Res. 01727-2026 Sala Constitucional — Right of Petition and Access to Information on Technical Closure of Río Azul LandfillDerecho de petición y acceso a información sobre cierre técnico del Relleno Sanitario de Río Azul

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Sala Constitucional

Resolución Nº 01727 - 2026

Fecha de la Resolución: 16 de Enero del 2026 a las 09:20

Expediente: 25-036064-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-036064-0007-CO

Res. Nº 2026001727

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del dieciseis de enero de dos mil veintiseis .

 Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 25-036064-0007-CO, interpuesto por Nombre35146, cédula de identidad CED16107, a favor de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ECOLOGÍA contra el MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Sala el 18 de noviembre de 2025, la persona accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que, por oficio AEL-00312-2025 del 8 de agosto de 2025, remitido vía correo electrónico a la dirección institucional: despacho ...784, dirigido a, presidente de la República y a la ministra de Salud, solicitó la siguiente información: "(...) 1• Un desglose exhaustivo de los fondos públicos invertidos desde la fecha de clausura hasta el 8 de agosto de 2025, con montos totales, partidas presupuestarias y erogaciones detalladas. • Los nombres de las personas físicas o jurídicas beneficiarias de dichos fondos, incluyendo representantes legales, para garantizar a trazabilidad y evitar opacidades corruptoras. • Detalles completos de los procesos de licitación pública, tales como fechas, empresas adjudicadas, condiciones y montos de contratos, como mecanismo esencial de control ciudadano. • Cualquier información adicional relevante, como estudios técnicos, informes ambientales o auditorías, indispensables para una fiscalización efectiva. Esta petición se amparaba expresamente en el artículo 30 de la Constitución Política (acceso a la información pública), la Ley N.º 10554 (Ley Marco de Acceso a la Información Pública), y el artículo 50 de la Constitución Política (derecho a un ambiente sano), configurando un ejercicio legítimo de participación ciudadana en defensa del interés público. (...)". El 12 de agosto en curso, la ministra de Salud remitió dicha gestión a la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental. Por oficio CARTA-MS-DM-5157-2025 del 24 de setiembre de 2025, suscrito por la ministra de Salud, se le comunicó que: “(…) es necesario recopilar información de varios años, por lo que se requiere tiempo y se consignará a su persona en un plazo prudencial (...)”. Reclama que, a la fecha de interposición de este recurso, no se le había dado respuesta, ni acceso alguno a la información solicitada. Estima que lo expuesto lesiona los derechos fundamentales de la asociación amparada.

2.- Por resolución de las 19:51 horas del 28 de noviembre de 2025 se dio curso al amparo.

3.- Informan bajo juramento Mary Denisse Munive Angermüller y Bernny Villarreal Cortés, por su orden ministra y director general de Salud con recargo de la Dirección de Salud Ambiental, ambos del Ministerio de Salud, lo siguiente: “Los suscritos, atendemos el presente recurso de amparo incoado por el señor Nombre35146 contra el Ministerio de Salud, expediente judicial N°25-036064-0007-CO, informando y aclarando: PRIMERO: Se recibió en el Despacho Ministerial mediante correo electrónico de fecha 08 de agosto del 2025, el oficio AEL-00312-2025 (adjunto), suscrito por el señor Nombre35146, en representación de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, donde solicita la siguiente información: “1. Desglose de los fondos públicos invertidos: Un listado completo de todas las erogaciones realizadas por el Estado costarricense, desde la fecha de clausura del Relleno Sanitario de Río Azul hasta el 8 de agosto de 2025, especificando el monto total y las partidas presupuestarias correspondientes. 2. Beneficiarios de los fondos: Nombre de las personas físicas o jurídicas que han recibido pagos relacionados con el proceso de cierre técnico, incluyendo el nombre del representante legal de las entidades jurídicas beneficiadas. 3. Procesos de licitación pública: Detalles de las licitaciones públicas realizadas para la ejecución de las obras o servicios asociados al cierre técnico, incluyendo: •Fechas de las licitaciones. •Nombres de las empresas adjudicadas. •Condiciones y montos de los contratos adjudicados. 4. Otros detalles relevantes: Cualquier información adicional que el Ministerio de Salud considere pertinente, como estudios técnicos, informes ambientales, o auditorías realizadas sobre el proceso de cierre técnico del relleno sanitario.” SEGUNDO: Con oficio CARTA-HT-DM-2230-2025 (adjunto), se remitió el oficio AEL00312-2025, mediante correo electrónico de fecha 12 de agosto del 2025, a la Dirección de Salud Ambiental, con copia a la parte aquí recurrente, para que recopilara los insumos e información correspondiente para dar respuesta a la solicitud planteada. TERCERO: A través del oficio CARTA-MS-DM-5157-2025 (adjunto), enviado mediante correo electrónico al aquí recurrente en fecha 29 de setiembre del 2025, el Despacho Ministerial le informa que se está recopilando la información solicitada (información de varios años), que requiere de tiempo para ser recabada y así poder brindarle una respuesta de forma detallada y completa a su solicitud. CUARTO: Con el oficio número MS-DSA-UGSA-0362-2025, notificado al aquí recurrente mediante correo electrónico, a la cuenta ...175, en fecha 03 de diciembre del 2025, la Unidad de Gestión Ambiental de la Dirección de Salud Ambiental, atiende la consulta realizada por la parte aquí recurrente, donde se le informó: “(…) Le indicamos que se anexa a este oficio el archivo de Excel con nombre de archivo “Reporte Completo de facturas tramitadas de WPP” elaborado por parte de la División Administrativa - Dirección Financiera de Bienes y Servicios donde se detalla lo solicitado por su persona en los puntos 1 y 2 del oficio AEL-00312-2025. Para los siguientes incisos del oficio AEL-00312-2025 le indicamos que: “3. Procesos de licitación pública: Detalles de las licitaciones públicas realizadas para la ejecución de las obras o servicios asociados al cierre técnico, incluyendo: • Fechas de las licitaciones. • Nombres de las empresas adjudicadas. • Condiciones y montos de los contratos adjudicados. 4. Otros detalles relevantes: Cualquier información adicional que el Ministerio de Salud considere pertinente, como estudios técnicos, informes ambientales, o auditorías realizadas sobre el proceso de cierre técnico del relleno sanitario.” En relación con el punto enumerados 3 nos permitimos detallar que los procesos de licitación pública son información pública que se puede consultar en SICOP, adjuntamos imagen de la búsqueda de consulta en el sistema mencionado y en relación con el punto 4 de otros detalles relevantes le indicamos que todo lo relacionado a cada licitación esta en el sistema y si requiere algo especifico deberá solicitarlo específicamente para que le sea suministrado según lo que requiere. Enlace https://www.sicop.go.cr/” QUINTO: La dirección de correo electrónico utilizada por el Despacho Ministerial para la recepción de correspondencia es: ...591 y no la que utilizó el administrado (...78). De esta forma se desprende que este Ministerio, ha atendido la solicitud planteada por la parte aquí recurrente y le fue notificada oportunamente. Así las cosas, consideramos no se ha violentado derecho alguno en contra del recurrente”.

