Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Ante este panorama, se desprende que las autoridades municipales sí han desplegado una serie de actuaciones, con el fin de atender la denuncia presentada y, a su vez, la autoridad del Instituto Costarricense de Ferrocarriles atendió la denuncia, indicando que lo pretendido escapaba de sus competencias, por lo que se puede entender, con mediana claridad, que lo expuesto por la parte recurrente corresponde, en realidad, a una disconformidad con el trámite que se ha dado a sus gestiones, lo cual no constituye, como tal, una lesión a derecho fundamental alguno. Nótese, que de la inspección realizada por las autoridades de la Municipalidad de Heredia, no se constataron los hechos denunciados por la recurrente, al encontrarse únicamente tres pequeños cúmulos de desechos. Por ende, al no constatarse la lesión a los derechos fundamentales del amparado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone.
English (translation)In light of the above, it is evident that municipal authorities did carry out a series of actions to address the complaint, and the Costa Rican Railway Institute also responded, stating the matter fell outside its jurisdiction. It can thus be clearly understood that the petitioner’s claim amounts to disagreement with how his complaints were handled, which does not inherently constitute a violation of fundamental rights. Notably, the inspection by Heredia Municipality officials did not corroborate the facts alleged, as only three small waste piles were found. Therefore, given the lack of evidence of a fundamental rights violation, the amparo petition is dismissed as ordered.
Denied
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 01858 - 2026 Fecha de la Resolución: 16 de Enero del 2026 a las 09:20 Expediente: 25-038348-0007-CO Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-038348-0007-CO Res. Nº 2026001858 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del dieciseis de enero de dos mil veintiseis . Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 25-038348-0007-CO, interpuesto por Nombre104557, cédula de identidad CED58292, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES y la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. RESULTANDO: 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 17:27 horas del 08 de diciembre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Ferrocarriles y la Municipalidad de Heredia, y manifiesta que desde hace tiempo, la zona de vía ferroviaria ubicada en la Dirección7457 - específicamente 100 metros al oeste y 100 metros al norte de la entrada principal del Dirección7458- que colinda directamente con la vivienda de sus padres, se ha utilizado de manera informal como botadero clandestino por parte de vecinos y transeúntes. Señala que en este sitio se acumulan escombros, desechos y residuos sólidos, lo que ha provocado la proliferación de roedores, babosas y otros vectores, afectando directamente la vivienda de sus padres y generando riesgos sanitarios significativos, especialmente por tratarse de personas adultas mayores. Comenta que ante dicha problemática presentó una denuncia ante la Municipalidad de Heredia, en el Departamento de Gestión Integral de Residuos, donde se le indicó que al tratarse de una vía férrea la denuncia debía dirigirse a Instituto Costarricense de Ferrocarriles, entidad responsable de la administración de la zona. Agrega que en virtud de lo descrito, posteriormente presentó la denuncia ante esa institución, cuya respuesta oficial señaló que los residuos no provenían de la actividad ferroviaria, sino que eran desechos arrojados por terceros, por lo que la recolección y gestión correspondía a la municipalidad. Recalca que la falta de coordinación entre ambas instituciones ha generado un estado de inacción administrativa, pese al riesgo sanitario evidente y la puesta en riesgo de la salud de los vecinos de la zona. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el presente recurso y se ordene lo que en derecho corresponda. 2.- Mediante la resolución de las 18:32 horas del 10 de diciembre de 2025, la Presidencia de esta Sala dio curso a este proceso y concedió audiencia al Alcalde, al encargado del Departamento de Gestión de Riesgos y al encargado del Departamento de Gestión Integral de Residuos; todos de la Municipalidad de Heredia, así como al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, sobre los hechos alegados por la parte recurrente. 3.- Por escritos incorporados al expediente digital el 24 de diciembre de 2025, informan bajo juramento Ángela Aguilar Vargas, Teresita Granados Villalobos y Cheiling Venegas Villalobos, por su orden Alcaldesa, Gestora Integral de Residuos y encargada del Departamento de Gestión de Riesgos; todas de la Municipalidad de Heredia, que: “Preliminarmente, es de indicar que la zona objeto del amparo es la franja de la vía ferroviaria ubicada en la Dirección7459, específicamente a 100 metros al oeste y 100 metros al norte de la entrada principal del Dirección7458, colindante con la vivienda de los padres de la persona recurrente. Conforme el oficio MH-DST-GIR-357-2025, emitido por la Licda. Teresita Granados Villalobos Gestora Integral de Residuos Sólidos de la Municipalidad de Heredia, informa con prueba pertinente las acciones realizadas en la zona conflictiva que viene a desvirtuar los alegado por la recurrente; se tiene