asistencia técnicas

1. Las Partes Contratantes fomentarán mediante la colaboración en el seno de la Organización y la coordinación con otras organizaciones internacionales competentes el apoyo bilateral y multilateral para la prevención, reducción y cuando sea factible, la eliminación de la contaminación causada por vertimiento o colocación de materias para actividades de geoingeniería marina, según lo dispuesto en el presente protocolo a las partes contratantes que lo soliciten para:

1. la capacitación de personal científico y técnico para las actividades de investigación, vigilancia y ejecución, incluido, según proceda, el suministro del equipo e instalaciones y servicios necesarios, con miras a reformar los medios nacionales.

2. la obtención de asesoramiento sobre la aplicación del presente protocolo;

3. la obtención de información y cooperación técnica relativas a los procedimientos para reducir al mínimo los desechos y a los procesos de producción limpios;

4. la obtención de información y cooperación técnica relativas a la evacuación y el tratamiento de desechos, y otras medidas para prevenir, reducir y, cuando sea factible, eliminar la contaminación causada por vertimiento; y

5. la obtención de acceso a tecnologías nacionales desde el punto de vista ambiental y a los conocimientos prácticos correspondientes, y la transferencia de éstos, particularmente a los países en desarrollo y a los países en transición hacia economías de mercado, en condiciones favorables mutuamente acordadas, incluidas las concesionarias y preferenciales, teniendo en cuenta la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual, así como las necesidades específicas de los países en desarrollo y de los países en transición hacia economías de mercado.

2. La Organización desempeñará las funciones siguientes:

1. transmitir las peticiones de cooperación técnica de las partes contratantes a otras partes contratantes, teniendo en cuenta factores tales como la capacidad técnica;

2. coordinar las peticiones de asistencia con otras organizaciones internacionales competentes según proceda; y

3. a reserva de la disponibilidad de recursos adecuados ayudar a los países en desarrollo y a los que están en transición hacia economías de mercado, que hayan declarado su intención de constituirse en partes contratantes del presente protocolo, a que examinen los medios necesarios para conseguir su plena implantación.”

 

Por su parte, el artículo 14 obliga a las Partes para facilitar Investigaciones Científicas y técnicas sobre la prevención, reducción y cuando sea factible eliminación de la contaminación procedente del vertimiento y de otras fuentes de contaminación del mar relacionadas con el protocolo.

“Artículo 14.

Investigación científicas y técnicas

1. Las Partes Contratantes tomarán las medidas adecuadas para promover y facilitar las Investigaciones Científicas y técnicas sobre la prevención, la reducción y, cuando sea factible, la eliminación de la contaminación procedente del vertimiento y de otras fuentes de contaminación del mar que guardan relación con el presente protocolo. Estas investigaciones deberían incluir, en particular, la observación, la medición, la evaluación y el análisis de la contaminación mediante métodos científicos.

2. Las Partes Contratantes, para alcanzar los objetivos del presente protocolo, promoverán la disponibilidad de información pertinente para otras Partes Contratantes que la soliciten sobre:

1. las actividades y medidas de carácter científico y técnico emprendidas de conformidad con el presente protocolo;

2. los programas científicos y tecnológicos marinos y sus objetivos: y

3. los impactos observados mediante la vigilancia y la evaluación llevadas a cabo con arreglo al artículo 9.1.3.”

 

El artículo 15 establece otro compromiso de las Partes Contratantes, con respecto a la responsabilidad por daños al medio ambiente, en los siguientes términos:

“Artículo 15

Responsabilidad e indemnización

De conformidad con los principios del derecho internacional relativos a la responsabilidad de los Estados por los daños causados al medio ambiente de otros Estados como cualquier otra zona media del medio ambiente, las Partes Contratantes se comprometen a elaborar procedimientos relativos a la responsabilidad por vertimiento o incineración en el mar de desechos u otras materias.”

 

El artículo 16 establece los mecanismos de solución de controversias relativas a la interpretación o aplicación del Protocolo, en primera instancia, la negociación, mediación y conciliación. En cuanto al procedimiento arbitral, refiere al anexo 3. Establece la indicada disposición: 

“Artículo 16

Arreglo de controversias

1. Toda controversia relativa a la interpretación o aplicación del presente protocolo se resolverá en primera instancia mediante negociación, mediación o conciliación, o por otros medios pacíficos elegidos por las partes en la controversia.

2. Si no se ha podido encontrar una solución doce meses después de que una Parte Contratante haya notificado a otra que existe una controversia entre ellas, la controversia se resolverá, a petición de una de las partes en la controversia, mediante el procedimiento arbitral que figura en el anexo 3,  a menos que las partes interesadas estén de acuerdo en utilizar uno de los procedimientos enumerados en el párrafo 1 del artículo 287 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 1982 las partes en controversia podrán así decidirlo sean o no Estados partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

3. En el caso de que se llegue a un acuerdo para utilizar 1 de los procedimientos enumerados en el párrafo 1 del artículo 287 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 1982 las disposiciones de la parte XV de dicha convención que estén relacionados con el procedimiento elegido también se aplicarán mutatis mutandis.

4. El período de doce meses a que se hace referencia en el apartado 2 se podrá prolongar otros doce meses por acuerdo mutuo de las partes interesadas.

5. No obstante, lo dispuesto en el apartado 2, todo estado podrá notificar al Secretario General, en el momento de manifestar su consentimiento en obligarse por el presente protocolo, que cuando sea parte en una controversia sobre la interpretación o la aplicación de los artículos 3.1 o 3.2 se requerirá su consentimiento para poder arreglar la controversia mediante el procedimiento arbitral expuesto en el anexo 3.”

 

El artículo 17 se refiere a la colaboración internacional:

 

“Artículo 17

Cooperación internacional

Las Partes Contratantes promoverán los objetivos del presente protocolo en el seno de las organizaciones internacionales competentes.”

 

En el numeral 18 del Protocolo se enumeran las acciones que pueden adoptar las Partes Contratantes en las reuniones:

“Artículo 18

Reuniones de las Partes Contratantes

1. Las Reuniones de las Partes Contratantes o las Reuniones especiales de las Partes Contratantes examinarán regularmente la aplicación del presente protocolo y evaluarán su eficacia con objeto de determinar medios para fortalecer, cuando sea necesario, las medidas encaminadas a prevenir, reducir y, cuando sea factible, eliminar la contaminación causada por vertimiento e incineración o colocación, de conformidad con el artículo 6 bis, en el mar de desechos u otras materias. Para ello, las Reuniones de las Partes Contratantes o las Reuniones especiales de las Partes Contratantes podrán:

1. examinar y adoptar enmiendas al presente protocolo con arreglo a los artículos 21 y 22;

2. crear los órganos auxiliares necesarios para examinar cualquier cuestión que pueda plantearse, con objeto de facilitar la implantación efectiva del presente protocolo;

3. invitar a los órganos especializados apropiados a que se asesoren a las partes contratantes o a la organización en cuestiones relacionadas con el presente protocolo;

4. fomentar la colaboración con las organizaciones internacionales competentes interesadas en la prevención y contención de la contaminación;

5. examinar la información facilitada de acuerdo con el artículo 9.4;

6. elaborar o adoptar, en consulta con las organizaciones internacionales competentes, los procedimientos mencionados en el artículo 8.2, incluidos los criterios básicos para determinar cuáles son las situaciones excepcionales y de emergencia y procedimientos de consulta y asesoramiento y de evacuación sin riesgos de materias en el mar en tales circunstancias;

7. considerar y aprobar resoluciones; y

8. considerar cualquier otra medida que pudiera ser necesaria.

 

2. En su primera reunión, las Partes Contratantes establecerán el reglamento interior, según sea necesario.”

 

El numeral 19 contempla las funciones que asume la Organización Marítima Internacional, con respecto al Protocolo de 1996:

“Artículo 19

Funciones de la Organización

1. La Organización tendrá a cargo las funciones de Secretaría en relación con el presente protocolo. Toda Parte Contratante del presente protocolo que no sea miembro de la Organización hará una contribución apropiada a los gastos que tenga la Organización por el cumplimiento de tales funciones.

2. Entre las funciones de la Secretaría que son necesarias para la administración del presente protocolo se incluyen las siguientes:

1. convocar Reuniones de las Partes Contratantes una vez al año, a menos que las Partes Contratantes decidan otra cosa, y Reuniones especiales de las Partes Contratantes siempre que lo solicite dos tercios de las Partes Contratantes;

2. prestar asesoramiento previa solicitud sobre la aplicación del presente protocolo y sobre las orientaciones y procedimientos que se hayan elaborado en el ámbito del mismo;

3. considerar las solicitudes de información; así como la información procedente de las Partes Contratantes, consultar con éstas y con las organizaciones internacionales competentes, y hacer recomendaciones a las Partes Contratantes respecto a cuestiones relacionadas con el presente protocolo, pero no específicamente tratadas en él;

4. preparar; en consulta con las Partes Contratantes y las organizaciones internacionales competentes, la elaboración y aplicación de los procedimientos mencionados en el artículo 18. 1.6, y prestar ayuda a ese efecto;

5. hacer llegar a las Partes Contratantes interesadas todas las notificaciones recibidas por la organización de conformidad con el presente protocolo; y

6. Preparar, cada dos años, un presupuesto y un estado de cuentas para la administración del presente protocolo, que serán distribuidos a todas las Partes Contratantes.

3. Además de los prescrito en el artículo 13.2.3 y a reserva de la disponibilidad de recursos adecuados, la Organización:

 

1. colaborará en la realización de evaluaciones del estado del medio marino; y

 

2. cooperará con las organizaciones internacionales competentes interesadas en la prevención y contención de la contaminación.”

 

El artículo 20 dispone que los anexos del protocolo forman parte integrante del mismo. La versión consolidada del “Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972” considera cinco anexos. Son normas reglamentarias de determinados artículos del Protocolo. Se observa, que se trata del desarrollo e instrumentalización técnica de las consideraciones sustantivas y obligaciones establecidas en el protocolo, y que resultan accesorias al mismo. El Anexo 1 sobre “Desechos u otras materias cuyo vertimiento podrá considerarse”; el Anexo 2 respecto a la “Evaluación de los desechos u otras materias cuyo vertimiento podrá considerarse”; el Anexo 3, que define el “Procedimiento arbitral”; el Anexo 4 relativo a “Actividades de geoingeniería marina” y el Anexo 5, que contempla el “Marco de Evaluación de las materias cuya colocación podrá considerarse en virtud del anexo 4”.

Lo concerniente a las enmiendas al Protocolo y a sus anexos, está regulado en los artículos 21 y 22, respectivamente. Esas disposiciones señalan:

“Artículo 21

Enmienda del Protocolo

1. Toda Parte Contratante podrá proponer enmiendas de los artículos del presente protocolo. El texto de una propuesta de enmienda será comunicado por la Organización a las Partes Contratantes por lo menos seis meses antes de su examen en una reunión de las Partes Contratantes o en una reunión especial de las Partes Contratantes.

2. Las enmiendas de los artículos del presente protocolo se adoptarán por una mayoría de dos tercios de los votos de las Partes Contratantes presentes y votantes que estén representadas en la reunión o reunión especial de las Partes Contratantes designada para ese propósito.

3. Las enmiendas entrarán en vigor para las Partes Contratantes que las hayan aceptado el sexagésimo día después de (sic) los dos tercios de las Partes Contratantes hayan depositado en la Organización el instrumento de aceptación de la enmienda. Con posterioridad, las enmiendas entrarán en vigor para cualquier Parte Contratante el sexagésimo día después de la fecha en que tal Parte Contratante haya depositado su instrumento de aceptación de la enmienda en cuestión.

4. El Secretario General informará a las Partes Contratantes de cualquier enmienda adoptada en las Reuniones de las Partes Contratantes, así como de la fecha en que cada una de dichas enmiendas entre en vigor en general y para cada Parte Contratante.

5. Después de la entrada en vigor de una enmienda del presente protocolo, todo Estado que se constituya en Parte Contratante del presente protocolo pasará a ser Parte Contratante del presente protocolo enmendado, a menos que dos tercios de las Partes Contratantes presentes y votantes en la reunión o reunión especial de las Partes Contratantes que apruebe la enmienda decida lo contrario.

 

Artículo 22

Enmienda de los anexos

1. Toda Parte Contratante podrá proponer enmiendas de los anexos del Protocolo. El texto de una propuesta de enmienda será comunicado por la Organización a las Partes Contratantes por lo menos seis meses antes de su examen en una reunión de las Partes Contratantes o en una reunión especial de las Partes Contratantes.

2. Las enmiendas de los anexos que no sean al anexo 3 estarán basadas en consideraciones científicas o técnicas y podrán tener en cuenta factores jurídicos, sociales y económicos, según proceda. Tales enmiendas serán adoptadas por una mayoría de dos tercios de los votos de las Partes Contratantes presentes y votantes que estén representadas en la reunión o reunión especial de las Partes Contratantes designada para ese propósito.

3. La Organización comunicará sin demora a las Partes Contratantes las enmiendas que se hayan adoptado en una reunión de las Partes Contratantes o en una reunión especial de las Partes Contratantes.

4. Salvo por lo dispuesto en el en el (sic) apartado 7, las enmiendas de los anexos entrarán en vigor para cada Parte Contratante inmediatamente después de que haya notificado su aceptación a la Organización o 100 días después de la fecha de su aprobación en una reunión de las Partes Contratantes, si esta fecha es posterior, salvo para para aquellas Partes Contratantes que, antes de haber transcurrido los 100 días, hagan una declaración de que por el momento no pueden aceptar la enmienda. Cualquier Parte Contratante podrá en todo momento sustituir su declaración previa de objeción por una de aceptación, con la cual la enmienda anteriormente objetada entrará en vigor para dicha Parte Contratante.

5. El Secretario General notificará sin demora a las Partes Contratantes los instrumentos de aceptación u objeción que se haya depositado en poder de la Organización.

6. Un nuevo anexo o una enmienda de un anexo que tenga relación con una enmienda a los artículos del presente protocolo no entrará en vigor hasta el momento en que entre en vigor la enmienda de los artículos del presente protocolo.

7. Con respecto a las enmiendas del anexo 3, relativo al procedimiento arbitral, y con respecto a la adopción y entrada en vigor de anexos nuevos, se aplicarán los procedimientos de enmienda de los artículos del presente protocolo.”

 

El procedimiento previsto en el artículo 21 para la enmienda de los artículos del protocolo, también se aplica al anexo 3 sobre el procedimiento arbitral y a la adopción y entrada en vigor de anexos nuevos – artículo 22 inciso 7-. Los plazos para poner en conocimiento de las partes las propuestas de enmienda y la mayoría requerida para adoptarlas coinciden en los numerales 21 y 22, no así las disposiciones sobre su entrada en vigor.

