Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Del análisis integral de la gestión planteada, del informe rendido bajo juramento por las autoridades de la Municipalidad de Alajuela y de la documentación técnica incorporada al expediente electrónico, este Tribunal concluye que no se configura, en este momento procesal, un incumplimiento susceptible de generar una declaratoria de desobediencia, respecto de la sentencia No. 2025009421 de las 09:15 horas del 28 de marzo de 2025. En efecto, si bien la orden impartida por este Tribunal —consistente en reubicar el drenaje pluvial y el canal de desfogue ubicados en las cercanías de las nacientes Lankaster y Nombre33105— es directa, vinculante y prioritaria, los informes municipales dan cuenta de la existencia de obstáculos técnicos, topográficos y estructurales cuya superación resulta indispensable para ejecutar adecuadamente lo ordenado. … Por tanto, NO HA LUGAR a la gestión de incumplimiento promovida, sin perjuicio de la obligación reforzada de la Municipalidad de cumplir en el menor plazo posible, con la reubicación ordenada, bajo la advertencia de que un eventual incumplimiento injustificado en el seguimiento periódico podrá dar lugar a las medidas constitucionales pertinentes.
English (translation)From the comprehensive analysis of the filed action, the sworn report by the authorities of the Municipality of Alajuela, and the technical documentation incorporated into the electronic file, this Court concludes that, at this procedural stage, a noncompliance that could give rise to a declaration of disobedience has not materialized regarding Judgment No. 2025009421 of 09:15 hours on March 28, 2025. Indeed, although the order issued by this Court — consisting of relocating the storm drain and discharge channel located near the Lankaster and Nombre33105 springs — is direct, binding, and of high priority, the municipal reports account for the existence of technical, topographical, and structural obstacles whose overcoming is indispensable to properly execute what was ordered. … Therefore, the promoted noncompliance action is DENIED, without prejudice to the Municipality's reinforced obligation to comply with the ordered relocation in the shortest possible time, under the warning that any unjustified noncompliance during the periodic follow-up may give rise to the pertinent constitutional measures.
Denied
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 38021 - 2025 Fecha de la Resolución: 18 de Noviembre del 2025 a las 09:30 Expediente: 24-005224-0007-CO Redactado por: Ingrid Hess Herrera Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 24-005224-0007-CO Res. Nº 2025038021 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco . Gestión de incumplimiento planteada por Nombre34748, cédula de identidad CED16005, contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. Resultando: 1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 12 de noviembre de 2025, el recurrente solicita declarar el incumplimiento de la sentencia No. 2025009421 de las 09:15 horas del 28 de marzo de 2025 por parte de la Municipalidad de Alajuela. Dicha sentencia en su parte dispositiva señala lo siguiente: “… Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto a la Municipalidad de Alajuela, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). 1) Se ordena a Humberto Soto Herrera y a Randall Barquero Piedra, por su orden alcalde y presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que en un plazo no mayor a SEIS MESES, se reubique el drenaje pluvial (canal de desfogue) que se encuentra cerca de las fuentes de Lankaster y Nombre33105. 2) Asimismo, se ordena a Juan Manuel Quesada Espinoza, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien ocupe ese cargo, disponer de manera pronta y oportuna las acciones y coordinaciones necesarias, para que en el plazo de DIEZ MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, deberá desarrollarse un sistema de monitoreo de toda la zona definida en el “Estudio hidrogeológico para la protección de los manantiales El Pasito, Gutiérrez, Lankaster, Quesada y Nombre42042. Alajuela” emitido por SENARA. 3) Asimismo, se ordena a Ulises Álvarez Acosta, en su condición de secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), o a quien ocupe ese cargo, disponer de manera pronta y oportuna las acciones y coordinaciones necesarias, para que en el plazo de DIEZ MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se desarrolle un estudio que permita determinar si el área de protección de los Manantiales Lankaster, Bogantes, Nombre33105 y Pasito y la zona de captura de Manantial Gutiérrez, son áreas ambientalmente frágiles, para lo cual deberá coordinarse directamente con las autoridades correspondientes de SENARA. Se advierte a las autoridades recurridas que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.-.”. 2.