Res. 38559-2025 Sala Constitucional — Lack of water system capacity does not violate fundamental rights when ASADA and AyA act within legal frameworkFalta de capacidad hídrica del acueducto no constituye violación de derechos fundamentales cuando la ASADA y AyA actúan dentro del marco legal

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Sala Constitucional

Resolución Nº 38559 - 2025

Fecha de la Resolución: 21 de Noviembre del 2025 a las 09:15

Expediente: 25-031860-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-031860-0007-CO

Res. Nº 2025038559

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco .

  Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 25-031860-0007-CO, interpuesto por Nombre79476, cédula de identidad CED43479, contra la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PÉNJAMO y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la secretaría de esta Sala el 15 de octubre de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS y la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMUNAL DE CACAO Y CORDONCILLO DE VOLCÁN DE BUENOS AIRES DE PUNTARENAS. Manifiesta que en 1999 adquirió la disponibilidad de agua No. 9769 para su propiedad en Pénjamo de Florencia, otorgada por la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario (ASADA) de Pénjamo, lo que le confirió derechos adquiridos sobre el acceso continuo y prioritario al recurso hídrico del sistema de acueducto, conforme a la normativa vigente en ese momento (Ley de Aguas No. 276 y regulaciones del ICAA). Indica que esa disponibilidad se basó en la capacidad existente del sistema y le garantizó un suministro estable para sus necesidades básicas, como usuaria legítima y de larga data. Explica que el 22 de mayo de 2019, la Unidad de Estudios y Normas (UEN) de Gestión de Acueductos Rurales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) emitió el oficio No. UEN-GAR-2019-01873 dirigido a la Junta Administrativa de la ASADA de Pénjamo. Acota que ese informe presenta un cálculo de balance hídrico detallado, basado en la solicitud de los nacientes Nombre79477 y Nombre47291 y concluye que el sistema de acueducto de la ASADA de Pénjamo carece de disponibilidad de agua y capacidad para la producción de nuevos servicios: "De acuerdo con el cálculo hidráulico presentado en el informe (ver tabla adjunta en el Documento N° 1), el sistema contaba en ese momento con 406 conexiones existentes, con un consumo estimado de 200 litros por conexión por día, conforme a la Norma Técnica AyA para diseño y abastecimiento de agua potable. Esto genera una demanda de caudal de 3.06 l/s (litros por segundo). -El caudal máximo observado en el acueducto era de 5.93 l/s, pero la demanda real ya requería 1.08 Vs adicionales para atender la producción insuficiente, lo que implicaba un déficit de 1.79 l/s si se pretendía agregar más conexiones. -El informe advierte expresamente que, bajo escenarios de 5, 10, 15 o 20 nuevas conexiones, el volumen de almacenamiento requerido excedería ampliamente la capacidad actual (por ejemplo, para 20 conexiones nuevas, se requerirían 251.83 m3, cuando el almacenamiento disponible es solo de 168.93 m3 en el mejor caso). Esto generaría un consumo pluvial que sobrepasaría el caudal disponible, con un máximo diario observado de 5.93 l/s insuficiente para la demanda. -En consecuencia, AyA recomienda suspender la emisión de nuevos servicios hasta que se realice un estudio de factibilidad para aumentar la capacidad hidráulica, y ofrece asistencia y asesoría para evaluar posibilidades de inclusión de nuevas fuentes de agua. Se enfatiza que el sistema no puede disponer de agua en su red actual sin riesgo de colapso.". Señala que, pese a la prohibición expresa y técnica del ICAA, la ASADA de Pénjamo ha continuado otorgando nuevas conexiones de agua potable de manera irregular e ilegítima. Asegura que al día en que acude en amparo, el número de predios conectados ha superado las 550 conexiones, lo que representa un incremento de más de 144 predios adicionales respecto a los 406 reportados en 2019. Alega que esa actuación omisiva y contraria a la normativa ha sido denunciada previamente por ella, sin que la ASADA de Pénjamo haya tomado medidas correctivas. Asegura que no se ha realizado el estudio de factibilidad ordenado por ICAA, ni se han incorporado nuevas fuentes de agua para mitigar el déficit. Esgrime que lo anterior se evidencia con la ubicación de la ASADA y el aumento significativo en el número de edificaciones residenciales y estructuras desde 2019 hasta 2025. Añade que el sobrepaso en la capacidad hidráulica ha generado interrupciones frecuentes en el suministro de agua, contaminación potencial del recurso por sobreexplotación de los nacientes y un riesgo inminente para su salud. Específicamente: "-Escasez crónica: Enfrento racionamientos irregulares, lo que afecta mi acceso al agua potable como bien esencial, -Riesgo sanitario: La presión excesiva en el sistema aumenta la probabilidad de fallas en la cloración y filtración, exponiéndome a enfermedades transmitidas por el agua (ej. diarreas). -Impacto ambiental: La sobreexplotación de los nacientes Nombre79477 y Nombre47291 amenaza la sostenibilidad del ecosistema local, violando el principio de desarrollo sostenible. Como usuaria del servicio administrado por la ASADA de Pénjamo, he sufrido personalmente estas afectaciones, lo que me impide gozar de un servicio de agua potable seguro y continuo. Esta conducta ilegal de la ASADA genera un riesgo inminente de escasez de agua para mí, ya que dependo del acueducto para mis necesidades básicas diarias. Estas nuevas conexiones están violentando y poniendo en riesgo mis derechos adquiridos desde el año 1999, al diluir la capacidad del sistema y priorizar conexiones irregulares sobre mi disponibilidad preexistente.". Estima que la situación descrita lesiona sus derechos fundamentales. Por los motivos expuestos, solicitan la intervención de la Sala en el presente asunto.

2.- Por resolución de las 20:25 horas del 24 de octubre de 2025, la presidencia de esta Sala dio curso al presente proceso.