Como se adelantó, el proyecto de ley contempla en el artículo 2 una reserva en cuanto a la aplicación de estas disposiciones, propiamente con respecto al momento en que entrarían a regir para Costa Rica las enmiendas que llegaren a aprobarse, por lo cual, en definitiva, las modificaciones que llegare a proponerse e incluso aprobarse, sólo regirían para Costa Rica cuando se cumpla lo preceptuado en la reserva que se estaría aprobando, por lo que lo señalado en este artículo carece de  problema jurídico alguno en cuanto a los efectos jurídico materiales para el país, tal como se expone más adelante cuando se aborde de manera concreta lo relativo a las enmiendas y la reserva que se plantea.

El artículo 23, establece la relación del Protocolo con el Convenio, en los siguientes términos: “El presente Protocolo deroga el Convenio, por lo que respecta a las Partes Contratantes del presente protocolo que también son Partes en el Convenio.” El artículo 24 establece los procedimientos y plazos para constituirse en Parte Contratante (firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión). La entrada en vigor del Protocolo se regula en el artículo 25, mientras que el artículo 26, prevé un período de transición, y el artículo 27 dispone lo concerniente a la posibilidad de que una Parte Contratante se retire del Protocolo, el momento a partir del cual se puede hacer, y contempla la regla usual de que el retiro surtirá efecto un año después de la recepción del instrumento de retiro en poder del secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI).

En cuanto a las disposiciones finales del Protocolo, el artículo 28 designa como depositario de Protocolo al secretario general de la OMI quien además de las funciones ya asignadas en otros artículos del Protocolo, desempeñará las siguientes:

“1. Informará a todos los Estados que hayan firmado el presente protocolo o se hayan adherido al mismo de:

1. toda nueva firma o depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, así como de la fecha en que se produzca;

2. la fecha de entrega en vigor del presente protocolo; y

3. todo instrumento de retiro del presente protocolo que se deposite, así como de la fecha en que se recibió dicho instrumento y la fecha en que el retiro surtirá efecto;

2. remitirá copias certificadas del presente protocolo a todos los Estados que lo hayan firmado o se allá (sic) adherido al mismo.

3. Tan pronto como el presente protocolo entre en vigor, el Secretario General remitirá a la Secretaría de las Naciones Unidas una copia auténtica certificada del mismo para que se registre y publique conforme a lo dispuesto en el artículo 102 de la carta de las Naciones Unidas.”

 

Por último, el artículo 29 acredita los idiomas en que está redactado el Protocolo -árabe, chino, español, francés, inglés y ruso-.

VII.- SOBRE LAS RESERVAS. Toda declaración hecha con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación al declarante es realmente una reserva. Una reserva puede permitir a un Estado participar en un tratado multilateral en el que de otro modo no desearía o no podría participar. En cuanto a la inclusión de la reserva a un convenio internacional, en el momento en que se discute la aprobación de la adhesión al mismo, es una posibilidad prevista en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, como una declaración unilateral de un Estado al momento de firmar, ratificar, aceptar o adherirse a un tratado, con la finalidad de “excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado”-artículo 2.d)-. De tal forma, una reserva puede ser planteada no sólo en el proceso previo que culmina con la firma de un convenio internacional, sino, incluso, cuando se esté ante el procedimiento de la adhesión, como es el caso del proyecto de ley que se consulta, pues si se utiliza esta posibilidad prevista para los tratados abiertos, es porque el Estado interesado no participó en su momento de la negociación y firma del tratado en sí. En este sentido, está claro que la formulación de reservas por parte de un Estado al momento de aceptar la adhesión a un convenio internacional está prevista y permitida por el Derecho Internacional Público.

El planteamiento de la reserva que se contempla en el artículo 2 del proyecto de ley consultado, debe entenderse en torno a la relación existente entre el ordenamiento nacional y el de origen internacional, para procurar la armonía del orden jurídico que se configura a partir de la conjunción de ambos, en resguardo de los principios de supremacía constitucional, de cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales y de seguridad jurídica, entre otros, que son parte del denominado Derecho de la Constitución. La disposición señala:

“Artículo 2. La República de Costa Rica hace reserva a los artículos 21 y 22 del Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972, sus anexos y enmiendas; en el sentido de que las enmiendas aprobadas conforme al procedimiento ahí descrito tendrán vigencia en el país cuando se consideren protocolos de menor rango derivados del Convenio en los términos que establece nuestra Constitución Política. En el caso de enmiendas sustanciales, tendrán vigencia una vez que hayan sido aprobados de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución Política.”

En ese orden de ideas, para comprender la razón de la reserva planteada por el Poder Ejecutivo, es preciso recordar que los artículos 21 y 22 del Protocolo de Londres, regulan lo concerniente a la adopción de enmiendas o modificaciones a los artículos del protocolo y sus anexos, y su entrada en vigor para los Estados Parte. Las reglas sobre el momento en que se considera que una enmienda entra en vigor, varían en función del tipo de disposición que se pretenda enmendar, pero incluso llegan a contemplar la entrada en vigor de una enmienda en forma automática. Para evitar situaciones contrarias al Derecho de la Constitución, el artículo 2 del proyecto de ley que se consulta prevé una reserva a los artículos 21 y 22 “(…) en el sentido de que las enmiendas aprobadas conforme al procedimiento ahí descrito tendrán vigencia en el país cuando se consideren protocolos de menor rango derivados del Convenio en los términos que establece nuestra Constitución Política. En el caso de enmiendas sustanciales, tendrán vigencia una vez que hayan sido aprobados de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución Política.”. Esto es, tratándose de “protocolos de menor rango”, o bien, de “enmiendas sustanciales”. De manera que resulta pertinente precisar tales aspectos, conforme a la jurisprudencia de esta Sala. Dicho de otro modo, si las enmiendas o modificaciones son sobre protocolos de menor rango, tendrán vigencia en el país cuando sean aprobadas según lo que disponen los artículos 21 y 22 del Protocolo por permitirlo así el artículo 121.4 de la Constitución Política; pero cuando las enmiendas sean sustanciales, tendrán vigencia cuando sean aprobadas según lo establecido por la Constitución, es decir, siguiendo el trámite de aprobación de las leyes, como bien refiere la misma norma constitucional de cita.

Esta diferenciación entre protocolos de menor rango o enmiendas sustanciales es importante en atención a lo preceptuado en el artículo 121 de la Constitución Política, que señala una aprobación para los tratados o convenios en sí, y otra modalidad de aprobación para los denominados “protocolos de menor rango”. El artículo 121, inciso 4, de la Constitución Política, dispone:

“ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:

 

(…)

 

4) Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos.

Los tratados públicos y convenios internacionales, que atribuyan o transfieran determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros.

No requerirán aprobación legislativa los protocolos de menor rango, derivados de tratados públicos o convenios internacionales aprobados por la Asamblea, cuando estos instrumentos autoricen de modo expreso tal derivación.”

 

En lo concerniente a los “protocolos de menor rango” -entendiéndose desde ya que no se está ante el supuesto del denominado “intercambio de notas diplomáticas”, en cuyo caso es jurisprudencia consolidada que aún en esos casos se requiere la aprobación legislativa propiamente dicha (ver, entre otras, sentencia 2021-27993), salvo que claramente bajo esa nomenclatura se trate de circunstancias menores- bien puede entenderse que se trata de aquellos aspectos relacionados con la practicidad del convenio o tratado en sí y que derivan propiamente del mismo convenio; es decir, que se trata de regulaciones que desarrollan aspectos ya contemplados en el texto del convenio, las detallan e instrumentalizan y que no establecen, crean o modifican, por sí mismas y de manera aislada, obligaciones o relaciones jurídicas no previstas o reguladas ya de manera general en el convenio; mientras que un convenio o tratado sí es, por definición, aquel instrumento utilizado por los Estados y los sujetos de Derecho Internacional Público con capacidad jurídica para ello, para crear, modificar o extinguir obligaciones jurídicas en las relaciones entre ellos y, de tal manera, una enmienda sustancial sería aquella que impacte de manera directa en la parte considerativa del tratado. Bajo esa misma idea la Sala indicó lo que se considera como “protocolos de menor rango”, en la sentencia número 1998-3388, de la siguiente forma:

“Los protocolos de menor rango son aquellos que, sin añadir compromisos o limitaciones sustanciales a la actividad de los estados (sic), desarrollan o incluso modifican normas de mero procedimiento que no inciden sobre la sustancia del tratado. Caso típico de protocolos de menor rango son las modificaciones de plazos de cumplimiento y otras medidas semejantes, siempre y cuando esas modificaciones esté (sic), como se dijo, previstas en el tratado principal.”

 

 En esa misma sentencia, la Sala precisó aún más el carácter de los denominados protocolos de menor rango, al establecer que:

“[N]o pueden ser considerados enmiendas sino protocolos de otra naturaleza: son variaciones menores que no modifican significativamente las disposiciones del Protocolo, ya que, una vez evaluadas las medidas de control previstas en este, tan sólo las actualizan y ponen al día en cuanto a porcentajes, metas y plazos para cumplir esas metas.”

 

En el mismo orden de ideas, más recientemente, en la ya referida sentencia 2021-27993, señaló la Sala:

“De esta manera, el anterior caso ilustra de un modo más fundamentado, la necesaria vinculación de los protocolos de menor rango con los términos del tratado principal u original, de manera que permita concluir que las partes previeron mecanismos para llevar a cabo actividades accesorias y subordinadas. Por ser instrumentos derivados, dependan del tratado principal, para que permitan materializar los términos y objetivos del Tratado, pero siempre dentro del marco jurídico pactado. (…) Un protocolo de menor rango, por supuesto, implica que no se puedan añadir compromisos o limitaciones sustanciales a los compromisos internacionales pactados por los Estados.”

 

El anterior pronunciamiento supone, además de la existencia de la vinculación entre los protocolos de menor rango y el convenio principal, que éste último haya reconocido la existencia y necesidad de esos instrumentos adicionales posteriormente adoptados. Así, en la misma sentencia 2021-27993, especificó la Sala que:

“El instrumento internacional debe regular estos instrumentos normativos secundarios de ejecución o cumplimiento de sus términos, y siempre será necesario valorar el marco jurídico que las Partes Contratantes pactan para que se les considere como protocolos de menor rango al hacerse la aprobación legislativa.”

 

En síntesis, los denominados protocolos de menor rango, no sólo deben estar ya previamente figurados, anunciados, anticipados o previstos por el convenio principal del cual derivan, sino que tales protocolos de menor rango deben desarrollar las consideraciones generales acordadas en el tratado, sin que establezcan o definan situaciones que permitan considerar que se está ante un instrumento jurídico diferente y separado -ver sentencias 2018-13522 y 2018-13523-.

Bajo este orden de ideas, se entiende que si los instrumentos adicionales relacionados con un convenio o tratado -llámense Protocolos o Anexos-, se refieren, desarrollan, reglamentan o instrumentalizan las generales obligaciones ya establecidas en el tratado y el mismo convenio ya anuncia la posibilidad de adoptar ese otro tipo de instrumentos, se estará ante los denominados protocolos de menor rango. Así se entiende claramente de lo señalado por la Sala en la sentencia 2022-15602, al disponer:

“[L]as modificaciones a las disposiciones convencionales, serán efectuadas a través del cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico costarricense, y las enmiendas a los anexos, deben ser entendidas como protocolos de menor rango, en los términos del párrafo tercero del inciso 4, del artículo 121 de la Constitución Política.”

 

De las anteriores consideraciones, se derivan los elementos a tomar en cuenta para identificar los denominados “protocolos de menor rango”, a efecto de determinar si resulta válido, conforme a lo dispuesto en el numeral 121 inciso 4) de la Constitución Política, que tales instrumentos no sean  aprobados por la Asamblea Legislativa, trámite que estaría reservado para las enmiendas o modificaciones de los tratados o convenios propiamente dichos, siendo así que la aprobación legislativa sería aplicable a las “enmiendas sustanciales” que incidan en las previsiones de la parte dispositiva del convenio principal -una modificación al texto del tratado o las previsiones allí establecidas-. De esta forma, podría declararse una lesión al orden constitucional, en caso de que se excediere la naturaleza jurídica propia de un protocolo de menor rango, verbigracia, cuando por esa vía se regularen materias no contempladas en el tratado conexo o, peor aún, si se llegare a contradecirlo. En suma, en criterio de este Tribunal Constitucional, analizada la reserva a los artículos 21 y 22 del Protocolo de 1996, relativo al Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972, efectuada por el Poder Ejecutivo, se descarta que el proyecto de ley consultado lesione el artículo 121 inciso 4) de la Constitución Política.

VIII. CONSIDERACIONES FINALES. En criterio de la Sala, la incorporación del Protocolo de Londres al ordenamiento jurídico costarricense es una decisión acorde con las normas y principios constitucionales que tutelan el ambiente. Al respecto, debe tomarse en consideración que Costa Rica es parte de la “Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, a la cual se adhirió mediante ley número 7291 de 23 de marzo de 1992, que establece un marco jurídico para la utilización y conservación de los océanos y sus recursos. Esa convención prevé reglas y normas de transporte marítimo internacional en asuntos relativos a la seguridad marítima, la eficacia de la navegación y la prevención y, en lo que tiene relación con el proyecto de ley consultado, sobre el control de la contaminación marina procedente de buques y por vertidos. Los artículos 210 y 211 de esa Convención disponen la obligación de los Estados de establecer reglas y estándares de carácter internacional para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino causada por los buques, y por vertidos. En ese sentido, el Protocolo de Londres, forma parte del cuerpo de tratados de la Organización Marítima Internacional, en materia de protección del ambiente marino, aprobados por Costa Rica, en el contexto de su pertenencia a la Organización Marítima Internacional, como la “Convención sobre Seguridad de la Vida en el Mar, de 1974”, y sus Protocolos de 1978 y 1988; el “Convenio sobre Responsabilidad Civil por Daños de Contaminación del Petróleo, de 1969”, y sus Protocolos 1976 y 1992; la “Convención de Londres para la Prevención de la Contaminación Marítima, de 1972” y la “Convención del Fondo Internacional para Compensación de Daños de la Contaminación del Petróleo, de 1992”, todo lo cual, evidencia el interés y compromiso que Costa Rica ha sostenido en materia de protección ambiental en general, y de los mares en particular.

