Res. 41931-2025 Sala Constitucional — Amparo regarding sugarcane burning in TurrialbaAmparo por quemas de caña de azúcar en Turrialba

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Sala Constitucional

Resolución Nº 41931 - 2025

Fecha de la Resolución: 19 de Diciembre del 2025 a las 09:30

Expediente: 25-027529-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-027529-0007-CO

Res. Nº 2025041931

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 25-027529-0007-CO, interpuesto por Nombre88599, cédula de identidad CED22742, contra el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG), EL MINISTERIO DE SALUD Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE).

Resultando:

 

1.-Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 10 de septiembre de 2025, el accionante interpone recurso de amparo. Manifiesta que es una persona adulta mayor de 71 años, oxígeno dependiente y vecino de Dirección5640, contiguo a la Dirección5641. Señala que el 1° de abril de 2025 planteó una denuncia ante la Oficina del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Turrialba por las quemas de caña de azúcar que se producen en las Fincas La Isabel, Azúl, La Zoila, en el distrito La Isabel de Turrialba, que afectan su salud, ya que en su vivienda llegan partículas de color negro que arrastra el viento. Indica que hace años planteó denuncias por esa situación ante el Área Rectora de Salud de Turrialba y el Ministerio de Ambiente y Energía. Alega que a la fecha de interposición del presente recurso no se ha dado solución al problema expuesto, lo que afecta su salud.

2.-Mediante resolución de las 15:29 horas de 10 de octubre de 2025, la Presidencia de la Sala le previno al accionante indicar: “• Si recientemente ha planteado de manera formal y por escrito las gestiones correspondientes a efecto de denunciar ante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía la situación que expone en el memorial de interposición de este recurso; • De ser afirmativa su respuesta, deberá aportar copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o de remisión de correo electrónico de las denuncias que formuló; • De haber recibido alguna resolución, deberá indicar claramente cuál fue el resultado obtenido y aportar la documentación generada con ocasión de tales diligencias; • Si dichas denuncias se encuentran pendientes de resolución a la fecha de interposición de este recurso, también deberá indicarlo expresamente a esta Sala; • Igualmente si no ha planteado por escrito y de manera formal sus denuncias, así deberá aclararlo.”.

3.- Por escritos incorporados al expediente el 16, 23, 4 y 6 de octubre de 2025, el accionante aporta documentación.

4.- Por escrito incorporado al expediente el 11 de noviembre de 2025, Franz Tattenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía, informa: “PRIMERO: En atención al mandato de la Sala, se procedió a solicitar informe a la Dirección del Área de conservación central como ente competente informando lo siguiente: Mediante el oficio SINAC-ACC-DR-DRFVS-OST-INF-0333-2025, de fecha 10 de noviembre de 2025, la Oficina Subregional de Turrialba del Área de Conservación Central (SINAC) informa a la Dirección del ACC lo siguiente, para los fines pertinentes ante la Sala Constitucional: 1. Se indica que el señor Nombre88599 ha interpuesto con anterioridad otros recursos de amparo sobre el tema (quemas de cañales), para los cuales ya se habían entregado informes exhaustivos por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 2. Se hace referencia a un recurso de amparo anterior (con expediente 25-002729-0007-C0), al cual esta Oficina Subregional respondió en febrero de 2025 mediante el oficio SINAC-ACC-OST-0200-2025. 3. Como resultado de las respuestas institucionales al último recurso, se remitió sobre estos mismos hechos a la Sala Constitucional el informe SINAC-ACC-OST-0200-2025, La Sala Constitucional mediante resolución No. 2025007812 del 14 de marzo de 2025, declaró sin lugar dicho recurso de amparo. TERCERO: A partir de Dirección5642, en el marco del Comité Sectorial Local Agropecuario de Turrialba-Jiménez (COSEL T-J), se han implementado acciones concretas para abordar el tema de las quemas agrícolas, entre las que se destacan: • Socialización del Decreto No. 35368-MAG-S-MINAET, "Reglamento para quemas agrícolas controladas". • Creación de una Comisión Interinstitucional de Quemas Agrícolas, integrada por representantes del MAG, la Liga de Cañeros del Atlántico (LAICA), el SINAC-MINAE, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Turrialba. Se aclara que el Decreto citado otorga las potestades legales y rectoras en la materia al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), siendo esta la institución responsable de: 1. Otorgar los permisos para quemas agrícolas controladas. 2. Supervisar y vigilar el cumplimiento de las condiciones exigidas. SEGUNDO: El SINAC, como miembro de la comisión, actúa en respaldo al MAG y tiene como funciones específicas velar por: 1. La no quema en áreas de protección hídrica. 2. La existencia de cortafuegos cerca de estas áreas. 3. La protección y reubicación de la vida silvestre. 4. El respeto a los horarios estipulados para las quemas. En caso de recibir una queja sobre una quema sin permiso, la Oficina Subregional se compromete a realizar una inspección en el sitio, atender la queja formalmente, si procede, remitir el relato de hechos al Ministerio Público. TERCERO: Se informa que, desde marzo de 2025, no se ha recibido ningún comunicado, queja o documento por parte del señor Nombre88599 en relación con las quemas de cañales. CUARTO: En atención a los hechos expuestos y a la documentación adjunta, se demuestra de manera fehaciente que el área de conservación central oficina subregional con sede en Turrialba ha actuado en todo momento dentro del estricto marco de sus competencias legales y técnicas, no existiendo omisión alguna por parte de esta institución.”.

