Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Del cuadro fáctico descrito, esta Sala infiere del propio informe rendido por el Ministro de obras Públicas y Transportes -que se tiene dado bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y prueba aportada por este, que, al 21 de octubre de 2025, que se rinde el informe a esta Sala, la autoridad recurrida no ha localizado resultado alguno de las gestiones para implementar el proceso de verificación de emisiones contemplado en la normativa reglamentaria que acusa la parte recurrente. A la fecha, continúa sin ejecutarse el requisito de presentar el certificado de conformidad o el informe de medición de emisiones contaminantes por cada vehículo usado sujeto a importación. Ello implica que, durante casi nueve años desde su entrada en vigor, la obligación reglamentaria no ha sido materialmente cumplida, pese a que la propia administración reconoce en el informe dado a esta Sala que la verificación de la implementación le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. De modo que, se tiene por acreditado que la autoridad recurrida ha incurrido en una omisión prolongada, reiterada e injustificada, que se extiende por casi una década, respecto de una disposición reglamentaria expresamente diseñada para controlar la entrada al país de vehículos usados potencialmente altamente contaminantes. Tal omisión ha excluido la puesta en práctica de un mecanismo de verificación ambiental, que busca prevenir el ingreso de vehículos que excedan los límites permitidos de emisiones contaminantes, lo que lesiona el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; en el tanto constituye una disminución del nivel de tutela ambiental. Como consecuencia, procede acoger el recurso en los términos que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.
English (translation)From the factual framework described, this Chamber infers from the report itself rendered by the Minister of Public Works and Transport — deemed given under oath with the consequences, including criminal, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction — and evidence provided by him, that, as of October 21, 2025, when the report was rendered to this Chamber, the defendant authority has not located any result of the efforts to implement the emissions verification process set forth in the regulatory provision challenged by the plaintiff. To date, the requirement to submit the certificate of conformity or the pollutant emissions measurement report for each used vehicle subject to import continues not to be enforced. This means that, for almost nine years since its entry into force, the regulatory obligation has not been materially fulfilled, even though the administration itself acknowledges in the report rendered to this Chamber that the verification of implementation falls to the Ministry of Public Works and Transport. Therefore, it is established that the defendant authority has incurred a prolonged, repeated, and unjustified omission spanning nearly a decade, with respect to a regulatory provision expressly designed to control the entry into the country of potentially highly polluting used vehicles. Such omission has excluded the implementation of an environmental verification mechanism that seeks to prevent the entry of vehicles exceeding permitted pollutant emission limits, which harms the fundamental right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, insofar as it constitutes a reduction in the level of environmental protection. Consequently, it is appropriate to grant the appeal on the terms set forth in the operative part of this judgment.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 41946 - 2025 Fecha de la Resolución: 19 de Diciembre del 2025 a las 09:30 Expediente: 25-030815-0007-CO Redactado por: Fernando Cruz Castro Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-030815-0007-CO Res. Nº 2025041946 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 25-030815-0007-CO, interpuesto por Nombre14142, cédula de identidad CED49029, a favor de ASOCIACIÓN PRESERVE PLANET, cédula jurídica CED49030, contra el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y EL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL Resultando: 1.- Por escrito agregado en la Secretaría de la Sala a las 9:51 horas del 7 de octubre de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo. Señala que el 27 de agosto de 2025 se solicitó al Ministro de Obras Públicas y Transportes indicar los requisitos que se están verificando para la importación de vehículos usados al país. Según prueba aportada, específicamente se solicitó lo siguiente: “1. Favor indicar puntualmente cuales son los documentos que debe verificar el actual proveedor del servicio de la inspección técnica vehicular para la importación de un vehículo usado. 2. Señalar también la base normativa para cada requisito e indicar las normas o directrices que se le han girado al actual operador del servicio de la inspección técnica vehicular para la verificación de primer ingreso de vehículos usados”. Sin embargo, expone que, por medio del oficio CSV-DP-FTV-0259-2025 del 4 de setiembre de 2025, el COSEVI (al cual se le redireccionó la consulta) indicó que el certificado o informe de medición de emisión de gases contaminante establecido en el decreto 39724- MOPT-MINAE-S no se está verificando en el proceso de importación de vehículos usados. Acusa que lo anterior demuestra que “A pesar de la emisión de la normativa, a la fecha el Poder Ejecutivo sostiene omisiones de ejecución de su propia normativa Decreto39724\-MOPT\-MINAE\-SDecreto39724\-MOPT\- MINAE\-SDecreto39724\-MOPT\-MINAE\-S, que vulneran el derecho constitucional consignado en el artículo 50 de la Carta Magna.”. Expone que, desde que el decreto ejecutivo 39724-MOPT-MINAE-S entró en vigencia el 2 de mayo de 2016, el requisito del certificado o informe de medición de emisiones contaminantes (establecido en el artículo 8) debió requerirse, sin embargo, aún no se está exigiendo, por lo que no se está vigilando la calidad de los vehículos usados que se importan al país respecto de sus emisiones de gases, lo que vulnera el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Agrega que, según los considerandos del decreto citado, “de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, elaborado por el Instituto Meteorológico Nacional en el año 2012, el sector transporte es responsable del 44% de las emisiones de CO2 equivalente netas del país”. Pide se declare con lugar el recurso. 2.-Mediante resolución de las 14:51 horas del 14 de octubre de 2025 se dio curso al proceso y se solicitó informe al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo de Seguridad Vial. 3.