Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En primer lugar, cabe aclarar que los accionantes ya habían planteado un recurso de amparo por la falta de respuesta alegada, que se conoció en el expediente nro. 24-035725-0007-CO. Sin embargo, en esa ocasión no fue aportada la gestión cuya falta de respuesta se acusa, de modo que la Sala resolvió con los elementos que constaban en los autos y desestimó el recurso a través de la resolución nro. 2025001768 de las 9:45 horas de 21 de 2024. Ahora bien, en el sub iudice, los accionantes aportan la gestión de marras, de modo que esta Cámara puede analizar su contenido y efectuar el respectivo análisis de constitucionalidad.
Aclarado lo anterior, se observa que, a través de la gestión incoada, se solicitó a las autoridades de Incopesca que “nos indique el seguimiento que se ha dado a la implementación del decreto de los 12 remos, que fuera uno de los que acordamos a inicios de su administración se le iba a dar seguimiento (…)”. Sin embargo, no fue sino con ocasión del trámite de este recurso, que las autoridades del Incopesca y el Despacho de la Presidencia de la República (que recibieron formalmente la gestión), coordinaron lo pertinente para brindar una respuesta, lo que finalmente se hizo el 23 de septiembre del año en curso, a través del oficio nro. 1288-2025 de Incopesca.
Ergo, se declara con lugar el recurso respecto de las dependencias señaladas, según las disposiciones del ordinal 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
English (translation)First, it should be clarified that the petitioners had previously filed an amparo for the alleged lack of response, which was heard under file no. 24-035725-0007-CO. However, on that occasion the petition whose lack of response was claimed was not provided, so the Chamber decided based on the elements in the record and dismissed the amparo through resolution no. 2025001768 at 9:45 a.m. on the 21st of 2024. Now, in the present case, the petitioners have provided the petition in question, enabling this Chamber to analyze its content and conduct the corresponding constitutional review.
Having clarified the above, it is observed that through the petition filed, the Incopesca authorities were requested to “tell us the follow-up that has been given to the implementation of the ‘12 oars’ decree, which was one of those we agreed at the beginning of your administration would be followed up on (…)”. However, it was only during the processing of this amparo that the Incopesca and Office of the President authorities (who formally received the petition) coordinated what was necessary to provide a response, which was finally done on September 23 of this year, through Incopesca’s official letter no. 1288-2025.
Therefore, the amparo is granted with respect to the aforementioned entities, in accordance with the provisions of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law.
Partially granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 40183 - 2025 Fecha de la Resolución: 05 de Diciembre del 2025 a las 09:43 Expediente: 25-026793-0007-CO Redactado por: Alexandra Alvarado Paniagua Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-026793-0007-CO Res. Nº 2025040183 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y tres minutos del cinco de diciembre de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 25-026793-0007-CO, interpuesto por Nombre86328, cédula de identidad CED47007 y Nombre86329, cédula de identidad CED47008, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA, EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, Y EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Resultando: 1.-Por escrito incorporado al expediente el 3 de septiembre de 2025, los recurrentes interponen recurso de amparo. Manifiestan que desde el 30 de abril de 2021 entró en vigencia el Decreto Ejecutivo nro. 42955, mediante el cual se declaró de interés público el modelo de desarrollo del sector pesquero artesanal de pequeña escala, contenido en la alianza público-privada por la pesca en pequeña escala en áreas marinas de pesca responsable y territorios marinos de vida, el cual, fue firmado por el ministro de Agricultura y Ganadería y el presidente de la República. Señalan que desde el 19 de junio de 2023 la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida representada por los recurrentes, remitió un primer correo dirigido al Despacho Presidencial y a la Presidencia del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), mediante el cual solicitaron: "(…) Desde la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida, le enviamos un caluroso saludo y el mejor de los deseos para una gestión exitosa en función de la institución que representa. Como será de su conocimiento, recientemente, tuvimos nuestra reunión de planificación anual donde tuvimos la participación del Sr. Jorge López quien lo represento a Ud. como Ministro de Pesca. Agradecemos mucho su participación, que permitió a los representantes de nuestra Red, que representa a 22 comunidades y organizaciones de pescadores artesanales de pequeña escala del Caribe y el Pacifico del país, compartir algunas de sus dudas y visiones referentes al quehacer del INCOPESCA. Algunos de nuestros miembros, preguntaron al Sr. López cual era la situación de avance en la implementación del Decreto ejecutivo No. 42955-MAG referente al Modelo de los 12 Remos. Como recordara, con un enorme esfuerzo desde la sociedad civil, desarrollamos un proceso en Cahuita, Tárcoles y Dominicalito para avanzar en la aplicación de este modelo. Dicho proceso fue compartido con Ud. en nuestra primera reunión como Ministro de pesca hace más o menos 1 año. Igualmente hemos entregado copia del material y resultados de ese interesante proceso a los funcionarios y técnicos del INCOPESCA en un afán de avanzar en lo que reconocemos, es la única forma de una justicia pronta para la formalización de miles de pescadores (as) artesanales de pequeña escala que hoy sufren de la no formalidad, que los hace claras víctimas de la criminalización de una labor importante para sus comunidades y para nuestro país en términos de seguridad alimentaria y también de sus aportes en la conservación y uso sostenible de los recursos marino-costero. El Sr. López, nos indicó en la reunión que durante este año no existía posibilidad de avanzar en la implementación de este importante Decreto que ha sido negociado con gran dignidad y orgullo por nuestro sector, y además que solo si este tema se mantenía en el plan de trabajo del 2024 sería posible desarrollarlo. No omitimos manifestarle nuestra sorpresa. Primero porque conversamos con Ud., a inicios de esta administración para recordar la importancia del tema de la necesidad de licencias, nuestra propuesta y esta política pública que nos permitiría avanzar hacia nuestra formalización con justicia y equidad. Y segundo, porque es claro el mandato que tiene el INCOPESCA de cumplir con un decreto de tanta relevancia como lo es el de los 12 remos. Esta nota tiene como objetivo solicitarle su apoyo desde la Presidencia Ejecutiva del INCOPESCA y como Ministro de Pesca, así como también nos indique el seguimiento que se ha dado a la implementación del decreto de los 12 remos, que fuera uno de los que acordamos a inicios de su administración se le iba a dar seguimiento. Deseamos de la manera más atenta solicitar a Ud. y al Sr. Presidente de la República su atención a este tema que nos urge y está afectando de forma injusta y compleja a una enorme mayoría de mujeres y hombres del mar en nuestro país. Quedamos atentos y a la orden si se requiere de una conversación más en detalle sobre el tema, Atentamente, Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable (…)". Recalcan que ese mismo día, la funcionaria Ana Rivera del Despacho Presidencial trasladó la consulta al presidente ejecutivo de Incopesca, solicitándole una respuesta en un plazo de diez días hábiles; no obstante, reclaman que no se recibió respuesta alguna. Agregan que el 21 de julio de 2023 se envió una segunda solicitud al despacho presidencial, reiterando la falta de respuesta por parte de Incopesca y solicitando una reunión con el presidente de la República y el ministro de Pesca, ante la cual señalan haber recibido como respuesta únicamente el acuse de recibo de la solicitud, sin ofrecer un plazo para agendar la reunión requerida. Añaden que el 11 de agosto de 2023 el funcionario Gabriel Aguilar Vargas, director del Despacho Presidencial, remitió el oficio N° PR-DP-1129-2023 al ministro de Pesca, solicitándole una respuesta, dado que el tema era competencia de Incopesca y otorgándole un plazo de ocho días hábiles. Arguyen que consecuentemente, el 15 de noviembre de 2023 se envió una tercera solicitud al Despacho Presidencial, reiterando la urgencia de tomar acciones para implementar el decreto y solicitando nuevamente una reunión, sobre la cual, nuevamente se acusó recibo, pero no se ofreció una respuesta concreta. Manifiestan además que el 4 de diciembre de 2023 se envió otro correo al Despacho Presidencial reiterando la solicitud de respuesta y reunión, sin obtener respuesta alguna, ante la que el 12 de diciembre siguiente, el funcionario Gabriel Aguilar Vargas remitió el oficio PR-DP-1607-2023 nuevamente al ministro de Pesca, solicitando una respuesta respecto a la falta de implementación del Decreto N.º 42955, otorgando un plazo de diez días hábiles. Alegan que no han recibió respuesta. Por lo anterior, solicitan se declare con lugar el presente recurso y se les ordene a las instituciones involucradas brindar respuesta a cada una de las peticiones realizadas. 2.- Mediante resolución de las 7:47 horas de 9 de septiembre de 2025, la Presidencia de la Sala le previno a los accionantes aportar “• Copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o de remisión de correo electrónico de la gestión o solicitud que señala planteó ante la autoridad accionada en fecha 19 de junio de 2023 y cuya falta de respuesta alega en el memorial de interposición de este proceso. Entiéndase que deberán aportar el documento a través del cual, en fecha 19 de junio de 2023 solicitaron ante las autoridades recurridas la información que reclaman no haber recibido aún.”. 3.- Por escrito incorporado al expediente el 17 de septiembre de 2025, los accionantes aportan la documentación requerida. 4.- Mediante resolución de las 9:16 horas de 18 de septiembre de 2025, la Presidencia de la Sala le dio curso al proceso y le solicitó informe al ministro de Agricultura y Ganadería, al director de Incopesca y al director del Despacho de la Presidencia. 5.- Por escrito incorporado al expediente el 23 de septiembre de 2025, Víctor Julio Carvajal Porras, ministro de Agricultura y Ganadería, informa: “PRIMERO: El Ministro de Agricultura y Ganadería, es el rector del sector agrario, ya que su función principal es dirigir y coordinar todas las políticas, planes y programas relacionados con la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura. Esta labor busca promover el desarrollo de estas actividades y asegurar el cumplimiento de las normativas establecidas para el sector. SEGUNDO: Por lo anterior, los decretos que sean promovidos, ejecutados o inspeccionados por Instituciones que formen parte del sector agropecuario, deben ser firmados por el Ministro de Agricultura y Ganadería, en su calidad de Rector del Sector Agropecuario. TERCERO: INCOPESCA es la institución que administra, regula y promueve el desarrollo del sector pesquero y acuícola con enfoque ecosistémico, bajo los principios de sostenibilidad, responsabilidad social y competitividad, formando parte del Sector Agrario costarricense. CUARTO: Las fechas citadas por el recurrente y a las consignadas en el acervo probatorio adjunto, coinciden cuando el Presidente Ejecutivo de INCOPESCA, contaba con el rango de “Ministro de Pesca”, función que la ejercía sin cartera, siendo INCOPESCA la encargada de darle soporte a sus funciones. QUINTO: Recibida la notificación de traslado del presente Recurso de Amparo, se procedió a analizar la prueba ofrecida por el recurrente, no obstante, no consta en la misma que se halla dirigido algún oficio, solicitud o correo electrónico a este Despacho Ministerial. SEXTO: Para tener objetividad a la hora de redactar el presente informe, se procedió a revisar en el sistema de gestión documental y correo electrónico destinado a recibir documentación dirigida el Despacho a saber ...2143 y no se ubicó ninguno de los oficios referidos por el recurrente. SETIMO: No encuentra este Despacho Ministerial, motivo para que el recurrente interpusiera el presente Recurso de Amparo contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería, toda vez que no se ha formulado ninguna consulta o solicitud de los hechos denunciados. OCTAVO: Petitoria Siendo que, como se demuestra en la misma prueba ofrecida por el recurrente, a este Despacho Ministerial no se le solicitó ningún tipo de información, petitoria o reunión y no consta el recibo de alguna gestión por parte del recurrente, respetuosamente solicito que, en lo que concierne a mi representado, sea declarado sin lugar el presente recurso de amparo.”. 6.- Por escrito incorporado al expediente el 23 de septiembre de 2025, Nelson Peña Navarro, presidente ejecutivo de Incopesca, rinde informe. Expone: “En la interposición del recurso de amparo que nos ocupa, el recurrente argumentó que solicito información ante el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, de la cual no recibió en tiempo y forma respuesta. En este apartado se informa a la Sala, que los correos a los que se remitió la consulta, para dicho momento eran válidos y utilizados para los efectos. II- DE LAS ACTUACIONES DE MI REPRESENTADA Efectivamente, los recurrentes gestionaron en tiempo y forma la solicitud de información pertinente, sin embargo, debe precisarse que la omisión de la respuesta oficial obedeció exclusivamente a un error material de carácter involuntario, circunstancia que en modo alguno puede ser interpretada como una inacción o desatención deliberada por parte de la Administración. En este punto resulta indispensable subrayar que el Decreto Ejecutivo N.