Res. 00619-2026 Sala Constitucional — Request for Clarification and Addition on Anchored FADs Prohibition DeniedSolicitud de aclaración y adición rechazada sobre prohibición de FADs anclados

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Sala Constitucional

Resolución Nº 00619 - 2026

Fecha de la Resolución: 09 de Enero del 2026 a las 09:20

Expediente: 25-021856-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-021856-0007-CO

Res. Nº 2026000619

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del nueve de enero de dos mil veintiseis .

Solicitud de ampliación y aclaración de la sentencia número 2025-039367 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025, presentada por el recurrente Nombre103260, mayor. cédula de identidad CED51677, en el recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-021856-0007-CO, el cual interpuso contra la División Marítima Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura y el Servicio Nacional de Nombre91437 del Ministerio de Seguridad Pública.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 17:24 horas del 05 de diciembre de 2025, el recurrente manifiesta lo siguiente:

“SOLICITUD DE AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN

La sala Constitucional en el voto 2025039367, de las 9:20 del 28 de noviembre del 2025 declara con lugar el recurso de amparo resolviendo:

"Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Verny Gerardo Jiménez Rojas, a Nelson Peña Navarro y a Juan Carlos Alvarado Quesada, respectivamente, en su condición de Director General de lo División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura y de Director General del Servicio Nacional de Nombre91437 o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se impida la práctica pesquera utilizando FADS o Dispositivos agregadores de peces fiados con grandes pesos de hormigón a los fondos marinos."

En aras de salvaguardar la importancia de la resolución de marras para la conservación del ambiente marino costarricense, en aras también de aclarar algunos extremos importantes para que no exista posibilidades de que las instituciones obligadas intenten esquivar su responsabilidad o que quede lugar a

interpretaciones, es menester solicitar a la Honorable Sala Constitucional, aclarar y adicionar la resolución en los siguientes términos.

1- Aclarar que los FADS o dispositivos agregadores de peces, fijados con grandes pesos de hormigón a los fondos marinos, debe entenderse como pesos de hormigón o cualquier otro material que genere el mismo efecto de peso. Esto debido a que existe la posibilidad de que boten anclas, hierro o cualquier otro material pesado para anclar el FAD. La característica principal es el hecho de estar anclados al fondo marino

2- Respetuosamente se solicita aclarar si el deber de impedir la práctica pesquera utilizando FADS o Dispositivos agregadores de peces fijados en el fondo marino, implica también la eliminación de los FADS que ya existen, así como la instalación de futuras instalaciones.

3- Respetuosamente se solicita aclarar que los FADS deben ser considerados como artes de pesca y que, por tanto, conforme a las disposiciones del artículo 13 de la Ley de Pesca y Acuacultura, la entidad con competencia para su regulación en primer lugar es INCOPESCA, esto conforme a las siguientes definiciones:

Arte de pesca:

La FAO lo define como

"Cualquier equipo, dispositivo o herramienta utilizada para capturar, recolectar o almacenar recursos acuáticos."

Incluye redes, anzuelos, trampas, palangres, arpones, nasas, y cualquier medio físico o mecánico empleado directa o indirectamente en la pesca.

Fuente: FAO Términos y definiciones pesqueros (CWP Handbook) fao.org/fishery/glossary

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) define "Métodos y artes de pesca" en el contexto de la conservación y gestión de los recursos marinos vivos, implicando equipos y técnicas utilizadas para la captura. Artículos 61-67 un.org/depts/los/convention agreements/texts/unclos/unclos e.pdf

La OMI En el Convenio Internacional sobre la Remoción de Episodios de Pesca Fantasma (2019), define: "Arte de pesca" como cualquier equipo físico o material utilizado para capturar o recolectar organismos acuáticos, incluyendo componentes como redes, líneas, trampas y flotadores. imo.org

Los FADs son estructuras flotantes, semisumergidas o fondeadas, diseñadas para atraer peces pelágicos mediante la creación de un hábitat artificial. Pueden ser ancorados (con pesos de hormigón, anclas) o a la deriva. Componentes típicos: boyas, cables, redes, materiales sintéticos, y a menudo lastres de hormigón o metal para fijación al fondo marino (FAO / Comisión de Pesca):

Conforme a las definiciones, los FADS son entendidos como artes de pesca es decir, un equipo físico diseñado e instalado para agregar peces, en razón de lo cual la competencia específica sobre estas instalaciones, aunque se anclen en el fondo marino, es el INCOPESCA, de manera que no podrá decir esta institución que no tiene equipo o que no son su competencia porque las instalaciones en el fondo marino son competencia de otra institución como por ejemplo el MINAE.

Con el respeto debido, solicito precisar el alcance del fallo, por considerar que la resolución en su conjunto y por la fundamentación y claridad de sus argumentos, deviene en una valiosa pieza del derecho constitucional aplicado a las actividades marinas y en particular a la pesca”.

 

2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

Considerando:

I.- Cuestión previa. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional contra las sentencias de esta Sala no procede recurso alguno. Únicamente, en aquellos casos en que ha existido un error en la apreciación y valoración de los hechos, este Tribunal está facultado para revocar o corregir sus propias resoluciones, tal como lo señala el artículo 12 de la referida ley:

“Artículo 12.- Las sentencias que dicte la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro de tercer día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo”.