 4.- Manifiesta el recurrente: “…comparezco ante esta Honorable Sala Constitucional, con el debido respeto y en ejercicio de mi derecho, para replicar vehemente, detallada y exhaustivamente al informe conjunto de los recurridos (oficio CARTA-MS-DM-FR-6660-2025, de 5 de diciembre de 2025), manifestando mi absoluta inconformidad con sus argumentos, que no solo carecen de sustento fáctico y jurídico, sino que perpetúan la opacidad administrativa y violan flagrantemente mis derechos fundamentales. Esta réplica se fundamenta en la Constitución Política de la República de Costa Rica (CP), la Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Ley N.º 10554), la jurisprudencia consolidada de esta Sala Constitucional, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), ratificada por Costa Rica y con rango constitucional (artículo 7 CP). Exijo, con la vehemencia que el caso amerita, que se declare CON LUGAR el presente recurso de amparo, se ordene la entrega inmediata, completa y detallada de la información solicitada (sin remisiones a enlaces electrónicos que obliguen a “hurgar” en bases de datos públicas), se impongan las sanciones correspondientes a los funcionarios responsables por la dilación y obstrucción, y se condene en costas a los recurridos. A continuación, desgloso mis argumentos, estructurados por puntos para mayor claridad y exhaustividad. I. PRELIMINAR: EL ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL AUTÓNOMO Y “EMANANTE” DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS, VIOLADO POR LA “COSTUMBRE” ADMINISTRATIVA DE OPACIDAD Los recurridos inician su informe con una enumeración laudatoria de su misión institucional (mención al Decreto Ejecutivo N.º 40724-S y Leyes N.º 5395 y 5412), pretendiendo legitimar su actuar con principios abstractos como “transparencia” y “equidad”. Sin embargo, esta retórica es un velo que encubre la violación sistemática al derecho fundamental de acceso a la información pública, reconocido como autónomo por esta Sala Constitucional desde su voto N.º 4026-1995 (de 15 de septiembre de 1995), donde se afirmó que el artículo 30 CP no es meramente declarativo, sino exigible judicialmente vía amparo (artículo 29 Ley 7135). Más aún, como lo he manifestado en mi escrito inicial, el acceso a la información emana prácticamente de todos los demás derechos humanos, actuando como herramienta indispensable para su ejercicio efectivo. Esta Sala lo ha reiterado en voto N.º 20081-2019 (de 12 de diciembre de 2019): “El derecho de acceso a la información pública es presupuesto para el ejercicio de la libertad de expresión (artículo 29 CP), la participación ciudadana (artículo 9 CP), el derecho a un ambiente sano (artículo 50 CP) y la rendición de cuentas (artículo 11 CP)”. En el presente caso, la información solicitada sobre el cierre técnico del Relleno Sanitario de Río Azul — un sitio de alto riesgo ambiental y sanitario— es esencial para fiscalizar el uso de fondos públicos, prevenir daños ecológicos irreversibles y garantizar la salud de comunidades vulnerables (Rio Azul y alrededores), derechos interconectados que los recurridos han ignorado. La CADH, en su artículo 13.1, consagra la “libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole” como pilar de la democracia, interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Claude Reyes et al. vs. Chile (2006) como un derecho autónomo de acceso a información pública, con obligación estatal de entregar datos completos y oportunos, sin dilaciones ni remisiones que carguen al peticionario con la labor de búsqueda. Costa Rica, como Estado parte, está vinculada a este estándar (voto N.º 15478-2015 de esta Sala, incorporando la CADH al bloque de constitucionalidad). Los recurridos, en su “costumbre” administrativa de remitir a enlaces electrónicos (como SICOP), violan este mandato, convirtiendo el derecho en una carga para el ciudadano. Esta práctica ha sido calificada como inconstitucional por esta Sala en voto N.º 12845-2020 (de 18 de agosto de 2020): “La remisión genérica a portales web no satisface el deber de entrega activa y detallada de la información, especialmente cuando se trata de datos complejos como licitaciones o erogaciones presupuestarias, ya que obliga al amparado a ‘hurgar’ en sistemas no intuitivos, frustrando el principio de oportunidad y gratuidad (artículo 10 Ley 10554)”. Al día de hoy, 9 de diciembre de 2025, no he recibido la documentación completa solicitada, pese a la notificación del oficio MS-DSA-UGSA-0362-2025 del 3 de diciembre de 2025, que solo adjunta un Excel parcial (puntos 1 y 2) y remite a SICOP para los puntos 3 y 4. Esto no es “atención oportuna”, como alegan los recurridos, sino obstrucción deliberada, merecedora de sanción (artículo 25 Ley 10554, que impone suspensiones a funcionarios por dilación). II. ANÁLISIS PORMENORIZADO DEL INFORME DE LOS RECURRIDOS: FALACIAS FÁCTICAS Y JURÍDICAS QUE CONFIRM AN LA VIOLACIÓN Examinemos punto por punto el informe de los recurridos, desmontando sus argumentos con la exhaustividad que el caso exige: PRIMERO: Recepción de la solicitud (8 de agosto de 2025). Correcto en los hechos: Recibieron mi oficio AEL-00312-2025 vía correo a ...784 (no a su correo oficial, como alegan en el QUINTO punto —error menor, pero indicativo de desorganización administrativa). Sin embargo, omiten que esta vía es válida bajo el principio de facilitación (artículo 5 Ley 10554), ya que el derecho de petición (artículo 27 CP) no se limita a canales institucionales. Jurisprudencia: Voto N.º 8765-2018 (de 20 de junio de 2018), donde esta Sala ordenó trámite a solicitudes enviadas a correos presidenciales por ser “de interés público ambiental”. La “costumbre” de ignorar canales alternos perpetúa la exclusión ciudadana. SEGUNDO: Remisión interna (12 de agosto de 2025). La remisión a la Dirección de Salud Ambiental es procedente (artículo 9 Ley 10554 permite traslados internos en 3 días hábiles), pero no exime del plazo global de respuesta: 10 días hábiles máximo desde recepción inicial (artículo 10 Ley 10554), prorrogable excepcionalmente a 30 días con justificación motivada. Aquí transcurrieron más de 115 días hasta la respuesta parcial del 3 de diciembre, sin prórroga formal notificada. Violación flagrante al principio de oportunidad (voto N.º 14567-2022, de 15 de septiembre de 2022: “Dilaciones injustificadas configuran denegación tácita, tutelable por amparo”). TERCERO: “Recopilación en curso” (29 de septiembre de 2025). El oficio CARTA-MS-DM-5157-2025 menciona “tiempo prudencial” por “información de varios años”. Esto es una excusa genérica, no justificación específica (artículo 10 inciso 2 Ley 10554 exige “motivos detallados” para prórrogas). La complejidad alegada (cierre de Río Azul desde 2007) no exime: Esta Sala ha ordenado entregas similares en casos ambientales, como voto N.º 00175-2017 (de 13 de enero de 2017, sobre Río Azul mismo), donde se tuteló acceso a informes técnicos del Ministerio de Salud por “interés público en salud ambiental”. La dilación aquí es arbitraria, violando el artículo 11 CP (prohibición de arbitrariedad administrativa). CUARTO: Respuesta parcial del 3 de diciembre de 2025. • Puntos 1 y 2 (erogaciones y beneficiarios): Adjuntan un Excel (“Reporte Completo de facturas tramitadas de WPP”), pero no verifico su exhaustividad (desde clausura en 2007 hasta agosto 2025, con montos totales, partidas y representantes legales). Exijo auditoría judicial para confirmar si cubre “todos los fondos públicos invertidos”, como solicitado. Si es incompleto, configura denegación parcial (voto N.º 9876-2021, de 10 de julio de 2021). • Puntos 3 y 4 (licitaciones y detalles relevantes): Remiten a SICOP (https://www.sicop.go.cr/) con una “imagen de búsqueda”, alegando que es “información pública consultable”. Esto es la esencia de la violación: Obligarme a “hurgar” en un sistema público, sin entregar detalles específicos (fechas, empresas adjudicadas, montos, condiciones, estudios técnicos, auditorías). La Ley 10554 (artículo 16) obliga a publicación proactiva de licitaciones, pero el acceso individual requiere entrega activa (voto N.º 20345-2023, de 5 de octubre de 2023: “Remitir a SICOP sin extracción de datos viola el deber de facilitación, especialmente en temas de control ciudadano anticorrupción”). En contexto de Río Azul —con historial de opacidad (votos N.º 07524-2006 y 08001-1997 sobre cierre irregular)—, esta remisión es una obstrucción vehemente a la fiscalización ambiental (artículo 50 CP). La Corte IDH, en Claude Reyes, enfatizó que Estados deben “facilitar el acceso efectivo”, no delegarlo en el peticionario. Costa Rica incumple este estándar interamericano. QUINTO: Correo “incorrecto”. Insustancial: El artículo 8 Ley 10554 permite cualquier medio fehaciente para peticiones. Ignorar el correo presidencial por “no oficial” es formalismo excesivo, contrario al principio pro persona (artículo 28 CP). En suma, el informe de los recurridos admite la dilación (115+ días) y confiesa la remisión incompleta, pretendiendo eximirse con retórica institucional. Esto no es “atención”, sino violación continua al artículo 30 CP, tutelable por amparo (voto N.º 459-2024, reciente, sobre récord de amparos por opacidad en 2025)”.