° 42955-MAG, denominado "Declaratoria de Interés Público del Modelo de Desarrollo del Sector Pesquero Artesanal de Pequeña Escala contenido en la Alianza Público-Privada por la Pesca en Pequeña Escala en Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida", ha sido acatado y ejecutado de manera diligente y progresiva por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA). Lejos de configurarse un incumplimiento, la institución ha desplegado actuaciones concretas orientadas a la materialización de dicho modelo, mediante la conformación y actualización de las Áreas Marinas de Pesca Responsable, el fortalecimiento de los planes de ordenamiento pesquero, la integración activa de las comunidades de pescadores artesanales y de molusqueros en procesos de gobernanza participativa, así como la promoción de medidas de sostenibilidad pesquera y acuícola que encuentran pleno respaldo en los principios constitucionales de protección ambiental (artículo 50 de la Constitución Política), en la Ley de Pesca y Acuicultura N.° 8436 y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense en el marco de la FAO. De manera que, el yerro involuntario en la respuesta a los recurrentes no puede desvirtuar la realidad de que el Decreto N.° 42955-MAG se encuentra en plena ejecución por parte del INCOPESCA, con acciones verificables y resultados tangibles. En consecuencia, no es posible sostener que la Administración haya incurrido en una omisión institucional ni que haya desatendido los intereses legítimos de los administrados, sino que, por el contrario, se ha actuado dentro del marco de la legalidad, la buena fe administrativa y la finalidad pública que orienta la función estatal. Podemos ver, que actualmente, el INCOPESCA ha fortalecido la gobernanza de las AMPR mediante la vinculación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, destacando los siguientes: igualdad de género (ODS 5), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), producción y consumo responsables (ODS 12) y vida submarina (ODS 14). En términos cuantitativos, se cuenta con trece AMPR que abarcan un total de 2.851 ,30 km', lo que representa un 9,41% del mar territorial costarricense. En ejecución práctica, se han desarrollado investigaciones biológicas, económicas y sociales en Guanacaste, Golfo de Nicoya, Pacífico Sur, Golfo Dulce, Barra del Colorado y Caribe Sur, lo cual ha permitido regularizar a numerosas personas que ejercían la actividad en condiciones de informalidad, insertándolas en la cadena productiva y de comercialización. Asimismo, se han impulsado planes de manejo de moluscos en el Golfo de Nicoya y Pacifico Sur, autorizando extracciones legales mediante permisos grupales en coordinación con el MINAE. En materia de innovación y sostenibilidad, se implementó el proyecto de recambio de motores fuera de borda, con el doble propósito de reducir los costos de operación en un 50% y disminuir la huella ambiental de la actividad, en consonancia con el Plan Nacional de Descarbonizacìón2019. De manera paralela, se promovió la acuicultura familiar en pequeña escala, fortalecida con programas de capacitación que anualmente alcanzan a más de mil personas pescadoras y acuicultoras. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N.° 42955-MAG, mediante oficio N.° INCOPESCA-PE-1283-2025 se procedió a realizar el nombramiento oficial del representante del INCOPESCA quien coordinará la Mesa de Trabajo, designándose para tales efectos al señor Jorge Arturo López Romero, Jefe del Departamento de Extensión y Capacitación de esta institución. De igual manera, mediante oficio N.° INCOPESCA-PE-1284-2025 se solicitó formalmente a los representantes del sector de pesca artesanal en pequeña escala y de extracción de moluscos, tanto del Caribe (norte y sur) como del Pacifico (norte, central y sur), la presentación de una terna por cada sector, con el fin de proceder a la elección de sus respectivos delegados ante la citada Mesa de Trabajo. Finalmente, es imponente destacar que la gobernanza institucional del INCOPESCA se ha fortalecido mediante la representación directa de cuatro miembros de Junta Directiva elegidos democráticamente a nivel nacional, provenientes de las regiones de Guanacaste, Puntarenas y Limón, así como un representante del sector acuícola. Esta representatividad garantiza que las decisiones de política pública respondan a los intereses legítimos de los sectores pesqueros y acuícolas, y a los principios de transparencia y participación ciudadana establecidos en la normativa nacional. Además, se brindó respuesta mediante oficio INCOPESCA-PE-1 288-2025, por correo electrónico adjuntando los oficios mencionados arriba a los recurrentes.”. 7.- Por escrito incorporado al expediente el 25 de septiembre de 2025, Gabriel Arturo Aguilar Vargas, jefe del Despacho de la Presidencia de la República, rinde informe. Expone: “SOBRE EL FONDO: El asunto versa sobre la aparente falta de respuesta a una petición del 19 de junio de 2023 y remitida por correo electrónico a la dirección: ...97. donde se requirió: informaran sobre la implementación del Decreto No 42955 por parte del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, y que la Presidencia de la República atendiera la coyuntura en favor de los pescadores. Por su parte, y ante el informe que me ha requerido su honorable Tribunal, confirmamos que la dirección de correo electrónico: [email protected]_o.cr es el medio previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios. Dicho esto, se advierte que las gestiones planteadas por la parte amparada el 19 de junio, 21 de julio, 15 de noviembre, y 30 de noviembre de 2023, pretenden que a partir del Decreto Ejecutivo N°42955:"Declaratoria de interés público del modelo de desarrollo del sector pesquero artesanal de pequeña escala contenido en la alianza público-privada por la pesca en pequeña escala en áreas marinas de pesca responsable y territorios marinos de vida", se brinde el apoyo necesario, y se indique el seguimiento que se ha dado al cumplimiento del mismo. Asimismo, se advierte como bien se indicó en el escrito de interposición, la Presidencia de la República de manera diligente tramitó ante las autoridades competentes en la materia, es decir el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), las misivas planteadas, mediante los oficios PRDP-1129-2023, y PR-DP-1607-2023, mismos que fueron puestos en conocimiento del recurrente. Ahora bien, se advierte que en las misivas planteadas la parte recurrente ha solicitado reuniones de manera reiterada, sin embargo, es importante advertir que ello no es una solicitud pura y simple de información, amparable mediante el derecho de petición o mediante un reclamo administrativo, de acuerdo con los pronunciamientos emitidos por su alto Tribunal, al respecto vale la pena citar el extracto de la sentencia No. 2021025162 de las 09:40 horas del 9 de noviembre de 2021, en la que se indicó: "Ahora bien, sobre el particular, en cuanto a la solicitud de reunión, la Sala advierte que los requerimientos dirigidos a un funcionario u órgano público con el propósito de concertar una cita, por su propia naturaleza, no se ajustan al contenido del derecho de petición, por lo que no pueden ser objeto de un pronunciamiento en esta sede." En mérito de lo expuesto, se observa que desde que la gestión fue recibida, el despacho trasladó las gestiones al ente técnico y coordinador de la actividad, de acuerdo con el numeral 2 de la Ley N°7384 Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), y 3 del Decreto Ejecutivo N°42955, a fin de proveer una respuesta adecuada y completa, a los interesados, respetando de esa manera sus derechos fundamentales. Ahora bien, es de mi agrado informar que de acuerdo con el escrito presentado por el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, dentro de este Proceso de Amparo, se pone en mi conocimiento que la misiva fue atendida mediante oficio INCOPESCA-PE-1288-2025, misma que según se indicó fue notificado a la parte interesada, y que fue atendida en los siguientes términos: "(...) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N9.42955-MAG, mediante Oficio NQ. INCOPESCA-PE-1283-2025 se procedió a realizar el nombramiento oficial del representante del INCOPESCA quien coordinará la Mesa de Trabajo, designándose para tales efectos al señor Jorge Arturo López Romero, Jefe del Departamento de Extensión Pesquera y Acuícola de esta institución. De igual manera, mediante Oficio NQ. INCOPESCA-PE-1284-2025 se solicitó formalmente a López Romero realizar las gestiones necesarias para remitir a los representantes del sector de pesca artesanal en pequeña escala y de extracción de moluscos, tanto del Caribe (norte y sur) como del Pacífico (norte, central y sur), solicitud de presentación de una terna por cada sector, con el fin de proceder a la elección de sus respectivos delegados ante la citada Mesa de Trabajo." Así las cosas y conforme a los hechos expuestos, considero improcedente el presente recurso, y respetuosamente solicito se declare sin lugar, dado que las gestiones fueron atendidas y diligenciadas desde su ingreso.”. 8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Alvarado Paniagua; y, Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes exponen que representan a la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida. En ese tanto, el 19 de junio de 2023 remitieron un correo electrónico al Despacho de la Presidencia de la República y al Incopesca, mediante el cual solicitaron información de su interés. Comentan que ese mismo día, el Despacho de la Presidencia trasladó la consulta al presidente ejecutivo de Incopesca; empero, este no contestó nada. Señalan que el 21 de julio de 2023 enviaron una segunda solicitud y solicitaron una reunión con el presidente de la República y con el ministro de Pesca. Explican que el 11 de agosto de 2023, el Despacho de la Presidencia trasladó nuevamente el asunto al Incopesca, solicitando que se concediera una respuesta; empero, esto no se hizo. Debido a ello, arguyen que el 15 de noviembre de 2023 reiteraron la solicitud, pero tampoco obtuvieron resultado. Posteriormente, el 4 de diciembre de 2023 remitieron otro correo electrónico al Despacho de la Presidencia, solicitando respuesta y una reunión, pero lo que hizo ese despacho fue remitir nuevamente la gestión al ministro de Pesca. Alegan que al momento de interposición del recurso no habían obtenido la respuesta e información que solicitaron. II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial: a) El 19 de junio de 2023, la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida remitió un correo electrónico a las cuentas ...2 y , a través del cual se aportó una gestión en la que se consignó: "(…) Desde la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida, le enviamos un caluroso saludo y el mejor de los deseos para una gestión exitosa en función de la institución que representa. Como será de su conocimiento, recientemente, tuvimos nuestra reunión de planificación anual donde tuvimos la participación del Sr. Jorge López quien lo represento a Ud. como Ministro de Pesca. Agradecemos mucho su participación, que permitió a los representantes de nuestra Red, que representa a 22 comunidades y organizaciones de pescadores artesanales de pequeña escala del Caribe y el Pacifico del país, compartir algunas de sus dudas y visiones referentes al quehacer del INCOPESCA. Algunos de nuestros miembros, preguntaron al Sr. López cual era la situación de avance en la implementación del Decreto ejecutivo No. 42955-MAG referente al Modelo de los 12 Remos. Como recordara, con un enorme esfuerzo desde la sociedad civil, desarrollamos un proceso en Cahuita, Tárcoles y Dominicalito para avanzar en la aplicación de este modelo. Dicho proceso fue compartido con Ud. en nuestra primera reunión como Ministro de pesca hace más o menos 1 año. Igualmente hemos entregado copia del material y resultados de ese interesante proceso a los funcionarios y técnicos del INCOPESCA en un afán de avanzar en lo que reconocemos, es la única forma de una justicia pronta para la formalización de miles de pescadores (as) artesanales de pequeña escala que hoy sufren de la no formalidad, que los hace claras víctimas de la criminalización de una labor importante para sus comunidades y para nuestro país en términos de seguridad alimentaria y también de sus aportes en la conservación y uso sostenible de los recursos marino-costero. El Sr. López, nos indicó en la reunión que durante este año no existía posibilidad de avanzar en la implementación de este importante Decreto que ha sido negociado con gran dignidad y orgullo por nuestro sector, y además que solo si este tema se mantenía en el plan de trabajo del 2024 sería posible desarrollarlo. No omitimos manifestarle nuestra sorpresa. Primero porque conversamos con Ud., a inicios de esta administración para recordar la importancia del tema de la necesidad de licencias, nuestra propuesta y esta política pública que nos permitiría avanzar hacia nuestra formalización con justicia y equidad. Y segundo, porque es claro el mandato que tiene el INCOPESCA de cumplir con un decreto de tanta relevancia como lo es el de los 12 remos. Esta nota tiene como objetivo solicitarle su apoyo desde la Presidencia Ejecutiva del INCOPESCA y como Ministro de Pesca, así como también nos indique el seguimiento que se ha dado a la implementación del decreto de los 12 remos, que fuera uno de los que acordamos a inicios de su administración se le iba a dar seguimiento. Deseamos de la manera más atenta solicitar a Ud. y al Sr. Presidente de la República su atención a este tema que nos urge y está afectando de forma injusta y compleja a una enorme mayoría de mujeres y hombres del mar en nuestro país. Quedamos atentos y a la orden si se requiere de una conversación más en detalle sobre el tema, Atentamente, Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable (…)”. (Informe de las autoridades recurrida y prueba documental). b) Los correos electrónicos ...2 y constituyen medios oficiales para recibir gestiones de usuarios. (Informe de las autoridades recurridas). c) El MAG no ha recibió la gestión planteada por los accionantes. (Informe de la autoridad recurrida). d) Las autoridades recurridas fueron notificadas de la resolución de curso de este proceso el 18 y 19 de septiembre de 2025. (Actas de notificación agregadas al expediente). e) El 23 de septiembre de 2025, Incopesca notificó a los recurrentes el oficio nro. 1288-2025, en el que se indicó: “Con el agrado de saludarles y en atención a las consultas realizadas sobre la implementación del Decreto Ejecutivo Ne. 42955-MAG, denominado "Declaratoria de Interés Público del Modelo de Desarrollo del Sector Pesquero Artesanal de Pequeña Escala contenido en la Alianza Público-Privada por la Pesca en Pequeña Escala en Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida", la Presidencia Ejecutiva procede a exponer los antecedentes normativos, las acciones emprendidas por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y las proyecciones actuales de ejecución de dicho modelo. Desde el año 2009, mediante los artículos 1 y 2 de la Ley de Pesca y Acuicultura N2. 