 

Así, la adición de un pronunciamiento procede cuando un punto del planteamiento original del recurso no fue resuelto y la aclaración cuando el asunto fue redactado en términos oscuros o ambiguos lo que dificulta su comprensión. La adición y la aclaración son, entonces, remedios procesales para complementar una sentencia o explicar sus alcances.

II.- Sobre lo resuelto en este asunto. En el sub lite, el recurrente planteó el siguiente reclamo:

“I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que los dispositivos agregadores de peces han evolucionado desde un simple tronco a la deriva, cuya sombra proporciona refugio a especies de peces que atraen a otras especies depredadoras, pasando por artefactos flotantes artificiales, construidos con estructuras de pvc, redes y textiles de cobertura, muy utilizados por la pesca de atún de altura, ubicados con balizas para su localización. Al agregar peces, agrega también atunes y este fenómeno es utilizado por la pesca de atún de cerco, práctica conocida como pesca de atún sobre plantados. Más recientemente se encuentran artefactos más elaborados y diseñados para pesca deportiva, esta vez artefactos fijos, consistentes en una pesa de concreto de alrededor de una tonelada denominada popularmente como “queso”, la cual se arroja al fondo marino para anclar un cable que sostiene a su vez una boya sumergida normalmente a unos 20 o 40 pies de profundidad (6 a 12 mts), en combinación con redes viejas, mallas u otros elementos que al dar sombra, sirven para que los peces se agreguen a su alrededor y con ello atraigan a especies de interés como atunes o picudos. Costa Rica ha prohibido la pesca de atún sobre plantados en el acuerdo de Nombre3504 A.J.D.I.P./241-99. Tal disposición versa sobre la pesca de atún de cerco practicada por las embarcaciones de grandes dimensiones, pesca regulada a partir del artículo 49 de la Ley de Pesca y Acuacultura No. 8436. Esta pesca es practicada enteramente por embarcaciones internacionales por no tener el país ninguna embarcación. En el acuerdo de Junta Directiva citado, para la fecha, el concepto de plantado prohibido, sólo contempla el plantado flotante usado por la pesca de atún. Actualmente, además, la LPA en su artículo 60 prohíbe la operación de estos barcos dentro de las primeras 80 millas náuticas de la Zona Económica Exclusiva. De manera que esta amplia zona de nuestra Zona Económica Exclusiva, conocida por su riqueza de atún y picudos (marlin, pez vela) y otras especies de interés como dorado, queda entonces técnicamente carente de regulación sobre plantados, precisamente por quedar sin regulación la última versión de plantado anclado antes descrita. A partir del 2008 aproximadamente, muchas iniciativas privadas de pesca deportiva (marinas, operadores de pesca deportiva y operadores de pesca comercial) han desarrollado una amplia práctica para la instalación de FADs o plantados de nueva generación, orientados a la pesca deportiva, esto es, artefactos anclados al suelo marino mediante una pesa de cemento de hasta una tonelada, la cual sostiene un cable que ancla una boya mediante un cable de acero, boya normalmente metálica que queda fijada a unos 20 o 40 pies (6 a 12 mt) de profundidad. Normalmente este tipo de instalación submarina se bota a unas 20 o 40 millas náuticas de la costa, para el caso, a partir de Herradura, de Quepos o bien de la península de Osa, en zonas poco profundas (zonas de mesetas hundidas), las cuales son suelos bentónicos con mucha biodiversidad y los cuales, dadas sus características, son llamados montes submarinos o “seamounts” en inglés, concepto que podría ser correcto en la parte sur del país, al ser estas formaciones geológicas, parte de la cadena de montes submarinos. Se evidencian dos impactos, el primero la alteración de los fondos marinos de estas estribaciones sumergidas, merced de los pesos que se lanzan al fondo y el más importante, el impacto pesquero ejercido por los operadores de pesca turística que concentran su esfuerzo pesquero en zonas determinadas alrededor de las instalaciones. Impactos realizados sobre un ecosistema diverso, pero de suma fragilidad e importancia para el pacífico costarricense. Esta configuración de FAD o plantado, permite establecer con precisión la posición del mismo, con ayuda de GPS, con lo cual, quienes han colocado el artefacto saben que pueden ir a pescar debido a la agregación de peces que se genera por la sombra. Debido a que no están explícitamente regulados, se usa normalmente el término “FAD” y también recientemente se utiliza el término “pesca en montes submarinos” o la combinación en inglés de ambos: “FAD Seamounts”. Así, innumerables anuncios de pesca deportiva en Costa Rica tanto en la zona de Quepos (Marina Los Sueños) como las marinas de Quepos y las distintas iniciativas de pesca deportiva anuncian este tipo de pesca como un atractivo para la pesca turística. Claramente a las marinas y operadores les interesa lograr que sus usuarios, normalmente turistas extranjeros con poco tiempo disponible, logren un viaje de pesca “exitoso” es decir, que puedan lograr pescar varios ejemplares, y este tipo de artefactos les brindan una pesca segura en un tiempo récord. Los agregadores de peces generan un impacto importante al cambiar el normal comportamiento de las poblaciones de peces pelágicos. Generan artificialmente una sombra que atrae a las especies pequeñas y tras de ellas vienen peces de mayor tamaño. Al estar concentrados y practicar sobre ellos ya sea la pesca deportiva o turística, o bien, la pesca comercial, se genera un impacto mucho mayor y en menor plazo sobre los ecosistemas marinos y con ello una mucho mayor afectación, además que la colocación de estas instalaciones afecta con su peso el lecho marino, además de generar ventajas pesqueras para quienes lo financian, en detrimento de quienes pescan libremente. Además de la oferta abierta de operadores de pesca deportiva (hoteles, marinas, empresas o individuos dedicados a la pesca turística) para venir a pescar en “FAD seamounts”, es decir, para pescar alrededor de estos plantados, las marinas constantemente están organizando torneos de pesca, muchos de los cuales incluyen la pesca sobre plantados o FADS, torneos que deben ser aprobados y autorizados por el INCOPESCA, institución que, hasta la fecha, no ha reparado en el uso de esta técnica, dejando una actividad sin regulación que claramente afecta ecosistemas vulnerables. Agregado a la pesca turística (marinas, operadores comerciales de empresas o individuales) muchos operadores de pesca deportiva (dueños de yates ubicados en las marinas) también usan la geolocalización de los plantados que les ofrecen las marinas, para realizar actividades de pesca. Al no haber ningún tipo de regulación, es decir, al no estar permitidos, interpretando el derecho ambiental en favor de la naturaleza, esto es, en sentido restrictivo, técnicamente están prohibidos y al ser usados como parte de las artes pesqueras, todo tipo de pesca derivada de estas instalaciones sería pesca ilegal”.

