Res. 01872-2026 Sala Constitucional — Water availability for legal entity not protectable via amparoDisponibilidad de agua para persona jurídica no tutelable en amparo

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 01872 - 2026

Fecha de la Resolución: 16 de Enero del 2026 a las 09:20

Expediente: 25-038585-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución



Exp: 25-038585-0007-CO

Res. Nº 2026001872

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del dieciseis de enero de dos mil veintiseis .

 

Recurso de amparo promovido por Nombre100044, cédula de identidad CED55911 en representación de la sociedad APARTAMENTOS EUROPEOS EN LIBERIA, S.R.L., cédula jurídica CED55912, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

RESULTANDO:

 1.- Mediante memorial presentado a las 9:33 horas de 10 de diciembre de 2025, la recurrente promovió recurso de amparo, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, pues, según afirma, el 8 de octubre de 2025, en condición de apoderada general de la sociedad Apartamentos Europeos en Liberia, S.R.L., formuló una solicitud de disponibilidad de agua potable a favor de su representada, a través del correo electrónico ante la sucursal de la Región Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a pesar de que posteriormente el 10 de octubre de 2025 la funcionaria Andrea María Elizondo Rojas comunicó que la solicitud había sido registrada bajo el número de trámite 2025-00102782-1 a nombre de su representada, a la fecha en la que acude en amparo dicha gestión no ha sido resuelta. Recalca que el 27 de octubre de 2025 dio seguimiento al trámite y se le informó que el caso seguía en estudio, por lo que ante la falta de respuesta y resolución sobre su solicitud el 5 de noviembre de 2025 realizó un nuevo seguimiento vía correo electrónico y el 6 de noviembre se le reiteró que la solicitud continuaba en trámite. Enfatiza que han transcurrido más de cuarenta días hábiles desde la presentación de la solicitud sin que el AyA haya emitido resolución alguna, lo que constituye una omisión administrativa que vulnera el derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, así como el derecho de acceso al agua, indispensable para la ejecución del proyecto de la sociedad solicitante. En virtud de lo expuesto solicita se declare con lugar el presente recurso y se ordene lo que en derecho corresponda.

 2.- Por resolución de las 14:05 horas de 12 de diciembre de 2025 se dio curso al recurso y se requirió un informe al gerente general y al jefe de la Oficina Cantonal de Liberia de la Región Chorotega, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sobre los hechos acusados.

 3.- Informa bajo juramento José Darío Guzmán Álvarez y Eliecer Edgardo Robles Vargas,  en su condición de gerente general y de director de la Región Chorotega, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que si bien es cierto lo argumentado es importante indicar que la respuesta sobre la gestión solicitada existen, varios aspectos que no están en poder de un solo servidor público, requiriendo para el ejercicio de las competencias y responsabilidades propias del rol y cargo que ostente cada persona servidora pública y para el caso bajo estudio en referencia al inmueble finca folio real 5-0270520-000, con el plano catastro G-0050587-2024, dado que es un asunto complejo es sumamente necesario y relevante contar con los criterios técnicos de las áreas especializadas en cada ámbito, lo anterior en estricto respeto de las competencias asignadas a cada órgano de la Administración Pública y a lo interno de AyA, la unidad cantonal de Liberia, es de carácter ejecutor y se debe a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, de ahí que sus prioridades sobre el interés público versan principalmente por atender la correcta operación y mantenimiento de los sistemas, ahora bien lo cierto es que existen procesos -como es el de disponibilidad de servicios- que requieren un abordaje inter y transdisciplinario que involucra a otras instancias institucionales quienes no dependen directamente a una sola área , es decir, que aun cuando AyA es una sola Institución, ha requerido desagregar sus procesos a fin de asegurar una adecuada gestión y control interno de las diferentes y diversas actividades que en ella se desarrollan, una certificación de disponibilidad de servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario positiva constituye un acto administrativo que permitiría un eventual nuevos servicios de agua potable y /o alcantarillado sanitario al tiempo que permite al administrado desembocar una serie de procesos ante otras instancias de la Administración Pública, por tanto la constancia de disponibilidad es uno de los documentos más poderosos que genera y emite AyA en el ejercicio de sus competencias y el cual conlleva una serie de trámites todo conforme a la normativa que nos rige. Por otro lado el Reglamento para la Prestación de Servicios de AyA establece el siguiente concepto (art. 5):

“Análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios: Proceso de verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio. Para tales efectos se deberán de observar las siguientes condiciones:

Que las redes de distribución y de recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio. Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para otorgar nuevos servicios. Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos. Que cumple con la normativa ambiental correspondiente. Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua: Existencia real y actual, no futura ni potencial, de las obras e infraestructura global necesaria y capacidad hídrica de abastecimiento para solventar las necesidades de servicios de una población determinada […] Estudio Técnico: Estudio que permite proponer y analizar diferentes opciones técnicas para la prestación de los servicios. Además, admite la verificación de la factibilidad técnica de cada opción y la escogencia de la mejor alternativa.”

 

 Conforme al trámite correspondiente y luego de obtener los criterios técnicos por parte del área de ingeniería al ser las 13:54 horas de 17 de diciembre de 2025 se notificó a la recurrente de forma efectiva y como corresponde la solicitud de disponibilidad de servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario para el inmueble con la finca folio real 5-0270520---000, plano Catastro G-0050587-2024. Como se deriva de las consideraciones anteriores, y de acuerdo con lo descrito en el informe, GSP-RCH-CL-2025-01038, con fecha del 18 diciembre 2025, así como las evidencias que se adjuntan en este informe para la comprobación correspondiente, queda debidamente acreditado, que lo actuado por la cantonal de Liberia, ha sido en estricto apego y observancia con las posibilidades técnicas y jurídicas establecidas en el marco constitucional por el principio de legalidad, asimismo el trámite de respuesta se le brindo a la recurrente el 17 de diciembre de 2025, dando por finalizada la gestión realizada ante el instituto

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

CONSIDERANDO:

 I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente acota que el pasado 8 de octubre de 2025, formuló una solicitud de disponibilidad de agua potable en favor de la sociedad amparada, ante la sucursal de la Región Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; sin embargo, al momento en el que planteó este recurso, el recurrido no se ha pronunciado sobre esa solicitud. Afirma que ese proceder es contrario a los derechos fundamentales de su representada.

II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) Mediante correo electrónico de 8 de octubre de 2025, la recurrente, en su condición de apoderada general de la sociedad Apartamentos Europeos en Liberia, S.R.L., formuló una solicitud de disponibilidad de agua potable a favor de su representada, ante la sucursal de la Región Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (copias adjuntas al libelo de interposición). 2) Mediante correo electrónico de las 8:08 horas de 8 de octubre de 2025 se acusó el recibido de esa solicitud (copias adjuntas al libelo de interposición). 3) El 16 de diciembre de 2025 se notificó el auto de traslado a la Gerencia General del ente recurrido (actas de notificación visibles en el Historial de Acontecimientos del Expediente Electrónico). 4) Mediante la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2025-00102782-1-2-NCCH de 17 de diciembre de 2025 se conoció y rechazó la solicitud de la recurrente (informe rendido bajo juramento y copias adjuntas). 5) El 17 de diciembre de 2025 se notificó esa constancia a la sociedad amparada (informe rendido bajo juramento y copias adjuntas).

