Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)De conformidad con lo expuesto, se tiene por acreditada la lesión a los derechos fundamentales de la persona amparada. En efecto, si bien las autoridades del Área Rectora de Salud de Cartago han realizado diversas actuaciones tendientes a atender la problemática denunciada por la recurrente desde el 7 de junio de 2024, lo cierto es que, pese a haber tenido conocimiento del fallecimiento de la propietaria registral del bien inmueble objeto del presente recurso desde el 25 de abril de 2025, no fue sino hasta que dichas autoridades tuvieron conocimiento de la interposición de este recurso que procedieron a efectuar el traslado formal del expediente administrativo n.° 0214-2024 a la Municipalidad de Cartago, para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 84 del Código Municipal. En relación con lo anterior, es imperioso señalar que la acción referida, a criterio de este Tribunal, no elimina la responsabilidad del área de salud recurrida de brindar el seguimiento correspondiente a las actuaciones de la Municipalidad de Cartago, a fin de que se resuelva de manera definitiva la situación denunciada.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Andrea Morales Fiesler, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de Cartago, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia, para que, dentro en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione efectivamente la problemática denunciada por la persona amparada.
English (translation)Based on the foregoing, a violation of the fundamental rights of the petitioner is established. Indeed, although the authorities of the Cartago Health Area have undertaken various actions to address the issue reported by the petitioner since June 7, 2024, the fact is that, despite having known about the registered owner's death since April 25, 2025, it was not until they learned of the filing of this appeal that they proceeded to formally transfer administrative file No. 0214-2024 to the Municipality of Cartago for application of Article 84 of the Municipal Code. In this regard, this Court deems it necessary to point out that the aforementioned action does not relieve the respondent health area of responsibility to follow up on the Municipality of Cartago's actions to ensure the reported situation is definitively resolved.
THEREFORE:
The appeal is granted. Andrea Morales Fiesler, in her capacity as director of the Cartago Health Area, or whoever holds that position, is ordered to issue the relevant orders and take all actions within her authority so that, within THREE MONTHS from notification of this judgment, the issue reported by the petitioner is effectively resolved.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 02702 - 2026 Fecha de la Resolución: 23 de Enero del 2026 a las 09:20 Expediente: 25-038691-0007-CO Redactado por: Ingrid Hess Herrera Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas: CONTAMINACION. Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas: INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES. 002702-26. AMBIENTE. PODER EJECUTIVO. SE ACUSA QUE DENUNCIÓ QUE EN SU COMUNIDAD HAY UNA CASA TOTALMENTE ABANDONADA, QUE GENERA MUCHA CONTAMINACIÓN Y, NO LE HAN CONTESTADO. SE ORDENA A LA DIRECTORA DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE CARTAGO, QUE GIRE LAS ÓRDENES PERTINENTES Y LLEVE A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PARA QUE, DENTRO EN EL PLAZO DE TRES MESES, SE SOLUCIONE EFECTIVAMENTE LA PROBLEMÁTICA DENUNCIADA POR LA PERSONA AMPARADA. VCG02/2026 “(…) IV.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite, se tiene por acreditado que el 7 de junio de 2024, la persona amparada presentó ante el Área Rectora de Salud de Cartago, una denuncia sobre un inmueble ubicado en Urbanización Tolentino, La Lima, Cartago, descrito como deshabitado, sin techo, con acumulación de residuos, agua empozada y presencia de vectores. Se asignó el número de trámite 0214- 2024. Además, se colige que el 17 de septiembre de 2024, el área rectora de salud accionada realizó inspección en el sitio denunciado, constatando las condiciones descritas (estructura desmantelada, sin techo, residuos sólidos, riesgo sanitario). Se levantó acta y se tomaron fotografías. Se elaboró el informe técnico MS-DRRSCE-DARSC-IT-2084-2024 y se recomendó emitir Orden Sanitaria. A su vez, se colige que el 4 de noviembre de 2024 el área rectora de salud recurrida emitió la Orden Sanitaria MS-DRRSCE-DARSCOS-0261-2024 dirigida a la propietaria registral Norma Cecilia Rivera Acevedo, con plazo de cumplimiento de 20 días hábiles. De igual forma, se tiene que el 20 de noviembre de 2024, las autoridades recurridas informaron a la denunciante sobre la emisión de la orden sanitaria y se adjuntó copia del oficio MS-DRRSCE-DARSC-1255-2024. Que el 5 de diciembre de 2024 el área rectora de salud accionada recibió consulta de la denunciante sobre el avance del caso. Al respecto, se le indicó que el expediente estaba en análisis jurídico por la situación del fallecimiento de la persona notificada. Adicionalmente, se acredita que el 6 de febrero de 2025, mediante criterio jurídico CARTA-MS-DRRSCE-0118- 2025, se determinó que la orden sanitaria quedaba sin efecto por el deceso de la administrada, recomendando retomar la atención mediante nueva inspección o notificación a herederos. Además, se tiene que el 25 de abril de 2025, funcionarios del área rectora de salud recurrida confirmaron mediante consulta registral y certificación del Tribunal Supremo de Elecciones, el fallecimiento de la propietaria registral del bien inmueble abandonado, dejando sin efecto la orden sanitaria. Finalmente, se tiene que el 13 de enero de 2026, el área rectora de salud accionada emitió, con ocasión del presente recurso, el informe técnico CARTA-MS-DRRSCEDARSC-IT-019-2026, concluyendo: 1. El lote se encuentra en condiciones insalubres y abandono. 2. No fue posible localizar al responsable legal por fallecimiento de la propietaria y ausencia de información sucesoria. 3. Corresponde trasladar el caso a la Municipalidad de Cartago conforme al artículo 84 del Código Municipal. Ese mismo día se trasladó formalmente el expediente a la Municipalidad para su intervención. En relación con lo anterior, se tiene que el Código Municipal en su artículo 84, inciso b) indica: “Artículo 84.