que: - El 30 de setiembre Cheiling Venegas recibió el correo por parte de Nombre104557 indicando la situación y el mismo día fue dirigido por medio de correo electrónico institucional, la denuncia al departamento de gestión Integral de residuos para iniciar el proceso de atención correspondiente se adjunta comprobantes que respaldan lo citado. (…) - En fecha 9 de octubre, el departamento de Gestión Integral de Residuos coordinó la atención del caso con el inspector del área, Aaron Núñez, con el fin de realizar la verificación en sitio y determinar las acciones pertinentes. - El 10 de octubre, el inspector Aaron Núñez realizó visita al lugar denunciado, dejando constancia de que se observaron principalmente dos pequeños cúmulos de escombros y un cúmulo menor de residuos ordinarios. En esa misma fecha según consta en el acta ocular “NaN”, se realizó la recolección inmediata de los residuos ordinarios de mayor tamaño, coordinó “a manera de colaboración” a través de la empresa Consorcio TECNO-LUMAR contratada para el “Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos y de manejo especial para la Municipalidad de Heredia”, quedando el sitio limpio en lo que respecta a este tipo de residuos. Se adjunta acta. (…) - Es importante recalcar que en esta misma acta se señaló que en cuanto a los escombros (que son residuos no tradicionales) esparcidos por el lugar no fue posible recogerlos, debido a que la contratación con el Consorcio TECNO-LUMAR corresponde a un servicio para viviendas, comercios e industrias del cantón con camiones y rutas específicas para residuos ordinarios y que el sector en cuestión corresponde a un punto sobre línea férrea que no se encuentra ubicado sobre carretera principal, por lo cual; requiere un tipo de personal, logística y maquinaria distinta, razón por la que el inspector indicó ‘Se coordina recolección de ordinarios. Se estará valorando la situación de los escombros por ser en derecho del INCOFER’. - El 15 de octubre, la funcionaria Mónica Porras respondió el correo a la señora Nombre104557, informándole que los residuos ordinarios ya habían sido recolectados por la Sección de Gestión Integral de Residuos. Asimismo, se indicó que el caso fue trasladado y copiado al personal de Aseo de Vías y Ornatos, con el fin de dar seguimiento y atender mediante un cronograma de trabajo lo que correspondiera a limpiezas periódicas dentro del ámbito de competencia municipal. (…) Como parte de las gestiones de seguimiento efectuadas por esta Administración Pública, para atender residuos sólidos en sitios conflictivos sobre línea férrea, por parte del Departamento de Gestión Integral de Residuos, se realizaron las siguientes acciones: 1. En fecha 16 de octubre, se coordino un voluntariado para realizar una jornada de limpieza sobre un sector de la línea del tren. Esta actividad se llevó a cabo con el apoyo de voluntarios de las empresas WorkDay y RABSA, logrando recolectar un total de 25 bolsas medianas de residuos ordinarios y una bolsa grande de residuos valorizables. 2. Mucho antes de la interposición de esta denuncia, en fecha 4 d abril del año en curso llevó a cabo una jornada de voluntariado ambiental, la cual fue coordinada de manera conjunta por la Promotora Social del Departamento de Gestión Vial, la Encargada de Gestión de Riesgos, el Departamento de Aseo de Vías y Ornatos, el Departamento de Gestión Integral de Residuos y la empresa IBM, abarcando un tramo de aproximadamente 600 metros de la línea férrea, desde el cruce del Dirección7458 hacia el oeste. Previo a realizar el voluntariado se realizó la coordinación con el jefe de vías y estructuras del INCOFER el Sr. José Quirós Campos, quién apoyo en la revisión de los horarios de recorridos de los trenes, así como con el apoyo de la Policía Municipal. 3. Sobre los residuos ordinarios y no tradicionales Los residuos ordinarios y “no tradicionales” fueron trasladados y dispuestos en el relleno sanitario como parte de la colaboración del Consorcio TECNO-LUMAR, mientras que los residuos valorizables fueron aprovechados a través del servicio de reciclaje con Costa Rica Waste Services S.A. Se adjuntan fotografías de referencia Estas acciones evidencian una atención previa, planificada y proactiva por parte de la Municipalidad, a través de sus dependencias técnicas, orientada a la prevención de riesgos ambientales y sanitarios, así como al mejoramiento de las condiciones de limpieza y salubridad en la zona de la línea férrea, previo incluso a la interposición de la denuncia que dio origen al presente recurso (…)” (Sic). 4.- Según constancia emitida el 07 de enero de 2025 por la Técnica Judicial 3 a.i., encargada de la tramitación de este expediente y la Secretaria a.i.; ambas funcionarias de la Sala Constitucional, el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles no rindió el informe requerido por este Tribunal en la resolución de las 18:32 horas del 10 de diciembre de 2025. 5.- Por escritos incorporados al expediente digital el 12 de enero de 2025, informa bajo juramento Álvaro Bermúdez Peña, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, que lo relacionado a la recolección de residuos resulta ajeno a las competencias de esa institución. Solicita se declare sin lugar el recurso. 6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y, CONSIDERANDO: I.- CUESTIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545, de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute, si la administración ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a la falta de resolución de una gestión presentada por la parte recurrente, con el fin de subsanar la problemática de contaminación generada sobre las vías férreas que colindan con la propiedad de sus padres -adultos mayores-, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este recurso de amparo. II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que ha denunciado, ante las autoridades recurridas, la problemática de contaminación generada en las vías férreas que colindan con la propiedad de sus padres, lo que genera la proliferación de plagas. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso, esa gestión no ha sido resuelta, por lo que estima lesionados sus derechos fundamentales. III.- HECHOS PROBADOS. Se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de importancia para la resolución del presente asunto: a) El 30 de septiembre de 2025, la recurrente remitió un correo electrónico a la Municipalidad de Heredia, en el que denunció la problemática presentada en la vía ferroviaria cercana a la Urbanización Zumbado, al ser utilizado como un basurero informal (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades municipales). b)El 10 de octubre de 2025, la Municipalidad de Heredia realizó una inspección en el sitio, observándose dos cúmulos de escombros y un cúmulo menor de residuos ordinarios, los cuales fueron recolectados (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades municipales). c) El 17 de octubre de 2025, la recurrente remitió una denuncia ante la Contraloría de Servicios del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, indicando: “En la zona de derecho de vía ferroviaria, ubicada en Urbanización Zumbado en Mercedes Sur de Heredia, ha sido utilizada por vecinos(as) y transeúntes como un basurero informal, acumulando escombros y residuos que han generado una proliferación de plagas como roedores, babosas y otros vectores en la casa de mis padres (…)” (véase informe rendido y prueba aportada por la autoridad recurrida). d)El 15 de octubre de 2025, la Municipalidad de Heredia informó a la recurrente sobre las actuaciones ejecutadas para atender su denuncia, mediante correo electrónico (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades municipales). e) El 03 de diciembre de 2025, la Contraloría de Servicios del Instituto Costarricense de Ferrocarriles atendió la denuncia de la amparada, informando: “en atención a su caso, el Departamento de Vías ha revisado su solicitud y aclara que los residuos mencionados en el correo no provienen de la actividad ferroviaria, sino que corresponden a desechos arrojados por terceros. Por este motivo, y conforme a la legislación nacional vigente, la recolección y gestión de esta basura es competencia de la municipalidad, por lo que recomendamos canalizar la situación ante las autoridades municipales correspondientes (…)” (véase informe rendido y prueba aportada por la autoridad recurrida.). IV.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite, la parte recurrente alega que ha denunciado, ante las autoridades recurridas, la problemática de contaminación generada en las vías férreas que colindan con la urbanización que habitan sus padres -personas adultas mayores-, lo que ha provocado la proliferación de plagas. No obstante, sus gestiones no son atendidas. Al respecto, la autoridad del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, en su informe rendido bajo la solemnidad del juramento -con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción- indica que desde el 03 de diciembre de 2025 se atendió la gestión de la amparada, explicando que la recolección de residuos no forma parte de las competencias de esa institución. Por otro lado, las autoridades municipales aseguran que tras la recepción de la denuncia, se realizó una inspección in situ el 10 de octubre de 2025, detectándose únicamente la presencia de dos pequeños cúmulos de escombros y un cúmulo menor de desechos, los cuales fueron retirados en esa oportunidad. Dichas actuaciones fueron comunicadas mediante correo electrónico a la recurrente el 15 de octubre de ese año. Ante este panorama, se desprende que las autoridades municipales sí han desplegado una serie de actuaciones, con el fin de atender la denuncia presentada y, a su vez, la autoridad del Instituto Costarricense de Ferrocarriles atendió la denuncia, indicando que lo pretendido escapaba de sus competencias, por lo que se puede entender, con mediana claridad, que lo expuesto por la parte recurrente corresponde, en realidad, a una disconformidad con el trámite que se ha dado a sus gestiones, lo cual no constituye, como tal, una lesión a derecho fundamental alguno. Nótese, que de la inspección realizada por las autoridades de la Municipalidad de Heredia, no se constataron los hechos denunciados por la recurrente, al encontrarse únicamente tres pequeños cúmulos de desechos. Por ende, al no constatarse la lesión a los derechos fundamentales del amparado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone. V.