 

Esta Sala, mediante sentencia No. 2025-039367 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025, por mayoría, declaró con lugar el recurso, ya que se consideró que el hecho de que Nombre3504 no haya autorizado un torneo que, expresa o implícitamente, contemple el uso de plantados o FADs anclados como técnica de pesca, no significa que no se esté llevando a cabo. Por ello, se dispuso lo siguiente:

"Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Verny Gerardo Jiménez Rojas, a Nelson Peña Navarro y a Juan Carlos Alvarado Quesada, respectivamente, en su condición de Director General de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura y de Director General del Servicio Nacional de Nombre91437 o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se impida la práctica pesquera utilizando FADS o Dispositivos agregadores de peces fijados con grandes pesos de hormigón a los fondos marinos. Se advierte a los recurridos, o a quienes ocupen sus cargos, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal consignan razones particulares en cuanto a los principios constitucionales en materia ambiental. El magistrado Castillo Víquez salva el voto y declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, en cuanto a la acusada violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Notifíquese”.

 

Lo anterior con sustento en las consideraciones que a continuación se indican:

“VII.- Sobre el caso concreto. Acusa el recurrente el uso de dispositivos agregadores de peces, conocidos como FADs o "plantados" anclados en el mar, los cuales son empleados en pesca deportiva y turística, a pesar de no estar legalmente autorizado.

Al respecto, Nombre3504 niega que haya autorizado un torneo que, expresa o implícitamente, contemple el uso de plantados o FADs anclados como técnica de pesca. También se comprueba que la regulación vigente prohíbe el uso de plantados flotantes para pesca de atún de cerco (Acuerdo A.J.D.I.P./241-99). A lo anterior se debe agregar que en dos inspecciones no se encontraron los objetos sumergidos en las coordenadas que indicó el recurrente. En concreto: 1) El 12 de junio de 2025 se realizó la primera inspección en la coordenada 1 señalada por el denunciante (08°03.235N, 083°53.2190), con participación de funcionarios de Nombre3504 y del Servicio Nacional de Guardacostas, pero no se detectaron boyas, objetos flotantes ni signos de actividad biológica atribuible a plantados sumergidos. 2) El 26 de junio de 2025, en la segunda inspección realizada en las coordenadas reportadas por el actor (08°03.235N, 083"53.219O y 07°53.328N, 084°00.4590), utilizando una embarcación de mayor autonomía, nuevamente, no se encontraron dispositivos flotantes o sumergidos, solo se observó un yate realizando pesca en movimiento (troleo) alrededor de uno de los puntos, lo que no constituye prueba de la existencia de plantados. Además, ambas inspecciones fueron comunicadas a la Fiscalía de Protección Ambiental de Osa dentro del proceso penal No. 25-000048-1111-PE que actualmente se encuentra en condición de archivo fiscal, dispuesto por resolución de las 07:15 horas del 16 de octubre de 2025, ya que el ente ministerial, con base a las pruebas aportadas, no logró acreditar la existencia de estos dispositivos ni la individualización de un presunto responsable

No obstante, es lo cierto, primeramente, que se acepta que ambas inspecciones se efectuaron sin realizar buceo ni utilizar algún equipo especial de sonar, pues Nombre3504 no cuenta con ese tipo de recursos. De ahí que a solicitud del Ministerio Público se consultó el 30 de junio de 2025 a la Dirección de Nombre91437 (Comisionado de Guardacostas) si tienen ese equipo, pero todavía no han contestado. En segundo lugar, el recurrente en gestiones posteriores indica otras coordenadas donde asegura que hay más dispositivos y aporta unos links en internet donde operadores de pesca turística promueven la pesca sobre FADS y montes submarinos en el país. Lo anterior es aceptado por Incopesca, ya que el 15 de octubre de 2025 presentaron una denuncia ante el OIJ refiriendo que en una búsqueda en redes sociales se determinó en la red social FACEBOOK la existencia de ventas de productos pesqueros o tours de pesca no autorizados, en el cual se detallan puntos de contacto que estiman altamente importantes y necesarios de poder actuar interinstitucionalmente ante esas ventas a los efectos de incidir en su consumo y ajustar dicho actuar a la normativa vigente (véase prueba documental aportada con el segundo informe rendido en atención a una prueba para mejor resolver solicitada por esta Sala).