IV.- CASO CONCRETO. Ciertamente, el 8 de octubre de 2025, la recurrente formuló una solicitud de disponibilidad de agua potable a favor de la sociedad Apartamentos Europeos en Liberia, S.R.L., ante la sucursal de la Región Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como que por correo electrónico de las 8:08 horas de ese mismo día se acusó el recibido de dicha solicitud. Esta Sala ha tutelado reclamos relativos a la falta de dotación de agua, cuando la solicitud es para uso personal habitacional, para suplir necesidades básicas como parte del derecho humano a la vida y la salud, no así, cuando se trata de reclamos efectuados por personas jurídicas, para el desarrollo de una actividad económica como es el desarrollo turístico, cuyos fines son comerciales. No indica la actora en la interposición, ni consta en la prueba que aporta que se trate de un proyecto de vivienda a título personal. De ahí que al margen de que con ocasión de la notificación del auto de traslado se haya denegado la disponibilidad, lo reclamado no resulta admisible de ser conocido en esta jurisdicción, puesto que el servicio de agua reclamado no es para uso domiciliar personal, sino para comercializar un bien inmueble con un desarrollo inmobiliario (véase en ese sentido la sentencia nro. 2019025416 de las 10:45 horas de 20 de diciembre de 2019). En todo caso, según se pudo constatar en la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2025-00102782-1-2-NCCH, la misma se denegó, al estimar que: “… Según inspección de campo se determina que no hay espejo catastral entre la Certificación Literal y el Plano Catastro, En consulta realizada al Área Funcional de Urbanizaciones de nuestra Institución, el proyecto no cuenta con Carta de Recepción de Obras , por tal razón, se deben atender todos aquellos aspectos que se encuentran pendientes previos al otorgamiento de disponibilidades …”. En consecuencia, lo procedente es desestimar el recurso.

V.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Sostengo que este asunto se debe rechazar de plano, por cuanto la parte accionante plantea el recurso de amparo a favor de una persona jurídica. De importancia para el sub examine, en el voto salvado que consigné en la sentencia n. º 2019-2355 de las 9:30 horas de 12 de febrero de 2019 sostuve: 

“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre32579 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”. 

En mi criterio, la lectura de la Ley de la Jurisdicción Constitucional obliga a la misma ratio de la hermenéutica convencional supracitada respecto a todo derecho fundamental. Así, en un proceso de constitucionalidad formulado a favor de una persona jurídica, su admisión para estudio exige una relación esencial y directa entre la persona jurídica que aduce verse afectada por alguna vulneración al orden constitucional y la persona natural que por tal lesión viene a ver menoscabado, de forma refleja pero directa, algún derecho fundamental. Ahora, para tales efectos es insuficiente la mera referencia a una conexión o vínculo entre la persona jurídica y la natural para poder colegir que, precisamente, por medio del proceso de constitucionalidad se esté procurando el resguardo de los derechos fundamentales de la última, no meramente los de la primera. El requerimiento antedicho deviene entonces un presupuesto sine qua non para la procedencia del control de constitucionalidad por parte de esta jurisdicción. A partir de lo expuesto, coligo que esta debe ser la pauta con que se debe interpretar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de manera que en el sub iudice deviene improcedente la aplicación del control jurisdiccional de constitucionalidad, puesto que, con base en la prueba que consta en autos, no se ha demostrado el vínculo esencial entre la persona jurídica amparada y alguna natural, de modo específico, en relación con el presunto derecho agraviado.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

 Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Rueda Leal salva el voto y rechaza de plano el recurso. Notifíquese.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 D64UWIXWD9861

EXPEDIENTE N° 25-038585-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:04:01.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande
Normal
Pequeña
Constitutional Chamber

Resolution No. 01872 - 2026

Resolution Date: January 16, 2026, at 09:20

Case File: 25-038585-0007-CO

Drafted by: Ingrid Hess Herrera

Type of Matter: Amparo action

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER


Text of the Resolution



Exp: 25-038585-0007-CO

Res. No. 2026001872

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the sixteenth of January, two thousand twenty-six.

Amparo action brought by Nombre100044, identification card number CED55911, representing the company APARTAMENTOS EUROPEOS EN LIBERIA, S.R.L., legal identification number CED55912, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

WHEREAS:

1.- Through a brief filed at 9:33 a.m. on December 10, 2025, the petitioner brought an amparo action against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, because, as she claims, on October 8, 2025, in her capacity as general attorney-in-fact for the company Apartamentos Europeos en Liberia, S.R.L., she submitted a request for potable water availability (disponibilidad de agua potable) on behalf of her principal, via email to the Chorotega Region branch of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and even though on October 10, 2025, official Andrea María Elizondo Rojas subsequently communicated that the request had been registered under processing number 2025-00102782-1 in her principal's name, as of the date she files this amparo, that proceeding has not been resolved. She emphasizes that on October 27, 2025, she followed up on the proceeding and was informed that the matter was still under review, and thus, due to the lack of response and resolution on her request, she made a new follow-up via email on November 5, 2025, and on November 6, it was reiterated that the request remained in process. She stresses that more than forty business days have elapsed since the request was filed without AyA having issued any resolution, which constitutes an administrative omission that violates the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, as well as the right of access to water, essential for the execution of the requesting company's project. Based on the foregoing, she requests that this action be granted and that what is legally appropriate be ordered.

