Res. 41106-2025 Sala Constitucional — Denial of drinking water supply in State Natural Heritage areaNegativa de suministro de agua potable en área de Patrimonio Natural del Estado

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Sala Constitucional

Resolución Nº 41106 - 2025

Fecha de la Resolución: 11 de Diciembre del 2025 a las 10:10

Expediente: 25-032602-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-032602-0007-CO

Res. Nº 2025041106

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas diez minutos del once de diciembre de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 25- 032602-0007-CO, interpuesto por Nombre87787, cédula de identidad CED48381 en su condición de presidenta del comité Pro-mejora y Desarrollo de la Comunidad de Playa Colibrí, contra la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (ASADA) LA PALMA DE PUERTO JIMÉNEZ Y OTROS.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la secretaría de esta Sala el 21 de octubre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (ASADA) LA PALMA DE PUERTO JIMÉNEZ Y OTROS. Manifiesta que en el 2018, el Comité de la comunidad Nombre87788 solicitó ante la Municipalidad de Golfito la autorización para que la ASADA recurrida les suministrara agua potable a los vecinos de la comunidad; no obstante, la gestión fue omitida por el gobierno local referido. Detalla que el 13 de febrero de 2021 se formalizó nuevamente la gestión ante la Municipalidad de Golfito, en la cual, se solicitó que se emitiera una certificación para instruir a la asociación accionada a instalar las previsiones de agua potable a los vecinos de la zona. Indica que mediante oficio nro. SMG-T-111-02-2021 del 25 de febrero de 2021, el Concejo Municipal de Golfito conoció la solicitud y en la sesión ordinaria nro. 7 capítulo 5° artículo 10 acordó trasladar la gestión a la Administración para que se le brindara una respuesta a la comunidad. No obstante, acusa que la ASADA omitió ejecutar la resolución del concejo municipal. Sostiene que solicitaron que se le otorgue a la comunidad de Nombre87788 el servicio de agua potable ya que otras comunidades cercanas a la Zona Marítimo Terrestre (Rincón de Osa, Playa Blanca, Playa Juanito Mora entre otras) disfrutan de ese servicio básico. Afirma que desde el 2016 han luchado para que se les suministre el líquido de marras. Agrega que hace un año la Asada recurrida instaló un medidor a 500 metros de la comunidad de Playa Colibrí. Menciona que, desde el hidrante hasta la comunidad hay una distancia de 100 metros. Comenta que las autoridades recurridas han alegado que la comunidad de marras no puede tener acceso al agua potable por constituir patrimonio nacional. Acota que en el mismo cantón existen otras comunidades (Playa Blanca y Playa Escondida) que también se ubican dentro del área de patrimonio nacional y si cuentan con el servicio de agua potable. Indica que mediante la sesión ordinaria nro. 17 del 27 de abril de 2022, se hizo referencia a una reunión que se llevó a cabo en la comunidad de Nombre87788 donde se solicitó nuevamente los permisos de agua potable para la comunidad y acordó enviar el expediente a la Comisión de Ambiente. Refiere que la Comisión de Ambiente omitió cumplir con el acuerdo. Sostiene que todas estas gestiones se realizaron cuando la Municipalidad de Golfito era la encargada de administrar la Zona Marítimo Terrestre. Detalla que los vecinos de la comunidad de Nombre87788 acudieron a la Municipalidad de Puerto Jiménez para solicitar que se les concediera un permiso para que la ASADA recurrida; no obstante, la gestión fue denegada. Menciona que también acudieron al MINAE para solicitar el servicio de agua potable, pero, su gestión fue denegada. Además, señala que personeros del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de Nombre87789 se reunieron con la comunidad y les indicaron que esa comunidad debía tener acceso al servicio de agua potables, pero, no entregaron ningún tipo de documento ni fecha para una visita. Alega que la comunidad consume agua de un pozo que no cumple con los estándares establecidos por el Ministerio de Salud para el consumo humano. Solicita que se le ordene a la ASADA suministrar el servicio de agua potable a la comunidad de Playa Colibrí.

2.- Por resolución de las 15:02 horas del 04 de noviembre de 2025, la presidencia de esta Sala dio curso al presente proceso.

3.- Informa bajo juramento Noilyn Gutiérrez Arias, en su condición de jefe de la Oficina Cantonal de Golfito del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, quien manifiesta lo siguiente: “… Con fundamento en el informe técnico GSP-RB-G-2025-00639 del 10 de noviembre 2025, en mi condición de Jefe de la Oficina Cantonal de Golfito, complementado con sus respectivos anexos, los cuales se incorporan como prueba y forman parte integral del expediente administrativo, queda demostrado lo siguiente: 1. Ubicación fuera del ámbito de cobertura: La comunidad de Nombre87788 se encuentra ubicada en la provincia de Puntarenas, cantón de Puerto Jiménez. En virtud de ello, dicha comunidad no forma parte del área rectora ni del ámbito de cobertura administrativa correspondiente a la Oficina Cantonal de Pérez Zeledón. 2. Competencia institucional: La Cantonal de Golfito según la revisión de nuestros sistemas de información y con base en el conocimiento técnico y geográfico de la zona, confirma que la comunidad de Nombre87788 se localiza fuera del área de cobertura de los sistemas administrados por Acueductos y Alcantarillados en el cantón de Puerto Jiménez, además, se encuentra a una distancia aproximada de más de 25 kilómetros de los sistemas operados por la Oficina Cantonal de Golfito, lo cual refuerza que no corresponde a esta instancia la atención de la solicitud presentada por la recurrente en este Recurso de Amparo, al estar fuera del ámbito territorial y operativo de nuestra competencia. 3. Sobre la gestión y operatividad de las ASADAS: Del análisis del recurso de amparo se desprende que las gestiones mencionadas fueron dirigidas ante la ASADA La Palma, la Municipalidad de Golfito y la Municipalidad de Puerto Jiménez, se desconoce y no se tiene registros de la reunión indicada por parte de personeros del AyA de las oficinas cantonales. 4. Es importante aclarar que las Oficinas Cantonales de Acueductos y Alcantarillados no tienen a su cargo la operatividad ni la administración de las ASADAS, ya que su función se limita a la operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto dentro de sus respectivas zonas de cobertura. Asimismo, las gestiones relacionadas con las ASADAS son atendidas por las Oficinas Regionales de Acueductos Rurales (ORAC), las cuales son instancias distintas e independientes de las Oficinas Cantonales mencionadas, y por tanto, no existe relación jerárquica ni funcional entre ellas en este tipo de asuntos. II. CONCLUSIONES. En el presente caso y por las razones expuestas, esta Oficina Cantonal de Acueductos y Alcantarillados respetuosamente manifiesta que no le corresponde la atención ni el seguimiento del recurso de amparo interpuesto, dado que la comunidad de Nombre87788 se encuentra fuera de su ámbito territorial y operativo, así como de los sistemas bajo su administración. Asimismo, se aclara que las gestiones relacionadas con la comunidad señalada deben ser canalizadas ante las instancias competentes, en este caso las Oficinas Regionales de Acueductos Rurales, que son las encargadas de coordinar y supervisar el funcionamiento de las ASADAS en sus respectivas regiones. En virtud de lo anterior, esta oficina solicita ser excluida del presente proceso, reiterando su plena disposición de colaborar en el ámbito de sus competencias cuando así corresponda conforme a la normativa vigente y los límites de su zona de cobertura.”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

4.- Informa bajo juramento Lourdes María Suárez Barboza, en su condición de presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, quien señala lo siguiente: “… PRIMERO: NO NOS CONSTA. En este sentido el Lic. Boris Gamboa Valladares, Jefatura de la Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC), Región Brunca, mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2025-04389, de fecha 10 de noviembre del 2025, señala: “Sobre el hecho No. I: No nos consta el trámite realizado ante la Municipalidad de Golfito, como Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC) en el año 2018.” SEGUNDO: NO NOS CONSTA. No es un hecho que le conste a mi representada, así señalado por el Lic. Boris Gamboa Valladares, ORAC Brunca, en el memorando No. GSD-UEN-GAR-2025-04389, de fecha 10 de noviembre del 2025. TERCERO: NO ES CIERTO: En este sentido el Lic. Boris Gamboa Valladares, ORAC Brunca, mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2025-04389, de fecha 10 de noviembre del 2025, indicó: “Sobre el hecho III: No hay asuntos pendientes que resolver por parte de la ORAC en relación con el hecho indicado. Sin embargo, es importante indicar que la ORAC participó en varias sesiones de trabajo con las autoridades del Sistema Nacional de Área de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), pobladores del sector de Nombre87788 donde se ubica el Patrimonio Natural del Estado, La ASADA La Palma, la Fiscalía Ambiental y la Universidad Nacional (UNA). Luego de varias diligencias ante la autoridad competente (cfr.: ASADALAPALMA-OIG-052-2024, SINAC-ACOSTA-DT-PNE-054-2024, SINAC-ACOSTA-DT-PNE-154-2024, ASADALAPALMA-IOG-058-2024), damos cuenta de la remisión del oficio SINAC-ACOSTA-DT-PNE-154-2024 dirigida a la señora Cinthia Lineth Picado Mena, Presidenta ASADA La Palma, Puerto Jiménez, donde se indica lo siguiente: “Con todo lo anterior, se concluye que toda la ocupación que se está dando en este sector de Nombre87788 se realizó de manera ilegal, ya que no hay permisos ante el SINAC para ocupar áreas declaradas Patrimonio Natural del Estado. En este sentido, más bien se debería trabajar en el desalojo de todos estos ocupantes irregulares.” Por lo tanto, se debe reiterar que hasta tanto no se cumpla con los requisitos técnicos y legales, no se podrá realizar, por parte de la ASADA La Palma, la conexión del servicio de agua potable en el sector del Patrimonio Natural del Estado en la Playa Colibrí. Dada esta condición establecida por la autoridades competentes, la ASADA no puede dotar del servicio de agua potable a dicho sector en estos momentos, hasta que se cumplan con los requisitos para tal fin.”. Además, el Lic. Boris Gamboa Valladares, Jefatura ORAC Brunca, vía correo electrónico de fecha 12 de noviembre del 2025, señaló: “Adicional a lo anterior, es importante indicar que, no es cierto, que esta Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC) Región [Brunca], haya afirmado que, la comunidad del Sector de Playa Colibrí, según pruebas ya indicadas, debían tener servicio de agua potable, dado que, como se indicó en el oficio No. GSD-UEN-GAR-2025-04389, de fecha 10 de noviembre del 2025, se reitera que, el sector donde la recurrente está gestionando los servicios de agua potable, se encuentran en Patrimonio Natural del Estado …”. “… En este sentido, es importante indicar que, el Lic. Boris Gamboa Valladares, ORAC Brunca, mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2025-04389, de fecha 10 de noviembre del 2025, afirma que, por parte del AyA no hay asunto pendiente que atender de la recurrente. Además, mediante oficio No. SINAC-ACOSA-DT-PNE-154-2024, de fecha 16 de setiembre del 2024, emitido por la funcionaria Daniela Valverde Gamboa, Coordinadora Patrimonio Natural del Estado, se indica: “Con todo lo anterior, se concluye que toda la ocupación que se está dando en este sector de Nombre87788 se realizó de manera ilegal, ya que no hay permisos ante el SINAC para ocupar áreas declaradas Patrimonio Natural del Estado...” En este sentido, el Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, Acuerdo de Junta Directiva del Instituto No. 2020-442, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 27, Alcance No. 29, del 9 de febrero del 2021, señala: “Artículo 33- De la solicitud de la constancia de disponibilidad de servicios para territorios administrados por el Estado o sus instituciones con régimen jurídico especial. Además de lo previsto en los artículos 15 y 30 de este reglamento, para el caso de solicitudes asociadas a inmuebles bajo la modalidad de territorios administrados por el Estado o sus instituciones con régimen jurídico especial: zona marítimo terrestre, zonas fronterizas, territorios indígenas, polos de desarrollo turístico, entre otros; que se otorgan mediante concesiones, arriendos y asignaciones; los solicitantes deberán presentar la autorización expresa del ente correspondiente, en la cual se avale la solicitud del trámite, de conformidad con la norma que los regule. Para el caso de territorios indígenas, cuando la ADII esté inactiva, el solicitante deberá rendir mediante declaración jurada en qué consisten sus actos posesorios, y que su permanencia ha sido en forma pacífica, continúa e ininterrumpida por más de un año; igualmente deberá declarar su condición de miembro de la comunidad indígena que corresponda, lo cual deberá ser avalado por dos habitantes de la comunidad que respalde su situación y condición. Este requisito también será validado para la solicitud de la conexión permanente… Artículo 71- De los requisitos para la solicitud de una conexión especial, para el caso de ocupantes de inmuebles que carezcan de un título habilitante para realizar la ocupación. Con fundamento en el reconocimiento del acceso al agua como un Derecho Humano, AyA establecerá las condiciones de abastecimiento en el caso de ocupantes de inmuebles que carezcan de un título habilitante para realizar la ocupación y cuando así resulte de un estudio de factibilidad técnica y comercial realizado por el AyA. El abastecimiento para estos casos será colectivo. La autorización de este tipo de servicios no aplica ni generará efectos jurídicos para el otorgamiento de disponibilidad de servicios, o autorización de permisos de construcción. Su consideración requiere, además, el cumplimiento y presentación en las Plataformas de Servicio de los siguientes requisitos: a) En caso de que exista una Asociación de Desarrollo Comunal u otra organización formal y reconocida jurídicamente que respalde la solicitud del asentamiento poblacional, será necesario que el representante legal de dicha persona jurídica sea quien realice las gestiones. En caso de que se carezca de una persona jurídica debidamente formalizada, será necesario un contrato de mandato, donde la totalidad de beneficiarios del servicio deleguen en un representante la realización de las gestiones. De acuerdo con la verificación y subsanación de condiciones necesarias para la aprobación de servicios, AyA verificará a través de las plataformas virtuales oficiales y disponibles, las siguientes condiciones: Certificaciones registrales o administrativas de personerías jurídicas vigentes, apoderados con facultades de representantes judiciales y extrajudiciales o facultados al efecto, albaceas, tutores y curadores. b) Presentar declaración jurada con un máximo de 30 días de emitida y firmada por el representante de la asociación comunal o el representante de los beneficiarios y dos testigos, con una descripción de la propiedad, señalando en qué consisten sus actos posesorios, la existencia, cantidad y ubicación de las viviendas en un croquis con la delimitación del área de cobertura. c) Autorización del propietario registral. De acuerdo con la verificación de las condiciones necesarias para la aprobación de los servicios indicada de manera general en el artículo 15 de este Reglamento, le corresponde a AyA verificar los requisitos ahí desglosados, así como las condiciones generales ahí establecidas para todos los trámites. Cumplida la presentación de la totalidad de requisitos; la Institución contará con un plazo de 15 días hábiles para la resolución de la solicitud.” …”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

5.- Informan bajo juramento Freiner Lara Blanco y Alfonso Rojas Loria, por su orden alcalde y presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Golfito, quienes indican lo siguiente: “… PRIMERO: En primer término, la nota de fecha 13 de febrero de 2021 fue presentada por el Comité de Desarrollo Playa Colibrí, dirigida de manera exclusiva al Concejo Municipal. SEGUNDO: Dicha nota fue conocida en la sesión ordinaria número siete, celebrada el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. En esa oportunidad, el Concejo Municipal adoptó el acuerdo de trasladar la citada nota a la Administración para lo que corresponda (se inserta imagen) …”. “… TERCERO: En atención a dicho acuerdo, el alcalde, mediante el traslado de correspondencia número AM-TC-0050-2021, solicita al Departamento de Zona Marítimo Terrestre la emisión de un informe en el que se sirva referirse a la nota previamente citada. CUARTO: En atención a lo anterior, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre se pronuncia mediante el informe N.° ZMT-MG-O-I-046-2021, en el cual se indica lo siguiente: “Realizada la revisión a los nombres de las familias (personas), que requieren el permiso para la prevista de agua, se determina que la mayoría no cumple con los requisitos mínimos, como lo es; la apertura de un expediente con la debida solicitud de Permiso de Uso en la Zona Marítima Terrestre, conforme los requisitos estipulados en los artículos 27, 28, 29 y 30 siguientes y concordantes del Reglamento Decreto Ejecutivo N°7841P, a la Ley Nº6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre del 2 de marzo de 1977, y el artículo 15 del Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de permiso de uso en la Zona Marítimo Terrestre Administrada por la Municipalidad de Golfito”. QUINTO: En esta misma línea de acciones, quien suscribe en calidad de alcalde municipal, procedí a remitir dicho informe al Concejo Municipal mediante el AMG-INF-09 (se inserta imagen) …”. “… SEXTO: En esa misma línea de acciones el Concejo Municipal tomó el siguiente acuerdo (se inserta imagen) …”. “… SEPTIMO: En atención al citado acuerdo, el Concejo Municipal, en sesión celebrada el 26 de marzo de 2021, procedió, por medio de la Secretaría del Concejo, a notificar al Comité de Desarrollo Nombre87788 la respuesta a su nota (se inserta imagen) …”. “… Después de lo anteriormente expuesto, quienes suscribimos consideramos oportuno señalar que, a partir del 1° de mayo de 2024, se encuentra en funcionamiento el nuevo cantón de Puerto Jiménez, razón por la cual resulta evidente que este Municipio de Golfito carece de jurisdicción territorial sobre dicho ámbito geográfico. Conviene traer a colación lo dispuesto por el Código Municipal, normativa vigente y de acatamiento obligatorio que, en su artículo 3, establece de manera expresa que la jurisdicción territorial de cada municipalidad corresponde al cantón respectivo. En consecuencia, las municipalidades se encuentran conformadas por los límites físicos del cantón al que pertenecen, quedando su competencia y facultades restringidas al ejercicio de sus funciones dentro de ese territorio. En tal sentido, esta Municipalidad únicamente puede y debe ejercer sus atribuciones dentro de su propia jurisdicción, esto es, dentro del cantón de Golfito. Desde una perspectiva jurídica, el Código Municipal, Ley N.° 7794 de 30 de abril de 1998, desarrolla los principios contenidos en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, al conceptualizar a la municipalidad como una entidad pública, territorial, autónoma y de base corporativa. Son elementos esenciales de su naturaleza la población, el territorio y su respectivo gobierno, conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la referida norma. De ello se desprende que la competencia del municipio se circunscribe necesariamente a su territorio, dentro del cual puede actuar válidamente en atención al interés local. En esa misma línea de razonamiento, debe considerarse que la problemática relativa al servicio de agua potable se ubica en Playa Colibrí, localidad perteneciente al cantón de Puerto Jiménez, y por tanto fuera de la competencia territorial del Municipio de Golfito. Finalmente, es importante señalar que la instalación del servicio de agua potable no corresponde a la Municipalidad, por cuanto dicha competencia recae en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y en las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS), según corresponda. En virtud de lo expuesto, y habiéndose demostrado mediante prueba suficiente y contundente que la Municipalidad de Golfito actuó en todo momento conforme al principio de legalidad, procede señalar que la nota presentada por el Comité de Desarrollo Playa Colibrí, con fecha 13 de febrero de 2021, fue debidamente atendida por esta Administración, cuatro años antes de la interposición del presente recurso, motivo por el cual no se configura violación alguna al derecho de respuesta. Asimismo, debe tenerse presente que la instalación y administración del servicio de agua potable no compete a esta Municipalidad, correspondiendo dichas funciones a las instituciones competentes, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS). Por consiguiente, se solicita que el presente recurso sea declarado sin lugar en lo que respecta a la Municipalidad de Golfito, toda vez que la materia objeto de controversia se encuentra fuera de nuestra competencia y jurisdicción territorial.”. Solicitan se declare sin lugar el recurso.

6.- Rinde informe Horacio Jiménez Aguilar, en su condición de asesor legal de la Municipalidad de Puerto Jiménez por delegación del señor Enrique Segnni Saballo -alcalde de dicho gobierno local- quien acota lo siguiente: “… De una lectura de los hechos se desprende que mis representados no han ofrecido trabas a la recurrente para que pueda acceder al servicio de agua potable, las personas recurridas en su momento (hace 7 años) gestiones supuestamente ante: la Municipalidad de Golfito y a ASADA La Palma de Puerto Jiménez. 3. TERCERO: El cantón de Puerto Jiménez, décimo tercero de la provincia de Puntarenas y número 84 de Costa Rica, fue fundado en el año 2022. Su creación se oficializó mediante la Ley Nº 10.238, denominada "Creación del cantón de Puerto Jiménez, cantón décimo tercero de la provincia de Puntarenas". La municipalidad de Puerto Jiménez como tal entra en funcionamiento, a partir del 1 de mayo de 2024, coincidiendo con el inicio del período de los ayuntamientos electos en las elecciones municipales de febrero de ese mismo año, con lo que mis representados no tienen ni conocimiento ni participación alguna en los hechos alegados por la recurrente. 4. CUARTO: Con posterioridad a la creación de la Municipalidad de Puerto Jiménez, y ya bajo su competencia territorial, se han recibido diversas comunicaciones y denuncias relacionadas con construcciones y ocupaciones en el sector de Playa Colibrí, distrito de Puerto Jiménez, dentro de la zona marítimo-terrestre y de áreas de Patrimonio Natural del Estado. En particular, obra en nuestros registros el Oficio n.º 24-000199-1137-PE, de fecha 6 de diciembre de 2024, suscrito por el MSc. Ángel Jesús Gwam García, Fiscal Coordinador de la Fiscalía de Puerto Jiménez, mediante el cual se solicita colaboración a esta Municipalidad en relación con un proceso penal que se tramita bajo ese número de referencia, seguido por tala ilegal, ocupación y otras afectaciones ambientales en el sector de Playa Colibrí. Dentro de los sujetos de interés de dicho proceso figura la señora Nombre87787, acá recurrente. 5. QUINTO: En respuesta a ese requerimiento, el Departamento de Zona Marítima Terrestre de esta Municipalidad emitió el Oficio ZMT-PJ-004-11-12-2024, de fecha 12 de diciembre de 2024, suscrito por el Inspector de Zona Marítima Terrestre, señor Bernardo Villanueva Morales, dirigido al Fiscal Coordinador, en el cual se aporta información técnica y documental, incluyendo referencias al expediente administrativo PU-008-2016 y al registro MG-OV-RM-387-2022, vinculados a la condición de Patrimonio Natural del Estado del área en cuestión. 6. SEXTO: Asimismo, mediante el Oficio MPJ-ZMT-004-2024, de fecha 21 de octubre de 2024, emitido por el Departamento de Zona Marítima Terrestre y dirigido al señor Alcalde Municipal, se rinde un informe de visita de acompañamiento interinstitucional en el sector de Nombre87788 de La Palma, distrito de Puerto Jiménez. En esa diligencia participaron funcionarios del SINAC-ACOSA y de esta Municipalidad, entre ellos: Juan Antonio Felipe Bogantes, Inspector de Control Fiscal Urbano, Bernardo Villanueva Morales, Inspector de Zona Marítima Terrestre, Andrés Carvajal Ruiz, funcionario del SINAC. En dicho informe se hace constar, entre otros extremos, que: 1- Se verificó la intervención con maquinaria pesada en una zona protegida, con remoción de vegetación, posible afectación al nivel freático y a la fauna y flora del lugar. 2- Se observaron construcciones ubicadas en zonas públicas, específicamente dentro de la franja de cincuenta (50) metros de zona pública de la playa, cercanas a manglares y con afectación a la geografía del suelo. 3- Se indica expresamente que tales trabajos y construcciones se realizan sin permisos, en la zona restringida de la zona marítimo-terrestre y en áreas que, según la cartografía de SINAC-ACOSA, corresponden a Patrimonio Natural del Estado. Imposibilidad jurídica de la Municipalidad de Puerto Jiménez para legitimar ocupaciones ilegales en ZMT y Patrimonio Natural del Estado. El artículo 1 de la Ley 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, establece que la zona marítimo-terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado, es inalienable e imprescriptible, y que su protección y la de sus recursos naturales es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes. Adicionalmente, la Constitución Política, en su artículo 50, impone a las autoridades el deber de garantizar un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, mientras que el régimen de los bienes demaniales y del Patrimonio Natural del Estado impide que las administraciones públicas legitimen, consoliden o favorezcan ocupaciones en precario sobre tales bienes. En ese contexto normativo, la Municipalidad de Puerto Jiménez no está legalmente facultada para otorgar permisos de construcción, autorizaciones de acometida de agua potable, ni cualquier otro tipo de aval o gestión administrativa que suponga reconocer o consolidar ocupaciones ilegales dentro de: 1- La zona pública de la zona marítimo-terrestre. 2- Áreas de Patrimonio Natural del Estado. 3- Polígonos de parque nacional o zonas de protección de vida silvestre. Atender favorablemente la gestión de la señora Nombre87787, en el sentido de ordenar o promover la instalación de "pajas de agua" o conexiones de servicio de agua potable en favor de edificaciones levantadas en franja pública y en áreas protegidas, equivaldría, en términos prácticos, a legitimar asentamientos en precario y a incentivar que otras familias invadan zonas de alto valor ecológico, lo cual sería abiertamente contrario al bloque de legalidad ambiental que vincula a la Municipalidad (Constitución Política, Ley 6043, Ley de Biodiversidad, normativa sobre PNE y parques nacionales, entre otros cuerpos normativos). Por esa razón, esta Municipalidad, lejos de poder "complacer" la solicitud de la recurrente, se encuentra obligada a coordinar con el SINAC, el MINAE, el Ministerio Público y demás autoridades competentes para la protección de los bienes demaniales, a fin de erradicar construcciones ilegales y restaurar, en lo posible, la integridad ecológica de las áreas ocupadas. Conclusión y posición institucional. a) La Municipalidad de Puerto Jiménez reconoce la importancia del acceso al agua potable como derecho humano esencial; sin embargo, dicho derecho no puede hacerse valer mediante la consolidación de ocupaciones ilegales en bienes de dominio público y en áreas protegidas, ni puede utilizarse para obligar a la administración a desconocer la naturaleza demanial y ambientalmente protegida del territorio en cuestión. b) A la luz de los antecedentes administrativos, de los informes técnicos emitidos por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre, de las coordinaciones con SINAC-ACOSA y del procedimiento penal n.º 24-000199-1137-PE que se tramita ante la Fiscalía de Puerto Jiménez por tala ilegal, daños ambientales y ocupaciones irregulares en el sector de Playa Colibrí, esta Municipalidad concluye que: (1) Las edificaciones asociadas a la señora Nombre87787 y a otras personas en Nombre87788 se ubican en zona marítimo-terrestre y áreas de Patrimonio Natural del Estado.(2) La Municipalidad de Puerto Jiménez no puede legalmente gestionar ni autorizar conexión de agua potable ni otro tipo de servicio que implique legitimación de tales ocupaciones.(3) La recurrente deberá procurar alternativas habitacionales y de acceso al agua en lugares que no correspondan a zonas de protección biológica ni bienes demaniales. c) En consecuencia, esta Municipalidad se encuentra jurídicamente impedida de apoyar la pretensión de la recurrente en el sentido de dotar de agua potable a esas ocupaciones específicas, por cuanto ello constituiría un acto contrario al ordenamiento jurídico vigente y a los deberes de protección ambiental que pesan sobre el Estado y sus entes.”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

