Res. 00707-2026 Sala Constitucional — Failure to respond to environmental complaint on water resourcesOmisión de respuesta a denuncia ambiental sobre recurso hídrico

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Sala Constitucional

Resolución Nº 00707 - 2026

Fecha de la Resolución: 09 de Enero del 2026 a las 09:20

Expediente: 25-035287-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-035287-0007-CO

Res. Nº 2026000707

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del nueve de enero de dos mil veintiseis .

 Recurso de amparo interpuesto por Nombre34748, cédula de identidad CED16005, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 12 de noviembre de 2025, el recurrente interpuso recurso de amparo y manifiesta que el sector de Bahía Ballena, Cantón de Osa, provincia de Puntarenas, es una zona de alta sensibilidad ambiental, dentro de la cual se identificó una serie de afectaciones y riesgos inminentes sobre el recurso hídrico dentro de la finca con plano número 6-7429-2023. Explica que se percibe la existencia de múltiples manantiales y nacientes de agua no mapeados, así como la apertura de un camino interno con significativos y extensos movimientos de tierra, una discrepancia notable entre el trazado de dicho camino y lo consignado en el plano oficial inscrito en el Registro Nacional, lo cual sugiere obras no autorizadas. Ante este escenario, el 4 de setiembre de 2025, se interpuso denuncia formal ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía por medio de las direcciones electrónicas ...3113 y ...1930. Luego de describir mediante gráficos la ubicación del camino en construcción, en la denuncia se solicitó: "... En atención a lo expuesto, y conforme al principio precautorio ambiental, solicito respetuosamente a esta Dirección realizar las debidas inspecciones en la propiedad, con el fin de proteger las fuentes de agua, las áreas de protección y el ecosistema en general, frente a los posibles daños derivados de los movimientos de tierra y cualquier intervención o aprovechamiento indebido". Aporta documentación según la cual, el 8 de noviembre siguiente se les brindó acuse de recibido, bajo el número de correspondencia Telf8583. Reclama que han transcurrido más de dos meses sin que se haya recibido respuesta ni se tenga conocimiento de algún abordaje realizado.

2.- Mediante resolución de las 08:30 horas del 19 de noviembre de 2025, se dio curso al presente recurso la cual fue notificada el 19 de noviembre de 2025 (ver registro electrónico).

3.-Informa bajo juramento Franz Tattenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía, que  según se desprende de los hechos alegados por el recurrente, él interpuso la denuncia el día 04 de setiembre ante la Dirección de Agua, que es el ente competente según la Ley de Aguas, para tramitar este tipo de denuncias, la misma fue presentada a los correos electrónicos: ...3113 y ...1930, y el correo para recibir documentación es: ...380 y a ese correo nunca ingresó la denuncia. Con respecto a esta denuncia manifiesta el recurrente que funcionarios de la Dirección de Agua el día 8 de noviembre siguiente, le brindaron acuse de recibido de la denuncia, bajo el número de correspondencia 3163-2025. Por lo anterior tal y como como se colige en los hechos alegados por el recurrente, esta denuncia NO fue interpuesta ante este Despacho Ministerial, por lo que el suscrito desconoce totalmente la petición del señor Nombre34748. el señor José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de director de la Dirección de Agua, mediante oficio DA-2347-2025, de fecha 24 de noviembre del 2025, informó lo siguiente: “…Con fecha 8 de setiembre del 2025, se recibe la denuncia presentada por el recurrente, a la que se le asigna el número 3163-2025. Al revisar el documento se indica en el mismo “Denuncia Ambiental Bahía Ballena, Osa, Puntarenas, y al revisar se trata de una denuncia por posible a cuerpos de agua y sus áreas de protección. Analizada la información aportada por el denunciante, se constató que se trataba de 101 posibles puntos de cuerpos de agua. Se asigna el caso a un funcionario el 10 de setiembre y de previo a realizar la inspección, se le previene al recurrente: “Al comparar las coordenadas de los manantiales brindadas por ustedes con los tramos de evaluación en dicho oficio, cuatro de ellas se ubican sobre el cauce de una de las quebradas dictaminadas en dicho oficio y de ellas una coincide con el punto de observación de campo donde no se evidenció naciente alguna. Por tal motivo, quisiera consultarle si es posible tener algún contacto de la persona que levantó los puntos en campo de parte de ustedes para ubicar dichos manantiales y facilitar la entrada o el acceso a la propiedad.” Nótese conforme lo indica el correo que se adjunta como prueba, que se le informa y copia al recurrente, que, del sitio en cuestión, ya se había realizado inspección a solicitud del Lic. Camilo Flores Pacheco Fiscal de la zona. Solicitud la cual a la fecha no se ha obtenido respuesta alguna. Es por ello por lo que se realizó la inspección al sitio con funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, quienes si cuentan con “autoridad de policía” y se pudo ingresar al inmueble en cuestión y verificar lo existente en el mismo. Es importante, señalar que el retraso de la visita se dio debido a la falta de información y colaboración por parte del recurrente. Por otra parte, las giras de campo llevan planificación, y dependerán de las condiciones climáticas, disponibilidad de vehículos, pero sobre todo en este caso, de la disponibilidad que tengan los compañeros del SINAC, ante la falta de respuesta del recurrente. Y es que lo anterior, reviste de suma importancia, por cuanto la planificación de las inspecciones de campo debido al escaso personal se hace con al menos unos 3 meses anteriores. A esos efectos téngase a la vista el informe técnico DA-UHTPSOZ-1653-2025 del 20 de noviembre del 2025. Ahora bien, como se puede verificar, a pesar de la falta de interés demostrada por el recurrente al no contestar las consultas de la Administración, el caso se atendió y desde el 13 de noviembre ya esta oficina contaba con la información preliminar del caso, la cual se encontraba en proceso de revisión previo a su notificación. Teniendo la información completa el día 20 de noviembre del 2025, dentro de un plazo razonable, se procedió a remitir la información al recurrente según oficio DA-UHTPSOZ-1646-2025, al que se le adjuntó el dictamen UHTPSOZ-1644-2025. Por otra parte, debemos informar a este Tribunal que entre los hallazgos que se hicieron el día de la inspección y que son competencia de esta Dirección, se localizó un hecho irregular en una de las nacientes dictaminadas por lo que mediante oficio DA-UHTPSOZ-1645-2025, se remitió la denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo…” Que en el caso que nos ocupa queda ampliamente demostrado, que este Despacho Ministerial, procedió a darle respuesta al recurrente, tal y como se colige en el oficio DM-1115-2024, de fecha 28 de noviembre del 2024, el cual le fue debidamente notificado el día 28 de noviembre del 2024.la, más bien que nos encontramos frente a un caso de abuso del derecho de petición por parte del recurrente, quien no solo pretende que la Administración se dedique casi en forma exclusiva a atender sus solicitudes, sino que las mismas sean resueltas a su antojo, sin importar que este Ministerio no cuente con los elementos necesarios para cumplir con su petición.