8436, en concordancia con los principios de sostenibilidad, ordenamiento y participación comunitaria, el INCOPESCA ha desarrollado una política institucional tendiente a reconocer el papel fundamental de las comunidades pesqueras en la administración y uso responsable de los recursos marino-costeros. Sobre esta base legal se instituyó el modelo de Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR), el cual ha sido consolidado mediante procesos de co-manejo con agrupaciones de pescadores y acuicultores, siguiendo los lineamientos de los artículos 50 y 89 de la Constitución Política, relativos al derecho a un ambiente sano y a la protección de los sectores productivos tradicionales. En aplicación de lo anterior, se han constituido y actualizado los comités de seguimiento de las AMPR en Barra del Colorado, Papagayo, Golfo Dulce, Costa de Pájaros, Isla Venado y Paquera-Tambor, así como los planes de ordenamiento pesquero de Palito, Montero y San Juanillo. En el presente año 2025, se han iniciado los procesos de actualización para Isla Venado, Paquera-Tambor y Golfo Dulce. De igual forma, en articulación con la Asociación de Pescadores Subsistente y la Asociación de Pescadores Artesanales del Caribe Sur, se elaboró el Plan de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la nueva AMPR Caribe Sur, documento que se encuentra en etapa de edición para su próxima elevación a la Junta Directiva de este Instituto. Debe resaltarse que la declaratoria de interés público contenida en el Decreto N2. 42955-MAG constituye un instrumento de política pública que, conforme al artículo 140 inciso 3) de la Constitución Política y al artículo 25 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública N2. 6227, faculta al Poder Ejecutivo a dictar directrices de carácter general para la promoción del bienestar social. En ese sentido, el modelo de desarrollo del sector pesquero artesanal de pequeña escala se enmarca en la estrategia de desarrollo humano y sostenible del Estado costarricense, así como en el cumplimiento de compromisos internacionales como las Directrices voluntarias de la FAO para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, recogidas en el Decreto Ejecutivo N9 39195-MAG-MINAE-MTSS de 2015. Actualmente, el INCOPESCA ha fortalecido la gobernanza de las AMPR mediante la vinculación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, destacando los siguientes: igualdad de género (ODS 5), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), producción y consumo responsables (ODS 12) y vida submarina (ODS 14). En términos cuantitativos, se cuenta con trece AMPR que abarcan un total de 2.851 ,30 km", lo que representa un 9,41% del mar territorial costarricense. En ejecución práctica, se han desarrollado investigaciones biológicas, económicas y sociales en Guanacaste, Golfo de Nicoya, Pacífico Sur, Golfo Dulce, Barra del Colorado y Caribe Sur, lo cual ha permitido regularizar a numerosas personas que ejercían la actividad en condiciones de informalidad, insertándolas en la cadena productiva y de comercialización. Asimismo, se han impulsado planes de manejo de moluscos en el Golfo de Nicoya y Pacífico Sur, autorizando extracciones legales mediante permisos grupales en coordinación con el MINAE. En materia de innovación y sostenibilidad, se implementó el proyecto de recambio de motores fuera de borda, con el doble propósito de reducir los costos de operación en un 50% y disminuir la huella ambiental de la actividad, en consonancia con el Plan Nacional de Descarbonización 2019. De manera paralela, se promovió la acuicultura familiar en pequeña escala, fortalecida con programas de capacitación que anualmente alcanzan a más de mil personas pescadoras y acuicultoras. Cabe mencionar que, en reconocimiento del rol de las comunidades pesqueras como custodias del mar y sus recursos, en 2025 se inició, junto con el MINAE, un plan piloto de pago por servicios ambientales en manglares para grupos de molusqueros, con la finalidad de retribuir su contribución a la conservación de ecosistemas críticos. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N2. 42955-MAG, mediante Oficio Ne. INCOPESCA-PE-1283-2025 se procedió a realizar el nombramiento oficial del representante del INCOPESCA quien coordinará la Mesa de Trabajo, designándose para tales efectos al señor Jorge Arturo López Romero, Jefe del Departamento de Extensión Pesquera y Acuícola de esta institución. De igual manera, mediante Oficio NQ. INCOPESCA-PE-1 284-2025 se solicitó formalmente a López Romero realizar las gestiones necesarias para remitir a los representantes del sector de pesca artesanal en pequeña escala y de extracción de moluscos, tanto del Caribe (norte y sur) como del Pacífico (norte, central y sur), solicitud de presentación de una terna por cada sector, con el fin de proceder a la elección de sus respectivos delegados ante la citada Mesa de Trabajo. Finalmente, es importante destacar que la gobernanza institucional del INCOPESCA se ha fortalecido mediante la representación directa de cuatro miembros de Junta Directiva elegidos democráticamente a nivel nacional, provenientes de las regiones de Guanacaste, Puntarenas y Limón, así como un representante del sector acuícola. Esta representatividad garantiza que las decisiones de política pública respondan a los intereses legítimos de los sectores pesqueros y acuícolas, y a los principios de transparencia y participación ciudadana establecidos en la normativa nacional.”. (Informe de las autoridades recurridas y prueba documental). III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, los recurrentes exponen que representan a la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida. En ese tanto, el 19 de junio de 2023 remitieron un correo electrónico al Despacho de la Presidencia de la República y al Incopesca, mediante el cual solicitaron información de su interés. Comentan que ese mismo día, el Despacho de la Presidencia trasladó la consulta al presidente ejecutivo de Incopesca; empero, este no contestó nada. Señalan que el 21 de julio de 2023 enviaron una segunda solicitud y solicitaron una reunión con el presidente de la República y con el ministro de Pesca. Explican que el 11 de agosto de 2023, el Despacho de la Presidencia trasladó nuevamente el asunto al Incopesca, solicitando que se concediera una respuesta; empero, esto no se hizo. Debido a ello, arguyen que el 15 de noviembre de 2023 reiteraron la solicitud, pero tampoco obtuvieron resultado. Posteriormente, el 4 de diciembre de 2023 remitieron otro correo electrónico al Despacho de la Presidencia, solicitando respuesta y una reunión, pero lo que hizo ese despacho fue remitir nuevamente la gestión al ministro de Pesca. Alegan que al momento de interposición del recurso no habían obtenido la respuesta e información que solicitaron. Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que, el 19 de junio de 2023, la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida remitió un correo electrónico a las cuentas ...2 y , a través del cual se aportó una gestión en la que se consignó: "(…) Desde la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida, le enviamos un caluroso saludo y el mejor de los deseos para una gestión exitosa en función de la institución que representa. Como será de su conocimiento, recientemente, tuvimos nuestra reunión de planificación anual donde tuvimos la participación del Sr. Jorge López quien lo represento a Ud. como Ministro de Pesca. Agradecemos mucho su participación, que permitió a los representantes de nuestra Red, que representa a 22 comunidades y organizaciones de pescadores artesanales de pequeña escala del Caribe y el Pacifico del país, compartir algunas de sus dudas y visiones referentes al quehacer del INCOPESCA. Algunos de nuestros miembros, preguntaron al Sr. López cual era la situación de avance en la implementación del Decreto ejecutivo No. 42955-MAG referente al Modelo de los 12 Remos. Como recordara, con un enorme esfuerzo desde la sociedad civil, desarrollamos un proceso en Cahuita, Tárcoles y Dominicalito para avanzar en la aplicación de este modelo. Dicho proceso fue compartido con Ud. en nuestra primera reunión como Ministro de pesca hace más o menos 1 año. Igualmente hemos entregado copia del material y resultados de ese interesante proceso a los funcionarios y técnicos del INCOPESCA en un afán de avanzar en lo que reconocemos, es la única forma de una justicia pronta para la formalización de miles de pescadores (as) artesanales de pequeña escala que hoy sufren de la no formalidad, que los hace claras víctimas de la criminalización de una labor importante para sus comunidades y para nuestro país en términos de seguridad alimentaria y también de sus aportes en la conservación y uso sostenible de los recursos marino-costero. El Sr. López, nos indicó en la reunión que durante este año no existía posibilidad de avanzar en la implementación de este importante Decreto que ha sido negociado con gran dignidad y orgullo por nuestro sector, y además que solo si este tema se mantenía en el plan de trabajo del 2024 sería posible desarrollarlo. No omitimos manifestarle nuestra sorpresa. Primero porque conversamos con Ud., a inicios de esta administración para recordar la importancia del tema de la necesidad de licencias, nuestra propuesta y esta política pública que nos permitiría avanzar hacia nuestra formalización con justicia y equidad. Y segundo, porque es claro el mandato que tiene el INCOPESCA de cumplir con un decreto de tanta relevancia como lo es el de los 12 remos. Esta nota tiene como objetivo solicitarle su apoyo desde la Presidencia Ejecutiva del INCOPESCA y como Ministro de Pesca, así como también nos indique el seguimiento que se ha dado a la implementación del decreto de los 12 remos, que fuera uno de los que acordamos a inicios de su administración se le iba a dar seguimiento. Deseamos de la manera más atenta solicitar a Ud. y al Sr. Presidente de la República su atención a este tema que nos urge y está afectando de forma injusta y compleja a una enorme mayoría de mujeres y hombres del mar en nuestro país. Quedamos atentos y a la orden si se requiere de una conversación más en detalle sobre el tema, Atentamente, Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable (…)”. Los correos electrónicos os y 76 constituyen medios oficiales para recibir gestiones de usuarios. El MAG no ha recibió la gestión planteada por los accionantes. Las autoridades recurridas fueron notificadas de la resolución de curso de este proceso el 18 y 19 de septiembre de 2025. El 23 de septiembre de 2025, Incopesca notificó a los recurrentes el oficio nro. 1288-2025, en el que se indicó: “Con el agrado de saludarles y en atención a las consultas realizadas sobre la implementación del Decreto Ejecutivo Ne. 42955-MAG, denominado "Declaratoria de Interés Público del Modelo de Desarrollo del Sector Pesquero Artesanal de Pequeña Escala contenido en la Alianza Público-Privada por la Pesca en Pequeña Escala en Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida", la Presidencia Ejecutiva procede a exponer los antecedentes normativos, las acciones emprendidas por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y las proyecciones actuales de ejecución de dicho modelo. Desde el año 2009, mediante los artículos 1 y 2 de la Ley de Pesca y Acuicultura N2. 8436, en concordancia con los principios de sostenibilidad, ordenamiento y participación comunitaria, el INCOPESCA ha desarrollado una política institucional tendiente a reconocer el papel fundamental de las comunidades pesqueras en la administración y uso responsable de los recursos marino-costeros. Sobre esta base legal se instituyó el modelo de Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR), el cual ha sido consolidado mediante procesos de co-manejo con agrupaciones de pescadores y acuicultores, siguiendo los lineamientos de los artículos 50 y 89 de la Constitución Política, relativos al derecho a un ambiente sano y a la protección de los sectores productivos tradicionales. En aplicación de lo anterior, se han constituido y actualizado los comités de seguimiento de las AMPR en Barra del Colorado, Papagayo, Golfo Dulce, Costa de Pájaros, Isla Venado y Paquera-Tambor, así como los planes de ordenamiento pesquero de Palito, Montero y San Juanillo. En el presente año 2025, se han iniciado los procesos de actualización para Isla Venado, Paquera-Tambor y Golfo Dulce. De igual forma, en articulación con la Asociación de Pescadores Subsistente y la Asociación de Pescadores Artesanales del Caribe Sur, se elaboró el Plan de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la nueva AMPR Caribe Sur, documento que se encuentra en etapa de edición para su próxima elevación a la Junta Directiva de este Instituto. Debe resaltarse que la declaratoria de interés público contenida en el Decreto N2. 