- De conformidad con el plan regulador municipal, las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, deberán cumplir las siguientes obligaciones (…) b) Cercar y limpiar tanto los lotes donde no haya construcciones como aquellos con viviendas deshabitadas o en estado de demolición (…) Cuando en un lote exista una edificación inhabitable que arriesgue la vida, el patrimonio o la integridad física de terceros, o cuyo estado de abandono favorezca la comisión de actos delictivos, la municipalidad podrá formular la denuncia correspondiente ante las autoridades de salud y colaborar con ellas en el cumplimiento de la Ley 5395, Ley General de Salud, de 30 de octubre de 1973. Salvo lo ordenado en la Ley General de Salud, cuando los munícipes incumplan las obligaciones anteriores (…) la municipalidad está facultada para suplir la omisión de esos deberes, realizando de forma directa las obras o prestando los servicios correspondientes (…)” (el resaltado no es del original). De conformidad con lo expuesto, se tiene por acreditada la lesión a los derechos fundamentales de la persona amparada. En efecto, si bien las autoridades del Área Rectora de Salud de Cartago han realizado diversas actuaciones tendientes a atender la problemática denunciada por la recurrente desde el 7 de junio de 2024, lo cierto es que, pese a haber tenido conocimiento del fallecimiento de la propietaria registral del bien inmueble objeto del presente recurso desde el 25 de abril de 2025, no fue sino hasta que dichas autoridades tuvieron conocimiento de la interposición de este recurso que procedieron a efectuar el traslado formal del expediente administrativo n.° 0214-2024 a la Municipalidad de Cartago, para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 84 del Código Municipal. En relación con lo anterior, es imperioso señalar que la acción referida, a criterio de este Tribunal, no elimina la responsabilidad del área de salud recurrida de brindar el seguimiento correspondiente a las actuaciones de la Municipalidad de Cartago, a fin de que se resuelva de manera definitiva la situación denunciada. Por otra parte, se advierte que no se da traslado a la corporación local, pues el amparo sería prematuro respecto de su intervención, ya que se le informó el 13 de enero del año en curso de manera official. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, conforme se establecerá en la parte dispositiva. (…)” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas: NO APLICA. ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) I.- De previo. De previo a analizar el fondo del alegato –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia ambiental, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte del Ministerio de Salud. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” VCG02/2026 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas: NO APLICA. V.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VCG02/2026 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas: INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES. VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que el 7 de junio de 2024 remitió una denuncia dirigida a la autoridad recurrida, donde informó que una casa en su comunidad estaba deshabitada, sin techo, con acumulación de residuos, agua empozada y presencia de vectores, de manera que dicha problemática pone en riesgo su salud y la de los vecinos de su comunidad, en detrimento de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. VCG02/2026 ... Ver más Texto de la resolución Exp: 25-038691-0007-CO Res. Nº 2026002702 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintitres de enero de dos mil veintiseis . Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 25- 038691-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE SALUD. RESULTANDO: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de esta Sala el 10 de diciembre de 2025, la parte recurrente interpone el presente recurso contra el Ministerio de Salud. Manifiesta que, el 7 de junio de 2024 remitió a la dirección electrónica [email protected] una denuncia dirigida a la autoridad recurrida, donde informó que una casa en su comunidad está “deshabitada, sin techo, está llena de residuos y que con las recientes lluvias se generan malos olores, cucarachas, agua empozada y zancudos. La dirección es La Lima de Cartago, Urbanización Tolentino, de la entrada principal del Parque Tolentino (play de juegos) 25 metros al sur, casa de color verde”. Afirma que a su denuncia se le asignó el número de trámite 0214-2024. Menciona que el 19 de junio de 2024 recibió el oficio IDU-OF-192-2024 donde se confirmó la inspección y condiciones denunciadas. Agrega que el 5 de diciembre de 2024 se le informó sobre el fallecimiento de la dueña del inmueble, la no claridad sobre el dueño actual y que el caso fue trasladado a consulta jurídica. Menciona que la señora Hilda Aguilar Rojas, planteó una denuncia (N° 0346-2024) por la misma situación. Acusa que a la fecha de interposición del presente recurso no han obtenido resolución alguna a las gestiones planteadas. Indica que dicha problemática pone en riesgo su salud y la de los vecinos de su comunidad. 2.- Por resolución de Presidencia de las 9:49 horas del 8 de enero de 2026, se dio curso al presente amparo. 3.- Informa bajo juramento, Andrea Morales Fiesler, en su condición de directora del Área Rectora de Salud Cartago, que: “(…) Segundo: El 07 de junio de 2024 se recibió en el correo institucional [email protected] la denuncia sobre un inmueble ubicado en Urbanización Tolentino, La Lima, Cartago, descrito como deshabitado, sin techo, con acumulación de residuos, agua empozada y presencia de vectores. Se asignó el número de trámite 0214- 2024. Folios 0001-0005. Expediente denuncia 0214-2024. Confidencial. Tercero: El 17 de septiembre de 2024 se realizó inspección en el sitio denunciado, constatando las condiciones descritas (estructura desmantelada, sin techo, residuos sólidos, riesgo sanitario). Se levantó acta y se tomaron fotografías. Se elaboró el informe técnico MS-DRRSCE-DARSC-IT-2084-2024 y se recomendó emitir Orden Sanitaria conforme a los artículos 314, 316 y 318 de la Ley General de Salud. Folios 0006-0009. Expediente 0214-2024. Denunciado(a). Cuarto: El 04 de noviembre de 2024 se emitió la Orden Sanitaria MS-DRRSCE-DARSCOS-0261-2024 dirigida a la propietaria registral Norma Cecilia Rivera Acevedo, con plazo de cumplimiento de 20 días hábiles. Folio 0010. Expediente 0214-2024. Denunciado(a). Quinto: El 20 de noviembre de 2024 