3.- Informan bajo juramento MARÍA JOSÉ CASTILLO LEÓN y RAFAEL BARBOZA TOPPING, por su orden SUBGERENTE GENERAL y DIRECTOR DE LA UEN GESTIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, quienes manifiestan lo siguiente: “… PRIMERO. No nos consta. No nos consta lo referido en este hecho respecto de que la recurrente “adquirió una prevista” en el año 1999. La Asociación Administradora de Pénjamo de Florencia, cédula jurídica CED43480 suscribió convenio de delegación con AyA hasta el 08 de enero del 2008 (ver prueba 01). Tampoco nos consta que la prevista número 9769 se ubique en un inmueble propiedad de la recurrente, ni las condiciones técnicas en las cuales le fue otorgada. SEGUNDO: Es cierto parcialmente. Es cierto que desde la ORAC Huetar Norte se emitió el oficio número UEN-GAR-2019-01873 de fecha 22 de mayo del 2019 suscrito por el Ing. Luis Diego Alfaro Artavia y dirigido a la Junta Directiva de la ASADA de Pénjamo de Florencia, en el cual se realiza un balance hídrico del acueducto administrado por dicha ASADA (ver prueba 02). No es cierto lo referido por la recurrente, respecto de que dicho balance hídrico se confeccionó “basado en la solicitud de los nacientes Nombre79478 y Nombre47291”, sino que se basó en la producción de las referidas nacientes (aforos críticos). Tampoco es cierto que el documento corresponda a un “cálculo hidráulico” como alude la recurrente en la viñeta primera de este hecho, ni que la demanda de caudal corresponda a 3.06 l/s puesto que en el mismo oficio (aportado también como prueba por la recurrente), se observa que la demanda o caudal máximo diario (QMD) era de 5.93 l/s a la fecha de confección del balance hídrico (22 de mayo del 2019). Respecto de lo referido por la recurrente en la viñeta segunda de este hecho, no es cierto que “(…) se requería 1.08l/s adicionales para atender la producción insuficiente”, pues tal y como se aprecia en el oficio UEN-GAR-2019-01873 de fecha 22 de mayo del 2019 (ver prueba 02), el dato de 1.08 l/s corresponde a la producción crítica de la Naciente Maroto. No es cierta ni técnicamente correcta la interpretación que la recurrente realiza del informe del balance hídrico en la viñeta tercera de este hecho. En ningún apartado del informe de balance hídrico (ver prueba 02) se concluye que en el año 2019 existe un déficit en el almacenamiento debido a 5, 10, 15, o 20 nuevas conexiones que se realicen al acueducto de la ASADA de Pénjamo como es por ella aludido. Tal y como se observa en la imagen a continuación, en el mismo oficio UEN-GAR-2019-01873 de fecha 22 de mayo del 2019 (ver prueba 02) se indica con claridad que la numeración de 5, 10, 15 y 20, corresponde a periodo de diseño en años y no a cantidad de conexiones como erróneamente refiere la recurrente (se inserta imagen) …”. “… Ninguno de datos referidos por la recurrente en esta viñeta y extraídos aleatoriamente del informe de balance hídrico emitido por la ORAC Huetar Norte de AyA, permiten llegar a la conclusión de que en el año 2019 existía un déficit de almacenamiento, como erróneamente lo plantea la Sra. Nombre79476. No es cierto lo referido en esta viñeta, respecto de que en el acueducto de Pénjamo se genera un “consumo pluvial que sobrepasaría el caudal disponible”, lo anterior dado que, el término pluvial corresponde a agua de lluvia y ésta no es utilizada para consumo humano en dicho acueducto. Es cierto que el informe de balance hídrico emitido por la ORAC Huetar Norte de AyA (ver prueba 02) concluye que existe un déficit respecto del caudal crítico de las Nacientes Nombre79478 y Nombre47291 en relación con la demanda en el año 2019. También es cierto que en el informe de balance hídrico (ver prueba 02) se recomienda la suspensión de la emisión de nuevas constancias de disponibilidades de servicios. No es cierto que se haya recomendado a la ASADA de Pénjamo realizar “un estudio de factibilidad para aumentar la capacidad hidráulica”, pues tal y como se evidencia en dicho documento, en el año 2019 se instó a la ASADA de Pénjamo a buscar nuevas fuentes para aumentar su capacidad hídrica y no la capacidad hidráulica, como erróneamente refiere la recurrente. Es cierto que desde la ORAC Huetar Norte de AyA se ha ofrecido asesoría y acompañamiento a la ASADA de Pénjamo para el proceso de inscripción de nuevas fuentes y en los proyectos que se requieran (ver prueba 02). TERCERO. No nos consta y no es cierto. No nos consta lo referido por la recurrente en este hecho respecto de un aumento en la cantidad de conexiones que tiene la ASADA de Pénjamo desde el año 2019 y hasta el 15 de octubre del 2025. Cabe señalar que la prueba aportada por la recurrente corresponde a capturas pantalla del programa Google Earth en las cuales presenta una comparación de fotos aéreas en un rango temporal del 2019 al 2023, no al 2025. El programa Google Earth no corresponde a una fuente oficial de información. No es cierto que a partir de una imagen aérea se pueda tener por demostrado que la ASADA de Pénjamo ha conectado nuevos servicios, puesto que las estructuras (techos) que se observan, podrían corresponder a ampliaciones de edificaciones existentes (que no requieren nuevos servicios ni nuevas disponibilidad de servicios) o bien, a edificaciones nuevas que no requieren abastecimiento de agua potable como por ejemplo galerones para resguardo de animales, bodegas para almacenar materiales, ranchos para usos varios, entre otros. No es cierto que no existan nuevas fuentes con las cuales se puede aumentar la capacidad hídrica del acueducto administrado por la ASADA de Pénjamo. Mediante memorando GSD-UEN-GAR-2022- 05019 de fecha 19 de diciembre del 2022 (ver prueba 03), la ORAC Huetar Norte solicita inscripción de caudal a favor de la ASADA de Pénjamo de las nacientes denominadas Nombre79479 (4.95 l/s), Nombre79478 2 (3.91 l/s) y Nombre79478 3 (0.67 l/s) con lo cual se buscaba aumentar la capacidad hídrica del acueducto. Como resultado de la solicitud gestionada por el AyA de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.a) del Reglamento de ASADAS, se obtiene la resolución DA-1857-2024 de las ocho horas y cincuenta y ocho minutos del ocho de agosto del dos mil veinticuatro (ver prueba 04) emitida por la Dirección de Aguas del MINAE en cuyo Por Tanto se asignaron a favor de la ASADA de Pénjamo los siguientes caudales: 3.95 l/s de la Naciente Nombre79479, 3.18 l/s de la Naciente Nombre79478 2 y 0.54 l/s de la Naciente Nombre79478 3, cuya sumatoria corresponde a 7.67 l/s. A la fecha de confección del presente informe las Nacientes Nombre79478 2, Nombre79478 3 se encuentran interconectadas al acueducto administrado por la ASADA de Pénjamo, sin embargo, la producción de dichas nacientes no es suficiente para superar la condición de incapacidad hídrica identificada en el año 2019. Esta situación le fue debidamente informada a la ASADA de Pénjamo en memorando GSD-UENGAR-2024-05351 de fecha 12 de diciembre del 2024 suscrito por la Ing. Marcela Mora Traña de la ORAC Huetar Norte de AyA (ver prueba 5), en el cual se realiza una actualización del balance hídrico y se concluye en lo que interesa, lo siguiente: “(…) Según el balance hídrico anterior y de acuerdo con la demanda del acueducto, se da como resultado que no se cuenta con capacidad hídrica para ninguno de los dos sistemas en los que se compone el acueducto (…).”. Por esta razón, corresponde que la ASADA de Pénjamo cuente con un proyecto aprobado por AyA para interconectar la naciente Nombre79479 al acueducto, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 del Reglamento de ASADAS y el artículo 21 de la Ley Constitutiva de AyA, los cuales establecen: “Artículo 45. Ampliaciones, Mejoras y Modernización a los Sistemas. Todo proyecto de mejoras, ampliación y/o modernización de la infraestructura a los sistemas que administran las ASADAS deberán contar con aprobación previa de AyA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Constitutiva de AYA y de conformidad con los artículos 42 y 43 del presente reglamento, para lo cual se establece un plazo de dos meses con prórroga de hasta dos meses más.” Artículo 21.- Todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, deberá ser aprobado previamente por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el que podrá realizar la inspección que estime conveniente para comprobar que las obras se realizan de acuerdo con los planes aprobados (…)” (lo destacados son propios). Lo anterior fue recomendado a la ASADA de Pénjamo en el memorando GSD-UEN-GAR-2024- 05351 de fecha 12 de diciembre del 2024 (ver prueba 5) en los siguientes términos: “(…) También, se recomienda presentar un Estudio Técnico que incluya el diseño del proyecto para conectar la naciente Nombre79479 (La Vieja) y más almacenamiento del sistema Rigioni, con la finalidad de poder aumentar la capacidad hídrica e hidráulica del acueducto y con esto, poder emitir actos administrativos como lo son constancias de disponibilidad de agua en este sistema. Dado que, aunque actualmente se cuenta con caudal inscrito de esta naciente, este forma parte de la capacidad potencial que tiene el sistema y no de la existencia real y actual del acueducto, por esta razón es que en este balance no se está sumando aún este caudal.” (lo destacado es propio). Una vez aprobado el diseño del proyecto por parte de AyA, corresponde a la ASADA de Pénjamo como operador delegado de la prestación del servicio, la construcción de la mejora para la interconexión de la naciente Nombre79479 al acueducto con lo cual se aumentará la capacidad hídrica real y actual. CUARTO. No nos consta y no es cierto. No nos consta lo referido por la recurrente en este hecho respecto de supuestas interrupciones en el servicio prestado por la ASADA de Pénjamo. Se reitera que no es cierto lo referido por la recurrente respecto de que el informe de balance hídrico UEN-GAR-2019-01873 de fecha 22 de mayo del 2019 (ver prueba 02) concluya que el acueducto administrado por la ASADA de Pénjamo presente una falta de capacidad hidráulica sino una falta de capacidad hídrica. Tal y como fue referido en la respuesta del hecho tercero, el AyA ha realizado las gestiones que le corresponden en cuanto a la asignación de caudal de las Nacientes Nombre79478 2, Nombre79478 3 y Nombre79479 conforme dispone el artículo 42.a) del Reglamento de ASADAS, que dispone: “Artículo 42. - Gestión Ambiental del Recurso Hídrico. Las ASADAS velarán y participarán en la ejecución de acciones para la preservación, conservación y protección del recurso hídrico, así como el aprovechamiento racional de las aguas. Para tal efecto, deberá coordinar con las instituciones involucradas en la materia y llevar a cabo las siguientes acciones: a. Registro de fuentes y caudal ante la Dirección de Aguas del MINAE: La ASADA conforme formulario dispuesto para ello, deberá presentar ante la Subgerencia de Acueductos Comunales del AyA, la solicitud de registro de fuentes y caudal requerido para el abastecimiento de la comunidad abastecida. La Subgerencia de Acueductos Comunales del AyA procederá a abrir el expediente y publicará el edicto en la Gaceta sobre la solicitud dando plazo de un mes a partir de la publicación. Concluido lo anterior, realizará el análisis respectivo y remitirá informe con copia del expediente completo a la Dirección de Aguas de MINAE, que procederá a su valoración y a emitir la resolución para firma del Ministro. (…)” No nos consta lo referido por la recurrente respecto de aumentos en la presión del servicio ni tampoco, que, a causa de ello, se hayan presentado fallas en la cloración que le provocaron enfermedades como diarrea. Tampoco nos consta que lo aludido por la recurrente respecto de una supuesta sobreexplotación de las Nacientes Nombre79478 y Nombre47291 por parte de la ASADA de Pénjamo que ponen en riesgo el medio ambiente, situación que -en todo caso-, escapa de las competencias legales de AyA. CONSIDERACIONES DE DERECHO El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no ha violentado derecho constitucional alguno de la recurrente. El Estado ha delegado parte de sus competencias en forma exclusiva al AyA, estas competencias se refieren a la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, lo que nos lleva a concluir que este servicio público está nacionalizado. Lo anterior, encuentra fundamento en que estos servicios son servicios públicos esenciales (véase el dictamen C-373-03 de 26 de noviembre del 2003 y múltiples votos de la Honorable Sala Constitucional que establecen el acceso al agua potable como derecho fundamental), lo que significa que el AyA, las Municipalidades y empresas autorizadas por ley son los únicos que tienen competencia para la prestación directa de servicios públicos o aquellas entidades privadas (ASADAS) en quienes el AyA ha delegado su prestación (prestación indirecta de servicios públicos). La prestación del servicio en la comunidad de Pénjamo es brindada por la Asociación Administradora de Pénjamo de Florencia, cédula jurídica CED43480 la cual suscribió convenio de delegación con AyA el 08 de enero del 2008 (ver prueba 01). De la respuesta de los hechos formulada por la ORAC Huetar Norte, queda claro que AyA no ha transgredido los artículos 11, 21, 28, 50 y 56 constitucional como es aludido por la recurrente. En relación con el artículo 21, la Constitución Política establece el derecho a la vida. Al respecto, refiere la recurrente que “(…) la sobreexplotación del recurso hídrico amenaza con la disponibilidad de agua para mi uso personal y familiar, configurando una afectación indirecta a mi patrimonio y derecho a la vivienda digna. Asimismo, pone en peligro inminente mi vida al privarme de un recurso vital como el agua potable en condiciones seguras y afecta mi derecho a la salud (…)”. Tal y como fue referido, a este Instituto no le constan las supuestas interrupciones en el servicio prestado por la ASADA de Pénjamo que alega la recurrente. En el escrito de interposición no se aporta ninguna prueba ni indicio alguno (denuncias, fechas, etc.) al respecto, por lo que corresponde a una simple manifestación de la Sra. Nombre79476 sin ningún tipo de respaldo y, por ende, no existe justificación alguna para tener por demostrada la existencia una violación al derecho a la vida de la recurrente por parte de AyA en cuanto al extremo aludido. En relación con la supuesta violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado establecido en el artículo 50 de la Constitución Política alude que: “(…) la expansión no autorizada del sistema de acueducto genera un riesgo de contaminación y agotamiento de las fuentes hídricas afectando el ecosistema local visible (…)”. El AyA no ha autorizado expansión alguna del acueducto administrado por la ASADA de Pénjamo. De las respuestas a los hechos y las pruebas que se aportan ha quedado evidenciado que desde el año 2019 y hasta la fecha (ver pruebas 02 y 04), se han realizado las valoraciones técnicas requeridas y se han emitido las recomendaciones correspondientes a la ASADA respecto de la no emisión de constancias de disponibilidades de servicios ni conecte nuevos servicios permanentes debido a la falta de capacidad hídrica del acueducto. Tal y como señala la recurrente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.f) del Reglamento de ASADAS, dichas recomendaciones son de carácter vinculante: “Artículo 37. Obligaciones y derechos de AyA. El AyA está obligado a intervenir en todos los aspectos relacionados con la prestación de los servicios brindados por las ASADAS. Para tales efectos, le corresponde atender las siguientes funciones: (…) f. Asesorar: Ofrecer asesoría técnica, administrativa, legal, comercial, social, y ambiental desde el punto de vista de rectoría a las ASADAS, dándoles la orientación adecuada a las acciones que debe realizar. Las recomendaciones dadas a las ASADAS en los procesos de asesoría serán de acatamiento obligatorio.” (lo destacado es propio). De lo anterior, queda claro que existe una imposibilidad técnica para brindar nuevos servicios y nuevas constancias disponibilidades de servicio de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Pénjamo. En relación con las imposibilidades técnicas o materiales, en sentencia número 07779-2019 de las nueve horas y quince minutos del tres de mayo del dos mil diecinueve, la Sala Constitucional ha manifestado lo siguiente: “(…) III.- SOBRE LAS IMPOSIBILIDADES TÉCNICAS QUE OBSTACULIZAN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Este Tribunal ha señalado en reiteradas ocasiones que la imposibilidad técnica, jurídica o formal para dotar el servicio de agua potable no es violatorio de derechos fundamentales; y que resulta razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. Por supuesto, las autoridades encargadas tienen la obligación de ir expandiendo su infraestructura para garantizar a la población el acceso al servicio, pero mientras queden vacíos resulta indispensable la colaboración de los interesados. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en una imposibilidad jurídica o material; se descarta la violación de derechos fundamentales (véanse las sentencias 2010- 001516, 2017-6701, 2007-11190, y 2006-014218, entre otras)”. Es evidente que el AyA no ha violentado el derecho al acceso al agua potable de la recurrente ni el principio de legalidad, puesto que, en su rol de ente rector, ha emitido las recomendaciones e indicaciones técnicas que le competen, con la finalidad de no poner en riesgo la sostenibilidad el servicio para los actuales y futuros usuarios. Los artículos 28.c) y 46 del Reglamento de ASADAS disponen en lo que interesa, lo siguiente: “Artículo 28. - Obligaciones y derechos de las ASADAS. En relación con la prestación de los servicios delegados a las ASADAS, estas organizaciones comunales están obligadas a brindar y velar por la adecuada prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales en la zona de su competencia. Para tales efectos, cuenta con las siguientes obligaciones y derechos: (…) c. Acceso a los Servicios: Otorgar los servicios públicos en forma eficiente, igualitaria y oportuna a todas las personas usuarias, sin distinciones de ninguna naturaleza, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos para tal efecto y entendiendo el acceso al agua potable y al saneamiento de las aguas residuales, como derechos humanos fundamentales para la vida y la salud. (…). Artículo 46. Otorgamiento de Servicios. La ASADA deberá llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar que todas las nuevas o futuras conexiones de servicios a los sistemas, se otorguen de acuerdo con sus capacidades hídrica e hidráulica. (…)” (lo destacado es propio) De lo anterior se extrae que corresponde a la ASADA de Pénjamo y no al AyA, la emisión de constancias de disponibilidad de nuevos servicios (positivas o negativas) así como la autorización de nuevas conexiones permanentes, para lo cual debe el operador delegado debe realizar un análisis de factibilidad técnica que en todo tiene que ajustarse a las recomendaciones emanadas por parte de este Instituto. Aunado a lo anterior, tal y como ha quedado evidenciado en la respuesta de los hechos tercero y cuarto y con las pruebas que se aportan (ver pruebas 03 y 04), el AyA ha realizado las gestiones que competen en cuanto al trámite y solicitud de asignación de caudal de las Nacientes Nombre79478 2, Nombre79478 3 y Nombre79479 ante la Dirección de Aguas, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 42.a) del Reglamento de ASADAS: “Artículo 42. - Gestión Ambiental del Recurso Hídrico. Las ASADAS velarán y participarán en la ejecución de acciones para la preservación, conservación y protección del recurso hídrico, así como el aprovechamiento racional de las aguas. Para tal efecto, deberá coordinar con las instituciones involucradas en la materia y llevar a cabo las siguientes acciones: a. Registro de fuentes y caudal ante la Dirección de Aguas del MINAE: La ASADA conforme formulario dispuesto para ello, deberá presentar ante la Subgerencia de Acueductos Comunales del AyA, la solicitud de registro de fuentes y caudal requerido para el abastecimiento de la comunidad abastecida. La Subgerencia de Acueductos Comunales del AyA procederá a abrir el expediente y publicará el edicto en la Gaceta sobre la solicitud dando plazo de un mes a partir de la publicación. Concluido lo anterior, realizará el análisis respectivo y remitirá informe con copia del expediente completo a la Dirección de Aguas de MINAE, que procederá a su valoración y a emitir la resolución para firma del Ministro. (…)”. Dado que ya se cuenta con los caudales debidamente inscritos a favor de la ASADA de Pénjamo y las Nacientes Nombre79478 2 y Nombre79478 3 interconectadas al acueducto, corresponde que la ASADA de Pénjamo realice las gestiones para presentar un proyecto de interconexión de la naciente Nombre79479 al acueducto, el cual debe ser revisado y eventualmente aprobado por AyA de previo a su construcción, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 del Reglamento de ASADAS y el artículo 21 de la Ley Constitutiva de AyA. Alega la recurrente en su escrito que ha existido una supuesta “omisión en el control” por parte de AyA, pero como bien fue referido en la respuesta de los hechos, a partir de una imagen aérea de Google Earth no se puede tener por demostrado con absoluta certeza que la ASADA de Pénjamo ha conectado nuevos servicios ni otorgado nuevas constancias de disponibilidad de servicios. Se reitera que Google Earth no es una fuente de información oficial y que las estructuras (techos) que se observan en las imágenes, podrían corresponder a ampliaciones de edificaciones existentes (que no requieren nuevos servicios ni nuevas disponibilidades de servicios) o bien, a edificaciones nuevas que no requieren abastecimiento de agua potable como por ejemplo galerones para resguardo de animales, bodegas para almacenar materiales, ranchos para usos varios, entre otros. La recurrente peticiona que se instruya a la ASADA de Pénjamo la realización de un “estudio de factibilidad actualizado por AyA”, sin embargo, tal y como se ha evidenciado en la respuesta de los hechos, existe un balance hídrico actualizado del año 2024 (ver prueba 05) confeccionado por parte de la ORAC Huetar Norte de AyA y debidamente comunicado al operador delegado, en el cual se reitera la condición de incapacidad hídrica del acueducto y la necesidad de que la ASADA presente un estudio técnico con el proyecto para interconectar la Naciente Nombre79479 al acueducto. También peticiona que se ordene a la ASADA de Pénjamo implementar “racionamiento equitativo”, respecto de lo cual se reitera, que la recurrente no aporta evidencia alguna que permita tener por acreditado que el servicio no se está brindando en condiciones de cantidad, calidad y continuidad, razón por la cual, es criterio de este Instituto que no existe un fundamento técnico para implementar abastecimientos controlados. Por último, la recurrente solicita a la Honorable Sala que imponga una medida cautelar respecto de una “intervención provisional” del AyA en el acueducto. Al respecto, se hace necesario referir lo dispuesto en el artículo 37.f) del Reglamento de ASADAS dispone que: “El AyA podrá ejecutar procesos de intervención temporal o definitiva en la prestación de los servicios ofrecidos por las ASADAS, con el fin de normalizar las situaciones que impidan una adecuada gestión de los servicios públicos, cuando concurran las causas establecidas en este Reglamento.” (lo destacado es propio). De lo anterior se extrae que la intervención temporal o definitiva de un acueducto por parte de este Instituto, corresponde a un asunto de legalidad, pues es una decisión en sede administrativa que compete a la Junta Directiva de AyA previa determinación de que concurre una o varias de las causales establecidas en el Reglamento de ASADAS y que existe justificación técnica, administrativa y financiera contable, que así eventualmente lo respalde. Con respecto a la aludida violación al artículo 56 constitucional, el mismo refiere al derecho al trabajo, sobre el cual, en el escrito no se acredita que este Instituto haya realizado acción u omisión con base la cual se pueda determinar dicha transgresión.”.