 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La parte recurrente solicitó información al ministerio accionado. Acusa que no ha recibido tal información.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)      Mediante nota nro. AEL-00312-2025 del 8 de agosto de 2025, recibida ese día, el recurrente solicitó al Ministerio accionado lo siguiente: “…un informe económico detallado que contenga lo siguiente: 1. Desglose de los fondos públicos invertidos: Un listado completo de todas las erogaciones realizadas por el Estado costarricense, desde la fecha de clausura del Relleno Sanitario de Río Azul hasta el 8 de agosto de 2025, especificando el monto total y las partidas presupuestarias correspondientes. 2. Beneficiarios de los fondos: Nombre de las personas físicas o jurídicas que han recibido pagos relacionados con el proceso de cierre técnico, incluyendo el nombre del representante legal de las entidades jurídicas beneficiadas. 3. Procesos de licitación pública: Detalles de las licitaciones públicas realizadas para la ejecución de las obras o servicios asociados al cierre técnico, incluyendo: •Fechas de las licitaciones. •Nombres de las empresas adjudicadas. •Condiciones y montos de los contratos adjudicados. 4. Otros detalles relevantes: Cualquier información adicional que el Ministerio de Salud considere pertinente, como estudios técnicos, informes ambientales, o auditorías realizadas sobre el proceso de cierre técnico del relleno sanitario.” (Ver informe rendido y prueba aportada).

b)      Por oficio CARTA-HT-DM-2230-2025 del 12 de agosto de 2025, la ministra accionada remitió al director de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental el memorial del justiciable para su atención. (Ver informe rendido y prueba aportada).

c)      Mediante oficio CARTA-MS-DM-5157-2025 del 24 de setiembre de 2025, remitido al tutelado el 29 de setiembre de 2025, la ministra recurrida indicó al interesado: “…me permito comunicarle respetuosamente que, a fin de proporcionar la información peticionada completa, es necesario recopilar información de varios años, por lo que, se requiere tiempo y se consignará a su persona en un plazo prudencial”. (Ver informe rendido y prueba aportada).

d)      La resolución de curso de este proceso fue notificada a la parte accionada el 2 de diciembre de 2025. (Los autos).

e)      Por oficio MS-DSA-UGSA-0362-2025 del 3 de diciembre de 2025, remitida ese mismo día, el ministerio accionado respondió al tutelado: “En atención a la documentación recibida por medio del oficio AEL-00312-2025 en el cual solicita un informe económico detallado que contenga lo siguiente: “1. Desglose de los fondos públicos invertidos: Un listado completo de todas las erogaciones realizadas por el Estado costarricense, desde la fecha de clausura del Relleno Sanitario de Río Azul hasta el 8 de agosto de 2025, especificando el monto total y las partidas presupuestarias correspondientes. 2. Beneficiarios de los fondos: Nombre de las personas físicas o jurídicas que han recibido pagos relacionados con el proceso de cierre técnico, incluyendo el nombre del representante legal de las entidades jurídicas beneficiadas. Le indicamos que se anexa a este oficio el archivo de Excel con nombre de archivo “Reporte Completo de facturas tramitadas de WPP” elaborado por parte de la División Administrativa - Dirección Financiera de Bienes y Servicios donde se detalla lo solicitado por su persona en los puntos 1 y 2 del oficio AEL-00312-2025. Para los siguientes incisos del oficio AEL-00312-2025 le indicamos que: 3. Procesos de licitación pública: Detalles de las licitaciones públicas realizadas para la ejecución de las obras o servicios asociados al cierre técnico, incluyendo: • Fechas de las licitaciones. • Nombres de las empresas adjudicadas. • Condiciones y montos de los contratos adjudicados. 4. Otros detalles relevantes: Cualquier información adicional que el Ministerio de Salud considere pertinente, como estudios técnicos, informes ambientales, o auditorías realizadas sobre el proceso de cierre técnico del relleno sanitario.” En relación con el punto enumerados 3 nos permitimos detallar que los procesos de licitación pública son información pública que se puede consultar en SICOP, adjuntamos imagen de la búsqueda de consulta en el sistema mencionado y en relación con el punto 4 de otros detalles relevantes le indicamos que todo lo relacionado a cada licitación está en el sistema y si requiere algo especifico deberá solicitarlo específicamente para que le sea suministrado según lo que requiere. (Inserta imagen)”. (Ver informe rendido y prueba aportada).

III.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la La parte recurrente solicitó información al ministerio accionado. Acusa que no ha recibido tal información.

