Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. El recurrente pretende impugnar a través de este amparo, lo resuelto por la autoridad recurrida respecto de su solicitud de permiso de movimiento de tierra para el desarrollo de un proyecto denominado [Nombre 002]. Sobre este extremo, cabe señalar que esta Sala Constitucional no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones que emita la Municipalidad de Alajuela en materia constructiva, de urbanismo y de permisos, así como tampoco puede reemplazar a la Administración activa en la gestión de sus competencias, de modo que no le corresponde actuar como tribunal de alzada en la materia y revisar si lo dispuesto por la Municipalidad en relación con el permiso gestionado, se ajusta o no a los hechos y la normativa aplicable. Aunado a lo anterior, no corresponde a esta Sala intervenir a favor de la parte recurrente a fin de ordenar contra legem, sea en forma contraria a Derecho, el otorgamiento del permiso de movimiento de tierra, pese al incumplimiento señalado, ni determinar si se cumplen o no con los requisitos para este tipo de permisos, mucho menos eximirlo del cumplimiento de algún requisito, toda vez que, esa es una labor del municipio recurrido cuyos diferendos debe discutirse en la vía de legalidad ordinaria, sea administrativa o judicial correspondiente.
English (translation)II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. The petitioner seeks, through this amparo, to challenge the municipality's decision on his earth-movement permit application for a project called [Name 002]. On this point, it must be noted that this Constitutional Chamber is not a legality review body over the actions or decisions issued by the Municipality of Alajuela in matters of construction, urbanism, and permits, nor can it replace active administration in the exercise of its powers. Thus, it is not for this Chamber to act as an appellate tribunal in this field and review whether the municipality's ruling on the permit aligns with the facts and applicable law. Moreover, this Chamber cannot intervene on the petitioner's behalf to order, contra legem, the granting of the earth-movement permit despite the noted non-compliance, or determine whether the requirements for such permits have been met, much less exempt the petitioner from any requirement, since this is the task of the respondent municipality and any disputes must be resolved through ordinary legal channels, whether administrative or judicial.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 20929 - 2025 Fecha de la Resolución: 04 de Julio del 2025 a las 02:00 Expediente: 25-018561-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución Exp: 25-018561-0007-CO Res. Nº 2025020929 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cuatro de julio de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de residencia número [Valor 001], en su condición de representante de la [Valor 002] y desarrollador del Proyecto denominado [Nombre 002]; contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. Resultando: 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 14:10 horas del 26 de junio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que: “PRIMERO. La MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, por medio de la Unidad de Control Constructivo, ante la Interposición de mi Representada de una Solicitud de Movimiento de Tierra en la que solicita mediante el Trámite Número 1205940 que es SOLICITUD MUNICIPAL PARA QUE SE OTORGUE PERMISO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, Resuelve en forma Negativa dicha solicitud, sea Rechazando lo peticionado, alegando que se incumplió con el aporte de otros requisitos no establecidos pero exigidos por dicha Unidad. SEGUNDO, Mi Representada interpuso el día 24 de abril de 2023 ante SETENA una Solicitud para un PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA en la Finca número 518867-000, con Plano Catastrado número A- 1725182-2014, por lo que según la Resolución Número 0768-2023SETENA de las 10:03 Horas del día 25 de mayo de 2023, contenida en el Expediente Administrativo Número 01-0268-2023, PROYECTO MOVIMIENTO DE TIERRA, la COMISIÓN PLENARIA en Sesión Ordinaria Número 036, del día 25 de mayo de 2023. según el Artículo número 12 acordó: APROBAR EL DOCUMENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL D1 DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISOS AMBIENTALES, siendo que se cumplió debidamente Con el Procedimiento de Evaluación Ambiental del Proyecto "Movimiento de Tierra" con Expediente Administrativo Número Dl- 0268-2023-SETENA, para la Finca Número 518867-000, con Plano Catastrado Número A- 1725182-2014. TERCERO. La Resolución supra citada Resuelve otorgar la VIABILIDAD (LICENCIA) AMBIENTAL, a la Sociedad número 3-101-800210 S.A., ya que se solicita, en virtud de que el Proyecto consiste en la estabilización del terreno que muestra muchas ondulaciones y se hace necesaria su estabilización, la cantidad de tierra a mover es de aproximadamente 100000 metros cúbicos y la tierra movida no saldría de la