En ese sentido, el precepto 6 de nuestra Constitución Política establece, no sólo la soberanía exclusiva del Estado costarricense sobre sus aguas territoriales, sino la jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio, a fin de proteger, conservar y explotar los recursos naturales de sus aguas, el suelo y el subsuelo, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 6º.- El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho Internacional.

Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios.”(Así reformado por el artículo único de la ley N° 5699 de 5 de junio de 1975) 

 Adicionalmente, el numeral 50 de la Constitución Política, consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el deber del Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho, al indicar: 

 "ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.

La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.

 Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.” (Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 1° de la ley N° 9849 del 5 de junio del 2020, "Reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al agua") (Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.7412 de 3 de junio de 1994)

En criterio de la Sala, los preceptos del "Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras materias, 1972", cuya ley de adhesión se consulta, son acordes con las disposiciones constitucionales citadas, en tanto las partes se comprometen a  proteger y preservar el medio marino contra todas las fuentes de contaminación y a adoptar medidas eficaces, según su capacidad científica, técnica y económica, para prevenir, reducir y, cuando sea factible, eliminar la contaminación causada por el vertimiento o la incineración en el mar de desechos u otras materias.

De igual manera, es importante destacar cómo la pertenencia a esta diversidad de convenios internacionales se enmarca en el camino trazado hacia el cumplimiento de los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- adoptados por Naciones Unidas para el período 2016-2030. En ese sentido, el proyecto de ley que se consulta, de aprobación de la adhesión al Protocolo de 1996, relativo al “Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972”, conocido como Protocolo de Londres, también se alinea en esa dirección. Se relaciona estrechamente con los objetivos de desarrollo números 12, 13 y 14 “producción y consumo responsables”, “acción por el clima” y “vida submarina”. Tal y como apunta el informe jurídico del departamento de estudios referencias y servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, en cuanto al ODS 12, “producción y consumo responsables” según el cual la gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes, son vitales para lograr este objetivo. Este instrumento internacional impulsa la gestión adecuada de los desechos y promueve una jerarquía en el manejo de residuos que privilegia la prevención, la reducción, el reciclaje y la reutilización por encima del vertimiento en el mar. El protocolo exige a los Estados la adopción de medidas para garantizar que la disposición de residuos en el medio marino sea considerada únicamente como última opción, siempre previa evaluación rigurosa. De esta forma, se contribuye a una gestión responsable de los recursos y a la minimización del impacto ambiental de las actividades humanas, tal como lo establece ese objetivo de desarrollo. El proyecto de ley que se consulta se relaciona también con el ODS 13 “acción por el clima”, pues sus disposiciones incluyen la regulación de las actividades de geoingeniería marina, como el secuestro de dióxido de carbono, una de las tecnologías propuestas para la mitigación del cambio climático. El Protocolo de Londres establece que estas prácticas solo pueden realizarse bajo estrictos criterios de evaluación ambiental, respetando el principio de precaución, para evitar que las medidas dirigidas a combatir el cambio climático generen nuevos daños en los ecosistemas marinos. Este enfoque garantiza que las acciones de mitigación se alineen con las políticas nacionales e internacionales de adaptación y protección del clima. Por último, el ODS 14 “vida submarina”, tiene la más estrecha vinculación con el proyecto de ley que se consulta, de aprobación de la adhesión al Protocolo de Londres, cuyo propósito fundamental es la protección del medio marino frente a la contaminación por vertimiento, entendido éste como “toda evacuación deliberada en el mar de desechos u otras materias desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar; todo hundimiento deliberado en el mar de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar; todo almacenamiento de desechos u otras materias en el lecho del mar o en el subsuelo de éste desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar; y todo abandono o derribo in situ de plataformas u otras construcciones en el mar, con el único objeto de deshacerse deliberadamente de ellas” -artículo 1.4-. El acuerdo establece medidas concretas para prevenir, reducir y, cuando sea posible, eliminar las fuentes de contaminación provenientes de actividades humanas, contribuyendo así a la conservación de los ecosistemas oceánicos, la biodiversidad marina y la sostenibilidad de los recursos pesqueros, todos ellos aspectos centrales de este ODS.

IX.- CONCLUSIÓN.  Del estudio del trámite otorgado en sede legislativa al proyecto de ley de aprobación a la adhesión de Costa Rica al “PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS, 1972”, y de la valoración de su contenido normativo, la Sala concluye que no se aprecian objeciones de carácter constitucional, por la forma o por el fondo, respecto del proyecto de ley tramitado bajo el expediente legislativo número 24.856.

X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N°19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N°43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo

 LXXXI.

Por tanto:

Se evacua esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad, en el sentido de que, con motivo del trámite del proyecto de ley "APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS, 1972”, expediente legislativo número 24.856, no se ha producido ningún vicio sustancial de procedimiento, y en cuanto al fondo, no infringe el Derecho de la Constitución. La magistrada Garro Vargas consigna razones diferentes en relación con el considerando VIII y nota. Notifíquese al Directorio de la Asamblea Legislativa. Comuníquese.

 




 




 




 

Fernando Castillo V.

Presidente

 




 

	

 




 

	

 




 

	

 




 

Fernando Cruz C.

 

	

 

Paul Rueda L.




 

	

 




 

	

 




 

	

 




 

Jorge Araya G.

 

	

 

Anamari Garro V.

 




 

	

 




 

	

 




 

	

 




 

Ingrid Hess H.

 

	

 

Alexandra Alvarado P.

 


Exp: 25-019915-0007-CO

Res. n.°2025-025588

LA MAGISTRADA GARRO VARGAS CONSIGNA RAZONES DIFERENTES EN RELACIÓN CON EL CONSIDERANDO VIII

En la presente consulta preceptiva de constitucionalidad me corresponde advertir que coincido y concluyo en que el protocolo bajo examen no contiene disposiciones que resulten contradictorias con nuestra Constitución Política. El objetivo del protocolo es que las Partes Contratantes asuman un compromiso individual y colectivo de proteger y preservar el medio marino contra todas las fuentes de contaminación y adoptar medidas eficaces, según su capacidad científica, técnica y económica, para prevenir, reducir y, cuando sea factible, eliminar la contaminación causada por el vertimiento o la incineración en el mar de desechos u otras materias.

Para llegar a la conclusión de que las disposiciones recogidas en el protocolo no son inconstitucionales basta hacer alusión a lo dispuesto en los artículos 6, 50 y 93 –en lo relativo a la protección de las bellezas naturales– de la Constitución Política, sin necesidad de hacer referencia a otro tipo de instrumentos que por sí mismos no tienen fuerza vinculante para el Estado costarricense y, por tal motivo, no son parámetros para el ejercicio del control de constitucionalidad.

De conformidad con lo anterior, estimo improcedente el análisis del texto del convenio a la luz de unos objetivos globales que, si bien son sumamente valiosos en la persecución de la eliminación de la pobreza y la protección del medio ambiente, no tienen la categoría de tratados debidamente incorporados al ordenamiento jurídico costarricense.

Sobre el particular, en la opinión consultiva n.°2020-013837 realicé las siguientes consideraciones:

“I. Sobre la invocación de instrumentos internacionales que no son parámetro del control de constitucionalidad

Coincido con el voto de minoría de la presente opinión consultiva y con buena parte de las rationes decidendi ahí expuestas que se basan en lo resuelto en otras resoluciones de este Tribunal. No obstante, dentro de esas rationes se invocan antecedentes jurisprudenciales que incluyen instrumentos internacionales que no tienen la categoría de tratados debidamente incorporados al ordenamiento jurídico costarricense. Estimo que es inapropiado utilizarlos como parámetro para ejercer la competencia otorgada en los artículos 96 inciso b) y 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC).

A. Elementos preliminares

 Para dar un marco adecuado al análisis de la cuestión, conviene tener presente que si bien es cierto que el artículo 7 de la LJC establece que “corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional resolver sobre su propia competencia”, también lo es que debe hacerlo dentro del marco que establece la Constitución y la Ley. Por eso interesa conocer cuál es ese plexo normativo, fuera del cual la labor de la Sala no encuentra fundamento alguno de legitimidad material ni formal.

 En segundo lugar, en la labor jurisdiccional es del todo necesario respetar, entre otros, dos principios de singular relevancia. Por un lado, el principio de separación de poderes, que debe informar la actividad de todo Estado de Derecho que aspira a ser democrático. Tal principio lleva a distinguir entre administrar, legislar y decir el derecho –dictar justicia–. Por otro, un principio hermenéutico básico: el de interpretación sistemática, que lleva a mirar el ordenamiento y, muy particularmente la Constitución, en su conjunto y descubriendo su unidad interna. Esos dos principios deben iluminar el análisis sobre los alcances de las competencias de la Sala Constitucional y las fuentes normativas que utiliza para ejercerlas.

 Finalmente, no se ha de olvidar que las disposiciones de soft law son manifestaciones tendenciales de la comunidad jurídica internacional –con frecuencia muy acertadas– sobre lo que se considera ideal reconocer o proteger. Pero esas disposiciones, por diversas razones, no se han convertido en un tratado o en un convenio. Para que estén incorporados al ordenamiento deben seguir un proceso de suscripción y ratificación que tiene un marcado talante democrático. Así, la ausencia del carácter vinculante de las normas del soft law, aunque no lo parezca a primera vista, obedece al respeto del ethos democrático que impregna la producción de normas jurídicas. Esto aconseja dar un tratamiento a los instrumentos internacionales sin obviar en cada caso la atención a su específica y diversa fuerza jurídica. (…)

B. Los antecedentes invocados en el presente voto salvado de minoría

 En el voto salvado se hace eco de lo resuelto en otras oportunidades por la Sala, en las que se hace referencia, por ejemplo, a la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, la Declaración de Río de Janeiro aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y el Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO (1995). Estos instrumentos internacionales son de suma relevancia, pero al no estar ratificados formalmente por la Asamblea Legislativa, no son formalmente parámetros de constitucionalidad. Lo anterior, a efecto de ejercer la competencia de evacuar las consultas de constitucionalidad”.

 

En idéntico sentido al expuesto, me corresponde advertir en el caso concreto que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) –citados por la mayoría en la presente resolución– no son formalmente parámetros de constitucionalidad a efecto de ejercer la competencia del control de constitucionalidad previo y preceptivo.

 

 

 

Anamari Garro V.

NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS

En lo atinente a la inclusión de una reserva, me corresponde realizar unas precisiones en aras de resguardar las competencias constitucionales de la Asamblea Legislativa. La disposición incluida en el proyecto dice lo siguiente:

Artículo 2. La República de Costa Rica hace reserva a los artículos 21 y 22 del Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972, sus anexos y enmiendas; en el sentido de que las enmiendas aprobadas conforme al procedimiento ahí descrito tendrán vigencia en el país cuando se consideren protocolos de menor rango derivados del Convenio en los términos que establece nuestra Constitución Política. En el caso de enmiendas sustanciales, tendrán vigencia una vez que hayan sido aprobados de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución Política.

 

Al analizar la incorporación de esta reserva, la presente resolución hace una referencia a lo resuelto por la Sala en la opinión consultiva n.°2022-015602. Sobre este aspecto, debo advertir que no voté dicho precedente y, en relación con el punto bajo análisis, me parecen oportunas las consideraciones planteadas por el magistrado Rueda Leal, en el siguiente sentido:

“[E]l procedimiento para enmendar el anexo mediante acuerdo de las autoridades aeronáuticas, en tesis de principio, resulta acorde con nuestra Carta Magna por tratarse de un protocolo de menor rango, explícitamente autorizado en el “Acuerdo entre la República de Costa Rica y el Reino de los Países Bajos para servicios aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios”. Lo anterior no obsta para que en otro asunto pudiere declararse una lesión al orden constitucional, en caso de que se excediere la naturaleza jurídica propia de un protocolo de menor rango, verbigracia, cuando por esa vía se regularen materias no contempladas en el tratado conexo, o, peor aún, si se llegare a contradecirlo”.

 

Por tanto, la frase de aquella resolución que dice “las enmiendas a los anexos deben ser entendidas como protocolos de menor rango” debe ser matizada en el sentido de la propia reserva realizada por la Asamblea Legislativa: “las enmiendas aprobadas conforme al procedimiento ahí descrito tendrán vigencia en el país cuando se consideren protocolos de menor rango derivados del Convenio en los términos que establece nuestra Constitución Política”. Es decir, debe haber un examen del contenido de las enmiendas a fin de determinar si efectivamente se está ante un protocolo de menor rango, pues no se trata de una determinación mecánica o insustancial.

En anteriores oportunidades, ya he realizado similares advertencias. Así, en la opinión consultiva n.°2021-027993 consigné una nota en el siguiente sentido:

“En primer lugar, considero que no se trata en sentido estricto de corregir o enderezar alguna interpretación anterior. De una atenta revisión de los precedentes en esta materia se aprecia que la Sala, de forma razonable y fundamentada, sostuvo que no tenía elementos para afirmar que el convenio y el anexo debían tener un tratamiento diverso respecto de los procedimientos de enmienda. Sin embargo, en esta oportunidad y al analizar el caso concreto, sí se encuentran elementos para entender que el Anexo es, en efecto, un protocolo menor. Al examinar su contenido, por lo tanto, se entiende constitucional la posibilidad de que las enmiendas las realicen directamente las autoridades aeronáuticas de las Partes contratantes (art. 20 del Convenio).

Debe recordarse que la Asamblea Legislativa, en la fase de aprobación de un convenio, no puede modificar la voluntad de las Partes contratantes. Tampoco lo puede hacer la Sala Constitucional al conocer de la consulta preceptiva. Por eso, en el caso concreto, no es que la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional le está otorgando el carácter de protocolo menor al Anexo, sino que válidamente está advirtiendo que el contenido de este es el propio de un protocolo menor y que las Partes contratantes, al prever un distinto tratamiento de enmienda, quisieron darle carácter de protocolo menor al Anexo. Tal diverso tratamiento es reafirmado por la cláusula interpretativa incluida por la Asamblea Legislativa.

Además, el hecho de decir que un anexo es un protocolo menor, aunque las Partes Contratantes no lo hayan denominado así, no significa que de ahora en adelante la Sala vaya a afirmar que todo anexo es un protocolo menor. Por otro lado, tampoco basta que las Partes contratantes señalen en un convenio que un anexo es un protocolo menor, para que por ello la Asamblea pueda válidamente aprobar un convenio y su anexo, entendiendo que este es un protocolo menor. Es necesario que, en efecto, en su esencia, por su contenido, el anexo sea un protocolo menor. De lo contrario, por vía de enmienda del anexo se podría vaciar de contenido el convenio mismo.