5.- Por escrito incorporado al expediente el 18 de noviembre de 2025, Pablo Chacón Hernández, jefe de la Agencia de Extensión Agropecuaria de Turrialba del MAG, informa: “En virtud de lo solicitado, me permito, dar cuenta detallada de las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia de Extensión Agropecuaria (AEA) de Turrialba, en atención al recurso de amparo tramitado bajo el expediente N.º 25‑027529‑0007‑CO, interpuesto por don Nombre88599, y en estricta observancia del marco jurídico aplicable, en especial el Decreto N.º 35368‑MAG‑S‑MINAET, que regula las quemas agrícolas controladas y su incidencia en la salud pública y el medio ambiente. • Recepción de solicitudes y gestión administrativa o 1° de abril de 2025, Don Nombre88599 presenta solicitud ante esta AEA, exigiendo la supresión total de las quemas agrícolas controladas y la derogación inmediata del Decreto N.º 35368‑MAG‑S‑MINAET. o 9 de abril de 2025, se emite el oficio CARTA‑MAG‑DNEA‑RDCOR‑AEA‑Turrialba‑0022‑2025, dirigido al señor Guillermo Flores Marchena, director regional, en cumplimiento del principio de debida atención a los derechos fundamentales del solicitante. Ese mismo día se entrega copia personalmente al Sr. Nombre88599, constituyéndose como evidencia de la gestión efectuada. o En dicho oficio se explica con detalle el alcance de las competencias de la AEA en materia de quemas agrícolas controladas conforme al Decreto N.º 35368, y se fundamenta la legalidad de los permisos emitidos a los usuarios que cumplen con los requisitos establecidos. o Posteriormente, el Sr. Nombre88599 remite réplica dirigida al director regional, reiterando la petición original del 1° de abril. o 24 de abril de 2025, se responde mediante CARTA‑MAG‑DNEA‑RDCO‑074‑2025, notificada el 25 de abril, donde se reafirma la validez de las disposiciones aplicadas, así como la conformidad de los permisos otorgados con la normativa vigente. o 28 de abril de 2025, el recurrente presenta nueva nota, solicitando que, en caso de respuesta negativa, se eleve la gestión a una instancia superior, con el propósito de eliminar el decreto que regula las quemas controladas. o Se emite CARTA‑MAG‑DNEA‑RDCO‑082‑2025, reiterando los fundamentos legales expuestos previamente. Se aclara que ni la AEA ni la dirección regional están facultadas para modificar, derogar o elevar opiniones respecto a normas de carácter reglamentario, conforme a los principios de legalidad y jerarquía normativa establecidos en nuestra legislación. o 3 de noviembre de 2025, recibimos comunicación personal del señor Nombre88599, reiterando su exigencia de suspensión de las quemas agrícolas controladas. o 11 de noviembre de 2025, se responde a través de CARTA‑MAG‑DNEA‑RDCOR‑AEA‑Turrialba‑0065‑2025, en la que se reitera íntegramente lo comunicado en oficios anteriores, enfatizando la plena observancia del marco legal vigente. • Recepción del recurso de amparo o 13 de noviembre de 2025, la AEA de Turrialba recibe notificación judicial del recurso de amparo presentado, lo cual da origen al presente informe, en cumplimiento con las obligaciones administrativas correspondientes. En referencia a las solicitudes presentadas por el denunciante, expreso que, en el desarrollo de nuestras responsabilidades institucionales, y con la finalidad de prevenir efectos adversos en la salud pública y el ambiente, la AEA de Turrialba ha realizado en este 2025 las siguientes acciones, todas amparadas por el Decreto N.º 35368‑MAG‑S‑MINAET: • Realización de dos jornadas de capacitación especializadas para productores de caña, coordinadas con LAICA y FEDECAÑA, orientadas a una ejecución segura de las quemas controladas. • Emisión de comunicados informativos a cada productor registrado o que actualizó su cultivo de caña en el sistema PYMPA del MAG, sobre su obligación legal de cumplir el Decreto N.º 35368. • Recepción y tramitación de permisos de quema, acompañados de visitas de inspección en terreno para verificar que se cumplan las condiciones exigidas por la normativa. • Evaluación técnica e interinstitucional de todas las solicitudes de permiso a través del Comité Regional de Quemas Agrícolas Controladas, con representantes del MAG, LAICA, MINAE y Ministerio de Salud. Solo son aprobados los casos que cumplen cabalmente con los requisitos legales. • Contacto directo con agricultores solicitantes para explicarles la relevancia del apego a la normativa y los riesgos jurídicos, sanitarios y ambientales derivados del incumplimiento. Conforme a lo expuesto, la AEA de Turrialba ha atendido con diligencia cada una de las solicitudes del señor Nombre88599, manteniéndose en todo momento dentro del ámbito de sus competencias legales y en estricto respeto al Decreto N.º 35368‑MAG‑S‑MINAET. Las acciones administrativas, técnicas, preventivas y operativas desarrolladas buscan garantizar la salud pública y la protección ambiental, en cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y debida diligencia.”.

6.- Por constancia de 24 de noviembre de 2025, Mariane Castro Villalobos y Mauricio Cascante Hernández, por su orden, secretaria y técnico judicial, ambos de la Sala, consignan: “revisado, a las once horas treinta y cuatro minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del 13 al 18 de noviembre de dos mil veinticinco, el director del área rectora de salud de Turrialba, haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las nueve horas doce minutos del cinco de noviembre de dos mil veinticinco, en el expediente número 25-027529-0007-CO que es RECURSO DE AMPARO promovido por Nombre88599.”.

7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

 

I.- CUESTIÓN PREVIA. En vista de que el director del Área Rectora de Salud de Turrialba del Ministerio de Salud omitió rendir el informe dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso del sub lite, se procede a resolver el recurso de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y tomando en consideración los elementos probatorios que constan en los autos.

I.- SOBRE LA EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante denuncias planteadas por una persona adulta mayor, por situaciones que presuntamente afectan su salud, las cuales se acusa que no han sido resueltas dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta reclamada en este amparo.

II.-OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que es una persona adulta mayor de 71 años, oxígeno dependiente y vecino de El Recreo de Turrialba. Señala que el 1° de abril de 2025 planteó una denuncia ante la oficina del MAG de Turrialba, por las quemas de caña de azúcar que se producen en las “Dirección5643” y en general en Turrialba. Indica que también hace años planteó denuncias por esa situación ante el Área Rectora de Salud de Turrialba y el MINAE. Alega que a la fecha de interposición del presente recurso no se ha dado solución al problema expuesto, que afecta su salud.