7.- Contesta Cynthia Lineth Picado Mena, presidenta y facultada para este acto en representación de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de la Palma, integrada Osa Golfito, con cédula jurídica número tres-cero cero dos-doscientos noventa y ocho mil setecientos setenta y quien indica lo siguiente: “… En lo referido al hecho primero del Escrito del Recurso de Amparo, a parte de lo que se indicará en el Segundo Aspecto de este Informe, desconoce mi representada mayores detalles de las dos gestiones que dice la recurrente realiza en los años 2018 y 2021 ante la Municipalidad de Golfito, ahora bien, sobre la indicación de que le pide a tal Corporación Municipal que se instruya a mi representada a que coloque previstas de agua potable para cada uno de los vecinos de la comunidad del sector de Playa Colibrí, nunca se ha recibido indicación de ese tipo de parte de ninguna instancia de la Municipalidad de Golfito. Aun cuando como antecedente se tiene registro y conocimiento en nuestra organización, que la recurrente en el transcurso del año 2019 hizo gestiones ante este ente municipal, puesto que según documento de fecha 2 de enero del año 2019, a mi representada la recurrente y otros vecinos de la comunidad de Nombre87788 nos invita a una reunión para el 01 de febrero del año 2029 a las 02:00 p.m., a la cual se asiste pero realizándose en fecha del 11 de febrero del año 2019, y de la cual la Junta Directiva de mi representada toma un acuerdo, en el acta número 225 la sesión celebrada en fecha 11 de febrero del año 2019, en el cual se le indica a los en ese momento solicitantes que se le sugería que redactaran una nota o documento para ante el Concejo Municipal y Alcalde (en ese momento de Golfito) en la que solicitaran información importante para la ASADA como lo relacionado a calles públicas, lotes que contaran con permiso de uso de suelo municipal, y certificación de planos, esto se dijo en ese momento basado en los reglamentos del Ay A, asimismo se acuerda incluir el levantamiento topográfico que le estaba haciendo la ASADA en ese momento a todos los sectores que administraba, de ello se tiene copia que se nos hizo llegar de nota de fecha 11 de febrero del año 2019 en que ese mismo grupo de promovente se dirigen al Conceso Municipal de Golfito, con la intención de lo sugerido por la ASADA, y de esa gestión se desconoce el resultado. Asimismo se informa que mi representada en ese momento hizo lo propio para que se incluyera a la comunidad de Nombre87788 en el Levantamiento Topográfico antes referido, ello se acredita mediante los correos electrónicos, enviados a Evelyn Lizano Fernández del A y A, encargada de ello, de fecha 12 de febrero del año 2023, el correo de fecha 27 de febrero del año 2019 enviado a Ricardo Peralta para esos efectos. SEGUNDO ASPECTO DEL INFORME: Este particular segmento del Informe que se rinde refiere en lo medular al hecho segundo del Escrito del Recurso de Amparo, y de ese sobre la indicación de lo que se haya planteado de parte de la recurrente o de los vecinos del Comité que representa ante la Municipalidad de Golfito en Sesiones de Concejo, solicitudes y que se haya aprobado el traslado de la solicitud a la Administración Municipal, así como del contenido o el análisis del Oficio SMG-T-111-02-2021 que indica la recurrente, se debe indicar que desconoce mi representada de ello; ahora bien, de la misma documentación aportada por la recurrente, se nota que en las actas de sesión de Concejo Municipal que aporta, se indica textualmente: “Solicitud de certificación donde se le otorgue a la ASADA de la Palma de Puerto Jiménez, un permiso para puedan colocar una prevista de agua potable a vecinos de Playa Colibri.” -apariencia de cursiva no es del original, y efectivamente se acuerda: “Trasladar esta solicitud a la administración para que le den respuesta a los vecinos.” -apariencia de cursiva si es del original, no obstante a ello, a mi representada tal como se hizo ver en el acápite anterior, nunca la Administración Municipal de Golfito ha hecho llegar disposición alguna en ese sentido, lo cual al menos es efectivamente concordante a lo que indica la misma recurrente, en el sentido de que a su parecer la Municipalidad de Golfito no ha resuelto este tema. En este particular tema, se nota de la misma prueba adjuntada por la recurrente, sea el Acta Ordinaria número 17 de fecha 27 de abril del año 2022, que se inserta un acuerdo, que textualmente indica: “ACUERDO 14-ORD 17.-2022 Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la nota a la comisión de Ambientales. Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.”- apariencia de cursiva si es del original. Por último, a manera de informe se destaca que, de parte de mi representada, en relación a este tema, y al tenor de la misma prueba adjuntada por la recurrente, sea el Acta Ordinaria número 17 de fecha 27 de abril del año 2022, se nota que se inserta un acuerdo, que textualmente indica: “INCISO 10.2 Se conoce oficio ASADALAPALMA-IOG-014-2021 de fecha 03 de febrero de 2021, dirigida al señor alcalde, firmado por la señora Cynthia Lineth Picado Mena, Presidente ASADA La Palma Integrada Osa, Golfito.” - apariencia de cursiva si es del original. Ante el antes mencionado Oficio ASADALAPALMA-IOG-014-2021 de mi representada es de importancia para este Informe indicar algunos aspectos para que sean conocidos por este Tribunal Constitucional para la resolución de este asunto, el primero de ellos es que, adjuntando copia certificada del mismo, se nota que en fecha del 03 de febrero del año 2021, en oficio ASADALAPALMA-IOG-014-2021, de parte de La ASADA que represento, de una manera estrechamente relacionada con el asunto objeto de reproche por la recurrente, se dirige nota al en ese momento Alcalde de la Municipalidad de Golfito, el señor Freiner Lara Blanco, en la cual es mi representada la que le consulta al Alcalde Municipal sobre de la existencia o no de una respuesta a la solicitud de la “Comunidad de Playa Colibrí”, según dice la misma nota, solicitud que fuere fechada del 11 de febrero del año 2019; es importante que se visibilice desde ya que en este momento histórico (febrero del año 2021) la Comunidad de Nombre87788 o Colibrí, que ahora reviste los mismos intereses de la recurrente, no contaba con servicio de previstas de agua potable suministrado por mi representada ni con el ramal necesario para abastecerlos, lo cual efectivamente para el grupo de recurrentes sigue siendo así, pues efectivamente los vecinos representados por la recurrente, en ese sitio específico en que residen, no son abonados de mi representada, cosa que ha sido desde que mi representada tiene existencia, es decir debe entenderse que para en ese momento dar el servicio que ellos solicitaban, ameritaba de una serie de estudios de disponibilidad de recurso y avales necesarios para iniciar a dar el servicio, es por eso que mi representada se dirige a la corporación municipal, para consultar y también explicar cómo en efecto era necesario, que se nos brindara datos de interés tales como -y se transcribe-: “Necesitamos su apoyo para que nos brinden esta información sobre cuantas familias cuentan con lote y su respectivo uso de suelo, cuales están en trámite, cual es el plan de Desarrollo de los lotes ubicados en el sector de Nombre87788 y también necesitamos el croquis de las calles públicas de dicho sector.” - apariencia de cursiva no es del original. Todo ello pues en el contexto del análisis que se realizaba para ese momento, era de importancia para determinar la dimensión de la necesidad por consumo de agua potable y su ampliación para el respectivo levantamiento topográfico, presupuestos, ruta del ramal de acueducto necesario de crear, y conseguir el Aval Técnico de parte de Acueductos y Alcantarillados (A y A), requisito indispensable para poder satisfacer los intereses de los representados por la recurrente, y que es requisito general para cualquier proceso similar, sea de apertura de servicios nuevos para previstas de agua potable, pues una vez que se contara con ello se podría avanzar con el Aval Técnico, a mayor profundidad, se puede decir que era necesario contar con el dato de los posibles abonados del proyecto y sus ubicaciones, proyecto que se llamó inicialmente “Proyecto Colibrí”, el cual posteriormente y por lo que explicará, se le llamó “Proyecto Colibrí Etapa 1” y “Proyecto Colibrí Etapa 2”, y esto era necesario esclarecerlo mediante consulta a la Municipalidad de Golfito en ese momento (recordando que a partir del mes de mayo del año 2024 la Municipalidad de Puerto Jiménez se crea y territorialmente Puerto Jiménez deja de pertenecer a la Municipalidad de Golfito), esto por cuanto la Comunidad de Colibrí como la misma recurrente lo ha referido, se ubica en Área de Zona Marítimo Terrestre, y por mandato de la Ley 6043 denominada “Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre”, según el numeral 3, son terrenos bajo la Administración Municipal, a saber, este numeral indica claramente: “Artículo 3º.- Sin perjuicio de las atribuciones de ese Instituto, compete a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales.”, entonces como se ha dicho, pues siendo que la totalidad de esos terrenos al estar ubicados en dicha condición de Zona Marítimo Terrestre, se debía consultar a la Administración Municipal, en ese momento del Cantón de Golfito, pues así las cosas, se puede resumir que el Aval técnico del A y A es una garantía que emite el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) para certificar que un proyecto específico, especialmente para el aprovechamiento de agua para consumo humano, cumple con las normativas técnicas y es viable. Este aval no exime de otros trámites, como la revisión de planos de construcción, pero sí valida la capacidad técnica del proyecto y del responsable para llevarlo a cabo, asegurando el cumplimiento del mismo. Y con este Aval se puede evaluar los recursos necesarios para la ampliación de la línea de distribución hacia esa Comunidad de Nombre87788 (ramal) y así poder dotarlos de previstas de agua potable; ahora bien, la intención de mi representada con el contenido y envío del oficio ASADALAPALMA-IOG-014-2021, era precisamente eso, sea resolver y realizar diligencias de rigor para atender la solicitud de la recurrente, nótese de la prueba adjunta que posterior a ello en fecha del 08 de febrero del año 2021, mi representada se vuelve a dirigir vía correo electrónico enviado al alcalde antes referido, y en el cuadro de dialogo del correo, se indica textualmente de la necesidad de convocar a una reunión, solicitando hasta fecha y hora para ello (se inserta imagen) …”. “… En esta línea, nuestro oficio ASADALAPALMA-IOG-014-2021, si fue atendido, ello mediante la indicación que se hace por la Secretaría del Concejo Municipal (Roxana Villegas Castro) de Golfito, mediante oficio SMG-T-172-03-2021 de fecha 26 de marzo del año 2021, mismo que su vez alude al Oficio de la Encargada a.i. del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Golfito, mediante oficio ZMT-MG-O-I-046-2021 del 11 de marzo del año 2021, en el que textualmente se indicó “Realizada la revisión a los nombres de las familias (personas), que requieren el permiso para la prevista de agua, se determina que la mayoría no cumple con los requisitos mínimos, como lo es; la apertura de un expediente con la debida solicitud de Permiso de Uso en la Zona Marítima Terrestre, conforme los requisitos estipulados en los artículos 27, 28, 29 y 30 siguientes y concordantes del Reglamento Decreto Ejecutivo N°7841P, a la Ley N° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre del 2 de marzo de 1977 , y el artículo 15 del Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de permiso de uso de la Zona Marítimo Terrestre Administrada por la Municipalidad de Golfito.” Nombre87790 no es del original, subrayado sí. Es por ello que, para ese momento histórico, que cuando se envía a la Municipalidad de Golfito el oficio ASADALAPALMA-IOG-014-2021 de mi representada, habiéndose en ese momento adjuntado la nota de solicitud de los mismo (dirigida a Boris Gamboa Balladares y recibida el 07-01-2021 por Iván Mora), como se aprecia del oficio ZMT-MG-O-I-046-2021, no contaban los solicitantes acorde a la Ley 6043 denominada “Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre” con los requisitos o aval de parte de la Municipalidad para poder otorgárseles las previstas. Mas, sin embargo, más allá de todo lo anterior dicho sobre diligencias municipales, como más adelante se indicará, existen alrededor del fondo de los reproches planteados en este proceso constitucional, otros elementos que han dado al traste con que, por aspectos técnicos y legales, no se haya podido al día de hoy realizar las diligencias administrativas para la ampliación de la línea de distribución de agua potable (ramal) con sus previstas hacia esa Comunidad de Playa Colibrí, y con ello dotarles de previstas de agua, mismos elementos/aspectos que más adelante se harán notar. TERCER ASPECTO DEL INFORME: Relacionado a los diferentes puntos de interés que se pide informe y que en esencia se contienen en el hecho tercero del Recurso de Amparo, se desglosa por sub temas: “1.-” al “6.-”, lo que se estima informar, ello de la siguiente manera: 1.- Sobre lo indicado por la recurrente en cuanto a que: A.- En otros barrios, caseríos o comunicades, cercanas a Áreas de Zona Marítimo Terrestre, tales como Rincón de Osa, Playa Blanca, Playa Escondida, y Playa Juanito Mora, cuentan con conexión a agua potable aun siendo “patrimonio nacional”; Mi representada es encargada de suministrar agua potable a varias comunidades y cuenta actualmente con la cantidad exacta de 1955 abonados activos que reciben nuestro servicio, las comunidades que reciben este servicio son: Playa Colibrí, La Palma, La Amapola, Playa Blanca., Puerto Escondido, Guadalupe, Riyito, El Campo de Agua Buena, Banegas, Rancho Quemado, Bahía Chal, Rincón, Mogos, Pargos, Taboga 1., y en la labor que se realiza por nuestra organización es indispensable garantizar que se cumplan con los aspectos técnicos y legales en cada uno de los proyecto de abastecimiento de agua potable que se desarrollen, eso a gran escala cuando se trata de abastecer a una comunidad que aún no cuenta con servicio, como también en pequeña escala o de manera individual cuando se nos solicita un servicio de agua potable (prevista de agua) en una comunidad que ya recibe el servicio, esto lo es así por Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales Nº 42582- S-MINAE que dentro de nuestras obligaciones se enmarca lo establecido en el artículo 28, sobre Obligaciones y Derechos de las ASADAS, que a letra en lo que interesa dice en su inciso “j” sobre la emisión de constancias: “Emisión de constancias: Emitir constancias de disponibilidad del servicio y cartas de capacidad hídrica, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades, de acuerdo con su balance hídrico y siempre que proceda técnica y legalmente.”.- Negrita y cursiva no son del original. Ahora bien, dicho lo anterior es importante tener presente en el panorama de este asunto, que la comunidad de Playa Colibrí, o Colibrí, para antes del mes de 19 de abril del año 2024, no contaba con la prestación del servicio de agua potable de parte de nuestra organización, y esto es resultado de que en vista de esta necesidad fue que desde aproximadamente el mes de 11 de marzo del año 2024 (fecha de inicio de proyecto Etapa 1), que por gestión de los vecinos de la comunidad de Nombre87788 ante nuestra organización que se inicia con el proyecto nuevo de abastecerles de agua potable en su fase de “Etapa 1”, en principio ello se realiza analizando que sí se contaba con un balance hídrico que fuera suficiente para cubrir las necesidades de esa población, y que lo permitía el análisis técnico y legal que antes se ha referenciado son necesarios. Esto que hasta acá he mencionado es de importancia ya que en el cuerpo del escrito de denuncia se hace alusión a que hace un año se instaló un medidor de agua potable a unos vecinos que viven a 500 metros de la primera casa de la comunidad de Playa Colibrí, aspecto que es de especial relevancia en este caso, pues efectivamente en la comunidad de Nombre87788 como parte del afán de nuestra organización por satisfacer la necesidad de agua potable a los usuarios que lo solicitaron, se hicieron el estudio y análisis que se requerían, y dan con el resultado que en lo que es la totalidad del Barrio o Comunidad de Playa Colibrí, si existía un balance hídrico que permitía de sobrada cuenta dar el servicio, pero que en lo que se debía analizar sobre aspectos técnico legales, un sector del poblado sí podía recibir el servicio y otro no, esto debido a que el sector del poblado que si podía recibir el servicio se ubicaba fuera del Patrimonio Natural del Estado, y el otro si estaba inmerso en Patrimonio Natural del Estado, y es precisamente este último sector en el que residen y pretenden los recurrentes que se les brinde el servicio en sitio de agua potable, o lo que es lo mismo que se les coloque “una prevista de agua”, situación técnicalegal que adelante en este informe ampliaré con documentación y criterios que fueren diligenciados de parte de mi representada directamente con el personal del SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. SEDE OFICINA SUBREGIONAL PENINSULAR. (PUERTO JIMÉNEZ.) Puerto Jiménez, Puntarenas. Así las cosas, en relación con la mención de que hace un año se instaló un medidor de agua potable a unos vecinos que viven a 500 metros de la primera casa de la comunidad de Playa Colibrí, así como la mención de la instalación de un hidrante a 100 metros de la primera casa de la comunidad de Playa Colibrí, se debe de aclarar, que habida cuenta de parte de nuestra organización de la situación de que un sector de la comunidad Nombre87788 estaba inmersa en Patrimonio Natural del Estado, se decide realizar el proyecto nuevo de abastecimiento de agua potable en 2 etapas, las cuales como antes se indicó se denominaron “Proyecto Colibrí Etapa 1” y “Proyecto Colibrí Etapa 2”, es por ello que las referencias de la instalación de un medidor y un hidrante deben merecer toda credibilidad, pero con la indicación de que esos son parte del Proyecto sí, pero de la “Etapa 1”, de la cual de seguido se informará en qué consistió, como se llevó a cabo y las diferente diligencias administrativas que durante los trabajos en campo de esa etapa 1 se debieron realizar; en primer instancia se tiene registro en nuestra Organización de un correo electrónico recibido por Nombre87791, de fecha 22 de marzo del año 2023, en el que expone la necesidad de que la comunidad de Nombre87788 contara con agua potable …” (se inserta imagen) …”. “… Al correo de la solicitud anterior se le da respuesta al día siguiente, el día 23 de marzo del mismo año 2023, y se le indica que el caso será ubicado para ser analizado en la Junta Directiva de la ASADA en la segunda semana de abril del año 2023, y se le hace una solicitud de documentos de la Municipalidad (en ese momento era la de Golfito), asimismo sobre esta solicitud al señor Nombre87791, se le hace llegar convocatoria para atenderle en su propia casa de habitación de parte de mi representada el día 21 de abril del año 2023, eso mediante oficio del 11 de abril del año 2023 número ASADALAPALMA-OIG-081-2023. Y efectivamente para el día 21 de abril del año 2023, se realiza la reunión se atiende las consultas de los vecinos y se levanta una lista de asistencia de 19 personas de parte de los vecinos de la comunidad Nombre87788 o sector Colibrí, de la cual aun cuando no se observa a la acá suscribiente del recurso de amparo, se estima es de relevancia pues de cierta manera este grupo de vecinos participantes representaron y representan interés comunes a los que representa ahora la recurrente A raíz de esta solicitud, mi representada inicia las labores administrativas tendientes a poder satisfacer los requerimientos de agua potable en Comunidad Colibrí o Playa Colibrí, es por ello que en fecha del 21 de abril del año 2023, a nuestra petición, Nelson Araya Cespedes (funcionario del A y A), que es un Técnico del A y A, emite el documento (02 folios) sobre la ubicación del “ramal” para la extensión que debía ser necesaria para el proyecto, sobre el tubo requerido, y válvulas necesarias, y con ello se inicia con trabajos de cotización en diferentes comercios, tales como: R & M de Costa Rica que emite factura proforma de fecha 24-04-2023, Hidromedición G&R nos emite factura proforma de fecha de fecha 24-04-2023, RQL INGENIERÍA nos emite factura proforma de fecha de fecha 24-04-2023, oscilando en cada caso los costos proyectados en materiales superiores a los 14 millones colones; sumas que para una organización como la nuestra son en exceso altos, y por ello en busca de soluciones alternativas y en aras de solicitar ayuda financiera y solucionar a los vecinos de Playa Colinbrí, mediante oficio del 04 de mayo del año 2023 número ASADALAPALMA-OIG-096-2023, nos dirigimos al Centro Estratégico para el Desarrollo de la Península de Osa, mediante oficio del 04 de mayo del año 2023 número ASADALAPALMA-OIG-097-2023, nos dirigimos al señor Arnoldo Romero, mediante oficio del 04 de mayo del año 2023 número ASADALAPALMA-OIG-098-2023, nos dirigimos a la Oficina de Desarrollo territorial de Osa, no obstante no se obtuvo colaboración y apoyo económico de estos; es por ello que mediante oficio del 25 de enero del año 2024 número ASADALAPALMA-OIG-007-2024, nos dirigimos al señor Boris Gamboa Valladares, funcionario del A y A como responsable de la ORAC (Oficinas Regionales de Acueductos Comunales. Ente del A y A encargado de brindar apoyo y orientación a las ASADAS) de Nombre87789, en el cual se consulta por los materiales relacionados y necesarios para el proyecto, pues la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados y El Director de Fortalecimiento de ASADAS, ya había aprobado de ello desde el 07 de marzo del año 2024, ya que como diversas acciones que se realizaron ante el mismo A y A, se logró mediante el Oficio GSD-UEN-GAR-2024-00953 que el encargado de la UEN- Gestión de Acueductos Rurales, sea el señor Rafel Barboza Topping, nos indicaba que la compra ya había sido aprobada, y pues fue de esta manera como se puedo contar con los materiales necesarios para el Proyecto de Ramal en Comunidad Colibrí, y mediante el documento del A y A denominado “Solicitud de Ingreso” del Programa de Comunidades en Riesgo Sanitario, suscrita de fecha 21 de julio del año 2023, por Boris Gamboa Valladares y Alberto Chavarría Gamboa. Ahora bien, en todo el conjunto de trámites administrativos y de mano de obra que se realizan para la aprobación y construcción del ramal necesario para abastecer la necesidad de agua potable de la comunidad de Playa Colibrí, en un determinado momento aproximadamente a mediados del mes de marzo del año 2024 ya cuando se realizaba trabajos en sitio y con el proyecto en marcha, de parte del SINAC, precisamente en fecha del 19 de marzo del año 2024, se realiza una inspección de parte de funcionarios de la Oficina Local de Puerto Jiménez, esta se debe a que a nuestro entender de parte de estas autoridades se tuvo conocimiento de las labores que mi representada realizaba, y siendo que son labores para colocación de tuberías mediante de Zanjeo, movimiento de tierra, ruptura de pasos en calle pública para posteriormente volverlos a cubrir, fue en ese momento objeto de revisión por dichas Autoridades nuestro proyecto, toda vez que en la comunidad de Nombre87788 es reconocido que existen áreas de Patrimonio Natural del Estado, como antes se ha mencionado ya en este informe, es por ello que en fecha del 20 de marzo del año 2024, mi representada vía correo electrónico informa a Carlos Velásquez Zamora (asesor legal de SINAC) de la visita del 19 de marzo del año 2024, y se pide el Informe que de la misma se genere, puesto que era de vital importancia para conocer si el proyecto que se realizaba de nuestra parte estaba ajustado o no a derecho en cuanto a la legislación ambiental. Importante destacar que desde el 19 de marzo del año 2024 a nuestra organización ingresa un correo electrónico de parte de Carlos Velásquez Zamora, en el cual nos solicita que le hagamos llegar la información del proyecto referente a la construcción del acueducto que se dirige a Nombre87788 pues indica que en dicha comunidad existe una Invasión en terrenos de dominio público o demaniales administrados por el SINAC, y además menciona que si es considerado de nuestra parte nos refiramos a una persona de esa comunidad de nombre Carolina que está vendiendo lotes dentro del Patrimonio Natural del Estado …” (se inserta imagen) …”. “… Ahora bien, de la prueba que acá se acompañará a este Informe, y recordando que la solicitud inicial se da por parte de un vecino de nombre Nombre87791, un 22 de marzo del año 2023, es importante dejar claro que de la mano de todo el proyecto que venimos detallando para el abastecimiento de agua potable mediante la colocación de un ramal específico para la comunidad de Playa Colibrí, siempre se trabajó en cierta coordinación y hasta ayuda o colaboración de parte de los vecinos de la comunidad de Playa Colibrí, prueba de eso es que el mismo Nombre87791 en un documento sin fecha pero si del cual se puede decir fue recibido por mi representada en el año 2024, que representa la ayuda o colaboración que hacen los vecinos que se había organizado para colaborar, documento que tiene por Título: “Informe Económico Del Proyecto de Zanjeo para la colocación de la tubería para el agua potable Playa Colibrí-Familia Santa María”, en los que se detallan montos de aporte y diferentes recibos de pago que ellos realizan en ayuda a las labores útiles y necesarias que realiza mi representada en ese proyecto. Todo lo cual es importante destacar, pues en aras de suministrar a la comunidad de Nombre87788 de Agua Potable, de instalarles su respectiva prevista de agua, a la fecha en esa comunidad existen una suma de 07 previstas de agua, que reciben el servicio gracias a la ampliación del ramal que se hizo nuevo y exclusivo para esa comunidad, y que se hizo hasta con muy valiosa ayuda de los mismos vecinos de la comunidad, eso sí, como se ha dicho antes, no siendo posible la ampliación del ramal en ciertas zonas solicitadas para instalación de previstas, eso por motivos de ser sector Patrimonio Natural del Estado, y que es precisamente en el sector geográfico que los recurrentes solicitan, detalle este último de la existencia de Patrimonio Natural del Estado que más adelante se detallará. Importante destacar que según documento denominado: “REPORTE DE TOTALES DE RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO RAMAL COLIBRÓ ETAPA 1”; se realiza una inversión de ₡ 19,540,593.07, con un final de operaciones en fecha del 19 de abril del año 2024, con fecha de instalación de hidrante en fecha del 17-04-2024, con incluso la indicación de los actores: mi representada, FEDASUR (Federación de Asadas del Sur. Este ente integra alrededor de 32 asadas de la Zona Sur del país) y Comunidad Colibrí, y con fotografías alusivas al proyecto, mismo Proyecto Etapa 1 que fue entregado y presentado formalmente con participación de todos los vecinos de la comunidad que pudieran asistir a la Oficina de nuestra Organización en fecha del 10 de mayo del año 2024 (ver lista de asistencia 02 folios). A lo final de este proyecto quedó debidamente revisado por el SINAC mediante el Oficio que emite: SINAC-ACOSA-DFRVS-SRP-0142-2024, de fecha del 21 marzo del año 2024, suscrito por Roy Pérez Vásquez de la Sub Región Peninsular- SINAC (04 folios), que nuestra organización en sus labores NO se avanza a realizar labores en Patrimonio Natural del Estado …” (se inserta imagen) …”. “… Ahora bien, nótese la cercanía a la que de manera muy diligente llega el ramal y nuestro proyecto, que es de 40 metros, del sector más próximo a zona de Patrimonio Natural del Estado, esto lo fue así en el afán de cubrir la mayor parte de terreno posible sobre vía pública sin protección estatal por ser Patrimonio Natural y con ello acercase lo más posible o abarcar lo más posible hacia la cobertura de la localidad de Playa Colibrí, y además nótese que se llega hasta ese punto, pues de parte del SINAC, se consideró, es el ente encargado dar ese criterio, ya que es esta la entidad encargada de emitir el criterio como ente Técnico y Legal según la Ley de Biodiversidad número 7788, en su SECCIÓN II, referente a SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, en su artículo 22, todo en aras se respete un “manejo adecuado de los recursos naturales”. B.