-Informa Efraím Zeledón Leiva, en su carácter de Ministro de Obras Públicas y Transportes. Expresa que se confirma que en fecha 27 de agosto del año en curso, el ciudadano Nombre88558, solicitó textualmente: (…) cuáles son los documentos que debe verificar el actual proveedor del servicio de inspección técnica vehicular para la importación de un vehículo usado. De igual manera solicitó otros aspectos asociados a su consulta. Se le brindó la información requerida. El decreto ejecutivo Nº 39724-MOPT-MINAE-S, que entró en vigencia el día 30 de mayo del año 2016 y no el día 2 como indica “el amparante” (sic), pues fue publicado en el Alcance 87 a La Gaceta Nº 103 del 30 de mayo del año 2016, en su artículo 8 indica que como parte del proceso de nacionalización de vehículos usados de primer ingreso, se debe presentar un certificado de conformidad o bien un informe de medición de las emisiones contaminantes por cada vehículo. El artículo 8 del decreto ejecutivo Nº 39724-MOPT-MINAE-S, estableció que la verificación de los estándares de emisiones para vehículos de primer ingresos nuevos o usados, corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Por otra parte, el artículo 38 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial Nº 9078, establece que en el caso de las revisiones periódicas a los vehículos automotores, la constatación de los niveles de emisiones contaminantes, se realizará mediante la inspección técnica vehicular, que desde antes de la promulgación de dicha ley, se ejecuta por medio de un servicio concesionado. Así las cosas, resultaba terreno natural, que el rol asignado en el decreto ejecutivo Nº 39724-MOPT-MINAE-S y su artículo 8, se ejecutase igualmente mediante el servicio concesionado y no acudiendo a otro procedimiento, para verificar el certificado de conformidad o el informe de mediaciones señalado en dicho numeral. Por razones no determinadas, no es sino hasta el año 2022 que las autoridades ministeriales de la anterior Administración, concretamente el 4 de mayo mediante oficio DVTSV- 2022-0252 pusieron en conocimiento de la prestataria del servicio de inspección técnica vehicular en ese entonces, el procedimiento a seguir para ejecutar el artículo 8 del decreto ejecutivo Nº 39724-MOPT-MINAE-S y el fundamento técnico de la iniciativa, ante la necesidad de coordinar técnica y materialmente el proceso. Es importante señalar, que como resultó público y notorio, el contrato con la prestataria del servicio Riteve SyC S.A., expiraba en ese entonces en el mes de julio siguiente del año 2022, por lo que no se ha ubicado el resultado de aquella gestión. Considerando el estado actual de la situación, por oficio CSV-DP-FTV-0299-2025, se ha remitido a la actual prestataria del servicio la documentación respectiva por parte de la fiscalizadora del servicio por parte del Consejo de Seguridad Vial, para que una vez recibidas sus observaciones y/o conformidad, se formalicen los procedimientos respectivos, para así atender lo indicado en el artículo 8 del decreto ejecutivo Nº 39724-MOPT-MINAE-S. Es importante señalar, que a pesar de lo antes indicado, en la inspección técnica que se hace a los vehículos usados presentados para nacionalización, sí se incluye la revisión de los parámetros de emisiones contaminantes vigentes, de modo que si exceden los mismos, se anota el defecto grave y los vehículos involucrados en tales condiciones no pueden circular por las vías públicas terrestres, de modo que en definitiva no se estaría produciendo la afección al artículo 50 de la Constitución Política que se acusa. (…) De conformidad a lo indicado supra, si bien es cierto, el artículo 8 del Decreto Ejecutivo N° 39724-MOPT-MINAE-S y sus reformas, estableció que la verificación de los estándares de emisiones para vehículos de primer ingresos nuevos o usados, corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, es imperioso concordar esta norma con el artículo 38 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078, misma que establece que en el caso de las revisiones periódicas a los vehículos automotores, la constatación de los niveles de emisiones contaminantes, se realizará mediante la inspección técnica vehicular, que desde antes de la promulgación del Decreto Ejecutivo N° 39724-MOPT-MINAE-S y sus reformas, se ejecuta por medio de un servicio concesionado; es decir, en este caso es DEKRA. Por lo tanto, reiterando lo aludido en el informe, en la inspección técnica que se hace a los vehículos usados presentados para nacionalización, sí se incluye la revisión de los parámetros de emisiones contaminantes vigentes, si exceden los mismos, se anota el defecto grave y los vehículos involucrados en tales condiciones no pueden circular por las vías públicas terrestres, de modo que en definitiva no se estaría produciendo la afección al artículo 50 de la Constitución Política que se alude. Pide se declare sin lugar el recurso. 4.- Por escrito agregado al expediente el 23 de octubre de 2025, Nombre88558, en condición de recurrente, indica que todas las contestaciones e informes son coincidentes en admitir la omisión aquí reclamada. Partiendo de lo anterior, vemos que se admite la promulgación del Decreto Ejecutivo 39724-MOPT-MINAE-S “Reglamento para el control de las emisiones contaminantes producidas por los vehículos automotores con motor de combustión interna” desde el año 2016 y que en su artículo 8, párrafo 7, se dispone el requisito del certificado o informe de emisiones que nunca ha sido verificado, esto por cuanto no es sino hasta el año 2022 mediante oficio DVTSV-2022-0252 que se intentó una implementación de lo preceptuado por la norma con la anterior prestataria del servicio de inspección técnica vehicular, no obstante, al finalizar el contrato de la empresa RITEVE y el inicio de operaciones de la empresa DEKRA el tema fue nuevamente olvidado al punto de que hasta el momento no se ejecuta la disposición reglamentaria. En este punto nótese que la empresa DEKRA ya tiene 3 años de estar en el país, sin que se haya implementado lo requerido. Por su parte, la continuidad de la omisión aquí reclamada se termina de confirmar con el oficio CSV-DP-FTV-0299-2025 del 17 de Octubre de 2025 (posterior a la notificación del traslado del presente recurso) en el que solamente le requieren retroalimentación y recomendaciones a la empresa a Dekra para implementar una eventual ejecución de lo requerido desde el año 2016, sin embargo continúa sin implementarse nada hasta el día de hoy. Ahora bien, es importante llamar la atención respecto de lo referido en el punto “Quinto” del informe rendido por el señor Director de Proyectos del COSEVI y que, de alguna manera es replicado en los demás informes, relativos a la aplicación de los controles del artículo 38 de la Ley de Tránsito, esto por cuanto, pareciera ser que se intenta llevar a error a este Tribunal en la