42955-MAG constituye un instrumento de política pública que, conforme al artículo 140 inciso 3) de la Constitución Política y al artículo 25 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública N2. 6227, faculta al Poder Ejecutivo a dictar directrices de carácter general para la promoción del bienestar social. En ese sentido, el modelo de desarrollo del sector pesquero artesanal de pequeña escala se enmarca en la estrategia de desarrollo humano y sostenible del Estado costarricense, así como en el cumplimiento de compromisos internacionales como las Directrices voluntarias de la FAO para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, recogidas en el Decreto Ejecutivo N9 39195-MAG-MINAE-MTSS de 2015. Actualmente, el INCOPESCA ha fortalecido la gobernanza de las AMPR mediante la vinculación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, destacando los siguientes: igualdad de género (ODS 5), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), producción y consumo responsables (ODS 12) y vida submarina (ODS 14). En términos cuantitativos, se cuenta con trece AMPR que abarcan un total de 2.851 ,30 km", lo que representa un 9,41% del mar territorial costarricense. En ejecución práctica, se han desarrollado investigaciones biológicas, económicas y sociales en Guanacaste, Golfo de Nicoya, Pacífico Sur, Golfo Dulce, Barra del Colorado y Caribe Sur, lo cual ha permitido regularizar a numerosas personas que ejercían la actividad en condiciones de informalidad, insertándolas en la cadena productiva y de comercialización. Asimismo, se han impulsado planes de manejo de moluscos en el Golfo de Nicoya y Pacífico Sur, autorizando extracciones legales mediante permisos grupales en coordinación con el MINAE. En materia de innovación y sostenibilidad, se implementó el proyecto de recambio de motores fuera de borda, con el doble propósito de reducir los costos de operación en un 50% y disminuir la huella ambiental de la actividad, en consonancia con el Plan Nacional de Descarbonización 2019. De manera paralela, se promovió la acuicultura familiar en pequeña escala, fortalecida con programas de capacitación que anualmente alcanzan a más de mil personas pescadoras y acuicultoras. Cabe mencionar que, en reconocimiento del rol de las comunidades pesqueras como custodias del mar y sus recursos, en 2025 se inició, junto con el MINAE, un plan piloto de pago por servicios ambientales en manglares para grupos de molusqueros, con la finalidad de retribuir su contribución a la conservación de ecosistemas críticos. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N2. 42955-MAG, mediante Oficio Ne. INCOPESCA-PE-1283-2025 se procedió a realizar el nombramiento oficial del representante del INCOPESCA quien coordinará la Mesa de Trabajo, designándose para tales efectos al señor Jorge Arturo López Romero, Jefe del Departamento de Extensión Pesquera y Acuícola de esta institución. De igual manera, mediante Oficio NQ. INCOPESCA-PE-1 284-2025 se solicitó formalmente a López Romero realizar las gestiones necesarias para remitir a los representantes del sector de pesca artesanal en pequeña escala y de extracción de moluscos, tanto del Caribe (norte y sur) como del Pacífico (norte, central y sur), solicitud de presentación de una terna por cada sector, con el fin de proceder a la elección de sus respectivos delegados ante la citada Mesa de Trabajo. Finalmente, es importante destacar que la gobernanza institucional del INCOPESCA se ha fortalecido mediante la representación directa de cuatro miembros de Junta Directiva elegidos democráticamente a nivel nacional, provenientes de las regiones de Guanacaste, Puntarenas y Limón, así como un representante del sector acuícola. Esta representatividad garantiza que las decisiones de política pública respondan a los intereses legítimos de los sectores pesqueros y acuícolas, y a los principios de transparencia y participación ciudadana establecidos en la normativa nacional.”. En primer lugar, cabe aclarar que los accionantes ya habían planteado un recurso de amparo por la falta de respuesta alegada, que se conoció en el expediente nro. 24-035725-0007-CO. Sin embargo, en esa ocasión no fue aportada la gestión cuya falta de respuesta se acusa, de modo que la Sala resolvió con los elementos que constaban en los autos y desestimó el recurso a través de la resolución nro. 2025001768 de las 9:45 horas de 21 de 2024. Ahora bien, en el sub iudice, los accionantes aportan la gestión de marras, de modo que esta Cámara puede analizar su contenido y efectuar el respectivo análisis de constitucionalidad. Aclarado lo anterior, se observa que, a través de la gestión incoada, se solicitó a las autoridades de Incopesca que “nos indique el seguimiento que se ha dado a la implementación del decreto de los 12 remos, que fuera uno de los que acordamos a inicios de su administración se le iba a dar seguimiento (…)”. Sin embargo, no fue sino con ocasión del trámite de este recurso, que las autoridades del Incopesca y el Despacho de la Presidencia de la República (que recibieron formalmente la gestión), coordinaron lo pertinente para brindar una respuesta, lo que finalmente se hizo el 23 de septiembre del año en curso, a través del oficio nro. 1288-2025 de Incopesca. Ergo, se declara con lugar el recurso respecto de las dependencias señaladas, según las disposiciones del ordinal 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. IV.- Por otra parte, en cuanto al MAG, a priori se descarta alguna omisión lesiva de los derechos fundamentales de la parte accionante, toda vez que no consta que esa dependencia haya recibido la gestión objeto del sub iudice. V.- Finalmente, si bien los accionantes exponen que también formularon solicitudes de reunión ante el Despacho de la Presidencia de la República, conviene advertir que tal requerimiento no resulta tutelable bajo los ordinales 27 y 30 de la Constitución Política. En ese tanto, verbigracia, en la sentencia nro. 2025029682 de las 10:25 horas de 12 de septiembre de 2025, esta Cámara indicó: “II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Este Tribunal Constitucional ha señalado que las gestiones dirigidas a un funcionario u órgano público con el fin de concertar una cita, audiencia o reunión, por su naturaleza, no se ajustan al contenido constitucional del derecho de petición, por lo que no pueden ser objeto de control de constitucionalidad en esta sede. Sobre el tema, en la sentencia No. 2021025162 de las 09:40 horas del 9 de noviembre de 2021, esta Sala indicó: “(…) IV.- Por otra parte, la Sala también tiene por demostrado que, el 16 de setiembre de 2021, el accionante dirigió un correo electrónico a las cuentas [...] y [...], en el que refirió: “(…) Adjunto solicitud de respuesta a la propuesta de tener una reunión con el CEO de Alliance Fisheries INC, en New York aprovechando la gira del señor Presidente a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (…)”. En tal correo electrónico se adjuntó una gestión dirigida al presidente de la República, en la que se manifestó: “(…) Solicito una respuesta a la propuesta que mi persona envió el pasado viernes 20 de agosto del 2021, para tener una reunión formal con el Sr. [Nombre4] CEO de Alliance Fisheries Inc. con sede en New York, aprovechando su gira a New York durante el mes de septiembre próximo con motivo de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, con el objetivo de dialogar sobre la propuesta que se le presentó desde el 26 de junio del 2019, para la construcción y puesta en operación de una planta procesadora de túnidos (sic) y pelágicos, enlatado y conservas (planta atunera), que contará con 5 barcos atuneros cerqueros para su abastecimiento, una inversión cercana a los $150 millones de dólares (sic) y que generaría 1.500 empleos directos en Puntarenas. Solicito se me indiquen los motivos de la negación de aceptar dicha reunión (…)”. El 16 de setiembre de 2021, desde la cuenta [...] se envió un correo electrónico al amparado, en el que se consignó: “(…) Acuse de recibo (…)”. Ahora bien, sobre el particular, en cuanto a la solicitud de reunión, la Sala advierte que los requerimientos dirigidos a un funcionario u órgano público con el propósito de concertar una cita, por su propia naturaleza, no se ajustan al contenido del derecho de petición, por lo que no pueden ser objeto de un pronunciamiento en esta sede. Sobre este particular, en la sentencia n.° 2019-002611 de las 9:30 horas del 15 de febrero de 2019, este Tribunal señaló: “En lo que atañe a las solicitudes dirigidas a un funcionario o a un sujeto de derecho privado, con el propósito de concertar una audiencia, por su propia naturaleza no se ajustan al contenido del derecho de petición regulado en el artículo 27, de la Constitución Política, por lo que no pueden ser objeto de un pronunciamiento en esta sede, alegándose un supuesto quebranto al derecho de petición. Del mismo modo, tampoco podrían serlo por el derecho a gozar de una justicia pronta y cumplida, ya que la programación de la respectiva cita, de llegar a efectuarse, deberá determinarse de acuerdo con las posibilidades y actividades que tengan la parte accionada. De allí que el hecho de que a la fecha, no se le haya programado cita alguna al recurrente, no constituye una lesión a los artículos 27 y 41, de la Constitución Política. En suma, el amparo por este extremo debe ser declarado sin lugar”. Así las cosas, la Sala no encuentra mérito para variar el criterio antes expuesto. Ergo, lo procedente es declarar sin lugar el recurso respecto a este extremo”. En similar sentido se pueden consultar las sentencias No. 2019002611 de las 09:30 horas del 15 de febrero de 2019, No. 2020002911 de las 09:30 horas del 14 de febrero de 2020, No. 2021004550 de las 10:05 horas del 5 de marzo de 2021, No. 2022010473 de las 10:05 horas del 10 de mayo de 2022, entre muchas otras. Así las cosas, visto que en el sub lite, lo expuesto por la parte tutelada ante las autoridades accionadas corresponde a una solicitud de audiencia, los precedentes transcritos resultan aplicables. En consecuencia, el recurso deviene inadmisible.”. Ergo, se desestima el recurso en relación con este extremo. VI.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ("Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes". Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. VII.- RAZONES DIFERENTES Y VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y SALAZAR MURILLO. Si bien coincidimos con el voto de mayoría, que declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, consideramos que debe ser estimado; pero imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por las siguientes razones. El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas. El artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente: “Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”. Por su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente: “Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”. En el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 del 26 de octubre de 2012, se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa: “Presentación de escritos y plazo de respuesta. El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”. De este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho. Asimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone: “...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”. En consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-. Por lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida. Así, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales. Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo de la parte amparada, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar a la parte recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal y como lo habilita el precepto 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En consecuencia, salvamos parcialmente el voto, e imponemos a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012. Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, únicamente respecto del Despacho de la Presidencia de la República y del Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura, y respecto de la dilación para atender la gestión de 19 de junio de 2023. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Salazar Alvarado y Salazar Murillo consignan razones diferentes y salvan parcialmente el voto únicamente para efectos indemnizatorios, e imponen a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Ronald Salazar Murillo Alexandra Alvarado P. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- DHN8ME7W8J061 EXPEDIENTE N° 25-026793-0007-CO Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:55:22. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**RESULTANDO:** **1.