- Sobre la indicación de parte de la recurrente en indicar que se les niega la instalación de previstas por ser un sector de “patrimonio nacional” y la solicitud que hacen al MINAE que dice les niegan el permiso para la instalación de las previstas de agua potable; Se estima necesario un informe, no por parte del MINAE sino por parte del SINAC (SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN), específicamente a la SEDE OFICINA SUBREGIONAL PENINSULAR. (PUERTO JIMÉNEZ), en este tema, puesto que como se ha venido indicando el terreno sobre cual han solicitado la instalación de “previstas de agua” es Patrimonio Natural del Estado. Ahora bien, esto tiene relación con lo denominado como “Etapa 2” del proyecto de abastecimiento de agua potable de Playa Colibrí, pues de lo que se ha venido indicando y de lo que se dirá en las siguientes líneas, aun cuando mi representada ha tenido la intención de poder dotar de agua potable a todas las personas que lo requieran, sucede ser que en el tanto se avanzaba con la “Etapa 1”, las diferentes intervenciones del SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. SEDE OFICINA SUBREGIONAL PENINSULAR. (PUERTO JIMÉNEZ), dejaron ver que una gran parte del territorio que se conoce como Barrio o Comunidad Colibrí o Playa Colibrí, está inmerso en lo que se ha determinado es “Patrimonio Natural de Estado” y en lo que atañe a los intereses representados por la recurrente, todos piden un servicio de agua potable mediante una “prevista de agua” dentro de terrenos que son parte de ese Patrimonio Natural, lo cual ha sido motivo por el cual no se puede acceder a lo que se nos ha peticionado en sede administrativa en nuestras oficinas, y que acá ahora es objeto de Recurso de Amparo, pues como antes se dijo, para que mi representada actúe debe hacerlo acorde al Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales Nº 42582- S-MINAE, que en el artículo 28, sobre Obligaciones y Derechos de las ASADAS, inciso “j”, refiere dirigirse acorde a lineamientos técnicos y Legales, y es que precisamente ya como se dijo, mediante el Oficio SINAC-ACOSA-DFRVS-SRP-0142-2024, se aclaró el punto, pero además como se verá el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SEDE OFICINA SUBREGIONAL PENINSULAR. (PUERTO JIMÉNEZ), también se manifiesta y en igual sentido mediante Oficio: SINAC-ACOSA-DRFVD-SRP-0494-2024 (que más adelante se detallará). Otro detalle importante es que cuando en fecha 17 de junio del año 2024 el señor Juan Carlos Hernández Meza se dirige a nuestra organización mediante nota sin número de oficio, lo hace como representante de la comunidad Colibrí, y como Presidente del Comité, solicitando una reunión para aclarar detalles relacionados con la continuación del proyecto Etapa II, casi simultánea nuevamente el señor Carlos Velásquez Zamora vía correo electrónico de fecha 21 de junio del año 2024, nos hace saber de situaciones que consideró relevante hacérnoslo saber, tales como la existencia de procesos penales por “ocupaciones ilegales, y dijo:“…(…)…en áreas administradas por SINAC y eventualmente también en tierras administradas por la Municipalidad de Jiménez, siendo estos lugares bienes demaniales pertenecientes al patrimonio natural del Estado, donde no se permite la construcción de casas de habitación y otros sin contar con los respectivos permisos,…(…)…Ante esta situación solicito a su persona dirigirse al Fiscal del Ministerio Público, Lic. Ángel Gwam” cursiva no es del original. Motivo por el cual mi representada por medio del oficio ASADALAPALMA-IOG-036- 2024 de fecha 26 de junio del año 2024, hace la consulta vía correo electrónico al Fiscal del Ministerio Público, Lic. Ángel Gwam …” (se inserta imagen) …”. “… Dejando en claro que además en sitio existen litigios penales de índole de Usurpación, Cambio de Uso de Suelo, y Tala de Zona de Protección, y menciona como imputados a 6 personas, entre ellas la acá recurrente y suscribiente del presente Recurso de Amparo. Asimismo, en el afán de obtener mayor claridad en el tema relacionado a la Etapa II del Proyecto, nuestra organización, se dirige a Paula Mena Corea, en su condición de Jefa del SINAC en la sede Puerto Jiménez, eso mediante el oficio ASADALAPALMA-IOG-041-2024, de fecha 16 de julio del año 2024, en el cual se le solicita Información sobre el proceso en la Comunidad de Colibrí, en el cual se le explicaba que era necesario para nuestra organización conocer de los procesos que se estaban siguiendo en la comunidad de Colibrí, pues una vez que se recibe el correo de Carlos Velásquez Zamora en fecha del 21 de junio del año 2024 la operación de la “Etapa 2” del Proyecto se paralizó, y se le debía dar una respuesta a los vecinos interesados y acá ahora recurrentes, en ese se le indica a Paula que el Fiscal no ha dado mayores datos, y que por eso le solicita a ella información, ante este oficio el señor Carlos Velásquez Zamora contesta que no puede darse información, eso vía correo electrónico de misma fecha 16 de julio de 2024. Es así como entonces mediante Oficio ASADALAPALMA-IOG-052-2024, de fecha 04 de setiembre del año 2024, que mi organización se dirige para con la señora Evelyn Daniela Valverde Gamboa (Funcionaria de SINAC- Patrimonio Natural del Estado), en la cual en el asunto se le indica: “Solicitud certificación de Patrimonio Natural del Estado y solicitud visita de campo.”, y en el cual que lo que se pretende es conocer detalles para poder darle un respuesta a los vecinos de la comunidad de Nombre87788 que aún esperan el Proyecto en su “Etapa 2”, mismo que en lo que interesa literalmente indica: “Somos ASADA La Palma Integrada Osa-Golfito, quienes con el apoyo de las municipalidad, instituciones públicas y privadas; y de nuestro ente rector el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), hemos gestionado el suministro continuo e ininterrumpido de agua potable a más de 15 comunidades, repartidas entre el cantón de Osa y el cantón de Puerto Jiménez, abasteciendo alrededor de 7.000 habitantes. Actualmente tenemos en curso un proyecto denominado “Construcción de ramal en la comunidad de Colibrí”, esta comunidad se ubica en La Palma del distrito Puerto Jiménez, cantón Puerto Jiménez, en la provincia de Puntarenas; el proyecto lo dividimos en Etapa 1 y en Etapa 2, ya que tenemos conocimiento de la existencia del proceso penal 19-2.000124-1137-PE y la causa 22-002777-0062-PE, por la destrucción y apropiación ilícita de terrenos del Estado en la comunidad. Al existir esta situación, solo hemos realizado la Etapa 1, que corresponde a parte de la comunidad libre de esta situación, pero, el proyecto en su Etapa 2 continua sin realizase y la población en este sector continuamente nos pide soluciones, debido a que el acceso al agua potable es un derecho humano. Así las cosas, amablemente le solicitamos lo siguiente: 1-) Certificación de Patrimonio Natural de Estado: Con este documento en nuestro poder, podemos comunicar a la población de la comunidad de Colibrí que, en efecto, no podemos realizar nuestro proyecto en esos terrenos porque estaríamos trabajando ilegalmente en propiedad del Estado. 2-) Visita de campo: Solicitamos la visita al campo de alguna persona funcionaria para que, nos pueda señalar exactamente los puntos limites de nuestro proyecto, es decir, hasta dónde podemos legalmente continuar nuestro proyecto de abastecer de agua potable a esa comunidad. A modo de antecedente, en fecha 19 de marzo de 2024, se contó con la visita de personal del SINAC al proyecto, ya que recibieron una denuncia cuando estábamos trabajando en la Etapa 1 del proyecto, y entonces, al comunicarse con nosotros, solicitamos que realizaran una inspección, el documento se encuentra fechado al día 21 de marzo de 2024 con consecutivo SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0142-2024, el mismo lo adjuntamos a este correo. No obstante, si bien el resultado fue que no estábamos en ningún incumpliendo y pudimos continuar la Etapa 1, no quedó delimitado hasta dónde podemos continuar nuestra Etapa 2. Por ello, es que recurrimos a su persona con estas solicitudes, en aras de brindar una solución a los habitantes de la comunidad, que a la fecha se encuentran sin el acceso a agua potable en sus hogares. Esta solicitud tiene respuesta mediante el oficio de la SINAC-ACOSA-DT-PNE-154-2024, suscrito por Evelyn Daniela Valverde Gamboa …” (se inserta imagen) …”. “… Notándose con ello que en efecto los terrenos de ese sector de Nombre87788 son parte de Patrimonio Natural del Estado, y que cualquier ocupación en ese sitio lo fue de manera ilegal, e indica que en sitio: “más bien se debería trabajar en el desalojo de todos estos ocupantes irregulares”- cursiva no es del original. Asimismo, la misma Evelyn Daniela Valverde Gamboa emite la CONSTANCIA Número: SINAC-ACISA-DT-PNE-046-2024 de fecha 02 de marzo del año 2024, en su momento dirigida a Lic. Gwam en su condición de Fiscal de Puerto Jiménez por parte del Ministerio Público, en la que indica las coordenadas geográficas del sitio, mismas que guardan gran similitud con las referidas en el correo antes referido como recibido del Lic. Gwam cuando indicaba la existencia de procesos penales. En similar sentido se cuenta con el oficio suscrito por Andrés Carvajal Ruiz, de fecha 08 de octubre del año 2024, número: SINAC-ACOSA-DRFVD-SRP-0494-2024, en el que se da a mi representada un informe de una visita de campo que se realiza el día 26 de setiembre del año 2024 a la comunidad de Playa Colibrí, y que era con el objetivo de “dar respuesta a la posibilidad de la instalación de acueducto para brindar el servicio de agua potable a particulares ubicados en ese sector” …” (se inserta imagen) …”. “… Siendo esto nuevamente un impedimento legal que ha obstaculizado que mi representada pueda brindar el servicio que acá en esta vía de recurso de amparo se solicita de “previstas de agua” o servicio de agua potable. Otra de las gestiones que sobre este tema tratado en este recurso de amparo se han presentado por parte de la misma recurrente, fue la que gestiona mediante nota dirigida a mi representada de fecha 01 de agosto del año 2023, en la cual la acá recurrente se suscribe como la presidente del “Comité pro mejora y desarrollo de comunidad Paya Colibrí”; a esta solicitud fue analizada y se le dio respuesta mediante oficio: ASADALAPALMA-OIG-184-2023 del 13 de setiembre del año 2023, la cual se entrega de manera personal en fecha 14 de setiembre del año 2023 ya que no señaló medio de notificaciones, y en la cual se le rechaza la gestión pues de más de que no se cuenta con Plano de los terrenos (necesario para ubicar el sitio mismo de la instalación del servicio), ella solicitaba previstas de agua para personas sin tener ninguna poder o autorización otorgadas por estas, es decir sin demostrar la titularidad necesaria para actuar en nombre otro (s) (as), y además no gestiona prevista de agua alguna para ella misma. (a los efectos se adjunta la prueba de esta gestión). Como último acto que se estima de relevancia en este informe en lo que respecta a gestiones que ha realizado en sede administrativa la acá recurrente, en fecha del 01 de marzo del año 2025 la misma hizo mediante correo electrónico, una solicitud para una reunión con Asamblea para solicitar tres previstas de agua, a la cual en fecha del 03 de marzo del año 2025, se le contesta por misma vía que se le elevará la solicitud a la Junta Directiva de mi representada, sobre la misma línea de solicitud a la acá recurrente se le indica vía correo electrónico de fecha 13 de marzo del año 2025 que aún no hay fecha para poder recibirla, pero que se le solicita para irse avanzando en su solicitud que por favor haga llegar los documentos que tenga sobre las propiedades a las cuales desea dotar de prevista agua potable, y ante ello vía de correo electrónico la misma en fecha 14 de marzo del año 2025, adjunta una Imagen nominada: “IMG_2550314_090556.JPG”, que es un proyecto de plano catastrado que se presenta ante el Registro Nacional de la Propiedad, Sección Catastro mediante las citas de presentación: Tomo: 2025, Asiento: 15887-C, luego en fecha 20 de marzo del año 2025 vía correo electrónico la misma recurrente consulta sobre su trámite, y la reunión que solicitó ante la Asamblea, y se le cita a una reunión en las oficinas de la ASADA ubicada en Dirección5570, a las 03:30 pm del 8 de abril del año 2025. En tanto esto sucedía se hizo la consulta ante el SINAC de Puerto Jiménez, en si por parte de la señora Nombre87787, se había solicitado aprobar o visar algún plano catastrado, esto generó la Certificación No. SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-171-2025, suscrita por el ingeniero Andrés Carvajal Ruiz, en la cual se indica que no existe visado o certificación en tal sentido. Posterior a ello en correo recibido en fecha del 07 de abril del año 2025, desde el correo ...2288 , se recibe en el correo de mi representada un documento que además de contener la cédula de identidad de la señora Nombre87787, adjunta una minuta de calificación registral de la sección del Catastro del Registro Nacional de Propiedad, de las citas de presentación antes referidas como las del proyecto de plano Catastrado de Carolina (Tomo: 2025, Asiento: 15887-C), y es a raíz de ello que se toma la decisión de parte de mi representada de realizar nuevamente consultas ante el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SEDE OFICINA SUBREGIONAL PENINSULAR. (PUERTO JIMÉNEZ), además de parte de uno de los inspectores de campo de mi representada se hizo una vista al sitio y se determinó con base al proyecto de plano catastrado que presenta la señora Nombre87787, que “No existe tubería de conducción frente a la propiedad. 4/4/2025. Se usa SIRI”, y se determina que el plano en proyecto está inmerso en la zona en que ya tantas veces hasta ese momento los había indicado era Patrimonio Natural del Estado, y es cuando mediante el oficio número ASADALAPALMA-IOG-024-2025, mi representada realiza consulta al SINAC sede Puerto Jiménez, en lo referente a la nueva solicitud de Nombre87787, específicamente para que como ente técnico en el ramo de los recursos naturales y la biodiversidad respondieran en lo que interesa las siguientes interrogantes que era determinantes para atender la solicitud que realiza la señora Carolina, y que textualmente fueron: “A.- Si la Unidad Geográfica que se visibiliza dentro del Levantamiento que se identifica con Citas del Tomo: 2025 y Asiento:15887-C, antes referidas se encuentra con presencia de humedales y/o en Zona Marítimo Terrestre. B.- Si en la Unidad Geográfica que se visibiliza dentro del Levantamiento que se identifica con Citas del Tomo: 2025 y Asiento:15887-C, antes referidas es técnicamente posible el desarrollo habitacional, o con vacación agraria o ganadera. C.- Si en la Unidad Geográfica que se visibiliza dentro del Levantamiento que se identifica con Citas del Tomo: 2025 y Asiento:15887-C, antes referidas es legalmente posible el desarrollo habitacional, o con vacación agraria o ganadera.” Cursiva no es del original. Simultaneo a ello a la señora Carolina mediante el oficio ASADALAPALMA-IOG-026- 2025, de fecha 21 de abril del año 2025 se le contesta indicando que su solicitud será resuelta esperando tener todo listo para el 02 de mayo del año 2025, y luego se le expone que el plazo se extiende según nota del 02 de mayo de 2025, y es hasta el 15 de mayo del año 2025 que se le contesta en definitiva. Así las cosas, ante la consulta del oficio ASADALAPALMA-IOG-024-2025, el Ingeniero Andrés Carvajal da respuesta mediante oficio: SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0264-2025, en el cual indica literalmente: “Nombre4351. Con base a visita de campo a la Unidad Geográfica mencionada y su posterior análisis técnico de escritorio evidencia el traslape con área de Patrimonio Natural del Estado en una sección categorizada como bosque código B9 en base al oficio ACOSA-008-2010 de Patrimonio Natural del Estado Río Rincón – Playa Blanca. Además, con base al muestreo realizado en dicha inspección se identifica características ecológicas de humedales, tales como: suelos hidromórficos, condición hídrica y vegetación hidrófila. Que se extienden inclusive más allá de la unidad geográfica solicitada. Por otra parte, la propiedad presenta acciones antropogénicas como la eliminación de cobertura, relleno y drenajes esto con la intención de deteriorar y/o eliminar las condiciones de humedal. Por lo que se estable que el área es un humedal. B.- Como ya se indicó en el punto anterior al ser un sistema de humedal no es técnicamente posible el desarrollo de las actividades habitacionales, agrícolas o ganaderas sin alterar el ecosistema de humedal. Ya que son ecosistemas reguladores de los regímenes hidrológicos. Esto requieren el desarrollo de acciones (rellenos, drenajes, eliminación de cobertura forestal, entre otra) para mitigar la influencia del agua en la zona lo que provocaría el deterioro o incluso la eliminación del humedal. Esto sin contar con el desplazamiento de la flora y fauna característica de estos ecosistemas. Por tanto, y basándose en el mandato general mencionado en el Art. 2, Decreto Ejecutivo 42760, independiente del lugar donde se ubiquen estos ecosistemas, el Estado ejercerá tutela jurídica especial de protección sobre ellos por su condición de bienes de interés público tanto con la dimensión ambiental de la función social de la propiedad, como con el derecho de las personas a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nombre5650.- Partiendo del art 50 de la Constitución Política que dicta el derecho de las personas a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Aunado al principio el art. 19 de la ley 7575 prohíbe el cambio de uso de suelo lo que estableció el principio de irreductibilidad del bosque esto implica que no se permite quitar o eliminar el bosque para establecer otro tipo de actividad. La Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo N° 32 declara a los humedales como un área silvestre protegida. Asimismo, la convención RAMSAR aprobada a través de la Ley N° 7224 que dichas áreas deben ser administradas conforme a Planes de Manejo para adoptar medidas que respeten las características ecológicas. Además, el inciso b del artículo 2 del decreto N° 42760- MINAE prohíbe todas aquellas acciones antropogénicas que deterioren o eliminen el humedal y como se mencionó anteriormente dadas las condiciones de niveles freáticos superficiales y tipos de suelos hidrófilos generarían un impacto que deteriora este tipo de ecosistema.” Nombre87790 no es del original Mi representada ante el oficio anterior, determina mediante el oficio: ASADALAPALMAIOG-DNP-030-2025, de fecha 15 de mayo del año 2025, enviado a la destinataria vía correo electrónico en misma fecha, se dirige a Nombre87787 para explicarle que: “Las anteriores consultas realizadas al Área de Conservación Osa Dirección de Recursos Forestales y Vida Silvestre Subregión Peninsular, se realizan ya que es esta la entidad encargada de emitir el criterio de lo solicitado como ente Técnico y Legal según la Ley de Biodiversidad, en su SECCIÓN II, referente a SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, en su artículo 22, todo en aras se respete un “manejo adecuado de los recursos naturales”, criterio del cual conviene indicar que en deja como premisa cierta que en la Unidad Geográfica que se visibiliza dentro del Levantamiento que se identifica con Citas del Tomo: 2025 y Asiento:15887-C, se encuentra en condición de traslape con área de Patrimonio Natural del Estado en una sección categorizada como bosque código B9 en base al oficio ACOSA-008-2010 de Patrimonio Natural del Estado Río Rincón – Playa, y por ello es un área que ni técnicamente ni legalmente es posible dedicarse el desarrollo habitacional, o con vacación agraria o ganadera. Es así como, según el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales Nº 42582-S-MINAE, según en el artículo 28 inciso “j” que refiere la posibilidad de emitir constancias de disponibilidad del servicio y cartas de capacidad hídrica y siempre que proceda técnica y legalmente, se debe negar su petición, pues como se ha visto y acá explicado, de lo que se pudo conocer de sus gestiones y documentos aportados, y del criterio del SINAC, ni técnica ni legalmente es posible que su persona desarrolle uso de ninguna índole en esa zona.” -Cursiva no es del original. Y es así como finalmente mediante oficio de mi representada ASADALAPALMA-IOGDNP-061-2025, de fecha 27 de mayo del año 2025, en misma fecha vía correo electrónico, se le dirige a Nombre87787, cédula CED48382, la negativa a su solicitud sustentada en el oficio: SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0264-2025 y otros detalles …” (se inserta imagen) …”. “… 2.- Sobre lo indicado por la promovente del recurso en cuanto a que desde el año 2016 han venido luchando para que se les suministre agua potable y que a la fecha se le omite su solicitud, se informa que: En lo que respecta a la ASADA, las diligencias que se ha realizado en torno al tema, son las que antes acá se ha dejado sentadas por medio del presente Informe. No obstante y aun cuando no corresponde a una manifestación sobre la solicitud que hiciera mi representada, como líneas antes se informó, de parte de la Municipalidad de Golfito mediante oficio SMG-T-172-03-2021 de fecha 26 de marzo del año 2021, y el Oficio de la Encargada a.i. del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Golfito, numero ZMT-MGO.I-046-2021 del 11 de marzo del año 2021, si se les atiende su planteamiento, aunque ciertamente que no en términos positivos a los propósitos de la ahora recurrente. 3.- Sobre lo referido por la recurrente en cuanto a que la Municipalidad de Golfito, enviare la solicitud una Comisión de Ambiente para que se extendiera una “certificación de permiso para que la Asada de la Palma proceda a instalar los medidores”, se debe informar que: En lo que respecta a la ASADA, las diligencias que se ha realizado en torno al tema, son las que antes acá se ha dejado sentadas por medio del presente Informe y sin que nunca la municipalidad de Golfito nos hiciera llegar una certificación o permiso en el sentido de aprobar o instalar una prevista de agua potable para la recurrente o sus representados. 4.- Sobre lo referido en el recurso amparo en relación a la participación o gestiones que se han realizado en la Municipalidad de Puerto Jiménez, para “solicitar se nos concediera un permiso para que la Asada de la Palma nos colocara los medidores de agua potables” y su decir que eso fue negado por tal corporación municipal mediante oficio, informo que: En lo que respecta a la ASADA, las diligencias que se ha realizado en torno al tema, son las que antes acá se ha dejado sentadas por medio del presente Informe y sin que nunca la municipalidad de Puerto Jiménez nos hiciera llegar una certificación o permiso en el sentido de aprobar o instalar una prevista de agua potable para la recurrente o sus representados. 5.- Sobre la participación de funcionarios de Acueductos y Alcantarillados de la sede Nombre87789, en el análisis de este tema. En su oportunidad el A y A rendirá su informe, no obstante valga aclarar que en lo que respecta a la ASADA, las diligencias que se ha realizado en torno al tema, son las que antes acá se ha dejado sentadas por medio del presente Informe y en el sentido de aprobar o instalar una prevista de agua potable para la recurrente o sus representados, únicamente se nos ha dado colaboración en tal sentido de parte de la ORAC (Oficinas Regionales de Acueductos Comunales. Ente del A y A encargado de brindar apoyo y orientación a las ASADAS) de Nombre87789, en lo relacionado a la “Etapa 1” del Proyecto, pero para la “Etapa 2”, no. 6.- Finalmente sobre las afectaciones de salud de los amparados, y referidas en su escrito de solicitud; se quiere rendir informe dejando claro de parte de mi presentada que en ningún momento se ha actuado de manera arbitraria en el análisis de lo que ahora es objeto de este proceso de recurso de amparo, todo lo contrario, somos unas organización que lucha por que el servicio que brinde sea de calidad, y sea el más amplio, pero en este asunto, sucede que debemos apegarnos nuestro mismo cuerpo legal, que es el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales Nº 42582-S-MINAE, para un caso como el revisado, en que se debe disponer de la creación de previstas nuevas, y para ello en sitio debe necesariamente que realizarse trabajos de maquinaria pesada para apertura de zanjeas, y a sabiendas de que es una zona Patrimonio Natural del Estado, es que con base en el Bloque de Legalidad, para poder cumplir con el análisis técnico y legal para aprobar un servicio, hemos tenido que recurrir a consultas al ente encargado que en este caso es el SINAC, el cual con el pesar de las afectaciones de salud que manifiestan los recurrentes, han indicado como antes se ha referenciado y en esos términos, que en esa zona no es posible otorgar previstas de agua potable.”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