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha tenido la oportunidad de referirse al principio precautorio o indubio pro natura, el cual resulta esencial en la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, conforme lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política. En ese sentido, en los votos números 14180-10 de las 14:35 del 25 de agosto de 2010 y 108889-11 de las 15:22 del 16 de agosto de 2011, reiterado en la sentencia No. 2019-012746 de las 12:11 horas del 10 de julio de 2019, la Sala señaló sobre el tema en cuestión, lo siguiente:

“IV.- Sobre el principio precautorio y el desarrollo sostenible. Además de lo dicho, resulta de importancia para la resolución de este asunto, tener en cuenta dos principios de especial relevancia en materia ambiental, como lo son el principio precautorio y el principio de desarrollo sostenible. En cuanto al primero, debe indicarse que esta Sala ha reconocido que, en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, a partir de la cual el Estado tiene que disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente. Es el también llamado principio de “evitación prudente”, contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que literalmente indica:

"Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente".

En consecuencia, deben desplegarse actuaciones anticipadamente para evitar los efectos negativos de un proyecto, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto- se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente”.

Ante ese panorama y principalmente, por la duda existente, esta Sala con sustento en el principio precautorio considera que se debe tutelar lo planteado por el recurrente, pues el hecho de que Nombre3504 no lo haya autorizado no significa que no se esté llevando a cabo. Máxime que se aporta prueba contundente de su ejecución. Aparte de que Nombre3504 acepta que las referidas inspecciones, producto de las cuales asegura no se encontraron dispositivos flotantes o sumergidos, ni siquiera se realizaron con el equipo que se estima corresponde, por lo menos buceadores. Además, se consultó a Nombre91437 sí lo tienen y se indica que más de cuatro meses no han contestado. Esas insuficientes acciones para atender el problema denunciado por el recurrente, pues incluso el Director General de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes informa que su representada no tiene responsabilidad en los hechos acusados, obviando la tutela que debe brindar el Estado al ambiente en su conjunto”.

 

III.- Sobre la gestión presentada por el recurrente. En el sub lite, el 05 de diciembre de 2025 acude el recurrente solicitando que se amplié y aclaren tres extremos de la sentencia dictada en el presente amparo. Pide lo siguiente: 1- Aclarar que los FADS o dispositivos agregadores de peces, fijados con grandes pesos de hormigón a los fondos marinos, debe entenderse como pesos de hormigón o cualquier otro material que genere el mismo efecto de peso. Esto debido a que existe la posibilidad de que boten anclas, hierro o cualquier otro material pesado para anclar el FAD. La característica principal es el hecho de estar anclados al fondo marino. 2- Aclarar si el deber de impedir la práctica pesquera utilizando FADS o dispositivos agregadores de peces fijados en el fondo marino, implica también la eliminación de los FADS que ya existen, así como la instalación de futuros dispositivos. 3- Aclarar que los FADS deben ser considerados como artes de pesca y que, por tanto, conforme a las disposiciones del artículo 13 de la Ley de Pesca y Acuacultura, aunque se anclen en el fondo marino, la entidad con competencia para su regulación en primer lugar es el Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura -Incopesca-. De manera que no podrá decir esa institución que no tiene equipo o que no son su competencia porque las instalaciones en el fondo marino son competencia de otra institución, como, por ejemplo, el MINAE. Además, manifiesta el recurrente que solicita “precisar el alcance del fallo, por considerar que la resolución en su conjunto y por la fundamentación y claridad de sus argumentos, deviene en una valiosa pieza del derecho constitucional aplicado a las actividades marinas y en particular a la pesca”.

En cuanto al primer punto, se advierte al recurrente que Nelson Peña Navarro, en su condición de Presidente Ejecutivo de Incopesca, informó en su oportunidad que “respecto de los plantados anclados, se trata de una supuesta práctica emergente cuya regulación requiere estudios técnicos y coordinación interinstitucional. Sin embargo, debemos ser enfáticos en manifestar que esta práctica no es avalada ni autorizada por el INCOPESCA, para ninguna flota”. Por ello, cualquier aditamento que permita tal práctica contra legem, obviamente, no es posible que subsista, conforme a lo ordenado en la sentencia No. 2025-039367. De ahí que, en cuanto a este punto, se considera innecesaria alguna adición o aclaración en los términos planteados por el recurrente.

En lo que corresponde al segundo extremo, consta que esta Sala ordenó a las autoridades recurridas que “giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se impida la práctica pesquera utilizando FADS o Dispositivos agregadores de peces fijados con grandes pesos de hormigón a los fondos marinos”. Lo anterior teniendo presente que se informó que “INCOPESCA nunca ha autorizado un torneo que, expresa o implícitamente, contemple el uso de plantados o FADs anclados como técnica de pesca”. En ese contexto, no pueden existir tales dispositivos porque no están autorizados, de lo cual se tienen que encargar los accionados, según se dispuso en autos. Así las cosas, se considera innecesaria cualquier aclaración.

