Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)La finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas directas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como un instrumento genérico para canalizar peticiones de otros tipos. En virtud de lo anterior, no puede pretenderse que, por la vía del amparo, la Sala Constitucional haga las veces de una mera instancia tramitadora de denuncias en materia ambiental, seguridad o de salubridad pública, puesto que ello no solamente haría necesario efectuar probanzas complicadas, incompatibles con la naturaleza sumaria de esta sede, sino también sustituir directamente la voluntad administrativa y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia. De allí que la Sala no conoce directamente denuncias en materia ambiental o de salud pública.
En el presente caso, la parte recurrente acude directamente a la Sala a denunciar presuntos problemas ambientales, de salud y de seguridad social debido a la falta acciones efectivas por parte de las autoridades recurridas. Sin embargo, no indican haber planteado por escrito ninguna denuncia o reclamo ante las Autoridades competentes. Por el contrario, acude directamente ante esta Sala a formular la denuncia, a fin de que esta Sala funja como instancia tramitadora de denuncias o ente fiscalizador del cumplimiento de deberes por parte de los recurridos, lo que resulta ajeno a las competencias de esta jurisdicción especializada.
English (translation)The purpose of amparo is to provide timely protection against direct infringements or threats to fundamental rights and freedoms, not to serve as a generic instrument for channeling other types of petitions. Therefore, it cannot be claimed that, by means of amparo, this Constitutional Court act as a mere processing body for environmental, security or public-health complaints, as this would not only require complex evidentiary proceedings incompatible with the summary nature of this forum, but also directly substitute administrative will and replace public offices in managing matters within their competence. Hence, the Court does not directly hear environmental or public-health complaints.
In this case, petitioners come directly to the Court to denounce alleged environmental, health and social-security problems due to lack of effective action by the respondent authorities. However, they do not state that they have filed any written complaint or claim before the competent authorities. On the contrary, they come directly to this Court to file the complaint, so that this Court acts as a complaint-processing body or a supervisory entity of the respondents' duties, which is outside the powers of this specialized jurisdiction.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 40861 - 2025 Fecha de la Resolución: 09 de Diciembre del 2025 a las 09:35 Expediente: 25-036736-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-036736-0007-CO Res. Nº 2025040861 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del nueve de diciembre de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por Nombre87185, Nombre87186, Nombre87187, Nombre87188, Nombre87189, CLAUDIO ANTONIO VASQUEZ UMAÑA, DARLYN PAOLA LOPEZ LOPEZ, Nombre87190, GERARDO ANTONIO VALERIO MIRANDA, Nombre87191, GREGORIO RODRIGO CAMPOS CAMACHO, GREIVIN OCAMPO SALAZAR, HUGO DE JESUS CHACON CHACON, Nombre87192, Nombre87193, JONATHAN GABRIEL MADRIGAL GARRO, JORGE EDUARDO RAMIREZ MATAMOROS, JOSE ALBERTO GERARDO CHAVES CHAVARRIA, JOSE ANGEL ZUÑIGA SOLANO, Nombre87194, Nombre87195, LUIS GUILLERMO CAMACHO V, Nombre87196, LUIS RODRIGUEZ MEJIA, Nombre87197, MARIO ALBERTO CAMACHO SOTO, Nombre87198, MARVIN GIOVANNI ARCE VARGAS, MIGUEL SEGURA, NESTOR MARTIN DEL SOCORRO CAMACHO AGUILAR, OLGA LIDIA GUTIERREZ PICADO, Nombre87199, OLMAN GERARDO BARQUERO ESPINOZA, OSVALDO JOSE GERARDO HERNANDEZ CAMACHO, PATRICIA BRENES EDUARTE, RAFAEL ANGEL PORRAS UGALDE, RODRIGO FRANCISCO DEL CARMEN CAMACHO CHAVARRIA, RODRIGO GERARDO HERNANDEZ SOLIS, SALOMON ESCALANTE PEREZ, SONIA DE LOS ANGELES PICADO ARROYO, STANLEIN JOSUE MIRANDA CARVAJAL, SUGELY DE LOS ANGELES CARVAJAL SALAS, VICTOR HUGO DE JESUS MOREIRA ARCE, VICTOR MANUEL MONESTEL GAMBOA, WILLIAM JOSE ANGEL SOLIS CHAVES, YORLENY ISABEL CHAVARRIA JIMENEZ; contra el MINISTERIO DE SALUD, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Y MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. Resultando: 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 