4.- Contesta FRESSIA PATRICIA GUZMAN MENA, en su condición de presidenta y representante legal de la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PÉNJAMO DE FLORENCIA, quien indica lo siguiente: “… PRIMERO: No nos consta la fecha exacta en que dicha Señora Adquirió su prevista de agua, ya que la Asociación como tal se constituyó y nació a la vía jurídica el 25/01/2004, (ver certificación de personería que consta en autos) por lo cual se desconoce totalmente de qué forma se le ofreció su servicio de agua, si refiere que el mismo data de 1999, sin embargo en ningún momento sus derechos adquiridos se han violentado, ya que el recurso hídrico del sistema del acueducto se ha venido brindando de forma continua y estable, por igual a todos los usuarios y vecinos de la comunidad sin ningún tipo de distingo o favorecimiento, sin importar la fechas en que se ha empezado a ser usuarios del servicio público. SEGUNDO: Es cierto en parte, es cierto que existe oficio UEN-GAR-2019-01873, Emitido por el A y A, dirigido a la Junta Directiva de la Asada de Pénjamo, como es cierto que esta Junta Directiva inicio labores en marzo del 2024, (pese haber sido electa en enero del 2024, la Junta anterior se negaba a dejar los cargos) ha seguido los lineamientos y asesorías del A y A, y las labores administrativas y operativas realizadas han sido orientadas a cumplir con las recomendaciones dictadas por la A Y A, el Ministerio de Salud e instituciones que velan por el buen funcionamiento del acueducto. Dicho oficio realizaba una recomendación sobre el sistema del acueducto de dicha época, véase que es del año 2019, las diferentes administraciones que han pasado por el acueducto y la actual, se han encargado de realizar diversas mejoras que beneficien la prestación del servicio entre ella inscribir nuevas fuentes de agua a la fecha se han inscrito 3 fuentes más, también se han realizado mejoras en las captaciones con cajas de registro nuevas, así como la instalación de tanques de almacenamiento, en las dos principales fuentes sean Nombre47291 que recoge el recurso hídrico de las naciones concesionadas en ese sector, como en las fuentes Nombre79478 que también reúne varias pequeñas captaciones concesionadas, se realizó un estudio técnico (pendiente de aprobación). Como vemos la prioridad de la ASADA ha sido orientada a optimizar la red, mejorar la calidad del servicio y planificar el crecimiento futuro, las fuentes y las concesiones están formalmente autorizados, garantizando seguridad jurídica e hídrica a los usuarios. Que al ser un acueducto Rural de un pequeño caserío si debe mejorar en gran medida pero también sin comprometer el recurso hídrico, ni económico, muchas de las observaciones que apunta dicho informe del oficio no se ajustan en un todo a la realidad actual, ya que como se dijo se han efectuado una serie de mejoras. La recurrente hace una interpretación errónea de muchos de los puntos analizados en dicho oficio y las apreciaciones realizadas por ella no son correctas, los parámetros que ella indica en su recurso no son apegados a la realidad ni con el criterio que fueron propuestos, y aludidos, se da una inicua interpretación del oficio y los datos enunciados en él, así como las recomendaciones. TERCERO: Argumenta la recurrente Nombre79476, que pese a existir una recomendación de no otorgar más disponibilidades de agua la Asada lo ha seguido haciendo, situación que no es cierto, por lo menos esta Junta Directiva se ha cuidado de no faltar con esta recomendación, a la fecha se ha limitado únicamente a renovar las cartas que están en plazo según el reglamento para renovarse, por otro parte no quiero dejar pasar el hecho, ni dejar de mencionar que parece extraño que sea hasta este momento que dicha señora Nombre79476 se preocupe de esta situación, cuando la Junta Directiva Anterior presidida por su Esposo el Señor Deivis Rodríguez Alfaro (presidente del 06 de junio del 2021 hasta el 31 de enero 2024) quien si incumplió con dicha recomendación; Tanto es así que al momento en que la actual junta Directiva Asume el cargo debe enfrentar una serie de denuncias y quejas por este motivo, ya que no solo incumplió con la recomendación no de dar disponibilidades de agua; sino que también cobro sumas de dinero por emitir las disponibilidades de agua, situación que es prohibida y que la actual junta directiva debió judicializar al denunciar ante la fiscalía de Transparencia y probidad, (ver expediente 24-000003- 1669-PE y ver GSD-UEN-GAR-2024-00370 DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2024) Con respecto a lo que indica la señora de las nuevas disponibilidades otorgadas por nuestra actual junta directiva es totalmente falso y solo tenemos conocimiento de los casos ya denunciados ante la fiscalía, además las pruebas que aporta la recurrente carecen de certeza y veracidad, por lo que no puede tenerse por cierto lo indicado por ella de que actualmente se están dando más servicios. CUARTO: No es cierto lo que refiere la recurrente de riesgos concretos para su persona, como se indicó la actual junta directiva ha realizado una serie de mejoras que permite dar un efectivo aprovechamiento del Recurso hídrico concesionado, a la fecha los aforos están ajustados a la capacidad máxima a aprovechar, se cuenta con almacenamiento, líneas de conducción mejoradas, sistema de cloración y sello de calidad entre otros. La recurrente alega que la escasez crónica de agua potable en la comunidad afecta gravemente la calidad de vida de los habitantes de la comunidad, incrementando los riesgos sanitarios y, por ende, el impacto ambiental negativo. La ASADA, en su carácter de prestadora del servicio de agua potable, ha tratado de mejorar en todo lo posible, que no se den interrupciones en el suministro, tampoco exista sobreexplotación de las nacientes, ni riesgo para la salud de los habitantes, La Escasez Crónica de Agua Potable se refiere a falta persistente de agua potable suficiente para satisfacer las necesidades básicas de la población, tanto en cantidad como en calidad, circunstancia que no se está dando en nuestra comunidad, ya que solo una vecina es la que se queja, (la recurrente Nombre79476) no existen denuncias masivas o quejas de suspensiones regulares del servicio de agua, si se ha tenido que suspender ha obedecido al mantenimiento regular o alguna avería esporádica circunstancia totalmente normal en una acueducto. Riesgo Sanitario, No se han presentado casos de contaminación u otra enfermedad, en la comunidad, no hay reporte alguno por parte del área de salud de algún inconveniente generado por el servicio de agua potable de nuestro acueducto en el caserío. No existe una escases crónica de agua, ni riesgo sanitario, es ayuno el recurso de prueba que respalde estos argumentos de la señora Nombre79476, no presenta ningún documento o prueba que demuestre por cierto estos hechos, no son más que supuestos, sin fundamento real, expectativas mal infundadas. Impacto ambiental Habla la recurrente de sobreexplotación de las nacientes Nombre79478 y Nombre47291, que amenaza la sostenibilidad del ecosistema local, pero no presenta prueba alguna de tal situación, no valora los trabajos de mantenimiento y mejoras que se han realizado en dicha fuentes, en cómo se ha tratado de proteger y mejorar las captaciones sin afectar su ecosistema y sin alterar el medio ambiente. La ASADA considera que, aunque existen dificultades o deficiencias en el acueducto, la entidad ha realizado esfuerzos continuos para mejorar la situación. Además, no se cuenta con elementos suficientes que demuestren la falta de cumplimiento de la normativa vigente que garantice el acceso al agua potable en condiciones mínimas de calidad. De acuerdo con los análisis realizados por expertos en la materia, no se considera que se esté dando un estado de escasez que pueda considerarse crónica en términos jurídicos, ya que está dentro de lo previsto por las variaciones naturales y los ciclos climáticos. Además la ASADA ha establecido un sistema de monitoreo de calidad del agua, con controles periódicos sobre los niveles de contaminantes y la desinfección de las fuentes de agua; negamos que exista un riesgo sanitario grave derivado de la falta de agua potable. Los controles realizados han asegurado que el agua distribuida cumpla con los estándares de calidad establecidos por las autoridades sanitarias y sello de calidad. Podemos concluir que la ASADA actualmente si cuenta con infraestructura suficiente y una concesión sólida, para cumplir cabalmente con el compromiso de los usuarios existentes, los tanques con que se cuenta nos permiten almacenamiento regulado, asegurando continuidad durante mantenimientos o cortes temporales, no se puede asegurar que existe escases ya que actualmente en la naciente Nombre47291 y dos tanque uno de 100 m3 y otro de 22 m3 y en la fuente Nombre79478 hay dos tanques de 22 m3, no existen como se dijo líneas anteriores un desabastecimiento del servicio, racionamientos o suspensiones continuar y programadas, no se está faltando a los compromisos, sobre todo al de la recurrente que dice que su servicio es antes del nacimiento jurídica de la ASADA.”.

5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I.- SOBRE EL AMPARO CONTRA SUJETOS DE DERECHO PRIVADO. De previo a la valoración del fondo del presente asunto, debe indicarse que la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 57, dispone que el recurso de amparo procede contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, pero únicamente cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a), de la misma Ley. En el caso concreto se estima que el recurso es admisible respecto del sujeto de derecho privado, por cuanto en la situación que se pone en conocimiento de esta Sala se evidencia que la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PÉNJAMO DE FLORENCIA, se encuentra en una posición de poder, frente a la cual los remedios jurisdiccionales ordinarios son insuficientes o tardíos para garantizar los derechos fundamentales de la parte tutelada.

II.- CUESTIÓN PREVIA REFERENTE AL DERECHO A UNA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. En cuanto a este asunto también se recurre contra un sujeto de derecho público, antes de analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-2545 de las 08:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la supuesta demora en la atención de una denuncia por violación de aducidos derechos adquiridos sobre disponibilidad de agua otorgada en 1999. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

III.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y la ASADA de Pénjamo, alegando la afectación de sus derechos adquiridos sobre la disponibilidad de agua otorgada en 1999 (Disponibilidad No. 9769). Sostiene que, pese al informe técnico del ICAA del 22 de mayo de 2019 —el cual determinó que el acueducto carece de capacidad hidráulica para admitir nuevos servicios y ordenó suspender toda conexión adicional— la ASADA ha continuado otorgando numerosas conexiones irregulares, superando las 550, sin realizar estudios de factibilidad ni ampliar fuentes de abastecimiento. Afirma que este crecimiento descontrolado del número de usuarios ha generado un déficit estructural en el sistema, provocando racionamientos frecuentes, riesgo sanitario por posible falla en los procesos de potabilización y afectación ambiental por sobreexplotación de las nacientes. Sostiene que tales actuaciones vulneran su derecho a un servicio continuo y seguro de agua potable y comprometen la disponibilidad que le fue reconocida desde 1999.