4.- Informa bajo juramento José Miguel Zeledón Calderón, director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía en los mismos términos a lo indicado por el ministro.

5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

 I.- ACLARACIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la sentencia n.° 2008-002545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la Administración ha cumplido, o no, los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una gestión atinente a una denuncia no atendida  que pone en riesgo la integridad del recurrente. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. Señala el recurrente que el sector de Bahía Ballena, Cantón de Osa, provincia de Puntarenas, es una zona de alta sensibilidad ambiental, dentro de la cual se identificó una serie de afectaciones y riesgos inminentes sobre el recurso hídrico dentro de la finca con plano número 6-7429-2023. Explica que se percibe la existencia de múltiples manantiales y nacientes de agua no mapeados, así como la apertura de un camino interno con significativos y extensos movimientos de tierra, una discrepancia notable entre el trazado de dicho camino y lo consignado en el plano oficial inscrito en el Registro Nacional, lo cual sugiere obras no autorizadas. Ante este escenario, el 4 de setiembre de 2025, se interpuso denuncia formal ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía por medio de las direcciones electrónicas ...3113 y ...1930. Luego de describir mediante gráficos la ubicación del camino en construcción, en la denuncia se solicitó: "... En atención a lo expuesto, y conforme al principio precautorio ambiental, solicito respetuosamente a esta Dirección realizar las debidas inspecciones en la propiedad, con el fin de proteger las fuentes de agua, las áreas de protección y el ecosistema en general, frente a los posibles daños derivados de los movimientos de tierra y cualquier intervención o aprovechamiento indebido". Aporta documentación según la cual, el 8 de noviembre siguiente se les brindó acuse de recibido, bajo el número de correspondencia Telf8583. Reclama que han transcurrido más de dos meses sin que se haya recibido respuesta ni se tenga conocimiento de algún abordaje realizado.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

1.    El recurrente interpuso denuncia ante el ministerio recurrido el día 04 de setiembre de 2025, específicamente ante la Dirección de Agua, la misma fue presentada a los correos electrónicos: ...3113 y ...1930,

