Res. 41926-2025 Sala Constitucional — Constitutional Court denies amparo for road erosion in Playa Hermosa, GarabitoSala Constitucional rechaza amparo por socavación de vía en Playa Hermosa de Garabito

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Sala Constitucional

Resolución Nº 41926 - 2025

Fecha de la Resolución: 19 de Diciembre del 2025 a las 09:30

Expediente: 25-025749-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 25-025749-0007-CO

Res. Nº 2025041926

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 25-025749-0007-CO interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] Y [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], contra la MUNICIPALIDAD DE GARABITO, EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 19:02 hrs. del 26 de agosto de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, “1. Que la calle pública 611017, Puntarenas, Garabito, playa hermosa es una vía pública declarada e inventariada por la Municipalidad de Garabito. 2. Que la vía publica 611017 descrita en el primer hecho, es una calle costera que constituye la única vía de acceso para cientos de familias, residentes y turistas que visitan al Refugi Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa – Punta Mala, así como a zonas habitadas y sitios de interés turístico. 3. Que, dentro de la vía descrita, se encuentran lugares reconocidos tales como Hotel Tramonto, Hermosa Palms, Club Místico, y Refugio de Vida Silvestre Punta-Mala. 4. Actualmente, esta vía presenta un avanzado proceso de socavamiento y erosión en su margen, lo que la coloca al borde del colapso. Esta situación representa un riesgo real e inminente para la vida humana, ya que un eventual desplome podría ocasionar accidentes fatales y dejar completamente aisladas a las comunidades que dependen de esta conexión vial. Cabe señalar que la carretera, que originalmente contaba con dos carriles, hoy mantiene uno cerrado, reduciendo significativamente su capacidad operativa. Cada día que pasa, la erosión avanza, incrementando el peligro y atentando contra el derecho fundamental a la vida de niños, adultos mayores, personas con discapacidad, así como turistas nacionales e internacionales que transitan por la zona(...)5. Desde hace meses, la comunidad y los suscritos hemos acudido a: Reuniones con el Concejo Municipal, presentación de propuestas y solicitudes de intervención, y notificación al Comité Municipal de Emergencias y a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). A pesar de ello, la Municipalidad de Garabito NO ha remitido el informe técnico requerido por la CNE desde hace más de dos meses, lo que bloquea cualquier intervención formal de emergencia y deja a la población en indefensión. (Se adjunta como prueba documental el informe que así lo acredita) 6. El 10 de julio de 2025, la Municipalidad de Garabito presentó ante la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) una solicitud para la declaratoria de emergencia, en la que se expuso la problemática que afecta la vía. Sin embargo, hasta la fecha, la CNE no ha realizado las gestiones correspondientes a su competencia para formalizar dicha declaratoria, pese a que la municipalidad tampoco ha remitido el informe técnico mencionado anteriormente, lo que agrava la situación de riesgo. 7. Asimismo, desde la fecha en que se reportó formalmente la situación de emergencia vial, hasta el presente, la calle en cuestión ha sufrido un deterioro progresivo y significativo. Esta condición se ha visto agravada por la omisión de acciones inmediatas y efectivas por parte de la Municipalidad de Garabito, la cual, pese a haber sido debidamente notificada, no ha realizado las obras mínimas necesarias para mitigar los daños y garantizar la transitabilidad y seguridad de los vecinos. 8. En la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Garabito por unanimidad los regidores declaran emergencia cantonal la vía pública 611017 justificando que representa un riesgo de las personas que la transitan, no obstante, no hay obras ni acciones hoy en día que protejan la vía y los derechos humanos de las personas que la transitan. 9. Que, al igual que los eventuales riesgos a la vida humana que puede provocar la erosión causada en la vía, deben considerarse también los riesgos ambientales derivados de la eventual destrucción de la ruta al caer los escombros sobre una extensión aproximada de siete kilómetros (7 km) de playa comprendido por los cincuenta metros (50 m) de Zona Pública de la zona marítimo terrestre, los cuales corresponden al Área Protegida. Ello, porque una atención inadecuada a la problemática podría ocasionar daños irreparables en un área destinada al anidamiento de la Tortuga lora tal y como se ha declarado en resoluciones constitucionales anteriores(...) 10. Que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) no ha realizado las gestiones preventivas pertinentes para evitar el posible daño al Refugio de Vida Silvestre Punta-Mala, que pueden ser provocadas por el derrumbe de la calle. 11. En años anteriores se construyó una alcantarilla de manera ilegal, sin contar con los permisos ni viabilidad ambiental correspondientes, la cual desvía y drena las aguas del humedal, atravesando subterráneamente la calle pública. Estas obras se hicieron con la finalidad de drenar el agua del humedal, alterando gravemente su equilibrio ecológico y generando un proceso de socavamiento y erosión en el margen del camino 611017, lo que la coloca al borde del colapso. Esta intervención constituye una presunta infracción a los artículos 50 y 89 de la Ley Orgánica del Ambiente y a lo dispuesto por la Ley Forestal N.° 7575, que prohíben la alteración o afectación de humedales sin autorización expresa de la autoridad competente. 12. Que en el informe policial enviado en oficio RNVPH-048 del 20 de agosto del 2002 se señalaron las siguiente problemáticas relacionadas con la existencia de la tubería: “Que, con instrucciones del licenciado CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ ECHANDI Ministro del Ministerio del Ambiente y Energía, el día 14 agosto de 2002 se realizó una inspección al humedal ubicado justo a la entrada del Refugio Nacional de Vida Silvestre de playa Hermosa Punta Mala, esto en atención a una denuncia por daños ambientales que causó el proyecto Hermosa Paradise Beach en ese sector. Que, al llegar al sitio se pudo constatar que los daños ambientales y ecológicos causados en el sitio, afectan en forma cuantiosa el humedal que forma la laguna de Pochotal, debido a que el humedal fue drenado mediante un canal de aproximadamente 1.80metros de ancho, por 1 metro de profundidad, con una longitud de 1.700 metros lineales, iniciando a 300 metros de la entrada del Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa- Punta Mala y desembocando frente a los corrales de la finca del señor Martín Retana, propiamente en la quebrada Santa Elena, violando de esa manera lo estipulado en la Ley de Conservación de Vida Silvestre y la ley de la Biodiversidad, Ley de Aguas, Ley forestal, Ley Orgánica del Ambiente y sus reglamentos. Que, a 300 metros de la entrada del Refugio de Vida Silvestre Playa Hermosa Punta Mala se construyó un desagüe con alcantarillas de 25 pulgadas de diámetro, esto dentro de la zona restringida, atravesando en forma subterránea la calle pública y dentro de los límites del Refugio, los trabajos fueron efectuados con la finalidad de drenar el agua del humedal, el alcantarillado tiene una longitud de aproximadamente 28 metros.”(...) 13. Que en oficio PNH-106-2002 del 03 de septiembre del 2002 se señala el posible daño ambiental provocado por la canalización de aguas que pasan por la tubería denunciada en el presente recurso de amparo: “Daño ambiental Actualmente en dicha área se han efectuado varios trabajos de canalización que contribuyen con el drenaje y desecamiento del humedal Laguna Pochotal; de igual manera, una de las quebradas que cruzan por el humedal ha sido desviada conectada a uno de los canales. La quebrada fue profundizada en su cauce, taponeada y al haber diferencia de niveles da la impresión que la quebrada pasa por donde actualmente fue desviada. (Adjunto denuncia presentada por Administrador del Refugio ante la Fiscalía). Asimismo, las aguas del humedal se recogen en canales que han sido dirigidos a la playa a través de alcantarillas que cruzan la calle, invadiendo la zona pública que es parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa-Punta Mala. En la zona del humedal se aprecian una serie de canales que bordean y cruzan el área anegada del humedal y se notan una serie de parcelas contiguo a la calle que conduce a través del Refugio. De efectuarse el proyecto de construcción se estará afectando el programa de conservación de tortuga lora que lleva a cabo el АСОРАС, en conjunto con el Servicio Nacional de Guardacostas y vecinos y voluntarios de la zona de Garabito y Parrita desde hace más de cinco años. Quienes más perjudicadas se verán son las tortugas marinas, pues sus áreas de anidamiento serán alteradas y su ubicación al arribar a la playa se verá distorsionada por efecto de las luces que se vayan a instalar en este complejo turístico, por la contaminación sónica y por basura y aguas negras que contaminan la zona marina-costera, ocurriendo algo similar a lo que pasó en playa Tamarindo con su desarrollo turístico con respecto al desove de las tortugas marinas. Existe un mandato que da la Convención Interamericana para la Protección y 3 43 Conservación de Tortugas Marinas, de la cual Costa Rica es Parte, específico para este tipo de desarrollo en playas de anidamiento(...)14. El alcalde del Cantón de Garabito ha manifestado verbalmente su negativa a realizar las obras necesarias para la reparación de la vía pública, lo que configura una omisión grave e injustificada que contraviene las obligaciones legales y constitucionales del gobierno local. Tal conducta vulnera directamente los derechos fundamentales consagrados en los artículos 21 y 22 de la Constitución Política (derecho a la vida y libertad de tránsito), exponiendo a los habitantes a un riesgo inminente. Además del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado (artículo 50, Constitución Política) El eventual colapso de la vía significaría el aislamiento total de las comunidades, afectando a niños en edad escolar, personas adultas mayores, personas con discapacidad y demás usuarios que dependen de esta ruta para sus actividades esenciales. Asimismo, esta omisión incumple el artículo 4 del Código Municipal, que establece la obligación de los gobiernos locales de garantizar la seguridad, el bienestar y la accesibilidad de las vías públicas en su jurisdicción(...)15. El colapso de la calle o un eventual cierre también limitaría el acceso y disfrute de la zona pública de Playa Hermosa(...)1. El Humedal Pochotal se encuentra reconocida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) como un humedal de alta relevancia ecológica, constituyendo un ecosistema esencial para la recarga hídrica y como hábitat de especies silvestres protegidas, en concordancia con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ambiente N.° 7554, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N.° 7317 y el Reglamento sobre Uso, Manejo y Conservación de Humedales (Decreto Ejecutivo N.° 35803-MINAET). 2. No obstante, y como se señaló en el hecho undécimo del presente recurso de amparo, en años anteriores se construyó una alcantarilla de manera ilegal, sin contar con los permisos ni viabilidad ambiental correspondientes, que desvía y drena las aguas del humedal hacia la vía pública, alterando gravemente su equilibrio ecológico y generando un proceso de socavamiento y erosión en el margen del camino 611017, lo que la coloca al borde del colapso. Esta intervención constituye una presunta infracción a los artículos 50 y 89 de la Ley Orgánica del Ambiente y a lo dispuesto por la Ley Forestal N.° 7575, que prohíben la alteración o afectación de humedales sin autorización expresa de la autoridad competente. 3. Dicha obra ilegal constituye la causa directa y principal del deterioro de la vía pública identificada con el código 611017, vulnerando, además, el principio de precaución ambiental establecido en la legislación costarricense. 4. Como consecuencia, el flujo irregular y no controlado de aguas ha generado socavamiento progresivo, erosión acelerada y pérdida de estabilidad en la estructura vial, lo que representa un riesgo real e inminente para la seguridad y vida de peatones y conductores, configurando una posible afectación al derecho fundamental a la vida y a la libertad de tránsito, consagrados en los artículos 21 y 22 de la Constitución Política. 5. Mediante escrito de fecha 25 de septiembre de 2024 presentado en plataforma de servicios de la Municipalidad de Garabito, la Asociación de Vecinos de Playa Hermosa presentó un documento solicitando el cierre de canales artificiales ilegales que drenan la Laguna Pochotal y medidas para proteger el ecosistema. 6. Mediante oficio AMI-1149-2024-FGM, de fecha 11 de octubre de 2024, suscrito por el Alcalde Municipal, se informó que el asunto fue trasladado al área técnica para realizar una inspección (boleta de recibo N.º 45375). No obstante, a la fecha de interposición del presente recurso, no se han adoptado medidas materiales ni correctivas, persistiendo tanto el drenaje ilegal como el deterioro progresivo de la calle pública adyacente, lo cual configura una omisión lesiva a los derechos fundamentales que aquí se reclaman, a pesar de que existen precedentes de la Sala Constitucional ordenando eliminar obras ilegales que drenan humedales (ej. Sentencia N.º 2024010951, recurso de amparo por humedales en Limón, mayo 2024). 7. Que en oficio RNVSPH-049-02 del 26 de agosto de 2002 ya se había informado de las problemáticas de la construcción de un canal artificial en la vía pública. 8. En el estudio foto interpretativo DIG-GGM-INF-048-2025 se señala la canalización de diversos cursos de agua y creación de varias lagunas relacionadas con el proyecto de desarrollo inmobiliario Místico de Playa Hermosa en Jacó. 9. La Municipalidad de Garabito conoció los informes DA- UHTPCOSJ-1898-2021 y DA-UHTPCOSJ-0413-2022 del 02 de marzo de 2022 en la sesión ordinaria N°117- 2022 del 26 de julio de 2022, donde se determina que existen cambios en la dinámica fluvial de la zona del humedal y que existen canales que drenan la dinámica natural del agua del sitio. Además en esta sesión se evaluó como consta en actas la posibilidad de la reparación del camino público. A pesar del conocimiento del informe y la evaluación de la posible reparación, este ente todavía no ha actuado” (sic.).

2.- Mediante auto de las 11:33 hrs. del 17 de septiembre de 2025 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 18 de septiembre de 2025.