En el caso de la modificación de un anexo, que se entendería que es protocolo menor, el Estado de Costa Rica tiene la grave obligación de velar porque el contenido de la enmienda no varíe o supere las cláusulas del convenio en sí mismo. Es decir, al hacer esa modificación, su nuevo contenido debe seguir respetando la naturaleza de anexo (disposiciones técnicas) que tiene ese instrumento.

Lo significativo es que ese diverso tratamiento en el caso concreto es constitucionalmente válido porque el contenido de este concreto anexo sí es el propio de un protocolo menor”. (Lo destacado corresponde al original. Dicha nota fue reiterada en la opinión consultiva n.°2022-014450).

 

Además, en la consulta sobre el proyecto de ley de “Aprobación de la Adhesión de la República de Costa Rica al Convenio Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico y su Protocolo de Enmiendas al Convenio, adoptadas el 18 de noviembre de 2019” agregué las siguientes argumentaciones:

“Entonces, a la luz de estas disposiciones constitucionales, la Asamblea Legislativa está enfatizando que una enmienda que implique obligaciones novedosas para el Estado costarricense conlleva necesariamente que se debe cumplir el trámite de aprobación legislativa (art. XV incisos d) y e) del convenio).

Por el contrario, si la enmienda no conlleva una obligación novedosa para nuestro país (art. XV inciso c), la modificación al convenio se entenderá aprobada conforme a los términos en los que lo regula el propio convenio ‒es decir, treinta días después de su aceptación por tres cuartos de las Partes contratantes‒.

Sin embargo, esa potestad correctamente entendida ‒la de realizar la aprobación legislativa‒ supone que en cualquier caso el Poder Ejecutivo debe enviar la propuesta de enmienda ante la Asamblea Legislativa, con el fin de que esta discierna si es una obligación novedosa para el Estado costarricense y se aplique el procedimiento legislativo correspondiente o bien en caso de que se determine que no implica una obligación novedosa, se apruebe en los términos en que el propio convenio lo prevé.

De este modo, ha de entenderse que la incorporación de una cláusula interpretativa respecto de los incisos d) y e) incluye, de suyo, la potestad de la propia Asamblea Legislativa de distinguir qué tipo de modificación o enmienda se trata y aprobar o improbar aquellas que impliquen nuevas obligaciones para el Estado costarricense. Lo que va unido, como he dicho, necesariamente a la obligación del Poder Ejecutivo de enviar la propuesta de enmienda ante aquel Poder de la República para que realice la valoración respectiva. Solo de esta manera el Estado costarricense garantizará que se realice una adecuada ponderación de las modificaciones al texto del convenio y que nuestro país no vea expuesta su soberanía a partir de una imposición heterónoma sin la previa valoración y aprobación de las autoridades nacionales competentes.

Finalmente, debe destacarse justamente el hecho de que en el sub lite no estamos hablando de un protocolo de rango menor, sino de una modificación al propio convenio internacional, que ‒tanto si es aprobada de forma desapercibida o como si no‒ compromete gravemente al Estado costarricense”. (Opinión consultiva n.°2023-017544).

 

Tales reflexiones corresponden ser reiteradas en el caso concreto y enfatizar que la determinación de si se trata de un protocolo de menor rango y, por lo tanto, del método de incorporación a nuestro ordenamiento jurídico, no viene dada por la nomenclatura del instrumento, sino por su contenido.

 

 

 

Anamari Garro V.

 

 

 

EXPEDIENTE N° 25-019915-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).



Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL

votado con boleta

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:52:00.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at twelve noon on the twelfth of August, two thousand twenty-five.

Mandatory legislative consultation on constitutionality processed under case file No. 25-019915-0007-CO, submitted by the Board of Directors of the Legislative Assembly regarding the bill for the “APPROVAL OF ADHESION TO THE 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972,” processed under legislative file No. 24.856.

**Whereas:**

**1.-** The consultation, submitted in compliance with Article 96(a) of the Constitutional Jurisdiction Act (Ley de la Jurisdicción Constitucional), was received by the Chamber’s Secretariat at 10:46 a.m. on July 9, 2025, along with a certified copy of the legislative file. The Presidency of the Chamber acknowledged receipt of the consultation by resolution issued at 2:34 p.m. on July 9, 2025.

**2.-** By resolution issued at 10:04 a.m. on July 14, 2025, the head of the Department of International Treaties of the Ministry of Foreign Affairs and Worship and the secretary of the Legislative Board of Directors were requested to indicate who signed, on behalf of the Government of the Republic, the "ADHESION TO THE 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972" and, where applicable, pursuant to Article 7 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, the number and date of publication in La Gaceta of the corresponding full powers to conclude the agreement.

**3.-** Natalia Córdoba Ulate, legal director of the Ministry of Foreign Affairs and Worship, in a brief received on July 16, 2025, indicated that, as detailed in the document "STATUS OF IMO TREATIES," which contains complete information as of June 2025 on the status of multilateral conventions and instruments for which the International Maritime Organization or its Secretary-General perform depositary or other functions, Costa Rica does not appear as a signatory State to the 1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972. Article 24 of the Protocol expressly provides for adhesion as a legitimate mechanism to become a Contracting Party, without requiring prior signature of the treaty. As this is an adhesion and not a signature of the treaty, in accordance with Article 24 of the 1996 Protocol and the Vienna Convention on the Law of Treaties, the procedure for issuing and publishing full powers that is typically required for the initial signature of international treaties is not applicable. In cases of adhesion, the expression of the State's consent is made directly by depositing the corresponding instrument with the depositary, without requiring a prior signature. Therefore, it is reasonable that no full powers exist, given that the bill submitted by the Executive Branch seeks precisely to formalize this intention to accede. As a corollary to the foregoing, it is placed on record that, through the bill currently being processed before the Legislative Assembly, the Costa Rican State expresses its formal intention to accede to the 1996 Protocol, in accordance with the requirements set forth in Article 24 of said instrument and within the framework of the national legal system.

**4.-** The legal requirements were observed in the proceedings.

Authored by Judge Hess Herrera; and,

**Considering:**

**I.- PURPOSE AND ADMISSIBILITY OF THE CONSULTATION.** The Board of Directors of the Legislative Assembly submitted this consultation regarding the bill for the “APPROVAL OF ADHESION TO THE 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972,” processed under legislative file number 24.856, in compliance with Articles 10(b) of the Political Constitution and 96(a) of the Constitutional Jurisdiction Act (Ley de la Jurisdicción Constitucional). As it concerns an international agreement, the consultation is admissible as to its purpose. Likewise, the bill was put to a vote in the Extraordinary Plenary Session No. 03 of June 30, 2025, and approved in first debate with forty-two votes in favor and none against, thereby complying with the provisions of Article 98, first paragraph, of the Constitutional Jurisdiction Act (Ley de la Jurisdicción Constitucional).

**II.- ON THE TIME LIMIT FOR RESOLVING.** The consultation was submitted on July 9, 2025, along with legislative file No. 24.856. By resolution issued at 10:04 a.m. on July 14, 2025, the head of the Department of International Treaties of the Ministry of Foreign Affairs and Worship and the secretary of the Legislative Board of Directors were requested to provide documentation necessary to resolve the consultation. The response was received by the Secretariat of the Constitutional Chamber on July 16, 2025. This circumstance extends the one-month period stipulated in Article 101 of the Constitutional Jurisdiction Act (Ley de la Jurisdicción Constitucional), such that the deadline for resolving the consultation expires on August 16, 2025.

**III.- ON THE BACKGROUND AND PURPOSE OF THE BILL FOR THE “APPROVAL OF ADHESION TO THE 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972”.** The International Maritime Organization (IMO) was created in 1948 as a specialized agency of the United Nations Organization, responsible for the safety and maritime transport of merchant ships, and for the prevention of marine and atmospheric pollution caused by ships. Its work supports the United Nations Sustainable Development Goals. The IMO “is the global standard-setting authority for the safety, security and environmental performance of international shipping. Its main role is to create a regulatory framework for the shipping industry that is fair and effective, universally adopted and universally implemented” (see https://www.imo.org/es/About/Paginas/Default.aspx).

The key IMO conventions are: the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, as amended; the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 and by the Protocol of 1997 (MARPOL); and the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), as amended, including the 1995 and Manila amendments, and among the conventions relating to the prevention of marine pollution, we find the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (PWD), 1972 and the 1996 London Protocol to that convention.

The Inter-Governmental Conference on the Convention on the Dumping of Wastes at Sea, which met in London in November 1972 at the invitation of the United Kingdom, adopted the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter. This instrument, generally known as the London Convention, was one of the first international conventions for the protection of the marine environment from human activities. It entered into force on August 30, 1975, and has been administered by the IMO since 1977. The London Convention contributes to the international control and prevention of marine pollution by prohibiting the dumping of certain hazardous materials. Additionally, a special permit is required prior to dumping other identified materials, and a general permit is required for other wastes or matter. "Dumping" is understood as the deliberate disposal at sea of wastes or other matter from vessels, aircraft, platforms, or other man-made structures, as well as the deliberate disposal of the vessels or platforms themselves. The annexes list wastes that may not be dumped and others for which a special dumping permit is required.

Amendments adopted in 1993 (which entered into force in 1994) prohibited the dumping into the sea of low-level radioactive wastes. Additionally, the amendments phased out the dumping of industrial wastes by December 31, 1995, and prohibited the incineration at sea of industrial wastes. In 1996, the Parties adopted a Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972 (known as the London Protocol), which entered into force in 2006. The Protocol, which is intended to eventually replace the 1972 Convention, represents a major shift in approach to the question of how to regulate the use of the sea as a depository for waste materials. Rather than stating which materials may not be dumped, it prohibits all dumping, except for possibly acceptable wastes on the so-called "reverse list," contained in an annex to the Protocol.

Costa Rica has been a Party to the Organization since 1981 and has signed various conventions promoted by the Organization over the years to fulfill its purposes, such as the Convention on the Safety of Life at Sea, 1974, and its Protocols of 1978 and 1988; the Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969; the Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978; the Convention on Maritime Search and Rescue, 1979; the Convention on the International Mobile Satellite Organization, 1976; the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965; the Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, and its 1976 and 1992 Protocols; the London Convention on the Prevention of Marine Pollution, 1972; the Convention on the International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992; and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, 1988.

The Costa Rican State is also a Party to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, approved by Law No. 5566 of August 26, 1974, the direct predecessor of the 1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972, known as the London Protocol, the adhesion to which the Executive Branch submits for approval by the Legislative Assembly, and which is the subject of this consultation.

As the statement of purpose of the approval bill indicates, the protocol emerged in response to changing environmental conditions, global awareness of the need to ensure proper waste and other matter management, and the recognition of these dumping practices as a global interdisciplinary problem encompassing ecological, economic, legal, and political aspects. The issuance of a more modern and comprehensive agreement was promoted to protect the marine environment in dumping activities, resulting in the promulgation of the London Protocol, adopted in that city in 1996. The aforementioned Protocol entered into force in 2006 and replaces the London Convention, agreed upon in 1972, which is abrogated for the parties that ratify it—Article 23 of the 1996 Protocol.

**IV.- THE PROCESSING OF LEGISLATIVE FILE NUMBER 24.856.** Pursuant to Article 98 of the Constitutional Jurisdiction Act (Ley de la Jurisdicción Constitucional), when resolving the consultation, the Chamber shall rule on any aspects or grounds it deems relevant from a constitutional standpoint, but it is binding only with respect to procedural matters. For the foregoing purposes, a summary of the legislative proceedings followed in this case will be provided. The bill entitled “APPROVAL OF ADHESION TO THE 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972” has followed the following iter:

1) The bill, which is an initiative of the Executive Branch, was submitted to the Legislative Assembly on February 25, 2025, to be processed accordingly (folio 1 of the legislative file);

2) On March 24, 2025, the bill was assigned to the Special Permanent Committee on International Relations and Foreign Trade for review (folio 102);

3) The initiative was published in Supplement No. 36 to La Gaceta No. 49 of March 13, 2025, viewable online at the following link: ALCANCE N° 36 A LA GACETA N° 49 de la fecha 13 03 2025 (imprentanacional.go.cr);

4) In Session No. 25 of April 2, 2025, the Special Permanent Committee on International Relations and Foreign Trade approved a motion by several deputies to consult the bill with: the Ministry of Foreign Affairs and Worship, the Port Maritime Division, the Ministry of Environment and Energy (MINAE), the Office of the Attorney General of the Republic, the Office of the Ombudsperson (Defensoría de los Habitantes), the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (INCOPESCA), the National Coast Guard Service, the University of Costa Rica, the National University, the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), the National System of Conservation Areas (SINAC), the Ministry of Health, INCOOP, JAPDEVA, all municipalities in the country, the Water and Sewer Institute (AyA), the Federated College of Engineers and Architects (CFIA), and the Costa Rican Chamber of Construction (folio 105);

5) Through Executive Decree 44976-MP of April 30, 2025, the Executive Branch extended the call for extraordinary sessions of the Legislative Assembly so that, among others, file No. 24856 would be considered (folio 393 et seq.);

6) Through Executive Decree 44977-MP of May 7, 2025, the Executive Branch extended the call for extraordinary sessions of the Legislative Assembly so that, among others, file No. 24856 would be considered (folio 408 et seq.);

7) Through Executive Decree 44983-MP of May 14, 2025, the Executive Branch extended the call for extraordinary sessions of the Legislative Assembly so that, among others, file No. 24856 would be considered (folio 422 et seq.);

8) Through official communication AL-DEST-IJU-207-2025 of June 6, 2025, the director of the Department of Technical Services submitted the legal report for file No. 24856 for the consideration of the Committee on International Relations (folio 448-466);

9) In ordinary session No. 02 of June 11, 2025, of the Special Permanent Committee on International Relations and Foreign Trade, the deadline for the Subcommittee reviewing file No. 24586 to submit its report was extended by fifteen days (folio 467-473);

10) In ordinary session No. 27 of the Legislative Plenary on June 19, 2025, a motion to dispense with procedural steps for the bill processed under file No. 24856 was presented and approved (folio 474-484);

11) In Extraordinary Session No. 03 of June 30, 2025, the Legislative Plenary began the discussion in first debate of legislative file No. 24856, the bill “APPROVAL OF ADHESION TO THE 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972,” it was put to a vote and approved with 42 votes in favor and 0 against (folio 487-494);

12) The Special Permanent Drafting Committee, in Session No. 6 of July 3, 2025, approved the final text of the bill processed under legislative file No. 24856 (folio 512811-845);

**V.- ON THE PROCESSING OF LEGISLATIVE FILE NO. 24586.** The Executive Branch submits for approval by the Legislative Assembly the adhesion to the “1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972”. In this regard, Article 24 of the protocol expressly provides for adhesion as a legitimate mechanism to become a Contracting Party, without requiring prior signature of the treaty, in accordance with Article 15 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. As this is an adhesion and not a signature of the treaty, the expression of the State's consent is made directly by depositing the corresponding instrument with the depositary, without requiring a prior signature. This explains the fact that the granting of full powers does not appear in the legislative file. Precisely, the Executive Branch seeks to formalize this intention to accede through the bill submitted to the legislative process on February 25, 2025, in exercise of its power of initiative, so that the procedure provided for in the Political Constitution is followed.