se informó a la denunciante sobre la emisión de la orden sanitaria y se adjuntó copia del oficio MS-DRRSCE-DARSC-1255-2024. Folios 0006- 0008. Expediente denuncia 0214-2024. Confidencial. Sexto: El 05 de diciembre de 2024 se recibió consulta de la denunciante sobre el avance del caso. Se le indicó que el expediente estaba en análisis jurídico por la situación del fallecimiento de la persona notificada. Folios 0009-0011. Expediente denuncia 0214- 2024. Confidencial. Séptimo: El 06 de febrero de 2025, mediante criterio jurídico CARTA-MS-DRRSCE-0118- 2025, se determinó que la orden sanitaria quedaba sin efecto por el deceso de la administrada, recomendando retomar la atención mediante nueva inspección o notificación a herederos. Folio 0011. Expediente 0214-2024. Denunciado(a). Octavo: El 25 de abril de 2025 se confirmó mediante consulta registral y certificación del Tribunal Supremo de Elecciones el fallecimiento de la propietaria registral, dejando sin efecto la orden sanitaria. Folio 0012-0014. Expediente 0214-2024. Denunciado(a). Noveno: El 04 de julio de 2025 se instruyó al equipo técnico investigar con la Municipalidad de Cartago para ubicar posibles responsables o herederos del inmueble. Folio 0016-0018. Expediente 0214-2024. Denunciado(a). Décimo: El 1 de noviembre de 2025 la Municipalidad de Cartago realizó inspección y notificó que procedería conforme a sus competencias. Folio 0019. Expediente 0214-2024. Denunciado(a). Undécimo: El 05 de diciembre de 2025 se realizó visita técnica y se levantó acta de inspección, confirmando el estado de abandono y solicitando colaboración interinstitucional. Folio 0020-0022. Expediente 0214-2024. Denunciado(a). Duodécimo: El 06 de enero de 2026 la denunciante aportó fotografías actualizadas del inmueble y comunicó la interposición del recurso de amparo. Folio 0023-0029. Expediente 0214-2024. Denunciado(a). Trigésimo: El 13 de enero de 2026 se emitió el informe técnico CARTA-MS-DRRSCEDARSC-IT-019-2026, concluyendo que: • El lote se encuentra en condiciones insalubres y abandono. • No fue posible localizar responsable legal por fallecimiento de la propietaria y ausencia de información sucesoria. • Corresponde trasladar el caso a la Municipalidad de Cartago conforme al artículo 84 del Código Municipal. Ese mismo día se trasladó formalmente el expediente a la Municipalidad para su intervención. Folio 0032-0035. Expediente 0214-2024. Denunciado(a). (…)”. Solicita se declare sin lugar el recurso. 4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Hess Herrera; y, CONSIDERANDO: I.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del alegato –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia ambiental, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte del Ministerio de Salud. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II.- OBJETO DEL RECURSO. La persona recurrente considera conculcados sus derechos fundamentales. Refiere que el 7 de junio de 2024 remitió a la dirección electrónica [email protected] una denuncia dirigida a la autoridad recurrida, donde informó que una casa en su comunidad estaba deshabitada, sin techo, con acumulación de residuos, agua empozada y presencia de vectores. Afirma que a su denuncia se le asignó el número de trámite 0214-2024. Además, menciona que el 19 de junio de 2024 recibió el oficio IDU-OF-192-2024 donde se confirmó la inspección y condiciones denunciadas. Agrega que el 5 de diciembre de 2024 se le informó sobre el fallecimiento de la dueña del inmueble y la no claridad sobre el dueño actual, razón por la que el caso fue trasladado a consulta jurídica. Acusa que a la fecha de interposición del presente recurso no han obtenido resolución alguna a las gestiones planteadas. Indica que dicha problemática pone en riesgo su salud y la de los vecinos de su comunidad. III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: El 7 de junio de 2024, la persona amparada presentó ante el Área Rectora de Salud de Cartago, una denuncia sobre un inmueble ubicado en Urbanización Tolentino, La Lima, Cartago, descrito como deshabitado, sin techo, con acumulación de residuos, agua empozada y presencia de vectores. Se asignó el número de trámite 0214- 2024 (hecho no controvertido). El 17 de septiembre de 2024, el área rectora de salud accionada realizó inspección en el sitio denunciado, constatando las condiciones descritas (estructura desmantelada, sin techo, residuos sólidos, riesgo sanitario). Se levantó acta y se tomaron fotografías. Se elaboró el informe técnico MS-DRRSCE-DARSC-IT-2084-2024 y se recomendó emitir Orden Sanitaria (véase informe rendido y documentación aportada). El 4 de noviembre de 2024 el área rectora de salud recurrida emitió la Orden Sanitaria MS-DRRSCE-DARSCOS-0261-2024 dirigida a la propietaria registral Norma Cecilia Rivera Acevedo, con plazo de cumplimiento de 20 días hábiles (véase informe rendido y documentación aportada). El 20 de noviembre de 2024 las autoridades recurridas informaron a la denunciante sobre la emisión de la orden sanitaria y se adjuntó copia del oficio MS-DRRSCE-DARSC-1255-2024 (véase informe rendido y documentación aportada). El 5 de diciembre de 2024 el área rectora de salud accionada recibió consulta de la denunciante sobre el avance del caso. Al respecto, se le indicó que el expediente estaba en análisis jurídico por la situación del fallecimiento de la persona notificada (véase informe rendido y documentación aportada). El 6 de febrero de 2025, mediante criterio jurídico CARTA-MS-DRRSCE-0118- 2025, se determinó que la orden sanitaria quedaba sin efecto por el deceso de la administrada, recomendando retomar la atención mediante nueva inspección o notificación a herederos (véase informe rendido y documentación aportada). El 25 de abril de 2025, funcionarios del área rectora de salud accionada confirmaron mediante consulta registral y certificación del Tribunal Supremo de Elecciones, el fallecimiento de la propietaria registral del bien inmueble abandonado, dejando sin efecto la orden sanitaria (véase informe rendido y documentación aportada). El 12 de enero de 2026, la autoridad accionada fue notificada de la resolución que diera curso a este proceso (véase acta de notificación). El 13 de enero de 2026, el área rectora de salud accionada emitió el informe técnico CARTA-MS-DRRSCEDARSC-IT-019-2026, concluyendo: 1. El lote se encuentra en condiciones insalubres y abandono. 