medida de que dicha norma corresponde a los requisitos de circulación para vehículos, ergo, aplica para los automotores ya nacionalizados, situación que dista mucho de lo reclamado en la presente litis pues la omisión acusada versa exclusivamente sobre requisitos de importación o, dicho de otra manera, a la revisión previa que debe hacerse para determinar si un vehículo puede o no ser importado al país. De tal suerte que las disposiciones del artículo 38 ibídem no tienen relación con la importación de vehículos, en tanto esta regulación está orientada para los vehículos circulantes, o sea, los que ya fueron importados, mientras que la falta de ejecución en la verificación de los certificados de emisiones referidos en el artículo 8 párrafo 7 del Decreto 39724-MOPT-MINAE-S refiere a un REQUISITO PREVIO PARA LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS. A todas luces la ejecución de las disposiciones del artículo 38 de la Ley de Tránsito no pueden ser tomadas como un cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8, párrafo 7 del Decreto Ejecutivo 39724-MOPT-MINAE-S, como se intenta interpretar por las autoridades recurridas, pues para que un vehículo circule debió haber sido importado primero y es aquí donde el espíritu de la norma reglamentaria es claro en que lo pretendido es evitar la importación de vehículos contaminantes en exceso, ergo, procurar una mejora de la flota vehicular términos de la contaminación del aire. La aceptación tácita de lo aquí reclamado decanta en la comprobación del quebranto al derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por cuanto implica el ingreso de miles de vehículos usados mensualmente durante casi 10 años (2016 a 2025) sin controles sobre sus emisiones contaminantes, todo esto tomando en cuenta que el sector transporte contribuye con casi la mitad del total de emisiones contaminantes en el aire. Lo cierto del caso es que, aunque de alguna manera se intenta, no existe justificación alguna para que después de tanto tiempo no se esté ejecutando un requisito que los propios recurridos, acertadamente, crearon. De igual manera, los recurridos son omisos en tan siquiera brindar un plazo para puesta en ejecución de lo aquí reclamado, situación que motiva con mayor contundencia la necesidad de que esta Sala Constitucional tutele el derecho quebrantado y ordene la ejecución inmediata de lo dispuesto por el artículo 8, párrafo 7 del Decreto Ejecutivo 39724-MOPT-MINAE-S. En línea con el párrafo anterior, también deseo llamar la atención a lo indicado respecto de las obligaciones de fiscalización del servicio de inspección técnica vehicular que ostenta el COSEVI, en tanto escapa a toda lógica que, en el ejercicio de esas funciones, no pudiesen dar seguimiento al cumplimiento cabal de lo determinado por el Decreto Ejecutivo 39724-MOPT-MINAE-S pues esa es directamente su función. Y es que el artículo 28 de la Ley de Tránsito es claro, le corresponde al MOPT, por medio del COSEVI, la fiscalización de las funciones de las empresas prestatarias del servicio de inspección técnica vehicular, siendo entonces los aquí recurridos directamente responsables de la falta de ejecución que se reclama y del perjuicio a la calidad de aire que ello implica, sin justificación válida alguna en vista del plazo que ha transcurrido y de que se admite tener conocimiento sobre la misma. Así las cosas, el Estado ha sido completamente permisivo por su omisión en el deber de velar por la calidad del aire y el derecho constitucional a un ambiente sano en perjuicio de todos los habitantes del país, lo cual es plenamente admitido y comprobado con los informes rendidos por los recurridos y los documentos adjuntos a ellos. En el 2016 se emitió el decreto y se creó el requisito, hasta el 2022 se dieron cuenta de la falta de ejecución de ese extremo y hasta ahora 2025, y con ocasión de este recurso de amparo, se volvió a iniciar un intento de solucionar el problema sin que a la fecha exista alguna acción concreta orientada al cumplimiento o tan siquiera una fecha cierta de implementación, si no, al igual que en el año 2022, en el mejor de los casos una intención. Corolario de todo lo expuesto, con el debido respeto solicito a los señores Magistrados declarar lugar el recurso de amparo en tutela del artículo 50 de la Carta Magna en todos sus extremos, ordenando la ejecución inmediata de lo determinado por el párrafo 7 del artículo 8 del Decreto Ejecutivo 39724-MOPT-MINAE-S. 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Cruz Castro; y, Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente expone que en el párrafo 7 del artículo 8 de Decreto Ejecutivo número 39724-MOPT-MINAE-S se estableció que en el proceso de importación de vehículos usados debe verificarse el certificado o informe de medición de emisión de gases contaminante; requisito de importación que debe hacerse para determinar si un vehículo puede o no ser importado al país. Sin embargo, las autoridades recurridas no han efectuado ninguna acción tendiente a implementar ese requisito, lo que estima lesiona el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pide la intervención de esta Sala. II.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial: a. El 30 de mayo de 2016, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Ejecutivo número 39724-MOPT-MINAE-S, Reglamento para el control de las emisiones contaminantes producidas por los vehículos automotores con motor de combustión interna, publicado en el Alcance 87 a La Gaceta Nº 103 del 30 de mayo del año 2016 (ver informe y prueba). b. El artículo 8 del decreto ejecutivo Nº 39724-MOPT-MINAE-S, indica que como parte del proceso de nacionalización de vehículos usados de primer ingreso, se debe presentar un certificado de conformidad o bien un informe de medición de las emisiones contaminantes por cada vehículo, lo que corresponde implementar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (ver informe). c. El 4 de mayo de 2022 mediante oficio DVTSV- 2022-0252 el Viceministro de Transportes y Seguridad Vial puso en conocimiento de la prestataria del servicio de inspección técnica vehicular en ese entonces (RITEVE SyC S.A.), el procedimiento a seguir para ejecutar el artículo 8 del decreto ejecutivo Nº 39724-MOPT-MINAE-S y el fundamento técnico de la iniciativa, ante la necesidad de coordinar técnica y materialmente el proceso. “Sin embargo, no se localizó el resultado de dicha gestión y la consecuente implementación del proceso de revisión de lo señalado en el artículo 8 del decreto precitado.” (ver informe y prueba). d. El 27 de agosto de 2025, la parte recurrente solicitó al Ministro de Obras Públicas y Transportes indicar los requisitos que se están verificando para la importación de vehículos usados al país. Según prueba aportada, específicamente se solicitó lo siguiente: “1. Favor indicar puntualmente cuales son los documentos que debe verificar el actual proveedor del servicio de la inspección técnica vehicular para la importación de un vehículo usado. 