propiedad, dentro del mismo se estañan desarrollando caminos y terrazas de estabilización, el área afectada es de aproximadamente 41000 metros cúbicos, la vigencia de esta viabilidad es de CINCO AÑOS para el inicio de las Obras. CUARTO. Según lo dispuesto en el Articulo número 19 de la LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE que señala, cito textual lo siguiente: "Las Resoluciones de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y razonadas. Serán obligatorias tanto para los particulares como para los entes y organismos públicos", al momento de peticionar ante la Municipalidad de Alajuela el visto bueno al Proyecto de marras, ya se había otorgado por el MINAE dicho Permiso, se aporta como Prueba número Dos: Copia simple de la Resolución número 0768-2023-SETENA. QUINTO. Los requisitos que se deben de presentar ante la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA para obtener la Autorización de REMOVER TIERRAS en una Propiedad ubicada en el Cantón de Alajuela como es el Caso de la Finca de marras, son los siguientes: 1- Formulario de Solicitud: Llenar y firmar el formulario de solicitud de movimiento de tierras, disponible en la Municipalidad 0 en su sitio web, tanto por el propietario como por el profesional responsable de la obra. 2- Documentación del Propietario: Se requiere una copia de la cédula de identidad del propietario o, en caso de ser persona jurídica, la certificación de personería jurídica y copia de la cédula de identidad del representante legal. 3- Documentación de la Obra: Se debe presentar el plano de catastro de la propiedad donde se realizará el movimiento de tierras, debidamente visado por la municipalidad, y una certificación registral de la propiedad. 4- Ruta de Trasiego: Es necesario presentar la ruta de traslado del material. desde su origen hasta el destino final, si aplica 5- Diseño de Sitio: Debe incluir un diseño del sitio, con curvas de nivel, mostrando cómo está el terreno y cómo quedará después del movimiento de tierras, además de los volúmenes de tierra a rellenar. 6- Póliza de Riesgos Profesionales: Se debe presentar una constancia de pago de la póliza de riesgos profesionales emitida por el INS U otro operador de seguros autorizado. 7- Profesional Responsable: Se requiere la designación de un profesional responsable de la obra, quien debe estar incorporado al CFIA (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos). 8- Notificaciones: Es importante indicar un correo electrónico para notificaciones, según la Ley de Notificaciones Judiciales. SEXTO. En relación a los requisitos supra indicados, me refiero al cumplimiento de mi Representada uno por uno: 1- Formulario de Solicitud: Llenar y firmar el formulario de solicitud de movimiento de tierras, disponible en la Municipalidad 0 en su sitio web, tanto por el propietario como por el profesional responsable de la Obra, el mismo se presentó debidamente y así consta 2- Documentación del Propietario: Se requiere una copia de la cédula de identidad del propietario 0, en caso de ser persona jurídica, la certificación de personería jurídica y copia de la cédula de identidad del representante legal se aportó debidamente y así consta. 3- Documentación de la Obra: Se debe presentar el plano de catastro de la propiedad donde se realizará el movimiento de tierras, debidamente visado por la municipalidad, y una certificación registral de la propiedad, se aportó debidamente y así consta. 4- Ruta de Trasiego: Es necesario presentar la ruta de traslado del material, desde su origen hasta el destino final, si aplica, no se presentó porque la tierra removida no sale de la Finca. 5- Diseño de Sitio: Debe incluir un diseño del sitio, con curvas de nivel, mostrando cómo está el terreno y cómo quedará después del movimiento de tierras, además de los volúmenes de tierra a rellenar, se presentó debidamente. 6- Póliza de Riesgos Profesionales: Se debe presentar una constancia de pago de la póliza de riesgos profesionales emitida por el INS u otro operador de seguros autorizado, se presentó debidamente. 7- Profesional Responsable: Se requiere la designación de un profesional responsable de la Obra, quien debe estar incorporado al CFIA (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos), se aportó debidamente. 8- Notificaciones: Es importante indicar un correo electrónico para notificaciones, según la Ley de Notificaciones Judiciales, se aportó debidamente. SÉPTIMO. La Unidad de Control Constructivo de la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, RECHAZÓ LA SOLICITUD supra citada, argumentando que mi Representada no aportó lo siguiente: 1. PLANO CATASTRO Al 7251822014, SE ENCUENTRA MODIFICADO, DEBE APORTAR P LANO ACTUALIZADO Y CON VISADO MUNICIPAL. 