-** By document incorporated into the case file on September 3, 2025, the petitioners file an amparo action. They state that since April 30, 2021, Executive Decree No. 42955 entered into force, through which the development model of the small-scale artisanal fishing sector was declared of public interest, contained in the public-private alliance for small-scale fishing in marine areas of responsible fishing and marine territories of life, which was signed by the Minister of Agriculture and Livestock and the President of the Republic. They point out that since June 19, 2023, the Network of Marine Areas of Responsible Fishing and Marine Territories of Life, represented by the petitioners, sent a first email addressed to the Presidential Office and the Presidency of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (Incopesca), through which they requested: "(…) From the Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida, we send you a warm greeting and best wishes for a successful administration on behalf of the institution you represent. As you may know, we recently held our annual planning meeting where we had the participation of Mr. Jorge López, who represented you as Minister of Fisheries. We greatly appreciate his participation, which allowed the representatives of our Network, which represents 22 communities and organizations of small-scale artisanal fishers from the Caribbean and the Pacific of the country, to share some of their doubts and visions regarding the work of INCOPESCA. Some of our members asked Mr. López about the progress in the implementation of Executive Decree No. 42955-MAG regarding the 12 Oars Model. As you will recall, with enormous effort from civil society, we developed a process in Cahuita, Tárcoles, and Dominicalito to advance the application of this model. This process was shared with you at our first meeting as Minister of Fisheries approximately 1 year ago. We have also delivered copies of the material and results of this interesting process to the officials and technicians of INCOPESCA, eager to advance what we recognize is the only path to prompt justice for the formalization of thousands of small-scale artisanal fishers who today suffer from lack of formality, which makes them clear victims of the criminalization of an important activity for their communities and for our country in terms of food security and also for their contributions to the conservation and sustainable use of marine-coastal resources. Mr. López indicated to us at the meeting that this year there was no possibility of advancing the implementation of this important Decree, which has been negotiated with great dignity and pride by our sector, and furthermore, that only if this issue remained in the 2024 work plan would it be possible to develop it. We cannot fail to express our surprise. First, because we spoke with you at the beginning of this administration to recall the importance of the issue of the need for licenses, our proposal, and this public policy that would allow us to advance towards our formalization with justice and equity. And second, because the mandate that INCOPESCA has to comply with a decree as relevant as the 12 oars one is clear. The purpose of this note is to request your support from the Executive Presidency of INCOPESCA and as Minister of Fisheries, and also to inform us of the follow-up given to the implementation of the 12 oars decree, which was one of those we agreed at the beginning of your administration would be followed up on. We most respectfully wish to request your and Mr. President of the Republic's attention to this urgent issue that is unfairly and complexly affecting a vast majority of women and men of the sea in our country. We remain attentive and at your service should a more detailed conversation on the matter be required. Sincerely, Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable (…)". They emphasize that on that same day, official Ana Rivera from the Presidential Office forwarded the inquiry to the executive president of Incopesca, requesting a response within ten business days; however, they claim that no response was received. They add that on July 21, 2023, a second request was sent to the presidential office, reiterating the lack of response from Incopesca and requesting a meeting with the President of the Republic and the Minister of Fisheries, before which they indicate having received only an acknowledgement of receipt of the request in response, without offering a timeframe to schedule the required meeting. They add that on August 11, 2023, official Gabriel Aguilar Vargas, director of the Presidential Office, sent official letter No. PR-DP-1129-2023 to the Minister of Fisheries, requesting a response, given that the matter fell under the competence of Incopesca and granting a period of eight business days. They argue that consequently, on November 15, 2023, a third request was sent to the Presidential Office, reiterating the urgency of taking actions to implement the decree and again requesting a meeting, regarding which, receipt was again acknowledged, but no concrete response was offered. They also state that on December 4, 2023, another email was sent to the Presidential Office reiterating the request for a response and a meeting, obtaining no reply, in response to which, on the following December 12, official Gabriel Aguilar Vargas sent official letter PR-DP-1607-2023 again to the Minister of Fisheries, requesting a response regarding the lack of implementation of Decree No. 42955, granting a period of ten business days. They claim they received no response. For the foregoing reasons, they request that the present amparo action be granted with merit and that the institutions involved be ordered to provide a response to each of the requests made. **2.-** By ruling at 7:47 a.m. on September 9, 2025, the Presidency of the Chamber warned the plaintiffs to provide "• A complete, legible copy with the respective proof of receipt or email transmission of the request or petition you indicate was filed before the respondent authority on June 19, 2023, and whose lack of response you allege in the filing brief of this process. It is understood that you must provide the document through which, on June 19, 2023, you requested the information from the respondent authorities that you claim not to have yet received." **3.-** By document incorporated into the case file on September 17, 2025, the plaintiffs provide the required documentation. **4.-** By ruling at 9:16 a.m. on September 18, 2025, the Presidency of the Chamber admitted the process and requested a report from the Minister of Agriculture and Livestock, the director of Incopesca, and the director of the Office of the Presidency. **5.-** By document incorporated into the case file on September 23, 2025, Víctor Julio Carvajal Porras, Minister of Agriculture and Livestock, reports: "FIRST: The Minister of Agriculture and Livestock is the rector of the agricultural sector, as his main function is to direct and coordinate all policies, plans, and programs related to agriculture, livestock, fisheries, and aquaculture. This work seeks to promote the development of these activities and ensure compliance with the regulations established for the sector. SECOND: For the above reason, decrees that are promoted, executed, or inspected by Institutions that form part of the agricultural sector must be signed by the Minister of Agriculture and Livestock, in his capacity as Rector of the Agricultural Sector. THIRD: INCOPESCA is the institution that administers, regulates, and promotes the development of the fisheries and aquaculture sector with an ecosystemic approach, under the principles of sustainability, social responsibility, and competitiveness, forming part of the Costa Rican Agricultural Sector. FOURTH: The dates cited by the petitioner and those recorded in the attached body of evidence coincide with the period when the Executive President of INCOPESCA held the rank of 'Minister of Fisheries,' a function he exercised without portfolio, with INCOPESCA being responsible for supporting his functions. FIFTH: Having received the notice of transfer of the present Amparo Action, we proceeded to analyze the evidence offered by the petitioner; however, it is not evident therein that any official letter, request, or email was addressed to this Ministerial Office. SIXTH: To be objective when drafting this report, we proceeded to review the document management system and the email account designated to receive documentation addressed to the Office, namely ...2143, and none of the official letters referred to by the petitioner were located. SEVENTH: This Ministerial Office finds no reason for the petitioner to have filed the present Amparo Action against the Ministry of Agriculture and Livestock, given that no inquiry or request has been formulated regarding the denounced facts. EIGHTH: Prayer for Relief Since, as demonstrated in the very evidence offered by the petitioner, no type of information, petition, or meeting was requested from this Ministerial Office, and there is no record of the receipt of any petition from the petitioner, I respectfully request that, with regard to my represented party, the present amparo action be dismissed." **6.-** By document incorporated into the case file on September 23, 2025, Nelson Peña Navarro, executive president of Incopesca, submits a report. He states: "In the filing of the amparo action before us, the petitioner argued that they requested information from the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, to which they did not receive a response in a timely manner. In this section, the Chamber is informed that the emails to which the inquiry was sent were, at that time, valid and used for those purposes. II- REGARDING THE ACTIONS OF MY REPRESENTED PARTY Effectively, the petitioners timely and properly submitted the relevant information request; however, it must be specified that the omission of the official response was due exclusively to an involuntary material error, a circumstance that can in no way be interpreted as deliberate inaction or neglect on the part of the Administration. At this point, it is essential to underline that Executive Decree No. 42955-MAG, called 'Declaratory of Public Interest of the Development Model of the Small-Scale Artisanal Fishing Sector contained in the Public-Private Alliance for Small-Scale Fishing in Marine Areas of Responsible Fishing and Marine Territories of Life,' has been diligently and progressively complied with and executed by the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (INCOPESCA). Far from constituting a breach, the institution has deployed concrete actions aimed at the materialization of said model, through the conformation and updating of the Marine Areas of Responsible Fishing, the strengthening of fisheries management plans, the active integration of artisanal fisher and mollusk gatherer communities in participatory governance processes, as well as the promotion of fisheries and aquaculture sustainability measures that find full support in the constitutional principles of environmental protection (article 50 of the Political Constitution), in the Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436, and in the international commitments assumed by the Costa Rican State within the framework of the FAO. Thus, the involuntary error in responding to the petitioners cannot distort the reality that Decree No. 42955-MAG is in full execution by INCOPESCA, with verifiable actions and tangible results. Consequently, it is not possible to sustain that the Administration has incurred an institutional omission or that it has neglected the legitimate interests of the administered parties, but rather, on the contrary, it has acted within the framework of legality, administrative good faith, and the public purpose that guides state function. We can see that currently, INCOPESCA has strengthened the governance of the AMPRs through the linkage of the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda, highlighting the following: gender equality (SDG 5), decent work and economic growth (SDG 8), responsible production and consumption (SDG 12), and life below water (SDG 14). In quantitative terms, there are thirteen AMPRs covering a total of 2,851.30 km², which represents 9.41% of the Costa Rican territorial sea. In practical execution, biological, economic, and social research has been developed in Guanacaste, Golfo de Nicoya, South Pacific, Golfo Dulce, Barra del Colorado, and South Caribbean, which has allowed for the regularization of numerous people who carried out the activity under conditions of informality, inserting them into the productive and commercialization chain. Likewise, mollusk management plans have been promoted in the Golfo de Nicoya and South Pacific, authorizing legal extractions through group permits in coordination with MINAE. In terms of innovation and sustainability, the outboard motor replacement project was implemented, with the dual purpose of reducing operating costs by 50% and diminishing the environmental footprint of the activity, in line with the National Decarbonization Plan 2019. In parallel, small-scale family aquaculture was promoted, strengthened by training programs that annually reach more than one thousand fisher and aquaculture persons. Also, in compliance with the provisions of article 5 of Executive Decree No. 42955-MAG, by official letter No. INCOPESCA-PE-1283-2025, the official appointment was made of the INCOPESCA representative who will coordinate the Working Group, designating for such purposes Mr. Jorge Arturo López Romero, Head of the Department of Extension and Training of this institution. Similarly, by official letter No. INCOPESCA-PE-1284-2025, the representatives of the small-scale artisanal fishing and mollusk extraction sector, from both the Caribbean (north and south) and the Pacific (north, central, and south), were formally requested to submit a shortlist of three candidates per sector, in order to proceed with the election of their respective delegates before the aforementioned Working Group. Finally, it is important to highlight that the institutional governance of INCOPESCA has been strengthened through the direct representation of four members of the Board of Directors democratically elected at the national level, from the regions of Guanacaste, Puntarenas, and Limón, as well as a representative from the aquaculture sector. This representativeness ensures that public policy decisions respond to the legitimate interests of the fishing and aquaculture sectors, and to the principles of transparency and citizen participation established in national regulations. Furthermore, a response was provided through official letter INCOPESCA-PE-1288-2025, sent by email attaching the aforementioned official letters to the petitioners." **7.