IV.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

        En cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

a)   El 08 de enero de 2008, la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Pénjamo de Florencia (ASADA de Pénjamo), cédula jurídica CED43480, suscribió con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados un convenio de delegación para la administración y operación del sistema de abastecimiento de agua potable (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

b)   El 22 de mayo de 2019, la Unidad de Estudios y Normas de Gestión de Acueductos Rurales (ORAC Huetar Norte) emitió el oficio UEN-GAR-2019-01873 dirigido a la Junta Directiva de la ASADA de Pénjamo. Dicho oficio contiene un balance hídrico del acueducto administrado por la ASADA, elaborado con base en la producción (aforos críticos) de las nacientes Nombre79478 y Nombre47291 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

c)    En el balance hídrico del 22 de mayo de 2019, AyA concluyó que existía un déficit de caudal crítico de las nacientes Nombre79478 y Nombre47291 respecto de la demanda del acueducto para ese año, recomendando expresamente la suspensión de la emisión de nuevas constancias de disponibilidad de servicios (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

d)   El balance hídrico del 22 de mayo de 2019 no contiene declaraciones sobre déficit de almacenamiento vinculado a 5, 10, 15 o 20 nuevas conexiones; la numeración señalada en ese documento corresponde a períodos de diseño en años, no a cantidad de servicios (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

e)    El informe del 22 de mayo de 2019 recomendó a la ASADA de Pénjamo la búsqueda de nuevas fuentes de agua para aumentar la capacidad hídrica del acueducto y no la capacidad hidráulica (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

f)     El 19 de diciembre de 2022, mediante memorando GSD-UEN-GAR-2022-05019, la ORAC Huetar Norte solicitó ante la Dirección de Aguas del MINAE la inscripción de nuevos caudales a favor de la ASADA de Pénjamo, correspondientes a tres nacientes: Nombre79479 (4.95 l/s), Nombre79478 2 (3.91 l/s), Nombre79478 3 (0.67 l/s) (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

g)   El 08 de agosto de 2024, la Dirección de Aguas del MINAE emitió la resolución DA-1857-2024, en la cual asignó a favor de la ASADA de Pénjamo los siguientes caudales: 3.95 l/s de la naciente Nombre79479, 3.18 l/s de la naciente Nombre79478 2, 0.54 l/s de la naciente Nombre79478 3; para un total de 7.67 l/s. (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

h)   A la fecha de emisión del informe de AyA, las nacientes Nombre79478 2 y Nombre79478 3 se encontraban ya interconectadas al acueducto administrado por la ASADA de Pénjamo (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

i)     El 12 de diciembre de 2024, mediante memorando GSD-UEN-GAR-2024-05351, la ORAC Huetar Norte comunicó a la ASADA de Pénjamo la actualización del balance hídrico para el año 2024. En dicho documento se concluyó que el acueducto seguía sin contar con capacidad hídrica suficiente en ninguno de sus dos sistemas, aun con las nuevas fuentes parcialmente incorporadas (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

j)     En el memorando del 12 de diciembre de 2024, AyA recomendó a la ASADA de Pénjamo presentar un estudio técnico con el diseño del proyecto para interconectar plenamente la naciente Nombre79479 al acueducto, así como obras adicionales de almacenamiento en el sistema Riggioni, a fin de aumentar la capacidad hídrica y eventualmente permitir la emisión de nuevas constancias de disponibilidad de agua (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

k)   El AyA evidenció con base en el balance hídrico actualizado al 2024, que la capacidad hídrica actual del acueducto no permite emitir nuevas disponibilidades ni autorizar nuevas conexiones permanentes (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

l)     El AyA ha realizado las gestiones que le competen respecto del registro e inscripción de caudales de las nacientes Nombre79478 2, Nombre79478 3 y Nombre79479, conforme al artículo 42.a) del Reglamento de ASADAS (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

m)El AyA informó que la interconexión de la naciente Nombre79479 al acueducto requiere la presentación y aprobación previa —ante AyA— del proyecto respectivo, en cumplimiento del artículo 45 del Reglamento de ASADAS y del artículo 21 de la Ley Constitutiva de AyA (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

n)   No consta ante AyA evidencia de interrupciones en el servicio ni de fallas en la cloración atribuibles a la ASADA de Pénjamo (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

o)   No consta ante AyA prueba oficial que demuestre que la ASADA de Pénjamo haya otorgado nuevas conexiones entre 2019 y 2025, por cuanto las imágenes satelitales aportadas provienen de “Google Earth” -herramienta que no constituye fuente oficial y cuyas imágenes no permiten identificar si las estructuras corresponden a nuevas edificaciones o meras ampliaciones sin conexión adicional- (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

        En cuanto a la Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado de Pénjamo.

a)   El 25 de enero de 2004, se constituyó jurídicamente la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de Pénjamo de Florencia (ver contestación y prueba adjunta).

b)   En 2019, el AyA emitió el oficio UEN-GAR-2019-01873 dirigido a la Junta Directiva de la ASADA de Pénjamo, con recomendaciones sobre el sistema del acueducto (ver contestación y prueba adjunta).

c)    Del 06 de junio de 2021 al 31 de enero de 2024, Deivis Rodríguez Alfaro fungió como presidente de la Junta Directiva anterior de la ASADA (ver contestación y prueba adjunta).

d)   En enero de 2024 se eligió una nueva Junta Directiva de la ASADA de Pénjamo (ver contestación y prueba adjunta).

e)    El 01 de febrero de 2024, consta el documento GSD-UEN-GAR-2024-00370 del AyA relacionado con denuncias sobre la emisión de disponibilidades de agua por la Junta anterior (ver contestación y prueba adjunta).

f)     En 2024 se judicializaron hechos vinculados a la gestión de la Junta anterior, con la denuncia ante la Fiscalía de Probidad y Transparencia bajo el expediente 24-000003-1669-PE (ver contestación y prueba adjunta).

g)   En marzo de 2024, la nueva Junta Directiva asumió funciones efectivas en la ASADA de Pénjamo (ver contestación y prueba adjunta).

h)   Desde la asunción de la nueva Junta (marzo de 2024 en adelante) la ASADA sigue lineamientos y asesorías del AyA y del Ministerio de Salud para la operación del acueducto (ver contestación y prueba adjunta).

i)     A la fecha, la ASADA reporta la inscripción de tres fuentes adicionales de agua y la ejecución de mejoras en captaciones (cajas de registro), líneas de conducción, sistemas de cloración y almacenamiento (ver contestación y prueba adjunta).

j)     En el sistema asociado a la naciente Nombre47291 la ASADA dispone de dos tanques de almacenamiento de 100 m³ y 22 m³; en el sistema Riggioni, de dos tanques de 22 m³ cada uno (ver contestación y prueba adjunta).

k)   La ASADA mantiene un sistema de monitoreo de la calidad del agua y refiere contar con “sello de calidad” sanitario vigente (ver contestación y prueba adjunta).

l)     La actual Junta Directiva no ha otorgado nuevas disponibilidades de agua, limitándose a renovar cartas dentro del plazo reglamentario y que no existen racionamientos continuos, ni suspensiones programadas del servicio (ver contestación y prueba adjunta).

m)Existe un estudio técnico elaborado por la ASADA para la mejora e interconexión del sistema, pendiente de aprobación por la autoridad competente (ver contestación y prueba adjunta).

V.- EN CUANTO AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS: Del análisis integral del escrito de interposición, del informe rendido bajo juramento por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) —al cual se le reconoce el valor probatorio previsto en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional— y de la prueba documental incorporada al expediente electrónico, este Tribunal concluye que no se configura violación alguna a los derechos fundamentales de la parte recurrente atribuible al AyA.

En efecto, consta que el 08 de enero de 2008 la ASADA de Pénjamo suscribió con el AyA un convenio de delegación para la administración, operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable, circunstancia que determina que la prestación directa del servicio en la comunidad corresponde al operador delegado, bajo la rectoría técnica del Instituto. Asimismo, se encuentra acreditado que el 22 de mayo de 2019 la ORAC Huetar Norte emitió el oficio UEN-GAR-2019-01873, en el cual realizó un balance hídrico del sistema con base en los aforos críticos de las nacientes Nombre79478 y Nombre47291, concluyendo en la existencia de un déficit de caudal crítico en relación con la demanda y recomendando expresamente la suspensión de nuevas disponibilidades de servicio. El mismo informe aclaró que la numeración 5, 10, 15 y 20 correspondía a períodos de diseño y no a nuevas conexiones y que las recomendaciones se dirigían a aumentar la capacidad hídrica y no la capacidad hidráulica, como erróneamente interpretó la parte actora.

Lejos de permanecer inactivo, el Instituto demostró haber ejercido sus competencias de rectoría y acompañamiento técnico, en estricto apego a su marco legal. Así, el 19 de diciembre de 2022 gestionó ante la Dirección de Aguas del MINAE la inscripción de nuevas fuentes para incrementar la oferta hídrica, lo que derivó en la emisión de la resolución DA-1857-2024 del 08 de agosto de 2024, mediante la cual se asignaron formalmente caudales por un total de 7,67 l/s a favor de la ASADA. Consta además que, para la fecha del informe institucional, las nacientes Nombre79478 2 y Nombre79478 3 habían sido interconectadas al sistema. Posteriormente, en el memorando GSD-UEN-GAR-2024-05351 del 12 de diciembre de 2024, la ORAC Huetar Norte actualizó el balance hídrico, concluyendo que el acueducto continuaba sin contar con capacidad hídrica suficiente y recomendando expresamente la presentación de un estudio técnico y de un proyecto de interconexión plena de la naciente Nombre79479 y de ampliación de almacenamiento, cuya aprobación corresponde al propio Instituto de conformidad con los artículos 21 de la Ley Constitutiva del AyA y 45 del Reglamento de ASADAS.

En ese contexto, se acredita que el AyA ha atendido las obligaciones que le impone la normativa regulatoria: ha evaluado técnicamente el sistema, ha emitido recomendaciones vinculantes, ha gestionado la ampliación de fuentes de abastecimiento, ha actualizado el balance hídrico del sistema y ha orientado al operador delegado sobre los pasos técnicos necesarios para superar la insuficiencia hídrica. Ello evidencia un actuar diligente, razonable y conforme con el principio de legalidad. Por el contrario, la parte recurrente no aportó prueba idónea que permita demostrar una interrupción anormal del servicio, fallas en los procesos de potabilización o situaciones de riesgo sanitario atribuibles al Instituto; ni tampoco existe evidencia oficial de que la ASADA haya otorgado nuevas conexiones después de 2019, pues las imágenes satelitales de Google Earth carecen de valor demostrativo en cuanto a la existencia de nuevos servicios y no constituyen un medio oficial para verificar conexiones.

Este Tribunal recuerda que, conforme a reiterada jurisprudencia, la imposibilidad técnica o material derivada de la insuficiencia hídrica no constituye, por sí sola, una violación de derechos fundamentales cuando la autoridad actúa dentro de parámetros objetivos, debidamente motivados y orientados a la sostenibilidad del servicio. En el sub lite, la actuación del AyA se ha ajustado íntegramente a dicho estándar: identificó un déficit hídrico con fundamento técnico, emitió recomendaciones obligatorias, tramitó la inscripción de caudales adicionales y estableció las condiciones necesarias para autorizar futuras ampliaciones del servicio. Lo anterior descarta la existencia de arbitrariedad, omisión injustificada o afectación actual al derecho de la recurrente que pueda ser imputable al ente rector.

En consecuencia, al no acreditarse un acto u omisión vulnerador de derechos fundamentales atribuible al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y constatado que las limitaciones verificadas obedecen a razones técnicas objetivas y atendidas por la autoridad dentro del marco de sus competencias, procede declarar sin lugar el recurso de amparo en cuanto a esta institución.

VII.- EN CUANTO A LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PÉNJAMO DE FLORENCIA. Del análisis integral del escrito de interposición, de la contestación rendida la representante de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de Pénjamo de Florencia y de la prueba documental incorporada al expediente electrónico, este Tribunal concluye que no se acredita violación alguna a los derechos fundamentales alegados por la parte accionante atribuible a dicha Asociación.

En primer término, consta que la ASADA se constituyó jurídicamente el 25 de enero de 2004, de modo que no le es atribuible —por ausencia de existencia jurídica— cualquier actuación previa a esa fecha, incluida la disponibilidad de agua que afirma haber adquirido la recurrente en 1999. Ciertamente, la existencia de una supuesta disponibilidad, anterior a la creación formal de la ASADA carece de sustento documental en autos y en todo caso, la sola alegación de un derecho adquirido no genera, por sí misma, prioridad absoluta frente al resto de usuarios ni habilita a reclamar condiciones técnicas que excedan la capacidad real del sistema.

Por otra parte, se encuentra acreditado que, a partir de marzo de 2024 la nueva Junta Directiva asumió funciones efectivas y ha seguido los lineamientos y asesorías impartidos por el AyA y el Ministerio de Salud para la operación regular del acueducto. De la prueba rendida se desprende que dicha Junta ha orientado su gestión a implementar mejoras en la infraestructura, tales como la inscripción de tres nuevas fuentes de agua, la rehabilitación de captaciones mediante cajas de registro, la instalación de tanques de almacenamiento, la mejora de líneas de conducción y la operación de un sistema de cloración y monitoreo de calidad del agua, lo cual evidencia una actuación diligente y acorde con los deberes de un operador delegado.