Analizados los autos, la Sala tuvo por probado que, mediante nota nro. AEL-00312-2025 del 8 de agosto de 2025, recibida ese día, el recurrente solicitó al Ministerio accionado lo siguiente: “…un informe económico detallado que contenga lo siguiente: 1. Desglose de los fondos públicos invertidos: Un listado completo de todas las erogaciones realizadas por el Estado costarricense, desde la fecha de clausura del Relleno Sanitario de Río Azul hasta el 8 de agosto de 2025, especificando el monto total y las partidas presupuestarias correspondientes. 2. Beneficiarios de los fondos: Nombre de las personas físicas o jurídicas que han recibido pagos relacionados con el proceso de cierre técnico, incluyendo el nombre del representante legal de las entidades jurídicas beneficiadas. 3. Procesos de licitación pública: Detalles de las licitaciones públicas realizadas para la ejecución de las obras o servicios asociados al cierre técnico, incluyendo: •Fechas de las licitaciones. •Nombres de las empresas adjudicadas. •Condiciones y montos de los contratos adjudicados. 4. Otros detalles relevantes: Cualquier información adicional que el Ministerio de Salud considere pertinente, como estudios técnicos, informes ambientales, o auditorías realizadas sobre el proceso de cierre técnico del relleno sanitario.” Por oficio CARTA-HT-DM-2230-2025 del 12 de agosto de 2025, la ministra accionada remitió al director de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental el memorial del justiciable para su atención. Mediante oficio CARTA-MS-DM-5157-2025 del 24 de setiembre de 2025, remitido al tutelado el 29 de setiembre de 2025, la ministra recurrida indicó al interesado: “…me permito comunicarle respetuosamente que, a fin de proporcionar la información peticionada completa, es necesario recopilar información de varios años, por lo que, se requiere tiempo y se consignará a su persona en un plazo prudencial”. Luego, con ocasión de la notificación de la resolución de curso a la parte accionada el 2 de diciembre de 2025, por oficio MS-DSA-UGSA-0362-2025 del 3 de diciembre de 2025, remitida ese mismo día, el ministerio accionado respondió al tutelado: “En atención a la documentación recibida por medio del oficio AEL-00312-2025 en el cual solicita un informe económico detallado que contenga lo siguiente: “1. Desglose de los fondos públicos invertidos: Un listado completo de todas las erogaciones realizadas por el Estado costarricense, desde la fecha de clausura del Relleno Sanitario de Río Azul hasta el 8 de agosto de 2025, especificando el monto total y las partidas presupuestarias correspondientes. 2. Beneficiarios de los fondos: Nombre de las personas físicas o jurídicas que han recibido pagos relacionados con el proceso de cierre técnico, incluyendo el nombre del representante legal de las entidades jurídicas beneficiadas. Le indicamos que se anexa a este oficio el archivo de Excel con nombre de archivo “Reporte Completo de facturas tramitadas de WPP” elaborado por parte de la División Administrativa - Dirección Financiera de Bienes y Servicios donde se detalla lo solicitado por su persona en los puntos 1 y 2 del oficio AEL-00312-2025. Para los siguientes incisos del oficio AEL-00312-2025 le indicamos que: 3. Procesos de licitación pública: Detalles de las licitaciones públicas realizadas para la ejecución de las obras o servicios asociados al cierre técnico, incluyendo: • Fechas de las licitaciones. • Nombres de las empresas adjudicadas. • Condiciones y montos de los contratos adjudicados. 4. Otros detalles relevantes: Cualquier información adicional que el Ministerio de Salud considere pertinente, como estudios técnicos, informes ambientales, o auditorías realizadas sobre el proceso de cierre técnico del relleno sanitario.” En relación con el punto enumerados 3 nos permitimos detallar que los procesos de licitación pública son información pública que se puede consultar en SICOP, adjuntamos imagen de la búsqueda de consulta en el sistema mencionado y en relación con el punto 4 de otros detalles relevantes le indicamos que todo lo relacionado a cada licitación está en el sistema y si requiere algo especifico deberá solicitarlo específicamente para que le sea suministrado según lo que requiere. (Inserta imagen)”.

Ahora bien, partiendo del hecho de que la gestión del amparado fue presentada el 8 de agosto de 2025 y su recepción fue confirmada por el trámite efectuado el 12 de agosto de 2025 (oficio CARTA-HT-DM-2230-2025), se evidencia que había transcurrido un plazo irrazonable para su atención al momento de interposición del amparo (18 de noviembre de 2025), pues excede claramente los parámetros del numeral 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Con respecto al oficio del 29 de setiembre de 2025 (oficio CARTA-MS-DM-5157-2025), este Tribunal recuerda que es posible comunicar al gestionante que la amplitud de la consulta implica un tiempo mayor para su atención. Sin embargo, en tales casos, es necesario señalar el plazo estimado de entrega, lo que se incumplió en este caso.

En cuanto a la atención de la gestión mediante el oficio MS-DSA-UGSA-0362-2025, el recurrente cuestiona que se remitió a la página del Sicop, en lo que concierne a la pregunta 3. En este caso, sin embargo, no se trata de una remisión genérica a un portal web, como alega el interesado, toda vez que el citado oficio incluía una imagen de la página de Sicop, donde se especificaban los números de procedimiento, su descripción y los números de solicitud de contratación, de manera que el justiciable podía acudir a tal página a extraer la información de su interés. Se explica que tal respuesta es atinente, toda vez que la solicitud del recurrente versaba sobre los “Detalles de las licitaciones públicas…” y, aunque él mencionaba algunos de tales detalles, no menos cierto es que tal petición no se limitaba a ellos, por lo que se estima adecuado que el petente extraiga de tal página la información de su interés. Finalmente, con respecto a la solicitud de auditoría judicial de los puntos 1 y 2, se indica que la disconformidad con la respuesta brindada no está cubierta por la protección constitucional del numeral 27. En caso de que el justiciable pretenda una auditoría, deberá acudir a las vías respectivas, toda vez que el proceso de amparo es incompatible con semejantes petitorias. 

En ese tanto, se considera atendida la gestión con ocasión de este proceso (notificado a la Administración accionada el 2 de diciembre de 2025), por lo que se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, según se explica de seguido.

IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Debo advertir que desde la sentencia nro. 2019002355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:

 

“…en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre238 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural  que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica  a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.

 

En el sub lite, el recurso de amparo es interpuesto a favor de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología. En virtud de lo anterior, considero que, por su naturaleza jurídica, existe una relación esencial entre la argüida afectación a una persona jurídica y la eventual lesión a una física; no obstante, por los argumentos antes explicados se debe rechazar el sub examine.

VI.- RAZONES DIFERENTES Y VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO.

 

Si bien coincido con el voto de mayoría, que declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, considero que debe ser estimado; pero imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por las siguientes razones.

El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas.  

El artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente:  

“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”. 

Por su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente:

“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”.

En el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N°  9097 del 26 de octubre de 2012,  se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa: 

“Presentación de escritos y plazo de respuesta. 

El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”. 

De este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho. 

Asimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone:  

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.  

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.  

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.

Por lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida.

Así, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales. Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo del amparado, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar al recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal y como lo habilita el precepto 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

En consecuencia, salvo parcialmente el voto, e impongo a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.