-** By document incorporated into the case file on September 25, 2025, Gabriel Arturo Aguilar Vargas, head of the Office of the Presidency of the Republic, submits a report. He states: "ON THE MERITS: The matter concerns the apparent lack of response to a petition dated June 19, 2023, sent by email to the address: ...97. which requested: to be informed about the implementation of Decree No. 42955 by the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, and that the Presidency of the Republic address the situation in favor of the fishers. For its part, and in response to the report requested by your honorable Court, we confirm that the email address: [email protected] is the designated official mechanism for receiving petitions from users. That being said, it is noted that the petitions filed by the protected party on June 19, July 21, November 15, and November 30, 2023, seek that, based on Executive Decree No. 42955: 'Declaratory of public interest of the development model of the small-scale artisanal fishing sector contained in the public-private alliance for small-scale fishing in marine areas of responsible fishing and marine territories of life,' the necessary support be provided, and the follow-up given to its compliance be indicated. Likewise, it is noted, as was well indicated in the filing brief, that the Presidency of the Republic diligently processed the missives before the competent authorities in the matter, that is, the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (INCOPESCA), through official letters PRDP-1129-2023 and PR-DP-1607-2023, which were brought to the petitioner's attention. Now then, it is noted that in the missives filed, the petitioner has repeatedly requested meetings; however, it is important to note that this is not a pure and simple request for information, amenable to protection through the right of petition or through an administrative claim, in accordance with the pronouncements issued by your high Court. In this regard, it is worth citing an extract from judgment No. 2021025162 at 09:40 a.m. on November 9, 2021, in which it was stated: 'Now then, on the particular matter, regarding the request for a meeting, the Chamber notes that requests directed to an official or public body for the purpose of arranging an appointment, by their very nature, do not fit the content of the right of petition, and therefore cannot be the subject of a ruling in this venue.' By virtue of the foregoing, it is observed that from the moment the petition was received, the office forwarded the petitions to the technical and coordinating entity of the activity, in accordance with section 2 of Law No. 7384 Creation of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (INCOPESCA), and section 3 of Executive Decree No. 42955, in order to provide an adequate and complete response to the interested parties, thus respecting their fundamental rights. Now then, I am pleased to report that, according to the document presented by the Executive President of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, within this Amparo Proceeding, I am made aware that the missive was addressed through official letter INCOPESCA-PE-1288-2025, which, as indicated, was notified to the interested party, and that it was addressed in the following terms: '(...) in compliance with the provisions of article 5 of Executive Decree No. 42955-MAG, through Official Letter No. INCOPESCA-PE-1283-2025, the official appointment was made of the INCOPESCA representative who will coordinate the Working Group, designating for such purposes Mr. Jorge Arturo López Romero, Head of the Department of Fisheries and Aquaculture Extension of this institution. Similarly, through Official Letter No. INCOPESCA-PE-1284-2025, Mr. López Romero was formally requested to carry out the necessary steps to send to the representatives of the small-scale artisanal fishing and mollusk extraction sector, from both the Caribbean (north and south) and the Pacific (north, central, and south), a request for the submission of a shortlist of three candidates per sector, for the purpose of proceeding with the election of their respective delegates before the aforementioned Working Group.' Thus, and in accordance with the facts presented, I consider the present action unfounded, and I respectfully request it be dismissed, given that the petitions were addressed and processed from the moment they were received." **8.-** In the proceedings followed, the legal requirements have been observed. Drafted by Magistrate Alvarado Paniagua; and, **CONSIDERANDO:** **I.-** OBJECT OF THE ACTION. The petitioners state that they represent the Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida. Accordingly, on June 19, 2023, they sent an email to the Office of the Presidency of the Republic and to Incopesca, through which they requested information of interest to them. They comment that on that same day, the Office of the Presidency forwarded the inquiry to the executive president of Incopesca; however, the latter did not reply at all. They point out that on July 21, 2023, they sent a second request and requested a meeting with the President of the Republic and the Minister of Fisheries. They explain that on August 11, 2023, the Office of the Presidency again forwarded the matter to Incopesca, requesting that a response be provided; however, this was not done. Due to this, they argue that on November 15, 2023, they reiterated the request but also obtained no result. Subsequently, on December 4, 2023, they sent another email to the Office of the Presidency, requesting a response and a meeting, but what that office did was to forward the petition again to the Minister of Fisheries. They allege that at the time of filing the action, they had not obtained the response and information they requested. **II.-** PROVEN FACTS. Important for the decision in this matter, the following facts are considered duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority failed to refer to them, as provided in the initial order: a) On June 19, 2023, the Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida sent an email to the accounts ...2 and , through which a petition was submitted stating: "(…) From the Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida, we send you a warm greeting and best wishes for a successful administration on behalf of the institution you represent. As you may know, we recently held our annual planning meeting where we had the participation of Mr. Jorge López, who represented you as Minister of Fisheries. We greatly appreciate his participation, which allowed the representatives of our Network, which represents 22 communities and organizations of small-scale artisanal fishers from the Caribbean and the Pacific of the country, to share some of their doubts and visions regarding the work of INCOPESCA. Some of our members asked Mr. López about the progress in the implementation of Executive Decree No. 42955-MAG regarding the 12 Oars Model. As you will recall, with enormous effort from civil society, we developed a process in Cahuita, Tárcoles, and Dominicalito to advance the application of this model. This process was shared with you at our first meeting as Minister of Fisheries approximately 1 year ago. We have also delivered copies of the material and results of this interesting process to the officials and technicians of INCOPESCA, eager to advance what we recognize is the only path to prompt justice for the formalization of thousands of small-scale artisanal fishers who today suffer from lack of formality, which makes them clear victims of the criminalization of an important activity for their communities and for our country in terms of food security and also for their contributions to the conservation and sustainable use of marine-coastal resources. Mr. López indicated to us at the meeting that this year there was no possibility of advancing the implementation of this important Decree, which has been negotiated with great dignity and pride by our sector, and furthermore, that only if this issue remained in the 2024 work plan would it be possible to develop it. We cannot fail to express our surprise. First, because we spoke with you at the beginning of this administration to recall the importance of the issue of the need for licenses, our proposal, and this public policy that would allow us to advance towards our formalization with justice and equity. And second, because the mandate that INCOPESCA has to comply with a decree as relevant as the 12 oars one is clear. The purpose of this note is to request your support from the Executive Presidency of INCOPESCA and as Minister of Fisheries, and also to inform us of the follow-up given to the implementation of the 12 oars decree, which was one of those we agreed at the beginning of your administration would be followed up on. We most respectfully wish to request your and Mr. President of the Republic's attention to this urgent issue that is unfairly and complexly affecting a vast majority of women and men of the sea in our country. We remain attentive and at your service should a more detailed conversation on the matter be required. Sincerely, Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable (…)". (Report of the respondent authorities and documentary evidence). b) The email accounts ...2 and constitute official means for receiving petitions from users. (Report of the respondent authorities). c) The MAG has not received the petition filed by the plaintiffs. (Report of the respondent authority). d) The respondent authorities were notified of the order admitting this process on September 18 and 19, 2025. (Notification records added to the case file). e) On September 23, 2025, Incopesca notified the petitioners of official letter No. 1288-2025, which stated: "It is our pleasure to greet you, and in response to the inquiries made regarding the implementation of Executive Decree No. 42955-MAG, called 'Declaratory of Public Interest of the Development Model of the Small-Scale Artisanal Fishing Sector contained in the Public-Private Alliance for Small-Scale Fishing in Marine Areas of Responsible Fishing and Marine Territories of Life,' the Executive Presidency proceeds to outline the regulatory background, the actions undertaken by the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (INCOPESCA), and the current projections for the execution of said model. Since 2009, through articles 1 and 2 of the Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436, in accordance with the principles of sustainability, management, and community participation, INCOPESCA has developed an institutional policy aimed at recognizing the fundamental role of fishing communities in the administration and responsible use of marine-coastal resources. On this legal basis, the model of Marine Areas of Responsible Fishing (AMPR) was instituted, which has been consolidated through co-management processes with groups of fishers and aquaculturists, following the guidelines of articles 50 and 89 of the Political Constitution, relating to the right to a healthy environment and the protection of traditional productive sectors. In application of the above, the follow-up committees for the AMPRs in Barra del Colorado, Papagayo, Golfo Dulce, Costa de Pájaros, Isla Venado, and Paquera-Tambor have been formed and updated, as well as the fishery management plans for Palito, Montero, and San Juanillo. In the current year 2025, the update processes for Isla Venado, Paquera-Tambor, and Golfo Dulce have begun. Likewise, in coordination with the Asociación de Pescadores Subsistente and the Asociación de Pescadores Artesanales del Caribe Sur, the Fisheries and Aquaculture Management Plan for the new AMPR Caribe Sur was developed, a document that is in the editing stage for its upcoming submission to the Board of Directors of this Institute. It should be emphasized that the declaration of public interest contained in Decree No. 42955-MAG constitutes a public policy instrument that, in accordance with article 140 subsection 3) of the Political Constitution and article 25 subsection 1) of the Ley General de la Administración Pública No. 6227, empowers the Executive Branch to issue general directives for the promotion of social welfare. In this sense, the development model of the small-scale artisanal fishing sector is framed within the strategy of human and sustainable development of the Costa Rican State, as well as in the fulfillment of international commitments such as the Voluntary Guidelines of the FAO to achieve the sustainability of small-scale fisheries, reflected in Executive Decree No. 39195-MAG-MINAE-MTSS of 2015. Currently, INCOPESCA has strengthened the governance of the AMPRs by linking them to the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda, highlighting the following: gender equality (SDG 5), decent work and economic growth (SDG 8), responsible production and consumption (SDG 12), and life below water (SDG 14). In quantitative terms, there are thirteen AMPRs covering a total of 2,851.30 km², which represents 9.41% of the Costa Rican territorial sea. In practical execution, biological, economic, and social research has been carried out in Guanacaste, Golfo de Nicoya, Pacífico Sur, Golfo Dulce, Barra del Colorado, and Caribe Sur, which has made it possible to regularize numerous individuals who were carrying out the activity under informal conditions, inserting them into the production and commercialization chain. Likewise, mollusk management plans have been promoted in the Golfo de Nicoya and Pacífico Sur, authorizing legal extraction through group permits in coordination with MINAE. In terms of innovation and sustainability, the outboard motor replacement project was implemented, with the dual purpose of reducing operating costs by 50% and decreasing the environmental footprint of the activity, in line with the Plan Nacional de Descarbonización 2019. In parallel, small-scale family aquaculture was promoted, strengthened by training programs that annually reach more than one thousand fishermen and fish farmers. It is worth mentioning that, in recognition of the role of fishing communities as custodians of the sea and its resources, a pilot plan for payment for environmental services (pago por servicios ambientales) in mangroves for mollusk-gatherer groups was initiated in 2025, together with MINAE, with the aim of rewarding their contribution to the conservation of critical ecosystems. Likewise, in compliance with the provisions of Article 5 of Decreto Ejecutivo N2. 