3.- Por escrito presentado el 22 de septiembre de 2025, informa bajo juramento ALEJANDRO JOSE PICADO EDUARTE, en condición de Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias que: “(…) PRIMERO: Que la calle pública 611017, Puntarenas, Garabito, playa hermosa es una vía pública declarada e inventariada por la Municipalidad de Garabito. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO PRIMERO: Se rechaza este hecho. No corresponde a competencia de mi representada, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Garabito. SEGUNDO: Que la vía publica 611017 descrita en el primer hecho, es una calle costera que constituye la única vía de acceso para cientos de familias, residentes y turistas que visitan al Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa – Punta Mala, así como a zonas habitadas y sitios de interés turístico. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO SEGUNDO: Se rechaza este hecho. No corresponde a competencia de mi representada, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Garabito. TERCERO: Que, dentro de la vía descrita, se encuentran lugares reconocidos tales como Hotel Tramonto, Hermosa Palms, Club Místico, y Refugio de Vida Silvestre Punta-Mala. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO TERCERO: Se rechaza este hecho. No corresponde a competencia de mi representada, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Garabito. CUARTO: Actualmente, esta vía presenta un avanzado proceso de socavamiento y erosión en su margen, lo que la coloca al borde del colapso. Esta situación representa un riesgo real e inminente para la vida humana, ya que un eventual desplome podría ocasionar accidentes fatales y dejar completamente aisladas a las comunidades que dependen de esta conexión vial. Cabe señalar que la carretera, que originalmente contaba con dos carriles, hoy mantiene uno cerrado, reduciendo significativamente su capacidad operativa. Cada día que pasa, la erosión avanza, incrementando el peligro y atentando contra el derecho fundamental a la vida de niños, adultos mayores, personas con discapacidad, así como turistas nacionales e internacionales que transitan por la zona. (Se adjuntan como prueba documental fotografías y videos del estado actual de la vía).. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO CUARTO: Se rechaza este hecho. No corresponde a competencia de mi representada, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Garabito. QUINTO: Desde hace meses, la comunidad y los suscritos hemos acudido a: Reuniones con el Concejo Municipal, presentación de propuestas y solicitudes de intervención, y notificación al Comité Municipal de Emergencias y a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). A pesar de ello, la Municipalidad de Garabito NO ha remitido el informe técnico requerido por la CNE desde hace más de dos meses, lo que bloquea cualquier intervención formal de emergencia y deja a la población en indefensión. (Se adjunta como prueba documental el informe que así lo acredita). (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO QUINTO: Parcialmente cierto. La Municipalidad envío el oficio N° S.G.434-2025 de fecha 26 de agosto de 2025 y recibido en la CNE, el 29 de agosto de mismo año. Se contesto la nota mediante oficio N° CNE-PRE-UAL-OF-0125-2025 de fecha 09 de setiembre de 2025, comunicado mediante correo electrónico el día 18 de setiembre de 2025 a las diez horas con cincuenta y dos minutos. SEXTO: El 10 de julio de 2025, la Municipalidad de Garabito presentó ante la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) una solicitud para la declaratoria de emergencia, en la que se expuso la problemática que afecta la vía. Sin embargo, hasta la fecha, la CNE no ha realizado las gestiones correspondientes a su competencia para formalizar dicha declaratoria, pese a que la municipalidad tampoco ha remitido el informe técnico mencionado anteriormente, lo que agrava la situación de riesgo.. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO SEXTO: Parcialmente cierto. La Municipalidad envío el oficio N° S.G.434-2025 de fecha 26 de agosto de 2025 y recibido en la CNE, el 29 de agosto de mismo año. Se contesto la nota mediante oficio N° CNE-PRE-UAL-OF-0125-2025 de fecha 09 de setiembre de 2025, comunicado mediante correo electrónico el día 18 de setiembre de 2025 a las diez horas con cincuenta y dos minutos. SÉTIMO: Asimismo, desde la fecha en que se reportó formalmente la situación de emergencia vial, hasta el presente, la calle en cuestión ha sufrido un deterioro progresivo y significativo. Esta condición se ha visto agravada por la omisión de acciones inmediatas y efectivas por parte de la Municipalidad de Garabito, la cual, pese a haber sido debidamente notificada, no ha realizado las obras mínimas necesarias para mitigar los daños y garantizar la transitabilidad y seguridad de los vecinos. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO SÉTIMO: Se rechaza este hecho. No corresponde a competencia de mi representada, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Garabito. OCTAVO: En la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Garabito por unanimidad los regidores declaran emergencia cantonal la vía pública 611017 justificando que representa un riesgo de las personas que la transitan, no obstante, no hay obras ni acciones hoy en día que protejan la vía y los derechos humanos de las personas que la transitan. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO OCTAVO: Se rechaza este hecho. No corresponde a competencia de mi representada, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Garabito. NOVENO: Que, al igual que los eventuales riesgos a la vida humana que puede provocar la erosión causada en la vía, deben considerarse también los riesgos ambientales derivados de la eventual destrucción de la ruta al caer los escombros sobre una extensión aproximada de siete kilómetros (7 km) de playa comprendido por los cincuenta metros (50 m) de Zona Pública de la zona marítimo terrestre, los cuales corresponden al Área Protegida. Ello, porque una atención inadecuada a la problemática podría ocasionar daños irreparables en un área destinada al anidamiento de la Tortuga lora tal y como se ha declarado en resoluciones constitucionales anteriores: Deriva de la anterior relación de hechos que consta ante las instancias correspondientes del Ministerio del Ambiente que se produjo un daño ambiental. Este es incontestable en lo que concierne al humedal Laguna Pochotal y es tratado con mayor superficialidad en lo que respecta a la anidación de la tortuga lora. Sin embargo, aún en este último caso es posible, al menos, presuponer un riesgo de daño en la medida en que los terrenos en cuestión son aledaños al Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa-Punta Mala. Según los considerandos 2, 4 y 6 el Decreto de creación del refugio, N°27210- MINAE, una de las principales razones para declararlo como tal fue que “constituye un sitio de anidamiento y desove para la Tortuga Lora (LEPIDOCHELYS OLIVÁCEA), considerada como una especie amenazada y en vías de extinción a nivel mundial”. (Resolución Nº 08740 - 2003). (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO NOVENO: Se rechaza este hecho. No corresponde a competencia de mi representada, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Garabito, así como al Ministerio del Ambiente, Energía y Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por ser zona marítimo terrestre protegida. DÉCIMO: Que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) no ha realizado las gestiones preventivas pertinentes para evitar el posible daño al Refugio de Vida Silvestre Punta-Mala, que pueden ser provocadas por el derrumbe de la calle. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO DÉCIMO: Se rechaza este hecho. No corresponde a competencia de mi representada, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Garabito, así como al Ministerio del Ambiente, Energía y Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por ser zona marítimo terrestre protegida y parque nacional. DÉCIMO PRIMERO: En años anteriores se construyó una alcantarilla de manera ilegal, sin contar con los permisos ni viabilidad ambiental correspondientes, la cual desvía y drena las aguas del humedal, atravesando subterráneamente la calle pública. Estas obras se hicieron con la finalidad de drenar el agua del humedal, alterando gravemente su equilibrio ecológico y generando un proceso de socavamiento y erosión en el margen del camino 611017, lo que la coloca al borde del colapso. Esta intervención constituye una presunta infracción a los artículos 50 y 89 de la Ley Orgánica del Ambiente y a lo dispuesto por la Ley Forestal N.° 7575, que prohíben la alteración o afectación de humedales sin autorización expresa de la autoridad competente. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO DÉCIMO PRIMERO: Se rechaza este hecho. No corresponde a competencia de mi representada, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Garabito, así como al Ministerio del Ambiente, Energía y Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por ser zona marítimo terrestre protegida y parque nacional. DÉCIMO SEGUNDO: Que en el informe policial enviado en oficio RNVPH-048 del 20 de agosto del 2002 se señalaron las siguiente problemáticas relacionadas con la existencia de la tubería: “Que, con instrucciones del licenciado CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ ECHANDI Ministro del Ministerio del Ambiente y Energía, el día 14 agosto de 2002 se realizó una inspección al humedal ubicado justo a la entrada del Refugio Nacional de Vida Silvestre de playa Hermosa Punta Mala, esto en atención a una denuncia por daños ambientales que causó el proyecto Hermosa Paradise Beach en ese sector. Que, al llegar al sitio se pudo constatar que los daños ambientales y ecológicos causados en el sitio, afectan en forma cuantiosa el humedal que forma la laguna de Pochotal, debido a que el humedal fue drenado mediante un canal de aproximadamente 1.80metros de ancho, por 1 metro de profundidad, con una longitud de 1.700 metros lineales, iniciando a 300 metros de la entrada del Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa- Punta Mala y desembocando frente a los corrales de la finca del señor Martín Retana, propiamente en la quebrada Santa Elena, violando de esa manera lo estipulado en la Ley de Conservación de Vida Silvestre y la ley de la Biodiversidad, Ley de Aguas, Ley forestal, Ley Orgánica del Ambiente y sus reglamentos. Que, a 300 metros de la entrada del Refugio de Vida Silvestre Playa Hermosa Punta Mala se construyó un desagüe con alcantarillas de 25 pulgadas de diámetro, esto dentro de la zona restringida, atravesando en forma subterránea la calle pública y dentro de los límites del Refugio, los trabajos fueron efectuados con la finalidad de drenar el agua del humedal, el alcantarillado tiene una longitud de aproximadamente 28 metros.” (Subrayado no es original). (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO DÉCIMO SEGUNDO: Se rechaza este hecho. No corresponde a competencia de mi representada, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Garabito, así como al Ministerio del Ambiente, Energía y Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por ser zona marítimo terrestre protegida y parque nacional. DÉCIMO TERCERO: Que en oficio PNH-106-2002 del 03 de septiembre del 2002 se señala el posible daño ambiental provocado por la canalización de aguas que pasan por la tubería denunciada en el presente recurso de amparo: “Daño ambiental Actualmente en dicha área se han efectuado varios trabajos de canalización que contribuyen con el drenaje y desecamiento del humedal Laguna Pochotal; de igual manera, una de las quebradas que cruzan por el humedal ha sido desviada conectada a uno de los canales. La quebrada fue profundizada en su cauce, taponeada y al haber diferencia de niveles da la impresión que la quebrada pasa por donde actualmente fue desviada. (Adjunto denuncia presentada por Administrador del Refugio ante la Fiscalía). Asimismo, las aguas del humedal se recogen en canales que han sido dirigidos a la playa a través de alcantarillas que cruzan la calle, invadiendo la zona pública que es parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa-Punta Mala. En la zona del humedal se aprecian una serie de canales que bordean y cruzan el área anegada del humedal y se notan una serie de parcelas contiguo a la calle que conduce a través del Refugio. De efectuarse el proyecto de construcción se estará afectando el programa de conservación de tortuga lora que lleva a cabo el АСОРАС, en conjunto con el Servicio Nacional de Guardacostas y vecinos y voluntarios de la zona de Garabito y Parrita desde hace más de cinco años. Quienes más perjudicadas se verán son las tortugas marinas, pues sus áreas de anidamiento serán alteradas y su ubicación al arribar a la playa se verá distorsionada por efecto de las luces que se vayan a instalar en este complejo turístico, por la contaminación sónica y por basura y aguas negras que contaminan la zona marina-costera, ocurriendo algo similar a lo que pasó en playa Tamarindo con su desarrollo turístico con respecto al desove de las tortugas marinas. Existe un mandato que da la Convención Interamericana para la Protección y 3 43 Conservación de Tortugas Marinas, de la cual Costa Rica es Parte, específico para este tipo de desarrollo en playas de anidamiento. (Resaltado propio). (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO DÉCIMO TERCERO: Se rechaza este hecho. No corresponde a competencia de mi representada, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Garabito, así como al Ministerio del Ambiente, Energía y Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por ser zona marítimo terrestre protegida y parque nacional. DÉCIMO CUARTO: El alcalde del Cantón de Garabito ha manifestado verbalmente su negativa a realizar las obras necesarias para la reparación de la vía pública, lo que configura una omisión grave e injustificada que contraviene las obligaciones legales y constitucionales del gobierno local. Tal conducta vulnera directamente los derechos fundamentales consagrados en los artículos 21 y 22 de la Constitución Política (derecho a la vida y libertad de tránsito), exponiendo a los habitantes a un riesgo inminente. Además del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado (artículo 50, Constitución Política) El eventual colapso de la vía significaría el aislamiento total de las comunidades, afectando a niños en edad escolar, personas adultas mayores, personas con discapacidad y demás usuarios que dependen de esta ruta para sus actividades esenciales. Asimismo, esta omisión incumple el artículo 4 del Código Municipal, que establece la obligación de los gobiernos locales de garantizar la seguridad, el bienestar y la accesibilidad de las vías públicas en su jurisdicción. (Ver como prueba video oficial de negativa emitido por el alcalde y publicado en la página de facebook de la Municipalidad de garabito https://www.facebook.com/share/v/1Fcn2rkR19 ). (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO DÉCIMO CUARTO: Se rechaza este hecho. No corresponde a competencia de mi representada, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Garabito, así como al Ministerio del Ambiente, Energía y Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por ser zona marítimo terrestre protegida y parque nacional. DÉCIMO QUINTO: El colapso de la calle o un eventual cierre también limitaría el acceso y disfrute de la zona pública de Playa Hermosa. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO DÉCIMO QUINTO: Se rechaza este hecho. No corresponde a competencia de mi representada, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Garabito, así como al Ministerio del Ambiente, Energía y Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por ser zona marítimo terrestre protegida y parque nacional. (…) Mediante oficio N° CNE-PRE-UAL-OF-0125-2025 de fecha 09 de setiembre de 2025, se procedió a contestarle a la señora Xinia Espinoza Morales, Secretaria del Concejo Municipal de Garabito, sobre la “Solicitud para declarar estado de emergencia nacional la vía pública identificada bajo el número 611017, ubicada en playa hermosa, del cantón de Garabito.” Donde se le indicó lo siguiente (se respeta redacción, ortografía del original, negrita y subrayado son propios): “Una vez revisado y analizado lo acordado por los Honorables miembros del Concejo Municipal de Garabito, en cuanto a la solicitud de declaratoria de emergencia nacional de la vía pública 611017, y de acuerdo con el cuadro fáctico y legal expuesto, se logra colegir con meridiana claridad, que nos encontramos ante una situación que pueda y deba declararse dentro del régimen por excepción conforme a lo establecido en la Ley No. 8488, por parte del Poder Ejecutivo, sino que corresponde a una situación que se ha gestado en el tiempo (no existe nexo de causalidad) que es de competencia, rectoría, fiscalización, planificación, construcción, mantenimiento y mejoras de la red vial cantonal, que se enmarca dentro de la rectoría de la Corporación Municipal de Garabito, quien tiene la competencia de las rutas cantonales dentro de su jurisdicción y de las obras que ahí se realicen en las zonas demaniales. Es decir, es parte de la atención de sus competencias ordinarias. La atención de situaciones ordinarias de otros entes de gobierno no puede ni debe de ser dada por la CNE; ya que de ser así resultaría el sustituir la atención de su actividad propia de competencias, por un régimen por excepción, lo cual a todas luces es improcedente. A mayor abundamiento, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a través de su voto No.3410-92 de las 14 horas cuarenta y cinco minutos, de 10 de noviembre de 1992, reiterado en el voto No.1369-2001 de las 14 horas 30 minutos de 14 de febrero del 2001, y donde dicha línea jurisprudencial se ha mantenido, ratificado y fortalecido hasta la fecha, en un sin número de dimensionamientos más, señala lo siguiente: (…) Bajo este orden de ideas, se recomienda una adecuada comunicación y actuación conjunta y debidamente coordinada entre las autoridades de la Municipalidad de Garabito, el Ministerio de Obras Públicas y el CONAVI; pues como actores principales del caso bajo estudio, están en el deber de hacer confluir sus competencias hacia un mismo fin, de forma concertada y sistémica, para que la situación presentada en la vía pública 611017, no rebase sus posibilidades de acción y así puedan encontrar una solución pronta y cumplida a la supuesta condición que le aqueja al cantón de Garabito. Por tanto, esta Comisión se encuentra inhibida de recomendar establecer medidas de carácter extraordinario al Poder Ejecutivo, como lo pretende ese Honorable Consejo, ya que por mandato constitucional, legal y jurisprudencial, no se acredita una situación de emergencia nacional (por un estado de necesidad y urgencia), sino por el contrario, la problemática debe de ser abordada por los cauces normales y ordinarios de los entes competentes en esa materia y de una adecuada y correcta planificación urbana y turística por parte del gobierno local de zona.” 8. DE LOS INFORMES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: 8.1 UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO: Según correo electrónico enviado por el señor Carlos Picado Rojas, jefe de la Unidad, al día de hoy no se encuentran reportes de la ruta en los Planes de Emergencia vigentes, reportados por la Municipalidad de Garabito: “Andrey revisó nuestros registros y no encontramos referencia a este tramo de ruta en los planes generales” 8.2 DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO (UIAR) Según oficio N° CNE-UIAR-OF-195-2025 de fecha 18 de septiembre de 2025, suscrito por el señor Lidier Esquivel Valverde, Jefe de la Unidad, indicó (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva y subrayado no corresponde al original): “En relación con la solicitud descrita por medio del Recursos de Amparo descrito en el asunto, referente a una condición de caminos en el sector de Playa Hermosa de Garabito, Tampoco consta en nuestros archivos con ningún informe técnico en nuestros archivos, del lugar indicado por los recurrentes [Nombre 001] y [Nombre 002]. Por la naturaleza de lo indicado en el documento donde se desarrollan los hechos, parece estar mas relacionado a una solicitud de primer impacto o proyecto de inversión al amparo de una declaratoria de emergencia.” 8.3 UNIDAD DE GESTIÓN DE PROCESOS DE RECONSTRUCCIÓN (UGPR). Según oficio N° CNE-UGPR-OF-2793-2025 de fecha 18 de setiembre de 2025, señala en lo que interesa (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva y subrayado no corresponde al original): “(…) Considero necesario incluir las modalidades de intervención por medio de las cuales la ley le permite a la CNE intervenir, pues muchas personas desconocen sobre la posibilidad de acción que posee nuestra institución: a. Contratación por emergencia: Obras de reconstrucción incluidas en un Plan General de Emergencia amparadas a un decreto vigente: ➢ Debe existir una relación de causa-efecto entre el daño reportado y la obra a ejecutar (requisito ineludible del Nexo de Causalidad que señala la ley). ➢ Que el daño a reparar esté consignado en un Plan General de Emergencia de un decreto vigente. ➢ Que el Plan de Inversión lo presente una institución del estado y/o una municipalidad, quienes serán nombrados Unidad Ejecutora del proyecto. ➢ Que la solicitud venga acompañada de la relación Costo-Beneficio, estimación presupuestaria, carta de compromiso, entre otros; utilizando los formatos que las instituciones conocen y que fueron creados para este fin. ➢ Que exista disponibilidad de recursos en el Fondo Nacional de Emergencias, ya que estos fondos son muy limitados y en algunos casos resultan insuficientes, por lo que cada solicitud se debe analizar detalladamente. b. Contratación por emergencia no declarada (Primer Impacto): consiste en la contratación de maquinaria por trescientas horas máximo, para intervención durante la Fase de Respuesta de un evento extraordinario o para la atención de emergencias locales, esto es, trabajos de urgencia necesarios para eliminar deslizamientos y restablecer el paso, entre otros; que protejan la vida y brinden seguridad a los habitantes y sus bienes. Para esta modalidad se debe cumplir con lo siguiente: ➢ Que exista relación de causa-efecto entre el daño reportado y el hecho generador (evento local) (Nexo de Causalidad). ➢ Presentar informe de situación del Comité Municipal de Emergencias (CME), avalado por el Oficial de Enlace de la CNE disponible en el momento. ➢ Presentar informe técnico según formato establecido con el requerimiento específico de apoyo, refrendado por el máximo jerarca y por un profesional en ingeniería o arquitectura que debe ser funcionario de la entidad solicitante. Según documento se le solicita a la CNE hacer una declaratoria de emergencia, se recuerda que esta es potestad absoluta del Poder Ejecutivo de la República. Según nuestros registros se tramitó una solicitud de contratación por 150 horas de pala excavadora de 30 toneladas y 150 horas de vagoneta de 12 metros cúbicos de capacidad, número de contratación 0062025201600256, numero de procedimiento 2025PX-000260-0006500001, CEL-Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón de Garabito, estabilización de talud en Playa Hermosa. Contratación otorgada a WSP CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA, adjudicación realizada desde el pasado 21 de agosto 2025. Los trabajos indicados iniciaron en los primeros días de setiembre del 2025 en el camino de acceso a Playa Hermosa. (…)” 8.4 UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES: Según informe N° 611-2025-002 de fecha 09 de julio de 2025, sobre los efectos de la onda tropical #12 en el país del miércoles 02 de julio 2025 (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva y subrayado no corresponde al original): (…) III. SOBRE EL CASO CONCRETO: Como se puede demostrar, mi representada no ha vulnerado derecho alguno de los vecinos de Playa Hermosa de Jaco, lo anterior, porque la zona recurrida se encuentra dentro de una zona de protección tanto marítimo terrestre como el Refugio de Vida Silvestre Punta-Mala, que no corresponden a competencias de mi representada, pues, como se desarrolló en los apartados anteriores, por mandato constitucional la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local, y para el caso concreto, la Municipalidad de Garabito, como una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad (artículo 2 del Código Municipal N° 7794), tiene plena capacidad jurídica para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines y de la protección del bien jurídico más importante a tutelar por el Estado Costarricense, cual es la vida humana y la integridad física de las y los ciudadanos del cantón, en coordinación tanto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica como el Ministerio de Ambiente y Energía, quienes poseen las competencias en referencia a permisos, conservación, resguardo en temas de ambiente, manejo sostenible de la vida silvestre, los recursos forestales y los recursos hídricos así como lo referente a los humedales, como el caso que nos ocupa. En línea con lo anterior, es de vital importancia, recalcar dos conceptos de importancia, como lo son estado de emergencia y las alertas, y como identificar a cada uno de ellos: • Alerta: La alerta es un estado o condición excepcional declarado por la CNE, con la intención de desarrollar acciones operativas tendientes a garantizar la efectividad en la respuesta debido a la probable manifestación u ocurrencia de un evento, que cause una situación de emergencia o bien que exista la probabilidad que la ocasione. Se subdividen en 4 categorías: Verde (informativa), Amarilla (preparación), Naranja (movilización o contención) y Roja (respuesta). • Declaratoria de Emergencia: Declaración del Poder Ejecutivo, mediante decreto ejecutivo, con fundamento en un estado de necesidad y urgencia, ocasionado por circunstancias de guerra, conmoción interna o calamidad pública. En Costa Rica, la declaratoria de estado de emergencia permite gestionar, por la vía de excepción, las acciones y la asignación de los recursos necesarios para atender la emergencia, de conformidad con el artículo 180 de la Constitución Política". Adicionalmente, el doctor Ernesto Jinesta Lobo, en el Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, página 252 y 253, cita: “(…) El tribunal constitucional hace una distinción importante entre mera urgencia y estado de necesidad y urgencia, entendiendo que solo el segundo supuesto el principio de legalidad puede verse desplazado y el orden de las competencias trastrocado. Al respecto, señala que “VII.-el artículo 180 de la Constitución Política, se refiere a verdaderos “estados de necesidad y urgencia” y no a la merca urgencia, que no es otra cosa más que la ejecución o remedio a una situación dada, que se ha originado en los efectos de cómo se ha sido manejada ella misma, y, bajo este presupuesto básico (…) lo único aceptable es que se permite un tratamiento de excepción ante la rigidez presupuestaria, con el fin de que el Poder Ejecutivo pueda obtener ágilmente suficientes recursos económicos, materiales o de otro orden, para acudir en socorro de las personas y bienes en inminente peligro(…)”. Tendiendo claros la diferencia de ambos conceptos, procedemos a indicar que es una Declaratoria de Emergencia, según la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo Nº 8488, en su artículo 29, que reza: “El Poder Ejecutivo podrá declarar, por decreto, el estado de emergencia en cualquier parte del territorio nacional. Las razones para efectuar la declaración de emergencia deberán quedar nítidamente especificadas en las resoluciones administrativas de la Comisión y en los decretos respectivos, que estarán sujetos al control de constitucionalidad, discrecionalidad y legalidad prescritos en el ordenamiento jurídico”. (Se respeta la redacción y ortografía del original, la letra, subrayado y cursiva no corresponden al original) Dicho estado de emergencia, como se indicó en el párrafo anterior, es una declaración del Poder Ejecutivo, vía decreto, con fundamento en un estado de necesidad y urgencia, como se tipifica en el artículo 180 de la Constitución Política, ocasionado por circunstancias de guerra, conmoción interna y calamidad pública. No obstante, se debe mencionar que no todas las urgencias necesariamente constituyen un estado de emergencia, para aplicar el régimen de excepción contenido en la ley N° 8488. En línea con lo anterior y en apego a la ley antes citada, en lo referente al nexo de causalidad, para recomendar al Poder Ejecutivo la posibilidad de una declaratoria de emergencia, se debe de mencionar que esta debe de cumplir al menos con dos aspectos básicos, los cuales son revisados en los procesos de análisis de la información aportada por las Instituciones, a saber: 1) Cobertura del evento, este corresponde al alcance de la afectación, pues si resulta de un alcance local no cumple con los elementos necesarios para ser sometido a análisis y ser cubierto por una declaratoria nacional, máxime que las afectaciones a pesar de que son importantes para las comunidades no llegan a tener el alcance necesario de un nexo de causalidad que pueda ser atendido por el régimen de excepción y 2) Magnitud del evento y los daños ocasionados por este, los cuales en la mayoría de las veces responden a situaciones que en principio deben ser atendidas por otras instituciones o entidades con competencia para hacerlo, las cuales cuentan con mecanismos para hacerle frente a este tipo daños por la vía ordinaria. Por lo cual, según lo indica el MSc. Carlos Picado Rojas, en el folleto La Declaración del Estado de Emergencia en Costa Rica, en la página 7: “(…) cerca del límite constitucional de las declaratorias de emergencia, lleva a entender que el acto de la declaratoria que el Poder Ejecutivo puede hacer, está precedido necesariamente por un hecho generador, un suceso natural o humano previsible o imprevisible o aunque previsible, inevitable; es decir, un fenómeno tangible y consumado que puede y debe ser confirmado mediante prueba científica o la evidencia empírica y que desde el punto de vista de una relación causal, por su magnitud, intensidad y cobertura, se puede demostrar que es generador de los daños y pérdidas, y por lo tanto del evento que puede catalogarse como emergencia(…)” (Se respeta la redacción y ortografía del original, la letra, subrayado y cursiva no corresponden al original) En otras palabras, para que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, pueda participar de la problemática descrita, debe existir la Declaratoria de Estado de Emergencia, decretada por el Poder Ejecutivo, como lo determina la Ley 8488 y sus reglamentos. Como lo indica la Sala Constitucional en su voto N° .1396-2001, donde consideró lo siguiente: “IX.- …De conformidad con el artículo 180 párrafo 3 de la Constitución Política, el único órgano que se encuentra facultado para dictar el estado de necesidad y urgencia es el Poder Ejecutivo, cualquier otro órgano u ente que actúe en ejercicio de esta facultad de realizar la declaratoria se arroga competencias que constitucionalmente no le son propias. Por tal razón, el acuerdo tomado por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias en el cual se declaró “emergencia nacional” la reparación de varias carreteras nacionales viola el Derecho de la Constitución, por lo que debe de declararse su inconstitucionalidad” (La letra, cursiva, subrayado y negrita no corresponden al original). Ahora bien, según lo indicado por la Unidad Gestión de Operaciones y la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción, por parte de la CNE; si existe una intervención para atender emergencia en el cantón de Garabito, estabilización de talud en Playa Hermosa, a raíz de los efectos de la onda tropical #12 en el país el día 02 de julio 2025, la misma consta de 300 horas según contratación N° 2025PX-000260-0006500001, CEL-Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón de Garabito, estabilización de talud en Playa Hermosa, que consta en SICOP, donde iniciaron en los primeros días de setiembre del 2025 en el camino de acceso a Playa Hermosa. Pero, en el caso de la zona recurrida, no es competencia de mi representada el poder intervenir, pues, no existe un nexo causal entre la problemática con alguna declaratoria de emergencia, tampoco existe por parte del Poder Ejecutivo mediante el señor Presidente de la República algún decreto ejecutivo, pues, la problemática presentada, no cumple con los supuestos para que exista una declaratoria de emergencia, según lo desarrollado de forma amplia anteriormente. Al ser una zona de protección, la competencia recae directamente en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica así como el Ministerio de Ambiente y Energía, desempeñan roles fundamentales en la protección del medio ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales. Por lo cual, según se indicó en el oficio N° CNE-PRE-UAL-OF-0125-2025, a los señores Concejo Municipal de Garabito: “esta Comisión se encuentra inhibida de recomendar establecer medidas de carácter extraordinario al Poder Ejecutivo, como lo pretende ese Honorable Consejo, ya que por mandato constitucional, legal y jurisprudencial, no se acredita una situación de emergencia nacional (por un estado de necesidad y urgencia), sino por el contrario, la problemática debe de ser abordada por los cauces normales y ordinarios de los entes competentes en esa materia y de una adecuada y correcta planificación urbana y turística por parte del gobierno local de zona.” En línea con lo anterior, según lo establecido en el artículo 46 bis de la Ley N° 8488, las Municipalidades deberán utilizar el 3% del superávit que no se traslada a la CNE; para la atención de la situación de emergencia dentro de su cantón, pues, cada gobierno local, cuentan con dicho presupuesto para la atención de incidentes locales. Por lo cual, en consecuencia, se solicita se declare sin lugar el presente recurso de amparo en todos sus extremos contra la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), pues, ha actuado en apego a nuestras competencias tanto ordinarias como extraordinarias, caso contrario, a la Municipalidad de Garabito, que no ha realizado las coordinaciones correspondientes con demás instituciones involucradas como el CONAVI, SINA y MINAE, para que según las competencias de cada institución puedan intervenir en la problemática afectada y recordando nuevamente que por mandato constitucional de la administración de los intereses y servicios locales del cantón, son responsabilidad del Gobierno Local.”