Likewise, it is on record that it was assigned to the Special Permanent Committee on International Relations and Foreign Trade for review. In compliance with the principle of publicity, the text of the bill was published in Supplement No. 36 to La Gaceta No. 49 of March 13, 2025. Subsequently, in ordinary session No. 27 of the Legislative Plenary on June 19, 2025, a motion to dispense with procedural steps for the bill processed under file No. 24856 was presented and approved. No infringement of the rights and powers of legislators is observed, as the bill was considered by the Legislative Plenary as appropriate, since it concerns the approval of an international agreement and, to that extent, could not be delegated to a Legislative Committee with Full Powers, as established by Article 124, paragraph 3, of the Political Constitution in relation to Article 121, paragraph 4, ibid. Finally, as was accredited, the bill was voted on during the period of extraordinary sessions of the Legislative Assembly, a time period in which the initiative for law-making is the exclusive purview of the Executive Branch, as provided in Article 118 of the Constitution. The bill under consultation was included in Executive Decree No. 44983-MP of May 14, 2025, which extended the call for extraordinary sessions of the Legislative Assembly and included legislative file No. 24856. In accordance with the foregoing, the Legislative Assembly was authorized to deliberate on the bill in question. Finally, the legislative initiative received, for its approval, the vote of 42 deputies, thereby complying, for this purpose, with the provisions of numeral 124, subsection 3, of the Political Constitution in relation to Article 121, paragraph 4, ibid, as the bill was considered by the Legislative Plenary and overwhelmingly met this absolute majority requirement. In this sense, it can be verified that the bill was processed according to the corresponding legislative procedure, without this Chamber observing any procedural defect.

**VI.- ON THE BILL AND THE CONTENT OF THE AGREEMENT.** The bill processed under legislative file number 24.856 submits for approval the consolidated version of the 1996 Protocol and the amendments detailed in Article 1. This is certified by the coordinator of the Regulatory Process for Maritime Activity and Legal Advisor of the Port Maritime Division of the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), on January 28, 2025 (folio 8 of file 24.586). The legislative initiative consists of two articles, which state:

“Article 1- The adhesion of the Government of the Republic of Costa Rica to the 1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972, as modified by its amendments, is hereby approved, and which in its official consolidated version, consists of the following:

RELATING TO THE PROTOCOL AND ITS AMENDMENTS

| Protocol of 1996 to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972 |
| :--- |
| 2006 Amendments to the 1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972, amendment to include CO2 sequestration in sub-seabed geological formations in Annex 1 of the London Protocol (Resolution LP.1(1)). |
| 2009 Amendments to the 1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972, amendment relating to Article 6 of the London Protocol (Resolution LP.3(4)). |
| 2009 Amendments to the 1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972, amendment relating to Article 6 of the London Protocol (Resolution LP.3(4)). |
| 2013 Amendments to the 1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972, to regulate the placement of matter for ocean fertilization and other marine geoengineering activities (Resolution LP.4(8)). |
| 2022 Amendments to the 1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972, to remove sewage sludge from Annexes 1 and 2, relating to the list and assessment of wastes or other matter that may be considered for dumping (Resolution LP.6 (17)). |

Article 2- The Republic of Costa Rica enters a reservation to Articles 21 and 22 of the 1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972, its annexes, and amendments; meaning that the amendments approved pursuant to the procedure described therein shall be effective in the country when they are considered protocols of a lower rank derived from the Convention under the terms established by our Political Constitution. In the case of substantial amendments, they shall be effective once they have been approved in accordance with the procedures established in the Political Constitution.

Effective upon its publication.”

Article 1 of the bill approves “the adhesion of the Government of the Republic of Costa Rica to the 1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972, as modified by its amendments.” The Chamber will proceed to analyze the content of the indicated international instrument, known as the London Protocol. Article 2 of the bill will be analyzed in considering clause VII of this judgment.

First, it is observed that the Protocol itself, that is, what in the technique of the Law of Treaties is known as its operative part and final clauses, consists of twenty-nine articles and five annexes, with the objectives set forth in its Article 2, to “protect and preserve the marine environment from all sources of pollution and take effective measures, according to their scientific, technical and economic capabilities, to prevent, reduce and where practicable eliminate pollution caused by dumping or incineration at sea of wastes or other matter.”

Regarding its text, despite not being divided into chapters, it follows a logical order through its twenty-nine articles, where the three usual sections—preamble, content, and final provisions—are identified, starting from the definition of the general obligations, the conduct that the Contracting States undertake to prohibit, with their exceptions, and how to proceed, the scope of application, as well as the settlement of disputes that may arise and the information to be shared. Apart from that, the rest of the articles comprise the standard rules of the Law of Treaties, such as those related to signature, subscription, adhesion, reservations, denunciations, and the possibility of amendments, modifications, and moments of entry into force of the instrument.

A more detailed analysis of the treaty's articles shows that Article 1 contains the definitions of terms used in the Protocol, limited to it, essential for the application of said international instrument. Thus, for example, paragraph 4.1 defines what is meant by “dumping”:

“4.1 “Dumping” means:

1. any deliberate disposal into the sea of wastes or other matter from vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea;

2. any deliberate disposal into the sea of vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea;

3. any storage of wastes or other matter in the seabed and the subsoil thereof from vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea; and

4. any abandonment or toppling at site of platforms or other man-made structures at sea, for the sole purpose of deliberate disposal.”

Additionally, paragraph 4.2 further clarifies the concept, explaining what is not meant by dumping. In that sense, paragraph 4.3 excludes the application of the Protocol to “the disposal or storage of wastes or other matter directly arising from, or related to the exploration, exploitation and associated off-shore processing of seabed mineral resources.”

Also relevant is the definition of “incineration at sea” contained in paragraph 5.1: ““Incineration at sea” means the combustion on board a vessel, platform or other man-made structure at sea of wastes or other matter for the purpose of their deliberate disposal by thermal destruction.” Paragraph 5.2 lists the cases in which incineration is permitted. For its part, paragraph 5 bis defines: ““Marine geoengineering” means a deliberate intervention in the marine environment to manipulate natural processes, including to counteract anthropogenic climate change and/or its impacts, and that has the potential to result in deleterious effects, especially where those effects may be widespread, long-lasting or severe.”

Article 2 corresponds to the Objectives of the Convention:

“Article 2

Objectives

Contracting Parties shall individually and collectively protect and preserve the marine environment from all sources of pollution and take effective measures, according to their scientific, technical and economic capabilities, to prevent, reduce and where practicable eliminate pollution caused by dumping or incineration at sea of wastes or other matter. Where appropriate, they shall harmonize their policies in this regard.”

For its part, Article 3 establishes the general obligations of the Contracting Parties, which are:

“Article 3

General Obligations

1. In implementing this Protocol, Contracting Parties shall apply a precautionary approach to environmental protection from dumping of wastes or other matter or from placement of matter for marine geoengineering activities that can be considered for the issuance of permits in accordance with Annex 4.

2. Taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, each Contracting Party shall endeavour to promote practices whereby those it has authorized to engage in dumping or incineration at sea activities bear the cost of meeting the pollution prevention and control requirements for the authorized activities, having due regard to the public interest.

3.

In implementing the provisions of this Protocol, the Contracting Parties shall act so as not to transfer, directly or indirectly, damage or the likelihood of causing damage from one part of the environment to another or transform one type of pollution into another.

4. Nothing in this Protocol shall be interpreted as preventing the Contracting Parties from taking, individually or jointly, more stringent measures in accordance with international law with respect to the prevention, reduction, and, where feasible, the elimination of pollution."

This provision of the 1996 Protocol is central because, in line with numerous Multilateral Conventions that preceded it, it enshrines the preventive principle and the polluter-pays principle, applicable to the protection of the environment.

Articles 4, 5, 6, and 6 bis provide for other more specific obligations. The main one is contained in Article 4, which consists of developing domestic measures to prohibit the dumping of wastes at sea. Said provision indicates:

"Article 4

Dumping of Wastes or Other Matter

1.1 The Contracting Parties shall prohibit the dumping of any wastes or other matter, with the exception of those listed in Annex 1.

1.2 For the dumping of wastes or other matter listed in Annex 1, a permit shall be required. The Contracting Parties shall adopt administrative or legislative measures to ensure that the issuance of permits and the conditions thereof comply with the provisions of Annex 2. Particular attention shall be paid to opportunities to avoid dumping in favor of environmentally preferable alternatives.

2 Nothing in this Protocol shall be interpreted as preventing a Contracting Party from prohibiting, insofar as that Party is concerned, the dumping of wastes or other matter mentioned in Annex 1. The Party in question shall notify the Organization of such measures."

The Contracting Parties to the London Protocol undertake to prohibit the dumping of wastes and other matter at sea. Of utmost importance is the introduction of the "reverse list" approach. Instead of establishing which materials may not be dumped at sea, as was regulated in the London Convention, the regulation is reversed, prohibiting all dumping, except for those wastes that appear as permitted dumping, listed in Annex 1. Additionally, the Contracting Parties undertake to establish administrative or legislative measures to prohibit the dumping of wastes at sea and to authorize exceptions only through permits to be issued by competent authorities designated for that purpose.

Through Articles 5, 6, and 6 bis, the Contracting Parties undertake to prohibit other conduct, due to its negative impact on the marine environment:

"Article 5

Incineration at Sea

The Contracting Parties shall prohibit the incineration at sea of any wastes or other matter.

Article 6

Export of Wastes or Other Matter

1 The Contracting Parties shall not permit the export of wastes or other matter to other countries for dumping or incineration at sea.

2 Notwithstanding the provisions of paragraph 1, carbon dioxide streams may be exported for disposal in accordance with the provisions of Annex 1, provided that the countries concerned have concluded an agreement or arrangement. Such agreement or arrangement shall include:

.1 confirmation and allocation of permitting responsibilities between the exporting and receiving countries, consistent with the provisions of this Protocol and other applicable international law; and

.2 in the case of exports to States that are not Contracting Parties, provisions at least equivalent to those contained in this Protocol, including those relating to the issuance of permits and permit conditions for compliance with the provisions of Annex 2, to ensure that the agreement or arrangement does not undermine the obligations of the Contracting Parties under this Protocol to protect and preserve the marine environment.

Any Contracting Party that concludes such an agreement or arrangement shall notify it to the Organization.

Article 6 bis

Marine Geoengineering Activities

1 The Contracting Parties shall not permit the placement of matter into the sea from vessels, aircraft, platforms, or other man-made structures at sea for the marine geoengineering activities listed in Annex 4, unless the listing provides that the activity or the subcategory of activity may be authorized under a permit.

2 The Contracting Parties shall adopt administrative or legislative measures to ensure that the issuance of permits and permit conditions comply with the provisions of Annex 5 and take into account any specific assessment framework developed for an activity and adopted by the Meeting of Contracting Parties. A permit shall be issued only after the activity has been subject to an assessment that has determined that, to the extent possible, pollution of the marine environment from the proposed activity is prevented or minimized. A permit shall be issued only if the assessment concludes that the activity is not contrary to the objectives of the Protocol.

3 Article 4 shall not apply to the activities listed in Annex 4."

With reference to the scope of application of the Protocol, in accordance with the provisions of Article 1, paragraph 7, its provisions apply to the sea, understood as "all marine waters, other than the internal waters of States, as well as the seabed and the subsoil thereof. This term does not include sub-seabed repositories accessed only from land." Article 7 provides:

"Article 7

Internal Waters

1. Notwithstanding any other provision of this Protocol, this Protocol shall relate to internal waters only to the extent provided for in paragraphs 2 and 3.

2. Each Contracting Party shall, at its discretion, either apply the provisions of this Protocol or adopt other effective permitting and regulatory measures to control the deliberate disposal of wastes or other matter in marine internal waters where such disposal would constitute dumping or incineration at sea within the meaning of Article 1 if conducted at sea.

3. Each Contracting Party should provide information to the Organization on the legislation and institutional mechanisms regarding implementation, compliance, and enforcement in marine internal waters. The Contracting Parties should also use their best efforts to provide on a voluntary basis summary reports on the type and nature of materials dumped in marine internal waters."

Internal waters in the law of the sea are under the exclusive sovereignty of the State that contains them. Hence, Article 7 leaves to the discretion of the Contracting Parties the application of the provisions of the Protocol to control the deliberate disposal of wastes or other matter in marine internal waters, where such disposal would constitute dumping or incineration at sea, within the meaning of Article 1, and if conducted at sea.

Article 8 provides:

"Article 8

Exceptions

1. The provisions of Articles 4.1 and 5 shall not apply when it is necessary to safeguard the safety of human life or of vessels, aircraft, platforms, or other man-made structures at sea, in cases of force majeure caused by stress of weather, or in any other case that constitutes a danger to human life or a real threat to vessels, aircraft, platforms, or other man-made structures at sea, if dumping or incineration at sea appears to be the only way of averting the threat and if there is every probability that the damage resulting from such dumping or such incineration at sea would be less than would otherwise occur. Such dumping or such incineration at sea shall be conducted so as to minimize the likelihood of damage to human beings or marine flora and fauna and shall immediately be reported to the Organization.

2. A Contracting Party may issue a permit as an exception to the provisions of Articles 4.1 and 5, in emergency cases posing an unacceptable threat to human health, safety, or the marine environment and admitting of no other feasible solution. Before doing so, the Contracting Party shall consult any other country or countries that may be affected and the Organization, which, after consulting other Contracting Parties and competent international organizations as it deems appropriate, shall without delay recommend to the Contracting Party, in accordance with Article 18.1.6, the most appropriate procedures to be adopted. The Contracting Party shall follow these recommendations to the maximum extent feasible consistent with the time within which action must be taken and with the general obligation to avoid causing damage to the marine environment and shall notify the Organization of the measures it adopts. The Contracting Parties undertake to assist one another in such situations.

3. Any Contracting Party may waive the right recognized in paragraph two of this article at the time of ratifying this Protocol or acceding to it, or at any other subsequent time."

The transcribed provision exempts the obligations of the Protocol when situations of force majeure, fortuitous event, or emergencies arise.