- Mediante resolución No. 2025037112 dictada a las 09:40 horas del 11 de noviembre de 2025, este Tribunal resolvió lo siguiente: “… II.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En el sub lite, el recurrente planteó una gestión de incumplimiento respecto a lo ordenado en la sentencia No. 2025009421 de las 09:15 horas del 28 de marzo de 2025, manifestando que la Municipalidad de Alajuela incumplió la sentencia supra indicada, al no reubicar el drenaje pluvial ordenado dentro del plazo de seis meses. Afirma que la omisión constituye desobediencia a una orden constitucional y mantiene la afectación de derechos fundamentales. Por ello, solicita que esta Sala declare el incumplimiento y ordene la ejecución inmediata y efectiva de lo dispuesto, conforme al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Del análisis integral de la gestión planteada, del informe rendido bajo juramento por las autoridades de la Municipalidad de Alajuela y de la documentación técnica incorporada al expediente electrónico, este Tribunal concluye que no se configura, en este momento procesal, un incumplimiento susceptible de generar una declaratoria de desobediencia, respecto de la sentencia No. 2025009421 de las 09:15 horas del 28 de marzo de 2025. En efecto, si bien la orden impartida por este Tribunal —consistente en reubicar el drenaje pluvial y el canal de desfogue ubicados en las cercanías de las nacientes Lankaster y Nombre33105— es directa, vinculante y prioritaria, los informes municipales dan cuenta de la existencia de obstáculos técnicos, topográficos y estructurales cuya superación resulta indispensable para ejecutar adecuadamente lo ordenado. a) SOBRE LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL ALEGADA. De la prueba técnica se desprende que el cumplimiento de la sentencia exige: i) estudios especializados sobre la topografía del terreno, ii) determinación de los límites de protección de las nacientes, iii) diseño de un nuevo sistema pluvial que garantice la no afectación del acuífero, y iv) la eventual expropiación de franjas de terreno para permitir un trazado compatible con los estándares de ingeniería y con la integridad de las nacientes. Tales actuaciones, según lo indicado por la Municipalidad, no dependen únicamente de la voluntad administrativa, sino que requieren coordinación interinstitucional, valoraciones técnicas complejas, avalúos, trámites de expropiación y planificación presupuestaria. Este conjunto de gestiones, cuya necesidad y razonabilidad se encuentran demostradas en el expediente, excede la capacidad material de ser ejecutadas dentro de un plazo rígido de seis meses. b) SOBRE EL ALCANCE DEL MANDATO CONSTITUCIONAL Y EXIGIBILIDAD RAZONABLE. Es claro para este Tribunal que la protección de las nacientes Lankaster y Nombre33105 constituye un fin de máxima relevancia constitucional, amparado por el artículo 50 de la Constitución Política. Sin embargo, la exigencia de tutela ambiental no implica desconocer las limitaciones técnicas reales y comprobadas que puedan enfrentar las autoridades encargadas de su ejecución. La Sala ha sostenido que el cumplimiento de una orden constitucional debe valorarse a la luz de la proporcionalidad, la razonabilidad y la factibilidad material, elementos que impiden imponer un mandato de resultado inmediato cuando ello requiere, como condición previa, la elaboración de estudios especializados, dictámenes periciales, avalúos, diseños, trámites registrales y adquisiciones forzosas, sin los cuales la ejecución podría incluso generar daños mayores o soluciones inviables. Por ello, la existencia de impedimentos materiales debidamente acreditados —como ocurre en el caso sub lite— descarta, por ahora, la configuración de una conducta omisiva reprochable en términos de desobediencia constitucional. c) SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LAS GESTIONES EMPRENDIDAS. La Municipalidad ha demostrado que desde la notificación de la sentencia, ha realizado actos concretos orientados a su cumplimiento, tales como: – gestiones ante el AyA para delimitar zonas de protección, – estudios topográficos y análisis de viabilidad técnica, – definición preliminar del trazado alternativo, – identificación de fincas afectadas y necesidad de expropiación, – elaboración de propuestas técnicas para propietarios y – planificación presupuestaria para fases futuras. Si bien tales gestiones no equivalen aún al cumplimiento material de la orden, evidencian una actuación diligente y continua por parte del Municipio, que no puede calificarse como inacción, desobediencia o renuencia. d) SOBRE LA NECESIDAD DE UN SEGUIMIENTO REFORZADO. Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal enfatiza que la existencia de obstáculos técnicos no implica un permiso para demorar indefinidamente lo ordenado. La protección de las nacientes continúa siendo un mandato constitucional prioritario y así lo reafirma esta resolución. En consecuencia, con fundamento en el deber de tutela judicial efectiva y con el fin de garantizar un cumplimiento progresivo, verificable y conforme con los principios ambientales que rigen la materia, se instruye a la Municipalidad de Alajuela para que informe a este Tribunal cada dos meses, de manera detallada y documentada, sobre el avance de las gestiones técnicas, administrativas, presupuestarias y legales que se encuentren en ejecución para materializar la reubicación del drenaje pluvial y del canal de desfogue. e) CONCLUSIÓN. Por las razones expuestas, este Tribunal concluye que no se configura incumplimiento en los términos del artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dada la existencia de imposibilidades materiales y técnicas debidamente acreditadas, así como de gestiones en curso indispensables para la ejecución de la sentencia. Sin embargo, esta determinación no puede interpretarse como permisiva ante un eventual futuro incumplimiento, sino como el reconocimiento de que el mandato constitucional requiere etapas previas cuya omisión impediría una ejecución adecuada o incluso generaría afectaciones mayores al ambiente. Por tanto, NO HA LUGAR a la gestión de incumplimiento promovida, sin perjuicio de la obligación reforzada de la Municipalidad de cumplir en el menor plazo posible, con la reubicación ordenada, bajo la advertencia de que un eventual incumplimiento injustificado en el seguimiento periódico podrá dar lugar a las medidas constitucionales pertinentes. III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: No ha lugar a la gestión planteada. –“. 3.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Hess Herrera; y, Considerando: I.- SOBRE LO RESUELTO POR ESTE TRIBUNAL. En la sentencia No. 2025009421 de las 09:15 horas del 28 de marzo de 2025, este Tribunal resolvió lo siguiente: “… “… Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto a la Municipalidad de Alajuela, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). 1) Se ordena a Humberto Soto Herrera y a Randall Barquero Piedra, por su orden alcalde y presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que en un plazo no mayor a SEIS MESES, se reubique el drenaje pluvial (canal de desfogue) que se encuentra cerca de las fuentes de Lankaster y Nombre33105. 2) Asimismo, se ordena a Juan Manuel Quesada Espinoza, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien ocupe ese cargo, disponer de manera pronta y oportuna las acciones y coordinaciones necesarias, para que en el plazo de DIEZ MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, deberá desarrollarse un sistema de monitoreo de toda la zona definida en el “Estudio hidrogeológico para la protección de los manantiales El Pasito, Gutiérrez, Lankaster, Quesada y Nombre42042. Alajuela” emitido por SENARA. 3) Asimismo, se ordena a Ulises Álvarez Acosta, en su condición de secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), o a quien ocupe ese cargo, disponer de manera pronta y oportuna las acciones y coordinaciones necesarias, para que en el plazo de DIEZ MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se desarrolle un estudio que permita determinar si el área de protección de los Manantiales Lankaster, Bogantes, Nombre33105 y Pasito y la zona de captura de Manantial Gutiérrez, son áreas ambientalmente frágiles, para lo cual deberá coordinarse directamente con las autoridades correspondientes de SENARA. Se advierte a las autoridades recurridas que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.-.”. II.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En atención a la gestión posterior presentada el 12 de noviembre de 2025 por el señor Nombre34748, mediante la cual solicita declarar el incumplimiento de la sentencia No. 2025009421 de las 09:15 horas del 28 de marzo de 2025 por parte de la Municipalidad de Alajuela, esta Sala precisa que dicha petición no resulta procedente. Ello por cuanto, conforme la resolución No. 2025037112 dictada a las 09:40 horas del 11 de noviembre de 2025, este Tribunal ya se había pronunciado sobre un incumplimiento previamente alegado por el mismo tutelado, mediante escrito presentado el 30 de octubre de 2025, declarando no ha lugar lo solicitado en esa oportunidad. En consecuencia, se le recuerda al recurrente lo resuelto por esta Sala en el voto No. 2025037112 de las 09:40 horas del 11 de noviembre de 2025. De conformidad con lo anterior, esta Sala no acoge la gestión de incumplimiento. III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: No ha lugar a la gestión planteada. - Fernando Cruz C. Presidente a.i Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Alejandro Delgado F. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- PCKPTMC3SBS61 EXPEDIENTE N° 24-005224-0007-CO Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:53:01. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 38021 - 2025 Fecha de la Resolución: 18 de Noviembre del 2025 a las 09:30 Expediente: 24-005224-0007-CO Redactado por: Ingrid Hess Herrera Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 24-005224-0007-CO Res. Nº 2025038021 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty hours on the eighteenth of November of two thousand twenty-five. Non-compliance proceeding (Gestión de incumplimiento) filed by Nombre34748, identity card CED16005, against the MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. Resultando: 1.- By document incorporated into the digital record on November 12, 2025, the petitioner requests a declaration of non-compliance with judgment No. 2025009421 of 09:15 hours on March 28, 2025, by the Municipalidad de Alajuela. Said judgment, in its operative part, states the following: “… The appeal is partially granted, solely with respect to the Municipalidad de Alajuela, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). 1) It is ordered that Humberto Soto Herrera and Randall Barquero Piedra, in their capacities as mayor and president of the Council, respectively, both of the Municipalidad de Alajuela, or whomever occupies those positions in their stead, issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competencies, so that within a period no greater than SIX MONTHS, the stormwater drainage (flood relief canal, canal de desfogue) located near the Lankaster and Nombre33105 springs (fuentes) is relocated. 2) Likewise, it is ordered that Juan Manuel Quesada Espinoza, in his capacity as executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whomever occupies that position, promptly and timely arrange the necessary actions and coordination, so that within a period of TEN MONTHS, counted from the notification of this judgment, a monitoring system must be developed for the entire zone defined in the “Estudio hidrogeológico para la protección de los manantiales El Pasito, Gutiérrez, Lankaster, Quesada y Nombre42042. Alajuela” issued by SENARA. 3) Likewise, it is ordered that Ulises Álvarez Acosta, in his capacity as secretary general of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), or whomever occupies that position, promptly and timely arrange the necessary actions and coordination, so that within a period of TEN MONTHS, counted from the notification of this judgment, a study is developed to determine whether the protection area of the Lankaster, Bogantes, Nombre33105, and Pasito Springs and the capture zone of the Gutiérrez Spring are environmentally fragile areas, for which purpose he shall coordinate directly with the corresponding authorities of SENARA. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed upon anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipalidad de Alajuela are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative court. Regarding the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), the appeal is dismissed. Judge Salazar Alvarado dissents and dismisses the appeal, considering that it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative court, to determine whether the administrative actions and conducts in question conform or not, in substance, to the provisions of the legal system of statutory rank, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Judge Garro Vargas dissents regarding the execution of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it must be carried out before the Enforcement Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the enforcement rules established in Articles 155 and following of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to her so that the enforcement proceedings of this ruling may be initiated. Let it be notified.-.”. 2.- By resolution No. 2025037112 issued at 09:40 hours on November 11, 2025, this Tribunal resolved the following: “… II.- REGARDING THE PROCEEDING FILED. In the sub lite case, the petitioner filed a non-compliance proceeding (gestión de incumplimiento) regarding what was ordered in judgment No. 2025009421 of 09:15 hours on March 28, 2025, stating that the Municipalidad de Alajuela failed to comply with the aforementioned judgment by not relocating the stormwater drainage as ordered within the six-month period. He affirms that the omission constitutes disobedience of a constitutional order and maintains the infringement of fundamental rights. Therefore, he requests that this Chamber declare the non-compliance and order the immediate and effective execution of what was ordered, in accordance with Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. From the comprehensive analysis of the proceeding filed, the sworn report rendered by the authorities of the Municipalidad de Alajuela, and the technical documentation incorporated into the electronic record, this Tribunal concludes that, at this procedural stage, a non-compliance susceptible of generating a declaration of disobedience regarding judgment No. 2025009421 of 09:15 hours on March 28, 2025, is not established. In fact, although the order issued by this Tribunal—consisting of