Finalmente, respecto al tercer punto, es lo cierto que es la Administración activa la que tiene que determinar cómo cumplir lo ordenado por esta Sala. Por ello, es de su prerrogativa considerar si requiere la intervención de otras instituciones públicas en observancia del principio precautorio (véase lo desarrollado en el considerando V de la sentencia No. 2025-039367). Por ende, se considera que no hay nada que adicionar o aclarar.

Desde el panorama descrito, si bien se denota la buena fe del recurrente, se estima que lo que plantea es improcedente, pues esta Sala, en lo que interesa, fue clara y contundente en la imposibilidad del uso de dispositivos agregadores de peces en actividades de pesca deportiva y turística, de lo cual se tienen que encargar las autoridades recurridas, sin demérito de acudir a otras instancias para el fiel cumplimiento de lo ordenado. Tampoco se aprecia ningún error de apreciación en los hechos planteados y analizados en la referida sentencia. De modo, que no hay nada que adicionar o aclarar al respecto.

En consecuencia, la gestión incoada resulta improcedente y así debe declararse.

IV.- Conclusión.  En virtud de lo expuesto, lo procedente es declarar no ha lugar a la gestión formulada.  

V.- Nota de la magistrada Garro Vargas. En la especie, advierto que no voté la sentencia No. 2025-039367 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025 que constituye la sentencia de fondo que es objeto de esta resolución interlocutoria.

VI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

No ha lugar a la gestión formulada por el recurrente Nombre103260. La magistrada Garro Vargas consigna nota. Notifíquese.

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 GM3BA439VSGI61

EXPEDIENTE N° 25-021856-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:01:38.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Constitutional Chamber

Resolution No. 00619 - 2026

Resolution Date: January 9, 2026 at 09:20

File: 25-021856-0007-CO

Drafted by: Anamari Garro Vargas

Type of Matter: Amparo appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Document text

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File: 25-021856-0007-CO

Res. No. 2026000619

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on January ninth, two thousand twenty-six.

Request for enhancement and clarification of judgment number 2025-039367 of 09:20 hours on November 28, 2025, filed by the petitioner Nombre103260, of legal age, identity card CED51677, in the amparo appeal processed under file number 25-021856-0007-CO, which he filed against the Maritime Port Division of the Ministry of Public Works and Transport, the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, and the National Service of Nombre91437 of the Ministry of Public Security.

Whereas:

1.- By document received at the Secretariat of the Chamber at 17:24 hours on December 5, 2025, the petitioner states the following:

"REQUEST FOR ENHANCEMENT AND CLARIFICATION

The Constitutional Chamber, in vote 2025039367, of 9:20 on November 28, 2025, declares the amparo appeal admissible, resolving:

"The appeal is declared admissible. It is ordered that Verny Gerardo Jiménez Rojas, Nelson Peña Navarro, and Juan Carlos Alvarado Quesada, in their respective capacities as Director General of the Maritime Port Division of the Ministry of Public Works and Transport, Executive President of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, and Director General of the National Service of Nombre91437, or whoever occupies those positions, issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competencies so that, within a period of three months, counted from the notification of this judgment, the fishing practice using FADs or Fish Aggregating Devices anchored with large concrete weights to the seafloor is prevented."

In the interest of safeguarding the importance of the resolution in question for the conservation of the Costa Rican marine environment, and also in the interest of clarifying certain important aspects so that there is no possibility of the obligated institutions attempting to evade their responsibility or leaving room for

interpretations, it is necessary to request the Honorable Constitutional Chamber to clarify and enhance the resolution in the following terms.

1- Clarify that FADs or fish aggregating devices, anchored with large concrete weights to the seafloor, should be understood as concrete weights or any other material that generates the same weight effect. This is because there is a possibility that they may deploy anchors, iron, or any other heavy material to anchor the FAD. The main characteristic is the fact of being anchored to the seafloor.

2- Respectfully, it is requested to clarify whether the duty to prevent the fishing practice using FADs or Fish Aggregating Devices anchored to the seafloor also implies the removal of FADs that already exist, as well as the installation of future devices.

3- Respectfully, it is requested to clarify that FADs must be considered as fishing gear and that, therefore, in accordance with the provisions of Article 13 of the Ley de Pesca y Acuacultura, the entity with competence for their regulation in the first instance is INCOPESCA, this in accordance with the following definitions:

Fishing gear:

The FAO defines it as

"Any equipment, device, or tool used to capture, collect, or store aquatic resources."

It includes nets, hooks, traps, longlines, harpoons, pots, and any physical or mechanical means employed directly or indirectly in fishing.

Source: FAO Fisheries Terms and Definitions (CWP Handbook) fao.org/fishery/glossary

The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) defines "Fishing methods and gear" in the context of the conservation and management of living marine resources, implying equipment and techniques used for capture. Articles 61-67 un.org/depts/los/convention agreements/texts/unclos/unclos e.pdf

The IMO, in the International Convention on the Removal of Episodes of Ghost Fishing (2019), defines: "Fishing gear" as any physical equipment or material used to capture or collect aquatic organisms, including components such as nets, lines, traps, and floats. imo.org

FADs are floating, semi-submerged, or anchored structures designed to attract pelagic fish by creating an artificial habitat. They can be anchored (with concrete weights, anchors) or drifting. Typical components: buoys, cables, nets, synthetic materials, and often concrete or metal ballasts for attachment to the seafloor (FAO / Fisheries Commission):

In accordance with the definitions, FADs are understood as fishing gear, that is, a physical equipment designed and installed to aggregate fish, for which reason the specific competence over these installations, even if anchored to the seafloor, belongs to INCOPESCA, so this institution cannot claim that it lacks the equipment or that it is not their competence because installations on the seafloor are the responsibility of another institution such as, for example, MINAE.