For its part, Article 9 establishes procedural, monitoring, and reporting obligations that complement those stipulated in Article 4, in the following terms:

"Article 9

Issuance of Permits and Notification

1. Each Contracting Party shall designate the competent authority or authorities to:

1. issue permits in accordance with this Protocol;

2. keep records of the nature and quantities of all wastes or other matter for which permits have been issued and, where feasible, of the quantities actually dumped, or placed in accordance with Article 6 bis, as well as the location, date and method of dumping or placement; and

3. monitor individually, or in collaboration with other Contracting Parties and competent international organizations, the condition of the sea for the purposes of this Protocol.

2. The competent authority or authorities of a Contracting Party shall issue permits in accordance with this Protocol in respect of wastes or other matter intended for dumping or, as provided for in Article 6 bis, placement or, as provided for in Article 8.2, incineration at sea:

1. loaded in its territory; and

2. loaded onto a vessel or aircraft registered or flagged in its territory, when the loading occurs in the territory of a State that is not a Contracting Party to this Protocol.

3. In issuing permits, the competent authority or authorities shall comply with the requirements of Article 4 and Article 6 bis, as well as such additional criteria, measures, and requirements as it considers relevant.

4. Each Contracting Party shall report to the Organization and, where appropriate, to other Contracting Parties directly or through a secretariat established under a regional agreement:

1. the information specified in paragraphs 1.2 and 1.3;

2. the administrative and legislative measures taken to implement the provisions of this Protocol, including a summary of enforcement measures; and

3. the effectiveness of the measures referred to in paragraph 4.2, as well as any problems encountered in their application.

The information referred to in paragraphs 1.2 and 1.3 shall be submitted annually. The information referred to in paragraphs 4.2 and 4.3 shall be submitted on a regular basis.

5. The reports submitted under paragraphs 4.2 and 4.3 shall be evaluated by an appropriate subsidiary body as decided by the Meeting of Contracting Parties. That body shall report its conclusions to the next meeting or special meeting of the Contracting Parties."

Article 10, referring to the scope of application of the Protocol, excludes its application to vessels or aircraft entitled to sovereign immunity in accordance with international law. This exclusion that the Protocol formalizes is relevant because from this point forward, it is understood that its application is limited to the merchant fleet. Said provision provides:

"Article 10

Application and Enforcement

1. Each Contracting Party shall apply the measures necessary for the application of this Protocol to all:

1. vessels and aircraft registered or flagged in its territory;

2. vessels and aircraft loading in its territory wastes or other matter destined for dumping, incineration, or placement, in accordance with Article 6 bis, at sea; and

3. vessels, aircraft, and platforms or other structures believed to be engaged in dumping, incineration, or placement operations, in accordance with Article 6 bis, at sea in areas within which it is entitled to exercise jurisdiction in accordance with international law.

2. Each Contracting Party shall take appropriate measures in accordance with international law to prevent and, if necessary, punish acts contrary to the provisions of this Protocol.

3. The Contracting Parties agree to cooperate in the development of procedures for the effective application of this Protocol in areas beyond the jurisdiction of any State, including procedures for reporting vessels and aircraft observed while conducting dumping or incineration at sea in contravention of the provisions of this Protocol.

4. This Protocol shall not apply to vessels and aircraft entitled to sovereign immunity under international law. However, each Contracting Party shall ensure, by adopting appropriate measures, that such vessels and aircraft owned or operated by it act in a manner consistent with the object and purpose of this Protocol, and shall inform the Organization accordingly.

5. Any State may, when expressing its consent to be bound by this Protocol or at any subsequent time, declare that it will apply the provisions of this Protocol to its vessels and aircraft referred to in paragraph 4, recognizing that only that State may apply those provisions to such vessels and aircraft."

Article 11 establishes compliance obligations for the Meeting of Contracting Parties and provides for the possibility of it offering cooperation both to Contracting Parties and to States that are not, by providing:

"Article 11

Compliance Procedures

1. No later than two years after the entry into force of this Protocol, the Meeting of Contracting Parties shall establish the procedures and mechanisms necessary to assess and promote compliance with this Protocol. Such procedures and mechanisms shall be developed with a view to facilitating the full and open exchange of information in a constructive manner.

2. After carefully examining all information submitted in accordance with this Protocol and any recommendation made through the procedures established under paragraph 1, the Meeting of Contracting Parties may offer advice, assistance, or cooperation to Contracting Parties and to States that are not Contracting Parties."

Article 12 encourages regional cooperation among Contracting Parties that share an interest in protecting the marine environment in a given geographical area and the conclusion of agreements to achieve the objectives of the Protocol, in the following terms:

"Article 12

Regional Cooperation

In order to facilitate the achievement of the objectives of this Protocol, Contracting Parties with common interests to protect the marine environment of a given geographical area shall endeavor to foster regional cooperation, including the conclusion of regional agreements compatible with this Protocol, for the prevention, reduction, and, where feasible, elimination of pollution caused by dumping or incineration at sea of wastes or other matter, taking into account the characteristic features of the region. The Contracting Parties shall seek to cooperate with the parties of regional agreements to develop harmonized procedures to be observed by the Contracting Parties of the various conventions concerned."

Article 13 fosters collaboration between States Parties and the International Maritime Organization -Article 1.2- and other competent international organizations to coordinate bilateral and multilateral support for achieving the objectives of the Protocol. The provision states:

"Article 13

Technical Cooperation and Assistance

1. The Contracting Parties shall, through collaboration within the Organization and coordination with other competent international organizations, promote bilateral and multilateral support for the prevention, reduction, and, where feasible, elimination of pollution caused by dumping or placement of matter for marine geoengineering activities, as provided for in this Protocol, to those Contracting Parties that request it for:

1. training of scientific and technical personnel for research, monitoring, and enforcement activities, including, as appropriate, the supply of necessary equipment and facilities and services, with a view to strengthening national capabilities;

2. advice on implementing this Protocol;

3. information and technical cooperation relating to waste minimization and clean production processes;

4. information and technical cooperation relating to the disposal and treatment of waste, and other measures to prevent, reduce, and, where feasible, eliminate pollution caused by dumping; and

5. access to and transfer of environmentally sound technologies and corresponding know-how, in particular to developing countries and countries in transition to market economies, on mutually agreed, favorable terms, including concessional and preferential terms, taking into account the need to protect intellectual property rights, as well as the specific needs of developing countries and countries in transition to market economies.

2. The Organization shall perform the following functions:

1. transmit requests for technical cooperation from Contracting Parties to other Contracting Parties, taking into account such factors as technical capacity;

2. coordinate requests for assistance with other competent international organizations, as appropriate; and

3. subject to the availability of adequate resources, assist developing countries and those in transition to market economies that have declared their intention to become Contracting Parties to this Protocol to examine the means necessary to achieve full implementation."

For its part, Article 14 obliges the Parties to facilitate scientific and technical research on the prevention, reduction, and, where feasible, elimination of pollution from dumping and from other sources of marine pollution related to the Protocol.

"Article 14

Scientific and Technical Research

1. The Contracting Parties shall take appropriate measures to promote and facilitate scientific and technical research on the prevention, reduction, and, where feasible, elimination of pollution caused by dumping and by other sources of marine pollution related to this Protocol. Such research should include, in particular, observation, measurement, evaluation, and analysis of pollution by scientific methods.

2. The Contracting Parties shall, to achieve the objectives of this Protocol, promote the availability of relevant information to other Contracting Parties that request it regarding:

1. scientific and technical activities and measures undertaken in accordance with this Protocol;

2. marine scientific and technological programs and their objectives; and

3. the impacts observed from the monitoring and assessment carried out pursuant to Article 9.1.3."

Article 15 establishes another commitment of the Contracting Parties, regarding liability for damage to the environment, in the following terms:

"Article 15

Responsibility and Liability

In accordance with the principles of international law regarding State responsibility for damage caused to the environment of other States or to any other area of the environment, the Contracting Parties undertake to develop procedures relating to liability for dumping or incineration at sea of wastes or other matter."

Article 16 establishes the mechanisms for the settlement of disputes concerning the interpretation or application of the Protocol, in the first instance, negotiation, mediation, and conciliation. As for the arbitral procedure, it refers to Annex 3. Said provision establishes:

"Article 16

Settlement of Disputes

1. Any dispute concerning the interpretation or application of this Protocol shall be settled in the first instance through negotiation, mediation, or conciliation, or by other peaceful means chosen by the parties to the dispute.

2. If a solution cannot be found within twelve months after one Contracting Party has notified another that a dispute exists between them, the dispute shall be settled, at the request of a party to the dispute, through the arbitral procedure set out in Annex 3, unless the parties concerned agree to use one of the procedures listed in paragraph 1 of Article 287 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. The parties in dispute may so decide whether or not they are States Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982.

3. In the event that an agreement is reached to use one of the procedures listed in paragraph 1 of Article 287 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, the provisions of Part XV of said Convention related to the chosen procedure shall also apply mutatis mutandis.

4. The twelve-month period referred to in paragraph 2 may be extended by a further twelve months by mutual agreement of the parties concerned.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, any State may notify the Secretary-General at the time of expressing its consent to be bound by this Protocol that, when it is a party to a dispute regarding the interpretation or application of Articles 3.1 or 3.2, its consent shall be required in order for the dispute to be settled through the arbitral procedure set out in Annex 3."

Article 17 refers to international cooperation:

"Article 17

International Cooperation

The Contracting Parties shall promote the objectives of this Protocol within the competent international organizations."

Article 18 of the Protocol enumerates the actions that the Contracting Parties may adopt at meetings:

"Article 18

Meetings of Contracting Parties

1. Meetings of the Contracting Parties or Special Meetings of the Contracting Parties shall regularly review the implementation of this Protocol and assess its effectiveness with a view to identifying means to strengthen, if necessary, the measures aimed at preventing, reducing, and, where feasible, eliminating pollution caused by dumping and incineration or placement, in accordance with Article 6 bis, at sea of wastes or other matter. To this end, Meetings of the Contracting Parties or Special Meetings of the Contracting Parties may:

1. examine and adopt amendments to this Protocol in accordance with Articles 21 and 22;

2. establish such subsidiary bodies as are necessary to consider any matter that may arise, with a view to facilitating the effective implementation of this Protocol;

3. invite appropriate specialized bodies to advise the Contracting Parties or the Organization on matters relating to this Protocol;

4. promote cooperation with competent international organizations concerned with the prevention and control of pollution;

5. examine the information provided in accordance with Article 9.4;

6. develop or adopt, in consultation with competent international organizations, the procedures referred to in Article 8.2, including basic criteria for determining exceptional and emergency situations, and procedures for consultative advice and for the safe disposal of matter at sea in such circumstances;

7. consider and adopt resolutions; and

8. consider any additional action that might be necessary.

2. At their first meeting, the Contracting Parties shall establish rules of procedure, as necessary."

Article 19 contemplates the functions assumed by the International Maritime Organization with respect to the 1996 Protocol:

"Article 19

Functions of the Organization

1. The Organization shall be responsible for Secretariat functions in relation to this Protocol. Any Contracting Party to this Protocol that is not a member of the Organization shall make an appropriate contribution to the expenses incurred by the Organization in the performance of these functions.

2. The Secretariat functions necessary for the administration of this Protocol include:

1. convening Meetings of the Contracting Parties once a year, unless the Contracting Parties decide otherwise, and Special Meetings of the Contracting Parties whenever requested by two-thirds of the Contracting Parties;

2. providing advice upon request on the implementation of this Protocol and on guidance and procedures developed thereunder;

3. considering requests for information, as well as information from the Contracting Parties, consulting with them and with competent international organizations, and making recommendations to the Contracting Parties on matters relating to this Protocol but not specifically addressed in it;

4. preparing, in consultation with the Contracting Parties and competent international organizations, the development and implementation of procedures referred to in Article 18.1.6, and providing assistance to that effect;

5. transmitting to the Contracting Parties concerned all notifications received by the Organization in accordance with this Protocol; and

6. preparing, every two years, a budget and a statement of accounts for the administration of this Protocol, which shall be distributed to all Contracting Parties.

3. In addition to the requirements of Article 13.2.3 and subject to the availability of adequate resources, the Organization shall:

1. collaborate in assessments of the state of the marine environment; and

2. cooperate with competent international organizations concerned with the prevention and control of pollution."

Article 20 provides that the annexes to the Protocol form an integral part of it. The consolidated version of the "1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972" considers five annexes. These are regulatory norms for certain articles of the Protocol. It is observed that this constitutes the technical development and instrumentation of the substantive considerations and obligations established in the Protocol, and that they are accessory to it. Annex 1 on "Wastes or other matter that may be considered for dumping"; Annex 2 on the "Assessment of wastes or other matter that may be considered for dumping"; Annex 3, which defines the "Arbitral Procedure"; Annex 4 relating to "Marine geoengineering activities"; and Annex 5, which contemplates the "Assessment Framework for matter that may be considered for placement under Annex 4".

Matters concerning amendments to the Protocol and its annexes are regulated in Articles 21 and 22, respectively.

Those provisions state:

“Article 21

Amendment of the Protocol

1. Any Contracting Party may propose amendments to the articles of this protocol. The text of a proposed amendment shall be communicated by the Organization to the Contracting Parties at least six months before its consideration at a meeting of the Contracting Parties or a special meeting of the Contracting Parties.

2. Amendments to the articles of this protocol shall be adopted by a two-thirds majority vote of the Contracting Parties present and voting that are represented at the meeting or special meeting of the Contracting Parties designated for that purpose.

3. Amendments shall enter into force for the Contracting Parties that have accepted them on the sixtieth day after (sic) two-thirds of the Contracting Parties have deposited an instrument of acceptance of the amendment with the Organization. Thereafter, amendments shall enter into force for any Contracting Party on the sixtieth day after the date on which that Contracting Party has deposited its instrument of acceptance of the amendment in question.

4. The Secretary-General shall inform the Contracting Parties of any amendment adopted at the Meetings of the Contracting Parties, as well as of the date on which each such amendment enters into force generally and for each Contracting Party.

5. After the entry into force of an amendment to this protocol, any State that becomes a Contracting Party to this protocol shall become a Contracting Party to this protocol as amended, unless two-thirds of the Contracting Parties present and voting at the meeting or special meeting of the Contracting Parties that approves the amendment decide otherwise.

 

Article 22

Amendment of the Annexes

1. Any Contracting Party may propose amendments to the annexes of the Protocol. The text of a proposed amendment shall be communicated by the Organization to the Contracting Parties at least six months before its consideration at a meeting of the Contracting Parties or a special meeting of the Contracting Parties.