2. No fue posible localizar al responsable legal por fallecimiento de la propietaria y ausencia de información sucesoria. 3. Corresponde trasladar el caso a la Municipalidad de Cartago conforme al artículo 84 del Código Municipal. Ese mismo día se trasladó formalmente el expediente a la Municipalidad para su intervención (véase informe rendido y documentación aportada). IV.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite, se tiene por acreditado que el 7 de junio de 2024, la persona amparada presentó ante el Área Rectora de Salud de Cartago, una denuncia sobre un inmueble ubicado en Urbanización Tolentino, La Lima, Cartago, descrito como deshabitado, sin techo, con acumulación de residuos, agua empozada y presencia de vectores. Se asignó el número de trámite 0214- 2024. Además, se colige que el 17 de septiembre de 2024, el área rectora de salud accionada realizó inspección en el sitio denunciado, constatando las condiciones descritas (estructura desmantelada, sin techo, residuos sólidos, riesgo sanitario). Se levantó acta y se tomaron fotografías. Se elaboró el informe técnico MS-DRRSCE-DARSC-IT-2084-2024 y se recomendó emitir Orden Sanitaria. A su vez, se colige que el 4 de noviembre de 2024 el área rectora de salud recurrida emitió la Orden Sanitaria MS-DRRSCE-DARSCOS-0261-2024 dirigida a la propietaria registral Norma Cecilia Rivera Acevedo, con plazo de cumplimiento de 20 días hábiles. De igual forma, se tiene que el 20 de noviembre de 2024, las autoridades recurridas informaron a la denunciante sobre la emisión de la orden sanitaria y se adjuntó copia del oficio MS-DRRSCE-DARSC-1255-2024. Que el 5 de diciembre de 2024 el área rectora de salud accionada recibió consulta de la denunciante sobre el avance del caso. Al respecto, se le indicó que el expediente estaba en análisis jurídico por la situación del fallecimiento de la persona notificada. Adicionalmente, se acredita que el 6 de febrero de 2025, mediante criterio jurídico CARTA-MS-DRRSCE-0118- 2025, se determinó que la orden sanitaria quedaba sin efecto por el deceso de la administrada, recomendando retomar la atención mediante nueva inspección o notificación a herederos. Además, se tiene que el 25 de abril de 2025, funcionarios del área rectora de salud recurrida confirmaron mediante consulta registral y certificación del Tribunal Supremo de Elecciones, el fallecimiento de la propietaria registral del bien inmueble abandonado, dejando sin efecto la orden sanitaria. Finalmente, se tiene que el 13 de enero de 2026, el área rectora de salud accionada emitió, con ocasión del presente recurso, el informe técnico CARTA-MS-DRRSCEDARSC-IT-019-2026, concluyendo: 1. El lote se encuentra en condiciones insalubres y abandono. 2. No fue posible localizar al responsable legal por fallecimiento de la propietaria y ausencia de información sucesoria. 3. Corresponde trasladar el caso a la Municipalidad de Cartago conforme al artículo 84 del Código Municipal. Ese mismo día se trasladó formalmente el expediente a la Municipalidad para su intervención. En relación con lo anterior, se tiene que el Código Municipal en su artículo 84, inciso b) indica: “Artículo 84.- De conformidad con el plan regulador municipal, las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, deberán cumplir las siguientes obligaciones (…) b) Cercar y limpiar tanto los lotes donde no haya construcciones como aquellos con viviendas deshabitadas o en estado de demolición (…) Cuando en un lote exista una edificación inhabitable que arriesgue la vida, el patrimonio o la integridad física de terceros, o cuyo estado de abandono favorezca la comisión de actos delictivos, la municipalidad podrá formular la denuncia correspondiente ante las autoridades de salud y colaborar con ellas en el cumplimiento de la Ley 5395, Ley General de Salud, de 30 de octubre de 1973. Salvo lo ordenado en la Ley General de Salud, cuando los munícipes incumplan las obligaciones anteriores (…) la municipalidad está facultada para suplir la omisión de esos deberes, realizando de forma directa las obras o prestando los servicios correspondientes (…)” (el resaltado no es del original). De conformidad con lo expuesto, se tiene por acreditada la lesión a los derechos fundamentales de la persona amparada. En efecto, si bien las autoridades del Área Rectora de Salud de Cartago han realizado diversas actuaciones tendientes a atender la problemática denunciada por la recurrente desde el 7 de junio de 2024, lo cierto es que, pese a haber tenido conocimiento del fallecimiento de la propietaria registral del bien inmueble objeto del presente recurso desde el 25 de abril de 2025, no fue sino hasta que dichas autoridades tuvieron conocimiento de la interposición de este recurso que procedieron a efectuar el traslado formal del expediente administrativo n.° 0214-2024 a la Municipalidad de Cartago, para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 84 del Código Municipal. En relación con lo anterior, es imperioso señalar que la acción referida, a criterio de este Tribunal, no elimina la responsabilidad del área de salud recurrida de brindar el seguimiento correspondiente a las actuaciones de la Municipalidad de Cartago, a fin de que se resuelva de manera definitiva la situación denunciada. Por otra parte, se advierte que no se da traslado a la corporación local, pues el amparo sería prematuro respecto de su intervención, ya que se le informó el 13 de enero del año en curso de manera official. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, conforme se establecerá en la parte dispositiva. V.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que el 7 de junio de 2024 remitió una denuncia dirigida a la autoridad recurrida, donde informó que una casa en su comunidad estaba deshabitada, sin techo, con acumulación de residuos, agua empozada y presencia de vectores, de manera que dicha problemática pone en riesgo su salud y la de los vecinos de su comunidad, en detrimento de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Andrea Morales Fiesler, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de Cartago, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia, para que, dentro en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione efectivamente la problemática denunciada por la persona amparada. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso administrativa. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- WDALXH254QW61 EXPEDIENTE N° 25-038691-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:11:38. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small Constitutional Chamber Resolution No. 02702 - 2026 Resolution Date: January 23, 2026, at 9:20 a.m. Case File: 25-038691-0007-CO Drafted by: Ingrid Hess Herrera Type of Matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Judgment with separate note Relevance Indicators Relevant judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest: Strategic Topics: Environmental, Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics: POLLUTION. Topic: EXECUTIVE BRANCH Subtopics: INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS. 002702-26. ENVIRONMENT. EXECUTIVE BRANCH. IT IS ALLEGED THAT THE APPELLANT REPORTED AN ABANDONED HOUSE IN THEIR COMMUNITY THAT GENERATES SIGNIFICANT POLLUTION, AND THEY HAVE NOT RECEIVED A RESPONSE. THE DIRECTOR OF THE CARTAGO GOVERNING HEALTH AREA IS ORDERED TO ISSUE THE RELEVANT ORDERS AND CARRY OUT ALL ACTIONS WITHIN HER JURISDICTION, SO THAT, WITHIN A PERIOD OF THREE MONTHS, THE PROBLEM REPORTED BY THE PROTECTED PERSON IS EFFECTIVELY RESOLVED. VCG02/2026 "(...) IV.- ON THE MERITS. In the case at bar, it is proven that on June 7, 2024, the protected person filed a complaint with the Cartago Governing Health Area (Área Rectora de Salud de Cartago) regarding a property located in Urbanización Tolentino, La Lima, Cartago, described as uninhabited, roofless, with accumulated waste, standing water, and the presence of vectors. Procedure number 0214-2024 was assigned. Furthermore, it is inferred that on September 17, 2024, the respondent Governing Health Area conducted an inspection at the reported site, verifying the described conditions (dismantled structure, no roof, solid waste, health risk). A record was drawn up and photographs were taken. Technical report MS-DRRSCE-DARSC-IT-2084-2024 was prepared, and it was recommended to issue a Sanitary Order (Orden Sanitaria). In turn, it is inferred that on November 4, 2024, the respondent Governing Health Area issued Sanitary Order MS-DRRSCE-DARSCOS-0261-2024 addressed to the registered owner Norma Cecilia Rivera Acevedo, with a compliance period of 20 business days. Likewise, it is noted that on November 20, 2024, the respondent authorities informed the complainant about the issuance of the sanitary order, and a copy of official letter MS-DRRSCE-DARSC-1255-2024 was attached. That on December 5, 2024, the respondent Governing Health Area received an inquiry from the complainant about the progress of the case. In response, she was informed that the file was under legal analysis due to the death of the notified person. Additionally, it is proven that on February 6, 2025, through legal opinion CARTA-MS-DRRSCE-0118-2025, it was determined that the sanitary order was void due to the death of the party, recommending resuming attention through a new inspection or notification to heirs. Moreover, it is noted that on April 25, 2025, officials of the respondent Governing Health Area confirmed, through a registry query and certification from the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones), the death of the registered owner of the abandoned property, voiding the sanitary order. Finally, it is noted that on January 13, 2026, the respondent Governing Health Area issued, on the occasion of this appeal, technical report CARTA-MS-DRRSCEDARSC-IT-019-2026, concluding: 1. The lot is in unsanitary and abandoned conditions. 2. It was not possible to locate the legal responsible party due to the owner's death and absence of inheritance information. 3. The case should be transferred to the Municipality of Cartago (Municipalidad de Cartago) in accordance with Article 84 of the Municipal Code (Código Municipal). That same day, the file was formally transferred to the Municipality for its intervention. In relation to the foregoing, it is noted that the Municipal Code, in its Article 84, subsection b), states: "Article 84.- In accordance with the municipal regulatory plan, natural or legal persons, owners or possessors, by any title, of real estate, must comply with the following obligations (...) b) Fence and clean both lots where there are no constructions and those with uninhabited dwellings or dwellings in a state of demolition (...) When a lot contains an uninhabitable building that endangers the life, property, or physical integrity of third parties, or whose state of abandonment favors the commission of criminal acts, the municipality may file the corresponding complaint with the health authorities and collaborate with them in compliance with Law 5395, General Health Law (Ley General de Salud), of October 30, 1973. Except as ordered in the General Health Law, when the residents fail to comply with the previous obligations (...), the municipality is empowered to remedy the omission of these duties, directly carrying out the works or providing the corresponding services (...)" (emphasis not in original). In accordance with the foregoing, the violation of the fundamental rights of the protected person is proven. Indeed, although the authorities of the Cartago Governing Health Area have carried out various actions aimed at addressing the problem reported by the appellant since June 7, 2024, the fact is that, despite having been aware of the death of the registered owner of the property subject to this appeal since April 25, 2025, it was not until these authorities became aware of the filing of this appeal that they proceeded to formally transfer administrative file No. 0214-2024 to the Municipality of Cartago, for the application of the provisions of Article 84 of the Municipal Code. In relation to the foregoing, it is imperative to point out that the aforementioned action, in the opinion of this Court, does not eliminate the responsibility of the respondent health area to provide the corresponding follow-up to the actions of the Municipality of Cartago, so that the reported situation is definitively resolved. On the other hand, it is noted that the matter is not being transferred to the local corporation, as the amparo would be premature regarding its intervention, since it was officially informed on January 13 of this year. Consequently, it is appropriate to grant the appeal, as will be established in the operative part. (...)" ... See more Citations of Legislation and Doctrine Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice Subtopics: NOT APPLICABLE. ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION "(...) I.