With due respect, I request to clarify the scope of the ruling, considering that the resolution as a whole, and due to the foundation and clarity of its arguments, becomes a valuable piece of constitutional law applied to marine activities and particularly to fishing."

2.- In the procedures followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,

Considering:

I.- Preliminary Matter. In accordance with the provisions of Article 11 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, no appeal whatsoever is admissible against the judgments of this Chamber. Only in those cases where there has been an error in the assessment and evaluation of the facts, this Court is empowered to revoke or correct its own resolutions, as stated in Article 12 of the aforementioned law:

"Article 12.- The judgments issued by the Chamber may be clarified or enhanced, at the request of a party, if requested within three days, and ex officio at any time, including in enforcement proceedings, to the extent necessary to give full compliance to the content of the ruling."

Thus, the enhancement of a ruling is appropriate when a point from the original claim of the appeal was not resolved, and clarification is appropriate when the matter was drafted in obscure or ambiguous terms, making its understanding difficult. Enhancement and clarification are, therefore, procedural remedies to complement a judgment or explain its scope.

II.- On what was resolved in this matter. In the case at hand, the petitioner raised the following claim:

"I.- Object of the appeal. The petitioner alleges that fish aggregating devices have evolved from a simple drifting log, whose shade provides refuge for fish species that attract other predatory species, to artificial floating artifacts, built with PVC structures, nets, and covering textiles, widely used by offshore tuna fishing, located with beacons for their tracking. By aggregating fish, it also aggregates tuna, and this phenomenon is used by purse seine tuna fishing, a practice known as fishing for tuna over drifting fish aggregating devices (FADs). More recently, there are more elaborate artifacts designed for sport fishing, this time fixed artifacts, consisting of a concrete weight of about one ton, popularly called "cheese," which is thrown onto the seafloor to anchor a cable that in turn holds a submerged buoy, normally at about 20 or 40 feet deep (6 to 12 m), in combination with old nets, mesh, or other elements that, by providing shade, serve to aggregate fish around them and thereby attract species of interest such as tuna or billfish. Costa Rica has prohibited tuna fishing over drifting FADs in the agreement of Nombre3504 A.J.D.I.P./241-99. This provision concerns purse seine tuna fishing practiced by large vessels, fishing regulated under Article 49 of the Ley de Pesca y Acuacultura No. 8436. This fishing is practiced entirely by international vessels, as the country has no such vessels. In the cited Board of Directors' agreement, at that time, the concept of prohibited FAD only contemplated the drifting FAD used by tuna fishing. Currently, in addition, Article 60 of the LPA prohibits the operation of these boats within the first 80 nautical miles of the Exclusive Economic Zone. So that this wide area of our Exclusive Economic Zone, known for its richness of tuna and billfish (marlin, sailfish) and other species of interest such as mahi-mahi, is then technically lacking regulation on FADs, precisely because the latest version of the anchored FAD described above remains unregulated. Starting around 2008, many private sport fishing initiatives (marinas, sport fishing operators, and commercial fishing operators) have developed a widespread practice for the installation of FADs or new generation FADs, oriented towards sport fishing, that is, artifacts anchored to the seafloor by means of a cement weight of up to one ton, which holds a cable that anchors a buoy via a steel cable, a normally metallic buoy that remains fixed at about 20 or 40 feet (6 to 12 m) deep. Normally, this type of underwater installation is deployed at about 20 or 40 nautical miles from the coast, in this case, from Herradura, from Quepos, or from the Osa Peninsula, in shallow areas (sunken plateau areas), which are benthic soils with great biodiversity and which, given their characteristics, are called submarine mountains or "seamounts," a concept that could be correct in the southern part of the country, as these geological formations are part of the chain of submarine mountains. Two impacts are evident: first, the alteration of the seafloor of these submerged foothills, because of the weights that are thrown to the bottom, and the most important, the fishing impact exerted by tourist fishing operators who concentrate their fishing effort in specific areas around the installations. Impacts made on a diverse ecosystem, but of extreme fragility and importance for the Costa Rican Pacific. This configuration of FAD or FAD allows the precise establishment of its position, with the aid of GPS, so that those who have placed the artifact know they can go fishing due to the aggregation of fish generated by the shade. Because they are not explicitly regulated, the term "FAD" is normally used, and recently the term "seamount fishing" is also used, or the combination in English of both: "FAD Seamounts." Thus, countless sport fishing advertisements in Costa Rica, both in the Quepos area (Marina Los Sueños) and the marinas of Quepos, as well as various sport fishing initiatives, advertise this type of fishing as an attraction for tourist fishing. Clearly, marinas and operators are interested in ensuring that their users, normally foreign tourists with little available time, achieve a "successful" fishing trip, that is, that they can catch several specimens, and this type of artifact provides them with guaranteed fishing in record time. Fish aggregating devices generate a significant impact by changing the normal behavior of pelagic fish populations. They artificially generate shade that attracts small species, and behind them come larger fish. By being concentrated and practicing either sport or tourist fishing, or commercial fishing, upon them, a much greater and shorter-term impact is generated on marine ecosystems, and with that, a much greater effect, in addition to the fact that the placement of these installations affects the seabed with their weight, besides generating fishing advantages for those who finance them, to the detriment of those who fish freely. In addition to the open offer from sport fishing operators (hotels, marinas, companies, or individuals dedicated to tourist fishing) to come and fish in "FAD seamounts," that is, to fish around these FADs, the marinas are constantly organizing fishing tournaments, many of which include fishing over FADs or FADS, tournaments that must be approved and authorized by INCOPESCA, an institution that, to date, has not addressed the use of this technique, leaving an activity without regulation that clearly affects vulnerable ecosystems. In addition to tourist fishing (marinas, commercial operators, whether companies or individuals), many sport fishing operators (owners of yachts located in the marinas) also use the geolocation of the FADs offered by the marinas to carry out fishing activities. As there is no type of regulation, that is, as they are not permitted, interpreting environmental law in favor of nature, that is, in a restrictive sense, they are technically prohibited, and as they are used as part of the fishing gear, all types of fishing derived from these installations would be illegal fishing."