2. Amendments to the annexes other than Annex 3 shall be based on scientific or technical considerations and may take into account legal, social, and economic factors, as appropriate. Such amendments shall be adopted by a two-thirds majority vote of the Contracting Parties present and voting that are represented at the meeting or special meeting of the Contracting Parties designated for that purpose.

3. The Organization shall without delay communicate to the Contracting Parties the amendments that have been adopted at a meeting of the Contracting Parties or at a special meeting of the Contracting Parties.

4. Except as provided in paragraph 7, amendments to the annexes shall enter into force for each Contracting Party immediately after it has notified its acceptance to the Organization or 100 days after the date of their approval at a meeting of the Contracting Parties, if this date is later, except for those Contracting Parties that, before the 100 days have elapsed, make a declaration that they are unable to accept the amendment at that time. Any Contracting Party may at any time substitute a declaration of acceptance for its previous declaration of objection, upon which the previously objected-to amendment shall enter into force for that Contracting Party.

5. The Secretary-General shall without delay notify the Contracting Parties of the instruments of acceptance or objection that have been deposited with the Organization.

6. A new annex or an amendment to an annex that is related to an amendment to the articles of this protocol shall not enter into force until the moment the amendment to the articles of this protocol enters into force.

7. With respect to amendments to Annex 3, concerning the arbitral procedure, and with respect to the adoption and entry into force of new annexes, the amendment procedures for the articles of this protocol shall apply.”

 

The procedure provided for in Article 21 for the amendment of the protocol’s articles also applies to Annex 3 on the arbitral procedure and to the adoption and entry into force of new annexes – Article 22, paragraph 7. The time limits for communicating proposed amendments to the parties and the majority required to adopt them coincide in Articles 21 and 22, but the provisions on their entry into force do not.

As mentioned above, the bill contemplates in Article 2 a reservation regarding the application of these provisions, specifically with respect to the moment at which amendments that may be approved would enter into force for Costa Rica; therefore, definitively, any modifications that may be proposed and even approved would only apply to Costa Rica once what is stipulated in the reservation being approved is fulfilled, which means that what is indicated in this article lacks any legal problem whatsoever concerning the material legal effects for the country, as set forth below when the matter concerning the amendments and the proposed reservation is specifically addressed.

Article 23 establishes the relationship of the Protocol with the Convention, in the following terms: “This Protocol supersedes the Convention, as regards the Contracting Parties to this protocol that are also Parties to the Convention.” Article 24 establishes the procedures and time limits for becoming a Contracting Party (signature, ratification, acceptance, approval, and accession). The entry into force of the Protocol is regulated in Article 25, while Article 26 provides for a transition period, and Article 27 sets forth what concerns the possibility of a Contracting Party withdrawing from the Protocol, the moment from which it may do so, and contemplates the usual rule that the withdrawal shall take effect one year after the receipt of the instrument of withdrawal by the Secretary-General of the International Maritime Organization (IMO).

As for the final provisions of the Protocol, Article 28 designates the Secretary-General of the IMO as the depositary of the Protocol, who, in addition to the functions already assigned in other articles of the Protocol, shall perform the following:

“1. Shall inform all States that have signed this protocol or acceded to it of:

1. any new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval, or accession, as well as the date on which it occurs;

2. the date of entry into force of this protocol; and

3. any instrument of withdrawal from this protocol that is deposited, as well as the date on which that instrument was received and the date on which the withdrawal shall take effect;

2. shall transmit certified copies of this protocol to all States that have signed it or acceded to it.

3. As soon as this protocol enters into force, the Secretary-General shall transmit a certified authentic copy thereof to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.”

 

Finally, Article 29 attests to the languages in which the Protocol is drawn up – Arabic, Chinese, Spanish, French, English, and Russian –.

VII.- ON RESERVATIONS. Any declaration made with the object of excluding or modifying the legal effects of certain provisions of the treaty in their application to the declarant is truly a reservation. A reservation can allow a State to participate in a multilateral treaty in which it would otherwise not wish or be able to participate. As for the inclusion of a reservation to an international convention, at the moment when the approval of accession to it is being discussed, it is a possibility provided for in the Vienna Convention on the Law of Treaties, as a unilateral declaration by a State at the time of signing, ratifying, accepting, or acceding to a treaty, for the purpose of “excluding or modifying the legal effects of certain provisions of the treaty in their application to that State” – Article 2(d) –. Thus, a reservation can be raised not only during the prior process culminating in the signing of an international convention, but even when facing the accession procedure, as is the case with the bill under consultation, because if this possibility provided for open treaties is used, it is because the interested State did not participate at the time in the negotiation and signing of the treaty itself. In this sense, it is clear that the formulation of reservations by a State at the time of accepting accession to an international convention is provided for and permitted under Public International Law.

The formulation of the reservation contemplated in Article 2 of the bill under consultation must be understood in light of the relationship between the domestic legal order and that of international origin, in order to seek harmony within the legal order configured from the conjunction of both, safeguarding the principles of constitutional supremacy, of compliance in good faith with international obligations, and of legal certainty, among others, which form part of what is known as Constitutional Law. The provision states:

“Article 2. The Republic of Costa Rica enters a reservation to Articles 21 and 22 of the 1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972, its annexes and amendments; to the effect that amendments approved in accordance with the procedure described therein shall have effect in the country when they are considered lower-ranking protocols derived from the Convention in the terms set forth in our Political Constitution. In the case of substantial amendments, they shall have effect once they have been approved in accordance with the procedures established in the Political Constitution.”

Along those lines, to understand the reason for the reservation raised by the Executive Branch, it is necessary to recall that Articles 21 and 22 of the London Protocol regulate what concerns the adoption of amendments or modifications to the articles of the protocol and its annexes, and their entry into force for the States Parties. The rules on the moment at which an amendment is considered to enter into force vary depending on the type of provision sought to be amended but even contemplate the automatic entry into force of an amendment. To avoid situations contrary to Constitutional Law, Article 2 of the bill under consultation provides a reservation to Articles 21 and 22 “(…) to the effect that amendments approved in accordance with the procedure described therein shall have effect in the country when they are considered lower-ranking protocols derived from the Convention in the terms set forth in our Political Constitution. In the case of substantial amendments, they shall have effect once they have been approved in accordance with the procedures established in the Political Constitution.” That is, in the case of “lower-ranking protocols” or “substantial amendments.” It is therefore pertinent to clarify such aspects, in accordance with the jurisprudence of this Chamber. Put another way, if the amendments or modifications concern lower-ranking protocols, they shall have effect in the country when approved according to the provisions of Articles 21 and 22 of the Protocol because Article 121(4) of the Political Constitution so permits; but when the amendments are substantial, they shall have effect when approved as established by the Constitution, that is, following the procedure for the approval of laws, as the same cited constitutional norm correctly states.

This differentiation between lower-ranking protocols or substantial amendments is important in light of what is stipulated in Article 121 of the Political Constitution, which provides for one form of approval for treaties or conventions themselves, and another form of approval for so-called “lower-ranking protocols.” Article 121, paragraph 4, of the Political Constitution, provides:

“ARTICLE 121.- In addition to the other powers conferred by this Constitution, the following correspond exclusively to the Legislative Assembly:

 

(…)

 

4) To approve or reject international conventions, public treaties, and concordats.

Public treaties and international conventions, which attribute or transfer specific competencies to a community legal order, for the purpose of achieving regional and common objectives, shall require the approval of the Legislative Assembly, by a vote of no less than two-thirds of its total membership.

Lower-ranking protocols, derived from public treaties or international conventions approved by the Assembly, shall not require legislative approval when these instruments expressly authorize such derivation.”

 

With regard to “lower-ranking protocols” – it being understood from the outset that this is not the case of a so-called “exchange of diplomatic notes,” in which case it is settled jurisprudence that even in such cases legislative approval itself is required (see, among others, judgment 2021-27993), unless under that nomenclature it clearly involves minor matters – it can well be understood that these refer to those aspects related to the practicality of the convention or treaty itself and that derive properly from the same convention; that is, that they are regulations that develop aspects already contemplated in the text of the convention, detail and instrumentalize them, and that do not establish, create, or modify, by themselves and in an isolated manner, obligations or legal relationships not already provided for or regulated generally in the convention; whereas a convention or treaty is, by definition, that instrument used by States and subjects of Public International Law with the legal capacity to do so, to create, modify, or extinguish legal obligations in the relations between them, and, therefore, a substantial amendment would be one that directly impacts the operative part of the treaty. Under this same idea, the Chamber indicated what is considered “lower-ranking protocols,” in judgment number 1998-3388, as follows:

“Lower-ranking protocols are those that, without adding substantial commitments or limitations to the activity of states, develop or even modify norms of mere procedure that do not affect the substance of the treaty. A typical case of lower-ranking protocols are modifications to compliance deadlines and other similar measures, provided that those modifications are, as stated, provided for in the main treaty.”

 

In that same judgment, the Chamber further specified the character of so-called lower-ranking protocols, by establishing that:

“[T]hey cannot be considered amendments but protocols of another nature: they are minor variations that do not significantly modify the provisions of the Protocol, since, once the control measures provided for therein are evaluated, they merely update and bring them up to date in terms of percentages, goals, and deadlines for meeting those goals.”

 

In the same line of thought, more recently, in the already-referenced judgment 2021-27993, the Chamber stated:

“In this way, the previous case illustrates in a more grounded manner the necessary link between lower-ranking protocols and the terms of the main or original treaty, such that it allows one to conclude that the parties anticipated mechanisms for carrying out accessory and subordinate activities. Because they are derivative instruments, they depend on the main treaty to enable the realization of the terms and objectives of the Treaty, but always within the agreed legal framework. (…) A lower-ranking protocol, of course, implies that substantial commitments or limitations cannot be added to the international commitments agreed upon by the States.”

 

The preceding pronouncement implies, in addition to the existence of a link between the lower-ranking protocols and the main convention, that the latter has recognized the existence and necessity of those additional instruments adopted subsequently. Thus, in the same judgment 2021-27993, the Chamber specified that:

“The international instrument must regulate these secondary normative instruments for the execution or fulfillment of its terms, and it will always be necessary to assess the legal framework that the Contracting Parties agree upon in order for them to be considered lower-ranking protocols when legislative approval is granted.”

 

In summary, so-called lower-ranking protocols must not only already be previously figured, announced, anticipated, or provided for by the main convention from which they derive, but such lower-ranking protocols must develop the general considerations agreed upon in the treaty, without establishing or defining situations that permit considering that one is facing a different and separate legal instrument – see judgments 2018-13522 and 2018-13523 –.

Under this line of thought, it is understood that if the additional instruments related to a convention or treaty – call them Protocols or Annexes – refer to, develop, regulate, or instrumentalize the general obligations already established in the treaty, and the convention itself already announces the possibility of adopting those other types of instruments, one is dealing with so-called lower-ranking protocols. This is clearly understood from what the Chamber stated in judgment 2022-15602, by providing:

“[M]odifications to conventional provisions shall be made through compliance with the procedures established in the Costa Rican legal order, and amendments to the annexes must be understood as lower-ranking protocols, in the terms of the third paragraph of paragraph 4 of Article 121 of the Political Constitution.”

 

From the foregoing considerations, the elements to be taken into account to identify so-called “lower-ranking protocols” are derived, for the purpose of determining whether it is valid, pursuant to the provisions of numeral 121, paragraph 4) of the Political Constitution, that such instruments not be approved by the Legislative Assembly, a procedure that would be reserved for amendments or modifications to the treaties or conventions themselves, thus, legislative approval would be applicable to “substantial amendments” that affect the provisions of the operative part of the main convention – a modification to the text of the treaty or the stipulations established therein –. In this way, a violation of the constitutional order could be declared if the inherent legal nature of a lower-ranking protocol were exceeded, for example, when matters not contemplated in the related treaty are regulated through this means or, worse still, if it were to contradict it. In sum, in the opinion of this Constitutional Court, having analyzed the reservation to Articles 21 and 22 of the 1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972, made by the Executive Branch, it is ruled out that the consulted bill violates Article 121, paragraph 4) of the Political Constitution.

VIII. FINAL CONSIDERATIONS. In the opinion of the Chamber, the incorporation of the London Protocol into the Costa Rican legal order is a decision consistent with the constitutional norms and principles that protect the environment. In this regard, it must be taken into consideration that Costa Rica is a party to the “United Nations Convention on the Law of the Sea,” to which it acceded through Law No. 7291 of March 23, 1992, which establishes a legal framework for the use and conservation of the oceans and their resources. That convention provides rules and standards for international maritime transport in matters relating to maritime safety, the efficiency of navigation, and the prevention and, as it relates to the consulted bill, the control of marine pollution from vessels and by dumping. Articles 210 and 211 of that Convention set forth the obligation of States to establish international rules and standards to prevent, reduce, and control pollution of the marine environment caused by vessels and by dumping. In that sense, the London Protocol forms part of the body of treaties of the International Maritime Organization, in the area of protection of the marine environment, approved by Costa Rica, in the context of its membership in the International Maritime Organization, such as the “International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974,” and its Protocols of 1978 and 1988; the “International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969,” and its Protocols of 1976 and 1992; the “London Convention on the Prevention of Marine Pollution, 1972”; and the “International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992”; all of which demonstrates the interest and commitment that Costa Rica has maintained regarding environmental protection in general, and of the seas in particular.

In that sense, precept 6 of our Political Constitution establishes not only the exclusive sovereignty of the Costa Rican State over its territorial waters, but also a special jurisdiction over the seas adjacent to its territory, in order to protect, conserve, and exploit the natural resources of its waters, seabed, and subsoil, in the following terms:

“ARTICLE 6.- The State exercises complete and exclusive sovereignty over the airspace of its territory, over its territorial waters within a distance of twelve miles from the low-water line along its coasts, over its continental shelf, and over its insular base in accordance with the principles of International Law.

It also exercises a special jurisdiction over the seas adjacent to its territory within an extension of two hundred miles from the same line, in order to protect, conserve, and exclusively exploit all the natural resources and riches existing in the waters, the seabed, and the subsoil of those zones, in accordance with those principles.” (Thus amended by the sole article of Law No. 5699 of June 5, 1975)

Additionally, numeral 50 of the Political Constitution enshrines the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment, and the duty of the State to guarantee, defend, and preserve that right, by indicating:

"ARTICLE 50.- The State shall seek the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.

Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparations for the damage caused.

The State shall guarantee, defend, and preserve that right.

The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.

Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life. Water is a national asset, indispensable for protecting such a human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by what is established by the law to be created for these purposes, and the supply of potable water for the consumption of persons and populations shall have priority.” (Thus added the preceding paragraph by Article 1 of Law No. 9849 of June 5, 2020, "Recognizing and guaranteeing the human right of access to water") (Thus amended by Article 1 of Law No. 7412 of June 3, 1994)

In the opinion of the Chamber, the precepts of the "1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972," whose accession law is under consultation, are consistent with the cited constitutional provisions, insofar as the parties commit to protecting and preserving the marine environment against all sources of pollution and to adopting effective measures, according to their scientific, technical, and economic capacity, to prevent, reduce, and, when feasible, eliminate pollution caused by the dumping or incineration at sea of wastes or other matter.

Likewise, it is important to highlight how participation in this diversity of international conventions is framed within the path charted toward the fulfillment of the so-called Sustainable Development Goals – SDGs – adopted by the United Nations for the period 2016-2030. In that sense, the consulted bill for the approval of accession to the 1996 Protocol to the "Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972," known as the London Protocol, also aligns in that direction. It is closely related to development goals numbers 12, 13, and 14: “responsible consumption and production,” “climate action,” and “life below water.” As noted in the legal report from the Legislative Assembly’s Department of Studies, References, and Technical Services, regarding SDG 12, “responsible consumption and production,” according to which the efficient management of shared natural resources and the way in which toxic wastes and pollutants are eliminated are vital to achieving this goal. This international instrument promotes the adequate management of wastes and promotes a waste management hierarchy that prioritizes prevention, reduction, recycling, and reuse over disposal at sea. The protocol requires States to adopt measures to ensure that the disposal of wastes into the marine environment is considered only as a last resort, always subject to rigorous prior assessment. In this way, it contributes to responsible resource management and the minimization of the environmental impact of human activities, as established by that development goal. The consulted bill is also related to SDG 13, “climate action,” as its provisions include the regulation of marine geoengineering activities, such as carbon dioxide sequestration, one of the technologies proposed for climate change mitigation. The London Protocol establishes that these practices may only be carried out under strict environmental assessment criteria, respecting the precautionary principle, to prevent measures aimed at combating climate change from generating new damage to marine ecosystems. This approach ensures that mitigation actions align with national and international climate adaptation and protection policies. Finally, SDG 14, “life below water,” has the closest link to the consulted bill for the approval of accession to the London Protocol, whose fundamental purpose is the protection of the marine environment against pollution by dumping, understood as “any deliberate disposal at sea of wastes or other matter from vessels, aircraft, platforms, or other man-made structures at sea; any deliberate disposal at sea of vessels, aircraft, platforms, or other man-made structures at sea; any storage of wastes or other matter in the seabed or the subsoil thereof from vessels, aircraft, platforms, or other man-made structures at sea; and any abandonment or toppling at site of platforms or other man-made structures at sea, for the sole purpose of deliberate disposal of them” – Article 1.4 –. The agreement establishes concrete measures to prevent, reduce, and, where possible, eliminate the sources of pollution from human activities, thereby contributing to the conservation of ocean ecosystems, marine biodiversity, and the sustainability of fishery resources, all of which are central aspects of this SDG.

IX.- CONCLUSION. From the study of the procedure granted at the legislative venue to the bill for the approval of Costa Rica's accession to the “1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972,” and from the assessment of its normative content, the Chamber concludes that no objections of a constitutional nature are discerned, either regarding form or substance, with respect to the bill processed under legislative file number 24.856.

X.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are forewarned that if any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device has been provided, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment.

Otherwise, all material not removed within this period shall be destroyed, as provided for in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article

LXXXI.

Por tanto:

This mandatory legislative consultation on constitutionality is hereby resolved, in the sense that, on the occasion of the processing of the bill "APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS, 1972”, legislative file number 24.856, no substantial procedural defect has occurred, and as to the merits, it does not infringe upon the Law of the Constitution. Judge Garro Vargas sets forth differing reasons in relation to considerando VIII and note. Notify the Directorio of the Asamblea Legislativa. It shall be communicated.





 





 





 

Fernando Castillo V.

Presidente

 



 





 



 





 



 





 

Fernando Cruz C.

 



 

Paul Rueda L.





 



 





 



 





 

Jorge Araya G.

 



 

Anamari Garro V.

 





 



 





 



 





 

Ingrid Hess H.

 



 

Alexandra Alvarado P.

 

Exp: 25-019915-0007-CO

Res. n.°2025-025588

JUDGE GARRO VARGAS SETS FORTH DIFFERING REASONS IN RELATION TO CONSIDERANDO VIII

In this mandatory consultation on constitutionality, I must note that I agree and conclude that the protocol under review does not contain provisions that are contradictory to our Constitución Política. The objective of the protocol is for the Contracting Parties to assume an individual and collective commitment to protect and preserve the marine environment from all sources of pollution and to adopt effective measures, according to their scientific, technical, and economic capacity, to prevent, reduce, and, where feasible, eliminate pollution caused by dumping or incineration at sea of wastes or other matter.

To reach the conclusion that the provisions contained in the protocol are not unconstitutional, it is sufficient to allude to the provisions of articles 6, 50, and 93—in relation to the protection of natural beauties—of the Constitución Política, without the need to refer to other types of instruments that in themselves have no binding force for the Costa Rican State and, for that reason, are not parameters for the exercise of constitutional review.

In accordance with the foregoing, I consider the analysis of the text of the convention in light of global objectives that, although extremely valuable in the pursuit of poverty elimination and environmental protection, do not have the status of treaties duly incorporated into the Costa Rican legal system, to be inappropriate.

On this matter, in advisory opinion No. 2020-013837, I made the following considerations:

“I. On the invocation of international instruments that are not parameters of constitutional review

I agree with the dissenting vote of this advisory opinion and with a good part of the rationes decidendi set forth therein, which are based on what was decided in other resolutions of this Tribunal. However, within those rationes, jurisprudential antecedents are invoked that include international instruments that do not have the status of treaties duly incorporated into the Costa Rican legal system. I consider it inappropriate to use them as a parameter to exercise the jurisdiction granted in articles 96 subsection b) and 101 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC).

A. Preliminary elements

 To provide an adequate framework for the analysis of the issue, it should be kept in mind that while it is true that article 7 of the LJC establishes that “it corresponds exclusively to the Sala Constitucional to resolve on its own competence,” it is also true that it must do so within the framework established by the Constitución and the Law. That is why it is important to know what that normative plexus is, outside of which the work of the Sala finds no basis whatsoever for material or formal legitimacy.

 Secondly, in judicial work, it is absolutely necessary to respect, among others, two principles of singular relevance. On the one hand, the principle of separation of powers, which must inform the activity of every State of Law that aspires to be democratic. Such a principle leads to distinguishing between administering, legislating, and declaring the law—dispensing justice—. On the other, a basic hermeneutic principle: that of systematic interpretation, which leads to looking at the legal system, and very particularly the Constitución, as a whole and discovering its internal unity. These two principles must illuminate the analysis of the scope of the competences of the Sala Constitucional and the normative sources it uses to exercise them.

 Finally, it must not be forgotten that soft law provisions are tendential manifestations of the international legal community—often very accurate—regarding what is considered ideal to recognize or protect. But these provisions, for various reasons, have not become a treaty or a convention. For them to be incorporated into the legal system, they must follow a process of signature and ratification that has a markedly democratic character. Thus, the absence of the binding character of soft law norms, although it may not seem so at first glance, is due to respect for the democratic ethos that permeates the production of legal norms. This advises giving treatment to international instruments without ignoring, in each case, attention to their specific and diverse legal force. (…)

B. The antecedents invoked in this dissenting vote

 The dissenting vote echoes what was decided on other occasions by the Sala, in which reference is made, for example, to the Carta Mundial de la Naturaleza of 1982, the Declaración de Río de Janeiro approved at the Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), and the Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable of the FAO (1995). These international instruments are of utmost relevance, but not being formally ratified by the Asamblea Legislativa, they are not formally parameters of constitutionality. The foregoing, for the purpose of exercising the competence to resolve constitutional consultations.”

 

In the same sense as set forth above, I must note in the specific case that the Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)—cited by the majority in the present resolution—are not formally parameters of constitutionality for the purpose of exercising the competence of prior and mandatory constitutional review.

 

 

 

Anamari Garro V.

NOTE BY JUDGE GARRO VARGAS

Regarding the inclusion of a reservation, I must make some clarifications in order to safeguard the constitutional competences of the Asamblea Legislativa. The provision included in the bill states the following:

Artículo 2. The República de Costa Rica makes a reservation to articles 21 and 22 of the Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972, its annexes and amendments; in the sense that the amendments approved according to the procedure described therein shall be in force in the country when they are considered lower-ranking protocols derived from the Convenio under the terms established by our Constitución Política. In the case of substantial amendments, they shall be in force once they have been approved in accordance with the procedures established in the Constitución Política.

 

When analyzing the incorporation of this reservation, the present resolution makes a reference to what was decided by the Sala in advisory opinion No. 2022-015602. On this aspect, I must note that I did not vote for said precedent and, in relation to the point under analysis, I find the considerations raised by Judge Rueda Leal to be pertinent, in the following sense:

“[T]he procedure for amending the annex by agreement of the aeronautical authorities, in thesis of principle, is in accordance with our Carta Magna because it is a lower-ranking protocol, explicitly authorized in the “Acuerdo entre la República de Costa Rica y el Reino de los Países Bajos para servicios aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios”. The foregoing does not prevent that in another matter a violation of the constitutional order could be declared, in case the legal nature proper to a lower-ranking protocol is exceeded, for example, when matters not contemplated in the related treaty are regulated through that means, or, worse yet, if it came to contradict it.”

 

Por tanto, the phrase in that resolution that says “amendments to the annexes must be understood as lower-ranking protocols” must be qualified in the sense of the reservation itself made by the Asamblea Legislativa: “the amendments approved according to the procedure described therein shall be in force in the country when they are considered lower-ranking protocols derived from the Convenio under the terms established by our Constitución Política”. That is, there must be an examination of the content of the amendments in order to determine if it is effectively a matter of a lower-ranking protocol, as it is not a mechanical or insubstantial determination.

On previous occasions, I have already made similar warnings. Thus, in advisory opinion No. 2021-027993, I set down a note in the following sense:

“Firstly, I consider that it is not, in the strict sense, a matter of correcting or straightening out any previous interpretation. From a careful review of the precedents in this matter, it can be seen that the Sala, in a reasonable and well-founded manner, held that it did not have elements to affirm that the convention and the annex had to receive different treatment regarding the amendment procedures. However, on this occasion and when analyzing the specific case, elements are indeed found to understand that the Annex is, in effect, a lower protocol. By examining its content, therefore, the possibility that the amendments can be made directly by the aeronautical authorities of the Contracting Parties (art. 20 of the Convenio) is understood to be constitutional.

It must be remembered that the Asamblea Legislativa, in the phase of approving a convention, cannot modify the will of the Contracting Parties. Neither can the Sala Constitucional do so when hearing the mandatory consultation. Therefore, in the specific case, it is not that the Asamblea Legislativa and the Sala Constitucional are granting the character of a lower protocol to the Annex, but rather that they are validly noting that the content thereof is proper to a lower protocol and that the Contracting Parties, by providing for a different amendment treatment, intended to give the character of a lower protocol to the Annex. Such different treatment is reaffirmed by the interpretive clause included by the Asamblea Legislativa.

Furthermore, the fact of saying that an annex is a lower protocol, even if the Contracting Parties did not denominate it as such, does not mean that from now on the Sala will affirm that every annex is a lower protocol. On the other hand, it is also not sufficient for the Contracting Parties to indicate in a convention that an annex is a lower protocol, so that the Asamblea can validly approve a convention and its annex, understanding that it is a lower protocol. It is necessary that, indeed, in its essence, by its content, the annex be a lower protocol. Otherwise, through an amendment to the annex, the content of the convention itself could be emptied.

In the case of the modification of an annex, which would be understood to be a lower protocol, the State of Costa Rica has the serious obligation to ensure that the content of the amendment does not vary or exceed the clauses of the convention itself. That is, when making that modification, its new content must continue to respect the nature of an annex (technical provisions) that that instrument has.

What is significant is that this different treatment in the specific case is constitutionally valid because the content of this specific annex is indeed proper to a lower protocol”. (The emphasis corresponds to the original. This note was reiterated in advisory opinion No. 2022-014450).

 

Furthermore, in the consultation on the bill for the “Aprobación de la Adhesión de la República de Costa Rica al Convenio Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico y su Protocolo de Enmiendas al Convenio, adoptadas el 18 de noviembre de 2019” I added the following arguments:

“So, in light of these constitutional provisions, the Asamblea Legislativa is emphasizing that an amendment that implies novel obligations for the Costa Rican State necessarily entails that the legislative approval procedure must be fulfilled (art. XV subsections d) and e) of the convention).

On the contrary, if the amendment does not entail a novel obligation for our country (art. XV subsection c), the modification to the convention shall be understood to be approved in accordance with the terms in which the convention itself regulates it—that is, thirty days after its acceptance by three-quarters of the Contracting Parties—.

However, that power correctly understood—that of carrying out legislative approval—supposes that in any case the Poder Ejecutivo must send the proposed amendment to the Asamblea Legislativa, in order for it to discern whether it is a novel obligation for the Costa Rican State and apply the corresponding legislative procedure, or, in the event that it is determined that it does not imply a novel obligation, it be approved under the terms that the convention itself provides.

In this way, it must be understood that the incorporation of an interpretive clause regarding subsections d) and e) includes, inherently, the power of the Asamblea Legislativa itself to distinguish what type of modification or amendment is involved and to approve or disapprove those that imply new obligations for the Costa Rican State. Which is linked, as I have said, necessarily to the obligation of the Poder Ejecutivo to send the proposed amendment to that Branch of the Republic so that it may carry out the respective assessment. Only in this way will the Costa Rican State guarantee that an adequate weighting of the modifications to the text of the convention is carried out and that our country does not see its sovereignty exposed due to a heteronomous imposition without the prior assessment and approval of the competent national authorities.

Finally, it must indeed be highlighted that in the sub lite we are not talking about a lower-ranking protocol, but about a modification to the international convention itself, which—whether it is approved inadvertently or not—seriously compromises the Costa Rican State”. (Advisory opinion No. 2023-017544).

 

Such reflections should be reiterated in the specific case and emphasize that the determination of whether it is a matter of a lower-ranking protocol and, therefore, of the method of incorporation into our legal system, is not given by the nomenclature of the instrument, but by its content.

 

 

 

Anamari Garro V.

 

 

 

EXPEDIENTE N° 25-019915-0007-CO

 

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