15:03 horas del 24 de noviembre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que: “Por medio de la presente, los abajo firmantes, como representantes y voz del pueblo de San Rafael de Heredia, deseamos manifestar nuestra profunda preocupación ante la creciente situación de indigencia y delincuencia que se presenta actualmente en nuestro cantón, particularmente en el Parque Central de San Rafael, lo anterior de acuerdo al Artículo 50 de la Constitución Política donde se que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país y que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De manera constante somos testigos de cómo los indigentes hacen un uso inadecuado de los recursos y bienes comunales —zonas deportivas, áreas de recreación infantil, espacios ornamentales y conmemorativos, entre otros— destruyendo y contaminando estos lugares con drogas, alcohol, basura, desechos fisiológicos y la presencia de animales callejeros, los cuales también representan un riesgo para los transeúntes. Esta situación genera además un peligro para la salud y seguridad de todas las personas que frecuentan el parque y sus alrededores Lo anterior violenta el Artículo 140 inciso 6 de la Constitución Política, el cual obliga al Poder Ejecutivo a velar por el orden y tranquilidad de la República. Cabe destacar que esta problemática no es desconocida, pues existe evidencia documentada a lo largo del tiempo en los distintos medios de monitoreo municipal. Sin embargo, hasta la fecha NO se han implementado acciones efectivas para corregir esta situación, la cual, por el contrario, se agrava día con día. No está de más señalar que este problema tiene también un impacto social negativo, afectando el comercio local y poniendo en riesgo la seguridad y la salud de numerosos menores de edad que visitan el parque.” (SIC). 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes denuncian presuntos problemas con indigentes hacen un uso inadecuado de los recursos y bienes comunales —zonas deportivas, áreas de recreación infantil, espacios ornamentales y conmemorativos, entre otros— destruyendo y contaminando estos lugares con drogas, alcohol, basura, desechos fisiológicos y la presencia de animales callejeros, los cuales también representan un riesgo para los transeúntes. Esta situación genera además un peligro para la salud y seguridad de todas las personas que frecuentan el parque y sus alrededores. Aseguran que esta problemática no es desconocida, pues existe evidencia documentada a lo largo del tiempo en los distintos medios de monitoreo municipal. Sin embargo, hasta la fecha no se han implementado acciones efectivas para corregir esta situación, la cual, por el contrario, se agrava día con día. II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. La finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas directas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como un instrumento genérico para canalizar peticiones de otros tipos. En virtud de lo anterior, no puede pretenderse que, por la vía del amparo, la Sala Constitucional haga las veces de una mera instancia tramitadora de denuncias en materia ambiental, seguridad o de salubridad pública, puesto que ello no solamente haría necesario efectuar probanzas complicadas, incompatibles con la naturaleza sumaria de esta sede, sino también sustituir directamente la voluntad administrativa y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia. De allí que la Sala no conoce directamente denuncias en materia ambiental o de salud pública. En este sentido, debe mencionarse que las correspondientes denuncias deben ser presentadas formalmente por escrito, ante las autoridades competentes en la materia con el fin de exponer un asunto de su interés. Tómese en cuenta que esto último no significa que la Sala exija agotar la vía administrativa, sino la simple aceptación de que, como se dijo anteriormente, esta jurisdicción no puede sustituir directamente a la Administración activa. En el presente caso, la parte recurrente acude directamente a la Sala a denunciar presuntos problemas ambientales, de salud y de seguridad social debido a la falta acciones efectivas por parte de las autoridades recurridas. Sin embargo, no indican haber planteado por escrito ninguna denuncia o reclamo ante las Autoridades competentes. Por el contrario, acude directamente ante esta Sala a formular la denuncia, a fin de que esta Sala