Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)en el caso concreto, se observa que, las gestiones a las que el recurrente hace referencia en el escrito de interposición, cuya falta de resolución reclama, fueron planteadas el 22 de noviembre y 01 de diciembre, ambas de 2025; a lo cual le es aplicable lo dispuesto en el artículo 41 constitucional, por tratarse de una denuncia por contaminación sónica y ambiental. En ese sentido, si bien se plantea un supuesto de excepción, que eventualmente podría ser tutelado por esta Sala, pues está relacionado con una presunta afectación a la salud y al ambiente, lo cierto es que, el amparo resulta prematuro, pues las gestiones cuya falta de acción y solución se reclama en este amparo, se presentaron formalmente en fechas el 22 de noviembre y 01 de diciembre, ambas de 2025 y el amparo se presentó el 06 de diciembre de 2025, es decir, menos de dos meses después de presentadas las solicitudes, por lo que no puede considerarse que haya transcurrido un plazo excesivo e irrazonable, sin que la autoridad recurrida resuelva, toda vez que, no ha transcurrido el plazo de dos meses que dispone el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que las autoridades recurridas aún se encontraban en plazo para resolver en definitiva su gestión.
English (translation)In the specific case, it is observed that the requests referred to by the complainant in the filing, the lack of resolution of which is claimed, were filed on November 22 and December 1, both in 2025; to which the provisions of Article 41 of the Constitution are applicable, since it concerns a complaint about noise and environmental pollution. In that sense, even though an exceptional circumstance is raised that could potentially be protected by this Chamber, since it is related to an alleged impact on health and the environment, the truth is that the amparo is premature, since the requests whose lack of action and solution are claimed in this amparo were formally filed on November 22 and December 1, both in 2025, and the amparo was filed on December 6, 2025, that is, less than two months after the requests were filed; therefore, it cannot be considered that an excessive and unreasonable period has elapsed without the respondent authority resolving, given that the two-month period established by Article 261 of the General Public Administration Law has not elapsed, so the respondent authorities were still within the period to definitively resolve the request.
Rejected
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 42412 - 2025 Fecha de la Resolución: 19 de Diciembre del 2025 a las 09:30 Expediente: 25-038164-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-038164-0007-CO Res. Nº 2025042412 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por Nombre46886, cédula de identidad número CED41655; contra el ÁREA RECTORA DE SALUD DE DESAMPARADOS, MINISTERIO DE SALUD. Resultando: 1.- Por escrito presentado por Gestión en Línea a las 12:36 horas del 06 de diciembre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que: “Primero: los días 22 de noviembre y 1 de diciembre del año en curso interpuse dos denuncias vía correo electrónico ante la Dirección del Área Rectora del Ministerio de Salud de Desamparados por la contaminación sónica y la contaminación ambiental contra los establecimientos comerciales de venta de carnes: carnicería Zona Cárnica (actual carnes Krisly y mercadito de ventas de alimentos) y carnicería Plazoleta ubicados 50 y 100 metros al este respectivamente del Centro Comercial Plazoleta en el sector de Plazoleta, distrito de San Antonio, cantón de Desamparados, provincia de San José por colocación de equipos de amplificación de sonido (parlantes) fuera de dichos locales comerciales y en la vía pública (frente a los locales) en los que realizan animación en vivo por medio, ponen música a todo volumen lo que genera contaminación sónica y adicional por la preparación de comidas de igual manera fuera de los locales y en la vía pública generado humos y desechos sin ningún control, ni permitidos al no contar con dichos permisos durante los días sábado y domingo a partir de las 10 am y durante todo el día hasta las 5 pm. En las denuncias realizadas se aportan fotografías y videos de los hechos denunciados. Segundo: a pesar de la interposición de las denuncias el Ministerio de Salud no ha realizado ninguna acción que suspenda dichas actividades que contaminan el ambiente y afectan la salud de los habitantes a los alrededores y transeúntes de una vía pública altamente concurrida. Tercero: lo anterior en incumplimiento a la normativa vigente que prohíbe el uso de equipos de amplificación de sonido fuera de los locales comerciales decreto ejecutivo 44486-S Reglamento para el control del ruido ambiental, el decreto ejecutivo 37308 Reglamento para los servicios de alimentación al público, el decreto 43432-S Reglamento de permisos sanitarios de funcionamiento, la Ley 5395 Ley General de Salud y la Constitución Política de Costa Rica. Petitoria: Se solicita atenta y respetuosamente se ordene a las Autoridades de Salud proceder de conformidad a sus competencias a fin de suspender las fuentes de contaminación sónica y ambiental que generan afectación a la salud de las personas en las zonas alrededor de los sitios denunciados por las actividades ilegales sin control.” (SIC). 