Tampoco se acreditó, con prueba idónea, que la actual Junta Directiva haya otorgado nuevas disponibilidades o conexiones permanentes en contravención de las recomendaciones emitidas por el AyA en 2019. Por el contrario, la ASADA informó que únicamente ha procedido con renovaciones dentro de los plazos reglamentarios, negando categóricamente la emisión de nuevas disponibilidades. Asimismo, señaló que los hechos irregulares vinculados a la administración anterior fueron oportunamente denunciados ante el Ministerio Público y se encuentran bajo investigación en el expediente 24-000003-1669-PE, lo cual descarta la imputación de responsabilidad a la Junta actual por actuaciones pasadas.

En cuanto a las condiciones del servicio, no consta prueba que permita verificar la existencia de racionamientos continuos, suspensiones programadas o fallas sistemáticas en la potabilización del agua. La ASADA mantiene un sistema de monitoreo de la calidad del agua y refirió contar con sello sanitario vigente, sin que la recurrente aportara evidencia técnica o pericial que permita acreditar riesgo sanitario, contaminación o escasez crónica en términos jurídicos. La sola referencia a eventuales afectaciones o percepciones personales, sin sustento documental no constituye prueba suficiente para acreditar la lesión constitucional alegada.

Por último, consta que existe un estudio técnico elaborado por la ASADA para la mejora e interconexión de fuentes y que dicho proyecto se encuentra pendiente de aprobación por la autoridad competente, lo que evidencia que la Asociación ha adoptado medidas orientadas a la sostenibilidad del sistema y a la atención progresiva de las limitaciones hídricas existentes. Tales actuaciones demuestran un comportamiento activo, razonable y conforme con sus deberes legales como operador delegado, lo cual excluye cualquier señalamiento de arbitrariedad u omisión injustificada.

En suma, la parte recurrente no acreditó mediante prueba objetiva y verificable, la existencia de una acción u omisión atribuible a la ASADA que haya provocado una afectación actual y concreta a sus derechos fundamentales. Por el contrario, del acervo probatorio se desprende que la Asociación ha actuado dentro del marco legal, siguiendo las directrices técnicas del AyA y ejecutando mejoras que tienden a optimizar el servicio. En tales condiciones, este Tribunal concluye que no existe fundamento para estimar el amparo interpuesto contra la ASADA de Pénjamo de Florencia, razón por la cual el recurso debe declararse sin lugar en cuanto a dicha Asociación.

VIII.- CONCLUSIÓN. Consecuentemente, se desestima el recurso, tal como se indica en la parte dispositiva de la presente resolución.

IX.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico..

X.-  VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO. En el sub examine, la parte accionante alega problemas de prestación del servicio de agua potable, en cuanto su continuidad. Sostiene que existe sobreexplotación de nacientes, riesgos sanitarios, afectación ambiental, amenazas para la salud de las personas y problemas de racionamientos.

Al respecto, consideramos que, tal y como ha ocurrido en otros asuntos en los que se han alegado afectaciones de magnitud considerable en la prestación del servicio de agua y otros problemas derivados de esta (por ejemplo el expediente nro. 20-004883-0007-CO), es imprescindible tener como parte a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos a los efectos de que se pronuncie sobre los hechos objeto de este recurso. Asimismo, en vista de que también se alegan problemas de salud pública y riesgo de enfermedades para las personas, estimamos pertinente pedir criterio al Ministerio de Salud.

En consecuencia, salvamos el voto y ordenamos continuar la tramitación del recurso a los efectos de que se solicite informe al regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y a la ministra de Salud Pública.

 XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y ordenan continuar la tramitación del recurso a los efectos de que se solicite informe al regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y a la ministra de Salud Pública.

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ana María Picado B.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 247J5ZSMPUAA61

EXPEDIENTE N° 25-031860-0007-CO

 

Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:54:04.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Exp:** 25-031860-0007-CO

**Res. No. 2025038559**

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the twenty-first of November, two thousand twenty-five.

An *amparo* action processed in case file No. 25-031860-0007-CO, filed by Nombre79476, identity card CED43479, against the ADMINISTRATIVE ASSOCIATION OF THE AQUEDUCT AND SANITARY SEWER OF PÉNJAMO and the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS.

**Whereas:**

1.- By writ received in the secretariat of this Chamber on October 15, 2024, the petitioner files an *amparo* action against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS and the ADMINISTRATIVE ASSOCIATION OF THE COMMUNAL AQUEDUCT AND SEWER OF CACAO AND CORDONCILLO OF VOLCÁN DE BUENOS AIRES DE PUNTARENAS. She states that in 1999 she acquired water availability No. 9769 for her property in Pénjamo de Florencia, granted by the Administrative Association of the Aqueduct and Sanitary Sewer (ASADA) of Pénjamo, which conferred upon her acquired rights over continuous and priority access to the water resource of the aqueduct system, in accordance with the regulations in force at that time (Water Law No. 276 and ICAA regulations). She indicates that this availability was based on the existing capacity of the system and guaranteed her a stable supply for her basic needs, as a legitimate and long-standing user. She explains that on May 22, 2019, the Rural Aqueduct Management Unit (UEN) of Studies and Standards of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) issued official letter No. UEN-GAR-2019-01873 addressed to the Administrative Board of the ASADA of Pénjamo. She notes that this report presents a detailed water balance calculation, based on the request for the springs (nacientes) Nombre79477 and Nombre47291 and concludes that the aqueduct system of the ASADA of Pénjamo lacks water availability and capacity for the production of new services: "According to the hydraulic calculation presented in the report (see attached table in Document No. 1), the system at that time had 406 existing connections, with an estimated consumption of 200 liters per connection per day, in accordance with AyA Technical Standard for design and supply of drinking water. This generates a flow demand of 3.06 l/s (liters per second). The maximum flow observed in the aqueduct was 5.93 l/s, but the real demand already required 1.08 l/s additional to meet the insufficient production, which implied a deficit of 1.79 l/s if more connections were to be added. The report expressly warns that, under scenarios of 5, 10, 15, or 20 new connections, the required storage volume would greatly exceed the current capacity (for example, for 20 new connections, 251.83 m3 would be required, when the available storage is only 168.93 m3 in the best case). This would generate pluvial consumption that would exceed the available flow, with an observed daily maximum of 5.93 l/s insufficient for the demand. Consequently, AyA recommends suspending the issuance of new services until a feasibility study is conducted to increase hydraulic capacity, and offers assistance and advice to evaluate possibilities for including new water sources. It is emphasized that the system cannot provide water from its current network without risk of collapse." She points out that, despite the ICAA's express and technical prohibition, the ASADA of Pénjamo has continued to grant new drinking water connections in an irregular and illegitimate manner. She asserts that, as of the day she files for *amparo*, the number of connected properties has exceeded 550 connections, which represents an increase of more than 144 additional properties compared to the 406 reported in 2019. She alleges that this omissive conduct, contrary to regulations, was previously reported by her, without the ASADA of Pénjamo having taken corrective measures. She asserts that the feasibility study ordered by ICAA has not been carried out, nor have new water sources been incorporated to mitigate the deficit. She argues that the foregoing is evidenced by the location of the ASADA and the significant increase in the number of residential buildings and structures from 2019 to 2025. She adds that the overreach of hydraulic capacity has generated frequent interruptions in the water supply, potential contamination of the resource due to overexploitation of the springs (nacientes), and an imminent risk to her health. Specifically: "Chronic scarcity: I face irregular rationing, which affects my access to drinking water as an essential good. Sanitary risk: Excessive pressure in the system increases the probability of failures in chlorination and filtration, exposing me to waterborne diseases (e.g., diarrhea). Environmental impact: The overexploitation of the springs (nacientes) Nombre79477 and Nombre47291 threatens the sustainability of the local ecosystem, violating the principle of sustainable development. As a user of the service administered by the ASADA of Pénjamo, I have personally suffered these effects, which prevents me from enjoying a safe and continuous drinking water service. This illegal conduct by the ASADA generates an imminent risk of water scarcity for me, since I depend on the aqueduct for my daily basic needs. These new connections are violating and putting at risk my rights acquired since 1999, by diluting the system's capacity and prioritizing irregular connections over my pre-existing availability." She considers that the described situation violates her fundamental rights. For the reasons stated, they request the intervention of the Chamber in the present matter.

2.- By resolution at 8:25 p.m. on October 24, 2025, the presidency of this Chamber admitted the present process.