funja como instancia tramitadora de denuncias o ente fiscalizador del cumplimiento de deberes por parte de los recurridos, lo que resulta ajeno a las competencias de esta jurisdicción especializada. Tampoco le compete a este Tribunal determinar conforme a criterios técnicos, ambientales, presupuestarios y de oportunidad y conveniencia, cuál es la solución idónea para resolver los problemas que denuncia, por cuanto se trata de una labor propia de la Administración cuyos diferendos deben dirimirse en la vía legal ordinaria. Por lo tanto, lo propio es que la parte recurrente, si a bien lo tiene, presente las denuncias y gestiones directamente ante las instancias administrativas competentes, o bien, en la vía judicial correspondiente. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara. III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Ronald Salazar Murillo Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- HYWSUG1CX8W61 EXPEDIENTE N° 25-036736-0007-CO Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:56:01. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Constitutional Chamber Resolution No. 40861 - 2025 Date of Resolution: 09 of December of 2025 at 09:35 Expediente: 25-036736-0007-CO Drafted by: Fernando Castillo Víquez Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Text of the resolution Exp: 25-036736-0007-CO Res. No. 2025040861 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty-five minutes on the ninth of December of two thousand twenty-five. Amparo appeal filed by [Name87185], [Name87186], [Name87187], [Name87188], [Name87189], CLAUDIO ANTONIO VASQUEZ UMAÑA, DARLYN PAOLA LOPEZ LOPEZ, [Name87190], GERARDO ANTONIO VALERIO MIRANDA, [Name87191], GREGORIO RODRIGO CAMPOS CAMACHO, GREIVIN OCAMPO SALAZAR, HUGO DE JESUS CHACON CHACON, [Name87192], [Name87193], JONATHAN GABRIEL MADRIGAL GARRO, JORGE EDUARDO RAMIREZ MATAMOROS, JOSE ALBERTO GERARDO CHAVES CHAVARRIA, JOSE ANGEL ZUÑIGA SOLANO, [Name87194], [Name87195], LUIS GUILLERMO CAMACHO V, [Name87196], LUIS RODRIGUEZ MEJIA, [Name87197], MARIO ALBERTO CAMACHO SOTO, [Name87198], MARVIN GIOVANNI ARCE VARGAS, MIGUEL SEGURA, NESTOR MARTIN DEL SOCORRO CAMACHO AGUILAR, OLGA LIDIA GUTIERREZ PICADO, [Name87199], OLMAN GERARDO BARQUERO ESPINOZA, OSVALDO JOSE GERARDO HERNANDEZ CAMACHO, PATRICIA BRENES EDUARTE, RAFAEL ANGEL PORRAS UGALDE, RODRIGO FRANCISCO DEL CARMEN CAMACHO CHAVARRIA, RODRIGO GERARDO HERNANDEZ SOLIS, SALOMON ESCALANTE PEREZ, SONIA DE LOS ANGELES PICADO ARROYO, STANLEIN JOSUE MIRANDA CARVAJAL, SUGELY DE LOS ANGELES CARVAJAL SALAS, VICTOR HUGO DE JESUS MOREIRA ARCE, VICTOR MANUEL MONESTEL GAMBOA, WILLIAM JOSE ANGEL SOLIS CHAVES, YORLENY ISABEL CHAVARRIA JIMENEZ; against the MINISTERIO DE SALUD, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA and MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. Whereas: 1.- By written submission filed in the Secretariat of the Chamber at 15:03 hours on the 24th of November of 2025, the appealing party files an amparo appeal and states that: "By means of this document, the undersigned, as representatives and voice of the people of San Rafael de Heredia, wish to express our deep concern regarding the growing situation of indigence and crime currently occurring in our canton, particularly in the Parque Central de San Rafael, in accordance with Article 50 of the Constitución Política which states that the State shall ensure the greatest well-being for all inhabitants of the country and that every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. We constantly witness how the homeless make inappropriate use of communal resources and assets —sports areas, children's recreation areas, ornamental and commemorative spaces, among others— destroying and contaminating these places with drugs, alcohol, trash, physiological waste, and the presence of stray animals, which also represent a risk for passersby. This situation also creates a danger to the health and safety of all persons who frequent the park and its surroundings. This violates Article 140 subsection 6 of the Constitución Política, which obligates the Executive Branch to ensure the order and tranquility of the Republic. It should be noted that this problem is not unknown, as there is evidence documented over time in the various municipal monitoring media. However, to date, NO effective actions have been implemented to correct this situation, which, on the contrary, worsens day by day. It is not superfluous to point out that this problem also has a negative social impact, affecting local commerce and endangering the safety and health of numerous minors who visit the park." (SIC). 