2. VIABILIDAD AMBIENTAL EMITIDA POR LA SETENA DONDE CORRESPONDA CON LOS DATOS ACTUALIZADOS DE LA PROPIEDAD (No PLANO CATASTRO), 3. VOBO DEL SUBPROCESO DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO, (HASTA TANTO S E ACLARE LO INDICADOEN EL OFICIO NO MASGA4702025, CORRESPONDIENTE A LAS CONSULTAS REMITIDAS A LA SETENA Y AL PRONUNCIAMIENTO ÁREA DE CONSERVACIÓN CENTRAL DEL SINAC EN ALAJUELA)- 4. DE OBRA EN CAUCE DEL MINAE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE. 5. EN PLANOS CONSTRUCTIVOS SE INDICA EL PASO SOBRE EL Río, PERO NO SE IND ICA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE. 6. PROYECTO PRESENTADO CONFORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRIMERA ETAPA DE UN PROYECTO URBANISTICO, EL CUAL DEBE SER APROBADO POR LAS INSTITUCIONES COMPETENTES EN LA MATERIA URBANÍSTICA, (INVU, MINISTERIO DE SALUD, AYA, INGENIERÍA DE BOMBEROS, SETENA, MINAE, CFIA Y MUNICIPALIDAD), EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, LEY N04240, QUE TODA APERTURA DE UNA CALLE DEBE SER CONSIDERADA COMO UN PROCESO DE URBANIZACIÓN. "URBANIZACIÓN ES EL FARACCIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE UN TERRENO PARA FINES URBANOS, APERTURA DE CALLES Y PROVISIÓN DE SERVICIOS." (EL SUBRAYADO NO CORRESPONDE AL TEXTO ORIGINAL) 7. CON RESPECTO A LA CONTINUIDAD VIAL INDICADA EN PLANOS CONSTRUCTIVOS, ESTA DEBE SER APROBADA POR LA DIRECCIÓN DE URBANISMO DEL INVU Y además hace las siguientes OBSERVACIONES. A) EN CASO DE RECHAZO REALIZADO POR NUESTRO MUNICIPIO EN EL SISTEMA APC, CUANDO SE INGRESE NUEVAMENTE EL PROYECTO, SE DEBERÁN DE SUBIR TODOS LOS REQUISITOS NUEVAMENTE EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA NO GUARDA LA DOCUMENTACIÓN APORTADA HASTA TANTO EL PERMISO SEA APROBADO. B) TODA DOCUMENTACIÓN APORTADA DEBE SER VIGENTE Y LEGIBLE. C) PARA EFECTOS DE APROBACIÓN DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, LOS IMPUESTOS MUNICIPALES DEBEN ESTAR AL Día. D) LA ACTIVIDAD DE CONTROL CONSTRUCTIVO NO DEVUELVE DINERO POR LICENCIAS CONSTRUCTIVAS OTORGADAS NO UTILIZADAS. OCTAVO, La MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, por medio de la Unidad de Control Constructivo confunde posiblemente por un error material los requisitos que Se solicitan para un Permiso de Movimiento de Tierra, con un Permiso de Construcción, cuando lo que mi Representada solicita es únicamente un Permiso de Movimiento de Tierra, por lo que mi Representada sí cumplió debidamente con todos los requisitos estipulados, siendo entonces que se debió otorgar el Permiso de Movimiento de Tierra debidamente solicitado, NOVENO. Para más abundamiento Probatorio de que mi Representada cumplió con todos los Requisitos solicitados, debe tener en cuenta su Autoridad que ya se había establecido, tal y como se mencionó supra, que al haberse APROBADO la donación de la CALLE PÚBLICA, que son dos franjas de terreno, según consta en Actas de ese Honorable Consejo Municipal; según certifica la Licenciada MARÍA DEL PILAR MUÑÓZ ALVARADO, en su Condición de Secretaria del CONCEJO MUNICIPAL de la MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA el día 30 de marzo de 2023, Véase Prueba número Tres, que es copta simple de dicha Certificación, en dicha SESIÓN se conoció la donación de dicha calle pública y se establecieron las condiciones de dicha donación, cito textual: "...condicionado a la construcción de la respectiva vía de manera completa, con su infraestructura vial, aceras, iluminación, instalaciones de acueductos y alcantarillados, rotulación y equipo urbano, todo en apego al Manual del Espacio Público del Cantón, específicamente: 1. Que las aceras cumplan con lo indicado en el capítulo "Materiales, acabados y mobiliario urbano. ...las cuales deben ser de 1.70 m de ancho y deberán incluir lozas de concreto con sus respectivas juntas, rampas peatonales de acceso, franjas de guía y franjas de prevención para personas con discapacidad Visual y rampas vehiculares (cuando se requiera) 2 El diseño de las calles se adecuará al espacio de aceras y tendrá un derecho de vía mínimo de 10 metros de ancho (tipo ,4-1 según páginas 26-38 anexas). 3. Los futuros fraccionamientos frente a calle pública deberán cumplir con toda la reglamentación vigente, incluido el Plan Regulador urbano (PRUA) y el Reglamento Nacional de Fraccionamientos del INVU, además, deberá proveer áreas para el esparcimiento de los habitantes de la comunidad y espacio para actividades comunales, según lo requiera la comunidad. Una vez conocido por su persona el presente criterio, se solicita someter a conocimiento y aprobación del Concejo Municipal lo que corresponda con respecto a la donación de dichas franjas de terreno". "SE RESUELVE APROBAR ACOGER EL CRITERIO TÉCNICO EMITIDO EN EL OFICIO MA-PPC1-1084-2022 DEL PROCESO PLANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ACEPTAR LA DONACIÓN DE FRANJAS DE TERRENO DESTINADAS A FUTURA VIALIDAD EN EL COCO, DISTRITO GUÁCIMO Y EN CANOAS DE ALAJUELA. OBTIENE OCHO VOTOS. debe quedar absolutamente claro ante su Autoridad que este Acuerdo que se encuentra debidamente Certificado por la Secretaria del Concejo Municipal de la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, como se Probó supra, obliga a establecer que lo que correspondía era el inicio de las obras descritas, que se encuentran DEBIDAMENTE APROBADAS Y VIGENTES, al efecto su Autoridad puede solicitar el contenido completo de dicho Acuerdo, para un mejor