2.    El ministerio recurrido cuenta con el correo para recibir documentación: ...  (ver registro electrónico).

3.    Funcionarios de la Dirección de Agua del ministerio recurrido el día 8 de noviembre siguiente, le brindaron acuse de recibido de la denuncia al recurrente, bajo el número de correspondencia Telf8583. Al revisar el documento se indica en el mismo “Denuncia Ambiental Bahía Ballena, Osa, Puntarenas, y al revisar se trata de una denuncia por posible a cuerpos de agua y sus áreas de protección. Analizada la información aportada por el denunciante, se constató que se trataba de 101 posibles puntos de cuerpos de agua. Se asignó el caso a un funcionario el 10 de setiembre y de previo a realizar la inspección, se le previno al recurrente: “Al comparar las coordenadas de los manantiales brindadas por ustedes con los tramos de evaluación en dicho oficio, cuatro de ellas se ubican sobre el cauce de una de las quebradas dictaminadas en dicho oficio y de ellas una coincide con el punto de observación de campo donde no se evidenció naciente alguna. Por tal motivo, quisiera consultarle si es posible tener algún contacto de la persona que levantó los puntos en campo de parte de ustedes para ubicar dichos manantiales y facilitar la entrada o el acceso a la propiedad.” el sitio en cuestión, ya había sido inspeccionado a solicitud del Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Protección de Osa, se realizó la inspección al sitio con funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, quienes, si cuentan con “autoridad de policía” y se pudo ingresar al inmueble en cuestión y verificar lo existente en el mismo, informe técnico DA-UHTPSOZ-1653-2025 del 20 de noviembre del 2025, el caso se atendió y el 13 de noviembre de 2025, se contó con la información preliminar del caso (ver registro electrónico).

4.    El día 20 de noviembre del 2025, se procedió a remitir la información al recurrente según oficio DA-UHTPSOZ-1646-2025, al que se le adjuntó el dictamen UHTPSOZ-1644-2025, entre los hallazgos que se hicieron el día de la inspección, se localizó un hecho irregular en una de las nacientes dictaminadas por lo que mediante oficio DA-UHTPSOZ-1645-2025, se remitió la denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo (ver registro electrónico).

5.    Mediante resolución de las 08:30 horas del 19 de noviembre de 2025, se dio curso al presente recurso la cual fue notificada el 19 de noviembre de 2025 (ver registro electrónico).

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Del informe rendido por las autoridades recurridas los cuales son dados bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que en efecto el recurrente interpuso denuncia ante el ministerio recurrido el día 04 de setiembre de 2025, específicamente ante la Dirección de Agua, la misma fue presentada a los correos electrónicos: ...3113 y ...1. Acota el ministerio recurrido, que la cuenta de correo electrónico autorizada  para recibir documentación es: . Ante la denuncia del recurrente los funcionarios de la Dirección de Agua del ministerio recurrido el día 8 de noviembre siguiente, y pese a no haber enviado la misma a la cuenta autorizada, le brindaron acuse de recibido de la denuncia al recurrente, bajo el número de correspondencia encia Te. Al revisar el documento se indicó en el mismo que se trataba de una denuncia Ambiental Bahía Ballena, Osa, Puntarenas, pero,  al revisar se trataba de una denuncia por posible a cuerpos de agua y sus áreas de protección. Analizada la información aportada por el denunciante, se constató que se trataba de 101 posibles puntos de cuerpos de agua. Se asignó el caso a un funcionario el 10 de setiembre y de previo a realizar la inspección, se le previno al recurrente: “Al comparar las coordenadas de los manantiales brindadas por ustedes con los tramos de evaluación en dicho oficio, cuatro de ellas se ubican sobre el cauce de una de las quebradas dictaminadas en dicho oficio y de ellas una coincide con el punto de observación de campo donde no se evidenció naciente alguna. Por tal motivo, quisiera consultarle si es posible tener algún contacto de la persona que levantó los puntos en campo de parte de ustedes para ubicar dichos manantiales y facilitar la entrada o el acceso a la propiedad.” el sitio en cuestión, ya había sido inspeccionado a solicitud del Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Protección de Osa, el cual  realizó la inspección al sitio con funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, quienes, si cuentan con “autoridad de policía” y se pudo ingresar al inmueble en cuestión y así,  verificar lo existente en el mismo, se realizó el informe técnico DA-UHTPSOZ-1653-2025 del 20 de noviembre del 2025, y el caso se atendió por lo que en fecha  13 de noviembre de 2025, se contó con la información preliminar del caso. El día 20 de noviembre del 2025, se procedió a remitir la información al recurrente según oficio DA-UHTPSOZ-1646-2025, al que se le adjuntó el dictamen UHTPSOZ-1644-2025, entre los hallazgos que se hicieron el día de la inspección, se localizó un hecho irregular en una de las nacientes dictaminadas y mediante oficio DA-UHTPSOZ-1645-2025, se remitió la denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo para su resolución.  Visto lo anterior, se aprecia que dicha resolución fue notificada a parte la tutelada luego de que se notificara el auto de curso de este proceso de amparo. En razón de lo anterior, dado que con ocasión de este proceso se notificó lo resuelto, se debe acoger este proceso de amparo. Dicha estimatoria se dispone sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, de conformidad con lo indicado en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en los siguientes considerandos y la parte dispositiva de esta resolución.

V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL CASO CONCRETO. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

 VII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL.

En el sub lite, con el respeto acostumbrado, difiero del criterio de la mayoría y estimo que lo procedente es continuar la tramitación del recurso.

Recuérdese que el tutelado acusa que en bahía Ballena se identificaron afectaciones y riesgos inminentes sobre el recurso hídrico dentro de una finca lo que fue denunciado ante la Dirección de Agua del MINAE desde setiembre de 2025; sin embargo, no se le ha comunicado respuesta alguna, por lo que desconoce si se atendió o no lo reclamado.