- PRELIMINARY MATTER. Prior to analyzing the merits of the claim –for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure– it must be clarified that, since judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is raised, as it concerns an environmental complaint, which has allegedly not been resolved within a reasonable time by the Ministry of Health. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. (...)" VCG02/2026 ... See more Content of Interest: Type of content: Separate note Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice Subtopics: NOT APPLICABLE. V.- Note by Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court that when a citizen alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, the courts that must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo) and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line; this Court, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptions, which may be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent courts are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. VCG02/2026 ... See more Content of Interest: Type of content: Separate note Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: EXECUTIVE BRANCH Subtopics: INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS. VI.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the undersigned's opinion that, if the Public Administration has already intervened, I consider that its hearing and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the appellant alleges that on June 7, 2024, they sent a complaint addressed to the respondent authority, reporting that a house in their community was uninhabited, roofless, with accumulated waste, standing water, and presence of vectors, such that this problem endangers their health and that of their neighbors, to the detriment of a healthy and ecologically balanced environment and a dignified quality of life. VCG02/2026 ... See more Text of the resolution Exp: 25-038691-0007-CO Res. No. 2026002702 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty in the morning on January twenty-third, two thousand twenty-six. Amparo appeal processed in case file No. 25-038691-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MINISTRY OF HEALTH. WHEREAS: 1.- By written submission received at the Secretariat of this Chamber on December 10, 2025, the appellant files this appeal against the Ministry of Health. They state that, on June 7, 2024, they sent a complaint to the email address [email protected] addressed to the respondent authority, reporting that a house in their community is "uninhabited, roofless, full of waste, and that with the recent rains, bad odors, cockroaches, standing water, and mosquitoes are generated. The address is La Lima de Cartago, Urbanización Tolentino, from the main entrance of Parque Tolentino (playground) 25 meters south, green house." They assert that their complaint was assigned procedure number 0214-2024. They mention that on June 19, 2024, they received official letter IDU-OF-192-2024 confirming the inspection and the reported conditions. They add that on December 5, 2024, they were informed of the death of the property owner, the lack of clarity about the current owner, and that the case was referred for legal consultation. They mention that Ms. Hilda Aguilar Rojas filed a complaint (No. 0346-2024) for the same situation. They allege that, as of the date of filing this appeal, no resolution has been obtained for the filed actions. They indicate that this problem endangers their health and that of their neighbors. 2.- By Presidential resolution at 9:49 a.m. on January 8, 2026, this amparo was granted leave to proceed. 3.- Andrea Morales Fiesler, in her capacity as Director of the Cartago Governing Health Area (Área Rectora de Salud Cartago), reports under oath that: "(...) Second: On June 7, 2024, a complaint was received at the institutional email [email protected] regarding a property located in Urbanización Tolentino, La Lima, Cartago, described as uninhabited, roofless, with accumulated waste, standing water, and presence of vectors. Procedure number 0214-2024 was assigned. Folios 0001-0005. Complaint file 0214-2024. Confidential. Third: On September 17, 2024, an inspection was conducted at the reported site, verifying the described conditions (dismantled structure, no roof, solid waste, health risk). A record was drawn up and photographs were taken. Technical report MS-DRRSCE-DARSC-IT-2084-2024 was prepared, and it was recommended to issue a Sanitary Order in accordance with Articles 314, 316, and 318 of the General Health Law. Folios 0006-0009. File 0214-2024. Respondent. Fourth: On November 4, 2024, Sanitary Order MS-DRRSCE-DARSCOS-0261-2024 was issued, addressed to the registered owner Norma Cecilia Rivera Acevedo, with a compliance period of 20 business days. Folio 0010. File 0214-2024. Respondent. Fifth: On November 20, 2024, the complainant was informed of the issuance of the sanitary order, and a copy of official letter MS-DRRSCE-DARSC-1255-2024 was attached. Folios 0006-0008. Complaint file 0214-2024. Confidential. Sixth: On December 5, 2024, an inquiry was received from the complainant about the progress of the case. She was informed that the file was under legal analysis due to the death of the notified person. Folios 0009-0011. Complaint file 0214-2024. Confidential. Seventh: On February 6, 2025, through legal opinion CARTA-MS-DRRSCE-0118-2025, it was determined that the sanitary order was void due to the death of the party, recommending resuming attention through a new inspection or notification to heirs. Folio 0011. File 0214-2024. Respondent. Eighth: On April 25, 2025, the death of the registered owner was confirmed through a registry query and certification from the Supreme Electoral Tribunal, voiding the sanitary order. Folios 0012-0014. File 0214-2024. Respondent. Ninth: On July 4, 2025, the technical team was instructed to investigate with the Municipality of Cartago to locate possible responsible parties or heirs of the property. Folios 0016-0018. File 0214-2024. Respondent. Tenth: On November 1, 2025, the Municipality of Cartago conducted an inspection and notified that it would proceed according to its powers. Folio 0019. File 0214-2024. Respondent. Eleventh: On December 5, 2025, a technical visit was made, and an inspection record was drawn up, confirming the state of abandonment and requesting inter-institutional collaboration. Folios 0020-0022. File 0214-2024. Respondent. Twelfth: On January 6, 2026, the complainant provided updated photographs of the property and reported the filing of the amparo appeal. Folios 0023-0029. Complaint file 0214-2024. Confidential. Thirtieth: On January 13, 2026, technical report CARTA-MS-DRRSCEDARSC-IT-019-2026 was issued, concluding that: • The lot is in unsanitary and abandoned conditions. • It was not possible to locate a legal responsible party due to the owner's death and absence of inheritance information. • The case should be transferred to the Municipality of Cartago in accordance with Article 84 of the Municipal Code. That same day, the file was formally transferred to the Municipality for its intervention. Folios 0032-0035. File 0214-2024. Respondent. (...)". She requests that the appeal be dismissed. 