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Considero que en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente asegura haber denunciado, ante las autoridades recurridas, la problemática de contaminación proveniente de los desechos depositados en las vías férreas que colindan con la propiedad de sus padres, generando plagas, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida de los padres de la recurrente y demás vecinos, pero que no ha sido resuelta. VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta Sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado, de forma separada, consignan notas.- Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- G3XBQH6SZBU61 EXPEDIENTE N° 25-038348-0007-CO Teléfonos: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:04:32. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Res. No. 2026001858 Exp: 25-038348-0007-CO Res. No. 2026001858 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the sixteenth of January two thousand twenty-six. Amparo action processed in file No. 25-038348-0007-CO, filed by Nombre104557, identity card CED58292, against the COSTA RICAN RAILWAY INSTITUTE (INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES) and the MUNICIPALITY OF HEREDIA. WHEREAS: 1.- By a brief filed with the Secretariat of the Chamber at 17:27 hours on December 8, 2025, the petitioner files an amparo action against the Costa Rican Railway Institute and the Municipality of Heredia, and states that for some time, the railway line zone located at Dirección7457 – specifically 100 meters west and 100 meters north of the main entrance of Dirección7458 – which directly borders their parents' home, has been informally used as a clandestine dump by neighbors and passersby. The petitioner points out that rubble, waste, and solid waste accumulate at this site, which has caused the proliferation of rodents, slugs, and other vectors, directly affecting their parents' home and generating significant health risks, especially since they are older adults. The petitioner comments that in light of this problem, they filed a complaint with the Municipality of Heredia, in the Department of Integrated Waste Management, where they were told that since it involved a railway line, the complaint should be directed to the Costa Rican Railway Institute, the entity responsible for administering the zone. The petitioner adds that by virtue of the foregoing, they subsequently filed the complaint with that institution, whose official response indicated that the waste did not come from railway activity but was rather waste thrown by third parties, and therefore collection and management corresponded to the municipality. The petitioner stresses that the lack of coordination between both institutions has generated a state of administrative inaction, despite the evident health risk and the endangerment of the health of the zone's residents. For the foregoing reasons, the petitioner requests that this action be granted and that what is appropriate in law be ordered. 2.- By resolution at 18:32 hours on December 10, 2025, the Presidency of this Chamber admitted this proceeding and granted an audience to the Mayor, the head of the Risk Management Department, and the head of the Integrated Waste Management Department; all of the Municipality of Heredia, as well as to the Executive President of the Costa Rican Railway Institute, regarding the facts alleged by the petitioner. 3.- By briefs incorporated into the digital file on December 24, 2025, Ángela Aguilar Vargas, Teresita Granados Villalobos, and Cheiling Venegas Villalobos, in their respective capacities as Mayor, Integrated Waste Manager, and head of the Risk Management Department; all of the Municipality of Heredia, report under oath that: "Preliminarily, it should be noted that the zone subject to the amparo action is the strip of the railway line located at Dirección7459, specifically 100 meters west and 100 meters north of the main entrance of Dirección7458, adjacent to the home of the petitioner's parents. Pursuant to official letter MH-DST-GIR-357-2025, issued by Licda. Teresita Granados Villalobos, Integrated Solid Waste Manager of the Municipality of Heredia, she reports, with pertinent evidence, the actions taken in the conflict zone that disprove the petitioner's allegations; it is noted that: - On September 30, Cheiling Venegas received the email from Nombre104557 indicating the situation and on the same day the complaint was directed, via institutional email, to the Integrated Waste Management department to begin the corresponding attention process. Receipts supporting the aforementioned are attached. (…) - On October 9, the Integrated Waste Management Department coordinated attention to the case with the area inspector, Aaron Núñez, in order to conduct an on-site verification and determine the pertinent actions. - On October 10, inspector Aaron Núñez visited the reported location, leaving a record that mainly two small piles of rubble and a smaller pile of ordinary waste were observed. On that same date, as recorded in the ocular inspection report “NaN”, immediate collection of the larger ordinary waste was carried out, and it was coordinated "as a collaborative effort" through the company Consorcio TECNO-LUMAR contracted for the "Service of collection, transport, treatment, and final disposal of waste and special handling waste for the Municipality of Heredia", leaving the site clean with respect to this type of waste. The report is attached. (…) - It is important to emphasize that this same report noted that regarding the rubble (which is non-traditional waste) scattered around the site, it was not possible to