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Español (source)En el sub iudice se acusa la falta de respuesta de una gestión planteada ante la Municipalidad de Osa el 24 de octubre de 2024; sin embargo, véase que no fue sino hasta el 22 de diciembre de 2025, a saber, más de un año después, cuando se acudió ante esta Cámara, lo cual es un plazo abiertamente superior al previstos en el ordinal 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Aunado a lo anterior, en el sub lite no se alega ni se verifica que la parte tutelada haya estado imposibilitada para acudir antes a este Tribunal Constitucional, a fin de formular estos agravios atinentes a la supuesta conculcación de sus derechos fundamentales, la cual pudo ser válidamente consentida.
En consecuencia, el recurso resulta inadmisible.
English (translation)In the case at hand, the lack of response to a request submitted to the Municipality of Osa on October 24, 2024, is alleged; however, it was not until December 22, 2025—that is, more than a year later—that this Chamber was petitioned, a period clearly exceeding the deadline established in Article 35 of the Constitutional Jurisdiction Law. In addition, the petitioner neither alleges nor proves that she was unable to appear before this Constitutional Court earlier to raise these grievances regarding the alleged violation of her fundamental rights, which could have been validly consented to.
Consequently, the amparo is inadmissible.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 01207 - 2026 Fecha de la Resolución: 09 de Enero del 2026 a las 09:20 Expediente: 25-039811-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución EXPEDIENTE N° 25-039811-0007-CO PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2026001207 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del nueve de enero de dos mil veintiseis . Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-039811-0007-CO, interpuesto por Nombre103594, cédula de identidad CED57465, contra la MUNICIPALIDAD DE OSA. Resultando: 1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 22 de diciembre de 2025, la accionante interpone un recurso de amparo contra el Municipalidad de Osa. Alega que: “Se solicita información relacionada con dos proyectos que se pretenden desarrollar en Playa Dominical, a saber: Project Dominical (https://thedominicatoroject.com/) y el proyecto impulsado por la Asociación Costas Verdes, cuyo representante es el señor Max Tattenbach. Ambos proyectos, según la información disponible, aparentan implicar modificaciones sustanciales al entorno natural de la zona y, eventualmente, podrían contravenir lo establecido en et Plan Regulador aprobado para Playa Dominical, generando preocupación entre los habitantes de la comunidad por el posible impacto ambiental. 1- El día 24 de octubre del 2024, participamos nueve vecinos de Dominical; en una reunión para presentar proyectos para el distrito Bahía Ballena. Fuimos invitados por la síndica del distrito; la licenciada Ester Vindas en esa ocasión entregamos consulta de manera escrita al funcionario Ernesto Gonzáles. Sin atender a la fecha de hoy. 2- Al no haber respuesta a dicho oficio enviamos nuevamente consulta el 25 de noviembre del 2024. Sin respuesta al día de hoy. 3- Se refresca la consulta nuevamente el día 3 de marzo del 2025. No hubo respuesta igual a los dos oficios anteriores. Pero sí una campaña de hostigamiento, intimidación como represalia por el ejercicio de un derecho ciudadano. (…) IV. PETITORIA Respetuosamente solicito a esta honorable Sala: Que se declare con lugar el presente recurso de amparo. Que se ordene a la municipalidad resolver de forma inmediata expresa y debidamente motivada la gestión presentada. Que se advierta a la autoridad recurrida sobre el deber de respetar los derechos fundamentales de la persona recurrente”. 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente indica que el 24 de octubre de 2024 entregó ante Nombre103595 (funcionario de la Municipalidad de Osa) un escrito con diversas consultas sobre dos proyectos de desarrollo en Playa Dominical, específicamente Project Dominical y el impulsado por la asociación Costas Verdes. No obstante, acusa que, a la fecha de interposición de este recurso, las autoridades municipales no han atendido su gestión. II.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. Si bien esta Sala ha tutelado el derecho de petición y de acceso a la información, garantizado en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política; lo cierto es que, en este caso resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que: “Artículo 35. El recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado. Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente consentida, el recurso deberá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de interponer el recurso” (énfasis agregado). En el sub iudice se acusa la falta de respuesta de una gestión planteada ante la Municipalidad de Osa el 24 de octubre de 2024; sin embargo, véase que no fue sino hasta el 22 de diciembre de 2025, a saber, más de un año después, cuando se acudió ante esta Cámara, lo cual es un plazo abiertamente superior al previstos en el ordinal 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Aunado a lo anterior, en el sub lite no se alega ni se verifica que la parte tutelada haya estado imposibilitada para acudir antes a este Tribunal Constitucional, a fin de formular estos agravios atinentes a la supuesta conculcación de sus derechos fundamentales, la cual pudo ser válidamente consentida. En consecuencia, el recurso resulta inadmisible. III.