De los autos se colige que, por medio del oficio DA-UHTPSOZ-1646-2025 del 20 de noviembre de 2025, la Dirección de Agua comunicó al accionante:

“En atención a denuncia ambiental planteada por su persona mediante gestión administrativa ID 3163- 2025 me permito informarle que se procedió a realizar inspección el día 14 de octubre de 2025 sobre el inmueble con número de plano 6-7429-2023 en compañía de Nombre103009, funcionario del Área de Conservación Osa del SINAC del cual se generó el oficio DA-UHTPSOZ-1644-2025 con el levantamiento de fuentes de agua dentro del inmueble supracitado. Además, previamente, también se elaboró el oficio DA-UHTPSOZ-0921-2025 donde se dictaminaron otras fuentes de agua en el inmueble con número de plano 6-7429-2023. De las inspecciones realizadas para los oficios DA-UHTPSOZ-0921-2025 y DA-UHTPSOZ-1644-2025 se determina que la Fuente 02 correspondiente a una Naciente Sin Nombre del dominio público y de carácter permanente dictaminada en oficio DA-UHTPSOZ-1644-2025 se encuentra con una captación pero sin aprovechamiento alguno por lo que, mediante oficio DA-UHTPSOZ-1645-2025 se procedió a interponer una denuncia ambiental ante el Tribunal Ambiental Administrativo por la alteración antrópica de la naciente sin que cuente con permisos de este Ministerio, mediante SITADA 58856-2025, del cual podrá consultar ante dicho Tribunal, información que no se puede facilitar dado que su persona no figura como denunciante o denunciado y la misma entraría en términos de investigación por dicho ente administrativo. Con respecto a la posible afectación de Áreas de Protección, siendo partícipe de la inspección de campo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, será este ente el que deba realizar las diligencias conforme, de haberse observado delitos que corresponda a su competencia” (la negrita fue suplida).

En virtud de lo anterior, dado que el SINAC también conoció la denuncia objeto de este recurso estimo que, antes de resolver lo que en derecho corresponde, resulta indispensable requerir un informe al director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

VIII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como lo afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimo que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios. 

IX.-VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes".

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa "resolución" es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase "si fueren procedentes" se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: "Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia".

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título -derivado de este proceso- para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.             

Por tanto:

De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Rueda Leal salva el voto y dispone continuar con la tramitación del recurso, a fin de requerir un informe al director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.-

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 7BMAXGYDHK061

EXPEDIENTE N° 25-035287-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:03:34.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Sala Constitucional**

**Resolution No. 00707 - 2026**

**Date of Resolution:** January 9, 2026, at 09:20

**Case File:** 25-035287-0007-CO

**Drafted by:** Fernando Cruz Castro

**Type of Matter:** Amparo appeal

**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL

---

**Text of the resolution**



Exp: 25-035287-0007-CO
Res. No. 2026000707

**SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at nine hours twenty minutes on January ninth, two thousand twenty-six.

Amparo appeal filed by Nombre34748, identity card CED16005, against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

**Whereas:**

1.- Through a writing received at the Secretariat of the Sala on November 12, 2025, the appellant filed an amparo appeal and states that the sector of Bahía Ballena, Cantón de Osa, province of Puntarenas, is an area of high environmental sensitivity, within which a series of impacts and imminent risks to hydric resources were identified on the property with cadastral plan number 6-7429-2023. He explains that the existence of multiple unmapped springs (manantiales) and water sources (nacientes de agua) is perceived, as well as the opening of an internal road with significant and extensive earthworks (movimientos de tierra), a notable discrepancy between the layout of said road and what is recorded in the official plan registered in the National Registry, which suggests unauthorized works. Given this scenario, on September 4, 2025, a formal complaint was filed before the Dirección de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía through the electronic addresses ...3113 and ...1930. After describing, through graphics, the location of the road under construction, the complaint requested: "... In light of the foregoing, and in accordance with the environmental precautionary principle, I respectfully request this Directorate to carry out the appropriate inspections on the property, in order to protect water sources, protection areas, and the ecosystem in general, against potential damages arising from earthworks (movimientos de tierra) and any improper intervention or use." He provides documentation according to which, on the following November 8, they were given acknowledgment of receipt, under correspondence number Telf8583. He complains that more than two months have passed without having received a response or having knowledge of any approach taken.

2.- By resolution at 08:30 hours on November 19, 2025, these proceedings were admitted, which was notified on November 19, 2025 (see electronic record).