2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any action brought before it that proves to be manifestly improper, or when it considers there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is simply the reiteration or reproduction of a previous similar or identical action that was rejected. Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and, Considering: I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellants report alleged problems with homeless people making inappropriate use of communal resources and assets —sports areas, children's recreation areas, ornamental and commemorative spaces, among others— destroying and contaminating these places with drugs, alcohol, trash, physiological waste, and the presence of stray animals, which also represent a risk for passersby. This situation also creates a danger to the health and safety of all persons who frequent the park and its surroundings. They assert that this problem is not unknown, as there is evidence documented over time in the various municipal monitoring media. However, to date, no effective actions have been implemented to correct this situation, which, on the contrary, worsens day by day. II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. The purpose of the amparo appeal is to provide timely protection against direct violations or threats to fundamental rights and freedoms, not to serve as a generic instrument for channeling requests of other types. By virtue of the foregoing, it cannot be sought, through the amparo, for the Constitutional Chamber to act as a mere processing instance for complaints in environmental, security, or public health matters, since that would not only necessitate undertaking complicated proofs, incompatible with the summary nature of this venue, but also to directly substitute the administrative will and supplant public offices in managing matters within their competence. Hence, the Chamber does not directly hear complaints in environmental or public health matters. In this sense, it must be mentioned that the corresponding complaints must be formally submitted in writing to the competent authorities on the matter in order to present an issue of their interest. It should be taken into account that the latter does not mean that the Chamber requires exhausting the administrative avenue, but rather the simple acceptance that, as previously stated, this jurisdiction cannot directly substitute the active Administration. In the present case, the appealing party comes directly to the Chamber to report alleged environmental, health, and social security problems due to the lack of effective actions by the respondent authorities. However, they do not indicate having raised any complaint or claim in writing before the competent authorities. On the contrary, they come directly before this Chamber to file the complaint, so that this Chamber may act as a complaints-processing instance or an oversight body for the fulfillment of duties by the respondents, which is unrelated to the jurisdiction of this specialized court. Nor is it for this Court to determine, in accordance with technical, environmental, budgetary, and timeliness and convenience criteria, which is the ideal solution to resolve the problems it reports, as this is a task proper to the Administration, the disputes of which must be resolved in the ordinary legal avenue. Therefore, it is appropriate for the appealing party, if it sees fit, to submit the complaints and petitions directly to the competent administrative instances, or else, through the corresponding judicial avenue. Accordingly, the appeal is inadmissible and so declared. III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The appealing party is warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. Therefore: The appeal is rejected outright. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Ronald Salazar Murillo Digitally Signed Document -- Verification code -- HYWSUG1CX8W61 EXPEDIENTE N° 25-036736-0007-CO Telephones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the iglesia del Perpetuo Socorro). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:56:01. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República