2. Señalar también la base normativa para cada requisito e indicar las normas o directrices que se le han girado al actual operador del servicio de la inspección técnica vehicular para la verificación de primer ingreso de vehículos usados”. e. El 04 de setiembre de 2025, por oficio CSV-DP-FTV-0259-2025, el COSEVI (al cual se le redireccionó la consulta) respondió que, el certificado o informe de medición de emisión de gases contaminante establecido en el decreto 39724- MOPT-MINAE-S no se está verificando en el proceso de importación de vehículos usados. (ver prueba) f. El 15 de octubre de 2025, por el oficio CARTA-MOPT-DAJ-2025-4577, Pablo Zeledón Quesada, en su condición de Director a.i. del Ministerio de Obra Públicas y Transportes envía a la Directora Ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial, una nota en que, con ocasión del presente recurso, le pide explique “la razón por la cual el certificado o informe de medición de emisión de gases contaminante establecido en el Decreto Ejecutivo N° 39724- MOPT-MINAE-S no se está verificando en el proceso de importación de vehículos usados, de conformidad a lo indicado por el Recurrente (ver prueba). g. El 17 de octubre de 2025, por el oficio CSV-DP-FTV-0299-2025, el Cosevi envía a DEKRA Costa Rica S.A., la actual prestataria del servicio de revisión vehicular, la documentación respectiva por parte de la fiscalizadora del servicio por parte del Consejo de Seguridad Vial, para que una vez recibidas sus observaciones y/o conformidad, se formalicen los procedimientos respectivos, para así atender lo indicado en el artículo 8 del decreto ejecutivo Nº 39724-MOPT-MINAE-S (ver informe y prueba). III.- SOBRE EL FONDO. En el presente asunto, es preciso señalar que el recurrente no reclama la falta de respuesta a la gestión planteada el 27 de agosto de 2025 ante el Ministro de Obras Públicas y Transportes, sino que cuestiona el contenido mismo de la respuesta brindada por el COSEVI, al que se redireccionó la consulta, y respondió mediante el oficio CSV-DP-FTV-0259-2025 del 4 de setiembre de 2025, que no se está verificando en el proceso de importación de vehículos usados, el certificado o informe de medición de emisiones contaminantes previsto en párrafo séptimo, del artículo 8 del Decreto Ejecutivo n.° 39724-MOP-MINAE-S, a pesar de que dicho reglamento se encuentra vigente desde el 30 de mayo de 2016. Sostiene que, casi 9 años después de su entrada en vigor, la Administración continúa sin ejecutar la verificación ambiental que el propio Poder Ejecutivo ordenó, lo que estima vulnera el derecho constitucional al ambiente sano previsto en el artículo 50 de la Constitución Política. Este aspecto es lo que constituye el objeto de examen constitucional en este asunto. Para mayor claridad, se transcribe la norma cuya inejecución reclama el recurrente: Dispone el Decreto Ejecutivo n.° 39724-MOP-MINAE-S, en su artículo 8, párrafos 1 y 7: “Artículo 8. Verificación de estándares de emisiones para vehículos de primer ingreso: El MOPT será el encargado de la verificación de los requisitos establecidos en el artículo anterior, con el propósito de que las autoridades aduaneras concluyan el proceso de nacionalización de los vehículos que se importan al país. (…) Para los vehículos usados de primer ingreso, también se deberá presentar un certificado de conformidad o bien un informe de medición de las emisiones contaminantes por cada vehículo. De comprobarse un incumplimiento de lo indicado en el certificado de conformidad con los estándares de emisiones de este reglamento, no se autorizará su nacionalización. Al respecto, la autoridad recurrida afirma en el informe dado a esta Sala, -debidamente advertida de la consecuencias incluso penales que prevé el artículo 44 de la Ley de esta Jurisdicción- que, la implementación del párrafo 7 del artículo 8 del Decreto Ejecutivo n.° 39724-MOP-MINAE-S, corresponde al servicio concesionado de revisión vehicular, no acudiendo a otro procedimiento para verificar el certificado de conformidad o el informe de mediciones contemplado en la norma. Para sustentar lo anterior, adjunta el oficio DVTSV-2022-0252 del 4 de mayo de 2022, mediante el cual el Viceministro de Transportes y Seguridad Vial de entonces, comunicó a la que fuera prestataria del servicio de inspección técnica vehicular (RITEVE-SIC) el procedimiento para dar ejecución al artículo citado y su fundamento técnico, señalando la necesidad de coordinar técnica y materialmente dicho proceso. Es cinco años y medio despúes, con ocasión de este recurso que, el 17 de octubre de 2025, el MOPT recurrido envía a la actual prestataria del servicio revisión vehicular, DEKRA Costa Rica, el oficio CSV-DP-FTV-0299-2025, solicitando la documentación remitida por la fiscalizadora para formalizar los procedimientos necesarios para cumplir lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo n.° 39724-MOP-MINAE-S, objeto del presente reclamo. Por otro lado sostiene que: “El artículo 8 del decreto ejecutivo Nº 39724-MOPT-MINAE-S, estableció que la verificación de los estándares de emisiones para vehículos de primer ingresos nuevos o usados, corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.” Del cuadro fáctico descrito, esta Sala infiere del propio informe rendido por el Ministro de obras Públicas y Transportes -que se tiene dado bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y prueba aportada por este, que, al 21 de octubre de 2025, que se rinde el informe a esta Sala, la autoridad recurrida no ha localizado resultado alguno de las gestiones para implementar el proceso de verificación de emisiones contemplado en la normativa reglamentaria que acusa la parte recurrente. A la fecha, continúa sin ejecutarse el requisito de presentar el certificado de conformidad o el informe de medición de emisiones contaminantes por cada vehículo usado sujeto a importación. Ello implica que, durante casi nueve años desde su entrada en vigor, la obligación reglamentaria no ha sido materialmente cumplida, pese a que la propia administración reconoce en el informe dado a esta Sala que la verificación de la implementación le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. De modo que, se tiene por acreditado que la autoridad recurrida ha incurrido en una omisión prolongada, reiterada e injustificada, que se extiende por casi una década, respecto de una disposición reglamentaria expresamente diseñada para controlar la entrada al país de vehículos usados potencialmente altamente contaminantes. Tal omisión ha excluido la puesta en práctica de un