3.- Franz Tattenbach Capra, Minister of Ambiente y Energía, reports under oath that, as evidenced by the facts alleged by the appellant, he filed the complaint on September 4 before the Dirección de Agua, which is the competent entity according to the Ley de Aguas for processing this type of complaint. It was submitted to the emails: ...3113 and ...1930, and the email for receiving documentation is: ...380, and the complaint was never entered in that email. Regarding this complaint, the appellant states that officials of the Dirección de Agua on the following November 8 gave him acknowledgment of receipt of the complaint, under correspondence number 3163-2025. Therefore, as inferred from the facts alleged by the appellant, this complaint was NOT filed before this Ministerial Office, so the undersigned is completely unaware of the request of Mr. Nombre34748. Mr. José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as director of the Dirección de Agua, through official communication DA-2347-2025, dated November 24, 2025, reported the following: “…On September 8, 2025, the complaint filed by the appellant was received and assigned number 3163-2025. Upon reviewing the document, it states 'Environmental Complaint Bahía Ballena, Osa, Puntarenas,' and upon review, it concerns a complaint regarding possible [impacts] to water bodies and their protection areas. After analyzing the information provided by the complainant, it was verified that there were 101 possible water body points. The case was assigned to an official on September 10, and prior to conducting the inspection, the appellant was warned: 'When comparing the coordinates of the springs (manantiales) provided by you with the evaluation sections in that official communication, four of them are located on the stream bed of one of the streams (quebradas) determined in said official communication, and of these, one coincides with the field observation point where no water source (naciente) was evident. For this reason, I would like to ask you if it is possible to have some contact information for the person who surveyed the points in the field on your behalf, to locate said springs (manantiales) and facilitate entry or access to the property.' Note, as indicated by the email attached as evidence, that the appellant is informed and copied that the site in question had already been inspected at the request of Lic. Camilo Flores Pacheco, Prosecutor of the area. A request to which, to date, no response has been obtained. That is why the site inspection was carried out with officials from the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, who do have 'police authority' and were able to enter the property in question and verify what exists there. It is important to note that the delay in the visit was due to the lack of information and collaboration from the appellant. On the other hand, field trips require planning and depend on climatic conditions, vehicle availability, but above all, in this case, on the availability of SINAC colleagues, given the appellant's lack of response. And this is of utmost importance, because the planning of field inspections, due to scarce personnel, is done at least 3 months in advance. For these purposes, take into view the technical report DA-UHTPSOZ-1653-2025 of November 20, 2025. Now, as can be verified, despite the lack of interest shown by the appellant in not answering the Administration's inquiries, the case was addressed and, since November 13, this office already had preliminary information on the case, which was in the review process prior to its notification. Having the complete information on November 20, 2025, within a reasonable period, the information was sent to the appellant via official communication DA-UHTPSOZ-1646-2025, to which the opinion UHTPSOZ-1644-2025 was attached. On the other hand, we must inform this Court that among the findings made on the day of the inspection that fall under the competence of this Directorate, an irregular situation was located in one of the water sources (nacientes) determined, so via official communication DA-UHTPSOZ-1645-2025, the complaint was referred to the Tribunal Ambiental Administrativo…” That in the case at hand, it is amply demonstrated that this Ministerial Office proceeded to respond to the appellant, as inferred from official communication DM-1115-2024, dated November 28, 2024, which was duly notified to him on November 28, 2024. Rather, we are facing a case of abuse of the right of petition by the appellant, who not only intends for the Administration to dedicate itself almost exclusively to attending to his requests but also for them to be resolved at his whim, regardless of whether this Ministry has the necessary elements to fulfill his petition.

4.- José Miguel Zeledón Calderón, Director de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía, reports under oath in the same terms as indicated by the Minister.

5.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

**Whereas:**

**I.- PRIOR CLARIFICATION.** Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of judgment No. 2008-002545 at 08:55 hours on February 22, 2008, this Sala has referred to the contentious-administrative jurisdiction -with some exceptions- those matters in which it is discussed whether the Administration has complied, or not, with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or by sectoral laws to resolve, by final act, an administrative procedure -initiated ex officio or at the instance of a party- or to hear the corresponding administrative remedies. Precisely, in the case at hand, an exception scenario arises, as it concerns a matter relating to an unattended complaint that puts the appellant's integrity at risk. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

**II.- SUBJECT OF THE APPEAL.** The appellant indicates that the sector of Bahía Ballena, Cantón de Osa, province of Puntarenas, is an area of high environmental sensitivity, within which a series of impacts and imminent risks to the hydric resource were identified on the property with cadastral plan number 6-7429-2023. He explains that the existence of multiple unmapped springs (manantiales) and water sources (nacientes de agua) is perceived, as well as the opening of an internal road with significant and extensive earthworks (movimientos de tierra), a notable discrepancy between the layout of said road and what is recorded in the official plan registered in the National Registry, which suggests unauthorized works. Given this scenario, on September 4, 2025, a formal complaint was filed before the Dirección de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía through the electronic addresses ...3113 and ...1930. After describing, through graphics, the location of the road under construction, the complaint requested: "... In light of the foregoing, and in accordance with the environmental precautionary principle, I respectfully request this Directorate to carry out the appropriate inspections on the property, in order to protect water sources, protection areas, and the ecosystem in general, against potential damages arising from earthworks (movimientos de tierra) and any improper intervention or use." He provides documentation according to which, on the following November 8, they were given acknowledgment of receipt, under correspondence number Telf8583. He complains that more than two months have passed without having received a response or having knowledge of any approach taken.