VII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

VIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

 Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Rueda Leal consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes y salva parcialmente el voto, únicamente para efectos indemnizatorios, e impone a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 O3U3B1OVPVG61

EXPEDIENTE N° 25-036064-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:04:16.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande
Normal
Pequeña
Constitutional Chamber

Resolution No. 01727 - 2026

Resolution Date: January 16, 2026, at 09:20

Case File: 25-036064-0007-CO

Drafted by: Paul Rueda Leal

Type of Matter: Amparo petition

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Text of the resolution

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Exp: 25-036064-0007-CO

Res. No. 2026001727

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the sixteenth of January, two thousand twenty-six.

An amparo petition processed under case file no. 25-036064-0007-CO, filed by Nombre35146, identity card CED16107, on behalf of the ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ECOLOGÍA against the MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:

1.- By a brief received in the Chamber on November 18, 2025, the claimant files an amparo petition. They state that, by official letter AEL-00312-2025 of August 8, 2025, sent via email to the institutional address: despacho ...784, addressed to the President of the Republic and the Minister of Health, they requested the following information: "(...) 1• An exhaustive breakdown of the public funds invested from the date of closure until August 8, 2025, with total amounts, budget items, and detailed disbursements. • The names of the natural or legal persons (personas físicas o jurídicas) who are beneficiaries of those funds, including legal representatives, to guarantee traceability and avoid corrupt opacity. • Complete details of the public procurement processes, such as dates, awarded companies, terms, and contract amounts, as an essential mechanism for citizen control. • Any additional relevant information, such as technical studies, environmental reports, or audits, indispensable for effective oversight. This petition was expressly based on Article 30 of the Political Constitution (access to public information), Law No. 10554 (Framework Law on Access to Public Information), and Article 50 of the Political Constitution (right to a healthy environment), constituting a legitimate exercise of citizen participation in defense of the public interest. (...)". On August 12 of the current year, the Minister of Health referred this request to the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health. By official letter CARTA-MS-DM-5157-2025 of September 24, 2025, signed by the Minister of Health, they were informed that: “(…) it is necessary to compile information from several years, therefore time is required and it will be delivered to you within a reasonable period (...)”. They claim that, as of the filing date of this petition, no response or any access to the requested information had been granted. They consider that the foregoing infringes upon the fundamental rights of the protected association.

2.- By resolution of 19:51 on November 28, 2025, the amparo was admitted.

3.- Under oath, Mary Denisse Munive Angermüller and Bernny Villarreal Cortés, in their capacity as Minister and Director General of Health with additional duties for the Directorate of Environmental Health, both of the Ministry of Health, report the following: “We, the undersigned, respond to this amparo petition filed by Mr. Nombre35146 against the Ministerio de Salud, judicial case file No. 25-036064-0007-CO, reporting and clarifying: FIRST: The Ministerial Office received via email on August 8, 2025, official letter AEL-00312-2025 (attached), signed by Mr. Nombre35146, representing the Asociación para el Desarrollo de la Ecología, requesting the following information: “1. Breakdown of public funds invested: A complete list of all disbursements made by the Costa Rican State, from the closure date of the Río Azul Landfill until August 8, 2025, specifying the total amount and the corresponding budget items. 2. Beneficiaries of the funds: Names of the natural or legal persons that have received payments related to the technical closure process, including the name of the legal representative of the benefited legal entities. 3. Public procurement processes: Details of the public procurements carried out for the execution of works or services associated with the technical closure, including: •Dates of the tenders. •Names of the awarded companies. •Terms and amounts of the awarded contracts. 4. Other relevant details: Any additional information that the Ministerio de Salud deems pertinent, such as technical studies, environmental reports, or audits conducted on the technical closure process of the landfill.” SECOND: With official letter CARTA-HT-DM-2230-2025 (attached), official letter AEL00312-2025 was sent via email on August 12, 2025, to the Directorate of Environmental Health, with a copy to the petitioner, so that the corresponding inputs and information could be compiled to respond to the request. THIRD: Through official letter CARTA-MS-DM-5157-2025 (attached), sent via email to the petitioner on September 29, 2025, the Ministerial Office informed them that the requested information (information from several years) is being compiled, which requires time to be gathered in order to provide a detailed and complete response to their request. FOURTH: With official letter number MS-DSA-UGSA-0362-2025, notified to the petitioner via email, to the account ...175, on December 3, 2025, the Environmental Management Unit of the Directorate of Environmental Health addressed the inquiry made by the petitioner, where they were informed: “(…) We inform you that attached to this official letter is the Excel file with the filename “Complete Report of processed WPP invoices” prepared by the Administrative Division - Financial Directorate of Goods and Services, detailing what was requested by you in points 1 and 2 of official letter AEL-00312-2025. For the following items of official letter AEL-00312-2025 we indicate that: “3. Public procurement processes: Details of the public procurements carried out for the execution of works or services associated with the technical closure, including: • Dates of the tenders. • Names of the awarded companies. • Terms and amounts of the awarded contracts. 4. Other relevant details: Any additional information that the Ministerio de Salud deems pertinent, such as technical studies, environmental reports, or audits conducted on the technical closure process of the landfill.” Regarding numbered point 3, we can detail that the public procurement processes are public information that can be consulted on SICOP, we attach an image of the search query in the mentioned system, and regarding point 4 on other relevant details, we indicate that everything related to each tender is in the system, and if you require something specific, you must request it specifically so that it can be provided according to your requirements. Link https://www.sicop.go.cr/” FIFTH: The email address used by the Ministerial Office for receiving correspondence is: ...591, and not the one used by the administered party (...78). Thus, it is clear that this Ministry has addressed the request made by the petitioner and it was notified in a timely manner. As such, we consider that no right has been violated against the petitioner”.