4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed. Drafted by Magistrate Hess Herrera; and, WHEREAS: I.- PRELIMINARY MATTER. Prior to analyzing the merits of the claim –for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure– it must be clarified that, since judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is raised, as it concerns an environmental complaint, which has allegedly not been resolved within a reasonable time by the Ministry of Health. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant considers their fundamental rights violated. They state that on June 7, 2024, they sent a complaint to the email address [email protected] addressed to the respondent authority, reporting that a house in their community was uninhabited, roofless, with accumulated waste, standing water, and presence of vectors. They assert that their complaint was assigned procedure number 0214-2024. Furthermore, they mention that on June 19, 2024, they received official letter IDU-OF-192-2024 confirming the inspection and the reported conditions. They add that on December 5, 2024, they were informed of the death of the property owner and the lack of clarity about the current owner, which is why the case was referred for legal consultation. They allege that, as of the date of filing this appeal, no resolution has been obtained for the filed actions. They indicate that this problem endangers their health and that of their neighbors. III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven: On June 7, 2024, the protected person filed a complaint with the Cartago Governing Health Area regarding a property located in Urbanización Tolentino, La Lima, Cartago, described as uninhabited, roofless, with accumulated waste, standing water, and presence of vectors. Procedure number 0214-2024 was assigned (an uncontested fact). On September 17, 2024, the respondent governing health area conducted an inspection at the reported site, verifying the described conditions (dismantled structure, no roof, solid waste, health risk). A record was drawn up and photographs were taken. Technical report MS-DRRSCE-DARSC-IT-2084-2024 was prepared, and it was recommended to issue a Sanitary Order (see submitted report and documentation provided). On November 4, 2024, the respondent governing health area issued Sanitary Order MS-DRRSCE-DARSCOS-0261-2024 addressed to the registered owner Norma Cecilia Rivera Acevedo, with a compliance period of 20 business days (see submitted report and documentation provided). On November 20, 2024, the respondent authorities informed the complainant about the issuance of the sanitary order, and a copy of official letter MS-DRRSCE-DARSC-1255-2024 was attached (see submitted report and documentation provided). On December 5, 2024, the respondent governing health area received an inquiry from the complainant about the progress of the case. In response, she was informed that the file was under legal analysis due to the death of the notified person (see submitted report and documentation provided). On February 6, 2025, through legal opinion CARTA-MS-DRRSCE-0118-2025, it was determined that the sanitary order was void due to the death of the party, recommending resuming attention through a new inspection or notification to heirs (see submitted report and documentation provided). On April 25, 2025, officials of the respondent governing health area confirmed, through a registry query and certification from the Supreme Electoral Tribunal, the death of the registered owner of the abandoned property, voiding the sanitary order (see submitted report and documentation provided). On January 12, 2026, the respondent authority was notified of the resolution granting leave to proceed with this process (see notification record). On January 13, 2026, the respondent governing health area issued technical report CARTA-MS-DRRSCEDARSC-IT-019-2026, concluding: 1. The lot is in unsanitary and abandoned conditions. 2. It was not possible to locate the legal responsible party due to the owner's death and absence of inheritance information. 3. The case should be transferred to the Municipality of Cartago in accordance with Article 84 of the Municipal Code. That same day, the file was formally transferred to the Municipality for its intervention (see submitted report and documentation provided). IV.- ON THE MERITS. In the case at bar, it is proven that on June 7, 2024, the protected person filed a complaint with the Cartago Governing Health Area regarding a property located in Urbanización Tolentino, La Lima, Cartago, described as uninhabited, roofless, with accumulated waste, standing water, and the presence of vectors. Procedure number 0214-2024 was assigned. Furthermore, it is inferred that on September 17, 2024, the respondent Governing Health Area conducted an inspection at the reported site, verifying the described conditions (dismantled structure, no roof, solid waste, health risk). A record was drawn up and photographs were taken. Technical report MS-DRRSCE-DARSC-IT-2084-2024 was prepared, and it was recommended to issue a Sanitary Order. In turn, it is inferred that on November 4, 2024, the respondent Governing Health Area issued Sanitary Order MS-DRRSCE-DARSCOS-0261-2024 addressed to the registered owner Norma Cecilia Rivera Acevedo, with a compliance period of 20 business days. Likewise, it is noted that on November 20, 2024, the respondent authorities informed the complainant about the issuance of the sanitary order, and a copy of official letter MS-DRRSCE-DARSC-1255-2024 was attached. That on December 5, 2024, the respondent Governing