entendimiento del AGRAVIO contra mi Representada. DÉCIMO. Así las cosas, mi Representada se encuentra en un estado de INDEFENCIÓN, toda vez que los AGRAVIOS provocados a raíz de la Resolución de Rechazo por parte de la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, están causando DAÑOS y PERJUICIOS de imposible reparación y es por eso que su Autoridad tiene la Competencia que la Ley le confiere para dictar que en el Proceso supra citado se Restablezcan los Derechos de mi Representada, ya que Se encuentra enfrentada al cumplimiento exigido por la Autoridad Administrativa de un EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, que al amparo de lo dispuesto en la Ley número 8220, LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, así como el irrespeto al DEBIDO PROCESO garantizado en nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA, es por lo que esta Representación considera que el abuso y el atropello se encuentran claramente probados en contra de mi Representada. afectando Su Patrimonio al impedir el avance de las Obras Constructivas que ha emprendido y que la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA detiene injustamente y sin ningún asidero Legal que Justifique, Su Autoridad debe garantizar el cumplimiento de dichas garantías consagradas en nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA que amparan la Libertad y el Derecho a la Libre Empresa y sus Actos, en cumplimiento con todas las Leyes que le imponen Deberes y Obligaciones, pero que al mismo tiempo le otorgan Derechos, de ahí la presente Recurrencia, solicitando el Amparo a esa Honorable Sala Constitucional.” Solicita que se acoja este recurso contra lo dispuesto en el trámite número 1205940 de la Unidad de Control Constructivo y se reestablezcan los derechos de su representada. 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente reclama que solicitó ante la autoridad recurrida un permiso de movimiento de tierra (trámite número 1205940), para lo cual asegura que cumplió todos los requisitos, no obstante, la Unidad de Control Constructivo de la municipal rechazó su solicitud alegando que se incumplió con el aporte de otros requisitos no establecidos, pero exigidos por dicha Unidad. Presume que la autoridad recurrida confundió su solicitud de permiso de movimiento de tierra con un permiso de construcción de obra, incurriendo en un exceso de requisitos y trámites administrativos, que dejan en indefensión a su representada. II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. El recurrente pretende impugnar a través de este amparo, lo resuelto por la autoridad recurrida respecto de su solicitud de permiso de movimiento de tierra para el desarrollo de un proyecto denominado [Nombre 002]. Sobre este extremo, cabe señalar que esta Sala Constitucional no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones que emita la Municipalidad de Alajuela en materia constructiva, de urbanismo y de permisos, así como tampoco puede reemplazar a la Administración activa en la gestión de sus competencias, de modo que no le corresponde actuar como tribunal de alzada en la materia y revisar si lo dispuesto por la Municipalidad en relación con el permiso gestionado, se ajusta o no a los hechos y la normativa aplicable. Aunado a lo anterior, no corresponde a esta Sala intervenir a favor de la parte recurrente a fin de ordenar contra legem, sea en forma contraria a Derecho, el otorgamiento del permiso de movimiento de tierra, pese al incumplimiento señalado, ni determinar si se cumplen o no con los requisitos para este tipo de permisos, mucho menos eximirlo del cumplimiento de algún requisito, toda vez que, esa es una labor del municipio recurrido cuyos diferendos debe discutirse en la vía de legalidad ordinaria, sea administrativa o judicial correspondiente. Por lo anterior, deberá el recurrente plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible en cuanto a este extremo y así se declara. III.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Sostengo que este asunto se debe rechazar de plano, por cuanto la parte accionante plantea el recurso de amparo a favor de una persona jurídica. De importancia para el sub examine, en el voto salvado que consigné en la sentencia nro. 2019-2355 de las 9:30 horas de 12 de febrero de 2019 sostuve: “en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”. En mi criterio, la lectura de la Ley de la Jurisdicción Constitucional obliga a la misma ratio de la hermenéutica convencional supracitada respecto a todo derecho fundamental. Así, en un proceso de constitucionalidad formulado a favor de una persona jurídica, su admisión para estudio exige una relación esencial y directa entre la persona jurídica que aduce verse afectada por alguna vulneración al orden constitucional y la persona natural que por tal lesión viene a ver menoscabado, de forma refleja pero directa, algún derecho fundamental. Ahora, para tales efectos es insuficiente la mera referencia a una conexión o vínculo entre la persona jurídica y la natural para poder colegir que, precisamente, por medio del proceso