**III.- PROVEN FACTS.** Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

1. The appellant filed a complaint before the respondent Ministry on September 4, 2025, specifically before the Dirección de Agua; it was submitted to the email addresses: ...3113 and ...1930.

2. The respondent Ministry has the email for receiving documentation: ... (see electronic record).

3. Officials of the Dirección de Agua of the respondent Ministry on the following November 8 gave the appellant acknowledgment of receipt of the complaint, under correspondence number Telf8583. Upon reviewing the document, it states "Environmental Complaint Bahía Ballena, Osa, Puntarenas," and upon review, it concerns a complaint regarding possible [impacts] to water bodies and their protection areas. After analyzing the information provided by the complainant, it was verified that there were 101 possible water body points. The case was assigned to an official on September 10, and prior to conducting the inspection, the appellant was warned: "When comparing the coordinates of the springs (manantiales) provided by you with the evaluation sections in that official communication, four of them are located on the stream bed of one of the streams (quebradas) determined in said official communication, and of these, one coincides with the field observation point where no water source (naciente) was evident. For this reason, I would like to ask you if it is possible to have some contact information for the person who surveyed the points in the field on your behalf, to locate said springs (manantiales) and facilitate entry or access to the property." The site in question had already been inspected at the request of the Assistant Prosecutor of the Fiscalía Protección de Osa, the site inspection was carried out with officials from the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, who indeed have "police authority," and they were able to enter the property in question and verify what exists there, technical report DA-UHTPSOZ-1653-2025 of November 20, 2025. The case was attended to, and on November 13, 2025, the preliminary information on the case was available (see electronic record).

4. On November 20, 2025, the information was sent to the appellant via official communication DA-UHTPSOZ-1646-2025, to which the opinion UHTPSOZ-1644-2025 was attached. Among the findings made on the day of the inspection, an irregular situation was located in one of the water sources (nacientes) determined, so via official communication DA-UHTPSOZ-1645-2025, the complaint was referred to the Tribunal Ambiental Administrativo (see electronic record).

5. By resolution at 08:30 hours on November 19, 2025, these proceedings were admitted, which was notified on November 19, 2025 (see electronic record).

**IV.- ON THE SPECIFIC CASE.** From the report rendered by the respondent authorities, which is given under the solemnity of oath with the legal consequences that this entails, it is evident that the appellant indeed filed a complaint before the respondent Ministry on September 4, 2025, specifically before the Dirección de Agua; it was submitted to the email addresses: ...3113 and ...1. The respondent Ministry notes that the authorized email account for receiving documentation is: . Given the appellant's complaint, the officials of the Dirección de Agua of the respondent Ministry on the following November 8, and despite not having sent it to the authorized account, gave the appellant acknowledgment of receipt of the complaint, under correspondence number Te. Upon reviewing the document, it was indicated therein that it was an Environmental Complaint Bahía Ballena, Osa, Puntarenas, but upon review, it concerned a complaint regarding possible [impacts] to water bodies and their protection areas. After analyzing the information provided by the complainant, it was verified that there were 101 possible water body points. The case was assigned to an official on September 10, and prior to conducting the inspection, the appellant was warned: "When comparing the coordinates of the springs (manantiales) provided by you with the evaluation sections in that official communication, four of them are located on the stream bed of one of the streams (quebradas) determined in said official communication, and of these, one coincides with the field observation point where no water source (naciente) was evident. For this reason, I would like to ask you if it is possible to have some contact information for the person who surveyed the points in the field on your behalf, to locate said springs (manantiales) and facilitate entry or access to the property." The site in question had already been inspected at the request of the Assistant Prosecutor of the Fiscalía Protección de Osa, who carried out the inspection of the site with officials from the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, who indeed have "police authority," and they were able to enter the property in question and thus verify what exists there. Technical report DA-UHTPSOZ-1653-2025 of November 20, 2025, was prepared, and the case was attended to, so that on November 13, 2025, the preliminary information on the case was available. On November 20, 2025, the information was sent to the appellant via official communication DA-UHTPSOZ-1646-2025, to which the opinion UHTPSOZ-1644-2025 was attached. Among the findings made on the day of the inspection, an irregular situation was located in one of the water sources (nacientes) determined, and via official communication DA-UHTPSOZ-1645-2025, the complaint was referred to the Tribunal Ambiental Administrativo for its resolution. In view of the foregoing, it is observed that said resolution was notified to the protected party after the order admitting these amparo proceedings was notified. For this reason, given that on the occasion of this process the resolution was notified, this amparo process must be granted. Such granting is ordered without special award of costs, damages, and losses, in accordance with what is indicated in Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in the following whereas clauses and the operative part of this resolution.