relocating the stormwater drainage and the flood relief canal (canal de desfogue) located in the vicinity of the Lankaster and Nombre33105 springs (nacientes)—is direct, binding, and a priority, the municipal reports attest to the existence of technical, topographical, and structural obstacles whose overcome is indispensable for adequately executing what was ordered. a) REGARDING THE ALLEGED MATERIAL IMPOSSIBILITY. It is evident from the technical evidence that compliance with the judgment requires: i) specialized studies on the topography of the terrain, ii) determination of the protection limits of the springs, iii) design of a new stormwater system that guarantees no impact on the aquifer, and iv) the eventual expropriation of strips of land to allow a layout compatible with engineering standards and the integrity of the springs. Such actions, as indicated by the Municipality, do not depend solely on administrative will, but require inter-institutional coordination, complex technical assessments, appraisals, expropriation procedures, and budgetary planning. This set of proceedings, whose necessity and reasonableness are demonstrated in the record, exceeds the material capacity to be executed within a rigid six-month period. b) REGARDING THE SCOPE OF THE CONSTITUTIONAL MANDATE AND REASONABLE ENFORCEABILITY. It is clear to this Tribunal that the protection of the Lankaster and Nombre33105 springs constitutes an objective of utmost constitutional importance, protected by Article 50 of the Constitución Política. However, the requirement for environmental protection does not imply ignoring the real and verified technical limitations that the authorities in charge of its execution may face. The Chamber has held that compliance with a constitutional order must be assessed in light of proportionality, reasonableness, and material feasibility, elements that prevent imposing a mandate for an immediate result when it requires, as a prerequisite, the preparation of specialized studies, expert opinions, appraisals, designs, registry procedures, and compulsory acquisitions, without which the execution could even generate greater damages or unfeasible solutions. Therefore, the existence of duly accredited material impediments—as occurs in the sub lite case—rules out, for now, the configuration of an omissive conduct reprehensible in terms of constitutional disobedience. c) REGARDING THE RECOGNITION OF THE UNDERTAKEN PROCEEDINGS. The Municipality has demonstrated that, since the notification of the judgment, it has carried out specific acts oriented toward its compliance, such as: – proceedings with AyA to delineate protection zones, – topographic studies and technical feasibility analyses, – preliminary definition of an alternative layout, – identification of affected properties and the need for expropriation, – preparation of technical proposals for owners, and – budgetary planning for future phases. Although such proceedings do not yet equate to material compliance with the order, they demonstrate diligent and continuous action by the Municipality, which cannot be classified as inaction, disobedience, or reluctance. d) REGARDING THE NEED FOR REINFORCED FOLLOW-UP. Notwithstanding the foregoing, this Tribunal emphasizes that the existence of technical obstacles does not imply a permit to indefinitely delay what was ordered. The protection of the springs continues to be a priority constitutional mandate, and this resolution reaffirms it. Consequently, based on the duty of effective judicial protection and in order to guarantee progressive, verifiable compliance in accordance with the environmental principles governing the matter, the Municipalidad de Alajuela is instructed to report to this Tribunal every two months, in a detailed and documented manner, on the progress of the technical, administrative, budgetary, and legal proceedings that are being executed to materialize the relocation of the stormwater drainage and the flood relief canal. e) CONCLUSION. For the reasons set forth, this Tribunal concludes that non-compliance is not established in the terms of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, given the existence of duly accredited material and technical impossibilities, as well as ongoing proceedings indispensable for the execution of the judgment. However, this determination cannot be interpreted as permissive of an eventual future non-compliance, but rather as the recognition that the constitutional mandate requires prior stages, the omission of which would prevent adequate execution or could even generate greater impacts on the environment. Therefore, the non-compliance proceeding (gestión de incumplimiento) filed is DISMISSED (NO HA LUGAR), without prejudice to the reinforced obligation of the Municipality to comply, in the shortest possible time, with the ordered relocation, under the warning that an eventual unjustified non-compliance in the periodic follow-up may give rise to the pertinent constitutional measures. III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE RECORD. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore: The proceeding filed is dismissed (No ha lugar a la gestión planteada). –“. 3.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed. Drafted by Judge Hess Herrera; and, Considerando: I.- REGARDING WHAT WAS RESOLVED BY THIS TRIBUNAL. In judgment No. 2025009421 of 09:15 hours on March 28, 2025, this Tribunal resolved the following: “… “… The appeal is partially granted, solely with respect to the Municipalidad de Alajuela, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). 1) It is ordered that Humberto Soto Herrera and Randall Barquero Piedra, in their capacities as mayor and president of the Council, respectively, both of the Municipalidad de Alajuela, or whomever occupies those positions in their stead, issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competencies, so that within a period no greater than SIX MONTHS, the stormwater drainage (flood relief canal, canal de desfogue) located near the Lankaster and Nombre33105 sources (fuentes) is relocated. 2) Likewise, it is ordered that Juan Manuel Quesada Espinoza, in his capacity as executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whomever occupies that position, promptly and timely arrange the necessary actions and coordination, so that within a period of TEN MONTHS, counted from the notification of this judgment, a monitoring system must be developed for the entire zone defined in the “Estudio hidrogeológico para la protección de los manantiales El Pasito, Gutiérrez, Lankaster, Quesada y Nombre42042. Alajuela” issued by SENARA. 3) Likewise, it is ordered that Ulises Álvarez Acosta, in his capacity as secretary general of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), or whomever occupies that position, promptly and timely arrange the necessary actions and coordination, so that within a period of TEN MONTHS, counted from the notification of this judgment, a study is developed to determine whether the protection area of the Lankaster, Bogantes, Nombre33105, and Pasito Springs and the capture zone of the Gutiérrez Spring are environmentally fragile areas, for which purpose he shall coordinate directly with the corresponding authorities of SENARA. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed upon anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipalidad de Alajuela are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative court. Regarding the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), the appeal is dismissed. Judge Salazar Alvarado dissents and dismisses the appeal, considering that it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative court, to determine whether the administrative actions and conducts in question conform or not, in substance, to the provisions of the legal system of statutory rank, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Judge Garro Vargas dissents regarding the execution of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it must be carried out before the Enforcement Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the enforcement rules established in Articles 155 and following of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to her so that the enforcement proceedings of this ruling may be initiated. Let it be notified.-.”. II.- REGARDING THE PROCEEDING FILED. In response to the subsequent proceeding filed on November 12, 2025, by Mr. Nombre34748, through which he requests a declaration of non-compliance with judgment No. 2025009421 of 09:15 hours on March 28, 2025, by the Municipalidad de Alajuela, this Chamber clarifies that said petition is not admissible. This is because, pursuant to resolution No. 2025037112 issued at 09:40 hours on November 11, 2025, this Tribunal had already ruled on a non-compliance previously alleged by the same protected individual, through a document filed on October 30, 2025, declaring the petition filed on that occasion dismissed. Consequently, the petitioner is reminded of what was resolved by this Chamber in vote No. 2025037112 of 09:40 hours on November 11, 2025. In accordance with the foregoing, this Chamber does not accept the non-compliance proceeding (gestión de incumplimiento). III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE RECORD. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Por tanto: The proceeding filed is dismissed (No ha lugar a la gestión planteada). - \t Fernando Cruz C. Presidente a.i \t Paul Rueda L. \t \t Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. \t \t Anamari Garro V. Ingrid Hess H. \t \t Alejandro Delgado F. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- PCKPTMC3SBS61 EXPEDIENTE N° 24-005224-0007-CO Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:53:01. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República