42955-MAG, through Official Letter No. INCOPESCA-PE-1283-2025, the official appointment of the INCOPESCA representative who will coordinate the Working Group (Mesa de Trabajo) was made, designating for these purposes Mr. Jorge Arturo López Romero, Head of the Department of Fisheries and Aquaculture Extension of this institution. Similarly, through Official Letter NQ. INCOPESCA-PE-1 284-2025, López Romero was formally requested to carry out the necessary steps to send the representatives of the small-scale artisanal fishing and mollusk extraction sector, from both the Caribbean (north and south) and the Pacific (north, central, and south), a request to submit a slate of three candidates (terna) for each sector, in order to proceed with the election of their respective delegates before the aforementioned Working Group. Finally, it is important to highlight that the institutional governance of INCOPESCA has been strengthened through the direct representation of four Board of Directors (Junta Directiva) members democratically elected at the national level, coming from the regions of Guanacaste, Puntarenas, and Limón, as well as a representative of the aquaculture sector. This representativeness guarantees that public policy decisions respond to the legitimate interests of the fishing and aquaculture sectors, and to the principles of transparency and citizen participation established in national regulations." (Report of the respondent authorities and documentary evidence). III.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the petitioners state that they represent the Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida. In that regard, on June 19, 2023, they sent an email to the Office of the Presidency of the Republic and to Incopesca, through which they requested information of interest to them. They comment that on that same day, the Office of the Presidency forwarded the inquiry to the executive president of Incopesca; however, he did not reply. They indicate that on July 21, 2023, they sent a second request and asked for a meeting with the President of the Republic and with the Minister of Fisheries. They explain that on August 11, 2023, the Office of the Presidency again forwarded the matter to Incopesca, requesting that a response be provided; however, this was not done. Because of this, they argue that on November 15, 2023, they reiterated the request, but again obtained no result. Subsequently, on December 4, 2023, they sent another email to the Office of the Presidency, requesting a response and a meeting, but what that office did was again forward the petition to the Minister of Fisheries. They claim that at the time of filing the appeal, they had not obtained the response and information they requested. From the study of the case records, it is demonstrated that, on June 19, 2023, the Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida sent an email to the accounts ...2 and , through which a petition was submitted stating: "(...) From the Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida, we send you a warm greeting and the best wishes for a successful management on behalf of the institution you represent. As you may be aware, we recently held our annual planning meeting where we had the participation of Mr. Jorge López, who represented you as Minister of Fisheries. We greatly appreciate his participation, which allowed the representatives of our Network, representing 22 communities and organizations of small-scale artisanal fishermen from the Caribbean and Pacific of the country, to share some of their doubts and visions regarding the work of INCOPESCA. Some of our members asked Mr. López about the status of progress in the implementation of Decreto ejecutivo No. 42955-MAG regarding the 12 Remos Model. As you may recall, with enormous effort from civil society, we developed a process in Cahuita, Tárcoles, and Dominicalito to advance the application of this model. This process was shared with you in our first meeting as Minister of Fisheries approximately one year ago. Likewise, we have delivered copies of the material and results of that interesting process to INCOPESCA officials and technicians in an effort to advance what we recognize is the only form of prompt justice for the formalization of thousands of small-scale artisanal fishermen who today suffer from informality, which makes them clear victims of the criminalization of important work for their communities and for our country in terms of food security and also their contributions to the conservation and sustainable use of marine-coastal resources. Mr. López indicated to us at the meeting that during this year there was no possibility of advancing the implementation of this important Decree, which has been negotiated with great dignity and pride by our sector, and furthermore, that only if this matter remained in the 2024 work plan would it be possible to develop it. We do not fail to express our surprise. First, because we spoke with you at the beginning of this administration to remind you of the importance of the issue of the need for licenses, our proposal, and this public policy that would allow us to advance towards our formalization with justice and equity. And second, because the mandate that INCOPESCA has to comply with such a relevant decree as the 12 Remos one is clear. This note aims to request your support from the Executive Presidency of INCOPESCA and as Minister of Fisheries, as well as to indicate to us the follow-up that has been given to the implementation of the 12 Remos decree, which was one of those we agreed upon at the beginning of your administration would be followed up on. We most respectfully wish to request your and the President of the Republic's attention to this matter, which is urgent for us and is unjustly and complexly affecting an enormous majority of women and men of the sea in our country. We remain attentive and at your disposal if a more detailed conversation on the subject is required. Sincerely, Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable (...)". The email accounts os and 76 constitute official means for receiving petitions from users. The MAG has not received the petition raised by the plaintiffs. The respondent authorities were notified of the resolution ordering the course of this process on September 18 and 19, 2025. On September 23, 2025, Incopesca notified the petitioners of official letter no. 1288-2025, which stated: "It is a pleasure to greet you and, in response to the inquiries made regarding the implementation of Decreto Ejecutivo Ne. 42955-MAG, called 'Declaratoria de Interés Público del Modelo de Desarrollo del Sector Pesquero Artesanal de Pequeña Escala contenido en la Alianza Público-Privada por la Pesca en Pequeña Escala en Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida', the Executive Presidency proceeds to set forth the regulatory background, the actions undertaken by the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), and the current projections for the execution of said model. Since 2009, through articles 1 and 2 of the Ley de Pesca y Acuicultura N2. 8436, in accordance with the principles of sustainability, marine spatial planning, and community participation, INCOPESCA has developed an institutional policy aimed at recognizing the fundamental role of fishing communities in the administration and responsible use of marine-coastal resources. On this legal basis, the model of Marine Areas of Responsible Fishing (Áreas Marinas de Pesca Responsable, AMPR) was instituted, which has been consolidated through co-management processes with groups of fishermen and fish farmers, following the guidelines of articles 50 and 89 of the Constitución Política, relating to the right to a healthy environment and the protection of traditional productive sectors. In application of the above, the monitoring committees for the AMPRs in Barra del Colorado, Papagayo, Golfo Dulce, Costa de Pájaros, Isla Venado, and Paquera-Tambor have been constituted and updated, as well as the fisheries management plans for Palito, Montero, and San Juanillo. In the current year 2025, the updating processes for Isla Venado, Paquera-Tambor, and Golfo Dulce have been initiated. Likewise, in coordination with the Asociación de Pescadores Subsistente and the Asociación de Pescadores Artesanales del Caribe Sur, the Fisheries and Aquaculture Management Plan for the new AMPR Caribe Sur was prepared, a document that is in the editing stage for its upcoming submission to the Board of Directors of this Institute. It should be highlighted that the public interest declaration contained in Decreto N2. 42955-MAG constitutes a public policy instrument that, in accordance with article 140, subsection 3) of the Constitución Política and article 25, subsection 1) of the Ley General de la Administración Pública N2. 6227, empowers the Executive Branch to issue general directives for the promotion of social welfare. In that sense, the development model for the small-scale artisanal fishing sector is framed within the sustainable human development strategy of the Costa Rican State, as well as in compliance with international commitments such as the FAO Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries, embodied in Decreto Ejecutivo N9 39195-MAG-MINAE-MTSS of 2015. Currently, INCOPESCA has strengthened the governance of the AMPRs by linking the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda, highlighting the following: gender equality (SDG 5), decent work and economic growth (SDG 8), responsible production and consumption (SDG 12), and life below water (SDG 14). In quantitative terms, there are thirteen AMPRs covering a total of 2,851.30 km², which represents 9.41% of the Costa Rican territorial sea. In practical execution, biological, economic, and social research has been carried out in Guanacaste, Golfo de Nicoya, Pacífico Sur, Golfo Dulce, Barra del Colorado, and Caribe Sur, which has made it possible to regularize numerous individuals who were carrying out the activity under informal conditions, inserting them into the production and commercialization chain. Likewise, mollusk management plans have been promoted in the Golfo de Nicoya and Pacífico Sur, authorizing legal extraction through group permits in coordination with MINAE. In terms of innovation and sustainability, the outboard motor replacement project was implemented, with the dual purpose of reducing operating costs by 50% and decreasing the environmental footprint of the activity, in line with the Plan Nacional de Descarbonización 2019. In parallel, small-scale family aquaculture was promoted, strengthened by training programs that annually reach more than one thousand fishermen and fish farmers. It is worth mentioning that, in recognition of the role of fishing communities as custodians of the sea and its resources, a pilot plan for payment for environmental services in mangroves for mollusk-gatherer groups was initiated in 2025, together with MINAE, with the aim of rewarding their contribution to the conservation of critical ecosystems. Likewise, in compliance with the provisions of Article 5 of Decreto Ejecutivo N2. 42955-MAG, through Official Letter Ne. INCOPESCA-PE-1283-2025, the official appointment of the INCOPESCA representative who will coordinate the Working Group was made, designating for these purposes Mr. Jorge Arturo López Romero, Head of the Department of Fisheries and Aquaculture Extension of this institution. Similarly, through Official Letter NQ. INCOPESCA-PE-1 284-2025, López Romero was formally requested to carry out the necessary steps to send the representatives of the small-scale artisanal fishing and mollusk extraction sector, from both the Caribbean (north and south) and the Pacific (north, central, and south), a request to submit a slate of three candidates for each sector, in order to proceed with the election of their respective delegates before the aforementioned Working Group. Finally, it is important to highlight that the institutional governance of INCOPESCA has been strengthened through the direct representation of four members of the Board of Directors democratically elected at the national level, coming from the regions of Guanacaste, Puntarenas, and Limón, as well as a representative of the aquaculture sector. This representativeness guarantees that public policy decisions respond to the legitimate interests of the fishing and aquaculture sectors, and to the principles of transparency and citizen participation established in national regulations." Firstly, it must be clarified that the plaintiffs had already filed an amparo appeal for the alleged lack of response, which was heard under case file no. 24-035725-0007-CO. However, on that occasion, the petition whose lack of response is being challenged was not provided, so this Chamber ruled based on the elements contained in the records and dismissed the appeal through resolution no. 2025001768 at 9:45 a.m. on December 21, 2024. Now, in the sub iudice, the plaintiffs provide the aforementioned petition, so this Chamber can analyze its content and carry out the respective constitutionality analysis. Having clarified the foregoing, it is observed that, through the filed petition, the authorities of Incopesca were asked to "indicate to us the follow-up that has been given to the implementation of the 12 Remos decree, which was one of those we agreed upon at the beginning of your administration would be followed up on (...)". However, it was only on the occasion of the processing of this appeal that the authorities of Incopesca and the Office of the Presidency of the Republic (which formally received the petition), coordinated what was pertinent to provide a response, which was finally done on September 23 of this year, through official letter no. 1288-2025 from Incopesca. Ergo, the appeal is declared with merit regarding the indicated dependencies, according to the provisions of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. IV.