2.- By resolution issued at 2:05 p.m. on December 12, 2025, the action was admitted and a report was requested from the general manager and the head of the Liberia Cantonal Office of the Chorotega Region, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, regarding the alleged facts.

3.- José Darío Guzmán Álvarez and Eliecer Edgardo Robles Vargas, in their capacities as general manager and director of the Chorotega Region, respectively, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, report under oath that, although what has been argued is true, it is important to note that several aspects of the response to the requested proceeding are not within the purview of a single public servant, requiring the exercise of the competencies and responsibilities inherent to the role and position held by each public servant. For the case under review, referring to the property registered under folio real 5-0270520-000, with cadastral map G-0050587-2024, given that it is a complex matter, it is extremely necessary and relevant to have the technical criteria of the specialized areas in each field, in strict respect of the competencies assigned to each body of the Public Administration and internally within AyA. The cantonal unit of Liberia is executive in nature and is dedicated to the provision of potable water and sanitation services; hence, its public interest priorities lie primarily in attending to the correct operation and maintenance of the systems. That said, the truth is that there are processes—such as service availability—that require an inter- and transdisciplinary approach involving other institutional bodies that do not depend directly on a single area. That is, even though AyA is a single Institution, it has had to disaggregate its processes to ensure adequate management and internal control of the different and diverse activities carried out within it. A positive certification of availability of potable water and/or sanitary sewerage services constitutes an administrative act that would allow for eventual new potable water and/or sanitary sewerage services, while allowing the administered party to trigger a series of processes before other bodies of the Public Administration. Therefore, the certificate of availability is one of the most powerful documents that AyA generates and issues in the exercise of its competencies, and it entails a series of procedures, all in accordance with the regulations that govern us. On the other hand, the Reglamento para la Prestación de Servicios de AyA establishes the following concept (Art. 5):

“Technical feasibility analysis for the granting of services: Process of verifying the real and current existence of sufficient water, hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources to grant the availability and eventual connection of the service. For such purposes, the following conditions must be observed:

That the distribution and collection networks pass in front of the property's boundaries or have direct access via public road or easement (servidumbre) of passage for the property for which a service is requested. That the systems have sufficient water, hydraulic, potabilization, and treatment capacity to grant new services. That the system complies with the established quality attributes. That it complies with the corresponding environmental regulations. Availability of service for water supply: Real and current, not future or potential, existence of the necessary global works and infrastructure and water supply capacity to meet the service needs of a given population […] Technical Study: Study that allows for proposing and analyzing different technical options for the provision of services. Furthermore, it allows for verifying the technical feasibility of each option and choosing the best alternative.”

In accordance with the corresponding proceeding and after obtaining the technical criteria from the engineering area, at 1:54 p.m. on December 17, 2025, the petitioner was effectively and properly notified of the request for availability of potable water and/or sanitary sewerage services for the property with folio real 5-0270520---000, cadastral map G-0050587-2024. As derived from the preceding considerations, and in accordance with what is described in report GSP-RCH-CL-2025-01038, dated December 18, 2025, as well as the evidence attached to this report for the corresponding verification, it is duly accredited that the actions taken by the Liberia cantonal office have been in strict adherence to and observance of the technical and legal possibilities established within the constitutional framework by the principle of legality. Likewise, the response procedure was provided to the petitioner on December 17, 2025, thereby concluding the proceeding initiated before the institute.

4.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

WHEREAS:

I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner notes that on October 8, 2025, she submitted a request for potable water availability on behalf of the protected company, before the Chorotega Region branch of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; however, at the time she filed this action, the respondent had not issued a ruling on that request. She claims that this conduct is contrary to her principal's fundamental rights.