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente aduce que en fechas 22 de noviembre y 01 de diciembre de 2025, interpuso denuncias ante el ministerio recurrido por la contaminación sónica y la contaminación ambiental contra los establecimientos comerciales de venta de carnes: carnicería Zona Cárnica y carnicería Plazoleta. Sin embargo, a la fecha de interposición de este amparo el Ministerio de Salud no ha realizado ninguna acción que suspenda esas actividades lo que afecta sus derechos fundamentales. II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. Vistos los reclamos y pretensiones del recurrente, es preciso aclarar en primer término que, que el derecho de petición, establecido en el ordinal 27 constitucional, entendido como la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés, se refiere a peticiones puras y simples de información, en cuyo caso normalmente la respuesta deberá darse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y demás normativa que regula la materia. A diferencia de las peticiones puras y simples, existen otros supuestos, en los que el artículo 27 Constitucional, en sentido estricto, no es el aplicable, sino el numeral 41 de la Carta Fundamental: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”; tesis que fue recogida en el numeral 3 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, según el cual no son objeto del derecho de petición aquellas solicitudes, reclamos, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico estableció un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en dicha ley. En sentido, salvo plazos especiales que establezca la ley, se aplican los plazos establecidos en la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325). No obstante, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones—– aquellos asuntos en los que se discute si la autoridad pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, a fin de resolver por acto final un procedimiento administrativo —incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes. Ahora bien, en el caso concreto, se observa que, las gestiones a las que el recurrente hace referencia en el escrito de interposición, cuya falta de resolución reclama, fueron planteadas el 22 de noviembre y 01 de diciembre, ambas de 2025; a lo cual le es aplicable lo dispuesto en el artículo 41 constitucional, por tratarse de una denuncia por contaminación sónica y ambiental. En ese sentido, si bien se plantea un supuesto de excepción, que eventualmente podría ser tutelado por esta Sala, pues está relacionado con una presunta afectación a la salud y al ambiente, lo cierto es que, el amparo resulta prematuro, pues las gestiones cuya falta de acción y solución se reclama en este amparo, se presentaron formalmente en fechas el 22 de noviembre y 01 de diciembre, ambas de 2025 y el amparo se presentó el 06 de diciembre de 2025, es decir, menos de dos meses después de presentadas las solicitudes, por lo que no puede considerarse que haya transcurrido un plazo excesivo e irrazonable, sin que la autoridad recurrida resuelva, toda vez que, no ha transcurrido el plazo de dos meses que dispone el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que las autoridades recurridas aún se encontraban en plazo para resolver en definitiva su gestión. En segundo lugar, la finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas directas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como un instrumento genérico para canalizar peticiones de otros tipos. En virtud de lo anterior, no puede pretenderse que, por la vía del amparo, la Sala Constitucional haga las veces de una mera instancia tramitadora de denuncias en materia ambiental o de salubridad pública, puesto que ello no solamente haría necesario efectuar probanzas complicadas, incompatibles con la naturaleza sumaria de esta sede, sino también sustituir directamente la voluntad administrativa y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia. De allí que la Sala se haya negado a conocer directamente denuncias en materia ambiental o de salud pública. En este sentido, debe mencionarse que las correspondientes denuncias deben ser presentadas formalmente por escrito, ante las autoridades competentes en la materia con el fin de exponer un asunto de su interés. Tómese en cuenta que esto último no significa que la Sala exija agotar la vía administrativa, sino la simple aceptación de que, como se dijo anteriormente, esta jurisdicción no puede sustituir directamente a la Administración activa. En el presente caso, el recurrente pretende que, ante la falta de respuesta a sus denuncias, esta Sala dicte las medidas a fin de suspender la contaminación sónica y ambiental que denunció. Si bien, planteó las respectivas denuncias, lo cierto es que no ha transcurrido un plazo prudencial para que la autoridad recurrida siga el procedimiento y resuelva lo que corresponda. Por el contrario, pretende que esta Sala funja como instancia tramitadora de