8.- Por resolución de las 15:45 horas del 25 de noviembre de 2025, la magistrada instructora amplió las partes en el proceso, y solicitó informes al director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

9.- Informa bajo juramento David Chavarría Morales, director ejecutivo a.i., del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), que: “Mediante oficio N.9 CARTASINACACOSAAL0402025, de fecha 2 de diciembre de 2025, suscrito por el Lic. Carlos Velásquez Zamora, Asesor Legal del Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se evacuó el informe requerido por la Honorable Sala Constitucional, del cual se desprende lo siguiente: I. Sobre el objeto del recurso. De la lectura integral del escrito del recurrente, se advierte que gran parte de los señalamientos y alegatos formulados se dirigen contra la Municipalidad de Golfito -anterior administradora del cantón de Puerto Jiménez-, así como contra la Municipalidad del nuevo cantón de Puerto Jiménez, e incluso contra la ASADA de La Palma, el Acueducto de Nombre87789 y otros entes. Sin embargo, corresponde señalar que esta Administración debe ceñirse estrictamente al principio de legalidad, conforme los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, actuando únicamente dentro del marco de sus competencias. Por ello, responderemos únicamente a lo que concierne al ámbito funcional del Sistema Nacional de Áreas de Conservación-SINAC, en especial lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad, la Ley Forestal, la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y normativa conexa. II. Competencias del SINAC-ACOSA y contexto general El SINAC, por medio de sus Áreas de Conservación, tiene entre sus funciones la atención de SITADAS, es decir, denuncias ambientales formuladas por la ciudadanía. En el caso concreto, los hechos se refieren al sector conocido como Playa Colibrí, en el cantón de Puerto Jiménez, área en la cual existen zonas debidamente declaradas como Patrimonio Natural del Estado III. Actuaciones administrativas realizadas 1. Denuncias y atención de SITADAS (2022 a la fecha). A partir de múltiples SITADAS recibidas desde el año 2022, funcionarios del ACOSA realizaron diversas inspecciones, elaborando los informes correspondientes, los cuales fueron oportunamente remitidos al Ministerio Público. Varias causas ya fueron tramitadas, otras se encuentran en curso. La mayoría de las denuncias versan sobre: • Usurpación de bienes de dominio público • Aprovechamiento ilegal en Patrimonio Natural del Estado • Cambio de uso del suelo Tala, quemas, drenajes y otras afectaciones ambientales. Dichas actuaciones se realizaron en estricto apego a nuestras competencias legales. IV. Situación planteada con la ASADA de La Palma En fecha reciente, oficiales de Control y Protección atendieron una SITADA donde se informó que la ASADA de La Palma estaba instalando tubería con dirección al sector de Playa Colibrí, zona actualmente objeto de invasión y presencia de precaristas. Durante la inspección, realizada en compañía de la señora Cynthia Picado Mena, presidenta de la ASADA, se constató tubería instalada dentro de una franja aproximada de 50 metros dentro del Patrimonio Natural del Estado, levantándose el informe técnico correspondiente. Posteriormente, vía telefónica, la señora Picado Mena consultó sobre la posibilidad de dotar de agua potable a dicho sector. Se le indicó que: 1. El área corresponde a Patrimonio Natural del Estado, donde solo pueden autorizarse actividades de investigación científica, capacitación y ecoturismo, previo permiso del SINAC. 2. Actualmente existen denuncias penales activas por ocupación ilegal y cambio de uso del suelo. 3. El marco jurídico -incluyendo la Constitución Política, la Ley Forestal y el Decreto Ejecutivo 38868 MINAE- impide autorizar servicios que consoliden asentamientos ilegales en áreas protegidas. La señora Picado remitió posteriores solicitudes tanto a la Asesoría Jurídica de ACOSA como al Ministerio Público, pretendiendo conocer nombres de personas denunciadas y estados de causa. Se le contestó conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal, señalando la imposibilidad legal de suministrar dicha información por tratarse de asuntos penales. Consulta formal al ente rector de las ASADAS, posterior a las conversaciones descritas con la señora presidenta que la ASADA de La Palma, Lineth Picado Mena, ante la insistencia y recurrencia sobre el mismo tema es que se dio a la tarea de realizar una consulta formal por medio del oficio SINACACOSA-AL-0352024 03 de octubre de 2023, mismo que se envió a la Jefatura de las asadas, propiamente el señor Boris Gamboa Valladares quien es el encargado Nombre87789. responde por medio de oficio PREJ2024-03973 del 14 de octubre de 2024 por medio del cual hace una descripción gráfica de todos los requerimientos necesarios para solicitudes de agua constancia con su legislación y con sus trámites legales, indicando que ellos no pueden otorgar permisos, dado que en áreas silvestres protegidas no es de su competencia otorgar permisos o concesiones de agua en el lugar. La respuesta oficial remitida dejó claro que: Las ASADAS no tienen competencia para otorgar permisos dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Cualquier autorización en Patrimonio Natural del Estado corresponde exclusivamente al SINAC. No es procedente autorizar servicio de agua en Nombre87788 dadas las condiciones jurídicas y ambientales del sitio. V. Reuniones interinstitucionales y con la comunidad. Funcionarios del SINAC fueron invitados por profesionales de la Universidad Nacional a reuniones con la ASADA de La Palma y personas interesadas. En dichas sesiones: 1. Se impartieron charlas informativas sobre el régimen jurídico del Patrimonio Natural del Estado. 2. Se explicó que estas tierras son inalienables, inembargables, imprescriptibles, de dominio público, y que la mera posesión no genera derechos. 3. Se aclaró que las Municipalidades carecen de competencia para otorgar permisos dentro de estas áreas; dicha responsabilidad recae exclusivamente en el SINAC. 4. Participó el Fiscal Ambiental de Osa, licenciado Camilo Flores Pacheco, quien explicó al público los alcances legales de la ocupación de bienes demaniales. La M.Sc Carolina Carrillo Vargas, funcionaria del Instituto de Estudios en Población (IDESPO) Programa Interdisciplinario Costero de la Universidad Nacional, elaboró una minuta detallada de las reuniones. VI. Carpeta documental anexa. Producto de todas las actuaciones anteriores, ACOSA integró una carpeta con índice, que contiene: Informes técnicos de ingenieros forestales, topógrafos y personal de Control y Protección, Mapas, fotografías y documentación probatoria, Detalle cronológico de las denuncias interpuestas, Evidencia de que las acciones en Nombre87788 constituyen usurpación de bienes de dominio público, Constancia de la coordinación permanente con el Ministerio Público. Dicha carpeta se adjunta para los efectos legales correspondientes. VII. Respuesta puntual a lo alegado por el recurrente El recurrente afirma que acudió al MINAE-SINAC para solicitar el servicio de agua potable, y que tal gestión fue "denegada". Sobre esto debe indicarse: 1. El SINAC no es la entidad competente para otorgar servicio de agua potable. 2. Lo que se comunicó a los vecinos -en reuniones abiertas y actas- fue que: • El sector se encuentra dentro de Patrimonio Natural del Estado. • La normativa vigente impide consolidar asentamientos ilegales. • Las ASADAS no pueden dotar de servicios básicos en zonas protegidas sin los permisos del SINAC, los cuales no pueden otorgarse en este caso por razones de ley. • La consulta al ente rector de ASADAS confirmó la improcedencia del otorgamiento del servicio. Por lo tanto, no existió denegatoria arbitraria, sino la aplicación estricta del ordenamiento jurídico ambiental y de los límites legales de nuestras competencias. Ni es posible acusar por parte de la recurrente el habérsele conculcado o hecho nugatorio alguno de sus derechos. VIII. Conclusión. El SINAC-ACOSA ha actuado en todo momento, dentro de su marco competencial, con fundamento técnico y jurídico, en coordinación con el Ministerio Público, atendiendo denuncias ciudadanas, y protegiendo el Patrimonio Natural del Estado, conforme lo exige el ordenamiento jurídico. Las acciones impugnadas por el recurrente no constituyen violación de derecho alguno, sino el cumplimiento de obligaciones legales, constitucionales y ambientales para la defensa del patrimonio demanial de todos los costarricenses”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

10.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente solicita que se ordene a la ASADA La Palma de Puerto Jiménez suministrar el servicio de agua potable a la comunidad de Playa Colibrí, alegando que por años han efectuado diversas gestiones ante la Municipalidad de Golfito, la Municipalidad de Puerto Jiménez, el MINAE y otras autoridades; sin embargo, han sido omitidas o denegadas, pese a que otras comunidades ubicadas también en zona de patrimonio nacional sí cuentan con dicho servicio. Afirma que actualmente dependen de un pozo que no cumple los estándares de salud y que la negativa reiterada vulnera su acceso a un servicio básico esencial.

II-. DE PREVIO. SOBRE EL AMPARO CONTRA SUJETOS DE DERECHO PRIVADO. En este caso los recurridos son sujeto de derecho privado asociación (Asociación del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de La Palma Integrada Osa Golfito), y sujeto de derecho público (Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC); Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados]; Municipalidad de Golfito, y la Municipalidad de Puerto Jiménez). Por lo anterior, de previo a la valoración del fondo del presente asunto, debe indicarse que la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 57, dispone que el recurso de amparo procede contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, pero únicamente cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a), de la misma Ley. En el caso concreto se estima que el recurso es admisible respecto del sujeto de derecho privado, por cuanto en la situación que se pone en conocimiento de esta Sala se evidencia que la Asociación del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de La Palma Integrada Osa Golfito, se encuentra en una posición de poder, frente a la cual los remedios jurisdiccionales ordinarios son insuficientes o tardíos para garantizar los derechos fundamentales de la parte tutelada.

III.-CONSECUENCIA DE NO RENDIR EL INFORME SOLICITAD POR LA SALA.   En el caso concreto, a pesar de que, el informe fue remitido por el asesor legal de la Municipalidad de Puerto Jiménez por delegación del alcalde y del presidente del Concejo Municipal, debe advertirse que en el auto de curso del presente proceso el informe le fue solicitado, de forma personal -no por medio de representante o apoderado, al presidente del Concejo de la Municipalidad   de Puerto Jiménez. Por lo anterior, se tiene por no rendido el informe de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y en consecuencia esta Sala resuelve el caso valorando la prueba que consta en autos, y la jurisprudencia de este Tribunal aplicable al caso concreto.

IV.- CUESTIÓN PREVIA REFERENTE AL DERECHO A UNA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. En cuanto a este asunto también se recurre contra un sujeto de derecho público, antes de analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-2545 de las 08:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la supuesta demora en resolver sobre el suministro de servicio de agua potable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

V.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

En relación con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

1)   El 06 de setiembre de 2024, mediante oficio SINAC-ACOSA-DT-PNE-154-2024, dirigido a la presidenta de la ASADA La Palma, el SINAC concluye que la ocupación en el sector de Nombre87788 se ha realizado sin permisos en áreas declaradas Patrimonio Natural del Estado y recomienda trabajar en el desalojo de los ocupantes irregulares. (ver informes rendidos bajo juramento y prueba adjunta);

2)   A la fecha del informe, la Oficina Cantonal de Golfito del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados determina que la comunidad de Nombre87788 se ubica en el cantón de Puerto Jiménez, fuera del área rectora y de la cobertura administrativa de la Oficina Cantonal de Pérez Zeledón. (ver informes rendidos bajo juramento y prueba adjunta);

3)   La Oficina Cantonal de Golfito constata que la comunidad de Nombre87788 se encuentra fuera del área de cobertura de los sistemas administrados por AyA en el cantón de Puerto Jiménez y a más de 25 kilómetros de los sistemas operados por dicha Oficina Cantonal. (ver informes rendidos bajo juramento y prueba adjunta);

4)   La Oficina Cantonal de Golfito indica que las gestiones mencionadas en el recurso se dirigieron a la ASADA La Palma, a la Municipalidad de Golfito y a la Municipalidad de Puerto Jiménez, y que no tiene registros de reuniones con personeros del AyA de sus oficinas cantonales. (ver informes rendidos bajo juramento y prueba adjunta);

5)   La Oficina Cantonal de Golfito señala que las Oficinas Cantonales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no administran ni operan las ASADAS y que las gestiones relativas a éstas corresponden a las Oficinas Regionales de Acueductos Rurales (ORAC). (ver informes rendidos bajo juramento y prueba adjunta);

6)   El 10 de noviembre de 2025, el Lic. Boris Gamboa Valladares, jefe de la Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC) Región Brunca, emitió el memorando No. GSD-UEN-GAR-2025-04389, en el que hace constar que: No le consta el trámite realizado ante la Municipalidad de Golfito en 2018. No existen asuntos pendientes por resolver en la ORAC sobre el hecho indicado en el recurso. La ORAC participó en diversas sesiones de trabajo con SINAC, pobladores de Playa Colibrí, ASADA La Palma, Fiscalía Ambiental y la Universidad Nacional. (ver informes rendidos bajo juramento y prueba adjunta);

7)   El 12 de noviembre de 2025, mediante correo electrónico el Lic. Boris Gamboa Valladares aclara que la ORAC Región Brunca no ha afirmado que la comunidad de Nombre87788 deba tener servicio de agua potable, reiterando que el sector donde se solicita el servicio corresponde a Patrimonio Natural del Estado. (ver informes rendidos bajo juramento y prueba adjunta);

8)   Conforme al Reglamento para la prestación de los servicios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Acuerdo de Junta Directiva No. 2020-442) tratándose de territorios administrados por el Estado y de ocupantes que carecen de título habilitante, se requiere autorización expresa del ente competente y el cumplimiento de requisitos específicos para conexiones especiales y constancias de disponibilidad. (ver informes rendidos bajo juramento y prueba adjunta).

Municipalidad de Golfito:

9)   El 11 de febrero de 2019, el Comité de Desarrollo Nombre87788 presenta una nota dirigida al Concejo Municipal de Golfito solicitando gestiones relacionadas con el acceso a agua potable (según documentación que luego retoma la ASADA) (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta);

10)              El 13 de febrero de 2021, el Comité de Desarrollo Nombre87788 presenta una nueva nota dirigida al Concejo Municipal de Golfito solicitando una certificación para que se otorgue a la ASADA La Palma permiso para colocar previstas de agua potable para vecinos de Playa Colibrí. (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta);

11)              El 17 de febrero de 2021, en sesión ordinaria número 7, el Concejo Municipal de Golfito conoce la nota del 13 de febrero de 2021 y acuerda trasladarla a la Administración para lo que corresponda. (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta);

12)              Tras el acuerdo del Concejo, el alcalde remite la nota al Departamento de Zona Marítimo Terrestre mediante el traslado de correspondencia número AM-TC-0050-2021, solicitando informe sobre el asunto. (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta);

13)              El 11 de marzo de 2021, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre emite el informe N.° ZMT-MG-O-I-046-2021, en el que señala que la mayoría de las personas que requieren el permiso para la prevista de agua no cumplen requisitos mínimos, como la apertura de expediente con solicitud de Permiso de Uso en la Zona Marítimo Terrestre, conforme a la Ley 6043 y su reglamento. (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta);

14)              El alcalde remite dicho informe al Concejo Municipal mediante el oficio AMG-INF-09. (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta);

15)              El 26 de marzo de 2021, en sesión del Concejo Municipal se toma un acuerdo relacionado con el informe y se notifica al Comité de Desarrollo Nombre87788 la respuesta a su nota, mediante la Secretaría del Concejo. (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta);

16)              El 01 de mayo de 2024, entra en funcionamiento el nuevo cantón de Puerto Jiménez, por lo que la Municipalidad de Golfito pierde competencia territorial sobre dicho ámbito geográfico. (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta);

17)              La Municipalidad de Golfito hace constar que la instalación y administración del servicio de agua potable no corresponde a la Municipalidad, sino a AyA y a las ASADAS, y que la nota del 13 de febrero de 2021 fue atendida cuatro años antes de la interposición del recurso. (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

Municipalidad de Puerto Jiménez:

18)           En el 2022, se crea el cantón de Puerto Jiménez mediante la Ley N.° 10.238, “Creación del cantón de Puerto Jiménez, cantón décimo tercero de la provincia de Puntarenas” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta);

19)           El 01de mayo de 2024, la Municipalidad de Puerto Jiménez inicia formalmente su funcionamiento, coincidiendo con el inicio del periodo de los ayuntamientos electos. (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta);

20)                   El 06 de diciembre de 2024, la Fiscalía de Puerto Jiménez mediante oficio n.º 24-000199-1137-PE solicitó colaboración a la Municipalidad de Puerto Jiménez en un proceso penal por tala ilegal, ocupación y afectaciones ambientales en Playa Colibrí, en el que figura como sujeto de interés la recurrente Nombre87787. (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta);

21)                   El 12 de diciembre de 2024, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Puerto Jiménez emite el oficio ZMT-PJ-004-11-12-2024, dirigido a la Fiscalía de Puerto Jiménez, aportando información técnica y documental, incluyendo referencias al expediente administrativo PU-008-2016 y al registro MG-OV-RM-387-2022, sobre la condición de Patrimonio Natural del Estado del área en cuestión. (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta);

22)                   El 21 de octubre de 2024, mediante oficio MPJ-ZMT-004-2024, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre rinde informe de una visita de acompañamiento interinstitucional en Playa Colibrí, con participación de funcionarios de SINAC-ACOSA y de la Municipalidad. Se constatan intervenciones con maquinaria pesada, remoción de vegetación, construcciones en zona pública de playa y en áreas de Patrimonio Natural del Estado, todas sin permisos. (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta);

23)                   La Municipalidad de Puerto Jiménez sostiene que conforme a la Ley 6043 y al régimen de bienes demaniales y Patrimonio Natural del Estado, no está facultada para otorgar permisos de construcción ni autorizaciones de acometida de agua potable en ocupaciones ilegales en zona pública de la ZMT, Patrimonio Natural del Estado o áreas protegidas. (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta);

24)           A la fecha del informe, la Municipalidad de Puerto Jiménez indica que se encuentra obligada a coordinar con SINAC, MINAE, Ministerio Público y otras autoridades para la protección de esos bienes y la erradicación de construcciones ilegales. (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta);

25)           La Municipalidad concluye que las edificaciones vinculadas a la recurrente se ubican en zona marítimo-terrestre y Patrimonio Natural del Estado y que por ello, está jurídicamente impedida de apoyar la pretensión de dotar de agua potable a dichas ocupaciones. (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario La Palma Integrada Osa-Golfito (ASADA La Palma):

26)           El 02 de enero de 2019, la recurrente invita a la ASADA y a otros vecinos de Nombre87788 a una reunión para el 01 de febrero de 2019 (que finalmente se realiza el 11 de febrero de 2019) (ver contestación y prueba adjunta);

27)           El 11 de febrero de 2019, se realiza la reunión entre representantes de la ASADA y vecinos de Playa Colibrí. La Junta Directiva de la ASADA, en acta N.° 225, sugiere a los solicitantes redactar una nota al Concejo Municipal de Golfito y al alcalde para solicitar información sobre calles públicas, lotes con permiso de uso de suelo y certificación de planos. Ese mismo grupo de vecinos dirige nota al Concejo Municipal de Golfito siguiendo la sugerencia de la ASADA (ver contestación y prueba adjunta);

28)           El 12 y 27 de febrero de 2019, la ASADA remite correos electrónicos a funcionarios de AyA (incluida Evelyn Lizano Fernández y Ricardo Peralta) para incluir a Nombre87788 en el levantamiento topográfico de los sectores administrados por la ASADA. (ver contestación y prueba adjunta);

29)           El 03 de febrero de 2021, la ASADA emitió el oficio ASADALAPALMA-IOG-014-2021 dirigido al alcalde de Golfito, consultando sobre la existencia de respuesta a la solicitud de la comunidad de Nombre87788 de 11 de febrero de 2019 y solicitando información sobre familias con uso de suelo, plan de desarrollo y croquis de calles públicas, en el marco del “Proyecto Colibrí” (ver contestación y prueba adjunta);

30)           El 08 de febrero de 2021, la ASADA envió un nuevo correo electrónico al alcalde de Golfito para coordinar una reunión sobre el tema. (ver contestación y prueba adjunta);

31)           El 11 de marzo de 2021, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre de Golfito emitió el informe ZMT-MG-O-I-046-2021, que la ASADA recibe como respuesta a su gestión y en el que se concluye que la mayoría de los solicitantes no cumple los requisitos para permiso de uso en zona marítimo-terrestre. (ver contestación y prueba adjunta);

32)           El 21 de abril de 2023, un técnico de AyA (Nelson Araya Céspedes) elaboró un documento de dos folios sobre la ubicación del ramal, tubo requerido y válvulas para la extensión del acueducto hacia Playa Colibrí. (ver contestación y prueba adjunta);

33)           Se realiza una reunión en Nombre87788 por parte de la ASADA, levantándose lista de asistencia de 19 personas, donde se exponen necesidades de agua potable. (ver contestación y prueba adjunta);

34)           El 24 de abril de 2023, diversos proveedores (R & M de Costa Rica, Hidromedición G&R, RQL Ingeniería) emiten facturas proforma para materiales del proyecto, con montos superiores a catorce millones de colones (ver contestación y prueba adjunta);

35)           El 04 de mayo de 2023, la ASADA emitió los oficios Telf6640, Telf6641 y Telf6642 dirigidos al Centro Estratégico para el Desarrollo de la Península de Osa, a Arnoldo Romero y a la Oficina de Desarrollo Territorial de Osa, solicitando apoyo financiero para el proyecto de ramal hacia Playa Colibrí. (ver contestación y prueba adjunta);

36)           El 21 de julio de 2023, se suscribe el documento “Solicitud de Ingreso” al Programa de Comunidades en Riesgo Sanitario, firmado por Boris Gamboa Valladares y Alberto Chavarría Gamboa, para apoyar el proyecto del ramal hacia Playa Colibrí. (ver contestación y prueba adjunta);

37)           El 01 de agosto de 2023, la recurrente como presidenta del “Comité pro mejora y desarrollo de comunidad Playa Colibrí” presentó solicitud a la ASADA para instalación de previstas de agua; la ASADA resuelve luego rechazarla por falta de planos y de poderes de representación sobre las personas a quienes se pedían las previstas. (ver contestación y prueba adjunta);

38)           El 13 de setiembre de 2023, la ASADA emitió el oficio ASADALAPALMA-OIG-184-2023, mediante el cual se rechazó la solicitud de la recurrente; la respuesta se entregó personalmente el 14 de setiembre de 2023. (ver contestación y prueba adjunta);

39)           El 22 de marzo de 2023, Nombre87791 remitió correo electrónico a la ASADA exponiendo la necesidad de agua potable en Playa Colibrí. (ver contestación y prueba adjunta);

40)           El 23 de marzo de 2023, la ASADA respondió el correo de Nombre87791 indicando que el caso sería analizado por la Junta Directiva y solicita documentos municipales. (ver contestación y prueba adjunta);

41)           El 11 de abril de 2023, la ASADA emitió el oficio ASADALAPALMA-OIG-081-2023 convocando a reunión a vecinos de Playa Colibrí, realizada el 21 de abril de 2023. (ver contestación y prueba adjunta);

42)           El 25 de enero de 2024, la ASADA remitió el oficio ASADALAPALMA-OIG-007-2024 a Boris Gamboa Valladares (Nombre87789) consultando sobre materiales necesarios para el proyecto del ramal hacia Playa Colibrí. (ver contestación y prueba adjunta);

43)           El 07 de marzo de 2024, la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados y el Director de Fortalecimiento de ASADAS aprueban la compra de materiales para el proyecto, según oficio GSD-UEN-GAR-2024-00953. (ver contestación y prueba adjunta);

44)           El 19 de marzo de 2024, funcionarios del SINAC realizaron inspección en Nombre87788 sobre las obras de acueducto que ejecuta la ASADA (zanjeo, colocación de tubería) en el marco del Proyecto Colibrí Etapa 1. (ver contestación y prueba adjunta);

45)           El 20 de marzo de 2024, la ASADA informó por correo a Carlos Velásquez Zamora (asesor legal del SINAC) sobre la visita de inspección y solicita el informe respectivo. (ver contestación y prueba adjunta);

46)           El 21 de marzo de 2024, el SINAC emitió el oficio SINAC-ACOSA-DFRVS-SRP-0142-2024, en el que se concluye que las labores realizadas por la ASADA en el Proyecto Colibrí Etapa 1 no se encontraban en Patrimonio Natural del Estado, permitiendo continuar con la Etapa 1. (ver contestación y prueba adjunta);

47)           El 17 de abril de 2024, se instala un hidrante dentro del Proyecto Colibrí Etapa 1. (ver contestación y prueba adjunta);

48)           El 19 de abril de 2024, finalizó la ejecución de obras del “Proyecto Ramal Colibrí Etapa 1”, con una inversión de ₡19.540.593,07, según reporte de totales de recursos utilizados. (ver contestación y prueba adjunta);

49)           El 10 de mayo de 2024, la ASADA presentó formalmente el Proyecto Colibrí Etapa 1 a la comunidad, con lista de asistencia de vecinos de Playa Colibrí. (ver contestación y prueba adjunta);

50)           El 17 de junio de 2024, Juan Carlos Hernández Meza, como representante de la comunidad Colibrí y presidente del Comité solicitó reunión para aclarar detalles de la continuación del Proyecto Colibrí Etapa 2. (ver contestación y prueba adjunta);

51)           El 21 de junio de 2024, Carlos Velásquez Zamora del SINAC, remitió correo electrónico a la ASADA indicando la existencia de procesos penales por ocupaciones ilegales en áreas administradas por SINAC y municipalidad, e insta a comunicarse con el fiscal Ángel Gwam.  (ver contestación y prueba adjunta);

52)           El 26 de junio de 2024, la ASADA emitió el oficio ASADALAPALMA-IOG-036-2024, consultando al fiscal Ángel Gwam sobre los procesos penales en Playa Colibrí. (ver contestación y prueba adjunta);

53)           El 16 de julio de 2024, la ASADA emitió el oficio ASADALAPALMA-IOG-041-2024 dirigido a la jefa del SINAC en Puerto Jiménez, solicitando información sobre procesos en la comunidad Colibrí y el alcance de la Etapa 2 del proyecto. (ver contestación y prueba adjunta);

54)           Carlos Velásquez Zamora respondió vía correo electrónico indicando que no puede brindar mayor información sobre los procesos. (ver contestación y prueba adjunta);

55)           El 04 de septiembre de 2024, la ASADA emitió el oficio ASADALAPALMA-IOG-052-2024 dirigido a Evelyn Daniela Valverde Gamboa (SINAC–Patrimonio Natural del Estado) solicitando certificación de Patrimonio Natural del Estado y visita de campo para delimitar hasta dónde puede continuarse la Etapa 2 del proyecto. (ver contestación y prueba adjunta).

56)           El 21 de marzo de 2024 y 02 de marzo de 2024, el SINAC emitió constancia e informes que confirman la existencia de Patrimonio Natural del Estado y humedales en sectores de Playa Colibrí, con recomendación de desalojo de ocupantes irregulares. (hechos que la ASADA asume para delimitar su actuación) (ver contestación y prueba adjunta);

57)           El 01 de marzo de 2025, la recurrente remitió correo electrónico a la ASADA solicitando reunión con la Asamblea para gestionar tres previstas de agua. (ver contestación y prueba adjunta);

58)           El 03 de marzo de 2025, la ASADA responde por correo que elevará la solicitud a la Junta Directiva y solicitó a la recurrente remitir documentación de las propiedades a las que se pretende dotar de agua. (ver contestación y prueba adjunta);

59)           El 13 de marzo de 2025, la ASADA reitera a la recurrente -vía correo- que aún no hay fecha para la reunión, pero solicita nuevamente la documentación de las propiedades. (ver contestación y prueba adjunta);

60)           El 14 de marzo de 2025, la recurrente envió por correo a la ASADA una imagen del proyecto de plano catastrado presentado al Registro Nacional (Tomo 2025, Asiento 15887-C) (ver contestación y prueba adjunta);

61)           El 20 de marzo de 2025, la recurrente consultó por correo sobre el estado de su gestión y la reunión con la Asamblea (ver contestación y prueba adjunta);

62)           El 04 de abril de 2025. un inspector de la ASADA realizó visita de campo, concluyendo que no existe tubería de conducción frente a la propiedad del plano en proyecto y que el área se encuentra dentro de la zona determinada como Patrimonio Natural del Estado. (ver contestación y prueba adjunta);

63)           El 21 de abril de 2025, la ASADA emitió el oficio ASADALAPALMA-IOG-024-2025, consultando al SINAC sobre la unidad geográfica del plano (Tomo 2025, Asiento 15887-C), solicitando criterios sobre presencia de humedales y viabilidad técnica y legal de uso habitacional o productivo. (ver contestación y prueba adjunta);

64)           La ASADA emitió el oficio ASADALAPALMA-IOG-026-2025 dirigido a la recurrente, indicándole que su solicitud sería resuelta y que se extendería el plazo para emitir respuesta definitiva. (ver contestación y prueba adjunta);

65)           En fecha posterior al 21 de abril de 2025, el ingeniero Andrés Carvajal Ruiz, del SINAC emitió el oficio SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0264-2025, indicando que el área del plano se traslapa con Patrimonio Natural del Estado, presentando características de humedal y que no es técnica ni legalmente posible el desarrollo habitacional, agrícola o ganadero. (ver contestación y prueba adjunta);

66)           El 02 de mayo de 2025, la ASADA comunicó a la recurrente la extensión del plazo para resolver su gestión. (ver contestación y prueba adjunta);

67)           El 15 de mayo de 2025, la ASADA emitió el oficio ASADALAPALMA-IOG-DNP-030-2025, comunicando a la recurrente que según el criterio del SINAC, la unidad geográfica se ubica en Patrimonio Natural del Estado y humedal, por lo que ni técnica ni legalmente es posible autorizar usos y, en aplicación del artículo 28 inciso j) del Reglamento de ASADAS, se debe negar su petición. (ver contestación y prueba adjunta);

68)           El 27 de mayo de 2025, la ASADA emitió el oficio ASADALAPALMA-IOG-DNP-061-2025, notificando formalmente a la recurrente la negativa a su solicitud de previstas de agua, con base en el criterio técnico-ambiental del SINAC y el marco normativo aplicable. (ver contestación y prueba adjunta).