mecanismo de verificación ambiental, que busca prevenir el ingreso de vehículos que excedan los límites permitidos de emisiones contaminantes, lo que lesiona el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; en el tanto constituye una disminución del nivel de tutela ambiental. Como consecuencia, procede acoger el recurso en los términos que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia. Finalmente, en cuanto al criterio del Ministro de Obras Públicas y Transportes, que afirma que es a la empresa concesionaria Dekra a la que le corresponde hacer la medición de gases, esta Sala aclara que no le corresponde determinar cuál órgano —si el concesionario, el propio Ministerio u otro— debe ejecutar el cumplimiento de lo ordenado en el artículo 8 de decreto ejecutivo n°39724-MOPT-MINAE-S, ya que tal precisión corresponde al ámbito administrativo. Como consecuencia, procede acoger el recurso para que en el plazo que se indica se ejecute la norma cuyo incumplimiento se reclama en esta vía. IV- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI POR TANTO: Se declara con lugar el recurso. En consecuencia se ordena a Efraím Zeledón Leiva, en su carácter de Ministro de Obras Públicas y Transportes o a quien ocupe tal cargo que en el plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, adopte y coordine todas las medidas necesarias, a fin de asegurar el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el artículo 8 párrafo 7 del Decreto Ejecutivo N°39724-MOPT-MINAE-S, “Reglamento para el control de las emisiones contaminantes producidas por los vehículos automotores con motor de combustión interna”. Se le advierte al recurridos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 6TIVK51Q3AQ61 EXPEDIENTE N° 25-030815-0007-CO Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:59:57. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Grande Normal Pequeña Constitutional Chamber Resolution No. 41946 - 2025 Resolution Date: December 19, 2025, at 9:30 a.m. Expediente: 25-030815-0007-CO Authored by: Fernando Cruz Castro Type of Matter: Amparo Action Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Text of the resolution Exp: 25-030815-0007-CO Res. No. 2025041946 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on the nineteenth of December two thousand twenty-five. Amparo action processed in expediente no. 25-030815-0007-CO, filed by Nombre14142, identity card CED49029, on behalf of ASOCIACIÓN PRESERVE PLANET, legal identity number CED49030, against the MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT AND THE ROAD SAFETY COUNCIL. Resultando: 1.- By written submission added to the Chamber Secretariat at 9:51 a.m. on October 7, 2025, the petitioner files an amparo action. He states that on August 27, 2025, a request was made to the Minister of Public Works and Transport to indicate the requirements being verified for the importation of used vehicles into the country. According to the evidence provided, the following was specifically requested: "1. Please indicate specifically which documents the current provider of the vehicle technical inspection service must verify for the importation of a used vehicle. 2. Also indicate the regulatory basis for each requirement and specify the rules or directives that have been issued to the current operator of the vehicle technical inspection service for the verification of initial entry of used vehicles." However, he explains that, through official letter CSV-DP-FTV-0259-2025 of September 4, 2025, COSEVI (to which the inquiry was redirected) indicated that the certificate or measurement report for polluting gas emissions established in decree 39724- MOPT-MINAE-S is not being verified in the process of importing used vehicles. He accuses that the foregoing demonstrates that "Despite the issuance of the regulation, to date the Executive Branch maintains omissions in the execution of its own regulation Decreto39724-MOPT-MINAE-SDecreto39724-MOPT- MINAE-SDecreto39724-MOPT-MINAE-S, which violate the constitutional right enshrined in Article 50 of the Magna Carta." He states that, since Executive Decree 39724-MOPT-MINAE-S entered into force on May 2, 2016, the requirement for the certificate or measurement report for polluting emissions (established in Article 8) should have been required; however, it is still not being demanded, so the quality of used vehicles imported into the country regarding their gas emissions is not being monitored, which violates the right to a healthy and ecologically balanced environment. He adds that, according to the considerandos of the cited decree, "according to the National Inventory of Greenhouse Gas Emissions, prepared by the National Meteorological Institute in 2012, the transport sector is responsible for 44% of the country's net CO2 equivalent emissions." He requests that the amparo action be granted. 2.- By resolution at 2:51 p.m. on October 14, 2025, the process was admitted, and a report was requested from the Ministry of Public Works and Transport and the Road Safety Council. 3.- Efraím Zeledón Leiva, in his capacity as Minister of Public Works and Transport, reports. He states that it is confirmed that on August 27 of the current year, the citizen Nombre88558 requested literally: (…) what documents the current provider of the vehicle technical inspection service must verify for the importation of a used vehicle. He also requested other aspects associated with his inquiry. The required information was provided. Executive Decree No. 39724-MOPT-MINAE-S, which entered into force on May 30, 2016, and not the 2nd as indicated by "the petitioner" (sic), since it was published in Supplement 87 to La Gaceta No. 103 of May 30, 2016, in its Article 8 indicates that as part of the nationalization process for used vehicles of initial entry, a certificate of conformity or a measurement report of polluting emissions must be presented for each vehicle. Article 8 of Executive Decree No. 39724-MOPT-MINAE-S, established that the verification of emission standards for new or used vehicles of initial entry corresponds to the Ministry of Public Works and Transport. On the other hand, Article 38 of the Law on Transit by Public Land Routes and Road Safety No. 9078 establishes that in the case of periodic reviews of motor vehicles, the verification of polluting emission levels shall be carried out through the vehicle technical inspection, which, since before the enactment of said law, is executed by means of a concession service. Thus, it was natural ground that the role assigned in Executive Decree No. 39724-MOPT-MINAE-S and its Article 8 should be executed likewise through the concession service and not by resorting to another procedure, to verify the certificate of conformity or the measurement report indicated