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO Y LA MAGISTRADA HESS HERRERA, CON REDACCIÓN DE LA SEGUNDA: Respetuosamente nos separamos de lo decidido por la mayoría del Tribunal, pues disentimos de la aplicación del artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional a una conducta omisiva, ya que consideramos que, mientras no se remedie tal carencia, la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada se mantiene y no empieza a correr el plazo del referido artículo. Recuérdese que la lógica procesal de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, respecto de los recursos de amparo, está construida a partir del reconocimiento de distintas clases de actuaciones sujetas a control, como son los actos positivos, los negativos y las omisiones. Por ejemplo, el artículo 29 de la ley mencionada, dispone en lo que interesa: “Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos. El amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas.” (el subrayado no es del original) En la misma sintonía, el artículo 49 de la LJC contiene la siguiente regulación sobre los efectos de la sentencia: “ARTÍCULO 49.- Cuando el acto impugnado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir o garantizar al agraviado en el pleno goce de su derecho, y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando fuere posible. Si el amparo hubiere sido establecido para que una autoridad reglamente, cumpla o ejecute lo que una ley u otra disposición normativa ordena, dicha autoridad tendrá dos meses para cumplir con la prevención. Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una omisión, la sentencia ordenará realizarlo, para lo cual se otorgará un plazo prudencial perentorio. Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, o de una amenaza, se ordenará su inmediata cesación, así como evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción semejante. En todo caso, la Sala establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso concreto.” (el énfasis es agregado) Asimismo, los artículos 57 y 62 de la LJC, sobre el amparo contra sujetos de derecho privado, se inscriben en una dirección similar. De esta forma, si para explicar el universo de actuaciones impugnables, así como los efectos de la decisión del Tribunal, tales diferencias son relevantes, igualmente deben serlo para determinar la caducidad de la posibilidad de interponer el amparo. Tan es así, que el texto del propio artículo 35 discierne, en su párrafo primero, entre actos que agotan sus efectos con su producción y aquellos que continúan desarrollándolos: “ARTÍCULO 35.- El recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado. (…)” (el destacado es propio) Esta interpretación se había dejado patente, a título de ejemplo, en la sentencia de esta Sala No. 699-95 de las 11:00 horas del 3 de febrero de 1995: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley General de la Administración Pública cuando el agotamiento de la vía administrativa se produzca en virtud del silencio u otro acto presunto, la administración siempre estará obligada a dictar resolución expresa sobre el fondo reclamado, dentro del año revisto por el artículo 37.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En este plazo y hasta en el de dos meses después que prevé el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el interesado puede acudir en amparo ante esta sede sin que se pueda alegar que ha prescrito su acción puesto que cada día que pasa, se vuelve a reiterar la violación del derecho fundamental del particular, a que se le haga justicia administrativa y que la misma sea pronta y cumplida.” (se agrega el subrayado) Además, se concluyó en ese sentido en la sentencia No. 2024017263 de las 9:20 horas del 21 de junio de 2024: “Analizado lo anterior, la Sala verifica que, con dicha omisión, la autoridad recurrida ha lesionado el artículo 27, de la Constitución Política, ya que ha pasado sobradamente el plazo establecido en el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y durante todos estos años transcurridos, la parte recurrida no ha brindado una respuesta a la parte amparada, pese a que se encuentra en la obligación de responder lo que en derecho corresponde dentro del plazo legal correspondiente. Aunado a lo anterior, es menester indicar que al consistir la actuación impugnada en una omisión, no cabe la aplicación del artículo 35, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que la infracción del derecho fundamental reclamado persiste en el tiempo (v. en este sentido la Sentencia N° 2024-003336, de las 9:21 horas del 9 de febrero de 2024).” (cfr. la resolución No. 2024016501 de las 9:20 horas del 14 de junio de 2024) Decisiones que, a nuestro juicio, se armonizan de mejor forma con el texto del numeral 35 citado y el principio pro actione. Consecuentemente, salvamos el voto y disponemos que se resuelva el reclamo de la parte actora por el fondo. IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Cruz Castro y la magistrada Hess Herrera salvan el voto y disponen conocer el asunto por el fondo. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 1TGOR43OAAFY61 EXPEDIENTE N° 25-039811-0007-CO Teléfonos: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:03:33. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small Constitutional Chamber Resolution No. 01207 - 2026 Resolution Date: January 9, 2026 at 09:20 Expediente: 25-039811-0007-CO Drafted by: Fernando Castillo Víquez Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Text of the resolution EXPEDIENTE No. 25-039811-0007-CO PROCEEDING: AMPARO APPEAL RESOLUTION No. 2026001207 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the ninth of January of two thousand twenty-six. Amparo appeal processed under expediente number 25-039811-0007-CO, filed by Nombre103594, identity card CED57465, against the MUNICIPALITY OF OSA. Whereas: 1.- Through a brief incorporated into the digital expediente on December 22, 2025, the petitioner files an amparo appeal against the Municipality of Osa. She alleges that: “Information is requested related to two development projects intended for Playa Dominical, namely: Project Dominical (https://thedominicatoroject.com/) and the project promoted by the Asociación Costas Verdes, whose representative is Mr. Max Tattenbach. Both projects, according to the available information, appear to involve substantial modifications to the natural environment of the area and, eventually, could contravene the provisions of the approved Plan Regulador for Playa Dominical, generating concern among the inhabitants of the community due to the possible environmental impact. 1- On October 24, 2024, nine residents of Dominical participated in a meeting to present projects for the Bahía Ballena district. We were invited by the district councilor; Licenciada Ester Vindas, on that occasion we delivered a written consultation to the official Ernesto Gonzáles. Unanswered as of today's date. 2- Having received no response to said official letter, we sent another consultation on November 25, 2024. Unanswered as of today's date. 3- The consultation was refreshed again on March 3, 2025. There was no response to the two previous official letters. But there was a campaign of harassment, intimidation as retaliation for the exercise of a citizen's right. (…) IV. PETITION Respectfully I request this honorable Chamber: To declare this amparo appeal with merit. To order the municipality to immediately, expressly, and duly substantively resolve the filed petition. To warn the appealed authority of its duty to respect the fundamental rights of the petitioner”. 2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject, outright or on the merits, at any time, even from its filing, any petition submitted for its cognizance that is manifestly without merit, or when it considers that there are sufficient evidentiary elements to reject it, or that it is a mere reiteration or reproduction of a previous equal or similar rejected petition. Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and, Considering: I.- SUBJECT OF THE APPEAL. The petitioner indicates that on October 24, 2024, she delivered to Nombre103595 (official of the Municipality of Osa) a brief with various consultations regarding two development projects in Playa Dominical, specifically Project Dominical and the one promoted by the Asociación Costas Verdes. However, she claims that, as of the date of filing this appeal, the municipal authorities have not addressed her petition. II.- ON THE SPECIFIC CASE. Although this Chamber has protected the right of petition and access to information, guaranteed in Articles 27 and 30 of the Political Constitution; the fact is that, in this case, the provisions of Article 35 of the Law of Constitutional Jurisdiction are applicable, which establishes that: “Article 35. The amparo appeal may be filed at any time while the violation, threat, disturbance, or restriction subsists, and up to two months after its direct effects have totally ceased with respect to the injured party. However, in the case of purely patrimonial rights or others whose violation may be validly consented to, the appeal must be filed within the two months following the date on which the injured party had reliable notice of the violation and was in a legal position to file the appeal” (emphasis added). In the case sub iudice, the lack of response to a petition submitted to the Municipality of Osa on October 24, 2024, is claimed; however, note that it was not until December 22, 2025—that is, more than a year later—that recourse was made to this Chamber, which is a time period openly exceeding that provided for in section 35 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Added to the foregoing, in the sub lite case, it is neither alleged nor verified that the protected party was unable to appear before this Constitutional Court earlier in order to formulate these grievances concerning the alleged violation of her fundamental rights, which could have been validly consented to. Consequently, the appeal is inadmissible. III.