**V.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN THE SPECIFIC CASE.** For the reasons amply set forth in the corresponding judgments, it is the majority criterion of this Sala that when the declaration with merit of an amparo appeal is due to the application of the first paragraph of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, that is, because, having been notified of the resolution admitting the amparo, the challenged action is revoked, suspended, or stopped, such granting must be without special award of damages and losses. However, upon better consideration and as an exceptional thesis, it must be noted that when the amparo appeal specifically concerns a direct patrimonial situation strictly related to the protection of pecuniary rights—being the failure to pay salary or benefits that the interested party is entitled to by right—the full application of the granting of the amparo appeal indeed proceeds, even with the corresponding award of costs, damages, and losses, since said award stands as a guarantee that what is owed may be honored by the administration—ex officio or at the instance of a party—with the appropriate updating or indexing that may be set in the sphere of ordinary legality, in the corresponding enforcement process of the granting constitutional judgment. It is for this reason that, in the case under study, the award of costs, damages, and losses is indeed appropriate.

**VI.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE.** I have supported the thesis of this Court that when the individual alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Sala. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those juridical-constitutional controversies that have been recognized by this same Sala as exceptional cases, which do proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo guarantee, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, constitutional law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

**VII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE RUEDA LEAL.**

In the case at hand, with the customary respect, I differ from the majority criterion and consider that the appropriate course of action is to continue processing the appeal.

Recall that the protected party claims that in Bahía Ballena, impacts and imminent risks to the hydric resource were identified within a property, which was reported to the Dirección de Agua of MINAE since September 2025; however, no response has been communicated to him, so he does not know whether or not the claim was addressed.

From the record, it is inferred that, through official communication DA-UHTPSOZ-1646-2025 of November 20, 2025, the Dirección de Agua informed the petitioner:

"In response to the environmental complaint filed by you through administrative procedure ID 3163-2025, I am pleased to inform you that an inspection was carried out on October 14, 2025, on the property with cadastral plan number 6-7429-2023, accompanied by Nombre103009, an official of the Área de Conservación Osa of SINAC, from which official communication DA-UHTPSOZ-1644-2025 was generated with the survey of water sources (fuentes de agua) within the aforementioned property. Furthermore, previously, official communication DA-UHTPSOZ-0921-2025 was also prepared, where other water sources (fuentes de agua) were determined on the property with cadastral plan number 6-7429-2023. From the inspections carried out for official communications DA-UHTPSOZ-0921-2025 and DA-UHTPSOZ-1644-2025, it is determined that Source 02, corresponding to an Unnamed Water Source (Naciente Sin Nombre) of the public domain and of a permanent nature, determined in official communication DA-UHTPSOZ-1644-2025, has an intake but without any utilization whatsoever. Therefore, through official communication DA-UHTPSOZ-1645-2025, an environmental complaint was filed before the Tribunal Ambiental Administrativo for the anthropic alteration of the water source (naciente) without permits from this Ministry, via SITADA 58856-2025, which you may consult before said Court, information that cannot be provided given that you do not appear as a complainant or defendant and would fall under the terms of investigation by that administrative entity. Regarding the possible impact on Protection Areas, as the Sistema Nacional de Áreas de Conservación participated in the field inspection, this entity will be the one that must carry out the corresponding proceedings, if crimes under its competence were observed." (emphasis added).

By virtue of the foregoing, given that SINAC also became aware of the complaint subject to this appeal, I consider that, before deciding what is legally appropriate, it is essential to request a report from the executive director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación on the facts alleged by the appellant.

**VIII.- PARTIALLY DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE LACK OF AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.**

Although I agree with the rest of the Sala in granting the appeal, I depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from the payment of costs, damages, and losses arising from the harm caused to the fundamental rights of the protected party.

The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:

"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for the purposes of indemnification and costs, if they are appropriate."

On the other hand, Article 51 ibidem establishes that:

"...every decision granting the appeal shall order in the abstract the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the enforcement of sentence."

This last norm establishes the general system regulating the matter of indemnification and payment of costs, which the majority calls the "natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…."

In the majority's criterion, Article 51, cited, regulates the scenarios in which the Sala has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need arises for an award of costs, damages, and losses. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo—a scenario contemplated in Article 52, referred to—by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the award against the offender for the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the acknowledgment, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a deterrent means, so that the State does not again incur in the actions that gave rise to the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Sala has deemed the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the amparo proceedings, with restoration of the fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the offender, the basis of which is found in the principles of protection of individuals' rights and that the Administration must take responsibility for the damages and losses caused by its unconstitutional conduct.

Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms provided in Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of the award of costs, damages, and losses, as such case forms an integral part of the general system of necessary award on these points contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

On the other hand, it is clear that Article 52, mentioned, applies only in cases where the Sala, even though it has not heard or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as stated by the majority of the Sala, implies an "abnormal termination of the process."

The legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Sala may decree this form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, i.e., that the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that orders, unequivocally, the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of award of costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted "solely for the purposes of indemnification and costs, if they are appropriate." As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.