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC):

69)           Que los hechos que se alegan en el amparo se refieren al sector conocido como Playa Colibrí, en el cantón de Puerto Jiménez, área en la cual existen zonas debidamente declaradas como Patrimonio Natural del Estado. (ver informe rendido y prueba adjunta);

70)           Sin precisar fecha, oficiales de Control y Protección atendieron una SITADA donde se informó que la ASADA de La Palma estaba instalando tubería con dirección al sector de Playa Colibrí, zona actualmente objeto de invasión y presencia de precaristas. Durante la inspección, realizada en compañía de la señora Cynthia Picado Mena, presidenta de la ASADA, se constató tubería instalada dentro de una franja aproximada de 50 metros dentro del Patrimonio Natural del Estado, levantándose el informe técnico correspondiente. (ver informe rendido);

71)           Sin precisar fecha, vía telefónica, la señora Picado Mena consultó sobre la posibilidad de dotar de agua potable a dicho sector. Se le indicó que: 1. El área corresponde a Patrimonio Natural del Estado, donde solo pueden autorizarse actividades de investigación científica, capacitación y ecoturismo, previo permiso del SINAC. 2. Actualmente existen denuncias penales activas por ocupación ilegal y cambio de uso del suelo. 3. El marco jurídico -incluyendo la Constitución Política, la Ley Forestal y el Decreto Ejecutivo 38868 MINAE- impide autorizar servicios que consoliden asentamientos ilegales en áreas protegidas. (ver informe rendido);

72)           El 27 de octubre de 2024, se realizó reunión interinstitucional con la comunidad. Funcionarios del SINAC fueron invitados por profesionales de la Universidad Nacional a reuniones con la ASADA de La Palma y personas interesadas. En dichas sesiones: 1. Se impartieron charlas informativas sobre el régimen jurídico del Patrimonio Natural del Estado. 2. Se explicó que estas tierras son inalienables, inembargables, imprescriptibles, de dominio público, y que la mera posesión no genera derechos. 3. Se aclaró que las Municipalidades carecen de competencia para otorgar permisos dentro de estas áreas; dicha responsabilidad recae exclusivamente en el SINAC. 4. Participó el Fiscal Ambiental de Osa, licenciado Camilo Flores Pacheco, quien explicó al público los alcances legales de la ocupación de bienes demaniales. La M.Sc Carolina Carrillo Vargas, funcionaria del Instituto de Estudios en Población (IDESPO) Programa Interdisciplinario Costero de la Universidad Nacional, elaboró una minuta  (Acta No. 002-2024, donde se detalla la reunión). (ver informe rendido y prueba aportada);

73)           La normativa vigente impide consolidar asentamientos ilegales. Las ASADAS no pueden dotar de servicios básicos en zonas protegidas sin los permisos del SINAC, los cuales no pueden otorgarse en este caso por razones de ley. (ver informe rendido y prueba aportada).

VI.-SOBRE EL CASO CONCRETO. Sobre el tema que aquí se discute, esta Sala ha indicado que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, las municipalidades y demás instituciones que prestan el servicio de suministro de agua potable, pueden rechazar las solicitudes de servicio de agua potable que les sean formuladas, o bien condicionarlas si existen razones técnicas o legales que así lo justifican. Es así como, mediante sentencia No 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, dispuso lo siguiente:

(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua  potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales”. (Lo resaltado no corresponde al texto original).

 

Al respecto, la Sala descarta la afectación a los derechos fundamentales de la parte amparada. Lo anterior, porque si bien la recurrente alega que, pese a que por años han realizado diversas gestiones ante las autoridades accionadas para que se les suministre el servicio de agua potable a la comunidad de Playa Colibrí; sin embargo, esto no ha sido posible,  mientras que otras comunidades ubicadas también en zona de patrimonio nacional sí cuentan con dicho servicio. No obstante, de los informes rendidos, así como de la prueba que consta en autos, se tiene por acreditado que la problemática radica en que la zona en cuestión es Patrimonio Natural del Estado, donde solo pueden autorizarse actividades de investigación científica, capacitación y ecoturismo, previo permiso del SINAC, ya que es un bien del Estado. Es decir, son bienes de titularidad pública que no pueden ser objeto de propiedad privada, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, están fuera del comercio de los hombres, prque están sujetos a un régimen especial de utilización y protección. Dicho lo anterior, las autoridades accionadas están imposibilitadas legal y materialmente a su inclusión en la facturación o para la instalación del servicio de agua potable que alega la recurrente, por las condiciones especiales que presenta la zona.

Asimismo, como se aprecia en los hechos probados de esta sentencia, las autoridades accionadas realizaron una serie de actuaciones  e investigaciones, a fin de resolver la solicitud de la recurrente, siendo que le dieron respuesta tanto a ella como a la comunidad de Playa Colibrí, sobre el impedimento legal para suministrar el servicio de agua potable; situación que no se considera arbitraria, toda vez que se fundamentó en razones objetivas y en criterios técnicos.

 Por lo expuesto, la Sala descarta la afectación a los derechos fundamentales de la tutelada, pues como se indicó, la autoridad accionada resolvió y le informó a la interesada las razones por las cuales se le negó el suministro de agua potable a la población de Playa Colibrí.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

 VIII.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO. En el sub examine, la parte recurrente manifiesta que, en 2018, el comité de la comunidad Nombre87788 solicitó ante la Municipalidad de Golfito autorización para que la ASADA recurrida les suministrara agua potable a los vecinos; no obstante, la gestión fue omitida por el gobierno local referido. Detalla que el 13 de febrero de 2021 se planteó nuevamente la gestión ante la Municipalidad de Golfito y se solicitó que se emitiera una certificación para instruir a la asociación accionada a instalar las previsiones de agua potable a los vecinos de la zona. Indica que mediante oficio nro. SMG-T-111-02-2021 del 25 de febrero de 2021, el Concejo Municipal de Golfito conoció la solicitud y en la sesión ordinaria nro. 7 capítulo 5° artículo 10 acordó trasladar la gestión a la Administración para que se le brindara una respuesta a la comunidad. No obstante, acusa que la ASADA omitió ejecutar la resolución del concejo municipal. Sostiene que solicitaron que se le otorgare a la comunidad de Nombre87788 el servicio de agua potable, ya que otras comunidades cercanas a la Zona Marítimo Terrestre (Rincón de Osa, Playa Blanca, Playa Juanito Mora entre otras) sí disfrutan de ese servicio básico. Afirma que desde el 2016 han luchado para que se les suministre el líquido de marras. Agrega que hace un año instaló la Asada recurrida un medidor a 500 metros de la comunidad de Playa Colibrí. Menciona que desde el hidrante hasta la comunidad hay una distancia de 100 metros. Comenta que las autoridades recurridas han alegado que la comunidad de marras no puede tener acceso al agua potable por constituir patrimonio nacional. Acota que en el mismo cantón existen otras comunidades (Playa Blanca y Playa Escondida) que también se ubican dentro del área de patrimonio nacional y sí cuentan con el servicio de agua potable. Sostiene que todas estas gestiones se realizaron, cuando la Municipalidad de Golfito era la encargada de administrar la Zona Marítimo Terrestre. Detalla que los vecinos de la comunidad de Nombre87788 acudieron a la Municipalidad de Puerto Jiménez a fin de solicitar un permiso para que la ASADA recurrida les suministrada agua; no obstante, la gestión fue denegada. Menciona que también acudieron al MINAE para solicitar el servicio de agua potable, pero, su petición igualmente fue rechazada. Además, personeros del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de Nombre87789 se reunieron con la comunidad y les dijeron que esa comunidad debía tener acceso al servicio de agua potable, pero no entregaron documento alguno ni señalaron una fecha para hacer una visita. Alega que la comunidad consume agua de un pozo que incumple los estándares establecidos por el Ministerio de Salud para el consumo humano.

 Sobre particular, los infrascritos magistrados advertimos que lo alegado en el sub lite corresponde, prima facie, a un problema de gran magnitud, pues no solamente se trata de una comunidad que se encuentra desabastecida de agua potable, sino que incluso se menciona que la fuente de agua a la que deben acudir irrespeta los estándares fijados por el Ministerio de Salud para el consumo humano.

 En este sentido, consideramos imprescindible tener como parte a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), pues incluso, en la sentencia nro. 2020007754 de las 9:45 horas de 24 de abril de 2020, la Sala valoró que Aresep, al rendir su informe, puntualizó una serie de problemas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en relación con la inversión en infraestructura, pérdidas por agua no contabilizada y capacidad de ejecución. En esa oportunidad, este Tribunal consideró: “Al respecto, no solo consta que la problemática de desabastecimiento de agua se venía reflejando desde el 2017, sino que la ARESEP puntualizó que el ICAA tenía un rezago en la inversión en infraestructura y, además, significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada. Asimismo, el ente regulador también afirmó que la capacidad de ejecución de los proyectos por parte de los operadores del servicio de agua potable no ha sido la deseable”.

 En consecuencia, salvamos el voto y ordenamos continuar la tramitación del recurso a los efectos de que se solicite informe al regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

 Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y ordenan continuar la tramitación del recurso a los efectos de que se solicite informe al regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Notifíquese.-

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Alejandro Delgado F.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 25-032602-0007-CO

 

Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:57:25.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Constitutional Chamber

Resolution No. 41106 - 2025

Date of Resolution: December 11, 2025 at 10:10 a.m.

Case File: 25-032602-0007-CO

Drafted by: Ingrid Hess Herrera

Type of matter: Amparo action

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Text of the resolution

Exp: 25-032602-0007-CO
Res. No. 2025041106

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours ten minutes on December eleventh, two thousand twenty-five.

Amparo action processed under case file No. 25-032602-0007-CO, filed by Nombre87787, identity card CED48381, in her capacity as president of the committee Pro-mejora y Desarrollo de la Comunidad de Playa Colibrí, against the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (ASADA) LA PALMA DE PUERTO JIMÉNEZ AND OTHERS.

Whereas:

1.- By brief received at the secretariat of this Chamber on October 21, 2025, the petitioner files an amparo action against ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (ASADA) LA PALMA DE PUERTO JIMÉNEZ AND OTHERS. She states that in 2018, the Committee of the community of Nombre87788 requested authorization from the Municipality of Golfito for the respondent ASADA to supply drinking water to the residents of the community; however, the procedure was omitted by the referred local government. She details that on February 13, 2021, the procedure was formalized again before the Municipality of Golfito, in which it was requested that a certification be issued to instruct the respondent association to install drinking water provisions for the residents of the area. She indicates that through official letter no. SMG-T-111-02-2021 of February 25, 2021, the Municipal Council of Golfito acknowledged the request and in ordinary session no. 7, chapter 5, article 10, agreed to forward the procedure to the Administration so that a response could be provided to the community. However, she accuses that the ASADA failed to execute the municipal council’s resolution. She maintains that they requested that the community of Nombre87788 be granted drinking water service since other communities near the Zona Marítimo Terrestre (Rincón de Osa, Playa Blanca, Playa Juanito Mora, among others) enjoy this basic service. She affirms that since 2016 they have struggled to be supplied with the liquid in question. She adds that a year ago the respondent ASADA installed a meter 500 meters from the community of Playa Colibrí. She mentions that from the hydrant to the community there is a distance of 100 meters. She comments that the respondent authorities have alleged that the community in question cannot have access to drinking water because it constitutes national heritage (patrimonio nacional). She notes that in the same canton there are other communities (Playa Blanca and Playa Escondida) that are also located within the national heritage area and do have drinking water service. She indicates that through ordinary session no. 17 of April 27, 2022, reference was made to a meeting held in the community of Nombre87788 where drinking water permits were again requested for the community, and it was agreed to send the file to the Environment Commission. She refers that the Environment Commission failed to comply with the agreement. She maintains that all these procedures were carried out when the Municipality of Golfito was in charge of administering the Zona Marítimo Terrestre. She details that the residents of the community of Nombre87788 went to the Municipality of Puerto Jiménez to request that a permit be granted to them so that the respondent ASADA could provide the service; however, the procedure was denied. She mentions that they also went to MINAE to request the drinking water service, but their procedure was denied. In addition, she points out that staff of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados of Nombre87789 met with the community and indicated to them that this community should have access to drinking water services, but they did not provide any type of document or date for a visit. She alleges that the community consumes water from a well that does not meet the standards established by the Ministry of Health for human consumption. She requests that the ASADA be ordered to supply drinking water service to the community of Playa Colibrí.

2.- By resolution at 15:02 hours on November 4, 2025, the presidency of this Chamber gave course to the present proceeding.

3.- Noilyn Gutiérrez Arias reports under oath, in her capacity as head of the Cantonal Office of Golfito of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, who states the following: “… Based on technical report GSP-RB-G-2025-00639 of November 10, 2025, in my capacity as Head of the Cantonal Office of Golfito, supplemented with its respective annexes, which are incorporated as evidence and form an integral part of the administrative file, the following is demonstrated: 1. Location outside the coverage area: The community of Nombre87788 is located in the province of Puntarenas, canton of Puerto Jiménez. By virtue of this, said community is not part of the governing area nor the administrative coverage area corresponding to the Cantonal Office of Pérez Zeledón. 2. Institutional Competence: The Cantonal Office of Golfito, according to the review of our information systems and based on technical and geographic knowledge of the zone, confirms that the community of Nombre87788 is located outside the coverage area of the systems administered by Acueductos y Alcantarillados in the canton of Puerto Jiménez, in addition, it is located at an approximate distance of more than 25 kilometers from the systems operated by the Cantonal Office of Golfito, which reinforces that the attention of the request presented by the petitioner in this Amparo Action does not correspond to this instance, as it is outside the territorial and operational scope of our competence. 3. Regarding the management and operation of the ASADAS: From the analysis of the amparo action, it is evident that the mentioned procedures were directed before the ASADA La Palma, the Municipality of Golfito, and the Municipality of Puerto Jiménez; the meeting indicated by AyA staff from the cantonal offices is unknown and there are no records of it. 4. It is important to clarify that the Cantonal Offices of Acueductos y Alcantarillados are not in charge of the operation or administration of the ASADAS, since their function is limited to the operation and maintenance of the aqueduct systems within their respective coverage zones. Likewise, procedures related to the ASADAS are handled by the Regional Offices of Rural Aqueducts (Oficinas Regionales de Acueductos Rurales, ORAC), which are distinct and independent instances from the mentioned Cantonal Offices, and therefore, there is no hierarchical or functional relationship between them in this type of matter. II. CONCLUSIONS. In the present case and for the reasons stated, this Cantonal Office of Acueductos y Alcantarillados respectfully states that the attention and follow-up of the filed amparo action do not correspond to it, given that the community of Nombre87788 is outside its territorial and operational scope, as well as the systems under its administration. Likewise, it is clarified that procedures related to the indicated community must be channeled before the competent instances, in this case the Regional Offices of Rural Aqueducts, which are in charge of coordinating and supervising the functioning of the ASADAS in their respective regions. By virtue of the foregoing, this office requests to be excluded from the present proceeding, reiterating its full willingness to collaborate within the scope of its competencies when appropriate, in accordance with current regulations and the limits of its coverage zone.” She requests that the action be dismissed.

4.- Lourdes María Suárez Barboza reports under oath, in her capacity as executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, who points out the following: “… FIRST: NOT WITHIN OUR KNOWLEDGE. In this regard, Lic. Boris Gamboa Valladares, Head of the Regional Office of Community Aqueducts (Oficina Regional de Acueductos Comunales, ORAC), Brunca Region, through memorandum No. GSD-UEN-GAR-2025-04389, dated November 10, 2025, indicates: 'Regarding fact No. I: The procedure carried out before the Municipality of Golfito, as the Regional Office of Community Aqueducts (ORAC) in the year 2018, is not within our knowledge.' SECOND: NOT WITHIN OUR KNOWLEDGE. It is not a fact within the knowledge of my represented entity, as stated by Lic. Boris Gamboa Valladares, ORAC Brunca, in memorandum No. GSD-UEN-GAR-2025-04389, dated November 10, 2025. THIRD: IT IS NOT TRUE: In this regard, Lic. Boris Gamboa Valladares, ORAC Brunca, through memorandum No. GSD-UEN-GAR-2025-04389, dated November 10, 2025, indicated: 'Regarding fact III: There are no pending matters to be resolved by the ORAC in relation to the indicated fact. However, it is important to indicate that the ORAC participated in several working sessions with the authorities of the Sistema Nacional de Área de Conservación (SINAC) of the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), residents of the sector of Nombre87788 where the National Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) is located, the ASADA La Palma, the Environmental Prosecutor's Office, and the Universidad Nacional (UNA). After several due diligences before the competent authority (cfr.: ASADALAPALMA-OIG-052-2024, SINAC-ACOSTA-DT-PNE-054-2024, SINAC-ACOSTA-DT-PNE-154-2024, ASADALAPALMA-IOG-058-2024), we note the referral of official letter SINAC-ACOSTA-DT-PNE-154-2024 addressed to Mrs. Cinthia Lineth Picado Mena, President of ASADA La Palma, Puerto Jiménez, where the following is indicated: “With all of the foregoing, it is concluded that the entire occupation occurring in this sector of Nombre87788 was carried out illegally, since there are no permits before SINAC to occupy areas declared National Natural Heritage. In this regard, work should rather be done on the eviction of all these irregular occupants.” Therefore, it must be reiterated that as long as the technical and legal requirements are not met, the connection of drinking water service in the National Natural Heritage sector at Playa Colibrí cannot be carried out by the ASADA La Palma. Given this condition established by the competent authorities, the ASADA cannot provide drinking water service to said sector at this time, until the requirements for such purpose are met.' In addition, Lic. Boris Gamboa Valladares, Head of ORAC Brunca, via email dated November 12, 2025, stated: 'Additionally to the above, it is important to indicate that it is not true that this Regional Office of Community Aqueducts (ORAC) Brunca Region, has affirmed that the community of the Sector of Playa Colibrí, according to the tests already indicated, should have drinking water service, given that, as indicated in official letter No. GSD-UEN-GAR-2025-04389, dated November 10, 2025, it is reiterated that the sector where the petitioner is managing drinking water services is located in National Natural Heritage …'. '… In this regard, it is important to indicate that Lic. Boris Gamboa Valladares, ORAC Brunca, through memorandum No. GSD-UEN-GAR-2025-04389, dated November 10, 2025, affirms that, on behalf of AyA, there is no pending matter to attend to from the petitioner. In addition, through official letter No. SINAC-ACOSA-DT-PNE-154-2024, dated September 16, 2024, issued by official Daniela Valverde Gamboa, Coordinator of National Natural Heritage, it is indicated: “With all of the foregoing, it is concluded that the entire occupation occurring in this sector of Nombre87788 was carried out illegally, since there are no permits before SINAC to occupy areas declared National Natural Heritage...” In this regard, the Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, Agreement of the Board of Directors of the Institute No. 2020-442, published in the Official Gazette La Gaceta No. 27, Scope No. 29, of February 9, 2021, indicates: “Article 33- On the request for the certificate of availability of services for territories administered by the State or its institutions with a special legal regime. In addition to the provisions of articles 15 and 30 of this regulation, in the case of requests associated with properties under the modality of territories administered by the State or its institutions with a special legal regime: zona marítimo terrestre, border zones, indigenous territories, tourism development hubs, among others; which are granted through concessions, leases, and assignments; the applicants must present the express authorization of the corresponding entity, endorsing the request for the procedure, in accordance with the regulation that governs them. In the case of indigenous territories, when the ADII is inactive, the applicant must provide through an affidavit the nature of their possessory acts, and that their permanence has been peaceful, continuous, and uninterrupted for more than one year; likewise, they must declare their condition as a member of the corresponding indigenous community, which must be endorsed by two inhabitants of the community who support their situation and condition. This requirement will also be validated for the request for a permanent connection… Article 71- On the requirements for the request for a special connection, in the case of occupants of properties that lack an enabling title to carry out the occupation. Based on the recognition of access to water as a Human Right, AyA will establish the conditions of supply in the case of occupants of properties that lack an enabling title to carry out the occupation and when this results from a technical and commercial feasibility study carried out by AyA. The supply for these cases will be collective. The authorization of this type of service does not apply nor will it generate legal effects for the granting of availability of services, or authorization of construction permits. Its consideration also requires compliance with and presentation on the Service Platforms of the following requirements: a) In the event that there is a Community Development Association or another formal and legally recognized organization that supports the request of the population settlement, it will be necessary for the legal representative of said legal entity to carry out the procedures. In the event that there is no duly formalized legal entity, a mandate contract will be necessary, where all the beneficiaries of the service delegate the carrying out of the procedures to a representative. In accordance with the verification and rectification of conditions necessary for the approval of services, AyA will verify through the official and available virtual platforms, the following conditions: Registry or administrative certifications of current legal status, representatives with powers as judicial and extrajudicial representatives or authorized for this purpose, executors, guardians, and curators. b) Present an affidavit issued within a maximum of 30 days and signed by the representative of the community association or the representative of the beneficiaries and two witnesses, with a description of the property, indicating the nature of their possessory acts, the existence, quantity, and location of the dwellings on a sketch with the delimitation of the coverage area. c) Authorization from the registered owner. In accordance with the verification of the conditions necessary for the approval of services generally indicated in article 15 of this Regulation, it corresponds to AyA to verify the requirements broken down therein, as well as the general conditions established therein for all procedures. Once the presentation of all requirements is completed, the Institution will have a period of 15 working days for the resolution of the request.” …'. She requests that the action be dismissed.

5.- Freiner Lara Blanco and Alfonso Rojas Loria report under oath, in their respective order as mayor and president of the Council, both of the Municipality of Golfito, who indicate the following: “… FIRST: In the first instance, the note dated February 13, 2021, was presented by the Comité de Desarrollo Playa Colibrí, addressed exclusively to the Municipal Council. SECOND: Said note was acknowledged in ordinary session number seven, held on February seventeenth, two thousand twenty-one. On that occasion, the Municipal Council adopted the agreement to forward the cited note to the Administration for the appropriate action (image inserted) …”. “… THIRD: Pursuant to this agreement, the mayor, through the correspondence referral number AM-TC-0050-2021, requested the Department of Zona Marítimo Terrestre to issue a report addressing the previously cited note. FOURTH: Pursuant to the foregoing, the Department of Zona Marítimo Terrestre pronounced itself through report No. ZMT-MG-O-I-046-2021, which indicates the following: “Upon reviewing the names of the families (persons) requesting the permit for the water provision, it is determined that the majority do not meet the minimum requirements, such as; the opening of a file with the proper request for a Permit of Use in the Zona Marítima Terrestre, in accordance with the requirements stipulated in articles 27, 28, 29, and 30 et seq. and concordant of the Regulation Decreto Ejecutivo N°7841P, to Law No. 6043 on the Zona Marítimo Terrestre of March 2, 1977, and article 15 of the Manual of Procedures for the Granting of a use permit in the Zona Marítimo Terrestre Administered by the Municipality of Golfito”. FIFTH: Along these same lines of action, the undersigned, in my capacity as municipal mayor, proceeded to forward said report to the Municipal Council through AMG-INF-09 (image inserted) …”. “… SIXTH: Along these same lines of action, the Municipal Council adopted the following agreement (image inserted) …”. “… SEVENTH: Pursuant to the cited agreement, the Municipal Council, in a session held on March 26, 2021, proceeded, through the Council Secretariat, to notify the Comité de Desarrollo Nombre87788 of the response to its note (image inserted) …”. “… After the foregoing, the undersigned consider it opportune to point out that, as of May 1, 2024, the new canton of Puerto Jiménez is in operation, which is why it is evident that this Municipality of Golfito lacks territorial jurisdiction over said geographic area. It is appropriate to bring up the provisions of the Código Municipal, current regulations of mandatory compliance which, in its article 3, expressly establishes that the territorial jurisdiction of each municipality corresponds to the respective canton. Consequently, municipalities are formed by the physical boundaries of the canton to which they belong, their competence and powers being restricted to the exercise of their functions within that territory. In this regard, this Municipality can and must only exercise its powers within its own jurisdiction, that is, within the canton of Golfito. From a legal perspective, the Código Municipal, Law No. 7794 of April 30, 1998, develops the principles contained in articles 169 and 170 of the Political Constitution, by conceptualizing the municipality as a public, territorial, autonomous, and corporative-based entity. Essential elements of its nature are the population, the territory, and its respective government, in accordance with provisions of articles 1, 2, 3, and 4 of the referenced regulation. It follows that the competence of the municipality is necessarily circumscribed to its territory, within which it can validly act in response to the local interest. In this same line of reasoning, it must be considered that the problem related to the drinking water service is located in Playa Colibrí, a locality belonging to the canton of Puerto Jiménez, and therefore outside the territorial competence of the Municipality of Golfito. Finally, it is important to note that the installation of the drinking water service does not correspond to the Municipality, as said competence falls to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) and the Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS), as appropriate. By virtue of the foregoing, and having demonstrated through sufficient and conclusive evidence that the Municipality of Golfito acted at all times in accordance with the principle of legality, it is appropriate to point out that the note presented by the Comité de Desarrollo Playa Colibrí, dated February 13, 2021, was duly addressed by this Administration, four years before the filing of the present action, which is why no violation of the right of response is configured. Likewise, it must be kept in mind that the installation and administration of the drinking water service is not the competence of this Municipality, with these functions corresponding to the competent institutions, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) and the Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS). Therefore, it is requested that the present action be dismissed with respect to the Municipality of Golfito, since the matter in controversy is outside our competence and territorial jurisdiction.” They request that the action be dismissed.