II.- PROVEN FACTS. Relevant to the decision on this amparo, the following are deemed proven: 1) By email dated October 8, 2025, the petitioner, in her capacity as general attorney-in-fact for the company Apartamentos Europeos en Liberia, S.R.L., submitted a request for potable water availability on behalf of her principal, before the Chorotega Region branch of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (copies attached to the filing brief). 2) By email sent at 8:08 a.m. on October 8, 2025, receipt of that request was acknowledged (copies attached to the filing brief). 3) On December 16, 2025, the order granting leave was notified to the General Management of the respondent entity (notification records visible in the Event History of the Electronic Case File). 4) Through the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewerage Services SIGDD-2025-00102782-1-2-NCCH dated December 17, 2025, the petitioner's request was acknowledged and rejected (report rendered under oath and attached copies). 5) On December 17, 2025, that certificate was notified to the protected company (report rendered under oath and attached copies).

IV.- SPECIFIC CASE. Indeed, on October 8, 2025, the petitioner submitted a request for potable water availability on behalf of the company Apartamentos Europeos en Liberia, S.R.L., before the Chorotega Region branch of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and receipt of said request was acknowledged by email at 8:08 a.m. that same day. This Chamber has protected claims related to the lack of water provision when the request is for personal residential use, to supply basic needs as part of the human right to life and health, but not when it involves claims made by legal entities for the development of an economic activity such as tourism development, whose purposes are commercial. The plaintiff does not state in the filing, nor is it evident in the evidence she provides, that this is a personal housing project. Hence, regardless of the fact that the availability was denied on the occasion of the notification of the order granting leave, what is claimed is not admissible for consideration in this jurisdiction, since the water service requested is not for personal household use, but rather to commercialize real estate with a real estate development (see in this regard judgment no. 2019025416 of 10:45 a.m. on December 20, 2019). In any case, as could be verified in the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewerage Services SIGDD-2025-00102782-1-2-NCCH, it was denied, considering that: “… According to a field inspection, it is determined that there is no cadastral correlation between the Literal Certification and the Cadastral Map. Upon consultation with the Functional Area for Urbanizations of our Institution, the project does not have a Works Reception Letter; for this reason, all those aspects that are pending prior to the granting of availabilities must be addressed …”. Consequently, dismissing the action is the appropriate course.

V.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE RUEDA LEAL. I maintain that this matter should be rejected outright, as the plaintiff files the amparo action on behalf of a legal entity. Of relevance to the sub examine, in the dissenting vote I recorded in judgment No. 2019-2355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, I held:

“in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that ‘Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty’. On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court ruled that, in certain specific contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as happened in the case of Nombre32579 et al. v. Venezuela); however, for this to be protectable before the inter-American system, ‘the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person who requires protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons are indeed being protected and not those of the legal entities. Indeed, it must be proven beyond the mere participation of the natural person in the activities specific to the legal entity, such that said participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.’ (emphasis added) (OC. 22/16)”.

In my view, the reading of the Ley de la Jurisdicción Constitucional mandates the same ratio as the aforementioned conventional hermeneutics regarding every fundamental right. Thus, in a constitutional process filed on behalf of a legal entity, its admission for study requires an essential and direct relationship between the legal entity that claims to be affected by some violation of the constitutional order and the natural person who, due to such injury, sees some fundamental right diminished, in a reflected but direct manner. Now, for such purposes, the mere reference to a connection or link between the legal entity and the natural person is insufficient to be able to infer that, precisely, through the constitutional process, the protection of the fundamental rights of the latter is being sought, not merely those of the former. The aforementioned requirement thus becomes a sine qua non condition for the admissibility of constitutional review by this jurisdiction. Based on the foregoing, I conclude that this must be the guideline with which the Ley de la Jurisdicción Constitucional should be interpreted, so that in the sub iudice, the application of jurisdictional constitutional review becomes inadmissible, since, based on the evidence in the record, the essential link between the protected legal entity and any natural person has not been demonstrated, in a specific manner, regarding the alleged aggrieved right.

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

The action is declared without merit. Magistrate Rueda Leal dissents and rejects the action outright. Notify.

Fernando Castillo V.
President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Digitally Signed Document

-- Verification Code --



D64UWIXWD9861

CASE FILE No. 25-038585-0007-CO

Telephones: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 12:04:01.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República