4.- Por escrito presentado el 25 de septiembre de 2025, informa bajo juramento FRANCISCO GONZÁLEZ MADRIGAL, en condición de Alcalde de la Municipalidad de Garabito que: “(…) PRIMERO: El consecutivo N° 611017, corresponde al código de la vía que se encuentra en la Zona Marítimo Terrestre el cual se ubica paralelo a la costa de Playa Hermosa, sin embargo, este hecho no se constituye dentro derechos de control constitucional como tal. SEGUNDO: Con relación a la vía N° 611017 efectivamente se utiliza como camino de acceso de vecinos y visitantes, el mismo esta dentro del Refugio de Vida Silvestre Playa Hermosa Punta Mala. Este hecho no se constituye dentro derechos de control constitucional como tal. TERCERO: Efectivamente hay urbanizaciones, Condominios, hotel y viviendas independientes. Este hecho no se constituye dentro derechos de control constitucional como tal. CUARTO: Con relación al socavamiento en un punto de la vía N° 611017, exactamente a los 300 metros iniciando desde la ruta 34, producto del golpe de las olas del mar y el cruce de una alcantarilla. QUINTO: Según el Informe de Situación N° 611-2025-002, una vez fue reportado por un vecino, el Comité Municipal de Emergencia, realizó la Inspección en el sitio del evento por el socavamiento, este fue provocado por efectos de la onda tropical N° 12 en el país el miércoles 02 de julio 2025, en ese momento se realizó señalamiento para evitar riesgos de accidente y a su vez se trasladó LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA NO DECLARADA a La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias a partir de ahí se inicia con el estudio y posibles trabajos de reparación así como la contratación de maquinaria y equipo. Es verdad que se atendió el 28 de agosto, de 2025 en la Municipalidad de Garabito a los vecinos para informarles de las gestiones realizadas, las pendientes de realizar tendientes a reparar el daño. Ya que para el 10 de julio de 2025 se tenía el informe técnico, el tipo de trabajo a realizar, materiales y el equipo requerido todo lo que se requiere para que a CNE gire los recursos necesarios. SEXTO: Hecho abordado en el anterior. SETIMO: Con respecto al daño progresivo en el punto específico, este se compromete do al incremento de las mares y el golpe del oleaje, sin embargo, no es de recibo indicar de la inacción de las autoridades municipales como CNE, ya que se requiere estudios técnicos constructivos, así como de impacto dado que es área protegida adicional de los permisos de los entes rectores para intervenir la zona, así consta en las gestiones interlocutorias entre la Municipalidad de Garabito, CNE y SINAC. INFORME DE SITUACIÓN N° 611-2025-002, LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA NO DECLARADA del 10 de julio de 2025, ambos de la Municipalidad de Garabito, Autorización del SINAC CARTA-SINAC-ACOPAC-DR-0587-2025 para intervenir la vía que va al Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa - Punta Mala. Ya Para el 29 de agosto de 2025 se da la contratación 2025PX-000260-0006500001 donde se da la orden de inicio y finalización del proyecto. Oficio MG-ST-TOP-2025-059- BBA levantamiento topográfico del sitio a intervenir el camino 6-11-001. A fin de definir el derecho de vía, Oficio de INFRAESTRUCTURA VIAL, SIOP-525-2025, con el resumen de lo realizado hasta el 24 de setiembre de 2025. Así las cosas, se da por demostrado todas las gestiones realizadas antes de entra a intervenir el área afectada, con los respaldos técnicos y profesionales con el fin de realizar un trabajo de calidad. OCTAVO: Es verdad de lo acontecido en el Consejo Municipal de Garabito, se evidencia que a quien le corresponde la atención es al aérea ejecutiva como parte de la Administración Municipal y las pruebas confirman de las acciones tomadas tendientes a garantizar el tránsito de las personas, así como mitigar el área para generar seguridad a quienes transitan por el lugar, además optimiosando que los trabajos sean profesionalmente respaldados utilizando los recursos de la mejor manera en beneficio de la colectividad. NOVENO: Ampliamente abordado el tema con relación a la prevención del bien superior humano más fundamental sobre el cual se construyen los demás derechos, es ase que el riesgo constituía en una porción de 200 metros de la vía que comunica Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa - Punta Mala. Lo que le corresponde a la Municipalidad de Garabito esta se ocupó en conjunto con CNE, en la reparación del socavamiento proyecto del alto oleaje en Playa Hermosa. Ahora en carta aportada por el SINAC indica que el área ah intervenir no es parte del refugio en mención. Sin embargo, la protección de la Flora y Fauna es un deber de todos los costarricenses y las instituciones. DÉCIMO: No es un hecho que le corresponda a mi representada. DÉCIMO PRIMERO: Con respecto a lo mencionado en este hecho al drenaje de un humedal en Playa Hermosa, La Laguna Pochotal, ese se litiga en El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda según expediente 21-008119-1027-CA y la Municipalidad de Garabito no es parte del proceso. DÉCIMO SEGUNDO: No es un hecho que le corresponda a mi representada. Se señala en el hecho anterior, se tramita en la vía judicial contenciosa. DÉCIMO TERCERO: No es un hecho que le corresponda a mi representada. Se señala en el hecho anterior, se tramita en la vía judicial contenciosa. DÉCIMO CUARTO: Es un hecho reiterado y en lo anterior expuesto se evidencia la buena disposición y diligencia del accionar municipal y la CNE para reparar el socavón en la vía que comunica al Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa - Punta Mala. DÉCIMO QUINTO: Ampliamente abordado en los hechos anteriores”.