In my judgment, such an exception should be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such award is always appropriate, even if the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is unequivocally and clearly established that in the specific case no damage capable of being indemnified was caused. Only and solely in such scenarios could the respondent Administration be exempted from the payment of such items.

As in this case, there is no element whatsoever that undermines the presumption of the emergence, for the amparo petitioner, of economic damages and losses (daños y perjuicios económicos) derived from the challenged actions—whose specific determination is not the responsibility of this jurisdiction—the granting of this recurso must necessarily entail a condemnation for costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios), and I so declare.

As an additional reason, it should be noted that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the fundamental rights regime of individuals. From this perspective, the analysis conducted by this court concentrates on that verification; however, it does not enter into the weighing of whether those matters have generated or not injuries in the purely patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that such condemnation (for damages, losses, and costs) operates, if applicable, I do not consider that this examination of pertinence can be automatically excluded a priori in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the recurso de amparo, the conduct or omissions attributable to the Administration (or a private law subject, when applicable) have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, numerals 179 to 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define a special proceeding whose purpose is the definition of the economic effects derived from condemnations issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following purpose:

“ARTÍCULO 179.- It corresponds to the Juzgado de lo Contencioso-Administrativo to execute the sentences issued by the Jurisdicción Constitucional, in habeas corpus and amparo proceedings against public law subjects, only regarding the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.”

It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding a condemnation in abstracto in those areas, since such claims would not be appropriate within that type of cause when the sentence issued within the amparo proceeding expressly established the inadmissibility of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular matter. That is, the special proceeding in the contencioso administrativo venue requires, as a sine qua non requirement, a condemnation or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in my judgment, pursuant to the mentioned ordinal 52 of the LJC, the dispensation of that patrimonial condemnation requires the accreditation, in each case, of situations from which the nonexistence of patrimonial injuries—even potential ones—derived from or associated with the facts analyzed is estimable, with grounds. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial sentence is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that prior to that cessation through the responding entity's own cause or an external one, the accused negligence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such substantive matter, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that fall outside the nature of these proceedings and regarding which, in order to what is regulated by the aforementioned mandate 52, are proper to a condemnation in abstracto that subsequently constitutes the basis of analysis in the Jurisdicción Contencioso Administrativa. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, as, it is insisted, that is not its object or primary ratio. Thus, it does not fall to the protected person to claim or demonstrate damages, given that what is sought is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative conducts have produced injuries is an extreme that, by principle thesis and except for exceptional cases, does not form part of the analytical basis of this type of cause. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, one does not enter into assessing whether or not there is an infraction, whereby it is even less possible to define whether, based on the applicant’s complaint, there may or may not be situations of possible civil reparation. In that way, the dispensation of condemnation to which that norm alludes is exceptional in nature, not principled. Therefore, in those scenarios, the norm imposes condemnation in abstracto, so that its applicability may be analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that liberation from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the claimed party, could have suffered injuries in their patrimonial sphere would be put at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by article 9 ejusdem. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that conduct was adopted causing the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurs. It is insisted, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation insofar as it was made to cease for the reasons alluded to in the norm under examination generated damages and losses is a matter that, except evidence to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but that, it is reiterated, must in no way be denied as a presupposition solely due to the realization of the factual scenario regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the always-held respect for the majority position, I state my vote and reiterate that the granting of this recurso must necessarily entail the condemnation in abstracto for costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios).

IX.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE DISPOSITIVE PART OF THIS SENTENCE. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: "If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the recurso shall be granted solely for purposes of indemnification and costs (costas), if they are applicable."

My interpretation of that norm is the following: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if they are applicable" refers to costs. Moreover, article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on article 14 of the LJC, refers precisely only to these: to costs.

Certainly, pursuant to article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the recurso de amparo is not compensatory but restitutive; however, article 51 of the LJC states: "Any resolution granting the recurso shall condemn in abstracto to the indemnification of the caused damages and losses (daños y perjuicios) and to the payment of the costs (costas) of the recurso, and its liquidation shall be reserved for the execution of sentence."

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, condemnation in abstracto for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not issued, in the event that they did occur, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate article 41 of the CP. If, despite there being condemnation in abstracto, no damages and losses occurred, the judge in the ordinary venue shall so declare, since only to that judge corresponds taking as proven the actual existence and magnitude thereof.

With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only in the face of a recurso de amparo. It remains to be said that article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn for costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the dispositiva and order the condemnation for damages and losses (daños y perjuicios), but not the condemnation for costs (costas).

X.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any documents on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this sentence. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, according to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

In accordance with the provisions of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the recurso is granted without special condemnation for costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios). Magistrate Castillo Víquez makes a note. Magistrate Rueda Leal dissents and orders the continuation of the recurso’s processing, in order to request a report from the executive director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders the condemnation for damages, losses, and costs (daños, perjuicios y costas). Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation for damages and losses (daños y perjuicios), but not for costs (costas). Notify.-

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 



Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.



Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.



Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

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