III.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)    El 1° de abril de 2025, el accionante presentó una denuncia ante la Agencia de Extensión Agropecuaria de Turrialba del MAG, por las quemas de caña de azúcar. Solicitó “erradicar la práctica de quemas de caña de azúcar” que se realicen en Turrialba. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).

b)   El 9 de abril de 2025, la denuncia del tutelado se trasladó a la Dirección5644. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).

c)    Mediante el oficio CARTA-MAG-DNEA-RDCO-074-2025 de 24 de abril de 2025, notificado al accionante el 25 de ese mismo mes, el director de la Región de Desarrollo Central Oriental del MAG indicó: “no es competencia de las personas funcionarias de la Agencia de Extensión, el actuar para que se elimine o no una práctica agrícola que está legalmente aceptada y regulada en nuestra legislación, sino todo lo contrario, se debe hacer cumplir la normativa, tal como lo ha venido haciendo la AEA de Turrialba (…)”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).

d)   Ante una réplica formulada por el accionante, por medio del oficio nro. CARTA-MAG-DNEA-RDCO-082-2025 de 12 de mayo de 2025 (notificado al tutelado el 13 de ese mismo mes, el director de la Región de Desarrollo Central Oriental del MAG detalló: “Con respecto a lo solicitado por su persona, en cuanto a la eliminación de las quemas agrícolas, reiteramos lo indicado en las respuestas anteriores, en cuanto a que, los servidores públicos somos simples depositarios de autoridad, obligados a cumplir la ley, no podemos arrogarnos facultades no concebidas expresamente, por tanto, considerando que el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas N° 35368-MAG-S-MINAE se encuentra vigente, es obligación de la AEA de Turrialba, atender como corresponde y según el ordenamiento jurídico, las solicitudes de quemas agrícolas controladas que los interesados hagan llegar (…)”. (Prueba documental).

e)    El 11 de noviembre de 2025, la Agencia de Extensión Agropecuaria de Turrialba del MAG le notificó al tutelado el oficio nro. 0065-2025 de 10 de octubre de 2025, a través del cual se indicó: “• Las Agencias de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tienen funciones eminentemente ejecutoras y técnicas, conforme a la normativa vigente. No poseen atribuciones para crear, modificar o derogar leyes, decretos o reglamentos de la República, facultad que corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo según lo establecido en la Constitución Política. • En ocasiones anteriores se le ha indicado esta misma información y se le ha aclarado el procedimiento correcto para canalizar sus inquietudes. Sin embargo, hemos notado que persiste en presentar solicitudes que no cuentan con el respaldo normativo necesario. Reiteramos que nuestra actuación se limita al marco legal vigente. • Tras la verificación de los trámites realizados ante esta oficina, y verificando la supervisión activa que esta oficina realiza sobre los procesos de quemas agrícolas controladas, no se han detectado incumplimientos a la normativa aplicable en los permisos otorgados. • En caso de que usted considere que la normativa vigente debe ser modificada o eliminada. corresponde elevar su gestión ante las instancias superiores competentes. • Esta oficina continuará vigilante del cumplimiento adecuado de los permisos otorgados. En caso de que se evidencie un incumplimiento, el procedimiento legal establecido es presentar la denuncia ante la Fiscalía Agraria, autoridad competente para investigar y sancionar estas conductas.”. (Prueba documental).

f)     Las autoridades del MAG fueron notificadas de la resolución de curso de este proceso el 13 de noviembre de 2025. (Actas de notificación agregadas al expediente).

g)   El MINAE no ha recibido denuncias del tutelado por quemas controladas. (Informe de la autoridad recurrida).

IV.- HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la resolución de este asunto, se estima como no demostrado que el Área Rectora de Salud de Turrialba tenga en trámite alguna denuncia incoada por el tutelado, relacionada con las quemas de caña de azúcar.

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el recurrente manifiesta que es una persona adulta mayor de 71 años, oxígeno dependiente y vecino de El Recreo de Turrialba. Señala que el 1° de abril de 2025 planteó una denuncia ante la oficina del MAG de Turrialba, por las quemas de caña de azúcar que se producen en las “Dirección5643”, en el Dirección5645. Indica que también hace años planteó denuncias por esa situación ante el Área Rectora de Salud de Turrialba y el MINAE. Alega que a la fecha de interposición del presente recurso no se ha dado solución al problema expuesto, que afecta su salud.

Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que, el 1° de abril de 2025, el accionante presentó una denuncia ante la Agencia de Extensión Agropecuaria de Turrialba del MAG, por las quemas de caña de azúcar. Solicitó “erradicar la práctica de quemas de caña de azúcar” que se realicen en Turrialba. El 9 de abril de 2025, la denuncia del tutelado se trasladó a la Dirección Regional de Desarrollo Central Oriental del MAG. Mediante el oficio CARTA-MAG-DNEA-RDCO-074-2025 de 24 de abril de 2025, notificado al accionante el 25 de ese mismo mes, el director de la Región de Desarrollo Central Oriental del MAG indicó: “no es competencia de las personas funcionarias de la Agencia de Extensión, el actuar para que se elimine o no una práctica agrícola que está legalmente aceptada y regulada en nuestra legislación, sino todo lo contrario, se debe hacer cumplir la normativa, tal como lo ha venido haciendo la AEA de Turrialba (…)”. Ante una réplica formulada por el accionante, por medio del oficio nro. CARTA-MAG-DNEA-RDCO-082-2025 de 12 de mayo de 2025 (notificado al tutelado el 13 de ese mismo mes, el director de la Región de Desarrollo Central Oriental del MAG detalló: “Con respecto a lo solicitado por su persona, en cuanto a la eliminación de las quemas agrícolas, reiteramos lo indicado en las respuestas anteriores, en cuanto a que, los servidores públicos somos simples depositarios de autoridad, obligados a cumplir la ley, no podemos arrogarnos facultades no concebidas expresamente, por tanto, considerando que el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas N° 35368-MAG-S-MINAE se encuentra vigente, es obligación de la AEA de Turrialba, atender como corresponde y según el ordenamiento jurídico, las solicitudes de quemas agrícolas controladas que los interesados hagan llegar (…)”. El 11 de noviembre de 2025, la Agencia de Extensión Agropecuaria de Turrialba del MAG le notificó al tutelado el oficio nro. 0065-2025 de 10 de octubre de 2025, a través del cual se indicó: “• Las Agencias de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tienen funciones eminentemente ejecutoras y técnicas, conforme a la normativa vigente. No poseen atribuciones para crear, modificar o derogar leyes, decretos o reglamentos de la República, facultad que corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo según lo establecido en la Constitución Política. • En ocasiones anteriores se le ha indicado esta misma información y se le ha aclarado el procedimiento correcto para canalizar sus inquietudes. Sin embargo, hemos notado que persiste en presentar solicitudes que no cuentan con el respaldo normativo necesario. Reiteramos que nuestra actuación se limita al marco legal vigente. • Tras la verificación de los trámites realizados ante esta oficina, y verificando la supervisión activa que esta oficina realiza sobre los procesos de quemas agrícolas controladas, no se han detectado incumplimientos a la normativa aplicable en los permisos otorgados. • En caso de que usted considere que la normativa vigente debe ser modificada o eliminada. corresponde elevar su gestión ante las instancias superiores competentes. • Esta oficina continuará vigilante del cumplimiento adecuado de los permisos otorgados. En caso de que se evidencie un incumplimiento, el procedimiento legal establecido es presentar la denuncia ante la Fiscalía Agraria, autoridad competente para investigar y sancionar estas conductas.”. Las autoridades del MAG fueron notificadas de la resolución de curso de este proceso el 13 de noviembre de 2025. El MINAE no ha recibido denuncias del tutelado por quemas controladas. Por su parte, no se tiene por demostrado que el Área Rectora de Salud de Turrialba tenga en trámite alguna denuncia incoada por el tutelado, relacionada con las quemas de caña de azúcar.