This Chamber, by judgment No. 2025-039367 of 09:20 hours on November 28, 2025, by majority vote, declared the appeal admissible, since it was considered that the fact that Nombre3504 has not authorized a tournament that, expressly or implicitly, contemplates the use of FADs or anchored FADs as a fishing technique, does not mean that it is not being carried out. Therefore, the following was ordered:

"Therefore: The appeal is declared admissible. It is ordered that Verny Gerardo Jiménez Rojas, Nelson Peña Navarro, and Juan Carlos Alvarado Quesada, in their respective capacities as Director General of the Maritime Port Division of the Ministry of Public Works and Transport, Executive President of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, and Director General of the National Service of Nombre91437, or whoever occupies those positions, issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competencies so that, within a period of three months, counted from the notification of this judgment, the fishing practice using FADs or Fish Aggregating Devices anchored with large concrete weights to the seafloor is prevented. The respondents, or whoever occupies their positions, are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and fails to comply with it or enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal record individual reasons regarding the constitutional principles on environmental matters. Magistrate Castillo Víquez dissents and declares the appeal inadmissible. Magistrate Salazar Alvarado dissents and declares the appeal inadmissible regarding the alleged violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Notify."

The foregoing based on the considerations indicated below:

"VII.- On the specific case. The petitioner accuses the use of fish aggregating devices, known as FADs or anchored FADs ("plantados"), which are used in sport and tourist fishing, despite not being legally authorized.

In this regard, Nombre3504 denies having authorized a tournament that, expressly or implicitly, contemplates the use of FADs or anchored FADs as a fishing technique. It is also verified that current regulations prohibit the use of drifting FADs for purse seine tuna fishing (Acuerdo A.J.D.I.P./241-99). To the above, it must be added that in two inspections, the submerged objects were not found at the coordinates indicated by the petitioner. Specifically: 1) On June 12, 2025, the first inspection was carried out at coordinate 1 indicated by the complainant (08°03.235N, 083°53.2190), with the participation of officials from Nombre3504 and the National Coast Guard Service, but no buoys, floating objects, or signs of biological activity attributable to submerged FADs were detected. 2) On June 26, 2025, in the second inspection carried out at the coordinates reported by the petitioner (08°03.235N, 083"53.219O and 07°53.328N, 084°00.4590), using a vessel with greater autonomy, again, no floating or submerged devices were found; only a yacht was observed fishing while moving (trolling) around one of the points, which does not constitute proof of the existence of FADs. Furthermore, both inspections were communicated to the Environmental Protection Prosecutor's Office of Osa within criminal process No. 25-000048-1111-PE, which is currently in a prosecutorial archive status, ordered by resolution at 07:15 hours on October 16, 2025, since the prosecutorial body, based on the evidence provided, failed to prove the existence of these devices or the individualization of a presumed responsible party.

However, it is certain, firstly, that it is accepted that both inspections were carried out without diving or using any special sonar equipment, since Nombre3504 does not have that type of resources. Hence, at the request of the Public Ministry, the Directorate of Nombre91437 (Coast Guard Commissioner) was consulted on June 30, 2025, as to whether they have such equipment, but they have not yet responded. Secondly, the petitioner, in subsequent actions, indicates other coordinates where he assures there are more devices and provides some internet links where tourist fishing operators promote fishing over FADS and submarine mountains in the country. The foregoing is accepted by Incopesca, since on October 15, 2025, they filed a complaint with the OIJ, stating that a search on social networks determined the existence on the social network FACEBOOK of sales of fishing products or unauthorized fishing tours, detailing contact points that they consider highly important and necessary to be able to act inter-institutionally regarding these sales for the purpose of influencing their consumption and adjusting such action to current regulations (see documentary evidence provided with the second report rendered in response to a request for better evidence requested by this Chamber).

On repeated occasions, this Court has had the opportunity to refer to the precautionary principle or in dubio pro natura, which is essential in protecting the right to a healthy and ecologically balanced environment, as provided by Article 50 of the Political Constitution. In that sense, in votes numbers 14180-10 of 14:35 on August 25, 2010, and 108889-11 of 15:22 on August 16, 2011, reiterated in judgment No. 2019-012746 of 12:11 hours on July 10, 2019, the Chamber stated on the matter in question, the following:

"IV.- On the precautionary principle and sustainable development. In addition to what has been said, it is important for the resolution of this matter to consider two principles of special relevance in environmental matters, such as the precautionary principle and the principle of sustainable development. Regarding the first, it should be noted that this Chamber has recognized that, in the protection of our natural resources, a preventive attitude must exist, based on which the State must do everything necessary – within the scope permitted by law – to prevent irreversible damage to the environment. It is also called the principle of 'prudent avoidance,' contained in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which literally states:

'Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.'