5.- Por escrito presentado el 22 de octubre de 2025, informa bajo juramento NESTOR MARA RODRÍGUEZ, en condición de Presidente del Concejo de la Municipalidad de Garabito que: “(…) PRIMERO: Es cierto la vía publica 611017, está declarada por la Municipalidad desde el año 1994.

SEGUNDO: Es cierto la vía publica 611017, constituye una via publica Que es el único acceso a la zona publica de la Playa Hermosa, Jaco, Garabito, en el tramo descrito por los recurrentes.

TERCERO: Es cierto, lodos los lugares descritos y hoteles se encuentran sobre frente a dicha vía publica.

CUARTO: Es cierto, la vía publica ha presentado socavamiento y erosión y desde la Municipalidad se han emitido oficios a SINAC para el aval de intervención de la vía descrita, que se encuentra en la ZMT, dicho aval fue positivo y la Municipalidad se encuentra trabajando en la vía mencionada y adicionalmente la Comisión Nacional de emergencia también.

QUINTO: Que el Concejo Municipal ha declarado mediante acuerdo municipal estado de emergencia la intervención de la vía en mención, para salvaguardar la vida de los Que transitan por la vía mencionada, indicándole al alcalde a interceder dicha vía publica.”

 6.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

 I.- CUESTIÓN PRELIMINAR. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la Jurisdicción Contencioso Administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la supuesta falta de atención de una denuncia, por parte de la Municipalidad de Garabito, por el mal estado de la calle pública 611017, ubicada en Playa Hermosa la cual, presuntamente, no ha sido resueltas dentro de un plazo razonable, lo que coloca en riesgo la integridad física de las personas habitantes de la zona. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, la calle pública 611017, ubicada en Playa Hermosa de Garabito, es una vía oficialmente declarada e inventariada por la municipalidad, y constituye el único acceso para cientos de familias, residentes, turistas y para ingresar al Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa–Punta Mala, así como a hoteles y desarrollos turísticos de la zona. Actualmente, esta ruta presenta un grave proceso de socavamiento y erosión que la mantiene al borde del colapso, con un carril cerrado y un deterioro progresivo que incrementa el riesgo para la vida de quienes transitan por ella y amenaza con aislar completamente a las comunidades locales. Pese a múltiples gestiones comunitarias, incluidas reuniones con el Concejo Municipal, solicitudes de intervención y comunicaciones al Comité Municipal de Emergencias y a la CNE, la Municipalidad de Garabito no ha remitido el informe técnico requerido por la Comisión desde hace más de dos meses, lo cual impide activar formalmente los mecanismos de emergencia. Aunque el 10 de julio de 2025 la municipalidad solicitó a la CNE una declaratoria de emergencia, esta no ha avanzado en el trámite; simultáneamente, el gobierno local tampoco ha ejecutado obras mínimas de mitigación, aun cuando el Concejo Municipal declaró la vía en emergencia cantonal. La omisión municipal agrava diariamente el deterioro y compromete los derechos fundamentales a la vida, al tránsito y al ambiente sano. La situación también entraña riesgos ambientales significativos sobre aproximadamente siete kilómetros de playa que forman parte del área protegida del refugio, zona crítica para el anidamiento de la tortuga lora. Tales riesgos se originan, en parte, en la construcción ilegal de una alcantarilla y canales artificiales que desde años atrás desvían y drenan aguas del humedal Pochotal, alterando su equilibrio ecológico y provocando el socavamiento de la ruta. Informes oficiales desde 2002 documentan el daño ambiental causado por estas intervenciones, incluyendo canalizaciones extensas, desvío de cauces y afectación directa al humedal y a la zona marítimo-terrestre del refugio, con potencial impacto sobre programas de conservación de especies protegidas. El SINAC no ha adoptado medidas preventivas para evitar la afectación al Refugio de Vida Silvestre Punta Mala, y la municipalidad, pese a conocer denuncias formales desde 2024 sobre el drenaje ilegal, y pese a informes técnicos de 2021 y 2022 que confirman alteraciones en la dinámica hídrica del humedal, no ha ejecutado acciones correctivas. Estudios recientes, incluido el DIG-GGM-INF-048-2025, corroboran la existencia de canalizaciones y lagunas asociadas a desarrollos inmobiliarios en la zona. Finalmente, aduce que la negativa verbal del alcalde a realizar las obras necesarias configura una omisión que vulnera deberes constitucionales y legales del gobierno local, comprometiendo la seguridad de la población usuaria de la vía, su acceso a la zona pública de Playa Hermosa y la protección del ambiente, conforme a los artículos 21, 22 y 50 de la Constitución Política y el artículo 4 del Código Municipal.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

Sobre los hechos relacionados con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias:

El 02 de julio de 2025, la onda tropical n.° 12 afectó el territorio nacional, produciendo, entre otros efectos, daños en el cantón de Garabito y en el sector de Playa Hermosa (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
El 09 de julio de 2025, la Unidad de Gestión de Operaciones de la CNE emitió el informe n.° 611-2025-002 sobre los efectos de la onda tropical n.° 12, en el que se registró la afectación en el camino de acceso a Playa Hermosa, cantón de Garabito (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
El 10 de julio de 2025, la Municipalidad de Garabito presentó ante la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias una solicitud de declaratoria de emergencia relativa a la vía pública 611017, ubicada en Playa Hermosa (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
El 21 de agosto de 2025, se adjudicó la contratación n.° 0062025201600256, procedimiento n.° 2025PX-000260-0006500001, a favor de WSP Constructora S.A., para el alquiler de 150 horas de pala excavadora de 30 toneladas y 150 horas de vagoneta de 12 metros cúbicos, con el propósito de estabilizar el talud en Playa Hermosa, cantón de Garabito (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
El 26 de agosto de 2025, la Municipalidad de Garabito remitió a la CNE el oficio n.° S.G.434-2025, mediante el cual solicitó formalmente la declaratoria de estado de emergencia nacional respecto de la vía pública 611017, gestión que fue recibida por la CNE el 29 de agosto de 2025 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
En los primeros días de setiembre de 2025 dieron inicio los trabajos de estabilización del talud en el camino de acceso a Playa Hermosa, en ejecución de la contratación de maquinaria pesada adjudicada para atender la emergencia en el cantón de Garabito (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
El 09 de setiembre de 2025, la CNE emitió el oficio n.° CNE-PRE-UAL-OF-0125-2025 dirigido al Concejo Municipal de Garabito, en el que concluyó que la situación de la vía pública 611017 no reunía los requisitos para recomendar una declaratoria de emergencia nacional y que la problemática debía ser atendida por las autoridades competentes mediante los cauces ordinarios; dicho oficio fue comunicado por correo electrónico el 18 de setiembre de 2025 a las diez horas con cincuenta y dos minutos (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
El 18 de septiembre de 2025, la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, mediante oficio n.° CNE-UIAR-OF-195-2025, informó que en sus archivos no constaba ningún informe técnico relativo al sitio indicado por los recurrentes ni a la ruta 611017 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
El 18 de setiembre de 2025, la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la CNE, mediante oficio n.° CNE-UGPR-OF-2793-2025, detalló las modalidades de intervención permitidas por la Ley 8488, confirmó la contratación de maquinaria pesada para la estabilización del talud en Playa Hermosa y reiteró que la declaratoria de emergencia es potestad del Poder Ejecutivo, sujeta al cumplimiento de los requisitos de nexo de causalidad, cobertura y magnitud del evento (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

Sobre los hechos relacionados con la Municipalidad de Garabito:

El 02 de julio de 2025, la onda tropical n.° 12 afectó el territorio nacional, generando en Playa Hermosa un socavamiento en la vía pública n.° 611017, específicamente a 300 metros desde su intersección con la Ruta 34, debido al golpe del oleaje y al cruce existente de una alcantarilla (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
El 10 de julio de 2025, la Municipalidad de Garabito elaboró el informe técnico, la propuesta de intervención, la descripción de los materiales y el equipo requerido para atender el socavamiento, y remitió a la CNE la solicitud de intervención de emergencia no declarada (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
El 28 de agosto de 2025, la Municipalidad de Garabito atendió a los vecinos de la comunidad y les informó sobre las gestiones ya realizadas ante la CNE, así como aquellas pendientes para ejecutar la reparación de la vía afectada (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
El 29 de agosto de 2025, se formalizó la contratación n.° 2025PX-000260-0006500001, mediante la cual se emitió la orden de inicio para los trabajos de reparación y estabilización del sector afectado de la vía 611017 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
El 24 de septiembre de 2025, la Oficina de Infraestructura Vial remitió el informe SIOP-525-2025 con el resumen de las actuaciones realizadas hasta ese momento respecto del proceso de intervención del camino público afectado (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
En el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda se tramita el expediente 21-008119-1027-CA, relacionado con el drenaje de un humedal en Playa Hermosa, La Laguna Pochotal y la Municipalidad de Garabito no es parte del proceso (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

 

IV.- SOBRE LA OBLIGACIÓN OBJETIVA DEL ESTADO DE TUTELAR LA VIDA HUMANA. Este Tribunal Constitucional ha reconocido la obligación objetiva del Estado de tutelar la vida humana y se ha pronunciado sobre las omisiones administrativas que atentan contra la seguridad vial y la integridad física de las personas. Sobre el particular, cabe referir lo dispuesto en sentencia Nº2008-18443 de las 18:01 horas del 11 de diciembre de 2008, donde se indicó: 

“Previo análisis del caso concreto, conviene indicar lo dicho por esta Sala en cuanto a la obligación objetiva del Estado de tutelar la vida humana, en el sentido que ha sido usual que el derecho a la vida, frecuentemente analizado junto con el derecho a la integridad física, haya sido entendido como un derecho de contenido negativo, es decir, que su objeto se limitaba a la pretensión contra el Estado de que se abstuviera de realizar acciones dirigidas a eliminar la existencia física de las personas, por ejemplo, la tortura o la pena de muerte, o bien, que castigara a las personas, públicas y privadas, que atentaran contra la vida e integridad de los otros, a través del sistema penal. No obstante, la tendencia actual es imponer al Estado diversas conductas positivas, en el sentido de que no debe perturbar la existencia física de las personas y, además, debe actuar en tutela de su protección, ante los múltiples peligros que la acechan, bien sea que ellos provengan de acciones del Estado mismo o de otras personas, e inclusive, de la misma naturaleza. De ahí que, por ejemplo, los temas ambientales han pasado a ser, al menos en nuestro país, un asunto de índole constitucional, puesto que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado fue elevado a rango de derecho fundamental. Ahora bien, es menester aclarar que la existencia objetiva de una obligación del Estado en lo referente a la protección del derecho a la vida no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se tomen las medidas idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas. En consecuencia, se trata de que el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, ya sea través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente. Así, la posibilidad de exigir judicialmente, a través de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida e integridad física de sus habitantes, es restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas, de forma tal que si, por ejemplo, una determinada comunidad estimara necesario contar con un hospital para la atención de sus pobladores (o de cualquier otra obra pública) no es por la vía del amparo que se debe exigir, sino a través de los mecanismos previamente establecidos y ante los órganos y entes competentes, quienes deberán atender la petición y resolver su  procedencia técnica, que no implica necesariamente una respuesta positiva. De lo anterior, se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país (ver en este sentido la sentencia número 2003-11519 de las diez horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil tres)”.

 

V.- SOBRE EL DEBER DE LAS MUNICIPALIDADES DE ATENDER LOS INTERESES Y SERVICIOS LOCALES. La actuación de las instituciones públicas debe ser célere y eficiente, sobre todo cuando se trata de proveer los servicios que les competen. En el caso de las municipalidades, al asignárseles la labor genérica de atender los intereses y servicios locales, se abarca un amplio conjunto de actividades. En la sentencia No. 2011-012886, de las 12:44 horas del 23 de setiembre de 2011, se abordó esta materia, y en esa oportunidad la Sala indicó:

“…Conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población. En el caso concreto, el Alcalde recurrido manifiesta que los caminos mencionados por el recurrente no fueron incluidos en el plazo estratégico anual que deben presentar las instituciones públicas, por lo que no se pueden comprometer fondos públicos sin estar presupuestados. Que estarán realizando una visita de campo para gestionar reparar los caminos que alegan los recurrentes. Además del informe rendido bajo juramento no se dice nada acerca del trámite que se le diera a la solicitud de información respecto a la falta de mantenimiento de caminos públicos de interés social, ni se indica que se le hubiera dado respuesta, pese a que la gestión fue presentada desde mayo del dos mil once. Así las cosas, estima esta Sala que existe una clara omisión en la tutela de los derechos fundamentales de los recurrentes atribuible al gobierno local, toda vez que la omisión del pleno ejercicio de las facultades que la ley le otorga a este ente, ha permitido que se llegue a dar y persistan los problemas denunciados por los recurrentes, sobre todo provocados por la falta de mantenimiento de caminos públicos, los cuales, al estar dañados dejan incomunicados a los vecinos de la comunidad Nueve Millas, Moín Limón. Además, del expediente no se logra acreditar que las autoridades municipales hubieran dado respuesta a la nota presentado el 16 de mayo del 2011, en la Unidad Técnica de la Junta Vial de la Municipalidad del Cantón, por medio del cual se solicitaba información respecto a la falta de mantenimiento de caminos públicos de su interés. Por consiguiente, a juicio de este Tribunal, con su omisión, la Municipalidad ha puesto en situación de peligro el libre transitar de los recurrentes y vecinos de la comunidad en cuestión, así como el derecho a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado, reconocidos en los artículos 27 y 50 de la Constitución Política, por lo que, en cuanto a esta entidad, el presente recurso deberá ser declarado con lugar…”.

VI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal desestima la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, tanto la Municipalidad de Garabito como la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias sí realizaron actuaciones concretas para atender la situación denunciada, en el marco de sus respectivas competencias legales y reglamentarias.