4.- The petitioner states: “…I appear before this Honorable Constitutional Chamber, with due respect and in exercise of my right, to vehemently, detailedly, and exhaustively reply to the joint report of the respondents (official letter CARTA-MS-DM-FR-6660-2025, of December 5, 2025), expressing my absolute disagreement with their arguments, which not only lack factual and legal basis, but also perpetuate administrative opacity and flagrantly violate my fundamental rights. This reply is based on the Political Constitution of the Republic of Costa Rica (CP), the Framework Law on Access to Public Information (Law No. 10554), the consolidated jurisprudence of this Constitutional Chamber, and the American Convention on Human Rights (ACHR), ratified by Costa Rica and with constitutional rank (Article 7 CP). I demand, with the vehemence the case warrants, that this amparo petition be GRANTED, that the immediate, complete, and detailed delivery of the requested information be ordered (without redirections to electronic links that force one to “rummage” through public databases), that the corresponding sanctions be imposed on the responsible officials for delay and obstruction, and that costs be assessed against the respondents. Below, I break down my arguments, structured by points for greater clarity and comprehensiveness. I. PRELIMINARY: ACCESS TO INFORMATION AS AN AUTONOMOUS FUNDAMENTAL RIGHT “EMANATING” FROM ALL HUMAN RIGHTS, VIOLATED BY THE ADMINISTRATIVE “CUSTOM” OF OPACITY The respondents begin their report with a laudatory listing of their institutional mission (mentioning Decreto Ejecutivo No. 40724-S and Laws No. 5395 and 5412), attempting to legitimize their actions with abstract principles such as “transparency” and “equity”. However, this rhetoric is a veil that covers up the systematic violation of the fundamental right of access to public information, recognized as autonomous by this Constitutional Chamber since its Voto Nº 4026-1995 (of September 15, 1995), where it was affirmed that Article 30 CP is not merely declarative, but judicially enforceable via amparo (Article 29 Law 7135). Moreover, as I have stated in my initial brief, access to information practically emanates from all other human rights, acting as an indispensable tool for their effective exercise. This Chamber has reiterated this in Voto Nº 20081-2019 (of December 12, 2019): “The right of access to public information is a prerequisite for the exercise of freedom of expression (Article 29 CP), citizen participation (Article 9 CP), the right to a healthy environment (Article 50 CP), and accountability (Article 11 CP)”. In the present case, the information requested about the technical closure of the Río Azul Landfill — a site of high environmental and sanitary risk— is essential to oversee the use of public funds, prevent irreversible ecological damage, and guarantee the health of vulnerable communities (Rio Azul and surroundings), interconnected rights that the respondents have ignored. The ACHR, in its Article 13.1, enshrines the “freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds” as a pillar of democracy, interpreted by the Inter-American Court of Human Rights (I/A Court H.R.) in the case of Claude Reyes et al. vs. Chile (2006) as an autonomous right of access to public information, with a state obligation to deliver complete and timely data, without delays or redirects that burden the petitioner with the search task. Costa Rica, as a State Party, is bound by this standard (Voto Nº 15478-2015 of this Chamber, incorporating the ACHR into the constitutionality bloc). The respondents, in their administrative “custom” of referring to electronic links (like SICOP), violate this mandate, turning the right into a burden for the citizen. This practice has been qualified as unconstitutional by this Chamber in Voto Nº 12845-2020 (of August 18, 2020): “Generic referral to web portals does not satisfy the duty of active and detailed delivery of information, especially when dealing with complex data such as tenders or budget expenditures, as it forces the protected party to ‘rummage’ through non-intuitive systems, frustrating the principle of timeliness and gratuity (Article 10 Law 10554)”. As of today, December 9, 2025, I have not received the complete documentation requested, despite the notification of official letter MS-DSA-UGSA-0362-2025 of December 3, 2025, which only attaches a partial Excel file (points 1 and 2) and refers to SICOP for points 3 and 4. This is not “timely attention”, as the respondents allege, but deliberate obstruction, deserving of sanction (Article 25 Law 10554, which imposes suspensions on officials for delay). II. DETAILED ANALYSIS OF THE RESPONDENTS' REPORT: FACTUAL AND LEGAL FALLACIES THAT CONFIRM THE VIOLATION Let us examine point by point the report of the respondents, dismantling their arguments with the exhaustiveness the case demands: FIRST: Receipt of the request (August 8, 2025). Correct in fact: They received my official letter AEL-00312-2025 via email to ...784 (not to their official email, as they allege in the FIFTH point —a minor error, but indicative of administrative disorganization). However, they omit that this channel is valid under the principle of facilitation (Article 5 Law 10554), since the right of petition (Article 27 CP) is not limited to institutional channels. Jurisprudence: Voto Nº 8765-2018 (of June 20, 2018), where this Chamber ordered the processing of requests sent to presidential emails because they were “of public environmental interest”. The “custom” of ignoring alternate channels perpetuates citizen exclusion. SECOND: Internal referral (August 12, 2025). The referral to the Directorate of Environmental Health is procedurally correct (Article 9 Law 10554 allows internal transfers within 3 business days), but does not exempt from the overall response deadline: 10 business days maximum from initial receipt (Article 10 Law 10554), exceptionally extendable to 30 days with a reasoned justification. Here, more than 115 days elapsed until the partial response on December 3, without a notified formal extension. Flagrant violation of the principle of timeliness (Voto Nº 14567-2022, of September 15, 2022: “Unjustified delays constitute tacit denial, warranting protection through amparo”). THIRD: “Compilation in progress” (September 29, 2025). Official letter CARTA-MS-DM-5157-2025 mentions “reasonable period” due to “information from several years”. This is a generic excuse, not a specific justification (Article 10, clause 2, Law 10554 requires “detailed reasons” for extensions). The alleged complexity (closure of Río Azul since 2007) does not exempt: This Chamber has ordered similar deliveries in environmental cases, such as Voto Nº 00175-2017 (of January 13, 2017, about Río Azul itself), where access to technical reports from the Ministerio de Salud was protected for “public interest in environmental health”. The delay here is arbitrary, violating Article 11 CP (prohibition of administrative arbitrariness). FOURTH: Partial response of December 3, 2025. • Points 1 and 2 (expenditures and beneficiaries): They attach an Excel file (“Complete Report of processed WPP invoices”), but I do not verify its exhaustiveness (from closure in 2007 to August 2025, with total amounts, items, and legal representatives). I demand a judicial audit to confirm whether it covers “all public funds invested”, as requested. If it is incomplete, it constitutes partial denial (Voto Nº 9876-2021, of July 10, 2021). • Points 3 and 4 (tenders and relevant details): They refer to SICOP (https://www.sicop.go.cr/) with a “search image”, alleging that it is “public information available for consultation”. This is the essence of the violation: Forcing me to “rummage” through a public system, without delivering specific details (dates, awarded companies, amounts, terms, technical studies, audits). Law 10554 (Article 16) obligates proactive publication of tenders, but individual access requires active delivery (Voto Nº 20345-2023, of October 5, 2023: “Referring to SICOP without data extraction violates the duty of facilitation, especially in matters of citizen anti-corruption control”). In the context of Río Azul —with a history of opacity (Votos Nº 07524-2006 and 08001-1997 on irregular closure)—, this referral is a vehement obstruction of environmental oversight (Article 50 CP). The I/A Court H.R., in Claude Reyes, emphasized that States must “facilitate effective access”, not delegate it to the petitioner. Costa Rica fails to meet this Inter-American standard. FIFTH: “Incorrect” email. Insubstantial: Article 8 of Law 10554 allows any reliable means for petitions. Ignoring the presidential email because it is “not official” is excessive formalism, contrary to the pro persona principle (Article 28 CP). In summary, the respondents' report admits the delay (115+ days) and confesses the incomplete referral, attempting to exonerate themselves with institutional rhetoric. This is not “attention”, but a continuous violation of Article 30 CP, warranting protection through amparo (recent Voto Nº 459-2024, on the record of amparos for opacity in 2025)”.

5.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Judge Rueda Leal; and,

Considerando:

I.- Purpose of the petition. The petitioner requested information from the respondent ministry. They allege that they have not received such information.