Consequently, actions must be deployed in advance to avoid the negative effects of a project, and to ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible effects on the environment or people's health. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage – or any doubt in this regard – a precautionary measure must be adopted and even the activity in question must be postponed. The foregoing because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since once the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but will hardly compensate for the damage caused to the environment."

Against this background and mainly due to the existing doubt, this Chamber, based on the precautionary principle, considers that the petitioner's claim must be protected, since the fact that Nombre3504 has not authorized it does not mean that it is not being carried out. Especially since compelling evidence of its execution is provided. Apart from the fact that Nombre3504 accepts that the referred inspections, as a result of which it assures that no floating or submerged devices were found, were not even carried out with the equipment that is deemed appropriate, at least divers. Furthermore, Nombre91437 was consulted as to whether they have it, and it is indicated that more than four months have passed without a response. These are insufficient actions to address the problem reported by the petitioner, as even the Director General of the Maritime Port Division of the Ministry of Public Works and Transport reports that his represented entity has no responsibility for the accused facts, disregarding the protection that the State must provide to the environment as a whole."

III.- On the petition filed by the petitioner. In the case at hand, on December 5, 2025, the petitioner appears requesting the enhancement and clarification of three aspects of the judgment rendered in this amparo. He requests the following: 1- To clarify that FADS or fish aggregating devices, anchored with large concrete weights to the seafloor, should be understood as concrete weights or any other material that generates the same weight effect. This is because there is a possibility that they may deploy anchors, iron, or any other heavy material to anchor the FAD. The main characteristic is the fact of being anchored to the seafloor. 2- To clarify whether the duty to prevent the fishing practice using FADS or fish aggregating devices anchored to the seafloor also implies the removal of the FADS that already exist, as well as the installation of future devices. 3- To clarify that FADS must be considered as fishing gear and that, therefore, in accordance with the provisions of Article 13 of the Ley de Pesca y Acuacultura, even if anchored to the seafloor, the entity with competence for their regulation in the first instance is the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture -Incopesca-. So this institution cannot say that it lacks equipment or that it is not their competence because installations on the seafloor are the responsibility of another institution, such as, for example, MINAE. In addition, the petitioner states that he requests "to clarify the scope of the ruling, considering that the resolution as a whole, and due to the foundation and clarity of its arguments, becomes a valuable piece of constitutional law applied to marine activities and particularly to fishing."

Regarding the first point, the petitioner is advised that Nelson Peña Navarro, in his capacity as Executive President of Incopesca, reported in due course that "regarding anchored FADs, this is a supposed emerging practice whose regulation requires technical studies and inter-institutional coordination. However, we must be emphatic in stating that this practice is neither endorsed nor authorized by INCOPESCA for any fleet." Therefore, any addition that allows such a practice contra legem is obviously not possible to subsist, in accordance with what was ordered in judgment No. 2025-039367. Hence, regarding this point, any enhancement or clarification in the terms raised by the petitioner is considered unnecessary.

As for the second aspect, it is on record that this Chamber ordered the respondent authorities to "issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competencies so that, within a period of three months, counted from the notification of this judgment, the fishing practice using FADs or Fish Aggregating Devices anchored with large concrete weights to the seafloor is prevented." The foregoing bearing in mind that it was reported that "INCOPESCA has never authorized a tournament that, expressly or implicitly, contemplates the use of FADs or anchored FADs as a fishing technique." In that context, such devices cannot exist because they are not authorized, which the respondents must address, as ordered in the proceedings. Thus, any clarification is considered unnecessary.

Finally, regarding the third point, it is true that it is the active Administration that must determine how to comply with what was ordered by this Chamber. Therefore, it is within its prerogative to consider whether the intervention of other public institutions is required in observance of the precautionary principle (see developments in considering V of judgment No. 2025-039367). Consequently, it is considered that there is nothing to enhance or clarify.

From the described panorama, although the good faith of the petitioner is noted, it is considered that what he raises is moot, since this Chamber, in what is relevant, was clear and conclusive on the impossibility of using fish aggregating devices in sport and tourist fishing activities, which the respondent authorities must address, without prejudice to resorting to other instances for the faithful compliance of what was ordered. No error of assessment is perceived either in the facts raised and analyzed in the referred judgment. So, there is nothing to enhance or clarify in this regard.

Consequently, the petition filed is moot and must be declared as such.

IV.- Conclusion. By virtue of the foregoing, the appropriate action is to declare the filed petition inadmissible.

V.- Note by Magistrate Garro Vargas. In this case, I hereby note that I did not vote on judgment No. 2025-039367 of 09:20 hours on November 28, 2025, which constitutes the judgment on the merits that is the subject of this interlocutory resolution.

VI.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional device of an electronic, computer, magnetic, optical, telematic nature, or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The petition filed by the petitioner Nombre103260 is inadmissible. Magistrate Garro Vargas records a note. Notify.

Fernando Castillo V.
President

Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.

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