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE CRUZ CASTRO AND MAGISTRATE HESS HERRERA, DRAFTED BY THE LATTER: Respectfully, we dissent from the decision of the majority of the Court, as we disagree with the application of Article 35 of the Law of Constitutional Jurisdiction to an omission, since we consider that, as long as such deficiency is not remedied, the injury to the fundamental rights of the protected party persists and the time limit set forth in the referenced Article does not begin to run. It should be recalled that the procedural logic of the Law of Constitutional Jurisdiction, regarding amparo appeals, is built upon the recognition of different classes of actions subject to review, such as positive acts, negative acts, and omissions. For example, Article 29 of the aforementioned law provides, in the pertinent part: “The appeal is appropriate against any provision, agreement, or resolution and, in general, against any action, omission, or mere material act not based on an effective administrative act, by public servants and bodies, that has violated, violates, or threatens to violate any of those rights. The amparo shall be appropriate not only against arbitrary acts but also against actions or omissions founded on erroneously interpreted or improperly applied norms.” (the underline is not from the original) In the same vein, Article 49 of the LJC contains the following regulation on the effects of the judgment: “ARTICLE 49.- When the challenged act is of a positive nature, the judgment granting the amparo shall aim to restore or guarantee the aggrieved party the full enjoyment of their right, and to restore things to the state they were in before the violation, when possible. If the amparo had been established so that an authority regulates, complies with, or executes what a law or other normative provision orders, said authority shall have two months to comply with the requirement. When what was challenged had been the denial of an act or an omission, the judgment shall order it to be carried out, for which a prudential peremptory term shall be granted. If it had been a mere conduct or material act, or a threat, its immediate cessation shall be ordered, as well as the avoidance of any new violation or similar threat, disturbance, or restriction. In any case, the Chamber shall establish the other effects of the judgment for the specific case.” (the emphasis is added) Likewise, Articles 57 and 62 of the LJC, on the amparo against subjects of private law, are aligned in a similar direction. In this way, if these differences are relevant for explaining the universe of challengeable actions, as well as the effects of the Court's decision, they must also be relevant for determining the expiry of the possibility of filing the amparo. So much so that the text of Article 35 itself distinguishes, in its first paragraph, between acts that exhaust their effects upon their occurrence and those that continue to develop them: “ARTICLE 35.- The amparo appeal may be filed at any time while the violation, threat, disturbance, or restriction subsists, and up to two months after its direct effects have totally ceased with respect to the injured party. (…)” (the emphasis is our own) This interpretation had been made clear, by way of example, in judgment No. 699-95 of this Chamber at 11:00 hours on February 3, 1995: “In accordance with the provisions of Article 127 of the General Law of Public Administration, when the exhaustion of the administrative remedy occurs by virtue of silence or another presumed act, the administration shall always be obliged to issue an express resolution on the merits claimed, within the year provided by Article 37.2 of the Law Regulating Contentious-Administrative Jurisdiction. Within this period and up to the two-month period thereafter provided for in Article 35 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the interested party may file an amparo appeal before this venue without being able to claim that their action has prescribed, since each passing day reiterates anew the violation of the fundamental right of the individual to have administrative justice served promptly and completely.” (the underline is added) Furthermore, this was concluded in judgment No. 2024017263 at 9:20 hours on June 21, 2024: “Having analyzed the foregoing, the Chamber verifies that, with said omission, the appealed authority has violated Article 27 of the Political Constitution, since the period established in Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction has been amply exceeded, and throughout all these elapsed years, the appealed party has not provided a response to the protected party, despite being obliged to respond as legally appropriate within the corresponding legal timeframe. Added to the foregoing, it is necessary to state that, since the challenged action consists of an omission, the application of Article 35 of the Law of Constitutional Jurisdiction does not apply, given that the infringement of the claimed fundamental right persists over time (see in this sense Judgment No. 2024-003336, at 9:21 hours on February 9, 2024).” (cf. resolution No. 2024016501 at 9:20 hours on June 14, 2024) Decisions that, in our view, are better harmonized with the text of the cited section 35 and the pro actione principle. Consequently, we dissent and order that the claim of the petitioner be resolved on the merits. IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The petitioner is hereby forewarned that, if any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies were provided, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 on August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Por tanto: The appeal is rejected outright. Magistrate Cruz Castro and Magistrate Hess Herrera dissent and order that the matter be heard on the merits. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification Code -- 1TGOR43OAAFY61 EXPEDIENTE No. 25-039811-0007-CO Telephones: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 12:03:33. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República