denuncias o ente fiscalizador del cumplimiento de deberes por parte del ministerio recurrido, lo que resulta ajeno a las competencias de esta jurisdicción especializada. Tampoco le compete a este Tribunal determinar conforme a criterios técnicos y ambientales, cuál es la solución idónea para resolver los problemas que denuncia, por cuanto se trata de una labor propia de la Administración cuyos diferendos deben dirimirse en la vía legal ordinaria. Así las cosas, el recurso resulta inadmisible por prematuro, sin perjuicio de que la parte recurrente pueda acudir nuevamente en amparo, una vez que haya transcurrido el plazo señalado. III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- FXI6QVPCLBQ61 EXPEDIENTE N° 25-038164-0007-CO Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:59:44. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Resolution No. 42412 - 2025 Resolution Date: December 19, 2025 at 09:30 Case File: 25-038164-0007-CO Drafted by: Fernando Castillo Víquez Type of Matter: Amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Text of the resolution Exp: 25-038164-0007-CO Res. No. 2025042412 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes of December nineteenth, two thousand twenty-five. Amparo filed by Nombre46886, identity card number CED41655; against the ÁREA RECTORA DE SALUD DE DESAMPARADOS, MINISTERIO DE SALUD. Whereas: 1.- By brief submitted via Gestión en Línea at 12:36 hours on December 06, 2025, the petitioner files an amparo and states that: “First: on November 22 and December 1 of this year, I filed two complaints via email before the Dirección del Área Rectora del Ministerio de Salud de Desamparados for noise pollution (contaminación sónica) and environmental pollution (contaminación ambiental) against the commercial meat-sale establishments: butcher shop Zona Cárnica (currently carnes Krisly and a small food-sales market) and butcher shop Plazoleta, located 50 and 100 meters east respectively of the Centro Comercial Plazoleta in the Plazoleta sector, San Antonio district, Desamparados canton, San José province, for placing sound amplification equipment (speakers) outside said commercial premises and on the public thoroughfare (in front of the premises) where they conduct live animation, playing music at full volume, which generates noise pollution, and additionally for preparing food likewise outside the premises and on the public thoroughfare, generating smoke and waste without any control, nor permitted since they lack such permits, on Saturdays and Sundays starting at 10 am and throughout the entire day until 5 pm. Photographs and videos of the reported acts were provided in the complaints. Second: despite filing the complaints, the Ministerio de Salud has not taken any action to suspend these activities that pollute the environment and affect the health of nearby residents and passersby on a highly traveled public thoroughfare. Third: the foregoing constitutes non-compliance with current regulations that prohibit the use of sound amplification equipment outside commercial premises, Decreto Ejecutivo 44486-S Reglamento para el control del ruido ambiental, Decreto Ejecutivo 37308 Reglamento para los servicios de alimentación al público, decree 43432-S Reglamento de permisos sanitarios de funcionamiento, Ley 5395 Ley General de Salud, and the Constitución Política de Costa Rica. Prayer for relief: It is respectfully and attentively requested that the Health Authorities be ordered to proceed in accordance with their powers in order to suspend the sources of noise and environmental pollution that affect the health of persons in the areas surrounding the reported sites due to uncontrolled illegal activities.” (SIC). 2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even upon filing, any motion brought before it that proves to be manifestly improper, or when it considers that sufficient grounds exist to reject it, or that it is the mere reiteration or reproduction of an identical or similar prior motion. Drafted by Judge Castillo Víquez; and, Considering: I.- PURPOSE OF THE AMPARO. The petitioner asserts that on November 22 and December 01, 2025, he filed complaints before the respondent ministry regarding noise pollution and environmental pollution against the commercial meat-sale establishments: butcher shop Zona Cárnica and butcher shop Plazoleta. However, as of the date this amparo was filed, the Ministerio de Salud has not taken any action to suspend these activities, which affects his fundamental rights. II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. In view of the petitioner’s claims and prayers for relief, it must first be clarified that the right of petition, established in Article 27 of the Constitution, understood as the power of every citizen to address in writing any public official or official entity in order to raise a matter of interest, refers to pure and simple requests for information, in which case the response must normally be given within 10 business days following receipt of the petition, as ordered by Article 32 of the Ley de Jurisdicción Constitucional and other applicable regulations. Unlike pure and simple