- On the other hand, regarding the MAG, any harmful omission of the fundamental rights of the plaintiff party is a priori dismissed, since there is no record that this dependency received the petition that is the subject of the sub iudice. V.- Finally, although the plaintiffs state that they also made meeting requests to the Office of the Presidency of the Republic, it is fitting to warn that such a requirement is not protectable under Articles 27 and 30 of the Constitución Política. In that regard, for example, in judgment no. 2025029682 at 10:25 a.m. on September 12, 2025, this Chamber stated: "II.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. This Constitutional Court has indicated that petitions directed to a public official or body for the purpose of arranging an appointment, hearing, or meeting, by their nature, do not conform to the constitutional content of the right of petition, and therefore cannot be subject to constitutionality review in this venue. On the subject, in judgment No. 2021025162 at 09:40 a.m. on November 9, 2021, this Chamber indicated: "(...) IV.- Furthermore, this Chamber also finds it demonstrated that, on September 16, 2021, the plaintiff directed an email to the accounts [...] and [...], in which he stated: "(...) Attached is a request for a response to the proposal to hold a meeting with the CEO of Alliance Fisheries INC, in New York, taking advantage of the President's trip to the General Assembly of the United Nations (...)". Attached to this email was a petition addressed to the President of the Republic, stating: "(...) I request a response to the proposal that I sent last Friday, August 20, 2021, to hold a formal meeting with Mr. [Name4], CEO of Alliance Fisheries Inc., based in New York, taking advantage of your trip to New York during the upcoming month of September on the occasion of the General Assembly of the United Nations, with the aim of discussing the proposal submitted to you since June 26, 2019, for the construction and commissioning of a processing plant for tuna and pelagic fish, canning and preserves (tuna plant), which will have 5 purse-seine tuna vessels for its supply, an investment close to $150 million dollars, and which would generate 1,500 direct jobs in Puntarenas. I request that I be informed of the reasons for the refusal to accept this meeting (...)". On September 16, 2021, from the account [...], an email was sent to the protected party, which stated: "(...) Acknowledgment of receipt (...)". Now, on this particular point, regarding the request for a meeting, this Chamber warns that requirements directed to a public official or body for the purpose of arranging an appointment, by their very nature, do not conform to the content of the right of petition, and therefore cannot be the subject of a pronouncement in this venue. On this subject, in judgment no. 2019-002611 at 9:30 a.m. on February 15, 2019, this Court stated: "Regarding requests directed to a public official or a private law subject, for the purpose of arranging a hearing, by their very nature they do not conform to the content of the right of petition regulated in article 27 of the Constitución Política, and therefore cannot be the subject of a pronouncement in this venue, alleging a supposed violation of the right of petition. Likewise, they could not be so under the right to swift and complete justice, since the scheduling of the respective appointment, should it take place, must be determined according to the possibilities and activities of the respondent party. Hence, the fact that no appointment has been scheduled for the petitioner to date does not constitute a violation of articles 27 and 41 of the Constitución Política. In sum, the amparo on this point must be declared without merit." Thus, this Chamber finds no merit to vary the previously stated criterion. Ergo, the proper course is to declare the appeal without merit regarding this point." In a similar vein, one may consult judgments No. 2019002611 at 09:30 a.m. on February 15, 2019, No. 2020002911 at 09:30 a.m. on February 14, 2020, No. 2021004550 at 10:05 a.m. on March 5, 2021, No. 2022010473 at 10:05 a.m. on May 10, 2022, among many others. Thus, given that in the sub lite, what was stated by the protected party to the respondent authorities corresponds to a request for a hearing, the transcribed precedents are applicable. Consequently, the appeal becomes inadmissible." Ergo, the appeal is dismissed with regard to this point. VI.- REGARDING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of this Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable"), the grant of the appeal must be without a special award of costs, damages, and prejudices, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to state that the appeal is declared with merit, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine states that the grant is issued "solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable." It is emphasized that the Law indicates "if they are applicable," which means that the applicability or non-applicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly referred to a repercussion on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight what is provided in Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which states: "any resolution that upholds the appeal shall condemn in abstracto to the indemnification of the damages and prejudices caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment," where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in their order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes, constitute supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party of the sub lite preserves the possibility of resorting, if they see fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this appeal without an award of costs, damages, and prejudices. VII.- DISSENTING REASONS AND PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGES SALAZAR ALVARADO AND SALAZAR MURILLO. While we concur with the majority vote, which declares the appeal with merit due to a violation of the right of petition and prompt response, we consider that it should be granted; but imposing on the respondent party the payment of costs, as well as indemnification for the damages and prejudices caused, for the following reasons. The right of petition and prompt response, contained in articles 27 of the Constitución Política and 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, obligates public officials to resolve the requests of the administered parties within a period of ten business days from the date of filing such petitions, unless a different period for responding has been indicated. However, article 32 cited also provides that, in deciding the petition, this Chamber shall assess the reasons argued to consider such period insufficient, given the circumstances and the nature of the matter. In any case, the Administration is obligated to inform the petitioner of the reasons for the delay in ruling. For the purposes of this analysis, it is relevant to bear in mind what is indicated by the aforementioned norms. Article 27 of the Constitución Política establishes the following: "The freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution, is guaranteed." For its part, numeral 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes the following: "When the amparo refers to the right of petition and to obtain a prompt resolution, established in article 27 of the Constitución Política, and no period for responding has been indicated, it shall be understood that the violation occurs once ten business days have elapsed from the date the request was filed at the administrative office, without prejudice to the fact that, in deciding the appeal, the reasons argued for considering such period insufficient may be assessed, given the circumstances and the nature of the matter." In the same sense, the Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 of October 26, 2012, establishes that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Constitución Política, for those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. It is relevant to bear in mind what is stated in numeral 6 of said regulation: "Filing of documents and response period. The document presenting the petition and any other documents and communications provided to the corresponding public administration, as indicated in article 2 of this law, shall obligate the administration to acknowledge receipt thereof, and it must respond within the non-extendable period of ten business days counted from the day after receipt, provided the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with the organizational norm of each entity…" In this way, in amparo appeals referring to the alleged injury to this right, there is an express legal norm—constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction—that mandates providing the requested information within the ten business days following its request, as provided by articles 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional and 27 of the Constitución Política, as indicated above. Additionally, this period is reiterated in article 6 of Law N° 9097, which reinforces the legislator's intention regarding the protection of this right. Likewise, the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in article 51, provides: "...any resolution that upholds the appeal shall condemn in abstracto to the indemnification of the damages and prejudices caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment." This last norm establishes the general system that regulates matters related to indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the "natural or normal form of terminating the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…" Consequently, in the case before us, a violation of the ten-day deadline endorsed constitutionally is verified —which, by the way, is not required for the rest of the amparo remedies, except for that of rectification and response (numeral 68, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional)—. Therefore, what is appropriate in this regard, and with due respect for the majority thesis, is to consider the injury to the right of petition and prompt response, as well as to the right of access to public information (article 30, Constitutional), which guarantees free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest, as accredited, ordering the condemnation for costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios) against the respondent authority. Thus, being a deadline endorsed constitutionally —both by the legislator and by this Constitutional Court—, its non-compliance entails an injury to the fundamental right indicated that prompted the petitioner to file the present amparo remedy (recurso de amparo) as a mechanism to obtain the response to their request or access to the information they have required, the foregoing regardless of whether the response or the delivery of the information occurred before or on the occasion of the amparo; because, in truth, the administered party ultimately saw their constitutional right satisfied on the occasion of the filing of the amparo remedy that they were forced to present, with the inconveniences and costs that this causes. It is insisted, the response or access provided by the respondent Administration that occurs once the deadline in question has expired, even if it occurs before the notification of the course of the amparo, or, as in this case, on the occasion of the notification of said course, does not constitute a timely fulfillment of the obligation imposed by ordinals 27 and 30 Constitutional. It is clear that in this hypothesis, this untimely response represents satisfaction of the protected party's claim, but that is no obstacle to the recognition of the damages and losses (daños y perjuicios) that such indolence could have caused to the petitioner, as well as the costs associated with the exercise of this procedural action, necessary for the protection of their fundamental rights, just as authorized by precept 52, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Consequently, we partially dissent (salvamos parcialmente el voto), and we impose on the respondent party the payment of costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios). VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that, if they have provided any paper document or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn within a maximum period of 30 working days, counted from the notification of this sentence. It is warned that all material not collected within that period will be destroyed, based on the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (approved by the Corte Plena in article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011 and published in the Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012) and in article LXXXI of the session of the Consejo Superior del Poder Judicial no. 43-12 of May 3, 2012. Por tanto: The amparo remedy is partially granted (declara parcialmente con lugar) without special condemnation for costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios), only with respect to the Despacho de la Presidencia de la República and the Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura, and regarding the delay in attending to the request of June 19, 2023. In all other respects, the remedy is denied (declara sin lugar). Magistrates Salazar Alvarado and Salazar Murillo record different reasons and partially dissent (salvan parcialmente el voto) only for compensatory purposes, and impose on the respondent party the payment of costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios). Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Ronald Salazar Murillo Alexandra Alvarado P. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- DHN8ME7W8J061 EXPEDIENTE N° 25-026793-0007-CO Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:55:22. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República