En primer lugar, respecto del MINAE, prima facie descarta alguna omisión susceptible de ser declarada en esta vía sumaria, toda vez que el ministro accionado informa que no se han recibido denuncias del tutelado relativas a los hechos objeto del sub iudice. Tampoco aporta el tutelado alguna gestión expresamente planteada ante esa dependencia, que al momento de interposición del recurso se encontrara en trámite.

Por otra parte, en relación con el Área Rectora de Salud de Turrialba tampoco se verifica alguna gestión o denuncia del tutelado que no haya sido resuelta por dicha autoridad. Al respecto, en su escrito de interposición, el accionante solo aporta un oficio de esa autoridad sanitaria del año 2008 (de hace 17 años), relativo a una respuesta que le brindó respecto de una consulta que formuló en octubre de ese mismo año, relacionada con la quema de cañales. Sin embargo, no se aportó ninguna denuncia formal o gestión reciente incoada ante esa dependencia, pese a que así se lo previno la Presidencia de la Sala en la resolución de las 15:29 horas de 10 de octubre de 2025.

Ahora bien, respecto del MAG, el accionante aporta en concreto una gestión formulada el 1° de abril del año en curso, mediante la cual solicitó “erradicar la práctica de quemas de caña de azúcar” que se realicen en Turrialba. Al respecto, se acredita que la autoridad accionada le brindó respuesta a través del oficio nro. CARTA-MAG-DNEA-RDCO-074-2025 de 24 de abril de 2025, en el que se indicó: “no es competencia de las personas funcionarias de la Agencia de Extensión, el actuar para que se elimine o no una práctica agrícola que está legalmente aceptada y regulada en nuestra legislación, sino todo lo contrario, se debe hacer cumplir la normativa, tal como lo ha venido haciendo la AEA de Turrialba (…)”. Luego, se le notificó al amparado el oficio nro. CARTA-MAG-DNEA-RDCO-082-2025 de 12 de mayo de 2025, en el que se detalló: “Con respecto a lo solicitado por su persona, en cuanto a la eliminación de las quemas agrícolas, reiteramos lo indicado en las respuestas anteriores, en cuanto a que, los servidores públicos somos simples depositarios de autoridad, obligados a cumplir la ley, no podemos arrogarnos facultades no concebidas expresamente, por tanto, considerando que el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas N° 35368-MAG-S-MINAE se encuentra vigente, es obligación de la AEA de Turrialba, atender como corresponde y según el ordenamiento jurídico, las solicitudes de quemas agrícolas controladas que los interesados hagan llegar (…)”. Finalmente, el 11 de noviembre de 2025, se le comunicó el oficio nro. 0065-2025 de 10 de octubre de 2025, a través del cual se consignó: “• Las Agencias de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tienen funciones eminentemente ejecutoras y técnicas, conforme a la normativa vigente. No poseen atribuciones para crear, modificar o derogar leyes, decretos o reglamentos de la República, facultad que corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo según lo establecido en la Constitución Política. • En ocasiones anteriores se le ha indicado esta misma información y se le ha aclarado el procedimiento correcto para canalizar sus inquietudes. Sin embargo, hemos notado que persiste en presentar solicitudes que no cuentan con el respaldo normativo necesario. Reiteramos que nuestra actuación se limita al marco legal vigente. • Tras la verificación de los trámites realizados ante esta oficina, y verificando la supervisión activa que esta oficina realiza sobre los procesos de quemas agrícolas controladas, no se han detectado incumplimientos a la normativa aplicable en los permisos otorgados. • En caso de que usted considere que la normativa vigente debe ser modificada o eliminada. corresponde elevar su gestión ante las instancias superiores competentes. • Esta oficina continuará vigilante del cumplimiento adecuado de los permisos otorgados. En caso de que se evidencie un incumplimiento, el procedimiento legal establecido es presentar la denuncia ante la Fiscalía Agraria, autoridad competente para investigar y sancionar estas conductas.”.

Así las cosas, las autoridades del MAG atendieron lo planteado por el tutelado y le brindaron las respectivas respuestas, todo antes de la notificación del curso de este proceso de amparo (lo cual acaeció el 13 de noviembre del año en curso). En ese tanto, no se advierte omisión alguna de la autoridad accionada.