petitions, there are other scenarios in which Article 27 of the Constitution is not, strictly speaking, the applicable provision, but rather Article 41 of the Fundamental Charter: “Recourse to the laws shall provide reparation for all injuries or damages received in one’s person, property, or moral interests. Justice must be prompt, complete, without denial, and in strict conformity with the laws”; a thesis adopted in Article 3 of the Ley de Regulación del Derecho de Petición No. 9097, according to which those requests, claims, complaints, or suggestions for whose satisfaction the legal system established a specific administrative procedure and time limits different from those regulated in said law are not subject to the right of petition. In this regard, unless special time limits established by law apply, the time limits set forth in the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) shall apply. Nevertheless, as of Decision No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the public authority has complied or not with the time limits set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, in order to resolve, by means of a final act, an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the available administrative appeals. Now, in the specific case, it is observed that the petitions to which the petitioner refers in the initial brief, whose lack of resolution he challenges, were filed on November 22 and December 01, both of 2025; to which the provisions of Article 41 of the Constitution are applicable, as it involves a complaint for noise and environmental pollution. In that regard, although an exceptional scenario is raised which could potentially be protected by this Chamber, as it relates to an alleged impact on health and the environment, the truth is that the amparo is premature, given that the petitions whose lack of action and resolution are challenged in this amparo were formally filed on November 22 and December 01, both of 2025, and the amparo was filed on December 06, 2025, that is, less than two months after the requests were filed, so it cannot be considered that an excessive and unreasonable time period has elapsed without the respondent authority resolving the matter, since the two-month period provided for in Article 261 of the Ley General de la Administración Pública has not elapsed, meaning that the respondent authorities were still within the time limit to definitively resolve his petition. Secondly, the purpose of the amparo is to provide timely protection against direct infringements or threats to fundamental rights and freedoms, not to serve as a generic instrument for channeling petitions of other types. By virtue of the foregoing, it cannot be intended that, through the amparo, the Sala Constitucional act as a mere processing instance for complaints in environmental or public health matters, since this would not only require complicated evidentiary proceedings, incompatible with the summary nature of this venue, but also directly substitute administrative will and replace public offices in managing matters within their competence. Hence, the Chamber has refused to hear directly complaints in environmental or public health matters. In this sense, it should be noted that the corresponding complaints must be formally filed in writing, before the competent authorities in the matter, in order to raise a matter of interest. It should be borne in mind that the latter does not mean the Chamber requires exhaustion of administrative remedies, but rather the simple acceptance that, as previously stated, this jurisdiction cannot directly substitute the active Administration. In the present case, the petitioner intends that, given the lack of response to his complaints, this Chamber issue measures to suspend the noise and environmental pollution he reported. While he did file the respective complaints, the truth is that a reasonable period has not elapsed for the respondent authority to follow the procedure and resolve what is appropriate. On the contrary, he intends for this Chamber to serve as a complaint-processing instance or oversight body for the fulfillment of duties by the respondent ministry, which is outside the jurisdiction of this specialized court. Nor is it for this Tribunal to determine, according to technical and environmental criteria, what is the ideal solution to resolve the problems he reports, as this is a task specific to the Administration, whose disputes must be settled in the ordinary legal channel. That being the case, the amparo is inadmissible as premature, without prejudice to the petitioner’s ability to resort to amparo again, once the indicated time period has elapsed. III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The petitioner is warned that if any document on paper was provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore: The amparo is rejected outright. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification code -- FXI6QVPCLBQ61 EXPEDIENTE N° 25-038164-0007-CO Telephones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 11:59:44. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República