in that numeral. For undetermined reasons, it was not until the year 2022 that the ministerial authorities of the previous Administration, specifically on May 4th through official letter DVTSV- 2022-0252, informed the provider of the vehicle technical inspection service at that time of the procedure to follow to execute Article 8 of Executive Decree No. 39724-MOPT-MINAE-S and the technical basis of the initiative, given the need to technically and materially coordinate the process. It is important to note that, as it was public and notorious, the contract with the service provider Riteve SyC S.A. was expiring at that time in the following month of July 2022, so the result of that effort has not been located. Considering the current state of the situation, through official letter CSV-DP-FTV-0299-2025, the respective documentation has been sent to the current service provider by the service supervisor on behalf of the Road Safety Council, so that once its observations and/or conformity are received, the respective procedures are formalized, in order to attend to what is indicated in Article 8 of Executive Decree No. 39724-MOPT-MINAE-S. It is important to note that despite the aforementioned, the technical inspection performed on used vehicles presented for nationalization does include a review of the current polluting emission parameters, such that if they exceed them, a serious defect is noted and the vehicles involved in such conditions cannot circulate on public land routes, meaning that the harmful effect to Article 50 of the Political Constitution being alleged would definitively not be occurring. (…) In accordance with the aforementioned, although it is true that Article 8 of Executive Decree No. 39724-MOPT-MINAE-S and its amendments established that the verification of emission standards for new or used vehicles of initial entry corresponds to the Ministry of Public Works and Transport, it is imperative to harmonize this rule with Article 38 of the Law on Transit by Public Land Routes and Road Safety No. 9078, which establishes that in the case of periodic reviews of motor vehicles, the verification of polluting emission levels shall be carried out through the vehicle technical inspection, which, since before the enactment of Executive Decree No. 39724-MOPT-MINAE-S and its amendments, is executed by means of a concession service; that is, in this case, it is DEKRA. Therefore, reiterating what was alluded to in the report, the technical inspection performed on used vehicles presented for nationalization does include a review of the current polluting emission parameters; if they exceed them, a serious defect is noted and the vehicles involved in such conditions cannot circulate on public land routes, meaning that the harmful effect to Article 50 of the Political Constitution being alluded to would definitively not be occurring. He requests that the amparo action be dismissed. 4.- By written submission added to the expediente on October 23, 2025, Nombre88558, in the capacity of petitioner, indicates that all responses and reports are coincident in admitting the omission claimed herein. Based on the foregoing, we see that the enactment of Executive Decree 39724-MOPT-MINAE-S "Regulation for the control of polluting emissions produced by motor vehicles with internal combustion engines" is admitted since the year 2016 and that its Article 8, paragraph 7, provides for the requirement for the certificate or emissions report that has never been verified; this is because it was not until the year 2022 through official letter DVTSV-2022-0252 that an implementation of what was mandated by the regulation was attempted with the previous provider of the vehicle technical inspection service; however, upon the termination of the RITEVE company's contract and the start of operations by the DEKRA company, the matter was again forgotten to the point that to date the regulatory provision is not being executed. At this point, it should be noted that the DEKRA company has already been in the country for 3 years without what is required having been implemented. For its part, the continuity of the omission claimed herein is ultimately confirmed by official letter CSV-DP-FTV-0299-2025 of October 17, 2025 (after the notification of the referral of this amparo action) in which they only request feedback and recommendations from the Dekra company to implement an eventual execution of what has been required since the year 2016; however, nothing continues to be implemented to this day. Now, it is important to draw attention to what is referred to in point "Fifth" of the report rendered by the Director of Projects of COSEVI and which, in some way, is replicated in the other reports, regarding the application of the controls of Article 38 of the Law on Transit; this is because it seems that an attempt is being made to mislead this Court insofar as said regulation corresponds to circulation requirements for vehicles, ergo, it applies to motor vehicles already nationalized, a situation that is far from what is claimed in the present dispute since the alleged omission pertains exclusively to importation requirements or, put another way, to the prior review that must be done to determine whether a vehicle can or cannot be imported into the country. Thus, the provisions of Article 38 ibidem have no relation to the importation of vehicles, as this regulation is oriented towards circulating vehicles, that is, those that have already been imported, whereas the lack of execution in verifying the emission certificates referred to in Article 8 paragraph 7 of Decree 39724-MOPT-MINAE-S refers to a PREVIOUS REQUIREMENT FOR THE IMPORTATION OF USED VEHICLES. Clearly, the execution of the provisions of Article 38 of the Law on Transit cannot be taken as compliance with what is provided by Article 8, paragraph 7 of Executive Decree 39724-MOPT-MINAE-S, as the respondent authorities attempt to interpret, because for a vehicle to circulate it must have been imported first and it is here where the spirit of the regulatory rule is clear that what is intended is to avoid the importation of excessively polluting vehicles, ergo, to seek an improvement of the vehicle fleet in terms of air pollution. The tacit acceptance of what is claimed herein results in the verification of the violation of the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment, since it implies the entry of thousands of used vehicles monthly for almost 10 years (2016 to 2025) without controls on their polluting emissions, all this taking into account that the transport sector contributes almost half of the total polluting emissions in the air. The truth of the matter is that, although it is attempted in some way, there is no justification whatsoever for