Al respecto, se comprobó que el socavamiento en la vía pública No. 611017 fue consecuencia de la onda tropical No. 12 del 02 de julio de 2025, circunstancia que fue oportunamente identificada y reportada por el Comité Municipal de Emergencias, lo que generó la activación de los mecanismos de atención, tales como la inspección de sitio, señalización preventiva y la preparación del informe técnico correspondiente. Aunado a ello, dentro de los plazos razonables se elaboraron los estudios y diagnósticos necesarios para definir la intervención requerida, se remitió a la CNE la solicitud formal de intervención de emergencia no declarada y se gestionaron los permisos ambientales indispensables ante el SINAC, dado que el área afectada se ubica dentro de una zona de especial protección.

Asimismo, se constató que la Municipalidad de Garabito efectuó coordinación activa la CNE para procurar la obtención de recursos y asistencia técnica, lo que derivó en la contratación de maquinaria pesada, adjudicada el 21 de agosto de 2025 y, el inicio de los trabajos de estabilización del talud durante los primeros días de septiembre de 2025. Lo anterior permiten descartar la alegada inacción municipal, pues se evidencia un proceso continuo de gestión, planificación y ejecución ajustado a los procedimientos ordinarios y a las exigencias técnicas para intervenir infraestructura vial.

En cuanto a la CNE, también quedó demostrado que actuó dentro del marco normativo que regula su competencia. Según consta en el oficio CNE-PRE-UAL-OF-0125-2025, la Comisión analizó la solicitud de declaratoria de emergencia nacional y concluyó, conforme a la Ley 8488 y a la jurisprudencia de esta Sala, que la situación no configuraba un estado de necesidad y urgencia que habilitara al Poder Ejecutivo para decretar un régimen por excepción. Por el contrario, la CNE determinó que se trataba de una problemática de carácter local cuya atención correspondía al gobierno municipal mediante los mecanismos ordinarios, criterio que esta jurisdicción ha sostenido reiteradamente cuando no se acredita el nexo de causalidad exigido para activar el régimen extraordinario de emergencias. Ello no impidió, sin embargo, que la CNE brindara apoyo dentro de sus competencias ordinarias, particularmente en lo relacionado con la contratación por emergencia no declarada.

Tampoco se acreditó que la Municipalidad se hubiese negado injustificadamente a intervenir la vía o que hubiera desatendido la situación denunciada. Antes bien, los informes rendidos dan cuenta de varias gestiones realizadas entre julio y septiembre de 2025, incluyendo reuniones con vecinos, levantamientos topográficos, tramitación de permisos ante SINAC, preparación de expedientes técnicos y coordinación con la CNE para avanzar en la intervención, lo que evidencia una actuación razonable. Adicionalmente, se constató que, en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ya se conoce, en el expediente 21-008119-1027-CA, el tema relacionado con el drenaje de un humedal en Playa Hermosa, La Laguna Pochotal y la Municipalidad de Garabito no es parte del proceso.

En consecuencia, y conforme a lo indicado por esta Sala en jurisprudencia reiterada, no procede la tutela constitucional por la vía del amparo cuando se constata que la administración ha activado los mecanismos institucionales dentro del margen de su competencia para atender el asunto, aunque los resultados aún no se hayan materializado pues, además, no ha transcurrido un plazo desproporcionado. Por último, en relación con el resto de las reparaciones de la infraestructura vial en cuestión, tomen nota las autoridades accionadas de la Municipalidad de Garabito, que estas deberán ser atendidas mediante los mecanismos ordinarios del gobierno local y dentro de un plazo razonable, como obligación objetiva constitucional y legal. Consecuentemente, se desestima el presente proceso de conformidad con lo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia.

 VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente indica que, denunció el socavamiento de la calle pública que da acceso a Playa Hermosa de Garabito, lo cual afecta a los vecinos y turistas de la zona que se desplazan por esta vía; y aún no se ha reparado.

IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara SIN LUGAR el recurso. Tomen nota las autoridades accionadas de la Municipalidad de Garabito, de lo indicado en el considerando VI de esta sentencia. El Magistrado Castillo pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.-

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 XEJO9JFX38861

EXPEDIENTE N° 25-025749-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:59:47.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 41926 - 2025

Resolution Date: December 19, 2025, at 09:30

Case File: 25-025749-0007-CO

Drafted by: Fernando Cruz Castro

Type of Matter: Amparo remedy

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL


Ruling with protected data, in accordance with current regulations


Text of the resolution

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Exp: 25-025749-0007-CO

Res. No. 2025041926


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes on December nineteen, two thousand twenty-five.

Amparo remedy processed in case file number 25-025749-0007-CO filed by [Name 001], identity card [Value 001] AND [Name 002], identity card [Value 002], against the MUNICIPALIDAD DE GARABITO, the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, and the COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

WHEREAS:

1.- By document received at this Chamber at 19:02 hrs. on August 26, 2025, the petitioner files this amparo remedy and states that, “1. That public street 611017, Puntarenas, Garabito, Playa Hermosa is a public road declared and inventoried by the Municipalidad de Garabito. 2. That the public road 611017 described in the first fact is a coastal street constituting the only access route for hundreds of families, residents, and tourists visiting the Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa – Punta Mala, as well as inhabited areas and sites of tourist interest. 3. That, along the described road, recognized sites such as Hotel Tramonto, Hermosa Palms, Club Místico, and Refugio de Vida Silvestre Punta-Mala are located. 4. Currently, this road presents an advanced process of undermining and erosion on its edge, placing it on the verge of collapse. This situation represents a real and imminent risk to human life, since a potential collapse could cause fatal accidents and completely isolate the communities that depend on this road connection. It should be noted that the highway, which originally had two lanes, currently has one closed, significantly reducing its operational capacity. Every day that passes, the erosion advances, increasing the danger and threatening the fundamental right to life of children, older adults, persons with disabilities, as well as national and international tourists who transit the area (...) 5. For months, the community and the undersigned have attended: Meetings with the Concejo Municipal, presentation of proposals and intervention requests, and notification to the Comité Municipal de Emergencias and the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). Despite this, the Municipalidad de Garabito has NOT submitted the technical report required by the CNE for over two months, which blocks any formal emergency intervention and leaves the population defenseless. (The report certifying this is attached as documentary evidence) 6. On July 10, 2025, the Municipalidad de Garabito submitted a request to the Comisión Nacional de Emergencias (CNE) for an emergency declaration, outlining the problems affecting the road. However, to date, the CNE has not carried out the actions within its competence to formalize said declaration, even though the municipality has also not submitted the aforementioned technical report, which aggravates the risk situation. 7. Likewise, from the date the road emergency situation was formally reported until the present, the street in question has suffered progressive and significant deterioration. This condition has been aggravated by the omission of immediate and effective actions by the Municipalidad de Garabito, which, despite having been duly notified, has not carried out the minimum works necessary to mitigate the damage and guarantee the passability and safety of the residents. 8. In the ordinary session of the Concejo Municipal de Garabito, the councilors unanimously declared a cantonal emergency for public road 611017, justifying that it represents a risk to the people who transit it; however, there are no works or actions today that protect the road and the human rights of the people who transit it. 9. That, like the potential risks to human life that the erosion caused on the road can provoke, the environmental risks derived from the eventual destruction of the route must also be considered, as debris would fall over an approximate extension of seven kilometers (7 km) of beach comprised by the fifty meters (50 m) of Public Zone (Zona Pública) of the terrestrial maritime zone, which correspond to the Protected Area. This is because inadequate attention to the problem could cause irreparable damage in an area designated for the nesting of the Olive Ridley Turtle, as has been declared in previous constitutional resolutions (...) 10. That the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) has not carried out the pertinent preventive actions to avoid the possible damage to the Refugio de Vida Silvestre Punta-Mala, which can be caused by the collapse of the street. 11. In previous years, a culvert was built illegally, without the corresponding permits or environmental feasibility (viabilidad ambiental), which diverts and drains the waters from the wetland, passing subterraneously under the public street. These works were done with the purpose of draining the wetland water, severely altering its ecological balance and generating a process of undermining and erosion on the edge of road 611017, placing it on the verge of collapse. This intervention constitutes a presumed violation of Articles 50 and 89 of the Ley Orgánica del Ambiente and the provisions of the Ley Forestal No. 7575, which prohibit the alteration or impact on wetlands without express authorization from the competent authority. 12. That in the police report sent in official communication RNVPH-048 of August 20, 2002, the following problems related to the existence of the pipeline were noted: “That, with instructions from Mr. CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ ECHANDI, Minister of the Ministerio del Ambiente y Energía, on August 14, 2002, an inspection was carried out at the wetland located right at the entrance of the Refugio Nacional de Vida Silvestre de Playa Hermosa Punta Mala, in response to a complaint for environmental damage caused by the Hermosa Paradise Beach project in that sector. That, upon arriving at the site, it could be verified that the environmental and ecological damage caused at the site quantifiably affects the wetland that forms the Pochotal lagoon, because the wetland was drained by a channel approximately 1.80 meters wide, by 1 meter deep, with a length of 1,700 linear meters, starting 300 meters from the entrance of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa- Punta Mala and emptying in front of the corrals of Mr. Martín Retana's farm, specifically into the Santa Elena stream, thereby violating the provisions of the Ley de Conservación de Vida Silvestre and the Ley de la Biodiversidad, Ley de Aguas, Ley Forestal, Ley Orgánica del Ambiente and their regulations. That, 300 meters from the entrance of the Refugio de Vida Silvestre Playa Hermosa Punta Mala, a drain was built with 25-inch diameter culverts, within the restricted zone, crossing the public street subterraneously and within the limits of the Refuge; the works were carried out with the purpose of draining the wetland water; the sewer system is approximately 28 meters long.” (...) 13. That in official communication PNH-106-2002 of September 3, 2002, the possible environmental damage caused by the channeling of waters passing through the pipeline reported in this amparo remedy is indicated: “Environmental damage Currently, several channeling works have been carried out in said area that contribute to the drainage and drying out of the Pochotal Lagoon wetland; likewise, one of the streams that crosses the wetland has been diverted and connected to one of the channels. The stream bed was deepened, plugged, and due to the difference in levels, it appears that the stream passes where it has currently been diverted. (Attached complaint filed by the Refuge Administrator with the Prosecutor's Office). Likewise, the wetland waters are collected in channels that have been directed to the beach through culverts that cross the street, invading the public zone (zona pública) that is part of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa-Punta Mala. In the wetland area, a series of channels are seen that border and cross the flooded area of the wetland, and a series of plots are noted adjacent to the street that leads through the Refuge. If the construction project is carried out, it will affect the Olive Ridley Turtle conservation program carried out by АСОРАС, in conjunction with the Servicio Nacional de Guardacostas and neighbors and volunteers from the area of Garabito and Parrita for over five years. Those most harmed will be the sea turtles, as their nesting areas will be altered and their location upon arriving at the beach will be distorted by the effect of lights to be installed in this tourist complex, by noise pollution, and by garbage and sewage that contaminate the coastal-marine zone, something similar to what happened at Playa Tamarindo with its tourist development regarding the spawning of sea turtles. There is a mandate from the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, to which Costa Rica is a Party, specific to this type of development on nesting beaches (...) 14. The mayor of the Cantón de Garabito has verbally expressed his refusal to carry out the necessary works to repair the public road, which constitutes a serious and unjustified omission contravening the legal and constitutional obligations of the local government. Such conduct directly violates the fundamental rights enshrined in Articles 21 and 22 of the Political Constitution (right to life and freedom of transit), exposing the inhabitants to imminent risk. In addition to the right to a healthy and balanced environment (Article 50, Political Constitution). The eventual collapse of the road would mean the total isolation of the communities, affecting school-age children, older adults, persons with disabilities, and other users who depend on this route for their essential activities. Likewise, this omission breaches Article 4 of the Código Municipal, which establishes the obligation of local governments to guarantee the safety, well-being, and accessibility of public roads in their jurisdiction (...) 15. The collapse of the street or an eventual closure would also limit access to and enjoyment of the public zone (zona pública) of Playa Hermosa (...) 1. The Pochotal Wetland is recognized by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) as a wetland of high ecological relevance, constituting an essential ecosystem for water recharge and as a habitat for protected wildlife species, in accordance with the provisions of the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, the Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317, and the Reglamento sobre Uso, Manejo y Conservación de Humedales (Decreto Ejecutivo No. 35803-MINAET). 2. However, and as indicated in the eleventh fact of this amparo remedy, in previous years a culvert was illegally built, without the corresponding permits or environmental feasibility (viabilidad ambiental), which diverts and drains the wetland waters toward the public road, severely altering its ecological balance and generating a process of undermining and erosion on the edge of road 611017, placing it on the verge of collapse. This intervention constitutes a presumed violation of Articles 50 and 89 of the Ley Orgánica del Ambiente and the provisions of the Ley Forestal No. 7575, which prohibit the alteration or impact on wetlands without express authorization from the competent authority. 3. This illegal work constitutes the direct and principal cause of the deterioration of the public road identified with code 611017, additionally violating the principle of environmental precaution established in Costa Rican legislation. 4. As a result, the irregular and uncontrolled flow of water has generated progressive undermining, accelerated erosion, and loss of stability in the road structure, which represents a real and imminent risk to the safety and life of pedestrians and drivers, configuring a possible impact on the fundamental right to life and freedom of transit, enshrined in Articles 21 and 22 of the Political Constitution. 5. By document dated September 25, 2024, submitted on the service platform of the Municipalidad de Garabito, the Asociación de Vecinos de Playa Hermosa filed a document requesting the closure of illegal artificial channels draining the Pochotal Lagoon and measures to protect the ecosystem. 6. By official communication AMI-1149-2024-FGM, dated October 11, 2024, signed by the Municipal Mayor, it was reported that the matter was forwarded to the technical area to conduct an inspection (receipt slip No. 45375). However, as of the date of filing this remedy, no material or corrective measures have been adopted, with both the illegal drainage and the progressive deterioration of the adjacent public street persisting, which constitutes an omission harmful to the fundamental rights claimed here, despite the existence of precedents from the Sala Constitucional ordering the elimination of illegal works that drain wetlands (e.g., Judgment No. 2024010951, amparo remedy for wetlands in Limón, May 2024). 7. That in official communication RNVSPH-049-02 of August 26, 2002, the problems of the construction of an artificial channel on the public road had already been reported. 8. In the photo-interpretive study DIG-GGM-INF-048-2025, the channeling of various watercourses and the creation of several lagoons related to the Místico de Playa Hermosa real estate development project in Jacó are indicated. 9. The Municipalidad de Garabito was aware of reports DA-UHTPCOSJ-1898-2021 and DA-UHTPCOSJ-0413-2022 of March 2, 2022, in ordinary session No. 117-2022 of July 26, 2022, where it is determined that there are changes in the fluvial dynamics of the wetland area and that there are channels draining the natural water dynamic of the site. Furthermore, in this session, as recorded in the minutes, the possibility of repairing the public road was evaluated. Despite knowledge of the report and the evaluation of possible repair, this entity has not yet acted” (sic.).

2.- By order at 11:33 hrs. on September 17, 2025, this remedy was processed and the respondent authorities were notified on September 18, 2025.