collect it, because the contract with Consorcio TECNO-LUMAR corresponds to a service for homes, businesses, and industries in the canton with specific trucks and routes for ordinary waste and because the sector in question corresponds to a point on the railway line that is not located on a main road, therefore; it requires different personnel, logistics, and machinery, which is why the inspector indicated 'Collection of ordinary waste is coordinated. The situation of the rubble will be evaluated because it is within INCOFER's right-of-way.' - On October 15, official Mónica Porras responded to the email to Mrs. Nombre104557, informing her that the ordinary waste had already been collected by the Integrated Waste Management Section. Likewise, it was indicated that the case was forwarded and copied to the personnel of Street and Public Space Cleaning, in order to follow up and address, through a work schedule, whatever corresponded to periodic cleanings within the scope of municipal competence. (…) As part of the follow-up efforts carried out by this Public Administration to address solid waste in conflict sites on the railway line, the Integrated Waste Management Department performed the following actions: 1. On October 16, a volunteer event was coordinated to carry out a cleanup day on a sector of the train line. This activity was carried out with the support of volunteers from the companies WorkDay and RABSA, managing to collect a total of 25 medium bags of ordinary waste and one large bag of recoverable waste. 2. Long before the filing of this complaint, on April 4 of the current year, an environmental volunteer day was held, which was jointly coordinated by the Social Promoter of the Road Management Department, the Head of Risk Management, the Street and Public Space Cleaning Department, the Integrated Waste Management Department, and the company IBM, covering a stretch of approximately 600 meters of the railway line, from the crossing of Dirección7458 westward. Prior to carrying out the volunteer event, coordination was made with the head of tracks and structures of INCOFER, Mr. José Quirós Campos, who provided support in reviewing the train schedule times, as well as support from the Municipal Police. 3. Regarding ordinary and non-traditional waste: The ordinary and "non-traditional" waste was transported and disposed of in the sanitary landfill as part of the collaboration of Consorcio TECNO-LUMAR, while recoverable waste was utilized through the recycling service with Costa Rica Waste Services S.A. Reference photographs are attached. These actions demonstrate prior, planned, and proactive attention by the Municipality, through its technical units, aimed at preventing environmental and health risks, as well as improving cleaning and health conditions in the railway line zone, even before the filing of the complaint that gave rise to this action (…)" (Sic). 4.- According to a certification issued on January 7, 2025, by the Acting Judicial Technician 3, in charge of processing this file, and the Acting Secretary; both officials of the Constitutional Chamber, the Executive President of the Costa Rican Railway Institute did not submit the report required by this Court in the resolution at 18:32 hours on December 10, 2025. 5.- By briefs incorporated into the digital file on January 12, 2025, Álvaro Bermúdez Peña, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Railway Institute, reports under oath that matters related to waste collection are outside the competences of that institution. He requests that the action be dismissed. 6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed. Prepared by Magistrate Salazar Alvarado; and, WHEREAS: I.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, pursuant to Judgment No. 2008-02545, of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is discussed whether the administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws to resolve, by final act, an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the case at hand, a case of exception arises, since we are faced with the lack of resolution of a request filed by the petitioner, aimed at remedying the problem of contamination generated on the railway tracks bordering their parents' property - older adults -, which, allegedly, has not been resolved within a reasonable time. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo action. II.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner alleges that they have reported, before the respondent authorities, the problem of contamination generated on the railway tracks bordering their parents' property, which causes the proliferation of pests. However, as of the date of filing this action, that request has not been resolved, and therefore they consider their fundamental rights harmed. III.