Ahora, cabe resaltar que lo planteado por el tutelado es una petitoria general y abstracta para “erradicar la práctica de quemas de caña de azúcar”; sin embargo, no expuso alguna situación irregular concreta ni un quebranto particular a la normativa ordinaria que regula la materia, de ahí que, justamente, la autoridad accionada le indicó lo siguiente: “verificando la supervisión activa que esta oficina realiza sobre los procesos de quemas agrícolas controladas, no se han detectado incumplimientos a la normativa aplicable en los permisos otorgados.”.

En virtud de lo expuesto, en los términos planteados por el recurrente, a priori se descarta alguna acción o omisión de las autoridades recurridas que de manera evidente y manifiesta haya lesionado sus derechos fundamentales. Ergo, se declara sin lugar el recurso.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que es una persona adulta mayor de 71 años, oxígeno dependiente y vecino de El Recreo de Turrialba. Señala que el 1° de abril de 2025 planteó una denuncia ante la oficina del MAG de Turrialba, por las quemas de caña de azúcar que se producen en las “Fincas La Isabel, Azúl, La Zoila” y en general en Turrialba. Indica que también hace años planteó denuncias por esa situación ante el Área Rectora de Salud de Turrialba y el MINAE. Alega que a la fecha de interposición del presente recurso no se ha dado solución al problema expuesto, en detrimento de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

 

 Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado pone nota.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 7P3VNCJRK47W61

EXPEDIENTE N° 25-027529-0007-CO

 

Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:58:07.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the nineteenth of December, two thousand twenty-five .

Amparo remedy (recurso de amparo) processed in case file no. 25-027529-0007-CO, filed by Nombre88599, identity card CED22742, against the MINISTRY OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK (MAG), THE MINISTRY OF HEALTH AND THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE).

Whereas:

1.- By a writing received at the Secretariat of the Chamber on September 10, 2025, the petitioner files an amparo remedy (recurso de amparo). He states that he is a 71-year-old older adult, oxygen-dependent, and a resident of Dirección5640, adjacent to Dirección5641. He indicates that on April 1, 2025, he filed a complaint before the Office of the Ministry of Agriculture and Livestock in Turrialba regarding the sugarcane burning that occurs at the Fincas La Isabel, Azúl, La Zoia, in the La Isabel district of Turrialba, which affect his health, as black particles carried by the wind reach his home. He indicates that years ago he filed complaints about this situation before the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Turrialba and the Ministry of Environment and Energy. He alleges that as of the date of filing this remedy, no solution has been given to the stated problem, which affects his health.

2.- By resolution at 3:29 p.m. on October 10, 2025, the Presidency of the Chamber warned the petitioner to indicate: “• If he has recently filed, formally and in writing, the corresponding steps to denounce the situation described in the filing brief of this remedy before the Ministry of Health and the Ministry of Environment and Energy; • If his answer is affirmative, he must provide a complete, legible copy with the respective receipt confirmation or email transmission record of the complaints he filed; • If he has received any resolution, he must clearly indicate what the outcome was and provide the documentation generated in connection with such proceedings; • If said complaints are pending resolution as of the date of filing this remedy, he must also expressly state this to this Chamber; • Likewise, if he has not filed his complaints in writing and formally, he must so clarify.”.

3.- Through writings incorporated into the case file on October 16, 23, 4 and 6, 2025, the petitioner provides documentation.

4.- Through a writing incorporated into the case file on November 11, 2025, Franz Tattenbach Capra, Minister of Environment and Energy, reports: “FIRST: In compliance with the Chamber's order, a report was requested from the Directorate of the Central Conservation Area (Área de conservación central) as the competent entity, which reported the following: Through official letter SINAC-ACC-DR-DRFVS-OST-INF-0333-2025, dated November 10, 2025, the Turrialba Subregional Office of the Central Conservation Area (SINAC) informs the ACC Directorate of the following, for the pertinent purposes before the Constitutional Chamber: 1. It is indicated that Mr. Nombre88599 has previously filed other amparo remedies (recursos de amparo) on the subject (sugarcane field burning), for which exhaustive reports had already been delivered by the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), the Ministry of Health and the Ministry of Environment and Energy (MINAE). 2. Reference is made to a prior amparo remedy (recurso de amparo) (with case file 25-002729-0007-C0), to which this Subregional Office responded in February 2025 through official letter SINAC-ACC-OST-0200-2025. 3. As a result of the institutional responses to the last remedy, report SINAC-ACC-OST-0200-2025 was submitted to the Constitutional Chamber on these same facts. The Constitutional Chamber, through resolution No. 2025007812 of March 14, 2025, declared said amparo remedy (recurso de amparo) without merit. THIRD: Starting from Dirección5642, within the framework of the Local Agricultural Sector Committee of Turrialba-Jiménez (COSEL T-J), concrete actions have been implemented to address the issue of agricultural burning, among which the following stand out: • Dissemination of Decree No. 35368-MAG-S-MINAET, "Regulation for Controlled Agricultural Burning". • Creation of an Interinstitutional Commission on Agricultural Burning, composed of representatives from MAG, the Atlantic Sugarcane Growers' League (LAICA), SINAC-MINAE, the Ministry of Health and the Municipality of Turrialba. It is clarified that the cited Decree grants the legal and governing powers on the matter to the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), this being the institution responsible for: 1. Granting permits for controlled agricultural burning. 2. Supervising and monitoring compliance with the required conditions. SECOND: SINAC, as a member of the commission, acts in support of MAG and its specific functions are to ensure: 1. No burning in water protection areas. 2. The existence of firebreaks near these areas. 3. The protection and relocation of wildlife. 4. Adherence to the stipulated schedules for burning. In the event of receiving a complaint about a burn without a permit, the Subregional Office commits to conducting an on-site inspection, formally addressing the complaint, and if warranted, forwarding the statement of facts to the Public Prosecutor's Office. THIRD: It is reported that, since March 2025, no communication, complaint, or document has been received from Mr. Nombre88599 regarding sugarcane field burning. FOURTH: In consideration of the stated facts and the attached documentation, it is reliably demonstrated that the Central Conservation Area subregional office based in Turrialba has acted at all times within the strict framework of its legal and technical competencies, there being no omission whatsoever on the part of this institution.”.