3.- By document filed on September 22, 2025, ALEJANDRO JOSE PICADO EDUARTE reports under oath, in his capacity as President of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, that: “(…) FIRST: That public street 611017, Puntarenas, Garabito, Playa Hermosa is a public road declared and inventoried by the Municipalidad de Garabito. (original wording and spelling preserved, italics do not correspond to the original). FACT ONE: This fact is denied. It does not fall within the competence of my represented entity, since the administration of the local interests and services of the canton falls within the competence of the Local Government, in this specific case, the Municipalidad de Garabito. SECOND: That the public road 611017 described in the first fact is a coastal street constituting the only access route for hundreds of families, residents, and tourists visiting the Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa – Punta Mala, as well as inhabited areas and sites of tourist interest. (original wording and spelling preserved, italics do not correspond to the original). FACT TWO: This fact is denied. It does not fall within the competence of my represented entity, since the administration of the local interests and services of the canton falls within the competence of the Local Government, in this specific case, the Municipalidad de Garabito. THIRD: That, along the described road, recognized sites such as Hotel Tramonto, Hermosa Palms, Club Místico, and Refugio de Vida Silvestre Punta-Mala are located. (original wording and spelling preserved, italics do not correspond to the original). FACT THREE: This fact is denied. It does not fall within the competence of my represented entity, since the administration of the local interests and services of the canton falls within the competence of the Local Government, in this specific case, the Municipalidad de Garabito. FOURTH: Currently, this road presents an advanced process of undermining and erosion on its edge, placing it on the verge of collapse. This situation represents a real and imminent risk to human life, since a potential collapse could cause fatal accidents and completely isolate the communities that depend on this road connection. It should be noted that the highway, which originally had two lanes, currently has one closed, significantly reducing its operational capacity. Every day that passes, the erosion advances, increasing the danger and threatening the fundamental right to life of children, older adults, persons with disabilities, as well as national and international tourists who transit the area. (Photographs and videos of the current state of the road are attached as documentary evidence). (original wording and spelling preserved, italics do not correspond to the original). FACT FOUR: This fact is denied. It does not fall within the competence of my represented entity, since the administration of the local interests and services of the canton falls within the competence of the Local Government, in this specific case, the Municipalidad de Garabito. FIFTH: For months, the community and the undersigned have attended: Meetings with the Concejo Municipal, presentation of proposals and intervention requests, and notification to the Comité Municipal de Emergencias and the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). Despite this, the Municipalidad de Garabito has NOT submitted the technical report required by the CNE for over two months, which blocks any formal emergency intervention and leaves the population defenseless. (The report certifying this is attached as documentary evidence). (original wording and spelling preserved, italics do not correspond to the original). FACT FIVE: Partially true. The Municipality sent official communication No. S.G.434-2025 dated August 26, 2025, received by the CNE on August 29 of the same year. The note was answered via official communication No. CNE-PRE-UAL-OF-0125-2025 dated September 9, 2025, communicated by email on September 18, 2025, at ten hours fifty-two minutes. SIXTH: On July 10, 2025, the Municipalidad de Garabito submitted a request to the Comisión Nacional de Emergencias (CNE) for an emergency declaration, outlining the problems affecting the road. However, to date, the CNE has not carried out the actions within its competence to formalize said declaration, even though the municipality has also not submitted the aforementioned technical report, which aggravates the risk situation. (original wording and spelling preserved, italics do not correspond to the original). FACT SIX: Partially true. The Municipality sent official communication No. S.G.434-2025 dated August 26, 2025, received by the CNE on August 29 of the same year. The note was answered via official communication No. CNE-PRE-UAL-OF-0125-2025 dated September 9, 2025, communicated by email on September 18, 2025, at ten hours fifty-two minutes. SEVENTH: Likewise, from the date the road emergency situation was formally reported until the present, the street in question has suffered progressive and significant deterioration. This condition has been aggravated by the omission of immediate and effective actions by the Municipalidad de Garabito, which, despite having been duly notified, has not carried out the minimum works necessary to mitigate the damage and guarantee the passability and safety of the residents. (original wording and spelling preserved, italics do not correspond to the original). FACT SEVENTH: This fact is denied. It does not fall within the competence of my represented entity, since the administration of the local interests and services of the canton falls within the competence of the Local Government, in this specific case, the Municipalidad de Garabito. EIGHTH: In the ordinary session of the Concejo Municipal de Garabito, the councilors unanimously declared a cantonal emergency for public road 611017, justifying that it represents a risk to the people who transit it; however, there are no works or actions today that protect the road and the human rights of the people who transit it. (original wording and spelling preserved, italics do not correspond to the original). FACT EIGHTH: This fact is denied. It does not fall within the competence of my represented entity, since the administration of the local interests and services of the canton falls within the competence of the Local Government, in this specific case, the Municipalidad de Garabito. NINTH: That, like the potential risks to human life that the erosion caused on the road can provoke, the environmental risks derived from the eventual destruction of the route must also be considered, as debris would fall over an approximate extension of seven kilometers (7 km) of beach comprised by the fifty meters (50 m) of Public Zone (Zona Pública) of the terrestrial maritime zone, which correspond to the Protected Area. This is because inadequate attention to the problem could cause irreparable damage in an area designated for the nesting of the Olive Ridley Turtle, as has been declared in previous constitutional resolutions: It follows from the foregoing recital of facts on record before the corresponding instances of the Ministerio del Ambiente that environmental damage occurred. This is undeniable regarding the Pochotal Lagoon wetland and is treated more superficially regarding the nesting of the Olive Ridley Turtle. However, even in this latter case, it is possible to at least presuppose a risk of damage insofar as the lands in question are adjacent to the Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa-Punta Mala. According to Whereas clauses 2, 4, and 6 of the decree creating the refuge, No. 27210-MINAE, one of the main reasons for declaring it as such was that “it constitutes a nesting and spawning site for the Olive Ridley Turtle (LEPIDOCHELYS OLIVÁCEA), considered a threatened species on the path to extinction worldwide”. (Resolution No. 08740 - 2003). (original wording and spelling preserved, italics do not correspond to the original). FACT NINTH: This fact is denied. It does not fall within the competence of my represented entity, since the administration of the local interests and services of the canton falls within the competence of the Local Government, in this specific case, the Municipalidad de Garabito, as well as the Ministerio del Ambiente, Energía and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, as it is a protected terrestrial maritime zone. TENTH: That the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) has not carried out the pertinent preventive actions to avoid the possible damage to the Refugio de Vida Silvestre Punta-Mala, which can be caused by the collapse of the street. (original wording and spelling preserved, italics do not correspond to the original). FACT TENTH: This fact is denied. It does not fall within the competence of my represented entity, since the administration of the local interests and services of the canton falls within the competence of the Local Government, in this specific case, the Municipalidad de Garabito, as well as the Ministerio del Ambiente, Energía and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, as it is a protected terrestrial maritime zone and national park. ELEVENTH: In previous years, a culvert was built illegally, without the corresponding permits or environmental feasibility (viabilidad ambiental), which diverts and drains the waters from the wetland, passing subterraneously under the public street. These works were done with the purpose of draining the wetland water, severely altering its ecological balance and generating a process of undermining and erosion on the edge of road 611017, placing it on the verge of collapse. This intervention constitutes a presumed violation of Articles 50 and 89 of the Ley Orgánica del Ambiente and the provisions of the Ley Forestal No. 7575, which prohibit the alteration or impact on wetlands without express authorization from the competent authority. (original wording and spelling preserved, italics do not correspond to the original). FACT ELEVENTH: This fact is denied. It does not fall within the competence of my represented entity, since the administration of the local interests and services of the canton falls within the competence of the Local Government, in this specific case, the Municipalidad de Garabito, as well as the Ministerio del Ambiente, Energía and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, as it is a protected terrestrial maritime zone and national park. TWELFTH: That in the police report sent in official communication RNVPH-048 of August 20, 2002, the following problems related to the existence of the pipeline were noted: “That, with instructions from Mr. CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ ECHANDI, Minister of the Ministerio del Ambiente y Energía, on August 14, 2002, an inspection was carried out at the wetland located right at the entrance of the Refugio Nacional de Vida Silvestre de Playa Hermosa Punta Mala, in response to a complaint for environmental damage caused by the Hermosa Paradise Beach project in that sector. That, upon arriving at the site, it could be verified that the environmental and ecological damage caused at the site quantifiably affects the wetland that forms the Pochotal lagoon, because the wetland was drained by a channel approximately 1.80 meters wide, by 1 meter deep, with a length of 1,700 linear meters, starting 300 meters from the entrance of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa- Punta Mala and emptying in front of the corrals of Mr. Martín Retana's farm, specifically into the Santa Elena stream, thereby violating the provisions of the Ley de Conservación de Vida Silvestre and the Ley de la Biodiversidad, Ley de Aguas, Ley Forestal, Ley Orgánica del Ambiente and their regulations. That, 300 meters from the entrance of the Refugio de Vida Silvestre Playa Hermosa Punta Mala, a drain was built with 25-inch diameter culverts, within the restricted zone, crossing the public street subterraneously and within the limits of the Refuge; the works were carried out with the purpose of draining the wetland water; the sewer system is approximately 28 meters long.” (Underlining is not original). (original wording and spelling preserved, italics do not correspond to the original). FACT TWELFTH: This fact is denied. It does not fall within the competence of my represented entity, since the administration of the local interests and services of the canton falls within the competence of the Local Government, in this specific case, the Municipalidad de Garabito, as well as the Ministerio del Ambiente, Energía and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, as it is a protected terrestrial maritime zone and national park. THIRTEENTH: That in official communication PNH-106-2002 of September 3, 2002, the possible environmental damage caused by the channeling of waters passing through the pipeline reported in this amparo remedy is indicated: “Environmental damage Currently, several channeling works have been carried out in said area that contribute to the drainage and drying out of the Pochotal Lagoon wetland; likewise, one of the streams that crosses the wetland has been diverted and connected to one of the channels. The stream bed was deepened, plugged, and due to the difference in levels, it appears that the stream passes where it has currently been diverted. (Attached complaint filed by the Refuge Administrator with the Prosecutor's Office). Likewise, the wetland waters are collected in channels that have been directed to the beach through culverts that cross the street, invading the public zone (zona pública) that is part of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa-Punta Mala. In the wetland area, a series of channels are seen that border and cross the flooded area of the wetland, and a series of plots are noted adjacent to the street that leads through the Refuge. If the construction project is carried out, it will affect the Olive Ridley Turtle conservation program carried out by АСОРАС, in conjunction with the Servicio Nacional de Guardacostas and neighbors and volunteers from the area of Garabito and Parrita for over five years.

Those most harmed will be the sea turtles, as their nesting areas will be altered and their location upon arriving at the beach will be distorted by the effect of the lights to be installed in this tourist complex, by sonic pollution and by garbage and sewage that contaminate the marine-coastal zone, something similar occurring to what happened at Tamarindo beach with its tourist development regarding the spawning of sea turtles. There is a mandate given by the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, to which Costa Rica is a Party, specific to this type of development on nesting beaches. (Highlighting added). (the original wording and spelling are preserved, italics do not correspond to the original).

THIRTEENTH ALLEGED FACT: This fact is rejected. It does not fall within the competence of my represented entity, since the administration of local interests and services of the canton is the competence of the Local Government, in this specific case the Municipality of Garabito, as well as the Ministry of Environment, Energy and the National System of Conservation Areas, since it is a protected maritime-terrestrial zone and national park.

FOURTEENTH: The mayor of the Canton of Garabito has verbally expressed his refusal to carry out the necessary works for the repair of the public road, which constitutes a serious and unjustified omission that contravenes the legal and constitutional obligations of the local government. Such conduct directly violates the fundamental rights enshrined in Articles 21 and 22 of the Political Constitution (right to life and freedom of transit), exposing the inhabitants to imminent risk. In addition to the right to a healthy and balanced environment (Article 50, Political Constitution). The eventual collapse of the road would mean the total isolation of the communities, affecting school-age children, older adults, persons with disabilities, and other users who depend on this route for their essential activities. Likewise, this omission breaches Article 4 of the Municipal Code, which establishes the obligation of local governments to guarantee the safety, well-being, and accessibility of public roads within their jurisdiction. (See as evidence the official video of refusal issued by the mayor and published on the Facebook page of the Municipality of Garabito https://www.facebook.com/share/v/1Fcn2rkR19). (the original wording and spelling are preserved, italics do not correspond to the original).

FOURTEENTH ALLEGED FACT: This fact is rejected. It does not fall within the competence of my represented entity, since the administration of local interests and services of the canton is the competence of the Local Government, in this specific case the Municipality of Garabito, as well as the Ministry of Environment, Energy and the National System of Conservation Areas, since it is a protected maritime-terrestrial zone and national park.

FIFTEENTH: The collapse of the road or an eventual closure would also limit access to and enjoyment of the public zone of Playa Hermosa. (the original wording and spelling are preserved, italics do not correspond to the original).

FIFTEENTH ALLEGED FACT: This fact is rejected. It does not fall within the competence of my represented entity, since the administration of local interests and services of the canton is the competence of the Local Government, in this specific case the Municipality of Garabito, as well as the Ministry of Environment, Energy and the National System of Conservation Areas, since it is a protected maritime-terrestrial zone and national park. (…)

By means of official letter No. CNE-PRE-UAL-OF-0125-2025 dated September 9, 2025, a response was given to Mrs. Xinia Espinoza Morales, Secretary of the Municipal Council of Garabito, regarding the "Request to declare a national state of emergency for the public road identified under number 611017, located in Playa Hermosa, in the canton of Garabito." Wherein she was informed as follows (original wording and spelling are preserved, bold and underlining added): "Having reviewed and analyzed what was agreed upon by the Honorable members of the Municipal Council of Garabito, regarding the request for a national emergency declaration for public road 611017, and in accordance with the factual and legal framework set forth, it can be deduced with clear certainty that we are not facing a situation that can and should be declared under the exceptional regime in accordance with the provisions of Law No. 8488 by the Executive Branch, but rather it corresponds to a situation that has been brewing over time (there is no causal link) which falls under the competence, stewardship, oversight, planning, construction, maintenance, and improvements of the cantonal road network, which is framed within the stewardship of the Municipal Corporation of Garabito, which has competence over the cantonal routes within its jurisdiction and the works carried out therein in public domain zones. That is, it is part of attending to its ordinary competencies. The attention of ordinary situations by other government entities cannot and should not be provided by the CNE; since doing so would result in substituting the attention of their own competency-based activity with an exceptional regime, which is clearly improper. For greater abundance, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, through its ruling No. 3410-92 of 2:45 p.m., on November 10, 1992, reiterated in ruling No. 1369-2001 of 2:30 p.m. on February 14, 2001, and where said jurisprudential line has been maintained, ratified, and strengthened to date, in countless further dimensionings, states the following: (…) Under this order of ideas, adequate communication and joint and duly coordinated action is recommended between the authorities of the Municipality of Garabito, the Ministry of Public Works, and CONAVI; since as the main actors in the case under study, they have the duty to bring their competencies together towards the same end, in a concerted and systemic manner, so that the situation presented on public road 611017 does not exceed their possibilities for action and thus they can find a prompt and complete solution to the alleged condition afflicting the canton of Garabito. Therefore, this Commission is inhibited from recommending the establishment of extraordinary measures to the Executive Branch, as this Honorable Council intends, since by constitutional, legal, and jurisprudential mandate, a national emergency situation (due to a state of necessity and urgency) is not accredited, but rather, on the contrary, the problem must be addressed through the normal and ordinary channels of the entities competent in that matter and through adequate and correct urban and tourism planning by the local government of the area."

8. ON THE REPORTS OF THE NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE:

8.1 STRATEGIC DEVELOPMENT UNIT: According to an email sent by Mr. Carlos Picado Rojas, head of the Unit, to date there are no reports of the route in the current Emergency Plans, reported by the Municipality of Garabito: “Andrey reviewed our records and we found no reference to this road segment in the general plans”

8.2 FROM THE RISK RESEARCH AND ANALYSIS UNIT (UIAR): According to official letter No. CNE-UIAR-OF-195-2025 dated September 18, 2025, signed by Mr. Lidier Esquivel Valverde, Head of the Unit, he indicated (original wording and spelling are preserved, italics and underlining do not correspond to the original): “In relation to the request described through the Amparo Appeal described in the subject line, referring to a condition of roads in the Playa Hermosa de Garabito sector, our files also do not contain any technical report from the place indicated by the claimants [Name 001] and [Name 002]. By the nature of what is indicated in the document where the facts are developed, it seems to be more related to a request for first impact or investment project under the umbrella of an emergency declaration.”