de constitucionalidad se esté procurando el resguardo de los derechos fundamentales de la última, no meramente los de la primera. El requerimiento antedicho deviene entonces un presupuesto sine qua non para la procedencia del control de constitucionalidad por parte de esta jurisdicción. A partir de lo expuesto, colijo que esta debe ser la pauta con que se debe interpretar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de manera que en el sub iudice deviene improcedente la aplicación del control jurisdiccional de constitucionalidad, puesto que, con base en la prueba que consta en autos, no se ha demostrado el vínculo esencial entre la persona jurídica amparada y alguna natural, de modo específico, en relación con el presunto derecho agraviado. IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ana Cristina Fernandez A. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- G2DQGDEXHT861 EXPEDIENTE N° 25-018561-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:51:12. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fourth of July, two thousand twenty-five. An amparo action filed by [Name 001], identification number [Value 001], in his capacity as representative of [Value 002] and developer of the Project called [Name 002]; against the MUNICIPALITY OF ALAJUELA. Whereas: 1.- By brief filed in the Secretariat of the Chamber at 14:10 hours on June 26, 2025, the petitioner files an amparo action and states that: “FIRST. The MUNICIPALITY OF ALAJUELA, through the Construction Control Unit, upon the filing by my Client of an Application for earthworks (Movimiento de Tierra) in which it requests through Procedure Number 1205940, that is, a MUNICIPAL APPLICATION FOR THE GRANTING OF AN EARTHWORKS PERMIT, resolves said application Negatively, that is, Rejecting the request, alleging non-compliance with the provision of other requirements not established but demanded by said Unit. SECOND. My Client filed on April 24, 2023, before SETENA, an Application for an EARTHWORKS PROJECT on Property number 518867-000, with Cadastral Map number A-1725182-2014, whereby according to Resolution Number 0768-2023SETENA at 10:03 a.m. on May 25, 2023, contained in Administrative File Number 01-0268-2023, EARTHWORKS PROJECT, the PLENARY COMMISSION in Ordinary Session Number 036, of May 25, 2023, according to Article 12, agreed: TO APPROVE THE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT DOCUMENT D1 SWORN STATEMENT OF ENVIRONMENTAL COMMITMENTS, so that the Environmental Assessment Procedure for the “Earthworks” Project with Administrative File Number D1-0268-2023-SETENA, for Property Number 518867-000, with Cadastral Map Number A-1725182-2014, was duly complied with. THIRD. The aforementioned Resolution resolves to grant ENVIRONMENTAL VIABILITY (LICENSE), to the Company number 3-101-800210 S.A., as requested, by virtue of the fact that the Project consists of the stabilization of land that shows many undulations and its stabilization is necessary, the amount of earth to be moved is approximately 100,000 cubic meters and the moved earth would not leave the property, within which roads and stabilization terraces would be developed, the affected area is approximately 41,000 cubic meters, the validity of this viability is FIVE YEARS for the start of the Works. FOURTH. According to the provisions of Article 19 of the LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, which states, I quote verbatim: “The Resolutions of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental must be well-founded and reasoned. They shall be binding both for private parties and for public entities and bodies”, at the time of petitioning the Municipality of Alajuela for approval of the aforementioned Project, said Permit had already been granted by MINAE, provided as Evidence Number Two: Simple copy of Resolution number 0768-2023-SETENA. FIFTH. The requirements that must be submitted to the MUNICIPALITY OF ALAJUELA to obtain Authorization to REMOVE EARTH on a Property located in the Canton of Alajuela, as is the Case of the aforementioned Property, are the following: 1- Application Form: Fill out and sign the earthworks application form, available at the Municipality or on its website, both by the owner and by the professional responsible for the work. 2- Owner Documentation: A copy of the owner’s identification card is required or, in the case of a legal entity, the certification of legal status and a copy of the identification card of the legal representative. 3- Work Documentation: The cadastral map of the property where the earthworks will be carried out, duly approved (visado) by the municipality, and a property registration certification must be presented. 4- Hauling Route: It is necessary to present the material transport route from its origin to the final destination, if applicable. 5- Site Design: It must include a site design, with contour lines, showing the current state of the land and how it will be after the earthworks, in addition to the volumes of earth to be filled. 