5.- Through a writing incorporated into the case file on November 18, 2025, Pablo Chacón Hernández, head of the Agricultural Extension Agency (Agencia de Extensión Agropecuaria) of Turrialba of MAG, reports: “By virtue of what was requested, I hereby provide a detailed account of the actions carried out by the Agricultural Extension Agency (AEA) of Turrialba, in response to the amparo remedy (recurso de amparo) processed under case file No. 25-027529-0007-CO, filed by Mr. Nombre88599, and in strict observance of the applicable legal framework, especially Decree No. 35368-MAG-S-MINAET, which regulates controlled agricultural burning and its impact on public health and the environment. • Receipt of requests and administrative management o April 1, 2025, Mr. Nombre88599 filed a request before this AEA, demanding the total suppression of controlled agricultural burning and the immediate repeal of Decree No. 35368-MAG-S-MINAET. o April 9, 2025, official letter CARTA-MAG-DNEA-RDCOR-AEA-Turrialba-0022-2025 was issued, addressed to Mr. Guillermo Flores Marchena, regional director, in compliance with the principle of due attention to the applicant's fundamental rights. On that same day, a copy was personally delivered to Mr. Nombre88599, constituting evidence of the management carried out. o Said official letter explains in detail the scope of the AEA's competencies regarding controlled agricultural burning according to Decree No. 35368, and substantiates the legality of the permits issued to users who meet the established requirements. o Subsequently, Mr. Nombre88599 sent a reply addressed to the regional director, reiterating the original request of April 1st. o April 24, 2025, a response was given through CARTA-MAG-DNEA-RDCO-074-2025, notified on April 25, reaffirming the validity of the applied provisions, as well as the conformity of the granted permits with current regulations. o April 28, 2025, the petitioner submitted a new note, requesting that, in the event of a negative response, the matter be elevated to a higher authority, for the purpose of eliminating the decree regulating controlled burning. o CARTA-MAG-DNEA-RDCO-082-2025 was issued, reiterating the legal grounds previously set forth. It is clarified that neither the AEA nor the regional directorate are empowered to modify, repeal, or elevate opinions regarding regulatory provisions, in accordance with the principles of legality and normative hierarchy established in our legislation. o November 3, 2025, we received a personal communication from Mr. Nombre88599, reiterating his demand for the suspension of controlled agricultural burning. o November 11, 2025, a response was given through CARTA-MAG-DNEA-RDCOR-AEA-Turrialba-0065-2025, which fully reiterates what was communicated in previous official letters, emphasizing full compliance with the current legal framework. • Receipt of the amparo remedy (recurso de amparo) o November 13, 2025, the AEA of Turrialba received judicial notification of the amparo remedy (recurso de amparo) filed, which gives rise to this report, in compliance with the corresponding administrative obligations. In reference to the requests filed by the complainant, I state that, in the execution of our institutional responsibilities, and with the purpose of preventing adverse effects on public health and the environment, the AEA of Turrialba has carried out the following actions in this year 2025, all under the protection of Decree No. 35368-MAG-S-MINAET: • Holding two specialized training sessions for sugarcane producers, coordinated with LAICA and FEDECAÑA, aimed at the safe execution of controlled burning. • Issuance of informative communications to each producer registered or who updated their sugarcane cultivation in MAG's PYMPA system, regarding their legal obligation to comply with Decree No. 35368. • Receipt and processing of burning permits, accompanied by on-site inspection visits to verify compliance with the conditions required by the regulations. • Technical and inter-institutional evaluation of all permit applications through the Regional Committee for Controlled Agricultural Burning, with representatives from MAG, LAICA, MINAE and the Ministry of Health. Only those cases that fully meet the legal requirements are approved. • Direct contact with applicant farmers to explain the importance of adhering to the regulations and the legal, health, and environmental risks arising from non-compliance. In accordance with the foregoing, the AEA of Turrialba has diligently addressed each of Mr. Nombre88599's requests, remaining at all times within the scope of its legal competencies and in strict respect for Decree No. 35368-MAG-S-MINAET. The administrative, technical, preventive, and operational actions developed seek to guarantee public health and environmental protection, in compliance with the principles of legality, transparency, and due diligence.”.

6.- By certification of November 24, 2025, Mariane Castro Villalobos and Mauricio Cascante Hernández, in their order, secretary and judicial technician, both of the Chamber, record: “reviewed, at eleven hours thirty-four minutes on November twenty-fourth, two thousand twenty-five, in the COSTA RICAN JUDICIAL OFFICE MANAGEMENT SYSTEM the RECEIVED DOCUMENTS CONTROL AND THIS CASE FILE, it did not appear that from November 13 to 18, two thousand twenty-five, the director of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Turrialba had filed any writing or document, in order to render the report requested in the resolution issued at nine hours twelve minutes on November fifth, two thousand twenty-five, in case file number 25-027529-0007-CO which is an AMPARO REMEDY (RECURSO DE AMPARO) promoted by Nombre88599.”.

7.- In the proceedings followed, legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Rueda Leal; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY ISSUE. In view of the fact that the director of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Turrialba of the Ministry of Health omitted to render the report within the deadline set by this Tribunal in the resolution admitting the sub lite, the remedy is hereby resolved in accordance with Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction and taking into consideration the evidentiary elements contained in the record.

I.- ON THE EXCEPTION OF ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on judgment number 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred – with some exceptions – to the contentious-administrative jurisdiction those matters in which it is discussed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the applicable administrative remedies. Precisely, in the sub lite, a case of exception is raised, as it involves complaints filed by an older adult, regarding situations that allegedly affect his health, which are accused of not having been resolved within a reasonable timeframe. Having clarified this point, the specific situation claimed in this amparo (amparo) is addressed.

II.- PURPOSE OF THE REMEDY. The petitioner states that he is a 71-year-old older adult, oxygen-dependent, and a resident of El Recreo de Turrialba. He indicates that on April 1, 2025, he filed a complaint before the MAG office in Turrialba, regarding the sugarcane burning that occurs at the “Dirección5643” and generally in Turrialba. He indicates that he also filed complaints about this situation years ago before the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Turrialba and MINAE. He alleges that as of the date of filing this remedy, no solution has been given to the stated problem, which affects his health.