6.- Horacio Jiménez Aguilar renders a report, in his capacity as legal advisor of the Municipality of Puerto Jiménez by delegation of Mr. Enrique Segnni Saballo - mayor of said local government - who notes the following: “… From a reading of the facts, it is evident that my represented clients have not offered obstacles to the petitioner so that she can access drinking water service; the respondent persons at the time (7 years ago) allegedly conducted procedures before: the Municipality of Golfito and ASADA La Palma de Puerto Jiménez. 3. THIRD: The canton of Puerto Jiménez, thirteenth of the province of Puntarenas and number 84 of Costa Rica, was founded in the year 2022. Its creation was made official through Law No. 10,238, named "Creation of the canton of Puerto Jiménez, thirteenth canton of the province of Puntarenas". The municipality of Puerto Jiménez as such comes into operation as of May 1, 2024, coinciding with the beginning of the term of the municipal councils elected in the municipal elections of February of that same year, therefore my represented clients have neither knowledge of nor participation in the facts alleged by the petitioner. 4. FOURTH: After the creation of the Municipality of Puerto Jiménez, and already under its territorial competence, various communications and complaints have been received related to constructions and occupations in the sector of Playa Colibrí, district of Puerto Jiménez, within the zona marítimo-terrestre and National Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) areas. In particular, our records contain Official Letter No. 24-000199-1137-PE, dated December 6, 2024, signed by MSc. Ángel Jesús Gwam García, Coordinating Prosecutor of the Prosecutor's Office of Puerto Jiménez, through which collaboration is requested from this Municipality in relation to a criminal process processed under that reference number, pursued for illegal logging, occupation, and other environmental impacts in the sector of Playa Colibrí. Among the subjects of interest in said process is Mrs. Nombre87787, here petitioner. 5. FIFTH: In response to that request, the Department of Zona Marítima Terrestre of this Municipality issued Official Letter ZMT-PJ-004-11-12-2024, dated December 12, 2024, signed by the Inspector of Zona Marítima Terrestre, Mr. Bernardo Villanueva Morales, addressed to the Coordinating Prosecutor, which provides technical and documentary information, including references to administrative file PU-008-2016 and record MG-OV-RM-387-2022, linked to the status of National Natural Heritage of the area in question. 6. SIXTH: Likewise, through Official Letter MPJ-ZMT-004-2024, dated October 21, 2024, issued by the Department of Zona Marítima Terrestre and addressed to the Municipal Mayor, a report of an inter-institutional support visit is rendered in the sector of Nombre87788 in La Palma, district of Puerto Jiménez. Officials from SINAC-ACOSA and this Municipality participated in this diligence, among them: Juan Antonio Felipe Bogantes, Inspector of Fiscal Urban Control, Bernardo Villanueva Morales, Inspector of Zona Marítima Terrestre, Andrés Carvajal Ruiz, SINAC official. Said report records, among other points, that: 1- Intervention with heavy machinery was verified in a protected area, with removal of vegetation, possible impact on the water table and on the fauna and flora of the place. 2- Constructions located in public zones were observed, specifically within the fifty (50) meter strip of public beach zone, near mangroves and with impact on the soil geography. 3- It is expressly indicated that such works and constructions are carried out without permits, in the restricted zone of the zona marítimo-terrestre and in areas that, according to SINAC-ACOSA cartography, correspond to National Natural Heritage. Legal impossibility of the Municipality of Puerto Jiménez to legitimize illegal occupations in ZMT and National Natural Heritage. Article 1 of Law 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, establishes that the zona marítimo-terrestre constitutes part of the national heritage (patrimonio nacional), belongs to the State, is inalienable and imprescriptible, and that its protection and that of its natural resources is the obligation of the State, its institutions, and all inhabitants. Additionally, the Political Constitution, in its article 50, imposes on the authorities the duty to guarantee a healthy and ecologically balanced environment, while the regime of demanial goods and the National Natural Heritage prevents public administrations from legitimizing, consolidating, or favoring precarious occupations on such goods. In this normative context, the Municipality of Puerto Jiménez is not legally empowered to grant construction permits, authorizations for drinking water connections, or any other type of endorsement or administrative procedure that implies recognizing or consolidating illegal occupations within: 1- The public zone of the zona marítimo-terrestre. 2- National Natural Heritage areas. 3- National park polygons or wildlife protection zones. Favorably attending to the procedure of Mrs. Nombre87787, in the sense of ordering or promoting the installation of "water pipes" or drinking water service connections in favor of buildings erected on the public strip and in protected areas, would be equivalent, in practical terms, to legitimizing precarious settlements and encouraging other families to invade areas of high ecological value, which would be openly contrary to the block of environmental legality that binds the Municipality (Political Constitution, Law 6043, Ley de Biodiversidad, regulations on PNE and national parks, among other normative bodies). For this reason, this Municipality, far from being able to "comply with" the petitioner's request, is obligated to coordinate with SINAC, MINAE, the Public Prosecutor's Office, and other competent authorities for the protection of demanial goods, in order to eradicate illegal constructions and restore, as much as possible, the ecological integrity of the occupied areas. Conclusion and institutional position. a) The Municipality of Puerto Jiménez recognizes the importance of access to drinking water as an essential human right; however, this right cannot be asserted through the consolidation of illegal occupations on public domain goods and in protected areas, nor can it be used to oblige the administration to disregard the demanial and environmentally protected nature of the territory in question. b) In light of the administrative background, the technical reports issued by the Department of Zona Marítimo Terrestre, the coordination with SINAC-ACOSA, and the criminal proceeding No. 24-000199-1137-PE processed before the Prosecutor's Office of Puerto Jiménez for illegal logging, environmental damages, and irregular occupations in the sector of Playa Colibrí, this Municipality concludes that: (1) The buildings associated with Mrs. Nombre87787 and other persons in Nombre87788 are located in the zona marítimo-terrestre and National Natural Heritage areas. (2) The Municipality of Puerto Jiménez cannot legally manage or authorize a drinking water connection or any other type of service that implies legitimization of such occupations. (3) The petitioner must seek housing and water access alternatives in places that do not correspond to biological protection zones or demanial goods. c) Consequently, this Municipality is legally prevented from supporting the petitioner's claim in the sense of providing drinking water to these specific occupations, as this would constitute an act contrary to the current legal system and the duties of environmental protection that weigh upon the State and its entities.”

It requests that the appeal be dismissed.

7.- Cynthia Lineth Picado Mena, president and authorized for this act on behalf of the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de la Palma, integrated Osa Golfito, with legal identification number three-zero zero two-two hundred ninety-eight thousand seven hundred seventy, responds and states the following: “… Regarding the first fact of the Amparo Appeal Brief, apart from what will be indicated in the Second Aspect of this Report, my represented party is unaware of further details of the two proceedings that the appellant claims to have carried out in the years 2018 and 2021 before the Municipality of Golfito; however, regarding the indication that she asked said Municipal Corporation to instruct my represented party to place potable water connections (previstas de agua potable) for each of the residents of the community of the Playa Colibrí sector, no indication of that kind has ever been received from any instance of the Municipality of Golfito. Even though as background there is a record and knowledge in our organization that the appellant, during the course of the year 2019, carried out proceedings before this municipal entity, since according to a document dated January 2, 2019, my represented party, the appellant, and other residents of the community of Nombre87788 are invited to a meeting for February 1, 2029, at 2:00 p.m., which is attended but held on February 11, 2019, and from which the Board of Directors of my represented party adopts an agreement, in minute number 225 of the session held on February 11, 2019, in which the applicants at that time were told that it was suggested they draft a note or document for the Municipal Council and Mayor (at that time of Golfito) requesting important information for the ASADA such as matters related to public streets, lots that had municipal land-use permits (permiso de uso de suelo), and certification of plans; this was said at that time based on the Ay A regulations; likewise, it was agreed to include the topographic survey (levantamiento topográfico) that the ASADA was conducting at that time for all the sectors it administered; of this there is a copy that was sent to us of a note dated February 11, 2019, in which that same group of promoters addressed the Municipal Council of Golfito, with the intention of what was suggested by the ASADA, and the result of that proceeding is unknown. Likewise, it is reported that my represented party at that time did what was necessary to include the community of Nombre87788 in the aforementioned Topographic Survey; this is accredited by the emails sent to Evelyn Lizano Fernández of Ay A, in charge of it, dated February 12, 2023, the email dated February 27, 2019, sent to Ricardo Peralta for those purposes. SECOND ASPECT OF THE REPORT: This particular segment of the Report being rendered refers essentially to the second fact of the Amparo Appeal Brief, and regarding the indication of what may have been raised by the appellant or the residents of the Committee she represents before the Municipality of Golfito in Council Sessions, requests, and that the transfer of the request to the Municipal Administration was approved, as well as the content or analysis of Official Letter SMG-T-111-02-2021 that the appellant indicates, it must be stated that my represented party is unaware of this; however, from the same documentation provided by the appellant, it is noted that in the Municipal Council session minutes she provides, it is textually indicated: “Request for certification granting the ASADA de la Palma de Puerto Jiménez a permit to place a potable water connection for residents of Playa Colibri.” -appearance of italics is not in the original, and it is effectively agreed: “Transfer this request to the administration so that they can provide a response to the residents.” -appearance of italics is in the original; notwithstanding this, as was noted in the previous section, the Municipal Administration of Golfito has never sent any provision in that regard to my represented party, which is at least effectively consistent with what the appellant herself indicates, in the sense that in her opinion the Municipality of Golfito has not resolved this matter. In this particular matter, it is noted from the same evidence attached by the appellant, specifically Ordinary Minute number 17 dated April 27, 2022, that an agreement is inserted, which textually indicates: “AGREEMENT 14-ORD 17.-2022 By unanimous vote IT IS APPROVED: Send the note to the Environmental commission. This agreement is declared FIRM AND DEFINITELY APPROVED.”- appearance of italics is in the original. Finally, by way of report, it is highlighted that, from my represented party, in relation to this matter, and according to the same evidence attached by the appellant, specifically Ordinary Minute number 17 dated April 27, 2022, it is noted that an agreement is inserted, which textually indicates: “SUBSECTION 10.2 Official letter ASADALAPALMA-IOG-014-2021 dated February 3, 2021, addressed to the mayor, signed by Mrs. Cynthia Lineth Picado Mena, President ASADA La Palma Integrada Osa, Golfito, is acknowledged.” - appearance of italics is in the original. Regarding the aforementioned Official Letter ASADALAPALMA-IOG-014-2021 from my represented party, it is important for this Report to indicate some aspects to be known by this Constitutional Court for the resolution of this matter; the first of these is that, attaching a certified copy of it, it is noted that on February 3, 2021, in official letter ASADALAPALMA-IOG-014-2021, from the ASADA I represent, in a manner closely related to the matter objected to by the appellant, a note was sent to the then Mayor of the Municipality of Golfito, Mr. Freiner Lara Blanco, in which it is my represented party that consults the Municipal Mayor about the existence or not of a response to the request of the “Playa Colibrí Community,” according to the same note, a request dated February 11, 2019; it is important to make visible from now that at this historical moment (February 2021) the Community of Nombre87788 or Colibrí, which now represents the same interests of the appellant, did not have potable water connection service provided by my represented party nor the necessary branch line (ramal) to supply them, which effectively for the group of appellants remains the same, since effectively the residents represented by the appellant, in that specific place where they reside, are not subscribers of my represented party, something that has been the case since my represented party has existed, that is, it must be understood that at that time to provide the service they requested, it required a series of resource availability studies and necessary endorsements to start providing the service; that is why my represented party addressed the municipal corporation, to consult and also explain how it was indeed necessary to provide us with data of interest such as -and it is transcribed-: “We need your support to provide us with this information on how many families have a lot and its respective land use, which are in process, what is the Development plan for the lots located in the Nombre87788 sector, and we also need the sketch of the public streets of said sector.” - appearance of italics is not in the original. All this because in the context of the analysis being carried out at that time, it was important to determine the dimension of the need for potable water consumption and its expansion for the respective topographic survey, budgets, route of the aqueduct branch line necessary to create, and to obtain the Technical Endorsement (Aval Técnico) from Acueductos y Alcantarillados (Ay A), an indispensable requirement to be able to satisfy the interests of those represented by the appellant, and which is a general requirement for any similar process, that is, for the opening of new services for potable water connections, since once that was available, progress could be made with the Technical Endorsement; in greater depth, it can be said that it was necessary to have the data of the possible subscribers of the project and their locations, a project initially called “Proyecto Colibrí,” which later and for what will be explained, was called “Proyecto Colibrí Etapa 1” and “Proyecto Colibrí Etapa 2,” and this was necessary to clarify through a query to the Municipality of Golfito at that time (remembering that as of May 2024 the Municipality of Puerto Jiménez was created and territorially Puerto Jiménez ceased to belong to the Municipality of Golfito), this because the Community of Colibrí, as the appellant herself has referred, is located in the Maritime Terrestrial Zone Area (Área de Zona Marítimo Terrestre), and by mandate of Law 6043 called “Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre,” according to numeral 3, they are lands under Municipal Administration, namely, this numeral clearly indicates: “Article 3.- Without prejudice to the attributions of that Institute, it is the responsibility of the municipalities to directly ensure compliance with the norms of this law regarding the domain, development, exploitation, and use of the maritime terrestrial zone and especially of the tourist areas of the coastlines.”, then as has been said, since the entirety of those lands, being located in said Maritime Terrestrial Zone condition, the Municipal Administration had to be consulted, at that time of the Canton of Golfito, so things being as they are, it can be summarized that the Technical Endorsement from Ay A is a guarantee issued by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Ay A) to certify that a specific project, especially for the use of water for human consumption, complies with technical regulations and is viable. This endorsement does not exempt from other procedures, such as the review of construction plans, but it does validate the technical capacity of the project and the person responsible for carrying it out, ensuring its compliance. And with this Endorsement, the necessary resources for the expansion of the distribution line towards that Community of Nombre87788 (branch line) can be evaluated and thus provide them with potable water connections; however, the intention of my represented party with the content and sending of official letter ASADALAPALMA-IOG-014-2021 was precisely that, that is, to resolve and carry out the necessary steps to attend to the request of the appellant; note from the attached evidence that subsequent to this, on February 8, 2021, my represented party again addressed via email sent to the aforementioned mayor, and in the email dialogue box, it textually indicates the need to convene a meeting, requesting even a date and time for it (image inserted) …”. “… In this line, our official letter ASADALAPALMA-IOG-014-2021 was indeed attended to, this through the indication made by the Secretariat of the Municipal Council (Roxana Villegas Castro) of Golfito, through official letter SMG-T-172-03-2021 dated March 26, 2021, which in turn refers to the Official Letter of the Acting Head of the Maritime Terrestrial Zone Department of the Municipality of Golfito, through official letter ZMT-MG-O-I-046-2021 of March 11, 2021, in which it was textually indicated “Upon reviewing the names of the families (persons), who require the permit for the water connection, it is determined that the majority do not meet the minimum requirements, such as; the opening of an file with the due request for a Use Permit in the Maritime Terrestrial Zone, in accordance with the requirements stipulated in the following and concordant articles 27, 28, 29 and 30 of the Regulation Executive Decree N°7841P, to Law N° 6043 on the Maritime Terrestrial Zone of March 2, 1977, and article 15 of the Procedures Manual for the Granting of use permits for the Maritime Terrestrial Zone Administered by the Municipality of Golfito.” Nombre87790 is not in the original, underline is. That is why, for that historical moment, when official letter ASADALAPALMA-IOG-014-2021 from my represented party was sent to the Municipality of Golfito, having at that time attached the request note from the same (addressed to Boris Gamboa Balladares and received on 01-07-2021 by Iván Mora), as can be seen from official letter ZMT-MG-O-I-046-2021, the applicants did not have, in accordance with Law 6043 called “Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre,” the requirements or endorsement from the Municipality to be able to grant them the connections. But, nevertheless, beyond all the foregoing regarding municipal steps, as will be indicated later, there exist around the substance of the objections raised in this constitutional process, other elements that have resulted in, due to technical and legal aspects, it not having been possible to date to carry out the administrative steps for the expansion of the potable water distribution line (branch line) with its connections towards that Community of Playa Colibrí, and thereby provide them with water connections, elements/aspects that will be noted later. THIRD ASPECT OF THE REPORT: Related to the different points of interest on which a report is requested and which are essentially contained in the third fact of the Amparo Appeal, it is broken down by sub-topics: “1.-” to “6.-”, what is deemed appropriate to report, as follows: 1.- Regarding what is indicated by the appellant regarding: A.- In other neighborhoods, hamlets, or communities, close to Maritime Terrestrial Zone Areas, such as Rincón de Osa, Playa Blanca, Playa Escondida, and Playa Juanito Mora, they have a connection to potable water even though they are “national heritage”; My represented party is responsible for supplying potable water to several communities and currently has the exact number of 1955 active subscribers receiving our service; the communities that receive this service are: Playa Colibrí, La Palma, La Amapola, Playa Blanca., Puerto Escondido, Guadalupe, Riyito, El Campo de Agua Buena, Banegas, Rancho Quemado, Bahía Chal, Rincón, Mogos, Pargos, Taboga 1., and in the work carried out by our organization it is indispensable to guarantee that technical and legal aspects are complied with in each of the potable water supply projects that are developed, on a large scale when it comes to supplying a community that does not yet have service, as well as on a small scale or individually when a potable water service (water connection) is requested in a community that already receives the service; this is so by Regulation of the Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales Nº 42582- S-MINAE, which within our obligations frames what is established in article 28, on Obligations and Rights of ASADAS, which verbatim in what is of interest says in its subsection “j” on the issuance of certificates: “Issuance of certificates: Issue certificates of service availability and water capacity letters, contributing to the development of their communities, in accordance with their water balance (balance hídrico) and whenever technically and legally appropriate.”.- Bold and italics are not in the original. Now, having said the above, it is important to keep in mind in the overview of this matter, that the community of Playa Colibrí, or Colibrí, before April 19, 2024, did not have the provision of potable water service from our organization, and this is the result of the fact that in view of this need it was since approximately March 11, 2024 (start date of the Etapa 1 project), that through the efforts of the residents of the community of Nombre87788 before our organization, the new project to supply them with potable water in its “Etapa 1” phase began; in principle, this was done by analyzing that there was a water balance sufficient to cover the needs of that population, and that the technical and legal analysis previously referenced as necessary allowed it. This that I have mentioned so far is important since in the body of the complaint brief reference is made to a potable water meter being installed a year ago for some residents who live 500 meters from the first house in the community of Playa Colibrí, an aspect that is of special relevance in this case, because effectively in the community of Nombre87788 as part of our organization's eagerness to satisfy the need for potable water for the users who requested it, the required study and analysis were done, and they result in the finding that in the entire Neighborhood or Community of Playa Colibrí, there was a water balance that more than amply allowed providing the service, but that in what had to be analyzed regarding technical-legal aspects, one sector of the settlement could receive the service and another could not, this due to the fact that the sector of the settlement that could receive the service was located outside the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), and the other was immersed in Natural Heritage of the State, and it is precisely this last sector in which the appellants reside and intend to be provided with on-site potable water service, or what is the same, that a “water connection” be placed for them, a technical-legal situation that I will expand upon in this report with documentation and criteria that were processed by my represented party directly with the personnel of the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. SEDE OFICINA SUBREGIONAL PENINSULAR. (PUERTO JIMÉNEZ.) Puerto Jiménez, Puntarenas. Things being so, in relation to the mention that a year ago a potable water meter was installed for some residents who live 500 meters from the first house in the community of Playa Colibrí, as well as the mention of the installation of a hydrant 100 meters from the first house in the community of Playa Colibrí, it must be clarified, that given the awareness on the part of our organization of the situation that one sector of the community Nombre87788 was immersed in Natural Heritage of the State, it was decided to carry out the new potable water supply project in 2 stages, which as previously indicated were called “Proyecto Colibrí Etapa 1” and “Proyecto Colibrí Etapa 2”; that is why the references to the installation of a meter and a hydrant should be fully credible, but with the indication that those are part of the Project, yes, but of “Etapa 1”, which will be reported on next regarding what it consisted of, how it was carried out, and the different administrative steps that during the field work of that stage 1 had to be carried out; in the first instance, there is a record in our Organization of an email received by Nombre87791, dated March 22, 2023, in which the need for the community of Nombre87788 to have potable water is set forth …” (image inserted) …”. “… The previous request email is responded to the next day, on March 23 of the same year 2023, and it is indicated that the case will be placed for analysis by the Board of Directors of the ASADA in the second week of April 2023, and a request for documents from the Municipality (at that time it was Golfito) is made; likewise, regarding this request to Mr. Nombre87791, a summons is sent to him to be attended at his own home by my represented party on April 21, 2023, through official letter of April 11, 2023, number ASADALAPALMA-OIG-081-2023. And indeed on April 21, 2023, the meeting is held, the residents' queries are addressed, and an attendance list of 19 people from the residents of the community Nombre87788 or Colibrí sector is drawn up, from which even though the subscriber of the amparo appeal is not observed, it is deemed relevant because in a certain way this group of participating residents represented and represent common interests to those now represented by the appellant. As a result of this request, my represented party begins the administrative tasks aimed at being able to satisfy the potable water requirements in Comunidad Colibrí or Playa Colibrí; that is why on April 21, 2023, at our request, Nelson Araya Cespedes (Ay A official), who is an Ay A Technician, issues a document (02 folios) on the location of the “branch line” for the extension that should be necessary for the project, on the required pipe, and necessary valves, and with this, work begins on obtaining quotes from different businesses, such as: R & M de Costa Rica which issues a proforma invoice dated 04-24-2023, Hidromedición G&R issues us a proforma invoice dated 04-24-2023, RQL INGENIERÍA issues us a proforma invoice dated 04-24-2023, with the projected costs for materials in each case exceeding 14 million colones; sums that for an organization like ours are excessively high, and for this reason, in search of alternative solutions and for the sake of requesting financial help to solve the situation for the residents of Playa Colinbrí, through official letter of May 4, 2023, number ASADALAPALMA-OIG-096-2023, we addressed the Centro Estratégico para el Desarrollo de la Península de Osa, through official letter of May 4, 2023, number ASADALAPALMA-OIG-097-2023, we addressed Mr. Arnoldo Romero, through official letter of May 4, 2023, number ASADALAPALMA-OIG-098-2023, we addressed the Oficina de Desarrollo territorial de Osa; however, collaboration and economic support were not obtained from these; that is why through official letter of January 25, 2024, number ASADALAPALMA-OIG-007-2024, we addressed Mr. Boris Gamboa Valladares, Ay A official as head of the ORAC (Oficinas Regionales de Acueductos Comunales. Ay A entity in charge of providing support and guidance to ASADAS) of Nombre87789, in which inquiries are made about the related and necessary materials for the project, since the Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados and The Director of Fortalecimiento de ASADAS had already approved this since March 7, 2024, since through various actions carried out before Ay A itself, it was achieved through Official Letter GSD-UEN-GAR-2024-00953 that the head of the UEN- Gestión de Acueductos Rurales, Mr. Rafel Barboza Topping, indicated to us that the purchase had already been approved, and thus it was in this way that we could count on the necessary materials for the Branch Line Project in Comunidad Colibrí, and through the Ay A document called “Solicitud de Ingreso” of the Programa de Comunidades en Riesgo Sanitario, signed on July 21, 2023, by Boris Gamboa Valladares and Alberto Chavarría Gamboa. Now, in the entire set of administrative and labor procedures carried out for the approval and construction of the branch line necessary to supply the potable water need of the community of Playa Colibrí, at a certain moment around mid-March 2024, when work was already being done on-site and with the project underway, on the part of SINAC, precisely on March 19, 2024, an inspection was carried out by officials of the Local Office of Puerto Jiménez; this is because we understand that on the part of these authorities, knowledge was obtained of the work my represented party was performing, and since these are works for the placement of pipes through trenching (zanjeo), earthworks (movimiento de tierra), breaking of passages on public roads to subsequently cover them again, our project was at that moment subject to review by said Authorities, since it is recognized that in the community of Nombre87788 there are areas of Natural Heritage of the State, as has already been mentioned in this report; that is why on March 20, 2024, my represented party via email informs Carlos Velásquez Zamora (legal advisor of SINAC) of the visit on March 19, 2024, and requests the Report generated from it, since it was vitally important to know whether the project being carried out by us was adjusted or not to law regarding environmental legislation. It is important to note that on March 19, 2024, an email was received by our organization from Carlos Velásquez Zamora, in which he asks us to provide the project information concerning the construction of the aqueduct going to Nombre87788 as he indicates that in said community there is an Invasion on public domain or demanial lands administered by SINAC, and also mentions that if we consider it, we refer to a person from that community named Carolina who is selling lots within the Natural Heritage of the State …” (image inserted) …”. “… Now, from the evidence that will be attached to this Report, and remembering that the initial request was made by a resident named Nombre87791, on March 22, 2023, it is important to make clear that hand in hand with the entire project we have been detailing for the supply of potable water through the placement of a specific branch line for the community of Playa Colibrí, work was always carried out in certain coordination and even with help or collaboration from the residents of the community of Playa Colibrí; proof of this is that the same Nombre87791 in an undated document but which can be said was received by my represented party in the year 2024, represents the help or collaboration provided by the residents who had organized to collaborate, a document entitled: “Informe Económico Del Proyecto de Zanjeo para la colocación de la tubería para el agua potable Playa Colibrí-Familia Santa María”, in which contribution amounts and different payment receipts they made are detailed, in aid of the useful and necessary work my represented party carried out in that project. All of which is important to highlight, because in the interest of supplying the community of Nombre87788 with Potable Water, of installing their respective water connection, to date in that community there are a total of 07 water connections, which receive service thanks to the expansion of the branch line that was newly and exclusively made for that community, and which was done even with very valuable help from the residents of the community themselves; that yes, as has been said before, the expansion of the branch line was not possible in certain areas requested for the installation of connections, for reasons of being a Natural Heritage of the State sector, and it is precisely in the geographical sector that the appellants request, a detail this last of the existence of Natural Heritage of the State that will be detailed later. It is important to highlight that according to a document called: “REPORTE DE TOTALES DE RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO RAMAL COLIBRÓ ETAPA 1”; an investment of ₡ 19,540,593.07 was made, with operations ending on April 19, 2024, with a hydrant installation date of 04-17-2024, with even the indication of the actors: my represented party, FEDASUR (Federación de Asadas del Sur. This entity integrates around 32 asadas of the Southern Zone of the country) and Comunidad Colibrí, and with photographs alluding to the project, the same Etapa 1 Project that was formally delivered and presented with the participation of all the community residents who could attend at the Office of our Organization on May 10, 2024 (see attendance list 02 folios). At the end of this project, it was duly reviewed by SINAC through the Official Letter issued: SINAC-ACOSA-DFRVS-SRP-0142-2024, dated March 21, 2024, signed by Roy Pérez Vásquez of the Sub Región Peninsular-SINAC (04 folios), that our organization in its work does NOT proceed to carry out work in Natural Heritage of the State …” (image inserted) …”. “… Now, note the proximity to which the branch line and our project very diligently arrives, which is 40 meters, from the sector nearest to the Natural Heritage of the State zone; this was so in the eagerness to cover the greatest possible area of land on public road without state protection for being Natural Heritage and thereby get as close as possible or cover as much as possible towards the coverage of the locality of Playa Colibrí, and also note that it reached that point, because SINAC considered it so; it is the entity in charge of giving that criterion, since this is the entity in charge of issuing the criterion as a Technical and Legal entity according to the Ley de Biodiversidad number 7788, in its SECTION II, referring to SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, in its article 22, all in the interest of respecting an “adequate management of natural resources”. B.- Regarding the indication by the appellant in stating that they are denied the installation of connections for being a “national heritage” sector and the request they make to MINAE that they claim denies them the permit for the installation of potable water connections; A report is deemed necessary, not from MINAE but from SINAC (SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN), specifically from the SEDE OFICINA SUBREGIONAL PENINSULAR. (PUERTO JIMÉNEZ), on this matter, since as has been indicated, the land on which they have requested the installation of “water connections” is Natural Heritage of the State.