3.- MARÍA JOSÉ CASTILLO LEÓN and RAFAEL BARBOZA TOPPING, in their order DEPUTY GENERAL MANAGER and DIRECTOR OF THE RURAL AQUEDUCT MANAGEMENT UEN, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, report under oath, stating the following: "... FIRST. We cannot attest. We cannot attest to what is stated in this fact regarding that the petitioner 'acquired a service availability (prevista)' in 1999. The Administrative Association of Pénjamo de Florencia, legal ID CED43480, did not sign a delegation agreement with AyA until January 8, 2008 (see exhibit 01). We also cannot attest that service availability (prevista) number 9769 is located on a property owned by the petitioner, nor the technical conditions under which it was granted to her. SECOND: It is partly true. It is true that from the Huetar Norte Regional Office of Community Aqueducts (ORAC), official letter number UEN-GAR-2019-01873 dated May 22, 2019, signed by Eng. Luis Diego Alfaro Artavia and addressed to the Board of Directors of the ASADA of Pénjamo de Florencia, was issued, in which a water balance of the aqueduct administered by said ASADA is carried out (see exhibit 02). It is not true what the petitioner stated, regarding that said water balance was prepared 'based on the request for the springs (nacientes) Nombre79478 and Nombre47291', but rather it was based on the production of the referred springs (nacientes) (critical gaugings). It is also not true that the document corresponds to a 'hydraulic calculation' as the petitioner alludes in the first bullet point of this fact, nor that the flow demand corresponds to 3.06 l/s since in the same official letter (also provided as evidence by the petitioner), it is observed that the demand or maximum daily flow (QMD) was 5.93 l/s on the date the water balance was prepared (May 22, 2019). Regarding what the petitioner stated in the second bullet point of this fact, it is not true that '(...) 1.08 l/s additional were required to meet the insufficient production', since, as seen in official letter UEN-GAR-2019-01873 dated May 22, 2019 (see exhibit 02), the figure of 1.08 l/s corresponds to the critical production of the Maroto Spring (Naciente). The petitioner's interpretation of the water balance report in the third bullet point of this fact is neither true nor technically correct. In no section of the water balance report (see exhibit 02) is it concluded that in 2019 there is a storage deficit due to 5, 10, 15, or 20 new connections made to the aqueduct of the ASADA of Pénjamo as she alludes. As observed in the image below, in the same official letter UEN-GAR-2019-01873 dated May 22, 2019 (see exhibit 02) it is clearly indicated that the numbering 5, 10, 15, and 20 corresponds to the design period in years and not to the number of connections, as the petitioner erroneously states (image inserted) ...". "... None of the data referred to by the petitioner in this bullet point and randomly extracted from the water balance report issued by the Huetar Norte Regional Office of Community Aqueducts (ORAC) of AyA allows reaching the conclusion that in 2019 there was a storage deficit, as Mrs. Nombre79476 erroneously proposes. It is not true what is stated in this bullet point, regarding that in the Pénjamo aqueduct a 'pluvial consumption is generated that would exceed the available flow', given that the term pluvial corresponds to rainwater and this is not used for human consumption in said aqueduct. It is true that the water balance report issued by the Huetar Norte Regional Office of Community Aqueducts (ORAC) of AyA (see exhibit 02) concludes that there is a deficit regarding the critical flow of the Springs (Nacientes) Nombre79478 and Nombre47291 in relation to the demand in 2019. It is also true that the water balance report (see exhibit 02) recommends suspending the issuance of new service availability certificates (constancias de disponibilidades de servicios). It is not true that it was recommended to the ASADA of Pénjamo to carry out 'a feasibility study to increase hydraulic capacity', since, as evidenced in said document, in 2019 the ASADA of Pénjamo was urged to seek new sources to increase its water capacity (capacidad hídrica) and not its hydraulic capacity, as the petitioner erroneously states. It is true that the Huetar Norte Regional Office of Community Aqueducts (ORAC) of AyA has offered advice and support to the ASADA of Pénjamo for the process of registering new sources and in the projects that are required (see exhibit 02). THIRD. We cannot attest and it is not true. We cannot attest to what the petitioner stated in this fact regarding an increase in the number of connections that the ASADA of Pénjamo has from 2019 until October 15, 2025. It should be noted that the evidence provided by the petitioner corresponds to screenshots from the Google Earth program, in which she presents a comparison of aerial photos in a time range from 2019 to 2023, not to 2025. The Google Earth program does not correspond to an official source of information. It is not true that from an aerial image it can be taken as demonstrated that the ASADA of Pénjamo has connected new services, since the structures (roofs) that are observed could correspond to expansions of existing buildings (which do not require new services or new service availabilities) or to new buildings that do not require a drinking water supply, such as, for example, sheds for sheltering animals, warehouses for storing materials, ranch-style structures for various uses, among others. It is not true that there are no new sources with which the water capacity (capacidad hídrica) of the aqueduct administered by the ASADA of Pénjamo can be increased. By means of memorandum GSD-UEN-GAR-2022-05019 dated December 19, 2022 (see exhibit 03), the Huetar Norte Regional Office of Community Aqueducts (ORAC) requests the registration of flow in favor of the ASADA of Pénjamo for the springs (nacientes) called Nombre79479 (4.95 l/s), Nombre79478 2 (3.91 l/s) and Nombre79478 3 (0.67 l/s), with which it was sought to increase the water capacity (capacidad hídrica) of the aqueduct. As a result of the request managed by AyA in accordance with the provisions of article 42.a) of the ASADA Regulations, resolution DA-1857-2024 of eight hours and fifty-eight minutes on August eighth, two thousand twenty-four (see exhibit 04) was obtained, issued by the Directorate of Waters of MINAE, in whose operative part (Por Tanto) the following flows were assigned in favor of the ASADA of Pénjamo: 3.95 l/s from the Spring (Naciente) Nombre79479, 3.18 l/s from the Spring (Naciente) Nombre79478 2 and 0.54 l/s from the Spring (Naciente) Nombre79478 3, the sum of which corresponds to 7.67 l/s. As of the date of preparation of this report, the Springs (Nacientes) Nombre79478 2 and Nombre79478 3 are interconnected to the aqueduct administered by the ASADA of Pénjamo; however, the production of said springs (nacientes) is not sufficient to overcome the water incapacity (incapacidad hídrica) condition identified in 2019. This situation was duly informed to the ASADA of Pénjamo in memorandum GSD-UEN-GAR-2024-05351 dated December 12, 2024, signed by Eng. Marcela Mora Traña of the Huetar Norte Regional Office of Community Aqueducts (ORAC) of AyA (see exhibit 5), in which an update of the water balance is carried out and it is concluded, in what is relevant, the following: '(...) According to the previous water balance and in accordance with the demand of the aqueduct, the result is that there is no water capacity (capacidad hídrica) for either of the two systems that make up the aqueduct (...).' For this reason, it is incumbent upon the ASADA of Pénjamo to have a project approved by AyA to interconnect the spring (naciente) Nombre79479 to the aqueduct, in compliance with the provisions of article 45 of the ASADA Regulations and article 21 of the Constitutive Law of AyA, which establish: 'Article 45. Expansions, Improvements, and Modernization of the Systems. Every project for improvements, expansion, and/or modernization of the infrastructure of the systems administered by the ASADAs must have prior approval from AyA, in accordance with the provisions of article 21 of the Constitutive Law of AyA and in conformity with articles 42 and 43 of these regulations, for which a period of two months is established, with an extension of up to two more months.' Article 21.- Every construction, expansion, or modification project for drinking water supply and wastewater and stormwater disposal systems, public or private, must be previously approved by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which may carry out the inspection it deems appropriate to verify that the works are carried out in accordance with the approved plans (...)' (emphasis added). The foregoing was recommended to the ASADA of Pénjamo in memorandum GSD-UEN-GAR-2024-05351 dated December 12, 2024 (see exhibit 5) in the following terms: '(...) It is also recommended to submit a Technical Study that includes the design of the project to connect the Spring (Naciente) Nombre79479 (La Vieja) and more storage for the Rigioni system, in order to increase the water capacity (capacidad hídrica) and hydraulic capacity of the aqueduct and thereby be able to issue administrative acts such as water availability certificates (constancias de disponibilidad de agua) in this system. Given that, although there is currently registered flow from this spring (naciente), it forms part of the potential capacity that the system has and not of the real and current existence of the aqueduct; for this reason, this flow is not yet being added in this balance.' (emphasis added). Once the project design is approved by AyA, it is incumbent upon the ASADA of Pénjamo, as the delegated operator for the provision of the service, to construct the improvement for the interconnection of the Spring (Naciente) Nombre79479 to the aqueduct, which will increase the real and current water capacity (capacidad hídrica). FOURTH. We cannot attest and it is not true. We cannot attest to what the petitioner stated in this fact regarding alleged interruptions in the service provided by the ASADA of Pénjamo. It is reiterated that it is not true what the petitioner stated regarding that the water balance report UEN-GAR-2019-01873 dated May 22, 2019 (see exhibit 02) concluded that the aqueduct administered by the ASADA of Pénjamo presents a lack of hydraulic capacity, but rather a lack of water capacity (capacidad hídrica). As stated in the response to the third fact, AyA has carried out the corresponding procedures regarding the allocation of flow from the Springs (Nacientes) Nombre79478 2, Nombre79478 3, and Nombre79479 as provided in article 42.a) of the ASADA Regulations, which provides: 'Article 42. - Environmental Management of the Water Resource. The ASADAs shall ensure and participate in the execution of actions for the preservation, conservation, and protection of the water resource, as well as the rational use of the waters. For this purpose, it must coordinate with the institutions involved in the matter and carry out the following actions: a. Registration of sources and flow before the Directorate of Waters of MINAE: The ASADA, in accordance with the form provided for this purpose, must submit to the Sub-Management of Community Aqueducts of AyA the application for registration of sources and the flow required for the supply of the community served. The Sub-Management of Community Aqueducts of AyA shall proceed to open the file and publish the edict in the Gazette on the application, allowing a period of one month from publication. Once the foregoing is concluded, it will carry out the respective analysis and forward a report with a copy of the complete file to the Directorate of Waters of MINAE, which will proceed with its assessment and issue the resolution for the Minister's signature. (...)' We cannot attest to what the petitioner stated regarding increases in the pressure of the service nor that, because of this, failures have occurred in chlorination that caused her illnesses such as diarrhea. We also cannot attest to what the petitioner alluded to regarding an alleged overexploitation of the Springs (Nacientes) Nombre79478 and Nombre47291 by the ASADA of Pénjamo that endangers the environment, a situation which - in any case - falls outside the legal competencies of AyA. LEGAL CONSIDERATIONS The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has not violated any constitutional right of the petitioner. The State has delegated part of its competencies exclusively to AyA; these competencies refer to the administration, operation, maintenance, and development of aqueduct and sewer systems throughout the country, which leads us to conclude that this public service is nationalized. The foregoing is based on the fact that these services are essential public services (see opinion C-373-03 of November 26, 2003, and multiple votes of the Honorable Constitutional Chamber that establish access to drinking water as a fundamental right), which means that AyA, the Municipalities, and companies authorized by law are the only ones with competence for the direct provision of public services, or those private entities (ASADAs) to which AyA has delegated its provision (indirect provision of public services). The provision of service in the community of Pénjamo is provided by the Administrative Association of Pénjamo de Florencia, legal ID CED43480, which signed a delegation agreement with AyA on January 8, 2008 (see exhibit 01). From the response to the facts formulated by the Huetar Norte Regional Office of Community Aqueducts (ORAC), it is clear that AyA has not violated articles 11, 21, 28, 50, and 56 of the Constitution, as is alluded to by the petitioner. In relation to article 21, the Political Constitution establishes the right to life. In this regard, the petitioner states that '(...) the overexploitation of the water resource threatens the availability of water for my personal and family use, configuring an indirect affectation to my property and right to decent housing. Likewise, it puts my life in imminent danger by depriving me of a vital resource such as drinking water under safe conditions and affects my right to health (...)'. As stated, this Institute cannot attest to the alleged interruptions in the service provided by the ASADA of Pénjamo alleged by the petitioner. No evidence or indication thereof (complaints, dates, etc.) is provided in the filing brief, and therefore it corresponds to a simple statement by Mrs. Nombre79476 without any support whatsoever, and thus, there is no justification for taking as demonstrated the existence of a violation of the petitioner's right to life by AyA regarding the alleged extreme. In relation to the alleged violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment established in article 50 of the Political Constitution, she alludes that: '(...) the unauthorized expansion of the aqueduct system generates a risk of contamination and depletion of water sources, affecting the visible local ecosystem (...)'. AyA has not authorized any expansion of the aqueduct administered by the ASADA of Pénjamo. From the responses to the facts and the evidence provided, it has been shown that from 2019 to date (see exhibits 02 and 04), the required technical assessments have been carried out and the corresponding recommendations have been issued to the ASADA regarding the non-issuance of service availability certificates (constancias de disponibilidades de servicios) and the non-connection of new permanent services due to the lack of water capacity (capacidad hídrica) of the aqueduct. As the petitioner points out, in accordance with the provisions of article 37.f) of the ASADA Regulations, these recommendations are binding in nature: 'Article 37. Obligations and rights of AyA. AyA is obligated to intervene in all aspects related to the provision of services rendered by the ASADAs. For such purposes, it is responsible for attending to the following functions: (...) f. Advise: Offer technical, administrative, legal, commercial, social, and environmental advice from the perspective of stewardship to the ASADAs, providing them with adequate guidance for the actions they must carry out. The recommendations given to the ASADAs in the advisory processes shall be of mandatory compliance.' (emphasis added). From the foregoing, it is clear that there is a technical impossibility to provide new services and new service availability certificates for the supply of drinking water in the community of Pénjamo. In relation to technical or material impossibilities, in judgment number 07779-2019 of nine hours and fifteen minutes on May three, two thousand nineteen, the Constitutional Chamber has stated the following: '(...) III.- ON TECHNICAL IMPOSSIBILITIES THAT HINDER THE SUPPLY OF DRINKING WATER. This Court has repeatedly noted that a technical, legal, or formal impossibility to provide drinking water service is not a violation of fundamental rights; and that it is reasonable not to attend to service requests or to ask the interested party to assume installation costs when there is no drinking water distribution network and the construction of infrastructure is required. Thus, in these cases it has been clear that it is not a refusal of access to drinking water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, which is the lack of infrastructure. Of course, the responsible authorities have the obligation to gradually expand their infrastructure to guarantee the population access to the service, but as long as gaps remain, the collaboration of the interested parties is essential. In other words, whenever the lack of provision of drinking water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded action, but is justified by a legal or material impossibility, the violation of fundamental rights is ruled out (see judgments 2010-001516, 2017-6701, 2007-11190, and 2006-014218, among others)'. It is evident that AyA has not violated the petitioner's right of access to drinking water or the principle of legality, since, in its role as governing body, it has issued the recommendations and technical indications within its competence, with the aim of not putting the sustainability of the service at risk for current and future users. Articles 28.c) and 46 of the ASADA Regulations provide, in what is relevant, the following: 'Article 28. - Obligations and rights of the ASADAs. In relation to the provision of services delegated to the ASADAs, these community organizations are obliged to provide and ensure the adequate provision of drinking water supply and wastewater sanitation services in their area of competence. For such purposes, they have the following obligations and rights: (...) c. Access to Services: Grant public services efficiently, equally, and timely to all users, without distinctions of any nature, provided that the requirements established for such effect are met and understanding access to drinking water and wastewater sanitation as fundamental human rights for life and health. (...).' 'Article 46. Granting of Services. The ASADA must carry out the pertinent actions to ensure that all new or future service connections to the systems are granted in accordance with their water and hydraulic capacities (capacidades hídrica e hidráulica). (...)' (emphasis added) From the foregoing, it is inferred that it is the responsibility of the ASADA of Pénjamo and not AyA to issue availability certificates (constancias de disponibilidad) for new services (positive or negative), as well as the authorization of new permanent connections, for which the delegated operator must conduct a technical feasibility analysis that in all cases must comply with the recommendations issued by this Institute. In addition to the foregoing, and as has been shown in the response to the third and fourth facts and with the evidence provided (see exhibits 03 and 04), AyA has carried out the corresponding procedures regarding the processing and request for allocation of flow from the Springs (Nacientes) Nombre79478 2, Nombre79478 3, and Nombre79479 before the Directorate of Waters, complying with the provisions of article 42.a) of the ASADA Regulations: 'Article 42. - Environmental Management of the Water Resource. The ASADAs shall ensure and participate in the execution of actions for the preservation, conservation, and protection of the water resource, as well as the rational use of the waters. For this purpose, it must coordinate with the institutions involved in the matter and carry out the following actions: a. Registration of sources and flow before the Directorate of Waters of MINAE: The ASADA, in accordance with the form provided for this purpose, must submit to the Sub-Management of Community Aqueducts of AyA the application for registration of sources and the flow required for the supply of the community served. The Sub-Management of Community Aqueducts of AyA shall proceed to open the file and publish the edict in the Gazette on the application, allowing a period of one month from publication. Once the foregoing is concluded, it will carry out the respective analysis and forward a report with a copy of the complete file to the Directorate of Waters of MINAE, which will proceed with its assessment and issue the resolution for the Minister's signature. (...)'. Given that the flows are already duly registered in favor of the ASADA of Pénjamo and the Springs (Nacientes) Nombre79478 2 and Nombre79478 3 are interconnected to the aqueduct, it is incumbent upon the ASADA of Pénjamo to carry out the necessary steps to present a project for the interconnection of the spring (naciente) Nombre79479 to the aqueduct, which must be reviewed and eventually approved by AyA prior to its construction, in compliance with the provisions of article 45 of the ASADA Regulations and article 21 of the Constitutive Law of AyA. The petitioner alleges in her brief that there has been an alleged 'omission in control' by AyA, but as was well stated in the response to the facts, based on an aerial image from Google Earth, it cannot be taken as demonstrated with absolute certainty that the ASADA of Pénjamo has connected new services or granted new service availability certificates. It is reiterated that Google Earth is not an official source of information and that the structures (roofs) observed in the images could correspond to expansions of existing buildings (which do not require new services or new service availabilities) or to new buildings that do not require a drinking water supply, such as, for example, sheds for sheltering animals, warehouses for storing materials, ranch-style structures for various uses, among others. The petitioner requests that the ASADA of Pénjamo be instructed to carry out an 'updated feasibility study by AyA'; however, as has been shown in the response to the facts, there is an updated water balance from 2024 (see exhibit 05) prepared by the Huetar Norte Regional Office of Community Aqueducts (ORAC) of AyA and duly communicated to the delegated operator, which reiterates the water incapacity (incapacidad hídrica) condition of the aqueduct and the need for the ASADA to submit a technical study with the project to interconnect the Spring (Naciente) Nombre79479 to the aqueduct.