- PROVEN FACTS. The following facts of importance for the resolution of this matter are deemed duly demonstrated: a) On September 30, 2025, the petitioner sent an email to the Municipality of Heredia, in which they reported the problem occurring on the railway line near the Zumbado Residential Development, as it was being used as an informal dump (see report submitted and evidence provided by the municipal authorities). b) On October 10, 2025, the Municipality of Heredia carried out an on-site inspection, observing two piles of rubble and a smaller pile of ordinary waste, which were collected (see report submitted and evidence provided by the municipal authorities). c) On October 17, 2025, the petitioner filed a complaint with the Office of the Comptroller of Services of the Costa Rican Railway Institute, stating: "In the railway right-of-way zone, located in the Zumbado Residential Development in Mercedes Sur de Heredia, it has been used by neighbors and passersby as an informal dump, accumulating rubble and waste that have generated a proliferation of pests such as rodents, slugs, and other vectors in my parents' house (…)" (see report submitted and evidence provided by the respondent authority). d) On October 15, 2025, the Municipality of Heredia informed the petitioner of the actions executed to address their complaint, via email (see report submitted and evidence provided by the municipal authorities). e) On December 3, 2025, the Office of the Comptroller of Services of the Costa Rican Railway Institute addressed the complaint of the amparo petitioner, reporting: “in response to your case, the Track Department has reviewed your request and clarifies that the waste mentioned in the email does not come from railway activity but rather corresponds to waste thrown by third parties. For this reason, and in accordance with current national legislation, the collection and management of this garbage is the competence of the municipality, so we recommend channeling the situation through the corresponding municipal authorities (…)” (see report submitted and evidence provided by the respondent authority). IV.- ON THE MERITS. In the case at hand, the petitioner alleges that they have reported, before the respondent authorities, the problem of contamination generated on the railway tracks bordering the residential development where their parents live - older adults -, which has caused the proliferation of pests. However, their requests are not being addressed. In this regard, the authority of the Costa Rican Railway Institute, in its report rendered under the solemnity of oath - with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction - indicates that since December 3, 2025, the request of the amparo petitioner was addressed, explaining that waste collection is not part of the competences of that institution. On the other hand, the municipal authorities assure that after receiving the complaint, an on-site inspection was carried out on October 10, 2025, detecting only the presence of two small piles of rubble and a smaller pile of waste, which were removed at that time. Said actions were communicated via email to the petitioner on October 15 of that year. In light of this situation, it is evident that the municipal authorities have indeed deployed a series of actions to address the filed complaint and, in turn, the authority of the Costa Rican Railway Institute addressed the complaint, indicating that what was sought was beyond its competences, so it can be understood, with reasonable clarity, that what the petitioner expresses corresponds, in reality, to a disagreement with the processing that has been given to their requests, which does not constitute, per se, a violation of any fundamental right. Note that the inspection carried out by the authorities of the Municipality of Heredia did not confirm the facts reported by the petitioner, finding only three small piles of waste. Therefore, as no violation of the amparo petitioner's fundamental rights has been confirmed, the appropriate course is to dismiss the action, as is hereby ordered. V.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in an administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the amparo action established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as, based on section 7 of its Law, it is its sole responsibility to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as cases of exception, which are appropriate to be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with section 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. VI.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. I consider that in environmental matters, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. Nevertheless, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the petitioner assures that they have reported, to the respondent authorities, the problem of contamination from waste deposited on the railway tracks bordering their parents' property, generating pests, which affects the right to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life for the petitioner's parents and other neighbors, but which has not been resolved. VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the Office within a maximum period of thirty working days, counted from the notification of this Judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on Electronic Files before the Judicial Branch", approved by the Full Court in Session No. 27-11, on August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19, on January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI. THEREFORE: The action is dismissed. Magistrates Castillo Víquez and Salazar Alvarado, separately, set down notes.- Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification code -- *G3XBQH6SZBU61* G3XBQH6SZBU61 FILE No. 25-038348-0007-CO Telephones: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:04:32. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República