a requirement that the respondents themselves correctly created not being executed after so much time. Similarly, the respondents are remiss in even providing a deadline for the implementation of what is claimed herein, a situation that more forcefully motivates the need for this Constitutional Chamber to protect the violated right and order the immediate execution of what is provided by Article 8, paragraph 7 of Executive Decree 39724-MOPT-MINAE-S. In line with the previous paragraph, I also wish to draw attention to what was indicated regarding the supervisory obligations over the vehicle technical inspection service held by COSEVI, as it defies all logic that, in the exercise of those functions, they could not follow up on the full compliance with what was determined by Executive Decree 39724-MOPT-MINAE-S, as that is directly their function. And it is that Article 28 of the Law on Transit is clear: it corresponds to the MOPT, through COSEVI, to supervise the functions of the companies providing the vehicle technical inspection service, thus making the respondents here directly responsible for the lack of execution being claimed and the damage to air quality that this implies, without any valid justification given the time that has elapsed and the admission of having knowledge of it. Thus, the State has been completely permissive by its omission in the duty to ensure air quality and the constitutional right to a healthy environment to the detriment of all inhabitants of the country, which is fully admitted and proven by the reports rendered by the respondents and the documents attached to them. In 2016 the decree was issued and the requirement was created; until 2022 they realized the lack of execution of that aspect, and it is now 2025, and on the occasion of this amparo action, an attempt to solve the problem was restarted without there being any concrete action aimed at compliance to date or even a certain date for implementation, if not, as in the year 2022, at best an intention. As a corollary of all the above, with due respect I request the Honorable Magistrates to grant the amparo action in protection of Article 50 of the Magna Carta in all its aspects, ordering the immediate execution of what is determined by paragraph 7 of Article 8 of Executive Decree 39724-MOPT-MINAE-S. 5.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed. Authored by Magistrate Cruz Castro; and, Considerando: I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner states that paragraph 7 of Article 8 of Executive Decree number 39724-MOPT-MINAE-S established that in the process of importing used vehicles, the certificate or measurement report for polluting gas emissions must be verified; an import requirement that must be performed to determine whether a vehicle can or cannot be imported into the country. However, the respondent authorities have not taken any action aimed at implementing that requirement, which he considers injures the fundamental right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. He requests the intervention of this Chamber. II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order: a. On May 30, 2016, the Executive Branch published Executive Decree number 39724-MOPT-MINAE-S, Regulation for the control of polluting emissions produced by motor vehicles with internal combustion engines, published in Supplement 87 to La Gaceta No. 103 of May 30, 2016 (see report and evidence). b. Article 8 of Executive Decree No. 39724-MOPT-MINAE-S indicates that as part of the nationalization process for used vehicles of initial entry, a certificate of conformity or a measurement report of polluting emissions must be presented for each vehicle, which corresponds to the Ministry of Public Works and Transport to implement (see report). c. On May 4, 2022, through official letter DVTSV-2022-0252, the Vice Minister of Transport and Road Safety informed the provider of the vehicle technical inspection service at that time (RITEVE SyC S.A.) of the procedure to follow to execute Article 8 of Executive Decree No. 39724-MOPT-MINAE-S and the technical basis of the initiative, given the need to technically and materially coordinate the process. "However, the result of that effort and the consequent implementation of the review process indicated in Article 8 of the aforementioned decree were not located." (see report and evidence). d. On August 27, 2025, the petitioner requested the Minister of Public Works and Transport to indicate the requirements being verified for the importation of used vehicles into the country. According to the evidence provided, the following was specifically requested: "1. Please indicate specifically which documents the current provider of the vehicle technical inspection service must verify for the importation of a used vehicle. 2. Also indicate the regulatory basis for each requirement and specify the rules or directives that have been issued to the current operator of the vehicle technical inspection service for the verification of initial entry of used vehicles." e. On September 4, 2025, through official letter CSV-DP-FTV-0259-2025, COSEVI (to which the inquiry was redirected) responded that the certificate or measurement report for polluting gas emissions established in decree 39724-MOPT-MINAE-S is not being verified in the process of importing used vehicles. (see evidence) f. On October 15, 2025, through official letter CARTA-MOPT-DAJ-2025-4577, Pablo Zeledón Quesada, in his capacity as Acting Director of the Ministry of Public Works and Transport, sends to the Executive Director of the Road Safety Council a note in which, on the occasion of this amparo action, he asks her to explain "the reason why the certificate or measurement report for polluting gas emissions established in Executive Decree No. 39724- MOPT-MINAE-S is not being verified in the process of importing used vehicles, in accordance with what was indicated by the Petitioner" (see evidence). g. On October 17, 2025, through official letter CSV-DP-FTV-0299-2025, COSEVI sends to DEKRA Costa Rica S.A., the current provider of the vehicle inspection service, the respective documentation from the service supervisor on behalf of the Road Safety Council, so that once its observations and/or conformity are received, the respective procedures are formalized, in order to attend to what is indicated in Article 8 of Executive Decree No. 39724-MOPT-MINAE-S (see report and evidence). III.