6- Professional Liability Insurance Policy: Proof of payment of the professional liability insurance policy issued by INS or another authorized insurance operator must be presented. 7- Responsible Professional: The designation of a professional responsible for the work is required, who must be registered with the CFIA (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos). 8- Notifications: It is important to indicate an email address for notifications, according to the Ley de Notificaciones Judiciales. SIXTH. In relation to the requirements indicated above, I refer to my Client’s compliance one by one: 1- Application Form: Filling out and signing the earthworks application form, available at the Municipality or on its website, both by the owner and by the professional responsible for the Work, was duly submitted and so it is recorded. 2- Owner Documentation: A copy of the owner’s identification card or, in the case of a legal entity, the certification of legal status and a copy of the identification card of the legal representative, was duly provided and so it is recorded. 3- Work Documentation: The cadastral map of the property where the earthworks will be carried out, duly approved (visado) by the municipality, and a property registration certification, were duly provided and so it is recorded. 4- Hauling Route: It is necessary to present the material transport route, from its origin to the final destination, if applicable, was not presented because the removed earth does not leave the Property. 5- Site Design: It must include a site design, with contour lines, showing the current state of the land and how it will be after the earthworks, in addition to the volumes of earth to be filled, was duly presented. 6- Professional Liability Insurance Policy: Proof of payment of the professional liability insurance policy issued by the INS or another authorized insurance operator must be presented, was duly presented. 7- Responsible Professional: The designation of a professional responsible for the Work is required, who must be registered with the CFIA (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos), was duly provided. 8- Notifications: It is important to indicate an email address for notifications, according to the Ley de Notificaciones Judiciales, was duly provided. SEVENTH. The Construction Control Unit of the MUNICIPALITY OF ALAJUELA, REJECTED THE aforementioned APPLICATION, arguing that my Client did not provide the following: 1. CADASTRAL MAP A1 7251822014, IS MODIFIED, MUST PROVIDE AN UPDATED MAP WITH MUNICIPAL APPROVAL (VISADO MUNICIPAL). 2. ENVIRONMENTAL VIABILITY ISSUED BY SETENA MATCHING THE UPDATED PROPERTY DATA (Not CADASTRAL MAP), 3. APPROVAL FROM THE MUNICIPALITY'S ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SUBPROCESS, (UNTIL WHAT IS INDICATED IN OFFICIAL LETTER NO MASGA4702025 IS CLARIFIED, CORRESPONDING TO THE CONSULTATIONS REFERRED TO SETENA AND THE PRONOUNCEMENT FROM THE ÁREA DE CONSERVACIÓN CENTRAL OF SINAC IN ALAJUELA)- 4. WORKS IN WATERCOURSE (OBRA EN CAUCE) APPROVAL FROM MINAE, FOR THE CONSTRUCTION OF THE BRIDGE. 5. IN CONSTRUCTION PLANS, THE PASSAGE OVER THE RIVER IS INDICATED, BUT THE INFRASTRUCTURE WORKS FOR THE BRIDGE ARE NOT INDICATED. 6. THE PROJECT SUBMITTED FORMS AN INTEGRAL PART OF THE FIRST STAGE OF AN URBAN DEVELOPMENT PROJECT, WHICH MUST BE APPROVED BY THE INSTITUTIONS COMPETENT IN URBAN PLANNING MATTERS, (INVU, MINISTERIO DE SALUD, AYA, INGENIERÍA DE BOMBEROS, SETENA, MINAE, CFIA AND MUNICIPALITY), IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF ARTICLE 10 OF THE LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, LAW NO. 4240, THAT ALL OPENING OF A STREET MUST BE CONSIDERED AS AN URBANIZATION PROCESS. “URBANIZATION IS THE subdivision (FARACCIONAMIENTO) AND ENABLEMENT OF LAND FOR URBAN PURPOSES, OPENING OF STREETS AND PROVISION OF SERVICES.” (THE UNDERLINING DOES NOT CORRESPOND TO THE ORIGINAL TEXT) 7. REGARDING THE ROAD CONTINUITY INDICATED IN CONSTRUCTION PLANS, THIS MUST BE APPROVED BY THE URBAN PLANNING DIRECTORATE OF INVU And it also makes the following OBSERVATIONS. A) IN THE EVENT OF A REJECTION MADE BY OUR MUNICIPALITY IN THE APC SYSTEM, WHEN THE PROJECT IS RE-ENTERED, ALL REQUIREMENTS MUST BE UPLOADED AGAIN BECAUSE THE SYSTEM DOES NOT SAVE THE DOCUMENTATION PROVIDED UNTIL THE PERMIT IS APPROVED. B) ALL DOCUMENTATION PROVIDED MUST BE VALID AND LEGIBLE. C) FOR PURPOSES OF CONSTRUCTION PERMIT APPROVAL, MUNICIPAL TAXES MUST BE UP TO DATE. D) THE CONSTRUCTION CONTROL ACTIVITY DOES NOT REFUND MONEY FOR GRANTED, UNUSED CONSTRUCTION LICENSES. EIGHTH, The MUNICIPALITY OF ALAJUELA, through the Construction Control Unit, possibly confuses due to a material error the requirements requested for an Earthworks Permit with a Construction Permit, when what my Client is requesting is solely an Earthworks Permit, meaning my Client did duly comply with all the stipulated requirements, and therefore the duly requested Earthworks Permit should have been granted. NINTH. For further evidentiary reinforcement that my Client fulfilled all the requested Requirements, your Authority must take into account