8.3 RECONSTRUCTION PROCESS MANAGEMENT UNIT (UGPR). According to official letter No. CNE-UGPR-OF-2793-2025 dated September 18, 2025, it states, in what is of interest (original wording and spelling are preserved, italics and underlining do not correspond to the original): “(…) I consider it necessary to include the intervention modalities through which the law allows the CNE to intervene, as many people are unaware of the possibility of action that our institution possesses: a. Emergency contracting: Reconstruction works included in a General Emergency Plan covered by a valid decree: ➢ There must be a cause-and-effect relationship between the reported damage and the work to be executed (an unavoidable requirement of the Causal Link indicated by law). ➢ The damage to be repaired must be recorded in a General Emergency Plan of a valid decree. ➢ The Investment Plan must be presented by a state institution and/or a municipality, which will be named the Executing Unit of the project. ➢ The request must be accompanied by the Cost-Benefit ratio, budget estimate, commitment letter, among others; using the formats that the institutions are aware of and that were created for this purpose. ➢ There must be availability of resources in the National Emergency Fund, as these funds are very limited and in some cases are insufficient, so each request must be analyzed in detail. b. Contracting for an undeclared emergency (First Impact): consists of contracting machinery for a maximum of three hundred hours, for intervention during the Response Phase of an extraordinary event or for the attention of local emergencies, that is, urgent work necessary to eliminate landslides and restore passage, among others; that protect life and provide safety to the inhabitants and their property. For this modality, the following must be complied with: ➢ There must be a cause-and-effect relationship between the reported damage and the generating event (local event) (Causal Link). ➢ Present a situation report from the Municipal Emergency Committee (CME), endorsed by the CNE Liaison Officer available at the time. ➢ Present a technical report according to the established format with the specific support requirement, endorsed by the highest-ranking official and by an engineering or architecture professional who must be an employee of the requesting entity. According to the document, the CNE is requested to make an emergency declaration; it is recalled that this is the absolute power of the Executive Branch of the Republic. According to our records, a contracting request was processed for 150 hours of a 30-ton excavator and 150 hours of a 12-cubic-meter-capacity dump truck, contract number 0062025201600256, procedure number 2025PX-000260-0006500001, CEL-Leasing of heavy machinery to address an emergency in the canton of Garabito, slope stabilization in Playa Hermosa. Contract awarded to WSP CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA, award made since August 21, 2025. The indicated work began in the first days of September 2025 on the access road to Playa Hermosa. (…)”

8.4 OPERATIONS MANAGEMENT UNIT: According to report No. 611-2025-002 dated July 9, 2025, on the effects of tropical wave #12 in the country from Wednesday, July 2, 2025 (original wording and spelling are preserved, italics and underlining do not correspond to the original): (…)

III. ON THE SPECIFIC CASE: As can be demonstrated, my represented entity has not violated any right of the residents of Playa Hermosa de Jaco, the foregoing, because the area under appeal is located within a protection zone, both maritime-terrestrial and the Punta Mala Wildlife Refuge, which do not fall within the competencies of my represented entity, since, as developed in the preceding sections, by constitutional mandate the administration of local interests and services of the canton is the competence of the Local Government, and for the specific case, the Municipality of Garabito, as a state legal entity, with its own assets and personality (Article 2 of the Municipal Code No. 7794), has full legal capacity to execute all types of acts and contracts necessary to fulfill its purposes and to protect the most important legal interest to be safeguarded by the Costa Rican State, which is human life and the physical integrity of the citizens of the canton, in coordination with both the National System of Conservation Areas of Costa Rica and the Ministry of Environment and Energy, who possess the competencies regarding permits, conservation, protection in environmental matters, sustainable management of wildlife, forest resources, and water resources, as well as matters concerning wetlands, as in the case at hand.

In line with the above, it is of vital importance to emphasize two important concepts, such as state of emergency and alerts, and how to identify each of them:

• Alert: An alert is an exceptional state or condition declared by the CNE, with the intention of developing operational actions aimed at guaranteeing effectiveness in the response due to the probable manifestation or occurrence of an event, which causes an emergency situation or if there is a probability that it will cause one. They are subdivided into 4 categories: Green (informational), Yellow (preparation), Orange (mobilization or containment), and Red (response).

• Emergency Declaration: Declaration by the Executive Branch, by executive decree, based on a state of necessity and urgency, caused by circumstances of war, internal commotion, or public calamity. In Costa Rica, the declaration of a state of emergency allows managing, by the exceptional route, the actions and allocation of necessary resources to attend to the emergency, in accordance with Article 180 of the Political Constitution.

Additionally, Dr. Ernesto Jinesta Lobo, in Tratado de Derecho Administrativo, volume I, page 252 and 253, cites: “(…) The constitutional court makes an important distinction between mere urgency and a state of necessity and urgency, understanding that only in the second case may the principle of legality be displaced and the order of competencies disrupted. In this regard, it points out that 'VII.-Article 180 of the Political Constitution refers to true 'states of necessity and urgency' and not to mere urgency, which is nothing more than the execution or remedy of a given situation, which has originated from the effects of how it has been managed itself, and, under this basic premise (…) the only acceptable thing is that an exceptional treatment is allowed against the budgetary rigidity, so that the Executive Branch can agilely obtain sufficient economic, material, or other resources, to come to the aid of people and property in imminent danger (…)'".

Having clear the difference between both concepts, we proceed to indicate what an Emergency Declaration is, according to the National Emergency and Risk Prevention Law No. 8488, in its Article 29, which reads: “The Executive Branch may declare, by decree, the state of emergency in any part of the national territory. The reasons for making the emergency declaration must be clearly specified in the administrative resolutions of the Commission and in the respective decrees, which will be subject to the control of constitutionality, discretion, and legality prescribed in the legal system.” (The original wording and spelling are preserved, the font, underlining, and italics do not correspond to the original)

Said state of emergency, as indicated in the preceding paragraph, is a declaration by the Executive Branch, via decree, based on a state of necessity and urgency, as typified in Article 180 of the Political Constitution, caused by circumstances of war, internal commotion, and public calamity. However, it must be mentioned that not all urgencies necessarily constitute a state of emergency, to apply the exceptional regime contained in Law No. 8488.

In line with the above and in adherence to the aforementioned law, regarding the causal link, to recommend to the Executive Branch the possibility of an emergency declaration, it must be mentioned that it must comply with at least two basic aspects, which are reviewed in the analysis processes of the information provided by the Institutions, namely: 1) Coverage of the event, this corresponds to the scope of the affectation, because if it results of a local scope, it does not meet the necessary elements to be submitted for analysis and be covered by a national declaration, especially since the affectations, although they are important for the communities, do not reach the necessary scope of a causal link that can be addressed by the exceptional regime, and 2) Magnitude of the event and the damages caused by it, which in most cases respond to situations that in principle should be addressed by other institutions or entities with the competence to do so, which have mechanisms to face this type of damage through the ordinary route.

Therefore, as indicated by MSc. Carlos Picado Rojas, in the pamphlet La Declaración del Estado de Emergencia en Costa Rica, on page 7: “(…) close to the constitutional limit of emergency declarations, leads to the understanding that the act of declaration that the Executive Branch can make is necessarily preceded by a generating event, a foreseeable or unforeseeable natural or human event or one that, although foreseeable, was inevitable; that is, a tangible and consummated phenomenon that can and should be confirmed through scientific evidence or empirical evidence and that from the point of view of a causal relationship, by its magnitude, intensity, and coverage, it can be demonstrated that it is the generator of the damages and losses, and therefore of the event that can be classified as an emergency (…)” (The original wording and spelling are preserved, the font, underlining, and italics do not correspond to the original)

In other words, for the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response to be able to participate in the described problem, the State of Emergency Declaration must exist, decreed by the Executive Branch, as determined by Law 8488 and its regulations.

As indicated by the Constitutional Chamber in its ruling No. 1396-2001, where it considered the following: “IX.- …In accordance with Article 180 paragraph 3 of the Political Constitution, the only body empowered to decree the state of necessity and urgency is the Executive Branch; any other body or entity that acts in the exercise of this power to make the declaration arrogates competencies that constitutionally are not its own. For this reason, the agreement taken by the Board of Directors of the National Emergency Commission in which it declared a 'national emergency' for the repair of several national highways violates the Right of the Constitution, therefore its unconstitutionality must be declared” (The font, italics, underlining, and bold do not correspond to the original).

Now then, according to what was indicated by the Operations Management Unit and the Reconstruction Process Management Unit, by the CNE; there is an intervention to address the emergency in the canton of Garabito, slope stabilization in Playa Hermosa, as a result of the effects of tropical wave #12 in the country on July 2, 2025, which consists of 300 hours according to contract No. 2025PX-000260-0006500001, CEL-Leasing of heavy machinery to address an emergency in the canton of Garabito, slope stabilization in Playa Hermosa, which is recorded in SICOP, and began in the first days of September 2025 on the access road to Playa Hermosa. But, in the case of the zone under appeal, it is not within the competence of my represented entity to intervene, since there is no causal link between the problem and any emergency declaration, nor is there any executive decree issued by the Executive Branch through the President of the Republic, because the presented problem does not meet the assumptions for an emergency declaration to exist, as extensively developed above. Being a protection zone, the competence falls directly on the National System of Conservation Areas of Costa Rica as well as the Ministry of Environment and Energy, which play fundamental roles in protecting the environment and the sustainable management of natural resources.

Therefore, as indicated in official letter No. CNE-PRE-UAL-OF-0125-2025, to the members of the Municipal Council of Garabito: “this Commission is inhibited from recommending the establishment of extraordinary measures to the Executive Branch, as this Honorable Council intends, since by constitutional, legal, and jurisprudential mandate, a national emergency situation (due to a state of necessity and urgency) is not accredited, but rather, on the contrary, the problem must be addressed through the normal and ordinary channels of the entities competent in that matter and through adequate and correct urban and tourism planning by the local government of the area.”

In line with the above, according to the provisions of Article 46 bis of Law No. 8488, the Municipalities must use 3% of the surplus that is not transferred to the CNE for the attention of the emergency situation within their canton, since each local government has said budget for the attention of local incidents.

Therefore, consequently, it is requested that this amparo appeal be dismissed in all its aspects against the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (CNE), since it has acted in accordance with our competencies, both ordinary and extraordinary; otherwise, regarding the Municipality of Garabito, which has not made the corresponding coordination with other involved institutions such as CONAVI, SINA, and MINAE, so that according to the competencies of each institution they can intervene in the affected problem, and recalling again that by constitutional mandate, the administration of local interests and services of the canton is the responsibility of the Local Government."

4.- By written submission presented on September 25, 2025, FRANCISCO GONZÁLEZ MADRIGAL reports under oath, in his capacity as Mayor of the Municipality of Garabito, that: “(…) FIRST: The consecutive number 611017 corresponds to the code of the road that is located in the Maritime-Terrestrial Zone which is located parallel to the coast of Playa Hermosa; however, this fact does not constitute rights of constitutional control as such. SECOND: Regarding road No. 611017, it is effectively used as an access road for residents and visitors; it is within the Playa Hermosa Punta Mala Wildlife Refuge. This fact does not constitute rights of constitutional control as such. THIRD: There are effectively developments, condominiums, a hotel, and independent dwellings. This fact does not constitute rights of constitutional control as such. FOURTH: Regarding the undermining at a point on road No. 611017, exactly 300 meters starting from route 34, a product of the beating of the sea waves and the crossing of a culvert. FIFTH: According to Situation Report No. 611-2025-002, once it was reported by a resident, the Municipal Emergency Committee carried out an inspection at the site of the event for the undermining; this was caused by the effects of tropical wave No. 12 in the country on Wednesday, July 2, 2025. At that time, signage was placed to avoid accident risks and, in turn, THE REQUEST FOR UNDECLARED EMERGENCY INTERVENTION was referred to the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response. From there, the study and possible repair work began, as well as the contracting of machinery and equipment. It is true that on August 28, 2025, the residents were attended to at the Municipality of Garabito to inform them of the steps taken and those pending to repair the damage. Since by July 10, 2025, the technical report, the type of work to be performed, the materials, and the equipment required were available—everything required for the CNE to disburse the necessary resources. SIXTH: Fact addressed in the previous one. SEVENTH: Regarding the progressive damage at the specific point, this was caused by the increase in tides and the beating of the waves; however, it is not acceptable to indicate inaction by the municipal authorities or the CNE, since constructive technical studies, as well as impact studies, are required given that it is a protected area in addition to permits from the governing entities to intervene in the zone. This is evidenced in the interlocutory proceedings between the Municipality of Garabito, CNE, and SINAC. SITUATION REPORT No. 611-2025-002, THE REQUEST FOR UNDECLARED EMERGENCY INTERVENTION dated July 10, 2025, both from the Municipality of Garabito, Authorization from SINAC CARTA-SINAC-ACOPAC-DR-0587-2025 to intervene on the road leading to the Playa Hermosa - Punta Mala National Wildlife Refuge. By August 29, 2025, contract 2025PX-000260-0006500001 is issued where the project start and completion order is given. Official Letter MG-ST-TOP-2025-059-BBA topographic survey of the site to be intervened on road 6-11-001. In order to define the right-of-way, Official Letter from ROAD INFRASTRUCTURE, SIOP-525-2025, with the summary of what was performed up to September 24, 2025. Thus, all the procedures carried out before intervening in the affected area are demonstrated, with technical and professional backing in order to perform quality work. EIGHTH: It is true what happened at the Municipal Council of Garabito; it is evident that the attention corresponds to the executive area as part of the Municipal Administration and the evidence confirms the actions taken aimed at guaranteeing the transit of people, as well as mitigating the area to generate safety for those who travel through the place, also optimizing that the works are professionally backed using the resources in the best way for the benefit of the community. NINTH: The topic has been extensively addressed in relation to the prevention of the most fundamental supreme human good upon which all other rights are built; thus, the risk consisted of a 200-meter portion of the road that connects to the Playa Hermosa - Punta Mala National Wildlife Refuge. What corresponds to the Municipality of Garabito, it undertook in conjunction with the CNE the repair of the undermining project from the high swell in Playa Hermosa. Now, in a letter provided by SINAC, it indicates that the area to be intervened is not part of the refuge in question. However, the protection of Flora and Fauna is a duty of all Costa Ricans and the institutions. TENTH: It is not a fact that corresponds to my represented entity. ELEVENTH: Regarding what is mentioned in this fact about the drainage of a wetland in Playa Hermosa, La Laguna Pochotal, that is litigated in the Contentious Administrative and Civil Treasury Court under case file 21-008119-1027-CA, and the Municipality of Garabito is not a party to the process. TWELFTH: It is not a fact that corresponds to my represented entity. It is noted in the previous fact; it is being processed in the contentious judicial venue. THIRTEENTH: It is not a fact that corresponds to my represented entity. It is noted in the previous fact; it is being processed in the contentious judicial venue. FOURTEENTH: It is a reiterated fact and in the foregoing it is evident that there is good disposition and diligence in the municipal action and that of the CNE to repair the sinkhole on the road connecting to the Playa Hermosa - Punta Mala National Wildlife Refuge. FIFTEENTH: Extensively addressed in the previous facts.”

5.- By written submission presented on October 22, 2025, NESTOR MARA RODRÍGUEZ reports under oath, in his capacity as President of the Council of the Municipality of Garabito, that: “(…) FIRST: It is true that public road 611017 has been declared by the Municipality since the year 1994. SECOND: It is true that public road 611017 constitutes a public road that is the only access to the public zone of Playa Hermosa, Jaco, Garabito, in the section described by the claimants. THIRD: It is true, all the described places and hotels are located facing said public road. FOURTH: It is true that the public road has presented undermining and erosion and the Municipality has issued official letters to SINAC for endorsement to intervene on the described road, which is located in the ZMT; said endorsement was positive and the Municipality is currently working on the mentioned road and additionally the National Emergency Commission is as well. FIFTH: That the Municipal Council has declared, by municipal agreement, a state of emergency for the intervention of the road in question, to safeguard the lives of those who travel on the mentioned road, instructing the mayor to intercede on said public road.”