It also petitions that the ASADA of Pénjamo be ordered to implement “equitable rationing,” regarding which it is reiterated that the petitioner provides no evidence whatsoever to establish that the service is not being provided under conditions of quantity, quality, and continuity, for which reason it is the opinion of this Institute that no technical basis exists to implement controlled supplies. Finally, the petitioner requests that the Honorable Chamber impose a precautionary measure regarding an “provisional intervention” by AyA in the aqueduct. In this regard, it is necessary to refer to the provision in article 37.f) of the ASADA Regulations, which states: “AyA may execute temporary or definitive intervention processes in the provision of services offered by ASADAs, in order to normalize situations that impede adequate management of public services, when the causes established in these Regulations concur.” (emphasis added). From the foregoing, it follows that the temporary or definitive intervention of an aqueduct by this Institute corresponds to a matter of legality, since it is a decision in an administrative venue that falls to the Board of Directors of AyA, after determining that one or several of the grounds established in the ASADA Regulations concur and that technical, administrative, and financial-accounting justification exists that eventually supports it. Regarding the alleged violation of Article 56 of the Constitution, it refers to the right to work, regarding which the writ does not establish that this Institute has performed any action or omission on the basis of which such a transgression can be determined.”.

4.- FRESSIA PATRICIA GUZMAN MENA answers, in her capacity as president and legal representative of the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PÉNJAMO DE FLORENCIA, who states the following: “… FIRST: We cannot attest to the exact date on which that Lady acquired her water availability, since the Association as such was constituted and came into legal existence on 01/25/2004, (see the certification of legal status contained in the record) therefore, we are completely unaware of how her water service was offered to her, if she states that it dates from 1999; however, at no time have her acquired rights been violated, since the water resource of the aqueduct system has been provided continuously and stably, equally to all users and residents of the community without any distinction or favoritism, regardless of the dates on which they began to be users of the public service. SECOND: It is true in part, it is true that official communication UEN-GAR-2019-01873 exists, issued by AyA, addressed to the Board of Directors of the Asada of Pénjamo, just as it is true that this Board of Directors began its work in March 2024, (despite having been elected in January 2024, the previous Board refused to vacate the positions) it has followed the guidelines and advice of AyA, and the administrative and operational tasks carried out have been aimed at complying with the recommendations issued by AyA, the Ministry of Health, and institutions that oversee the proper functioning of the aqueduct. Said official communication made a recommendation regarding the aqueduct system at that time, noting that it is from the year 2019; the different administrations that have passed through the aqueduct, and the current one, have been responsible for carrying out various improvements that benefit the provision of the service, among them, registering new water sources (to date, 3 more sources have been registered), improvements have also been made to the intakes with new registration boxes, as well as the installation of storage tanks at the two main sources, namely Nombre47291, which collects the water resource from the sources concession in that sector, and at source Nombre79478, which also gathers several small concessioned intakes; a technical study was carried out (pending approval). As we can see, the priority of the ASADA has been oriented toward optimizing the network, improving the quality of the service, and planning for future growth; the sources and concessions are formally authorized, guaranteeing legal and water security to users. That being a Rural aqueduct of a small hamlet, it must improve to a large extent, but also without compromising the water resource or the economic resource; many of the observations noted in said report of the official communication do not fully conform to the current reality, since, as stated, a series of improvements have been made. The petitioner makes an erroneous interpretation of many of the points analyzed in said official communication, and the assessments made by her are not correct; the parameters she indicates in her appeal do not conform to reality nor to the criteria with which they were proposed and alluded to; a wrongful interpretation is made of the official communication and the data set forth in it, as well as the recommendations. THIRD: The petitioner Nombre79476 argues that, despite there being a recommendation not to grant more water availability, the Asada has continued to do so, a situation that is not true; at least this Board of Directors has been careful not to violate this recommendation; to date, it has limited itself solely to renewing letters that are within the regulatory term for renewal. On the other hand, I do not wish to overlook the fact, nor fail to mention, that it seems strange that it is only at this moment that said lady Nombre79476 is concerned about this situation, when the previous Board of Directors, chaired by her Spouse, Mr. Deivis Rodríguez Alfaro (president from June 6, 2021, until January 31, 2024), did breach said recommendation. So much so that, when the current Board of Directors took office, it had to face a series of complaints and grievances for this reason, since he not only breached the recommendation not to grant water availability but also charged sums of money for issuing water availability, a situation that is prohibited and that the current board of directors had to judicialize by filing a complaint with the Transparency and Probity Prosecutor's Office (see case file 24-000003-1669-PE and see GSD-UEN-GAR-2024-00370 dated February 1, 2024). Regarding what the lady indicates about new availability granted by our current board of directors, it is completely false, and we are only aware of the cases already reported to the Prosecutor's Office; furthermore, the evidence provided by the petitioner lacks certainty and veracity, so what she indicates—that more services are currently being granted—cannot be taken as true. FOURTH: What the petitioner states regarding concrete risks to her person is not true; as indicated, the current board of directors has carried out a series of improvements that allow for effective use of the concessioned water resource; to date, the capacity measurements are adjusted to the maximum allowable capacity; there is storage, improved conduction lines, a chlorination system, and a quality seal, among others. The petitioner claims that the chronic scarcity of potable water in the community seriously affects the quality of life of the community's inhabitants, increasing health risks and, therefore, the negative environmental impact. The ASADA, in its capacity as provider of potable water service, has tried to improve as much as possible, so that there are no interruptions in the supply, nor is there overexploitation of the springs (nacientes), nor risk to the health of the inhabitants. Chronic Scarcity of Potable Water refers to a persistent lack of sufficient potable water to meet the basic needs of the population, both in quantity and quality, a circumstance that is not occurring in our community, since only one resident complains (the petitioner Nombre79476); there are no massive complaints or grievances regarding regular suspensions of the water service; if it has had to be suspended, it has been due to regular maintenance or some sporadic breakdown, a circumstance that is completely normal in an aqueduct. Health Risk: No cases of contamination or other illness have been reported in the community; there is no report whatsoever from the health area of any inconvenience generated by the potable water service of our aqueduct in the hamlet. There is no chronic water scarcity, nor health risk; the evidence to support these arguments of Mrs. Nombre79476 is lacking; she presents no document or proof that demonstrates these facts as true; they are nothing more than suppositions, without real basis, poorly founded expectations. Environmental Impact: The petitioner speaks of overexploitation of the springs (nacientes) Nombre79478 and Nombre47291, which threatens the sustainability of the local ecosystem, but she presents no proof whatsoever of such a situation; she does not value the maintenance and improvement works that have been carried out at said sources, how efforts have been made to protect and improve the intakes without affecting their ecosystem and without altering the environment. The ASADA considers that, although difficulties or deficiencies exist in the aqueduct, the entity has made continuous efforts to improve the situation. Furthermore, there are not sufficient elements to demonstrate a failure to comply with current regulations that guarantee access to potable water under minimum quality conditions. According to the analyses carried out by experts in the field, it is not considered that a state of scarcity exists that can be considered chronic in legal terms, since it is within what is foreseeable due to natural variations and climatic cycles. In addition, the ASADA has established a water quality monitoring system, with periodic controls on contaminant levels and the disinfection of water sources; we deny that there is a serious health risk derived from the lack of potable water. The controls carried out have ensured that the distributed water complies with the quality standards established by the health authorities and the quality seal. We can conclude that the ASADA currently does have sufficient infrastructure and a solid concession to fully comply with the commitment to existing users; the tanks we have allow for regulated storage, ensuring continuity during maintenance or temporary cuts; it cannot be asserted that scarcity exists since, currently, at the spring (naciente) Nombre47291, there are two tanks, one of 100 m3 and another of 22 m3, and at source Nombre79478, there are two tanks of 22 m3; there is no shortage of service, continuous and scheduled rationings or suspensions, as previously stated; commitments are not being breached, especially that of the petitioner, who says her service predates the legal birth of the ASADA.”.

5.- In the proceedings followed, legal prescriptions have been observed.

Justice Hess Herrera drafts; and,

Considering:

I.- REGARDING THE AMPARO AGAINST SUBJECTS OF PRIVATE LAW. Prior to evaluating the merits of the present matter, it must be noted that the Law of Constitutional Jurisdiction, in its article 57, provides that the amparo remedy proceeds against actions or omissions of subjects of private law, but only when they act or must act in the exercise of public functions or powers, or are, de jure or de facto, in a position of power against which ordinary jurisdictional remedies are clearly insufficient or late to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in article 2, subsection a), of the same Law. In the specific case, it is deemed that the remedy is admissible with respect to the subject of private law, since the situation brought to the attention of this Chamber shows that the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PÉNJAMO DE FLORENCIA is in a position of power, against which ordinary jurisdictional remedies are insufficient or late to guarantee the fundamental rights of the protected party.

II.- PRELIMINARY MATTER REGARDING THE RIGHT TO PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. Regarding this matter, an appeal is also filed against a subject of public law; before analyzing the merits of the matter—due to the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure—it must be clarified that, starting from Judgment No. 2008-2545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the pertinent administrative remedies. Precisely, in the sub lite case, an exception scenario is presented, as we are faced with the alleged delay in addressing a complaint regarding the violation of alleged acquired rights over water availability granted in 1999. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

III.- PURPOSE OF THE REMEDY. The petitioner files a writ of amparo against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) and the ASADA of Pénjamo, alleging the impairment of her acquired rights over the water availability granted in 1999 (Availability No. 9769). She maintains that, despite the ICAA’s technical report of May 22, 2019—which determined that the aqueduct lacks hydraulic capacity to admit new services and ordered the suspension of all additional connections—the ASADA has continued granting numerous irregular connections, surpassing 550, without conducting feasibility studies or expanding supply sources. She affirms that this uncontrolled growth in the number of users has generated a structural deficit in the system, causing frequent rationing, health risk due to possible failure in purification processes, and environmental impact from overexploitation of the springs (nacientes). She maintains that such actions violate her right to a continuous and safe potable water service and compromise the availability recognized to her since 1999.