that it had already been established, as mentioned above, that upon the APPROVAL of the donation of the PUBLIC STREET, which are two strips of land, as recorded in the Minutes of this Honorable Municipal Council; as certified by Licenciada MARÍA DEL PILAR MUÑÓZ ALVARADO, in her Capacity as Secretary of the MUNICIPAL COUNCIL of the MUNICIPALITY OF THE CENTRAL CANTON OF THE PROVINCE OF ALAJUELA on March 30, 2023, See Evidence Number Three, which is a simple copy of said Certification, in said SESSION the donation of said public street was acknowledged and the conditions of said donation were established, I quote verbatim: “...conditioned upon the construction of the respective road completely, with its road infrastructure, sidewalks, lighting, aqueduct and sewer installations, signage, and urban equipment, all in accordance with the Cantonal Public Space Manual, specifically: 1. That the sidewalks comply with what is indicated in the chapter 'Materials, finishes, and urban furniture' ...which must be 1.70 m wide and must include concrete slabs with their respective joints, pedestrian access ramps, guide strips and warning strips for persons with visual disabilities, and vehicular ramps (when required). 2. The street design will conform to the sidewalk space and will have a minimum right-of-way of 10 meters wide (type 4-1 according to attached pages 26-38). 3. Future subdivisions (fraccionamientos) facing the public street must comply with all current regulations, including the Urban Regulatory Plan (PRUA) and the INVU Reglamento Nacional de Fraccionamientos, in addition, they must provide areas for the recreation of the community's inhabitants and space for communal activities, as required by the community. Once you are aware of this criterion, you are requested to submit for the Municipal Council's knowledge and approval whatever corresponds regarding the donation of said strips of land.” “IT IS RESOLVED TO APPROVE, TO ACCEPT THE TECHNICAL CRITERION ISSUED IN OFFICIAL LETTER MA-PPC1-1084-2022 FROM THE INFRASTRUCTURE PLANNING AND CONSTRUCTION PROCESS AND TO ACCEPT THE DONATION OF STRIPS OF LAND DESTINED FOR FUTURE ROADWAYS IN EL COCO, GUÁCIMO DISTRICT, AND IN CANOAS DE ALAJUELA. IT OBTAINS EIGHT VOTES. It must be absolutely clear to your Authority that this Agreement, which is duly Certified by the Secretary of the Municipal Council of the MUNICIPALITY OF ALAJUELA, as Proven above, obligates the finding that what was appropriate was the start of the described works, which are DULY APPROVED AND IN EFFECT, for this purpose your Authority may request the complete content of said Agreement, for a better understanding of the GRIEVANCE against my Client. TENTH. Thus, my Client finds herself in a state of DEFENSELESSNESS, since the GRIEVANCES caused as a result of the Rejection Resolution by the MUNICIPALITY OF ALAJUELA, are causing irreparable HARM and DAMAGES, and that is why your Authority has the Competence that the Law confers upon it to order that in the aforementioned Process the Rights of my Client be Restored, since she is faced with the required compliance by the Administrative Authority of an EXCESS OF REQUIREMENTS AND ADMINISTRATIVE PROCEDURES, which under the protection of the provisions of Law number 8220, LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, as well as the disregard for DUE PROCESS guaranteed in our POLITICAL CONSTITUTION, is why this Representation considers that the abuse and the outrage are clearly proven against my Client, affecting her Patrimony by preventing the progress of the Construction Works she has undertaken and which the MUNICIPALITY OF ALAJUELA unjustly detains without any Legal basis to Justify it. Your Authority must guarantee compliance with said guarantees enshrined in our POLITICAL CONSTITUTION that protect the Freedom and the Right to Free Enterprise and its Acts, in compliance with all the Laws that impose Duties and Obligations upon her, but that at the same time grant her Rights, hence the present Recourse, requesting the Protection of this Honorable Constitutional Chamber.” She requests that this action be granted against the provisions in procedure number 1205940 of the Construction Control Unit and that her client's rights be restored. 2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject on procedural grounds or on the merits, at any time, even from its filing, any action submitted to its consideration that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it involves the simple reiteration or reproduction of a prior equal or similar action that was rejected. Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and, Considering: I.