- ON THE MERITS. In the present matter, it is necessary to point out that the petitioner does not complain about the lack of response to the request filed on August 27, 2025, before the Minister of Public Works and Transport, but rather questions the very content of the response provided by COSEVI, to which the inquiry was redirected, and which responded through official letter CSV-DP-FTV-0259-2025 of September 4, 2025, that the certificate or measurement report for polluting emissions provided for in the seventh paragraph of Article 8 of Executive Decree No. 39724-MOP-MINAE-S is not being verified in the process of importing used vehicles, despite the fact that said regulation has been in force since May 30, 2016. He maintains that, almost 9 years after its entry into force, the Administration continues without executing the environmental verification that the Executive Branch itself ordered, which he considers violates the constitutional right to a healthy environment provided for in Article 50 of the Political Constitution. This aspect is what constitutes the subject of constitutional examination in this matter. For greater clarity, the rule whose non-execution the petitioner claims is transcribed: Executive Decree No. 39724-MOP-MINAE-S provides, in its Article 8, paragraphs 1 and 7: "Article 8. Verification of emission standards for vehicles of initial entry: The MOPT shall be in charge of verifying the requirements established in the previous article, with the purpose that customs authorities conclude the nationalization process for vehicles imported into the country. (…) For used vehicles of initial entry, a certificate of conformity or a measurement report of polluting emissions must also be presented for each vehicle. If a non-compliance with what is indicated in the certificate of conformity with the emission standards of this regulation is verified, their nationalization shall not be authorized." Regarding this, the respondent authority affirms in the report given to this Chamber—duly warned of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law of this Jurisdiction—that the implementation of paragraph 7 of Article 8 of Executive Decree No. 39724-MOP-MINAE-S corresponds to the concession service for vehicle inspection, not resorting to another procedure to verify the certificate of conformity or the measurement report contemplated in the rule. To support the above, it attaches official letter DVTSV-2022-0252 of May 4, 2022, through which the Vice Minister of Transport and Road Safety at that time communicated to the former provider of the vehicle technical inspection service (RITEVE-SIC) the procedure for giving execution to the cited article and its technical basis, pointing out the need to technically and materially coordinate said process. It is five and a half years later, on the occasion of this amparo action, that on October 17, 2025, the respondent MOPT sends to the current provider of the vehicle inspection service, DEKRA Costa Rica, the official letter CSV-DP-FTV-0299-2025, requesting the documentation forwarded by the supervisor to formalize the necessary procedures to comply with the provisions of Article 8 of Executive Decree No. 39724-MOP-MINAE-S, the subject of this claim. On the other hand, he maintains that: "Article 8 of Executive Decree No. 39724-MOPT-MINAE-S established that the verification of emission standards for new or used vehicles of initial entry corresponds to the Ministry of Public Works and Transport." From the factual picture described, this Chamber infers from the report rendered by the Minister of Public Works and Transport—which is considered given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided by him, that as of October 21, 2025, when the report is rendered to this Chamber, the respondent authority has not located any result from the efforts to implement the emission verification process contemplated in the regulatory provision that the petitioner alleges. To date, the requirement to present the certificate of conformity or the measurement report of polluting emissions for each used vehicle subject to importation remains unexecuted. This implies that, for nearly nine years since its entry into force, the regulatory obligation has not been materially fulfilled, despite the fact that the administration itself acknowledges in the report given to this Chamber that the verification of the implementation corresponds to the Ministry of Public Works and Transport. Thus, it is deemed accredited that the respondent authority has incurred in a prolonged, reiterated, and unjustified omission, extending for almost a decade, regarding a regulatory provision expressly designed to control the entry into the country of used vehicles that are potentially highly polluting. Such omission has excluded the implementation of an environmental verification mechanism, which seeks to prevent the entry of vehicles that exceed the permitted limits of polluting emissions, which injures the fundamental right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment; insofar as it constitutes a decrease in the level of environmental protection. As a consequence, it is appropriate to grant the amparo action in the terms indicated in the operative part of this judgment. Finally, regarding the criterion of the Minister of Public Works and Transport, who claims that it is the concessionary company Dekra that is responsible for measuring gases, this Chamber clarifies that it is not for it to determine which body—whether the concessionaire, the Ministry itself, or another—must execute compliance with what is ordered in Article 8 of Executive Decree No. 39724-MOPT-MINAE-S, since such specification corresponds to the administrative sphere. As a consequence, it is appropriate to grant the amparo action so that the rule whose non-compliance is claimed in this venue is executed within the indicated timeframe. IV- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on the Electronic Expediente before the Judicial Branch," approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. POR TANTO: The amparo action is granted. Consequently, Efraím Zeledón Leiva, in his capacity as Minister of Public Works and Transport, or whoever holds such position, is ordered to adopt and coordinate all necessary measures, within a period of three months counted from the notification of this judgment, in order to ensure the effective compliance with the provisions of Article 8, paragraph 7 of Executive Decree No. 39724-MOPT-MINAE-S, "Regulation for the control of polluting emissions produced by motor vehicles with internal combustion engines." The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whoever receives an order that must be obeyed or enforced, issued in an amparo action, and does not obey or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Notify. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification Code -- 6TIVK51Q3AQ61 EXPEDIENTE NO. 25-030815-0007-CO Phones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:59:57. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República