III.- PROVEN FACTS. Deemed of importance for the decision of this matter, the following facts are considered duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided for in the initial order:

a) On April 1, 2025, the petitioner filed a complaint before the Agricultural Extension Agency (Agencia de Extensión Agropecuaria) of Turrialba of MAG, regarding sugarcane burning. He requested to “eradicate the practice of sugarcane burning” carried out in Turrialba. (Report of the respondent authority and documentary evidence).

b) On April 9, 2025, the complaint of the protected party was forwarded to the Dirección5644. (Report of the respondent authority and documentary evidence).

c) Through official letter CARTA-MAG-DNEA-RDCO-074-2025 of April 24, 2025, notified to the petitioner on the 25th of that same month, the director of the Central Eastern Development Region (Región de Desarrollo Central Oriental) of MAG indicated: “it is not the competence of the officials of the Extension Agency to act so that an agricultural practice that is legally accepted and regulated in our legislation is eliminated or not, but quite the opposite, the regulations must be enforced, as the AEA of Turrialba has been doing (…)”. (Report of the respondent authority and documentary evidence).

d) In response to a reply formulated by the petitioner, through official letter no. CARTA-MAG-DNEA-RDCO-082-2025 of May 12, 2025 (notified to the protected party on the 13th of that same month), the director of the Central Eastern Development Region (Región de Desarrollo Central Oriental) of MAG detailed: “With respect to what is requested by you, regarding the elimination of agricultural burning, we reiterate what was indicated in the previous responses, in that, public servants are mere depositaries of authority, obliged to comply with the law, we cannot arrogate powers not expressly granted, therefore, considering that the Regulation for Controlled Agricultural Burning No. 35368-MAG-S-MINAE is in force, it is the obligation of the AEA of Turrialba, to attend as appropriate and according to the legal system, the requests for controlled agricultural burning that interested parties submit (…)”. (Documentary evidence).

e) On November 11, 2025, the Agricultural Extension Agency (Agencia de Extensión Agropecuaria) of Turrialba of MAG notified the protected party of official letter no. 0065-2025 of October 10, 2025, through which it was indicated: “• The Agricultural Extension Agencies of the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) have eminently executive and technical functions, in accordance with current regulations. They do not possess attributions to create, modify, or repeal laws, decrees, or regulations of the Republic, a power that corresponds exclusively to the Legislative Assembly and the Executive Branch as established in the Political Constitution. • On previous occasions, this same information has been indicated to you and the correct procedure to channel your concerns has been clarified. However, we have noticed that you persist in filing requests that do not have the necessary regulatory support. We reiterate that our actions are limited to the current legal framework. • After verifying the procedures carried out before this office, and verifying the active supervision that this office performs over the processes of controlled agricultural burning, no breaches of the applicable regulations in the permits granted have been detected. • In the event that you consider that the current regulations should be modified or eliminated, you must elevate your request before the competent higher authorities. • This office will continue to monitor the adequate compliance of the granted permits. In the event that a breach is evidenced, the established legal procedure is to file the complaint before the Agrarian Prosecutor's Office, the competent authority to investigate and sanction these conducts.”. (Documentary evidence).

f) The authorities of MAG were notified of the resolution admitting this process on November 13, 2025. (Notification records added to the case file).

g) MINAE has not received complaints from the protected party regarding controlled burning. (Report of the respondent authority).

IV.- UNPROVEN FACTS. Deemed of importance for the resolution of this matter, it is considered not demonstrated that the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Turrialba has any pending complaint filed by the protected party related to sugarcane burning.

V.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the petitioner states that he is a 71-year-old older adult, oxygen-dependent, and a resident of El Recreo de Turrialba. He indicates that on April 1, 2025, he filed a complaint before the MAG office in Turrialba, regarding the sugarcane burning that occurs at the “Dirección5643”, in the Dirección5645. He indicates that he also filed complaints about this situation years ago before the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Turrialba and MINAE. He alleges that as of the date of filing this remedy, no solution has been given to the stated problem, which affects his health.

From the study of the record, it is proven that on April 1, 2025, the petitioner filed a complaint before the Agricultural Extension Agency (Agencia de Extensión Agropecuaria) of Turrialba of MAG, regarding sugarcane burning. He requested to “eradicate the practice of sugarcane burning” carried out in Turrialba. On April 9, 2025, the complaint of the protected party was forwarded to the Central Eastern Regional Development Directorate (Dirección Regional de Desarrollo Central Oriental) of MAG. Through official letter CARTA-MAG-DNEA-RDCO-074-2025 of April 24, 2025, notified to the petitioner on the 25th of that same month, the director of the Central Eastern Development Region (Región de Desarrollo Central Oriental) of MAG indicated: “it is not the competence of the officials of the Extension Agency to act so that an agricultural practice that is legally accepted and regulated in our legislation is eliminated or not, but quite the opposite, the regulations must be enforced, as the AEA of Turrialba has been doing (…)”. In response to a reply formulated by the petitioner, through official letter no. CARTA-MAG-DNEA-RDCO-082-2025 of May 12, 2025 (notified to the protected party on the 13th of that same month), the director of the Central Eastern Development Region (Región de Desarrollo Central Oriental) of MAG detailed: “With respect to what is requested by you, regarding the elimination of agricultural burning, we reiterate what was indicated in the previous responses, in that, public servants are mere depositaries of authority, obliged to comply with the law, we cannot arrogate powers not expressly granted, therefore, considering that the Regulation for Controlled Agricultural Burning No. 35368-MAG-S-MINAE is in force, it is the obligation of the AEA of Turrialba, to attend as appropriate and according to the legal system, the requests for controlled agricultural burning that interested parties submit (…)”. On November 11, 2025, the Agricultural Extension Agency (Agencia de Extensión Agropecuaria) of Turrialba of MAG notified the protected party of official letter no. 0065-2025 of October 10, 2025, through which it was recorded: “• The Agricultural Extension Agencies of the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) have eminently executive and technical functions, in accordance with current regulations. They do not possess attributions to create, modify, or repeal laws, decrees, or regulations of the Republic, a power that corresponds exclusively to the Legislative Assembly and the Executive Branch as established in the Political Constitution. • On previous occasions, this same information has been indicated to you and the correct procedure to channel your concerns has been clarified. However, we have noticed that you persist in filing requests that do not have the necessary regulatory support. We reiterate that our actions are limited to the current legal framework. • After verifying the procedures carried out before this office, and verifying the active supervision that this office performs over the processes of controlled agricultural burning, no breaches of the applicable regulations in the permits granted have been detected. • In the event that you consider that the current regulations should be modified or eliminated, you must elevate your request before the competent higher authorities. • This office will continue to monitor the adequate compliance of the granted permits. In the event that a breach is evidenced, the established legal procedure is to file the complaint before the Agrarian Prosecutor's Office, the competent authority to investigate and sanction these conducts.”. The authorities of MAG were notified of the resolution admitting this process on November 13, 2025. MINAE has not received complaints from the protected party regarding controlled burning. For its part, it is not proven that the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Turrialba has any pending complaint filed by the protected party related to sugarcane burning.