II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent failed to refer to them, as provided in the initial order:

a) Through note no. AEL-00312-2025 of August 8, 2025, received that day, the petitioner requested the following from the respondent Ministry: “…a detailed economic report containing the following: 1. Breakdown of public funds invested: A complete list of all disbursements made by the Costa Rican State, from the closure date of the Río Azul Landfill until August 8, 2025, specifying the total amount and the corresponding budget items. 2. Beneficiaries of the funds: Names of the natural or legal persons that have received payments related to the technical closure process, including the name of the legal representative of the benefited legal entities. 3. Public procurement processes: Details of the public procurements carried out for the execution of works or services associated with the technical closure, including: •Dates of the tenders. •Names of the awarded companies. •Terms and amounts of the awarded contracts. 4. Other relevant details: Any additional information that the Ministerio de Salud deems pertinent, such as technical studies, environmental reports, or audits conducted on the technical closure process of the landfill.” (See the report rendered and evidence provided).

b) By official letter CARTA-HT-DM-2230-2025 of August 12, 2025, the respondent minister forwarded the claimant's memorandum to the director of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health for its handling. (See the report rendered and evidence provided).

c) Through official letter CARTA-MS-DM-5157-2025 of September 24, 2025, sent to the protected party on September 29, 2025, the respondent minister indicated to the interested party: “…I respectfully inform you that, in order to provide the complete petitioned information, it is necessary to compile information from several years, therefore time is required and it will be delivered to you within a reasonable period”. (See the report rendered and evidence provided).

d) The order admitting this process was notified to the respondent party on December 2, 2025. (The record).

e) By official letter MS-DSA-UGSA-0362-2025 of December 3, 2025, sent that same day, the respondent ministry responded to the protected party: “In response to the documentation received through official letter AEL-00312-2025 requesting a detailed economic report containing the following: “1. Breakdown of public funds invested: A complete list of all disbursements made by the Costa Rican State, from the closure date of the Río Azul Landfill until August 8, 2025, specifying the total amount and the corresponding budget items. 2. Beneficiaries of the funds: Names of the natural or legal persons that have received payments related to the technical closure process, including the name of the legal representative of the benefited legal entities. We inform you that attached to this official letter is the Excel file with the filename “Complete Report of processed WPP invoices” prepared by the Administrative Division - Financial Directorate of Goods and Services, detailing what was requested by you in points 1 and 2 of official letter AEL-00312-2025. For the following items of official letter AEL-00312-2025 we indicate that: 3. Public procurement processes: Details of the public procurements carried out for the execution of works or services associated with the technical closure, including: • Dates of the tenders. • Names of the awarded companies. • Terms and amounts of the awarded contracts. 4. Other relevant details: Any additional information that the Ministerio de Salud deems pertinent, such as technical studies, environmental reports, or audits conducted on the technical closure process of the landfill.” Regarding numbered point 3, we can detail that the public procurement processes are public information that can be consulted on SICOP, we attach an image of the search query in the mentioned system, and regarding point 4 on other relevant details, we indicate that everything related to each tender is in the system, and if you require something specific, you must request it specifically so that it can be provided according to your requirements. (Inserts image)”. (See the report rendered and evidence provided).

III.- On the specific case. In the sub examine, the petitioner requested information from the respondent ministry. They allege that they have not received such information.

Having analyzed the record, the Chamber deemed it proven that, through note no. AEL-00312-2025 of August 8, 2025, received that day, the petitioner requested the following from the respondent Ministry: “…a detailed economic report containing the following: 1. Breakdown of public funds invested: A complete list of all disbursements made by the Costa Rican State, from the closure date of the Río Azul Landfill until August 8, 2025, specifying the total amount and the corresponding budget items. 2. Beneficiaries of the funds: Names of the natural or legal persons that have received payments related to the technical closure process, including the name of the legal representative of the benefited legal entities. 3. Public procurement processes: Details of the public procurements carried out for the execution of works or services associated with the technical closure, including: •Dates of the tenders. •Names of the awarded companies. •Terms and amounts of the awarded contracts. 4. Other relevant details: Any additional information that the Ministerio de Salud deems pertinent, such as technical studies, environmental reports, or audits conducted on the technical closure process of the landfill.” By official letter CARTA-HT-DM-2230-2025 of August 12, 2025, the respondent minister forwarded the claimant's memorandum to the director of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health for its handling. Through official letter CARTA-MS-DM-5157-2025 of September 24, 2025, sent to the protected party on September 29, 2025, the respondent minister indicated to the interested party: “…I respectfully inform you that, in order to provide the complete petitioned information, it is necessary to compile information from several years, therefore time is required and it will be delivered to you within a reasonable period”. Later, on the occasion of the notification of the admission order to the respondent party on December 2, 2025, by official letter MS-DSA-UGSA-0362-2025 of December 3, 2025, sent that same day, the respondent ministry responded to the protected party: “In response to the documentation received through official letter AEL-00312-2025 requesting a detailed economic report containing the following: “1. Breakdown of public funds invested: A complete list of all disbursements made by the Costa Rican State, from the closure date of the Río Azul Landfill until August 8, 2025, specifying the total amount and the corresponding budget items. 2. Beneficiaries of the funds: Names of the natural or legal persons that have received payments related to the technical closure process, including the name of the legal representative of the benefited legal entities. We inform you that attached to this official letter is the Excel file with the filename “Complete Report of processed WPP invoices” prepared by the Administrative Division - Financial Directorate of Goods and Services, detailing what was requested by you in points 1 and 2 of official letter AEL-00312-2025. For the following items of official letter AEL-00312-2025 we indicate that: 3. Public procurement processes: Details of the public procurements carried out for the execution of works or services associated with the technical closure, including: • Dates of the tenders. • Names of the awarded companies. • Terms and amounts of the awarded contracts. 4. Other relevant details: Any additional information that the Ministerio de Salud deems pertinent, such as technical studies, environmental reports, or audits conducted on the technical closure process of the landfill.” Regarding numbered point 3, we can detail that the public procurement processes are public information that can be consulted on SICOP, we attach an image of the search query in the mentioned system, and regarding point 4 on other relevant details, we indicate that everything related to each tender is in the system, and if you require something specific, you must request it specifically so that it can be provided according to your requirements. (Inserts image)”.

Now, starting from the fact that the protected party's request was submitted on August 8, 2025, and its receipt was confirmed by the action taken on August 12, 2025 (official letter CARTA-HT-DM-2230-2025), it is evident that an unreasonable period had elapsed for its handling by the time the amparo was filed (November 18, 2025), as it clearly exceeds the parameters of numeral 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Regarding the official letter of September 29, 2025 (official letter CARTA-MS-DM-5157-2025), this Court recalls that it is possible to inform the petitioner that the breadth of the inquiry requires more time for its handling. However, in such cases, it is necessary to indicate the estimated delivery deadline, which was breached in this case.

As for the handling of the request through official letter MS-DSA-UGSA-0362-2025, the petitioner questions that they were referred to the Sicop website concerning question 3. In this case, however, it is not a generic referral to a web portal, as the interested party alleges, since the cited official letter included an image from the Sicop page, where the procedure numbers, their description, and the contract request numbers were specified, so the claimant could go to said page to extract the information of their interest. It is explained that such a response is pertinent, as the petitioner's request concerned the “Details of the public procurements…” and, although they mentioned some such details, it is no less true that such a petition was not limited to them, so it is deemed appropriate for the petitioner to extract the information of their interest from said page. Finally, regarding the request for a judicial audit of points 1 and 2, it is indicated that disagreement with the response provided is not covered by the constitutional protection of numeral 27. Should the claimant seek an audit, they must resort to the respective channels, since the amparo process is incompatible with such petitions.

In this respect, the request is considered addressed upon this process (notified to the respondent Administration on December 2, 2025), and therefore the petition is granted, without special award of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios), as explained below.