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner claims that he requested from the respondent authority an earthworks (movimiento de tierra) permit (procedure number 1205940), for which he asserts he fulfilled all the requirements; however, the municipality's Construction Control Unit rejected his application alleging non-compliance with the provision of other requirements not established, but demanded by said Unit. He presumes that the respondent authority confused his application for an earthworks permit with a construction work permit, incurring in an excess of requirements and administrative procedures, which leaves his client defenseless. II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. The petitioner intends to challenge, through this amparo, what was resolved by the respondent authority regarding his application for an earthworks permit for the development of a project called [Name 002]. On this point, it should be noted that this Constitutional Chamber is not a controller of the legality of the actions or resolutions issued by the Municipality of Alajuela in matters of construction, urban planning, and permits, nor can it replace the active Administration in the management of its competencies, so it is not its role to act as an appellate court in the matter and to review whether or not what was ordered by the Municipality in relation to the requested permit conforms to the facts and the applicable regulations. In addition to the foregoing, it is not the role of this Chamber to intervene in favor of the petitioner to order contra legem, that is, contrary to Law, the granting of the earthworks permit, despite the noted non-compliance, nor to determine whether or not the requirements for this type of permit are met, much less to exempt him from compliance with any requirement, since that is a task of the respondent municipality whose disputes must be discussed in the ordinary legality channel, whether administrative or judicial as appropriate. Therefore, the petitioner must raise his objections or claims before the respondent authorities or in the competent jurisdictional channel, venues in which he may, in a broad manner, discuss the merits of the matter and assert his claims. Consequently, the action is inadmissible with respect to this point and is so declared. III.- DIFFERENT REASONS BY MAGISTRATE RUEDA LEAL. I hold that this matter must be rejected on procedural grounds, since the plaintiff party files the amparo action on behalf of a legal entity. Of importance for the sub examine, in the dissenting vote I recorded in judgment no. 2019-2355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, I held: “in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that 'Article 1.2 of the American Convention only establishes rights in favor of natural persons, so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.' On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court ordered that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case of Granier et al. v. Venezuela); however, for this to be protectable before the Inter-American system, 'the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection by the Inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons are indeed being protected and not those of the legal entities. Indeed, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities inherent to the legal entity, so that such participation relates substantially to the rights alleged as violated.' (emphasis added) (OC. 22/16)”. In my opinion, the reading of the Ley de la Jurisdicción Constitucional requires the same ratio of the aforementioned conventional hermeneutics with respect to all fundamental rights. Thus, in a constitutionality proceeding filed on behalf of a legal entity, its admission for study requires an essential and direct relationship between the legal entity that claims to be affected by some violation of the constitutional order and the natural person who, due to such injury, comes to see, in a reflected but direct manner, some fundamental right diminished. Now, for such purposes, the mere reference to a connection or link between the legal entity and the natural person is insufficient to be able to infer that, precisely, through the constitutionality proceeding, the safeguard of the fundamental rights of the latter is being sought, and not merely those of the former. The aforementioned requirement thus becomes a sine qua non prerequisite for the admissibility of the constitutionality control by this jurisdiction. Based on the foregoing, I conclude that this must be the guideline with which the Ley de la Jurisdicción Constitucional must be interpreted, so that in the sub iudice, the application of jurisdictional constitutionality control becomes improper, since, based on the evidence in the record, the essential link between the protected legal entity and any natural person, specifically in relation to the alleged aggrieved right, has not been demonstrated. IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The petitioner is warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. Therefore: The action is rejected on procedural grounds. Magistrate Rueda Leal gives different reasons. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ana Cristina Fernandez A. Digitally Signed Document -- Verification code -- *G2DQGDEXHT861* FILE No. 25-018561-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:51:12. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República