Now, this is related to what is called "Stage 2" of the Playa Colibrí potable water supply project, because from what has been indicated and what will be said in the following lines, even though my represented party has had the intention of being able to provide potable water to all persons who require it, it so happens that as progress was made with "Stage 1", the different interventions of the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. SEDE OFICINA SUBREGIONAL PENINSULAR. (PUERTO JIMÉNEZ), revealed that a large part of the territory known as Barrio or Comunidad Colibrí or Playa Colibrí, is immersed in what has been determined to be "Patrimonio Natural de Estado" and in what concerns the interests represented by the appellant, all request a potable water service by means of a "water connection (prevista de agua)" within lands that are part of that Patrimonio Natural, which has been the reason why we cannot accede to what has been petitioned to us in administrative venue in our offices, and which here now is the object of an Amparo Appeal, because as was said before, for my represented party to act, it must do so in accordance with the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales Nº 42582- S-MINAE, which in Article 28, on Obligations and Rights of the ASADAS, subsection "j", refers to acting in accordance with technical and Legal guidelines, and it is precisely as already stated, through Official Letter SINAC-ACOSA-DFRVS-SRP-0142-2024, the point was clarified, but in addition as will be seen the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SEDE OFICINA SUBREGIONAL PENINSULAR. (PUERTO JIMÉNEZ), also manifests itself and in the same sense through Official Letter: SINAC-ACOSA-DRFVD-SRP-0494-2024 (which will be detailed further on). Another important detail is that when on June 17, 2024, Mr. Juan Carlos Hernández Meza addressed our organization through an unnumbered note, he did so as representative of the Colibrí community, and as President of the Committee, requesting a meeting to clarify details related to the continuation of the Stage II project, almost simultaneously again Mr. Carlos Velásquez Zamora via email dated June 21, 2024, made us aware of situations he considered relevant to inform us, such as the existence of criminal proceedings for "illegal occupations, and he said:"…(…)…in areas administered by SINAC and eventually also on lands administered by the Municipalidad de Jiménez, these places being public domain assets (bienes demaniales) belonging to the natural heritage of the State, where the construction of dwelling houses and others without the respective permits is not allowed,…(…)…Given this situation, I request you to address the Prosecutor of the Public Ministry, Lic. Ángel Gwam" italics not from the original. Reason for which my represented party by means of official letter ASADALAPALMA-IOG-036- 2024 dated June 26, 2024, makes the inquiry via email to the Prosecutor of the Public Ministry, Lic. Ángel Gwam …” (image inserted) …”. "… Making it clear that in addition there are on site criminal litigations of the nature of Usurpation, land-use change (Cambio de Uso de Suelo), and Felling in Protection Zone, and mentions 6 persons as accused, among them the appellant here and signatory of this Amparo Appeal. Likewise, in the eagerness to obtain greater clarity on the issue related to Stage II of the Project, our organization, addresses Paula Mena Corea, in her capacity as Head of SINAC at the Puerto Jiménez headquarters, that by means of official letter ASADALAPALMA-IOG-041-2024, dated July 16, 2024, in which she is requested Information about the process in the Community of Colibrí, in which it was explained that it was necessary for our organization to know about the processes that were being followed in the community of Colibrí, because once the email from Carlos Velásquez Zamora is received on June 21, 2024, the operation of "Stage 2" of the Project was paralyzed, and an answer had to be given to the interested neighbors and now appellants here, in this it is indicated to Paula that the Prosecutor has not given further details, and that is why she requests information from her, in response to this official letter Mr. Carlos Velásquez Zamora replies that information cannot be given, that via email on the same date July 16, 2024. This is how then through Official Letter ASADALAPALMA-IOG-052-2024, dated September 4, 2024, my organization addresses Mrs. Evelyn Daniela Valverde Gamboa (Official of SINAC- Patrimonio Natural del Estado), in which the subject indicates: "Request for certification of Patrimonio Natural del Estado and request for field visit.", and in which what is intended is to know details in order to give an answer to the residents of the community of Nombre87788 who still await the Project in its "Stage 2", the same that in what is of interest literally indicates: "We are ASADA La Palma Integrada Osa-Golfito, who with the support of the municipalities, public and private institutions; and our governing body the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), have managed the continuous and uninterrupted supply of potable water to more than 15 communities, spread between the canton of Osa and the canton of Puerto Jiménez, supplying around 7,000 inhabitants. We currently have a project underway called "Construction of branch in the community of Colibrí", this community is located in La Palma of the district of Puerto Jiménez, canton of Puerto Jiménez, in the province of Puntarenas; we divided the project into Stage 1 and Stage 2, as we have knowledge of the existence of criminal process 19-2.000124-1137-PE and case 22-002777-0062-PE, for the destruction and illicit appropriation of State lands in the community. Given this situation, we have only carried out Stage 1, which corresponds to the part of the community free of this situation, but the project in its Stage 2 remains unexecuted and the population in this sector continually asks us for solutions, because access to potable water is a human right. Thus, we kindly request the following: 1-) Certification of Patrimonio Natural de Estado: With this document in our possession, we can communicate to the population of the community of Colibrí that, indeed, we cannot carry out our project on those lands because we would be working illegally on State property. 2-) Field visit: We request a field visit by some official so that, they can point out exactly the boundary points of our project, that is, up to where we can legally continue our project to supply potable water to that community. By way of background, on March 19, 2024, there was a visit by SINAC personnel to the project, as they received a complaint when we were working on Stage 1 of the project, and then, upon communicating with us, we requested that they carry out an inspection, the document is dated March 21, 2024 with consecutive number SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0142-2024, we attach it to this email. However, although the result was that we were not in any non-compliance and we were able to continue Stage 1, it was not delimited up to where we can continue our Stage 2. Therefore, we turn to you with these requests, in order to provide a solution to the inhabitants of the community, who to date find themselves without access to potable water in their homes. This request has a response through official letter SINAC-ACOSA-DT-PNE-154-2024, signed by Evelyn Daniela Valverde Gamboa …” (image inserted) …”. "… Noting with this that indeed the lands of that sector of Nombre87788 are part of Patrimonio Natural del Estado, and that any occupation on that site was done illegally, and indicates that on site: "rather work should be done on the eviction of all these irregular occupants"- italics not from the original. Likewise, the same Evelyn Daniela Valverde Gamboa issues the CONSTANCIA Number: SINAC-ACISA-DT-PNE-046-2024 dated March 2, 2024, at the time addressed to Lic. Gwam in his capacity as Prosecutor of Puerto Jiménez on behalf of the Public Ministry, in which she indicates the geographical coordinates of the site, the same coordinates that bear great similarity with those referred to in the email previously mentioned as received from Lic. Gwam when he indicated the existence of criminal proceedings. In a similar sense, there is the official letter signed by Andrés Carvajal Ruiz, dated October 8, 2024, number: SINAC-ACOSA-DRFVD-SRP-0494-2024, in which my represented party is given a report of a field visit carried out on September 26, 2024 to the community of Playa Colibrí, and which was with the objective of "responding to the possibility of the installation of an aqueduct to provide potable water service to private individuals located in that sector" …” (image inserted) …”. "… This again being a legal impediment that has hindered my represented party from being able to provide the service that here in this amparo appeal channel is requested for "water connections" or potable water service. Another of the procedures that on this issue addressed in this amparo appeal have been presented by the same appellant, was the one processed through a note addressed to my represented party dated August 1, 2023, in which the appellant here subscribes as the president of the "Committee for the improvement and development of community Playa Colibrí"; this request was analyzed and a response was given through official letter: ASADALAPALMA-OIG-184-2023 of September 13, 2023, which is delivered personally on September 14, 2023 since she did not indicate a means of notification, and in which the procedure is rejected because in addition to not having a Site Plan of the lands (necessary to locate the exact site of the service installation), she requested water connections for people without having any power of attorney or authorization granted by them, that is to say without demonstrating the necessary standing to act on behalf of another(s), and furthermore she does not process any water connection for herself. (for this purpose, the proof of this procedure is attached). As the last act considered relevant in this report regarding procedures that the appellant here has carried out in administrative venue, on March 1, 2025, the same person made via email, a request for a meeting with the Assembly to request three water connections, to which on March 3, 2025, she is answered via the same channel that her request will be elevated to the Board of Directors of my represented party, on the same line of request to the appellant here she is indicated via email dated March 13, 2025, that there is still no date to be able to receive her, but that she is requested, in order to advance her request, to please send the documents she has on the properties to which she wishes to provide potable water connections, and in response to that via email on March 14, 2025, she attaches an Image named: "IMG_2550314_090556.JPG", which is a draft cadastral plan that is presented before the Registro Nacional de la Propiedad, Sección Catastro through the presentation entries: Tomo: 2025, Asiento: 15887-C, then on March 20, 2025 via email the same appellant inquires about her procedure, and the meeting she requested with the Assembly, and she is summoned to a meeting at the offices of the ASADA located at Dirección5570, at 3:30 pm on April 8, 2025. While this was happening, an inquiry was made before the SINAC of Puerto Jiménez, as to whether by Mrs. Nombre87787, the approval or endorsement of any cadastral plan had been requested, this generated Certification No. SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-171-2025, signed by engineer Andrés Carvajal Ruiz, in which it is indicated that there is no endorsement or certification in this sense. Subsequent to this, in an email received on April 7, 2025, from the email ...2288 , a document is received in my represented party's email that in addition to containing the identity card of Mrs. Nombre87787, attaches a registry qualification minute from the Catastro section of the Registro Nacional de Propiedad, of the presentation entries previously referred to as those of the draft Cadastral plan of Carolina (Tomo: 2025, Asiento: 15887-C), and it is as a result of this that the decision is made on behalf of my represented party to again make inquiries before the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SEDE OFICINA SUBREGIONAL PENINSULAR. (PUERTO JIMÉNEZ), in addition, by one of the field inspectors of my represented party a site visit was made and it was determined based on the draft cadastral plan presented by Mrs. Nombre87787, that "There is no conduction pipe in front of the property. 4/4/2025. SIRI is used", and it is determined that the draft plan is immersed in the zone that so many times until that moment had been indicated was Patrimonio Natural del Estado, and it is when through official letter number ASADALAPALMA-IOG-024-2025, my represented party makes a query to SINAC headquarters Puerto Jiménez, regarding the new request of Nombre87787, specifically so that as a technical entity in the field of natural resources and biodiversity they would respond to the following questions of interest that were decisive for attending to the request made by Mrs. Carolina, and which textually were: "A.- If the Geographic Unit that is visualized within the Survey identified with Entries from Tomo: 2025 and Asiento:15887-C, previously referred to, has the presence of wetlands (humedales) and/or is in the Zona Marítimo Terrestre. B.- If in the Geographic Unit that is visualized within the Survey identified with Entries from Tomo: 2025 and Asiento:15887-C, previously referred to, residential development, or agricultural or livestock use is technically possible. C.- If in the Geographic Unit that is visualized within the Survey identified with Entries from Tomo: 2025 and Asiento:15887-C, previously referred to, residential development, or agricultural or livestock use is legally possible." Italics not from the original. Simultaneously to this, Mrs. Carolina through official letter ASADALAPALMA-IOG-026- 2025, dated April 21, 2025, is responded to indicating that her request will be resolved hoping to have everything ready by May 2, 2025, and then she is informed that the deadline is extended according to note of May 2, 2025, and it is not until May 15, 2025, that she is definitively answered. Thus, in response to the query of official letter ASADALAPALMA-IOG-024-2025, Engineer Andrés Carvajal responds through official letter: SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0264-2025, in which he literally indicates: "Nombre4351. Based on a field visit to the mentioned Geographic Unit and its subsequent technical desktop analysis, the overlap with an area of Patrimonio Natural del Estado is evident in a section categorized as forest (bosque) code B9 based on official letter ACOSA-008-2010 of Patrimonio Natural del Estado Río Rincón – Playa Blanca. Furthermore, based on the sampling carried out in said inspection, ecological characteristics of wetlands are identified, such as: hydromorphic soils, water condition and hydrophilic vegetation. Which extend even beyond the requested geographic unit. On the other hand, the property presents anthropogenic actions such as the removal of cover, fill and drainages, this with the intention of deteriorating and/or eliminating the wetland conditions. Therefore, it is established that the area is a wetland. B.- As already indicated in the previous point, being a wetland system it is not technically possible to develop residential, agricultural or livestock activities without altering the wetland ecosystem. Since they are ecosystems that regulate hydrological regimes. This requires the development of actions (fills, drainages, removal of forest cover (cobertura forestal), among others) to mitigate the influence of water in the area, which would cause the deterioration or even the elimination of the wetland. This without counting the displacement of the flora and fauna characteristic of these ecosystems. Therefore, and based on the general mandate mentioned in Art. 2, Decreto Ejecutivo 42760, regardless of the place where these ecosystems are located, the State shall exercise special legal guardianship for their protection due to their condition as assets of public interest, both with the environmental dimension of the social function of property, and with the right of persons to a healthy and ecologically balanced environment. Nombre5650.- Starting from Article 50 of the Political Constitution which dictates the right of persons to a healthy and ecologically balanced environment. Coupled with the principle, Article 19 of Ley 7575 prohibits land-use change (cambio de uso del suelo), which established the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest, which implies that it is not allowed to remove or eliminate the forest to establish another type of activity. The Ley Orgánica del Ambiente, in its Article No. 32 declares wetlands as a protected wilderness area. Likewise, the RAMSAR convention approved through Ley N° 7224 that said areas must be administered according to Management Plans to adopt measures that respect the ecological characteristics. In addition, subsection b of Article 2 of Decreto N° 42760- MINAE prohibits all those anthropogenic actions that deteriorate or eliminate the wetland and as previously mentioned, given the conditions of superficial water tables and types of hydrophilic soils, they would generate an impact that deteriorates this type of ecosystem." Nombre87790 not from the original My represented party, in view of the preceding official letter, determines through official letter: ASADALAPALMAIOG-DNP-030-2025, dated May 15, 2025, sent to the recipient via email on the same date, addresses Nombre87787 to explain that: "The previous queries made to the Área de Conservación Osa Dirección de Recursos Forestales y Vida Silvestre Subregión Peninsular, are carried out since this is the entity in charge of issuing the criteria on what was requested as a Technical and Legal entity according to the Ley de Biodiversidad, in its SECTION II, referring to SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, in its Article 22, all in order to respect an "adequate management of natural resources", a criteria of which it is pertinent to indicate that it establishes as a true premise that in the Geographic Unit that is visualized within the Survey identified with Entries from Tomo: 2025 and Asiento:15887-C, it is in a condition of overlap with an area of Patrimonio Natural del Estado in a section categorized as forest code B9 based on official letter ACOSA-008-2010 of Patrimonio Natural del Estado Río Rincón – Playa, and therefore it is an area that neither technically nor legally can be dedicated to residential development, or agricultural or livestock use. This is how, according to the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales Nº 42582-S-MINAE, according to Article 28 subsection "j" which refers to the possibility of issuing certificates of service availability and water capacity letters and provided it is technically and legally appropriate, your petition must be denied, because as has been seen and explained here, from what could be known of your procedures and documents provided, and the criteria of SINAC, it is neither technically nor legally possible for you to develop any kind of use in that zone." -Italics not from the original. And so finally, through my represented party's official letter ASADALAPALMA-IOGDNP-061-2025, dated May 27, 2025, on the same date via email, it is addressed to Nombre87787, ID CED48382, the denial of her request supported by official letter: SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0264-2025 and other details …” (image inserted) …”. "… 2.- Regarding what was indicated by the promoter of the appeal concerning that since 2016 they have been fighting to be supplied with potable water and that to date her request is omitted, it is reported that: Regarding the ASADA, the steps that have been taken on the issue, are those that have been set forth here by means of this Report. Notwithstanding and even though it does not correspond to a manifestation on the request that my represented party made, as previously reported, from the Municipalidad de Golfito through official letter SMG-T-172-03-2021 dated March 26, 2021, and the Official Letter of the Acting Head of the Zona Marítimo Terrestre Department of the Municipalidad de Golfito, number ZMT-MGO.I-046-2021 of March 11, 2021, their approach was indeed attended to, although certainly not in terms positive to the purposes of the now appellant. 3.- Regarding what was referred to by the appellant in that the Municipalidad de Golfito, would send the request to an Environment Commission to extend a "certification of permission for the Asada de la Palma to proceed to install the meters", it must be reported that: Regarding the ASADA, the steps that have been taken on the issue, are those that have been set forth here by means of this Report and without the Municipalidad de Golfito ever sending us a certification or permission in the sense of approving or installing a potable water connection for the appellant or her represented parties. 4.- Regarding what was referred to in the amparo appeal in relation to the participation or steps that have been taken at the Municipalidad de Puerto Jiménez, to "request that we be granted a permission so that the Asada de la Palma could install the potable water meters" and her saying that this was denied by such municipal corporation through official letter, I report that: Regarding the ASADA, the steps that have been taken on the issue, are those that have been set forth here by means of this Report and without the Municipalidad de Puerto Jiménez ever sending us a certification or permission in the sense of approving or installing a potable water connection for the appellant or her represented parties. 5.- Regarding the participation of officials of Acueductos y Alcantarillados of the Nombre87789 office, in the analysis of this issue. In its opportunity the A y A will render its report, however it is worth clarifying that regarding the ASADA, the steps that have been taken on the issue, are those that have been set forth here by means of this Report and in the sense of approving or installing a potable water connection for the appellant or her represented parties, we have only been given collaboration in this sense from the ORAC (Oficinas Regionales de Acueductos Comunales. Entity of the A y A in charge of providing support and guidance to the ASADAS) of Nombre87789, in relation to "Stage 1" of the Project, but for "Stage 2", no. 6.- Finally, regarding the health effects on the amparo-protected parties, and referred to in their petition writ; it is desired to render a report making clear on behalf of my represented party that at no time has it acted arbitrarily in the analysis of what is now the object of this amparo appeal process, quite the contrary, we are an organization that fights for the service it provides to be of quality, and to be the broadest, but in this matter, it happens that we must adhere to our own legal body, which is the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales Nº 42582-S-MINAE, for a case like the one reviewed, in which the creation of new water connections must be disposed of, and for this on site heavy machinery work must necessarily be carried out for trenching (apertura de zanjeas), and knowing that it is a Patrimonio Natural del Estado zone, it is that based on the Block of Legality, in order to comply with the technical and legal analysis to approve a service, we have had to resort to queries to the entity in charge which in this case is SINAC, which, with regret for the health effects that the appellants manifest, have indicated as has been referenced before and in those terms, that in that zone it is not possible to grant potable water connections.". It requests that the appeal be dismissed.

8.- By resolution at 15:45 hours on November 25, 2025, the instructing magistrate expanded the parties in the process, and requested reports from the executive director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

9.- Reports under oath David Chavarría Morales, acting executive director, of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), that: "Through official letter N.9 CARTASINACACOSAAL0402025, dated December 2, 2025, signed by Lic. Carlos Velásquez Zamora, Legal Advisor of the Área de Conservación Osa of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, the report required by the Honorable Constitutional Chamber was evacuated, from which the following emerges: I. On the object of the appeal. From the integral reading of the appellant's writ, it is noted that a large part of the statements and allegations formulated are directed against the Municipalidad de Golfito -former administrator of the canton of Puerto Jiménez-, as well as against the Municipalidad of the new canton of Puerto Jiménez, and even against the ASADA of La Palma, the Aqueduct of Nombre87789 and other entities. However, it is necessary to point out that this Administration must strictly adhere to the principle of legality, in accordance with Articles 11 of the Political Constitution and 11 of the Ley General de la Administración Pública, acting only within the framework of its competencies. Therefore, we will respond only to what concerns the functional scope of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación-SINAC, especially what is provided in Article 22 of the Ley de Biodiversidad, the Ley Forestal, the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre and related regulations. II. Competencies of SINAC-ACOSA and general context SINAC, through its Áreas de Conservación, has among its functions the attention to SITADAS, that is, environmental complaints filed by citizens. In the specific case, the facts refer to the sector known as Playa Colibrí, in the canton of Puerto Jiménez, an area in which there are zones duly declared as Patrimonio Natural del Estado III. Administrative actions carried out 1. Complaints and attention to SITADAS (2022 to date). Starting from multiple SITADAS received since 2022, ACOSA officials carried out various inspections, preparing the corresponding reports, which were timely remitted to the Public Ministry. Several cases have already been processed, others are ongoing. The majority of the complaints concern: • Usurpation of public domain assets • Illegal exploitation in Patrimonio Natural del Estado • Land-use change (Cambio de uso del suelo) Felling, burns, drainages and other environmental damages. Said actions were carried out in strict adherence to our legal competencies. IV. Situation raised with the ASADA de La Palma On a recent date, Control and Protection officers attended a SITADA where it was reported that the ASADA de La Palma was installing piping in the direction of the Playa Colibrí sector, a zone currently subject to invasion and presence of squatters (precaristas). During the inspection, carried out in the company of Mrs. Cynthia Picado Mena, president of the ASADA, installed piping was verified within an approximate strip of 50 meters within the Patrimonio Natural del Estado, drawing up the corresponding technical report. Subsequently, via telephone, Mrs. Picado Mena consulted about the possibility of providing potable water to said sector. She was informed that: 1. The area corresponds to Patrimonio Natural del Estado, where only scientific research, training and ecotourism activities can be authorized, with prior permission from SINAC. 2. Currently there are active criminal complaints for illegal occupation and land-use change. 3. The legal framework -including the Political Constitution, the Ley Forestal and Decreto Ejecutivo 38868 MINAE- prevents authorizing services that consolidate illegal settlements in protected areas. Mrs. Picado submitted subsequent requests both to the Legal Advisory of ACOSA and to the Public Ministry, seeking to know names of denounced persons and case statuses. She was answered according to Article 295 of the Código Procesal Penal, pointing out the legal impossibility of providing such information as it concerns criminal matters. Formal consultation to the governing body of the ASADAS, after the conversations described with Mrs. president that the ASADA de La Palma, Lineth Picado Mena, given the insistence and recurrence on the same issue is that it undertook the task of making a formal consultation through official letter SINACACOSA-AL-0352024 October 3, 2023, same that was sent to the Head Office of the asadas, properly Mr. Boris Gamboa Valladares who is the person in charge Nombre87789. responds through official letter PREJ2024-03973 of October 14, 2024 through which he makes a graphic description of all the necessary requirements for water requests with their legislation and with their legal procedures, indicating that they cannot grant permits, given that in protected wilderness areas it is not within their competence to grant water permits or concessions in the place. The official response remitted made it clear that: The ASADAS do not have the competence to grant permits within Protected Wilderness Areas. Any authorization in Patrimonio Natural del Estado corresponds exclusively to SINAC. It is not appropriate to authorize water service in Nombre87788 given the legal and environmental conditions of the site. V.

**Inter-institutional and community meetings.** SINAC officials were invited by professionals from the Universidad Nacional to meetings with the ASADA of La Palma and interested persons. In those sessions: 1. Informative talks were given on the legal regime of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). 2. It was explained that these lands are inalienable, unseizable, imprescriptible, public domain, and that mere possession does not generate rights. 3. It was clarified that the Municipalities lack jurisdiction to grant permits within these areas; this responsibility lies exclusively with SINAC. 4. The Environmental Prosecutor of Osa, Lic. Camilo Flores Pacheco, participated, explaining to the public the legal implications of occupying public domain assets (bienes demaniales). M.Sc. Carolina Carrillo Vargas, an official of the Institute for Population Studies (IDESPO) Coastal Interdisciplinary Program of the Universidad Nacional, prepared a detailed minute of the meetings.

**VI. Attached documentation folder.** As a result of all the preceding actions, ACOSA integrated a folder with an index, containing: Technical reports from forestry engineers, surveyors, and Control and Protection personnel, Maps, photographs, and evidentiary documentation, Chronological detail of the complaints filed, Evidence that the actions in Nombre87788 constitute usurpation of public domain assets, Proof of permanent coordination with the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público). This folder is attached for the corresponding legal purposes.

**VII. Specific response to the appellant's allegations.** The appellant claims that they went to MINAE-SINAC to request potable water service, and that this action was "denied." Regarding this, it must be stated: 1. SINAC is not the competent entity to provide potable water service. 2. What was communicated to the residents -in open meetings and minutes- was that: • The sector is located within State Natural Heritage. • Current regulations prevent the consolidation of illegal settlements. • The ASADAs cannot provide basic services in protected zones without SINAC permits, which cannot be granted in this case for legal reasons. • The consultation with the governing body of ASADAs confirmed the inadmissibility of granting the service. Therefore, there was no arbitrary denial, but rather the strict application of the environmental legal system and the legal limits of our powers. Nor is it possible for the appellant to accuse her of having any of her rights violated or made nugatory.

**VIII. Conclusion.** SINAC-ACOSA has acted at all times, within its jurisdictional framework, with technical and legal basis, in coordination with the Public Prosecutor's Office, addressing citizen complaints, and protecting the State Natural Heritage, as required by the legal system. The actions challenged by the appellant do not constitute a violation of any right, but rather the fulfillment of legal, constitutional, and environmental obligations for the defense of the public domain assets of all Costa Ricans." It requests that the appeal be dismissed.

10.- In the procedures followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Hess Herrera; and,

**CONSIDERING:**

**I.- PURPOSE OF THE APPEAL.** The appellant requests that the ASADA La Palma of Puerto Jiménez be ordered to supply potable water service to the community of Playa Colibrí, alleging that for years they have made various efforts before the Municipality of Golfito, the Municipality of Puerto Jiménez, MINAE, and other authorities; however, these have been omitted or denied, even though other communities also located in a national heritage zone do have this service. They affirm that they currently depend on a well that does not meet health standards and that the repeated refusal violates their access to an essential basic service.