6.- In the substantiation of this process, the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY MATTER.

Before analyzing the merits of the matter—regarding the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure—it must be clarified that, since Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the Contentious-Administrative Jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, this case raises an exception scenario, since it concerns the alleged failure to address a complaint, by the Municipality of Garabito, regarding the poor condition of public street 611017, located in Playa Hermosa, which, allegedly, has not been resolved within a reasonable timeframe, thus placing the physical integrity of the area's inhabitants at risk. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appealing party files an amparo appeal and states that public street 611017, located in Playa Hermosa de Garabito, is a route officially declared and inventoried by the municipality, and constitutes the sole access for hundreds of families, residents, tourists, and for entering the Playa Hermosa–Punta Mala National Wildlife Refuge, as well as hotels and tourism developments in the area. Currently, this route presents a severe process of scouring (socavamiento) and erosion that keeps it on the verge of collapse, with one lane closed and progressive deterioration that increases the risk to the lives of those who travel on it and threatens to completely isolate the local communities. Despite multiple community efforts, including meetings with the Municipal Council, requests for intervention, and communications to the Municipal Emergency Committee and the CNE, the Municipality of Garabito has not submitted the technical report required by the Commission for over two months, which prevents the formal activation of emergency mechanisms. Although on July 10, 2025, the municipality requested an emergency declaration from the CNE, this has not progressed in the process; simultaneously, the local government has also not executed minimal mitigation works, even though the Municipal Council declared the road in cantonal emergency. The municipal omission daily aggravates the deterioration and compromises the fundamental rights to life, transit, and a healthy environment. The situation also entails significant environmental risks over approximately seven kilometers of beach that form part of the protected area of the refuge, a critical zone for the nesting of the olive ridley sea turtle (tortuga lora). Such risks originate, in part, from the illegal construction of a culvert (alcantarilla) and artificial channels that for years have diverted and drained waters from the Pochotal wetland, altering its ecological balance and causing the scouring of the route. Official reports since 2002 document the environmental damage caused by these interventions, including extensive channelizations (canalizaciones), diversion of watercourses, and direct impact on the wetland and the maritime-terrestrial zone of the refuge, with potential impact on conservation programs for protected species. SINAC has not adopted preventive measures to avoid the impact on the Punta Mala Wildlife Refuge, and the municipality, despite having knowledge of formal complaints since 2024 about the illegal drainage, and despite technical reports from 2021 and 2022 confirming alterations in the wetland's water dynamics, has not executed corrective actions. Recent studies, including DIG-GGM-INF-048-2025, corroborate the existence of channelizations and lagoons associated with real estate developments in the area. Finally, it argues that the mayor's verbal refusal to carry out the necessary works constitutes an omission that violates the local government's constitutional and legal duties, compromising the safety of the road's user population, their access to the public area of Playa Hermosa, and the protection of the environment, in accordance with articles 21, 22, and 50 of the Political Constitution and article 4 of the Municipal Code.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent authority has failed to refer to them, as provided in the initial order:

Regarding the facts related to the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias:

On July 2, 2025, tropical wave No. 12 affected the national territory, causing, among other effects, damage in the canton of Garabito and in the sector of Playa Hermosa (see report rendered by the respondent authorities).
On July 9, 2025, the Operations Management Unit of the CNE issued report No. 611-2025-002 on the effects of tropical wave No. 12, which recorded the impact on the access road to Playa Hermosa, canton of Garabito (see report rendered by the respondent authorities).
On July 10, 2025, the Municipality of Garabito submitted a request for an emergency declaration to the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias regarding public road 611017, located in Playa Hermosa (see report rendered by the respondent authorities).
On August 21, 2025, contract No. 0062025201600256, procedure No. 2025PX-000260-0006500001, was awarded to WSP Constructora S.A., for the rental of 150 hours of a 30-ton excavator and 150 hours of a 12-cubic-meter dump truck, for the purpose of stabilizing the slope (talud) in Playa Hermosa, canton of Garabito (see report rendered by the respondent authorities).
On August 26, 2025, the Municipality of Garabito sent official letter No. S.G.434-2025 to the CNE, by which it formally requested the declaration of a national state of emergency regarding public road 611017, a proceeding that was received by the CNE on August 29, 2025 (see report rendered by the respondent authorities).
In the first days of September 2025, the slope stabilization works on the access road to Playa Hermosa began, in execution of the heavy machinery contract awarded to address the emergency in the canton of Garabito (see report rendered by the respondent authorities).
On September 9, 2025, the CNE issued official letter No. CNE-PRE-UAL-OF-0125-2025 addressed to the Municipal Council of Garabito, in which it concluded that the situation of public road 611017 did not meet the requirements to recommend a national emergency declaration and that the problem should be addressed by the competent authorities through ordinary channels; said official letter was communicated by email on September 18, 2025, at ten hours and fifty-two minutes (see report rendered by the respondent authorities).
On September 18, 2025, the Risk Investigation and Analysis Unit of the CNE, by official letter No. CNE-UIAR-OF-195-2025, reported that its archives contained no technical report relating to the site indicated by the appellants or to route 611017 (see report rendered by the respondent authorities).
On September 18, 2025, the Reconstruction Process Management Unit of the CNE, by official letter No. CNE-UGPR-OF-2793-2025, detailed the intervention modalities permitted by Law 8488, confirmed the contracting of heavy machinery for the stabilization of the slope in Playa Hermosa, and reiterated that the emergency declaration is a power of the Executive Branch, subject to compliance with the requirements of causal nexus, coverage, and magnitude of the event (see report rendered by the respondent authorities).

Regarding the facts related to the Municipality of Garabito:

On July 2, 2025, tropical wave No. 12 affected the national territory, generating scouring on public road No. 611017 in Playa Hermosa, specifically 300 meters from its intersection with Route 34, due to wave impact and the existing culvert crossing (see report rendered by the respondent authorities).
On July 10, 2025, the Municipality of Garabito prepared the technical report, the intervention proposal, the description of the materials, and the equipment required to address the scouring, and sent the request for undeclared emergency intervention to the CNE (see report rendered by the respondent authorities).
On August 28, 2025, the Municipality of Garabito met with the community residents and informed them about the proceedings already carried out before the CNE, as well as those pending to execute the repair of the affected road (see report rendered by the respondent authorities).
On August 29, 2025, contract No. 2025PX-000260-0006500001 was formalized, by which the start order was issued for the repair and stabilization works on the affected sector of road 611017 (see report rendered by the respondent authorities).
On September 24, 2025, the Road Infrastructure Office sent report SIOP-525-2025 with a summary of the actions taken up to that moment regarding the intervention process for the affected public road (see report rendered by the respondent authorities).
File 21-008119-1027-CA is being processed in the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, related to the drainage of a wetland in Playa Hermosa, La Laguna Pochotal, and the Municipality of Garabito is not a party to the process (see report rendered by the respondent authorities).

 

IV.- ON THE OBJECTIVE OBLIGATION OF THE STATE TO PROTECT HUMAN LIFE. This Constitutional Tribunal has recognized the objective obligation of the State to protect human life and has ruled on administrative omissions that threaten road safety and the physical integrity of individuals. On this matter, it is pertinent to refer to the provisions of judgment No. 2008-18443 of 6:01 p.m. on December 11, 2008, where it was stated: 

"Prior to analyzing the specific case, it is appropriate to indicate what this Chamber has said regarding the objective obligation of the State to protect human life, in the sense that the right to life, frequently analyzed together with the right to physical integrity, has usually been understood as a right of negative content, that is, that its purpose was limited to the claim against the State that it refrain from carrying out actions aimed at eliminating the physical existence of individuals, for example, torture or the death penalty, or that it punish individuals, both public and private, who threaten the life and integrity of others, through the criminal system. However, the current trend is to impose various positive conducts on the State, in the sense that it must not disturb the physical existence of individuals and, furthermore, must act to protect them from the multiple dangers that beset them, whether these arise from the actions of the State itself or from other persons, and even from nature itself. Hence, for example, environmental issues have become, at least in our country, a matter of constitutional significance, since the right to a healthy and ecologically balanced environment was elevated to the rank of a fundamental right. That said, it is necessary to clarify that the objective existence of a State obligation regarding the protection of the right to life does not entail, inevitably, a subjective right for individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right to have suitable measures taken in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes by public authorities. Consequently, the State acquires the obligation to regulate areas of social life from which dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory may arise, whether through law, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures, and the subjective right of individuals to have this carried out diligently. Thus, the possibility of judicially demanding, through amparo, a specific type of welfare activity from the State in fulfillment of its duty to protect the life and physical integrity of its inhabitants is restricted to the clear verification of an imminent danger against those rights of individuals, such that if, for example, a certain community deemed it necessary to have a hospital for the care of its residents (or any other public work), it is not through amparo that this should be demanded, but through the previously established mechanisms and before the competent bodies and entities, who must address the petition and resolve its technical appropriateness, which does not necessarily imply a positive response. From the foregoing, it follows that the interference of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven inertia by the State, through its competent bodies, in addressing the demands that the country's inhabitants make in the exercise of their rights (see in this regard judgment number 2003-11519 of ten hours and thirty minutes on October tenth, two thousand three)".

 

V.- ON THE DUTY OF MUNICIPALITIES TO ATTEND TO LOCAL INTERESTS AND SERVICES. The actions of public institutions must be swift and efficient, especially when it comes to providing the services for which they are responsible. In the case of municipalities, being assigned the generic task of attending to local interests and services encompasses a broad set of activities. In judgment No. 2011-012886, of 12:44 p.m. on September 23, 2011, this matter was addressed, and on that occasion, the Chamber indicated:

"…As established by article 169 of the Political Constitution and the Municipal Code, municipalities are responsible for the administration of local services and interests, in order to promote the integral development of the cantons in harmony with national development. Consequently, the Municipality must establish a comprehensive urban planning policy in accordance with the respective law, which pursues the efficient and harmonious development of urban centers and guarantees -at least- efficient electrification and communication services; good systems for providing potable water and evacuating wastewater, adequate aqueduct and sewer systems, lighting and city beautification systems; construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads; in general, concrete and practical plans to make the life of the population comfortable and safe. In the specific case, the respondent Mayor states that the roads mentioned by the appellant were not included in the annual strategic plan that public institutions must submit, and therefore public funds cannot be committed without being budgeted. That they will be conducting a field visit to manage the repair of the roads claimed by the appellants. Furthermore, the report rendered under oath says nothing about the process given to the request for information regarding the lack of maintenance of public roads of social interest, nor does it indicate that a response had been given, even though the request was submitted since May of two thousand eleven. Thus, this Chamber considers that there is a clear omission in the protection of the appellants' fundamental rights attributable to the local government, since the omission of the full exercise of the powers granted by law to this entity has allowed the problems denounced by the appellants to arise and persist, especially those caused by the lack of maintenance of public roads, which, being damaged, leave the residents of the community of Nueve Millas, Moín Limón, isolated. Furthermore, the file does not demonstrate that the municipal authorities had responded to the note submitted on May 16, 2011, to the Technical Unit of the Road Board of the Municipality of the Canton, by which information was requested regarding the lack of maintenance of public roads of interest to them. Consequently, in the judgment of this Tribunal, by its omission, the Municipality has endangered the free transit of the appellants and residents of the community in question, as well as the right to enjoy a healthy and balanced environment, recognized in articles 27 and 50 of the Political Constitution, and therefore, with respect to this entity, this appeal must be declared with merit…".

VI.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal dismisses the injury to the fundamental rights of the protected party. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are deemed given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that both the Municipality of Garabito and the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias did carry out specific actions to address the denounced situation, within the framework of their respective legal and regulatory competencies.

In this regard, it was verified that the scouring on public road No. 611017 was a consequence of tropical wave No. 12 of July 2, 2025, a circumstance that was timely identified and reported by the Municipal Emergency Committee, which led to the activation of response mechanisms, such as site inspection, preventive signage, and the preparation of the corresponding technical report. In addition, within reasonable timeframes, the necessary studies and diagnostics were prepared to define the required intervention, the formal request for undeclared emergency intervention was sent to the CNE, and the indispensable environmental permits were processed before SINAC, given that the affected area is located within a special protection zone.

Likewise, it was confirmed that the Municipality of Garabito engaged in active coordination with the CNE to seek the procurement of resources and technical assistance, which resulted in the contracting of heavy machinery, awarded on August 21, 2025, and the start of slope stabilization works during the first days of September 2025. The foregoing allows the alleged municipal inaction to be ruled out, as a continuous process of management, planning, and execution is evident, adjusted to ordinary procedures and the technical requirements for intervening in road infrastructure.

Regarding the CNE, it was also demonstrated that it acted within the regulatory framework governing its competence. As stated in official letter CNE-PRE-UAL-OF-0125-2025, the Commission analyzed the request for a national emergency declaration and concluded, in accordance with Law 8488 and the jurisprudence of this Chamber, that the situation did not constitute a state of necessity and urgency that would enable the Executive Branch to decree an exceptional regime. On the contrary, the CNE determined that it was a problem of a local nature whose attention corresponded to the municipal government through ordinary mechanisms, a criterion that this jurisdiction has repeatedly upheld when the causal nexus required to activate the extraordinary emergency regime is not proven. This did not prevent, however, the CNE from providing support within its ordinary competencies, particularly in relation to undeclared emergency contracting.

Nor was it proven that the Municipality had unjustifiably refused to intervene on the road or that it had neglected the denounced situation. Rather, the reports rendered account for several actions carried out between July and September 2025, including meetings with residents, topographical surveys, processing of permits before SINAC, preparation of technical files, and coordination with the CNE to advance the intervention, which demonstrates reasonable action. Additionally, it was confirmed that, in the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, the matter related to the drainage of a wetland in Playa Hermosa, La Laguna Pochotal, is already being heard in file 21-008119-1027-CA, and the Municipality of Garabito is not a party to the process.

Consequently, and in accordance with what this Chamber has indicated in reiterated jurisprudence, constitutional protection through amparo is not appropriate when it is verified that the administration has activated institutional mechanisms within the scope of its competence to address the matter, even if the results have not yet materialized, since, additionally, a disproportionate amount of time has not elapsed. Lastly, in relation to the remaining repairs to the road infrastructure in question, let the respondent authorities of the Municipality of Garabito take note that these must be addressed through the ordinary mechanisms of the local government and within a reasonable timeframe, as an objective constitutional and legal obligation. Consequently, the present process is dismissed in accordance with what is indicated in the operative part of this judgment.

 VII.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Tribunal, that when the claimant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative proceedings, the legal dispute should be heard by the Contentious-Administrative Courts and not by this Chamber. That said, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, as, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which are appropriate to be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in other cases, and for the reasons given by this Tribunal (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent parties are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VIII.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I consider that cases related to the activity or inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, whose discussion corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate, with greater breadth, their disagreements. However, when that administrative conduct (omissive or otherwise) results in a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as is the case here, where the appealing party indicates that they reported the scouring of the public street that provides access to Playa Hermosa de Garabito, which affects the residents and tourists of the area who travel on this road; and it has not yet been repaired.

IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is declared WITHOUT MERIT. Let the respondent authorities of the Municipality of Garabito take note of what is indicated in considerando VI of this judgment. Magistrate Castillo makes a note. Magistrate Salazar Alvarado makes a note. Notify.-

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

President

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Digitally Signed Document

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FILE No. 25-025749-0007-CO

 

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

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