IV.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION. Under better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the petition shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.”), the granting must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the petition is granted, when the harm is resolved while the amparo is pending, it is no less true that that same paragraph in fine states that the granting is ordered “solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.”

It is emphasized that the Law states "if they are applicable (si fueren procedentes)," which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appraisal, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the appealed authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to an impact on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: “any resolution that grants the remedy shall condemn in abstract to the compensation for the damages and losses (daños y perjuicios) caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of General Public and Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in their order, the General Law of Public Administration and the Administrative Contentious Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cfr. Article 14-. For the administrative-contentious jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Administrative Contentious Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if it so chooses, to a plenary proceeding in order to demonstrate that it has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority opinion to resolve this remedy without condemnation in costs, damages, and losses.

V.- NOTE BY MAGISTRATE RUEDA LEAL. I must warn that since judgment no. 2019002355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, my position has been the following regarding amparo remedies when they have been filed on behalf of a legal entity (persona jurídica):

 
“…in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that “Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons (personas físicas), so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.” On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court ordered that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case of Nombre238 and others v. Venezuela); however, in order for this to be protectable before the inter-American system, “the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person who requires protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, because a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons are effectively being protected and not those of the legal entities. Indeed, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities of the legal entity, so that said participation relates substantially to the rights alleged to have been violated.” (emphasis added) (AO. 22/16)”.

 
In the sub lite, the amparo remedy is filed on behalf of the Asociación para el Desarrollo de la Ecología. By virtue of the foregoing, I consider that, due to its legal nature, there is an essential relationship between the alleged impact on a legal entity and the eventual injury to a natural person; however, for the reasons explained above, the sub examine must be rejected.

VI.- DIFFERENT REASONS AND PARTIALLY DISSENTING VOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO.

 
Although I agree with the majority vote, which grants the remedy for violation of the right of petition and prompt response (derecho de petición y pronta respuesta), I consider that it should be granted, but imposing on the appealed party the payment of costs, as well as compensation for the damages and losses caused, for the following reasons.

The right of petition and prompt response, contained in Articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, obliges public officials to resolve the requests of the administered parties within a period of ten business days from the date of presentation of such proceedings, unless a different period for responding has been indicated. However, Article 32 cited also provides that, in the decision on the petition, the Chamber will assess the reasons adduced to consider said period insufficient, taking into account the circumstances and the nature of the matter. In any case, the Administration is obliged to inform the petitioner of the causes for the delay in issuing a ruling. For the purposes of this analysis, it is relevant to bear in mind what is indicated by the rules cited above.

Article 27 of the Political Constitution establishes the following:  

“The freedom of petition is guaranteed, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution.”

For its part, numeral 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the following:

“When the amparo refers to the right of petition and to obtain a prompt resolution, established in Article 27 of the Political Constitution, and there is no specific period set for responding, it shall be understood that the violation occurs after ten business days have elapsed from the date the request was filed in the administrative office, without prejudice to the fact that, in the decision on the remedy, the reasons adduced to consider that period insufficient are assessed, taking into account the circumstances and the nature of the matter.”

In the same vein, Law No. 9097 on the Regulation of the Right of Petition of October 26, 2012, establishes that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution, for those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. It is relevant to bear in mind what is indicated in numeral 6 of said regulation:  

“Filing of documents and response period.

The document in which the petition is submitted and any other documents and communications provided to the corresponding public administration, as indicated in Article 2 of this law, shall oblige the administration to acknowledge receipt thereof, and it must respond within the non-extendable period of ten business days counted from the day after receipt, provided the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with the organizational norm of each entity…”.

In this way, in amparo remedies referring to the alleged injury to this right, there is an express legal norm -constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction- that orders the required information to be provided within the ten business days following its request, as provided by Articles 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction and 27 of the Political Constitution, as indicated above. Additionally, said period is reiterated in Article 6 of Law No. 9097, which reinforces the legislator's intention regarding the protection of this right.

Likewise, the Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 51, provides:  

“...any resolution that grants the remedy shall condemn in abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”

This latter norm establishes the general system that regulates matters concerning compensation and the payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…”.

Consequently, in the case at hand, the violation of the constitutionally endorsed ten-day period is verified -which, incidentally, is not required for the rest of the amparo remedies, except for that of rectification and response (numeral 68 of the Law of Constitutional Jurisdiction)-.

Therefore, what is appropriate in this regard, and with due respect for the majority's thesis, is to consider the injury to the right of petition and prompt response, as well as the right of access to public information (Article 30, Constitutional), which guarantees free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest, as proven, ordering the condemnation in costs, damages, and losses against the appealed authority.

Thus, being a constitutionally endorsed period -both by the legislator and by this Constitutional Court-, its non-compliance entails an injury to the fundamental right indicated, which prompted the appealing party to formulate this amparo remedy as a mechanism for obtaining a response to its proceeding or access to the information it has required, regardless of whether the response or the delivery of information occurred before or on the occasion of the amparo; because, the truth is that the administered party ultimately saw its constitutional right satisfied on the occasion of filing the amparo remedy it was forced to present, with the inconveniences and costs this entails. It is reiterated, the response or access provided by the appealed Administration that occurs after the expiration of the period in question, even if it occurs before notification of the course of the amparo, or, as in this case, on the occasion of the communication of said course, does not constitute a timely fulfillment of the obligation imposed by ordinals 27 and 30 Constitutional. It is clear that in that hypothesis, that extemporaneous response implies satisfaction of the protected party's claim, but this is not an obstacle to the recognition of the damages and losses that such indifference may have caused to the appellant, as well as the costs associated with the exercise of this procedural action, necessary for the safeguarding of their fundamental rights, as enabled by precept 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction.

Consequently, I partially dissent from the vote, and impose on the defendant party the payment of costs, damages, and losses.

VII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS. REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if these are applicable.”

My interpretation of that norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if these are applicable” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Administrative Contentious Procedural Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs.

Certainly, under the terms of Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not compensatory but restitutory; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution that grants the remedy shall condemn in abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, condemnation in abstract of these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title –derived from this proceeding– to claim them, with which Article 41 of the CP could be violated. If despite there being a condemnation in abstract, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary jurisdiction shall so declare, as only they are responsible for taking as proven the actual existence and magnitude of the same.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when faced with an amparo remedy. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn in costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the condemnation in damages and losses, but not the condemnation in costs.

VIII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained on any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch” ("Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial"), approved by the Full Court in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Superior Council of the Judicial Branch, approved in Article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012.

Por tanto:

The remedy is granted (Se declara con lugar el recurso), without special condemnation in costs, damages and losses. Magistrate Rueda Leal records a note. Magistrate Salazar Alvarado records different reasons and partially dissents from the vote, solely for compensation purposes, and imposes on the defendant party the payment of costs, damages and losses. Magistrate Garro Vargas partially dissents from the vote and orders the condemnation in damages and losses, but not the condemnation in costs. Notify.

 
 

	
Fernando Castillo V.

Presidente

	
 




Fernando Cruz C.

	
 

	
Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	
 

	
Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	
 

	
Ingrid Hess H.

 
 

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