**II-. PRELIMINARY MATTER. ON THE AMPARO AGAINST PRIVATE LAW SUBJECTS.** In this case, the respondents are a private law association (Integrated Osa Golfito La Palma Aqueduct and Sanitary Sewer Association) and public law subjects (National System of Conservation Areas (SINAC); Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers]; Municipality of Golfito, and the Municipality of Puerto Jiménez). For the foregoing, prior to the assessment of the merits of this matter, it must be stated that the Law of Constitutional Jurisdiction, in its Article 57, provides that the amparo appeal proceeds against the actions or omissions of private law subjects, but only when they act or must act in the exercise of public functions or powers, or are, de jure or de facto, in a position of power against which ordinary jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in Article 2, subsection a), of the same Law. In the specific case, it is deemed that the appeal is admissible with respect to the private law subject, because the situation brought to the attention of this Chamber shows that the Integrated Osa Golfito La Palma Aqueduct and Sanitary Sewer Association is in a position of power, against which ordinary jurisdictional remedies are insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights of the protected party.

**III.- CONSEQUENCE OF NOT RENDERING THE REPORT REQUESTED BY THE CHAMBER.** In the specific case, despite the fact that the report was submitted by the legal advisor of the Municipality of Puerto Jiménez by delegation of the mayor and the president of the Municipal Council, it must be warned that in the order opening this proceeding, the report was requested personally—not through a representative or attorney—from the president of the Council of the Municipality of Puerto Jiménez. For the foregoing, the report is deemed not rendered in accordance with the provisions of Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, and consequently, this Chamber resolves the case assessing the evidence in the record and the jurisprudence of this Court applicable to the specific case.

**IV.- PRELIMINARY QUESTION REGARDING THE RIGHT TO PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE.** Regarding this matter, which is also appealed against a public law subject, before analyzing the merits of the case—for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure—it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-2545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the corresponding administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception is raised, as it concerns the alleged delay in resolving the supply of potable water service. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

**V.- PROVEN FACTS.** Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been credited or because the respondent has omitted to refer to them, as provided in the initial order:

Regarding the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados):

1) On September 6, 2024, through official letter SINAC-ACOSA-DT-PNE-154-2024, addressed to the president of ASADA La Palma, SINAC concludes that the occupation in the Nombre87788 sector has been carried out without permits in areas declared State Natural Heritage and recommends working towards the eviction of irregular occupants. (see reports rendered under oath and attached evidence);

2) As of the date of the report, the Golfito Cantonal Office of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers determines that the community of Nombre87788 is located in the canton of Puerto Jiménez, outside the governing area and administrative coverage of the Pérez Zeledón Cantonal Office. (see reports rendered under oath and attached evidence);

3) The Golfito Cantonal Office confirms that the community of Nombre87788 is located outside the coverage area of the systems administered by AyA in the canton of Puerto Jiménez and more than 25 kilometers from the systems operated by said Cantonal Office. (see reports rendered under oath and attached evidence);

4) The Golfito Cantonal Office indicates that the efforts mentioned in the appeal were directed to ASADA La Palma, the Municipality of Golfito, and the Municipality of Puerto Jiménez, and that it has no records of meetings with representatives of AyA from its cantonal offices. (see reports rendered under oath and attached evidence);

5) The Golfito Cantonal Office points out that the Cantonal Offices of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers do not administer or operate the ASADAs and that efforts related to these correspond to the Regional Offices of Rural Aqueducts (ORAC). (see reports rendered under oath and attached evidence);

6) On November 10, 2025, Lic. Boris Gamboa Valladares, head of the Regional Office of Community Aqueducts (ORAC) Brunca Region, issued memorandum No. GSD-UEN-GAR-2025-04389, in which he states that: He has no record of the procedure carried out before the Municipality of Golfito in 2018. There are no pending matters to be resolved in the ORAC regarding the fact indicated in the appeal. The ORAC participated in various work sessions with SINAC, residents of Playa Colibrí, ASADA La Palma, Environmental Prosecutor's Office, and the Universidad Nacional. (see reports rendered under oath and attached evidence);

7) On November 12, 2025, via email, Lic. Boris Gamboa Valladares clarifies that the ORAC Brunca Region has not affirmed that the community of Nombre87788 must have potable water service, reiterating that the sector where the service is requested corresponds to State Natural Heritage. (see reports rendered under oath and attached evidence);

8) Pursuant to the Regulation for the provision of services of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Board of Directors Agreement No. 2020-442), in the case of territories administered by the State and occupants who lack an enabling title, express authorization from the competent entity and compliance with specific requirements are required for special connections and availability certificates. (see reports rendered under oath and attached evidence).

Municipality of Golfito:

9) On February 11, 2019, the Nombre87788 Development Committee submits a note addressed to the Municipal Council of Golfito requesting efforts related to access to potable water (according to documentation later taken up by the ASADA) (see report rendered under oath and attached evidence);

10) On February 13, 2021, the Nombre87788 Development Committee submits a new note addressed to the Municipal Council of Golfito requesting a certification for the ASADA La Palma to be granted permission to place potable water connections for residents of Playa Colibrí. (see report rendered under oath and attached evidence);

11) On February 17, 2021, in ordinary session number 7, the Municipal Council of Golfito acknowledges the note of February 13, 2021, and agrees to forward it to the Administration for appropriate action. (see report rendered under oath and attached evidence);

12) Following the Council's agreement, the mayor forwards the note to the Maritime-Terrestrial Zone Department (Departamento de Zona Marítimo Terrestre) through correspondence transfer number AM-TC-0050-2021, requesting a report on the matter. (see report rendered under oath and attached evidence);

13) On March 11, 2021, the Maritime-Terrestrial Zone Department issues report No. ZMT-MG-O-I-046-2021, in which it points out that the majority of the persons requesting the permit for the water connection do not meet minimum requirements, such as opening a file with an application for a Use Permit in the Maritime-Terrestrial Zone, in accordance with Law 6043 and its regulations. (see report rendered under oath and attached evidence);

14) The mayor sends said report to the Municipal Council through official letter AMG-INF-09. (see report rendered under oath and attached evidence);

15) On March 26, 2021, in a session of the Municipal Council, an agreement related to the report is adopted, and the response to their note is notified to the Nombre87788 Development Committee, through the Council Secretariat. (see report rendered under oath and attached evidence);

16) On May 1, 2024, the new canton of Puerto Jiménez comes into operation, so the Municipality of Golfito loses territorial jurisdiction over said geographical area. (see report rendered under oath and attached evidence);

17) The Municipality of Golfito records that the installation and administration of potable water service does not correspond to the Municipality, but to AyA and the ASADAs, and that the note of February 13, 2021, was addressed four years before the filing of the appeal. (see report rendered under oath and attached evidence).

Municipality of Puerto Jiménez:

18) In 2022, the canton of Puerto Jiménez was created by Law No. 10.238, "Creation of the canton of Puerto Jiménez, thirteenth canton of the province of Puntarenas" (see report rendered under oath and attached evidence);

19) On May 1, 2024, the Municipality of Puerto Jiménez formally begins its operation, coinciding with the start of the term of the elected local councils. (see report rendered under oath and attached evidence);

20) On December 6, 2024, the Prosecutor's Office of Puerto Jiménez, through official letter No. 24-000199-1137-PE, requested collaboration from the Municipality of Puerto Jiménez in a criminal proceeding for illegal logging, occupation, and environmental impacts in Playa Colibrí, in which the appellant Nombre87787 appears as a subject of interest. (see report rendered under oath and attached evidence);

21) On December 12, 2024, the Maritime-Terrestrial Zone Department of the Municipality of Puerto Jiménez issues official letter ZMT-PJ-004-11-12-2024, addressed to the Prosecutor's Office of Puerto Jiménez, providing technical and documentary information, including references to administrative file PU-008-2016 and record MG-OV-RM-387-2022, on the State Natural Heritage status of the area in question. (see report rendered under oath and attached evidence);

22) On October 21, 2024, through official letter MPJ-ZMT-004-2024, the Maritime-Terrestrial Zone Department renders a report of an inter-institutional support visit in Playa Colibrí, with the participation of SINAC-ACOSA and Municipal officials. Interventions with heavy machinery, removal of vegetation, constructions in the public beach zone and in State Natural Heritage areas, all without permits, are observed. (see report rendered under oath and attached evidence);

23) The Municipality of Puerto Jiménez maintains that, in accordance with Law 6043 and the regime of public domain assets and State Natural Heritage, it is not authorized to grant construction permits or authorizations for potable water connections in illegal occupations in the public zone of the ZMT, State Natural Heritage, or protected areas. (see report rendered under oath and attached evidence);

24) As of the date of the report, the Municipality of Puerto Jiménez indicates that it is obligated to coordinate with SINAC, MINAE, Public Prosecutor's Office, and other authorities for the protection of these assets and the eradication of illegal constructions. (see report rendered under oath and attached evidence);

25) The Municipality concludes that the buildings linked to the appellant are located in the maritime-terrestrial zone and State Natural Heritage and that therefore, it is legally prevented from supporting the claim to provide potable water to said occupations. (see report rendered under oath and attached evidence).

Integrated Osa-Golfito La Palma Aqueduct and Sanitary Sewer Management Association (ASADA La Palma):

26) On January 2, 2019, the appellant invites the ASADA and other residents of Nombre87788 to a meeting for February 1, 2019 (which finally takes place on February 11, 2019) (see response and attached evidence);

27) On February 11, 2019, the meeting between representatives of the ASADA and residents of Playa Colibrí takes place. The Board of Directors of the ASADA, in minute No. 225, suggests that the applicants draft a note to the Municipal Council of Golfito and the mayor to request information on public streets, lots with land-use permits, and certification of plans. That same group of residents addresses a note to the Municipal Council of Golfito following the ASADA's suggestion (see response and attached evidence);

28) On February 12 and 27, 2019, the ASADA sends emails to AyA officials (including Evelyn Lizano Fernández and Ricardo Peralta) to include Nombre87788 in the topographic survey of the sectors administered by the ASADA. (see response and attached evidence);

29) On February 3, 2021, the ASADA issued official letter ASADALAPALMA-IOG-014-2021 addressed to the mayor of Golfito, inquiring about the existence of a response to the request from the community of Nombre87788 dated February 11, 2019, and requesting information on families with land use, development plan, and map of public streets, within the framework of the "Colibrí Project" (see response and attached evidence);

30) On February 8, 2021, the ASADA sent a new email to the mayor of Golfito to coordinate a meeting on the topic. (see response and attached evidence);

31) On March 11, 2021, the Maritime-Terrestrial Zone Department of Golfito issued report ZMT-MG-O-I-046-2021, which the ASADA receives as a response to its inquiry and in which it concludes that the majority of the applicants do not meet the requirements for a use permit in the maritime-terrestrial zone. (see response and attached evidence);

32) On April 21, 2023, an AyA technician (Nelson Araya Céspedes) prepared a two-page document on the location of the branch, required pipe, and valves for the extension of the aqueduct to Playa Colibrí. (see response and attached evidence);

33) A meeting is held in Nombre87788 by the ASADA, taking an attendance list of 19 people, where potable water needs are presented. (see response and attached evidence);

34) On April 24, 2023, various suppliers (R & M de Costa Rica, Hidromedición G&R, RQL Ingeniería) issue proforma invoices for project materials, with amounts exceeding fourteen million colones (see response and attached evidence);

35) On May 4, 2023, the ASADA issued official letters Telf6640, Telf6641, and Telf6642 addressed to the Strategic Center for the Development of the Osa Peninsula, to Arnoldo Romero, and to the Territorial Development Office of Osa, requesting financial support for the branch project to Playa Colibrí. (see response and attached evidence);

36) On July 21, 2023, the document "Application for Entry" to the Program for Communities at Sanitary Risk is signed, by Boris Gamboa Valladares and Alberto Chavarría Gamboa, to support the branch project to Playa Colibrí. (see response and attached evidence);

37) On August 1, 2023, the appellant as president of the "Committee for the improvement and development of the community of Playa Colibrí" submitted a request to the ASADA for installation of water connections; the ASADA later resolves to reject it due to lack of plans and powers of representation over the persons for whom the connections were requested. (see response and attached evidence);

38) On September 13, 2023, the ASADA issued official letter ASADALAPALMA-OIG-184-2023, by which the appellant's request was rejected; the response was personally delivered on September 14, 2023. (see response and attached evidence);

39) On March 22, 2023, Nombre87791 sent an email to the ASADA explaining the need for potable water in Playa Colibrí. (see response and attached evidence);

40) On March 23, 2023, the ASADA responded to the email from Nombre87791 indicating that the case would be analyzed by the Board of Directors and requesting municipal documents. (see response and attached evidence);

41) On April 11, 2023, the ASADA issued official letter ASADALAPALMA-OIG-081-2023 calling a meeting for residents of Playa Colibrí, held on April 21, 2023. (see response and attached evidence);

42) On January 25, 2024, the ASADA sent official letter ASADALAPALMA-OIG-007-2024 to Boris Gamboa Valladares (Nombre87789) inquiring about materials needed for the branch project to Playa Colibrí. (see response and attached evidence);

43) On March 7, 2024, the Deputy Management of Delegated Systems Management and the Director of ASADA Strengthening approve the purchase of materials for the project, according to official letter GSD-UEN-GAR-2024-00953. (see response and attached evidence);

44) On March 19, 2024, SINAC officials conducted an inspection in Nombre87788 regarding the aqueduct works being executed by the ASADA (trenching, pipe laying) within the framework of the Colibrí Project Stage 1. (see response and attached evidence);

45) On March 20, 2024, the ASADA informed Carlos Velásquez Zamora (legal advisor of SINAC) by email about the inspection visit and requests the respective report. (see response and attached evidence);

46) On March 21, 2024, SINAC issued official letter SINAC-ACOSA-DFRVS-SRP-0142-2024, in which it concludes that the work carried out by the ASADA in the Colibrí Project Stage 1 was not located in State Natural Heritage, allowing Stage 1 to continue. (see response and attached evidence);

47) On April 17, 2024, a hydrant is installed within the Colibrí Project Stage 1. (see response and attached evidence);

48) On April 19, 2024, the execution of works for the "Colibrí Branch Project Stage 1" concluded, with an investment of ₡19,540,593.07, according to the report of total resources used. (see response and attached evidence);

49) On May 10, 2024, the ASADA formally presented the Colibrí Project Stage 1 to the community, with an attendance list of residents of Playa Colibrí. (see response and attached evidence);

50) On June 17, 2024, Juan Carlos Hernández Meza, as representative of the Colibrí community and president of the Committee, requested a meeting to clarify details of the continuation of the Colibrí Project Stage 2. (see response and attached evidence);

51) On June 21, 2024, Carlos Velásquez Zamora of SINAC sent an email to the ASADA indicating the existence of criminal proceedings for illegal occupations in areas administered by SINAC and the municipality, and urged communication with prosecutor Ángel Gwam. (see response and attached evidence);

52) On June 26, 2024, the ASADA issued official letter ASADALAPALMA-IOG-036-2024, consulting prosecutor Ángel Gwam about the criminal proceedings in Playa Colibrí. (see response and attached evidence);

53) On July 16, 2024, the ASADA issued official letter ASADALAPALMA-IOG-041-2024 addressed to the head of SINAC in Puerto Jiménez, requesting information on proceedings in the Colibrí community and the scope of Stage 2 of the project. (see response and attached evidence);

54) Carlos Velásquez Zamora responded via email indicating that he cannot provide more information on the proceedings. (see response and attached evidence);

55) On September 4, 2024, the ASADA issued official letter ASADALAPALMA-IOG-052-2024 addressed to Evelyn Daniela Valverde Gamboa (SINAC–State Natural Heritage) requesting certification of State Natural Heritage and a field visit to delimit how far Stage 2 of the project can continue. (see response and attached evidence).

56) On March 21, 2024, and March 2, 2024, SINAC issued a certificate and reports confirming the existence of State Natural Heritage and wetlands in sectors of Playa Colibrí, with a recommendation for eviction of irregular occupants. (facts that the ASADA assumes to delimit its actions) (see response and attached evidence);

57) On March 1, 2025, the appellant sent an email to the ASADA requesting a meeting with the Assembly to arrange three water connections. (see response and attached evidence);

58) On March 3, 2025, the ASADA responds by email that it will elevate the request to the Board of Directors and asked the appellant to submit documentation of the properties intended to be supplied with water. (see response and attached evidence);

59) On March 13, 2025, the ASADA reiterates to the appellant -via email- that there is still no date for the meeting, but again requests the documentation of the properties. (see response and attached evidence);

60) On March 14, 2025, the appellant sent by email to the ASADA an image of the cadastral plan project submitted to the National Registry (Volume 2025, Entry 15887-C) (see response and attached evidence);

61) On March 20, 2025, the appellant inquired by email about the status of her request and the meeting with the Assembly (see response and attached evidence);

62) On April 4, 2025, an ASADA inspector conducted a field visit, concluding that there is no distribution pipe in front of the property of the plan under project and that the area is within the zone determined as State Natural Heritage. (see response and attached evidence);

63) On April 21, 2025, the ASADA issued official letter ASADALAPALMA-IOG-024-2025, consulting SINAC on the geographic unit of the plan (Volume 2025, Entry 15887-C), requesting criteria on the presence of wetlands and the technical and legal feasibility of residential or productive use. (see response and attached evidence);

64) The ASADA issued official letter ASADALAPALMA-IOG-026-2025 addressed to the appellant, indicating that her request would be resolved and that the deadline to issue a final response would be extended. (see response and attached evidence);

65) On a date after April 21, 2025, engineer Andrés Carvajal Ruiz of SINAC issued official letter SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0264-2025, indicating that the area of the plan overlaps with State Natural Heritage, presenting wetland characteristics, and that residential, agricultural, or livestock development is not technically or legally possible. (see response and attached evidence);

66) On May 2, 2025, the ASADA informed the appellant of the extension of the deadline to resolve her request. (see response and attached evidence);

67) On May 15, 2025, the ASADA issued official letter ASADALAPALMA-IOG-DNP-030-2025, communicating to the appellant that, according to the criteria of SINAC, the geographic unit is located in State Natural Heritage and wetland, therefore it is neither technically nor legally possible to authorize uses, and, in application of Article 28 subsection j) of the ASADA Regulation, her petition must be denied. (see response and attached evidence);

68) On May 27, 2025, the ASADA issued official letter ASADALAPALMA-IOG-DNP-061-2025, formally notifying the appellant of the denial of her request for water connections, based on the technical-environmental criteria of SINAC and the applicable regulatory framework. (see response and attached evidence).

National System of Conservation Areas (SINAC):

69) The facts alleged in the amparo refer to the sector known as Playa Colibrí, in the canton of Puerto Jiménez, an area in which there are zones duly declared as State Natural Heritage. (see report rendered and attached evidence);

70) Without specifying a date, Control and Protection officers responded to a SITADA where it was reported that the ASADA of La Palma was installing pipes heading towards the Playa Colibrí sector, an area currently subject to invasion and the presence of squatters. During the inspection, conducted in the company of Mrs. Cynthia Picado Mena, president of the ASADA, installed pipe was observed within an approximate strip of 50 meters inside the State Natural Heritage, and the corresponding technical report was prepared. (see report rendered);

71) Without specifying a date, via telephone, Mrs. Picado Mena consulted about the possibility of providing potable water to said sector. She was informed that: 1. The area corresponds to State Natural Heritage, where only scientific research, training, and ecotourism activities can be authorized, with prior permission from SINAC. 2. Currently, there are active criminal complaints for illegal occupation and land-use change (cambio de uso del suelo). 3.

The legal framework—including the Political Constitution, the Ley Forestal, and Executive Decree 38868 MINAE—prevents authorizing services that consolidate illegal settlements in protected areas. (see report rendered);

72)           On October 27, 2024, an inter-institutional meeting was held with the community. SINAC officials were invited by Universidad Nacional professionals to meetings with the ASADA of La Palma and interested persons. In those sessions: 1. Informational talks were given on the legal regime governing the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). 2. It was explained that these lands are inalienable, unattachable, imprescriptible, in the public domain, and that mere possession creates no rights. 3. It was clarified that Municipalities lack competence to grant permits within these areas; that responsibility lies exclusively with SINAC. 4. The Environmental Prosecutor of Osa, Lic. Camilo Flores Pacheco, participated and explained to the public the legal implications of occupying public-domain property (bienes demaniales). M.Sc. Carolina Carrillo Vargas, an official of the Institute of Population Studies (Instituto de Estudios en Población, IDESPO), Interdisciplinary Coastal Program of the Universidad Nacional, prepared a minute (Acta No. 002-2024, detailing the meeting). (see report rendered and evidence provided);

73)           The current regulations prevent the consolidation of illegal settlements. ASADAs cannot provide basic services in protected areas without SINAC permits, which cannot be granted in this case for legal reasons. (see report rendered and evidence provided).

VI.- ON THE SPECIFIC CASE. On the issue discussed here, this Chamber has indicated that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), the associations administering aqueducts and sewers (asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados), municipalities, and other institutions providing potable water supply services may reject applications for potable water service made to them, or may condition them if there are technical or legal reasons that so justify. Thus, through judgment No. 2014-9134 of 14:05 hours on June 19, 2014, it ordered the following:

(...) This Chamber has indicated in reiterated judgments on the subject that the supply of potable water (agua potable) is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and as such, every public-service provider—whether a public or private entity—is obligated to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality, and adapting to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 of eleven hours twenty-five minutes on September twenty-six, two thousand one, and judgment 2004-08161 of ten hours fifty-three minutes on July twenty-three, two thousand four). It is therefore clearly concluded that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, being one of the state entities responsible for providing the public service of potable water, is also obligated to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. That said, the jurisprudence of this Constitutional Chamber has also indicated that, in the face of legal impossibility (which is the failure to meet requirements established in the respective regulations) or formal impossibility (which is the absence of a Water Distribution Network), it is reasonable not to process service requests or to require that the interested party assume the installation costs when no potable water distribution network exists and infrastructure construction is needed. Thus, in these cases it has been clear that it is not a matter of a denial of access to potable water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. In other words, provided that the failure to provide potable water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded action, but is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights.” (The highlighting does not correspond to the original text).


In this regard, the Chamber dismisses any impact on the fundamental rights of the protected party (parte amparada). The foregoing, because although the petitioner alleges that, despite having for years made various efforts before the respondent authorities to obtain potable water service for the community of Playa Colibrí, this has not been possible, while other communities also located within the national heritage zone do have such service. Nevertheless, from the reports rendered, as well as from the evidence in the case file, it is established that the problem lies in the fact that the area in question is State Natural Heritage, where only scientific research, training, and ecotourism activities may be authorized, with prior permission from SINAC, since it is a State asset. That is, they are publicly owned assets that cannot be subject to private property, are inalienable, imprescriptible, and unattachable, are outside commerce, because they are subject to a special regime of use and protection. Having said this, the respondent authorities are legally and materially prevented from including the petitioner in billing or from providing the installation of the potable water service she claims, due to the special conditions of the area.

Also, as seen in the proven facts of this judgment, the respondent authorities carried out a series of actions and investigations to resolve the petitioner's request, and they provided a response both to her and to the community of Playa Colibrí, regarding the legal impediment to providing potable water service; a situation not considered arbitrary, since it was based on objective reasons and technical criteria.

For the foregoing reasons, the Chamber dismisses any impact on the fundamental rights of the protected party, since, as indicated, the respondent authority resolved and informed the interested party of the reasons why potable water supply was denied to the population of Playa Colibrí.

VII.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative venues, those who must hear the legal dispute are the Administrative-Contentious Courts and not this Chamber. That said, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line; this Court, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in all other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the administrative-contentious jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VIII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, WITH DRAFTING BY THE LATTER. In the sub examine, the petitioner states that, in 2018, the committee of the community of Nombre87788 requested authorization from the Municipality of Golfito for the respondent ASADA to supply potable water to the residents; however, the request was omitted by the referred local government. She details that on February 13, 2021, the request was again filed before the Municipality of Golfito, and it was requested that a certification be issued to instruct the respondent association to install potable water provisions for the residents of the area. She indicates that through official letter no. SMG-T-111-02-2021 of February 25, 2021, the Municipal Council of Golfito heard the request and in ordinary session no. 7, chapter 5, article 10, agreed to refer the matter to the Administration so that a response could be provided to the community. However, she accuses that the ASADA failed to execute the municipal council's resolution. She maintains that they requested that the community of Nombre87788 be granted potable water service, since other communities near the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) (Rincón de Osa, Playa Blanca, Playa Juanito Mora, among others) do enjoy that basic service. She affirms that since 2016 they have fought to be supplied with the liquid in question. She adds that a year ago the respondent ASADA installed a meter 500 meters from the community of Playa Colibrí. She mentions that from the hydrant to the community there is a distance of 100 meters. She comments that the respondent authorities have alleged that the community in question cannot have access to potable water because it constitutes national heritage. She notes that in the same canton there are other communities (Playa Blanca and Playa Escondida) that are also located within the national heritage area and do have potable water service. She maintains that all these efforts were made when the Municipality of Golfito was responsible for administering the Maritime-Terrestrial Zone. She details that the residents of the community of Nombre87788 went to the Municipality of Puerto Jiménez to request a permit so that the respondent ASADA would supply them water; however, the request was denied. She mentions that they also went to MINAE to request potable water service, but their petition was likewise rejected. In addition, officials of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers of Nombre87789 met with the community and told them that this community should have access to potable water service, but they did not provide any document nor indicate a date for a visit. She alleges that the community consumes water from a well that fails to meet the standards established by the Ministry of Health for human consumption.

On this point, the undersigned magistrates note that what is alleged in the sub lite corresponds, prima facie, to a problem of great magnitude, since it is not only a community that is without a supply of potable water, but it is even mentioned that the water source to which they must turn fails to respect the standards set by the Ministry of Health for human consumption.

In this regard, we consider it essential to have the Public Services Regulatory Authority (Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ARESEP) as a party, since, in judgment no. 2020007754 of 9:45 hours on April 24, 2020, the Chamber assessed that ARESEP, in rendering its report, pointed out a series of problems of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers in relation to investment in infrastructure, losses from unaccounted-for water, and execution capacity. On that occasion, this Court considered: “In this regard, it is not only evident that the water shortage problem had been apparent since 2017, but also that ARESEP pointed out that the ICAA had a lag in infrastructure investment and, additionally, significant losses from unaccounted-for water. Likewise, the regulatory body also affirmed that the project execution capacity of the potable water service operators has not been as desired.”

Consequently, we dissent from the vote and order that the processing of the appeal continue for the purpose of requesting a report from the general regulator of the Public Services Regulatory Authority.

IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the parties that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence backed by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or those produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all will be destroyed in accordance with the provisions of the “Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is dismissed. Magistrate Castillo Víquez adds a note. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal dissent from the vote and order that the processing of the appeal continue for the purpose of requesting a report from the general regulator of the Public Services Regulatory Authority. Notify.-













Fernando Castillo V.

President







Fernando Cruz C.



Paul Rueda L.



Luis Fdo. Salazar A.



Jorge Araya G.



Ingrid Hess H.



Alejandro Delgado F.



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