IV.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them, as provided in the initial order:

        Regarding the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

a)   On January 8, 2008, the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Pénjamo de Florencia (ASADA of Pénjamo), legal ID number CED43480, entered into a delegation agreement with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for the administration and operation of the potable water supply system (see report rendered under oath and attached evidence).

b)   On May 22, 2019, the Unidad de Estudios y Normas de Gestión de Acueductos Rurales (ORAC Huetar Norte) issued official communication UEN-GAR-2019-01873 addressed to the Board of Directors of the ASADA of Pénjamo. Said official communication contains a water balance of the aqueduct managed by the ASADA, prepared based on the production (critical capacity measurements) of the springs (nacientes) Nombre79478 and Nombre47291 (see report rendered under oath and attached evidence).

c)    In the water balance of May 22, 2019, AyA concluded that there was a deficit in the critical flow of the springs (nacientes) Nombre79478 and Nombre47291 relative to the aqueduct's demand for that year, expressly recommending the suspension of the issuance of new service availability certificates (see report rendered under oath and attached evidence).

d)   The water balance of May 22, 2019, does not contain statements regarding a storage deficit linked to 5, 10, 15, or 20 new connections; the numbering indicated in that document corresponds to design periods in years, not to the number of services (see report rendered under oath and attached evidence).

e)    The report of May 22, 2019, recommended the ASADA of Pénjamo seek new water sources to increase the water capacity of the aqueduct, and not the hydraulic capacity (see report rendered under oath and attached evidence).

f)     On December 19, 2022, by memorandum GSD-UEN-GAR-2022-05019, ORAC Huetar Norte requested before the Dirección de Aguas of MINAE the registration of new flows in favor of the ASADA of Pénjamo, corresponding to three springs (nacientes): Nombre79479 (4.95 l/s), Nombre79478 2 (3.91 l/s), Nombre79478 3 (0.67 l/s) (see report rendered under oath and attached evidence).

g)   On August 8, 2024, the Dirección de Aguas of MINAE issued resolution DA-1857-2024, in which it allocated in favor of the ASADA of Pénjamo the following flows: 3.95 l/s from the spring (naciente) Nombre79479, 3.18 l/s from the spring (naciente) Nombre79478 2, 0.54 l/s from the spring (naciente) Nombre79478 3; for a total of 7.67 l/s. (see report rendered under oath and attached evidence).

h)   As of the date of issuance of AyA's report, the springs (nacientes) Nombre79478 2 and Nombre79478 3 were already interconnected to the aqueduct managed by the ASADA of Pénjamo (see report rendered under oath and attached evidence).

i)     On December 12, 2024, by memorandum GSD-UEN-GAR-2024-05351, ORAC Huetar Norte communicated to the ASADA of Pénjamo the updated water balance for the year 2024. Said document concluded that the aqueduct continued to lack sufficient water capacity in either of its two systems, even with the new sources partially incorporated (see report rendered under oath and attached evidence).

j)     In the memorandum of December 12, 2024, AyA recommended the ASADA of Pénjamo present a technical study with the project design to fully interconnect the spring (naciente) Nombre79479 to the aqueduct, as well as additional storage works in the Riggioni system, in order to increase water capacity and eventually allow the issuance of new water availability certificates (see report rendered under oath and attached evidence).

k)   Based on the water balance updated to 2024, AyA demonstrated that the current water capacity of the aqueduct does not permit issuing new availabilities or authorizing new permanent connections (see report rendered under oath and attached evidence).

l)     AyA has carried out the actions within its purview regarding the registration and enrollment of flows from the springs (nacientes) Nombre79478 2, Nombre79478 3, and Nombre79479, in accordance with article 42.a) of the ASADA Regulations (see report rendered under oath and attached evidence).

m)AyA reported that the interconnection of the spring (naciente) Nombre79479 to the aqueduct requires the prior presentation and approval—before AyA—of the respective project, in compliance with article 45 of the ASADA Regulations and article 21 of the Constitutive Law of AyA (see report rendered under oath and attached evidence).

n)   There is no evidence before AyA of interruptions in service or chlorination failures attributable to the ASADA of Pénjamo (see report rendered under oath and attached evidence).

o)   There is no official proof before AyA demonstrating that the ASADA of Pénjamo has granted new connections between 2019 and 2025, since the satellite images provided come from “Google Earth”—a tool that does not constitute an official source and whose images do not allow identification of whether the structures correspond to new buildings or mere expansions without additional connection—(see report rendered under oath and attached evidence).

        Regarding the Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado de Pénjamo.

a)   On January 25, 2004, the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de Pénjamo de Florencia was legally constituted (see response and attached evidence).

b)   In 2019, AyA issued official communication UEN-GAR-2019-01873 addressed to the Board of Directors of the ASADA of Pénjamo, with recommendations regarding the aqueduct system (see response and attached evidence).

c)    From June 6, 2021, to January 31, 2024, Deivis Rodríguez Alfaro served as president of the previous Board of Directors of the ASADA (see response and attached evidence).

d)   In January 2024, a new Board of Directors of the ASADA of Pénjamo was elected (see response and attached evidence).

e)    On February 1, 2024, AyA document GSD-UEN-GAR-2024-00370 exists, related to complaints regarding the issuance of water availabilities by the previous Board (see response and attached evidence).

f)     In 2024, events linked to the management of the previous Board were judicialized, with the complaint filed before the Probity and Transparency Prosecutor's Office under case file 24-000003-1669-PE (see response and attached evidence).

g)   In March 2024, the new Board of Directors assumed effective functions at the ASADA of Pénjamo (see response and attached evidence).

h)   Since the assumption of office by the new Board (March 2024 onward), the ASADA follows guidelines and advice from AyA and the Ministry of Health for the operation of the aqueduct (see response and attached evidence).

i)     To date, the ASADA reports the registration of three additional water sources and the execution of improvements to intakes (registration boxes), conduction lines, chlorination systems, and storage (see response and attached evidence).

j)     In the system associated with the spring (naciente) Nombre47291, the ASADA has two storage tanks of 100 m³ and 22 m³; in the Riggioni system, two tanks of 22 m³ each (see response and attached evidence).

k)   The ASADA maintains a water quality monitoring system and states it has a current sanitary “quality seal” (see response and attached evidence).

l)     The current Board of Directors has not granted new water availabilities, limiting itself to renewing letters within the regulatory term, and there are no continuous rationings or scheduled suspensions of service (see response and attached evidence).

m)A technical study prepared by the ASADA exists for the improvement and interconnection of the system, pending approval by the competent authority (see response and attached evidence).

V.- REGARDING THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS: From the comprehensive analysis of the filing brief, the report rendered under oath by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)—which is recognized as having the evidentiary value provided in article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction—and the documentary evidence incorporated into the electronic case file, this Tribunal concludes that no violation of the fundamental rights of the petitioner attributable to AyA is established.

Indeed, it is recorded that on January 8, 2008, the ASADA of Pénjamo entered into a delegation agreement with AyA for the administration, operation, and maintenance of the potable water supply system, a circumstance which determines that the direct provision of the service in the community corresponds to the delegated operator, under the technical stewardship of the Institute. Likewise, it is accredited that on May 22, 2019, ORAC Huetar Norte issued official communication UEN-GAR-2019-01873, in which it conducted a water balance of the system based on the critical capacity measurements of the springs (nacientes) Nombre79478 and Nombre47291, concluding the existence of a critical flow deficit relative to demand and expressly recommending the suspension of new service availabilities. The same report clarified that the numbering 5, 10, 15, and 20 corresponded to design periods and not to new connections, and that the recommendations were aimed at increasing water capacity and not hydraulic capacity, as the plaintiff erroneously interpreted.

Far from remaining inactive, the Institute proved it has exercised its stewardship and technical support competencies, in strict adherence to its legal framework. Thus, on December 19, 2022, it processed before the Dirección de Aguas of MINAE the registration of new sources to increase the water supply, which resulted in the issuance of resolution DA-1857-2024 of August 8, 2024, through which flows totaling 7.67 l/s were formally allocated in favor of the ASADA. Furthermore, it is recorded that, at the date of the institutional report, the springs (nacientes) Nombre79478 2 and Nombre79478 3 had been interconnected to the system. Subsequently, in memorandum GSD-UEN-GAR-2024-05351 of December 12, 2024, ORAC Huetar Norte updated the water balance, concluding that the aqueduct continued to lack sufficient water capacity and expressly recommending the presentation of a technical study and a project for the full interconnection of the spring (naciente) Nombre79479 and the expansion of storage, whose approval corresponds to the Institute itself in accordance with articles 21 of the Constitutive Law of AyA and 45 of the ASADA Regulations.

In this context, it is established that AyA has fulfilled the obligations imposed by the regulatory framework: it has technically evaluated the system, issued binding recommendations, managed the expansion of supply sources, updated the system's water balance, and guided the delegated operator on the technical steps necessary to overcome the water insufficiency. This demonstrates diligent, reasonable action in accordance with the principle of legality. On the contrary, the petitioner did not provide suitable evidence to demonstrate an abnormal interruption of service, failures in purification processes, or health risk situations attributable to the Institute; nor is there official evidence that the ASADA has granted new connections after 2019, since the satellite images from Google Earth lack demonstrative value regarding the existence of new services and do not constitute an official means to verify connections.

This Tribunal recalls that, according to reiterated jurisprudence, technical or material impossibility derived from water insufficiency does not, by itself, constitute a violation of fundamental rights when the authority acts within objective, duly reasoned parameters oriented toward the sustainability of the service. In the sub lite case, AyA's actions have fully conformed to this standard: it identified a water deficit with a technical basis, issued mandatory recommendations, processed the registration of additional flows, and established the necessary conditions to authorize future service expansions. The foregoing rules out the existence of arbitrariness, unjustified omission, or current impact on the petitioner's right that could be attributable to the governing body.

Consequently, since no act or omission violating fundamental rights attributable to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is proven, and it is verified that the limitations observed are due to objective technical reasons addressed by the authority within the scope of its competencies, it is appropriate to declare the writ of amparo without merit regarding this institution.

VII.- REGARDING THE ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PÉNJAMO DE FLORENCIA. From the comprehensive analysis of the filing brief, the response provided by the representative of the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de Pénjamo de Florencia, and the documentary evidence incorporated into the electronic case file, this Tribunal concludes that no violation of the fundamental rights alleged by the plaintiff attributable to said Association is proven.

In the first place, it is recorded that the ASADA was legally constituted on January 25, 2004, so any action prior to that date—including the water availability that the petitioner claims to have acquired in 1999—cannot be attributed to it due to absence of legal existence. Certainly, the existence of a purported availability prior to the formal creation of the ASADA lacks documentary support in the record, and in any case, the mere allegation of an acquired right does not, in itself, generate absolute priority over the rest of the users nor authorize the claiming of technical conditions exceeding the actual capacity of the system.

On the other hand, it is accredited that, starting in March 2024, the new Board of Directors assumed effective functions and has followed the guidelines and advice provided by AyA and the Ministry of Health for the regular operation of the aqueduct. From the evidence provided, it is clear that said Board has oriented its management toward implementing infrastructure improvements, such as the registration of three new water sources, the rehabilitation of intakes through registration boxes, the installation of storage tanks, the improvement of conduction lines, and the operation of a chlorination and water quality monitoring system, all of which demonstrate diligent action in accordance with the duties of a delegated operator.

Nor was it proven, with suitable evidence, that the current Board of Directors has granted new availabilities or permanent connections in contravention of the recommendations issued by AyA in 2019. On the contrary, the ASADA reported that it has only proceeded with renewals within the regulatory terms, categorically denying the issuance of new availabilities.

Likewise, it stated that the irregular acts linked to the previous administration were timely reported to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) and are under investigation in case file 24-000003-1669-PE, which rules out the imputation of liability to the current Board for past actions.

Regarding the conditions of the service, there is no evidence in the record that would permit verification of continuous rationing, scheduled suspensions, or systematic failures in water potabilization. The ASADA maintains a water quality monitoring system and stated that it has a current sanitary seal, without the appellant providing technical or expert evidence that would allow for accrediting a health risk, contamination, or chronic scarcity in legal terms. The mere reference to possible impacts or personal perceptions, without documentary support, does not constitute sufficient evidence to prove the alleged constitutional injury.

Finally, it is on record that a technical study prepared by the ASADA exists for the improvement and interconnection of springs (fuentes) and that said project is pending approval by the competent authority, which demonstrates that the Association has adopted measures aimed at the sustainability of the system and the progressive addressing of existing water limitations. Such actions demonstrate active, reasonable conduct in accordance with its legal duties as a delegated operator, which excludes any allegation of arbitrariness or unjustified omission.

In sum, the appellant did not prove, through objective and verifiable evidence, the existence of an act or omission attributable to the ASADA that has caused a current and concrete impact on their fundamental rights. On the contrary, the body of evidence shows that the Association has acted within the legal framework, following the technical guidelines of the AyA and executing improvements that tend to optimize the service. Under these conditions, this Court finds no basis to grant the amparo complaint filed against the ASADA de Pénjamo de Florencia, which is why the appeal must be dismissed with respect to said Association.

VIII.- CONCLUSION. Consequently, the appeal is dismissed, as indicated in the operative part of this resolution.

IX.- NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLIANT ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and compliant justice in administrative proceedings (sede administrativa), it is the Contentious-Administrative Tribunals, and not this Chamber, that should hear the legal controversy. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right to Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica (Constitución Política de la República de Costa Rica), in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the newly enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on section 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those juridical-constitutional controversies that this same Chamber has recognized as exceptional cases, which can properly be heard in this jurisdiction through the constitutional proceeding of amparo protection, in all other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. of February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the Contentious-Administrative jurisdiction, all of which is in accordance with section 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

X.- DISSENTING VOTE BY JUSTICES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, WITH THE SECOND DRAFTING. In the sub examine, the petitioner alleges problems with the provision of drinking water service, regarding its continuity. They maintain that there is overexploitation of springs (nacientes), sanitary risks, environmental impacts (afectación ambiental), threats to people's health, and rationing problems.

In this regard, we consider that, as has occurred in other matters where considerable impacts in the provision of water service and other problems derived from it have been alleged (for example, case file no. 20-004883-0007-CO), it is essential to include the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de Servicios Públicos) as a party so that it may rule on the facts subject to this appeal. Likewise, given that public health problems and disease risks for people are also alleged, we deem it pertinent to request an opinion from the Ministry of Health (Ministerio de Salud).

Consequently, we dissent and order the continuation of the appeal proceedings so that a report may be requested from the general regulator of the Regulatory Authority for Public Services and from the Minister of Public Health (ministra de Salud Pública).

XI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. This Chamber must warn the parties that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or means produced by new technologies, they must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial) in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is dismissed without merit. Justice Castillo Víquez sets down a note. Justices Cruz Castro and Rueda Leal dissent and order the continuation of the appeal proceedings so that a report may be requested from the general regulator of the Regulatory Authority for Public Services and from the Minister of Public Health.

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ana María Picado B.

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