In the first place, regarding MINAE, prima facie, any omission that could be declared in this summary proceeding is ruled out, since the respondent minister reports that no complaints have been received from the protected party concerning the facts that are the subject of the sub iudice. Nor does the protected party provide any specific step expressly filed before that office, which was pending at the time of filing the remedy.

On the other hand, in relation to the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Turrialba, no action or complaint by the protected party that has not been resolved by said authority is verified. In this regard, in his filing brief, the petitioner only provides an official letter from that health authority from 2008 (17 years ago), regarding a response given to him concerning a query he submitted in October of that same year, related to sugarcane field burning. However, no formal complaint or recent action filed before that office was provided, despite the Presidency of the Chamber having warned him to do so in the resolution at 3:29 p.m. on October 10, 2025.

Now, regarding MAG, the petitioner specifically provides a request filed on April 1st of the current year, through which he requested to “eradicate the practice of sugarcane burning” carried out in Turrialba. In this regard, it is accredited that the respondent authority provided him a response through official letter no. CARTA-MAG-DNEA-RDCO-074-2025 of April 24, 2025, in which it was indicated: “it is not the competence of the officials of the Extension Agency to act so that an agricultural practice that is legally accepted and regulated in our legislation is eliminated or not, but quite the opposite, the regulations must be enforced, as the AEA of Turrialba has been doing (…)”. Subsequently, the protected party was notified of official letter no. CARTA-MAG-DNEA-RDCO-082-2025 of May 12, 2025, in which it was detailed: “With respect to what is requested by you, regarding the elimination of agricultural burning, we reiterate what was indicated in the previous responses, in that, public servants are mere depositaries of authority, obliged to comply with the law, we cannot arrogate powers not expressly granted, therefore, considering that the Regulation for Controlled Agricultural Burning No. 35368-MAG-S-MINAE is in force, it is the obligation of the AEA of Turrialba, to attend as appropriate and according to the legal system, the requests for controlled agricultural burning that interested parties submit (…)”. Finally, on November 11, 2025, official letter no. 0065-2025 of October 10, 2025, was communicated to him, through which it was recorded: “• The Agricultural Extension Agencies of the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) have eminently executive and technical functions, in accordance with current regulations. They do not possess attributions to create, modify, or repeal laws, decrees, or regulations of the Republic, a power that corresponds exclusively to the Legislative Assembly and the Executive Branch as established in the Political Constitution. • On previous occasions, this same information has been indicated to you and the correct procedure to channel your concerns has been clarified. However, we have noticed that you persist in filing requests that do not have the necessary regulatory support. We reiterate that our actions are limited to the current legal framework. • After verifying the procedures carried out before this office, and verifying the active supervision that this office performs over the processes of controlled agricultural burning, no breaches of the applicable regulations in the permits granted have been detected. • In the event that you consider that the current regulations should be modified or eliminated, you must elevate your request before the competent higher authorities. • This office will continue to monitor the adequate compliance of the granted permits. In the event that a breach is evidenced, the established legal procedure is to file the complaint before the Agrarian Prosecutor's Office, the competent authority to investigate and sanction these conducts.”.

Thus, the MAG authorities addressed what was raised by the protected party and provided him with the respective responses, all before the notification of the admission of this amparo process (amparo) (which occurred on November 13th of the current year). In that regard, no omission by the respondent authority is observed.

Now, it should be highlighted that what was raised by the protected party is a general and abstract petition to “eradicate the practice of sugarcane burning”; however, he did not expose any specific irregular situation or a particular breach of the ordinary regulations governing the matter, hence, precisely, the respondent authority indicated the following: “verifying the active supervision that this office performs over the processes of controlled agricultural burning, no breaches of the applicable regulations in the permits granted have been detected.”.

By virtue of the foregoing, in the terms raised by the petitioner, a priori, any action or omission by the respondent authorities that evidently and manifestly has injured his fundamental rights is ruled out. Ergo, the remedy is declared without merit.

VI.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned, that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free of contamination (Article 50, of the Political Constitution), as is the case here, in which the petitioner accuses that he is a 71-year-old older adult, oxygen-dependent, and a resident of El Recreo de Turrialba. He indicates that on April 1, 2025, he filed a complaint before the MAG office in Turrialba, regarding the sugarcane burning that occurs at the “Fincas La Isabel, Azúl, La Zoila” and generally in Turrialba. He indicates that he also filed complaints about this situation years ago before the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Turrialba and MINAE. He alleges that as of the date of filing this remedy, no solution has been given to the stated problem, to the detriment of a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE.

The parties are warned that, if any paper document or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies has been submitted, these must be withdrawn within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. Notice is given that all material not collected within that period will be destroyed, based on the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (approved by the Corte Plena in article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, and published in Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012) and on article LXXXI of the session of the Consejo Superior del Poder Judicial no. 43-12 of May 3, 2012.

Por tanto:

The appeal is declared without merit. Magistrate Salazar Alvarado files a note.

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 25-027529-0007-CO

Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:58:07.

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