Health Area received an inquiry from the complainant about the progress of the case. In response, she was informed that the file was under legal analysis due to the death of the notified person. Additionally, it is proven that on February 6, 2025, through legal opinion CARTA-MS-DRRSCE-0118-2025, it was determined that the sanitary order was void due to the death of the party, recommending resuming attention through a new inspection or notification to heirs. Moreover, it is noted that on April 25, 2025, officials of the respondent Governing Health Area confirmed, through a registry query and certification from the Supreme Electoral Tribunal, the death of the registered owner of the abandoned property, voiding the sanitary order. Finally, it is noted that on January 13, 2026, the respondent Governing Health Area issued, on the occasion of this appeal, technical report CARTA-MS-DRRSCEDARSC-IT-019-2026, concluding: 1. The lot is in unsanitary and abandoned conditions. 2. It was not possible to locate the legal responsible party due to the owner's death and absence of inheritance information. 3. The case should be transferred to the Municipality of Cartago in accordance with Article 84 of the Municipal Code. That same day, the file was formally transferred to the Municipality for its intervention. In relation to the foregoing, it is noted that the Municipal Code, in its Article 84, subsection b), states: "Article 84.- In accordance with the municipal regulatory plan, natural or legal persons, owners or possessors, by any title, of real estate, must comply with the following obligations (...) b) Fence and clean both lots where there are no constructions and those with uninhabited dwellings or dwellings in a state of demolition (...) When a lot contains an uninhabitable building that endangers the life, property, or physical integrity of third parties, or whose state of abandonment favors the commission of criminal acts, the municipality may file the corresponding complaint with the health authorities and collaborate with them in compliance with Law 5395, General Health Law, of October 30, 1973. Except as ordered in the General Health Law, when the residents fail to comply with the previous obligations (...), the municipality is empowered to remedy the omission of these duties, directly carrying out the works or providing the corresponding services (...)" (emphasis not in original). In accordance with the foregoing, the violation of the fundamental rights of the protected person is proven. Indeed, although the authorities of the Cartago Governing Health Area have carried out various actions aimed at addressing the problem reported by the appellant since June 7, 2024, the fact is that, despite having been aware of the death of the registered owner of the property subject to this appeal since April 25, 2025, it was not until these authorities became aware of the filing of this appeal that they proceeded to formally transfer administrative file No. 0214-2024 to the Municipality of Cartago, for the application of the provisions of Article 84 of the Municipal Code. In relation to the foregoing, it is imperative to point out that the aforementioned action, in the opinion of this Court, does not eliminate the responsibility of the respondent health area to provide the corresponding follow-up to the actions of the Municipality of Cartago, so that the reported situation is definitively resolved. On the other hand, it is noted that the matter is not being transferred to the local corporation, as the amparo would be premature regarding its intervention, since it was officially informed on January 13 of this year. Consequently, it is appropriate to grant the appeal, as will be established in the operative part. V.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court that when a citizen alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, the courts that must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line; this Court, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptions, which may be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent courts are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. VI.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the undersigned's opinion that, if the Public Administration has already intervened, I consider that its hearing and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the appellant alleges that on June 7, 2024, they sent a complaint addressed to the respondent authority, reporting that a house in their community was uninhabited, roofless, with accumulated waste, standing water, and presence of vectors, such that this problem endangers their health and that of their neighbors, to the detriment of a healthy and ecologically balanced environment and a dignified quality of life. VCG02/2026 ... See more Nevertheless, I do proceed to examine the merits of the matter when other rights of the persons affected by the pollution source are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from pollution (Article 50, of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the appealing party alleges that on June 7, 2024, it sent a complaint directed to the appealed authority, where it reported that a house in its community was uninhabited, without a roof, with accumulation of waste, standing water, and presence of vectors, such that this problem puts its health and that of the neighbors of its community at risk, to the detriment of a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life. VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. POR TANTO: The appeal is granted. Andrea Morales Fiesler, in her capacity as director of the Área Rectora de Salud de Cartago, or whoever holds that position in her stead, is ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of her competence, so that, within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the problem denounced by the protected person is effectively resolved. The appealed authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused, which shall be liquidated in the execution of judgment before the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez records a note. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Notify. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- WDALXH254QW61 EXPEDIENTE N° 25-038691-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:11:38. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República